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¿El petróleo es nuestro? Energía y desarrollo en la América Latina de la Guerra Fría

Un abordaje de la creación de Petrobras (1953) y la “Batalla del petróleo” en Argentina (1958)

Jonatan Nuñez y Bruno Fornillo

Las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo cambios sustanciales en la dinámica de la economía política internacional. La Conferencia de Bretton Woods de julio de 1944, al tiempo que dio lugar a la creación de instituciones financieras que impondrían buena parte de la política económica del hemisferio occidental durante las próximas décadas, también brindó un espacio para discutir sobre problemáticas emergentes, tales como la necesidad de constituir agendas para el desarrollo en los países periféricos. Sin embargo, pese a que buena parte de estas preocupaciones fueron impulsadas por los representantes de gobiernos latinoamericanos asistentes a la conferencia, hacia finales de la década de 1940 y comienzos de la de 1950 la región no parecía haber propiciado un salto en torno a sus condiciones generales de acumulación, en un marco en el cual el escenario internacional se complejizaba debido a los coletazos de la incipiente Guerra Fría (Pettiná, 2018). Pese a la multicausalidad de las dificultades de la dinámica económica, un punto saliente a la hora de buscar denominadores comunes para la extensión del fenómeno en América Latina puede colocarse alrededor del cíclico deterioro de los términos de intercambio de los productos exportados por la región, los cuales sufrieron una sensible caída luego de la culminación de la guerra de Corea (1950-1953) (Bulmer-Thomas, 1998).

Pese a estos obstáculos, es de señalar que durante la primera mitad del siglo XX países como Argentina, Brasil, México y, en menor medida, Chile, habían alcanzado con cierto éxito una incipiente estructura industrial centrada en productos livianos. Sin embargo, hacia 1950 parte de sus élites políticas y económicas veían con preocupación la dependencia de importaciones de bienes de capital y se planteaban con fuerza la necesidad de avanzar en ramas productivas pesadas. Entre ellas eran señaladas la siderurgia, la petroquímica y los bienes destinados a la construcción de infraestructura, a cuyo desarrollo le adosaban la posibilidad de cortar con parte de la subordinación externa (Halperin Donghi, 2011).

En ese marco, la cuestión del autoabastecimiento energético, en particular de petróleo, encontraba un lugar destacado por ser este insumo básico para impulsar al conjunto de la economía. En la década de 1950, Sudamérica dio lugar a dos casos destacados que permiten observar el abigarrado tránsito de las iniciativas que caminaban en este sentido. Concretamente, hablamos de las discusiones en torno a la creación de la empresa estatal brasileña Petrobras, en 1953, y la llamada “Batalla del Petróleo”, afrontada por el presidente argentino Arturo Frondizi en 1958.

Al análisis de estos procesos dedicaremos el presente texto. Además de esta introducción, el artículo tendrá otras tres partes. En la primera daremos cuenta de las disputas que desde la década de 1930 atravesaron distintos sectores sociales brasileños hasta la creación de Petrobras, cuyo hito más destacado quizás sea la campaña del petróleo de 1947 a 1953 sintetizada bajo la consigna “O Petróleo é nosso!”. En la sección siguiente estudiaremos el diagnóstico inicial, las controversias, las resistencias y los resultados de la “Batalla del Petróleo”, encarada por el gobierno de Arturo Frondizi en Argentina a partir de 1958. Finalmente, terminaremos el texto con algunos breves comentarios a modo de conclusión.

Los debates sobre política hidrocarburífera en Brasil, desde la Revolución de 1930 a la creación de Petrobras

Si bien el proceso sociopolítico abierto con el golpe de Estado que instauró la Revolución de 1930 encabezada por Getúlio Vargas fue un cambio de élites sin rupturas mayores, la dinámica económica sí tendría pequeñas fisuras que en el mediano plazo alterarían las preocupaciones del aparato estatal. Una manifestación temprana de ello fue la pérdida relativa de poder de influencia de los sectores agrícolas oligárquicos en combinación con la incipiente presencia de políticas que beneficiaban los intereses industriales (Fausto, 2003: 162-163). En vistas de las exigencias para la estructura productiva que imponía este nuevo panorama, ya a comienzos de esa década figuras como el general Júlio Caetano Horta Barbosa, director de ingeniería del ejército, insistían en distintas publicaciones afines a las ideas nacionalistas con la urgencia de avanzar en la satisfacción de los requerimientos energéticos de Brasil de forma autosuficiente. De no hacerlo con premura, Barbosa advertía que se estaría incurriendo en una situación militarmente riesgosa, puesto que frente a un corte abrupto en los suministros (altamente probable en los esquemas de contingencia castrenses) se pondría en peligro la seguridad nacional. Uno de los principales requerimientos del general en ese sentido tenía que ver con el reclamo por la puesta en marcha de un Departamento Nacional de Combustibles, encargado de monopolizar las distintas etapas del vital recurso (Dias y Cuaglinos, 1993: 81).

La preocupación de Barbosa en torno a la necesidad de la gestión estatal de los combustibles no era azarosa. En efecto, a comienzos de la segunda mitad del decenio, Brasil era el país con la mayor flota de autos de América del Sur, que consumía un promedio de 7000 barriles de petróleo por día. Lo complejo de la situación desde la perspectiva del nacionalismo petrolero se alojaba en el hecho de que los derivados del hidrocarburo eran importados y refinados por compañías multinacionales tales como Atlantic, Standard Oil, Anglo-Mexican (Shell), Texaco y Caloric (De Morais, 2013: 43).

El cierre del congreso del 10 de noviembre de 1937, que daría paso al período conocido como Estado Novo (1937-1945), profundizó las formulaciones de política económica abocadas hacia la sustitución de importaciones. Esta vez, la decisión de Vargas (apalancada especialmente por sectores nacionalistas del ejército) tenía que ver no solo con el avance en torno a manufacturas livianas, sino más bien con la puesta en marcha de industrias básicas. Un elemento central a la hora de decidir esta vía de acción tenía que ver con las dificultades que atravesaba la balanza de pagos, la cual era fuertemente deficitaria. Frente a ello, Vargas dio lugar a múltiples medidas en pos de desincentivar las importaciones, por medio de lo cual esperaba frenar el drenaje de reservas internacionales (Fausto, 2003: 181).

En ese marco, la presión de los sectores de la sociedad civil y militares preocupados por el avance en la exploración de recursos hidrocarburíferos cobró otro nivel de recepción por parte del poder político. Propulsadas por la insistencia del general Horta Barbosa, por entonces ascendido al cargo de subjefe del Estado Mayor del Ejército, las autoridades del Consejo Federal de Comercio Exterior y el Consejo de Seguridad Nacional conformaron en 1938 una comisión secreta en este sentido. El fin de este organismo era establecer un marco normativo específico a fin de alcanzar el control en clave soberana sobre la refinación, el transporte y la distribución del petróleo y sus derivados (Dias y Cuaglinos, 1993: 84). Fruto de esta presión, el presidente Vargas dio lugar al Decreto-Ley 395, el cual le otorgaba al abastecimiento nacional de petróleo el carácter de utilidad pública y colocaba al gobierno federal como el responsable de la importación, la exportación, el control de precios, el transporte y la construcción de infraestructura estratégica, como oleoductos. Más tarde ese mismo año, se lanzaría el Decreto-Ley 538, el cual constituía el Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que tenía entre sus atribuciones el dictado de la política petrolera y el control del abastecimiento, la exploración, la extracción y la refinación “cuando se la juzgara conveniente” (De Morais, 2013: 43-44).

Un año después de la creación del CNP, en 1939, se produjeron los primeros resultados positivos de las exploraciones en el estado de Bahía, cuando expediciones geológicas propiciadas por el organismo encontraron petróleo en la localidad de Lobato. Este hallazgo fue acompañado de otros a partir de 1941 en Rocôncavo Baiano, Candeias e Itaparica. Dichos descubrimientos atrajeron propuestas por parte de la Standard Oil para hacerse con los derechos de explotación y refinamiento, pero fueron rechazadas por Horta Barbosa, quien había sido nombrado por Vargas como presidente del CNP (Dias y Cuaglinos, 1993: 87).

Pese al aparente impulso del ejecutivo para avanzar en torno a la producción nacional de combustibles, lo cierto es que hacia 1942 las autoridades del CNP manifestaban públicamente su frustración por la falta de apoyo estatal concreto a la hora de poder materializar grandes plantas refinadoras, entre otras dificultades generales de presupuesto. Desesperanzado por la situación, Horta Barbosa renunció a su cargo a mediados de 1943, lo cual dio paso a un lapso en el cual cobraron mayor fuerza las prerrogativas de las compañías multinacionales (Fausto, 2003: 183).

La finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Brasil había tomado partido a favor de los aliados –incluso con el envío de tropas–, representó una fuerte alza en la demanda interna de combustibles en un marco en el cual estos aumentaron sensiblemente su precio. Tal fue así que entre 1945 y 1950 las importaciones de naftas se expandieron de 575.600 m3 a 2,3 millones de m3 anuales, lo cual convivió con un alza del costo del barril de petróleo del 85% entre 1945 y 1948. En ese contexto, la política de liberalización en la cual se había introducido a la CNP a partir de la resolución 1 de 1945, que habilitaba a la participación privada en la puesta en marcha de refinerías, generaba serias dudas, cuando no abierto rechazo, a los sectores nacionalistas (De Morais, 2013: 47-48). Hacia 1946 las iniciativas afines a los intereses del mercado se profundizaron de la mano de la llegada a la presidencia de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), varguista triunfador de las primeras elecciones nacionales en más de quince años (Fausto, 2003: 190-192).

A comienzos de 1947, la circulación del anteproyecto de ley conocido como Estatuto del Petróleo crisparía los ánimos de distintos grupos sociales debido a que venía a cambiar las reglas de juego hasta ese momento vigentes, ampliando aún más las posibilidades de participación de las compañías trasnacionales en la exploración hidrocarburífera en Brasil (Dias y Cuaglinos, 1993: 90). En ese marco, las discusiones en torno a cuál debería ser la política que debería tomarse respecto de la cuestión petrolera tuvo un centro importante en el Club Militar, ubicado en Río de Janeiro, alrededor del cual se nucleaba buena parte de la alta oficialidad del ejército brasilero. Ancladas en lógicas reivindicativas de la seguridad nacional, y con amplia repercusión en la prensa escrita (Carvalho Junior, 2005), centralmente allí dos eran las posiciones que se confrontaban: nacionalistas y liberales.

El principal representante de la primera de estas posturas era el general Horta Barbosa. Su posición se basaba en una defensa cerrada del monopolio integral del Estado en las distintas etapas de producción de petróleo, argumentando que dicho recurso sencillamente le pertenecía a la nación y a sus habitantes. Por otro lado, la posición liberal era defendida por el general Juarez Távora, quien sostenía que la política de exploración petrolera podría ser llevada adelante por empresas extranjeras, nacionales o mixtas. Asimismo, Távora sostenía que lo que hacía a la refinación debía ser encarada por empresas nacionales o mixtas (con un mínimo del 60% en manos de compañías brasileñas). El eje del planteo liberal pasaba por la centralidad ocupada por el petróleo en la estructura económica y militar, lo cual hacía imprescindible avanzar de forma urgente en el autoabastecimiento, frente a lo cual el monopolio estatal era visto como una preocupación de relevancia secundaria (Neto, 2012: 6-8).

Un hito importante en la masificación de lo que pasaría a ser conocido como la Campaña del Petróleo fue la constitución del Centro de Estudios y Defensa del Petróleo, en abril de 1948. En torno a él convergieron no solo los sectores nacionalistas de las fuerzas armadas, sino también políticos, intelectuales, estudiantes y asociaciones profesionales bajo la consigna “O petróleo é nosso!” (Fausto y De Holanda, 2007: 587-590).

Pese a esta agitación social, el proyecto de ley enviado por Dutra quedó empantanado en la propia dinámica de la discusión parlamentaria. Ello se produjo por la conjunción del llamativo escaso apoyo del propio oficialismo, representado por el Partido Social Democrático (PSD), y la franca oposición de la izquierda del Partido Trabalhista Brasilero (PTB) (que adhería a la campaña de O petróleo é nosso!) y la derecha de la Unión Democrática Nacional (UDN), que reclamaba privatizaciones y aperturas más agresivas al capital internacional (Neto, 2012: 8).

La ausencia formal del Partido Comunista Brasileiro (PCB) en este debate, de fuerte prédica en ciudades como Río de Janeiro y San Pablo durante la década de 1930, se explica por la anulación sobre sus actividades que impuso el Supremo Tribunal Federal en mayo de 1947. Dicha cancelación se dio en el marco de un doble movimiento por parte de Dutra, el cual buscaba atender los reclamos de las ascendentes fuerzas conservadoras en su gobierno al tiempo que propiciaba una realineación de la política exterior brasileña en favor del bando estadounidense en la Guerra Fría. La prohibición del PCB por la justicia fue acompañada por la creciente intervención de sindicatos con presencia de militantes comunistas, los cuales para el final del mandato de Dutra llegaron a ser más de doscientos; asimismo, de una ley de 1948 revocatoria de los cargos de senadores, diputados y concejales provenientes del PCB (Fausto, 2003: 196-197).

No obstante esta conjunción de complejidades, en la campaña electoral hacia la presidencia de 1950 la temática petrolera volvió a cobrar un papel central. La plataforma de Vargas, candidato por el PTB y con apoyo de algunos líderes del PSD, se inclinaba por una definición nacionalista para el sector hidrocarburífero, al cual observaba como neurálgico para avanzar en el proceso de industrialización del país. Por otro lado, Eduardo Gomes, representante de la UDN, insistía en la fórmula que aducía la necesidad de la apertura del mercado petrolero brasilero al capital trasnacional (Neto, 2012: 9).

La victoria de Vargas, el 3 de octubre de 1950, con el 48,73% de los votos, parecía abrir un camino seguro para la constitución de una empresa nacional que monopolizara la producción del “oro negro”. Sin embargo, el conjunto de tensiones que recorrían la cuestión en distintos niveles hizo que su tratamiento parlamentario no comenzara sino hasta diciembre de 1951, casi un año después de que empezara el cuarto mandato presidencial del gaúcho. El impulso se dio por medio del envío al poder legislativo del proyecto de ley 1516, el cual no constituía el monopolio estatal como reclamaban los sectores nacionalistas, sino que proponía una compañía mixta, con un 51% de las acciones en manos públicas, y amplias atribuciones para la tercerización de distintas etapas productivas en manos privadas (Dias y Cuaglinos, 1993: 101-103).

En el mensaje al Congreso con el que acompañó la presentación del proyecto, Vargas (1951) señalaba que lo que motivaba la importancia de la norma tenía que ver con que

El crecimiento de las importaciones de productos petrolíferos se produce, en volumen y valor, a un ritmo más rápido que el de los demás bienes que compramos en el extranjero. El porcentaje de divisas que se gasta para cubrirlos tiende a aumentar con el tiempo de tal manera que provoca aprensiones en relación con la futura regularidad del suministro de dichos productos al país (traducción de los autores).

Pese a que, como se señaló, la normativa no incluía la exclusividad estatal en la explotación hidrocarburífera, tanto los representantes parlamentarios de la Unión Democrática Nacional como los sectores castrenses encolumnados detrás de Juarez Távora resistieron sus puntos centrales y dilataron la discusión en comisiones. Uno de los elementos que más desconfianza generaba a los militares liberales en cuanto a la campaña “O petróleo é nosso!” y sus prerrogativas tenía que ver con el fuerte apoyo que esta había recibido por parte del Partido Comunista. Aliarse con una iniciativa con esa base de apoyo resultaba inadmisible para Távora, quien entendía que la política exterior brasilera debía abroquelarse decididamente al comando estratégico de los Estados Unidos (Neto, 2012: 16).

La profundización de las discrepancias llevó a que el proyecto sumara múltiples enmiendas en los meses siguientes, paso previo por múltiples comisiones e instancias de discusiones formales e informales, las cuales dieron lugar a un texto sustancialmente diferente del original. Lo central de los cambios pasó por la imposición de las posiciones nacionalistas en cuanto a la constitución de una empresa monopólica en la propiedad de sus acciones, aunque con la capacidad de colaborar con sectores privados en operaciones puntuales. El proyecto final entró en discusión parlamentaria el 10 de septiembre de 1953 y fue aprobado el día 21 de ese mismo mes. Su promulgación como ley, bajo el número 2004, se produjo el día 3 de octubre, tercer aniversario del triunfo electoral de Vargas (Dias y Cuaglinos, 1993: 101-104; Neto, 2012: 18-19). Petróleo Brasileiro SA, Petrobras, se constituyó formalmente el 2 de abril de 1954 por medio del Decreto 35308, el cual le otorgaba el rol a la compañía de poseer el monopolio estatal de la investigación, explotación, refinación y transporte del petróleo y sus derivados.

En lo que hace al marco internacional en el cual Petrobras se puso en marcha, no debe dejar de considerarse que la llegada a la presidencia de los Estados Unidos del general Dwight Eisenhower, en 1953, trajo consigo un endurecimiento de la política exterior de los Estados Unidos (Pettiná, 2018: 87). En América Latina esto tuvo consecuencias severas, las cuales repercutieron en la evolución de los procesos socioeconómicos de los países de la región, cuando no representaron la directa intervención como la sufrida por Guatemala en 1954. Un ejemplo de ello puede verse en la dinámica asistencia estadounidense entre 1953 y 1958. En ese lapso, Latinoamérica recibió apenas el 7% (unos U$S 783 millones) de los desembolsos totales del país norteamericano enviados a naciones “en vías de desarrollo” en forma de préstamos y ayudas de diverso tipo, equivalente a lo que le dedicaron tan solo a Corea del Sur (Pettiná, 2018: 113).

Según la interpretación de Fausto (2003: 202), en Brasil ello redundó en una carencia de financiamiento para que se avanzara en el Plan de Reequipamiento Económico, también llamado Plan Lafer, el cual guardaba fuertes similitudes con el Programa de Metas que luego impulsaría el gobierno de Juscelino Kubitschek.

La “Batalla del petróleo”: diagnóstico, desarrollo y resultados

Hacia 1954, Frondizi afirmaba que “el momento actual es propicio para continuar la tarea emancipadora de la revolución en escala americana, como se dio en las horas iniciales de estos pueblos” (1955: LXVI). Esta encendida prédica era parte de la introducción de Petróleo y política, libro escrito por el entonces dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). El extenso ensayo tenía por objetivo denunciar lo que Frondizi entendía como el espurio accionar histórico de las empresas petroleras multinacionales en Argentina, al tiempo que defendía de forma cerrada el monopolio estatal en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

La publicación del libro se daba en un marco en el cual la retracción del ciclo económico llevaba a que el segundo gobierno de Juan Domingo Perón (1952-1955) buscase nuevas alianzas geopolíticas, entre las que se destacaba el acercamiento a los Estados Unidos. En lo que hace al sector hidrocarburífero, el punto más controvertido de esta aproximación al país norteamericano llegaría en 1955 por medio de la firma de un contrato con la Standard Oil de California. El objetivo del acuerdo era avanzar en las inversiones para la exploración y extracción de petróleo en suelo argentino y limitar así las crecientes importaciones, las cuales generaban un fuerte estrés en las alicaídas reservas internacionales del país (Devoto y Fausto, 2008: 293).

Sin embargo, el polémico entendimiento con la petrolera estadounidense pronto quedaría sin efecto como resultado del golpe de Estado llevado adelante por la autodenominada “Revolución Libertadora” el 16 de septiembre de 1955. De fuerte sesgo antiperonista, la dictadura impondría inicialmente una persecución denodada contra los simpatizantes del líder derrocado, que se expresaría por medio de la represión y la proscripción de la política formal (Novaro, 2010: 13-15). Si bien progresivamente las cúpulas sindicales y distintos cuadros del peronismo pasaron del enclaustramiento en diversas formas de resistencia a la conformación de canales de negociación con los militares, la participación electoral del peronismo se vería prohibida en lo inmediato (James, 2010).

El problema sobre cómo abordar la cuestión peronista atravesó las filas de la UCR, y dio lugar al cisma entre la postura antidialoguista de Ricardo Balbín y la dialoguista de Arturo Frondizi. Aglutinando a sus seguidores en la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), Frondizi alcanzó la presidencia del país en las elecciones de febrero de 1958, triunfando con el 44,8% de los votos. Como se haría público a comienzos de 1959, una parte considerable de los sufragios obtenidos por el líder de la UCRI fueron resultado de un pacto secreto con Perón, quien indicó a sus seguidores que se inclinaran por esa opción en lugar de votar en blanco como lo habían hecho en las elecciones constituyentes de 1957 (Novaro, 2010: 36-37).

El arribo de Frondizi a la Casa Rosada, en mayo de 1958, tuvo como premisa la necesidad de avanzar hacia la modernización por medio del desarrollo industrial. De acuerdo con Gerchunoff y Llach (2003: 249-250), el primer postulado del programa desarrollista encarnado por el frondizismo señalaba la debilidad de las economías fundadas en la exportación de bienes agropecuarios y mineros debido a su exposición a la caída de sus precios internacionales. Si bien se consideraba que en el caso argentino una parte de este problema se encontraba contenido por el entramado de producción manufacturero existente, se caracterizaba a la estructura industrial como desequilibrada. Frente a ello, era imprescindible avanzar en las ramas pesadas, lo cual haría al país menos dependiente de las importaciones. Rogelio Frigerio, principal colaborador de Frondizi, sintetizó la política económica seguida por el desarrollismo como “carne + petróleo = acero” (Nosiglia, 1983: 89).

Como expresaba la fórmula de Frigerio, un punto neurálgico de las ambiciones frondizistas tenía que ver con la urgente multiplicación de la producción de petróleo y gas, lo cual posibilitaría destinar divisas hacia otros sectores estratégicos. Siguiendo la premisa de “entrar en batalla en todos los frentes al mismo tiempo” (Sikkink, 2009: 115) fue que Frondizi preparó su discurso del 24 de julio de 1958. Allí, al tiempo que daba por abierta la “Batalla del petróleo”, el presidente expresó:

El principal obstáculo al avance del país es su estrecha dependencia de la importación de combustibles y de acero. Esa dependencia debilita nuestra capacidad de autodeterminación y pone en peligro nuestra soberanía, especialmente en caso de crisis bélica mundial. […] Actualmente, la Argentina importa alrededor del 65% de los combustibles líquidos que consume. […] El país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos hemos decidido a extraer, en la cantidad que necesitamos. Esa dependencia de la importación ha deformado nuestra economía (Frondizi, 1963: 61-62).

Tal como lo manifestaba el mandatario, tan solo en 1957 Argentina había destinado unos U$S 300 millones en la compra de petróleo, los cuales representaron cerca del 25% de las importaciones totales del país (Ferrer, 2012: 300). Con el objeto de subsanar esta compleja situación para las cuentas nacionales, Frondizi había decidido dejar de lado los principios rectores de Petróleo y política y avanzar en la firma de entendimientos con petroleras extranjeras como Tennessee, la Banca Loeb y Pan American International Oil Company, entre otras. De acuerdo con el presidente,

Estos acuerdos permitirán atenuar la incidencia de la importación de combustibles sobre nuestro balance de pagos y dejarán libres muchos millones de dólares que podremos aplicar a inversiones reproductivas. Pero la solución de fondo no puede provenir sino del máximo objetivo a alcanzar: el autoabastecimiento de petróleo (Frondizi, 1963: 66).

Las reacciones inmediatas a la decisión fueron sumamente virulentas tanto dentro como fuera de la UCRI. El común denominador de las caracterizaciones de los contratos sencillamente los definía como una política “entreguista” (Sikkink, 2009: 120). De cara a esta situación, y en confluencia con otros reclamos de más largo aliento, una parte considerable de los trabajadores del sector nucleados en el Sindicato Unido de Trabajadores Petroleros del Estado (SUPE) comenzó una huelga que se extendió durante veinte días en los meses de octubre y noviembre de 1958, con epicentro en la provincia de Mendoza (Scodeller, 2008). Encaminado rápidamente en clave dialoguista por parte de las cúpulas sindicales peronistas agrupadas en las “62 organizaciones”, la resolución del conflicto sin grandes conquistas materiales o simbólicas dejó insatisfechas a las bases petroleras (Schneider, 2006: 119-120). Pese a este acuerdo puntual, el principio de entendimiento que la UCRI había alcanzado con el justicialismo comenzó a desgastarse, en tanto que la política de tratamiento de los conflictos laborales se apoyó cada vez más en la represión propiciada por el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), puesto en marcha en noviembre de 1958 (Rapoport, 2017: 460).

El contexto generalizado de hostilidades obligó a Frondizi a tener que pedirle a Frigerio la renuncia a su cargo como secretario de relaciones socioeconómicas de la presidencia, en vistas de que buena parte de quienes impugnaban los acuerdos los señalaban como obra de su autoría (Sikkink, 2009: 121). Pese a estos cimbronazos, el gobierno de la UCRI no detuvo la continuidad de su agenda de desarrollo y en diciembre de 1958 consiguió sancionar la ley 14780, conocida como la ley de inversiones extranjeras. Resultante de las garantías que ella proveía a los capitales internacionales, entre los años 1958 y 1962 ingresaron al país unos U$S 508 millones, los cuales se concentraron en las industrias del acero y el petróleo, destacándose el arribo de la estadounidense Amoco Corporation (Rougier y Raccanello, 2021: 73).

En plan de atraer inversiones para la recuperación de hidrocarburos, un hecho interesante en vista de la sensibilidad que imponía la Guerra Fría al tejido de relaciones internacionales de los países del tercer mundo fue la misión a Moscú del diputado José Liceaga en octubre de 1958. Centrada en alcanzar un convenio comercial para la compra de maquinaria petrolera, la visita de Liceaga a la capital de la Unión Soviética terminó siendo en principio sumamente provechosa para los objetivos frondizistas. Ello se deriva de la concreción de un préstamo soviético para la Argentina de cerca de U$S 100 millones con una tasa de interés del 2,5%, cuya amortización comenzaría a materializarse por medio de un esquema de pagos escalonado a tres años. Pese a que el acuerdo se cumplió solo en un 40%, este sirvió para equilibrar el poder de influencia que tenían las empresas estadounidenses arribadas a Argentina en el período (Rapoport, 1997: 349-364).

Sin lugar a dudas, el triunfo en Cuba del Movimiento 26 de Julio comandado por Fidel Castro sobre las fuerzas dictatoriales de Fulgencio Batista con su ingreso en La Habana el 1 de enero de 1959 representaría un giro copernicano en la relevancia estratégica de América Latina en el mapa de la Guerra Fría. Particularmente, las preocupaciones de los Estados Unidos alcanzaron su grado de alarma máxima cuando se selló la alianza entre los revolucionarios cubanos y la Unión Soviética hacia 1960 (Petinná, 2018: 89-98).

En similar período, en Argentina la situación social se complejizaba como resultado del descontento que generaba la fuerte restricción en los ingresos que significó la puesta en marcha del plan de estabilización fiscal asociado al otorgamiento de un préstamo stand by de parte del Fondo Monetario Internacional en diciembre de 1958 (Ferrer, 2012: 301). Hacia mediados de 1959, las fuerzas armadas exigían al presidente la purga de funcionarios considerados de simpatías peronistas, el recrudecimiento de la represión gremial y la explicación de los detalles del pacto que había alcanzado con Perón de cara a las elecciones de 1958. Fue en ese lapso que los sectores castrenses impusieron al ingeniero liberal Álvaro Alsogaray a cargo de los ministerios de Economía y Trabajo. Pese a estas complejidades e imposiciones, la economía rebotó en los dos años siguientes, y consiguió una tasa de crecimiento promedio del 8% (Gerchunoff y Llach, 2003: 265-267).

Hacia marzo de 1961, la reducción del poder en el interior de la estructura castrense de personajes que habían afrentado la autoridad de Frondizi, como el teniente general Carlos Toranzo Montero, llevó a que el presidente se pudiera deshacer de la presencia de Alsogaray en su gabinete (Sikkink, 2009: 127). Sin embargo, pese a que fue reemplazado por un economista conservador como Roberto Alemann, el movimiento fue visto con fuerte desconfianza por las altas esferas militares. Seguido de ello, otro hecho que propició la inquietud de estos sectores fue la reunión secreta que Frondizi mantuvo con Ernesto “Che” Guevara en Buenos Aires en agosto de 1961, en el marco del viaje del revolucionario argentino-cubano a la reunión del Consejo Económico Social Interamericano en Punta del Este.[1] Las muestras de simpatía que se leían del encuentro entre Frondizi y Guevara fueron seguidas por la adhesión argentina en 1962 al contingente de países latinoamericanos que rechazaban la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) (Sikkink, 2009: 128-129).

Sin dejar de lado estos antecedentes, el hecho que colmó las expectativas de los militares fueron los resultados de las elecciones en Buenos Aires del 18 de marzo de 1962, en las cuales el peronista Andrés Framini consiguió el 42,23% de los votos. Pese a que frente a la inquietud castrense Frondizi intervino rápidamente la provincia impugnando la elección, su suerte ya estaba echada y fue depuesto y detenido el 29 de marzo. A cargo del ejecutivo quedaría el presidente provisional del Senado, José María Guido (Novaro, 2010: 57).

Pese a todo, la “Batalla del petróleo” había sido exitosa en sus términos. De acuerdo con Rapoport (2017: 461), en 1962 se estaba cerca del autoabastecimiento de petróleo, cubierto en un 30% por empresas privadas y en un 70% por YPF. Tan solo en ese año, la producción total de petróleo fue de 15,6 millones de m3, lo cual casi triplicaba los 5,7 millones de m3 de 1957. Del guarismo total de 1962, YPF era la responsable de 10,4 millones de m3, más que duplicando lo extraído en 1957.

A modo de conclusión

A lo largo de este texto hemos recorrido las contingencias que atravesaron Brasil y Argentina para aumentar su disposición autónoma de petróleo en dos procesos centrados en la década de 1950, aunque con raíces de más largo aliento. En el primero de los casos estudiados, observamos el modo en el cual la progresiva complejización de la estructura productiva brasileña que siguió a las pequeñas fisuras abiertas por la Revolución de 1930 llevó a una molecular pero creciente preocupación por el autoabastecimiento energético. Esta inquietud, que en una primera instancia tenía tras de sí casi exclusivamente voces castrenses, de modo paulatino logró hacer confluir a diversos sectores sociales que se aglutinaron en torno a la Campaña del Petróleo de 1947 a 1953, sintetizada bajo el potente eslogan “O petróleo é nosso!”. Sin esta intensa movilización social, que se impuso a múltiples impugnaciones liberales y dilaciones del varguismo, es imposible comprender los sustratos constitutivos del nacionalismo que rodea a la valoración de Petrobras hasta nuestros días.

En lo que respecta a la “Batalla del petróleo” encarada por el presidente argentino Frondizi desde julio de 1958, esta puede ser comprendida como un agresivo intento de superar parte de las limitaciones estructurales que atravesaban el desarrollo desigual y combinado de la economía argentina. Sin embargo, pese a que fue exitoso en sus términos en el mediano plazo, la premisa de Frondizi y Frigerio de “entrar en batalla en todos los frentes al mismo tiempo” generó el colapso de las frágiles bases de sustentabilidad de su gobierno. Al mismo tiempo, no debe dejarse de lado que todo este proceso estuvo montado sobre la proscripción del partido mayoritario, una fuerte represión al movimiento obrero y la tutela incesante de las fuerzas armadas.

Para finalizar, es imposible no señalar el marco de severas condicionalidades que en la década de 1950 generaba para cualquier proyecto de desarrollo económico con pretensiones autárquicas la inquietante presencia de los Estados Unidos. Preocupado por cuidar el avance de la influencia soviética en la que consideraba su “esfera de influencia” más cercana, a partir de la finalización de la guerra de Corea la política exterior estadounidense se tornó crecientemente agresiva, exigiendo cada vez con menores sutilezas la alineación tras de sí en el esquema de “bandos” de la Guerra Fría. Esta dinámica de comportamiento llegó a su paroxismo luego del estallido de la Revolución cubana en 1959, sobre todo a partir del acelerado acercamiento castrista a la unión Soviética. La puesta en marcha de iniciativas como la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor en las décadas siguientes son una muestra elocuente de la decisión del Departamento de Estado y las burguesías latinoamericanas de cercenar cualquier nuevo avance revolucionario.

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  1. Un hecho destacado del encuentro fue la puesta en discusión de las premisas centrales de la Alianza para el Progreso, estrategia propiciada por el presidente estadounidense John F. Kennedy para acelerar el desarrollo socioeconómico de América Latina.Preocupado, el primer mandatario juzgaba a la endémica pobreza de la región como un caldo de cultivo para el ascenso de movimientos revolucionarios similares al cubano (Pettiná, 2018: 120).


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