Incipientes pasos hacia la protección regional

Lucía Guiñazú y Joaquín Poleri

Introducción

En esta sección del libro se analizará la inversión en materia de defensa de los países sudamericanos, haciendo hincapié en el proceso al interior de UNASUR que implicó la creación y desarrollo del Consejo de Defensa Sudamericano. Particularmente, se diferenciará el aporte que cada país integrante le ha conferido y su visión aislada en la cuestión de la defensa nacional y regional. ¿Cuál es la importancia que tiene la inversión individual de cada país en la creación y desarrollo de un Consejo de Defensa? Con el propósito de dar respuesta a ese interrogante central, se presentan una serie de objetivos específicos, entre los que se destacan: a) comparar los gastos militares de Brasil, Chile, Venezuela, Argentina y Uruguay; b) describir la importancia que cada uno de estos Estados le confiere al área de Defensa y cómo eso impacta en el Consejo, y d) determinar las posibles amenazas que justificaron la creación de una defensa en Sudamérica.

La hipótesis central del trabajo es la siguiente:

Aunque no se hayan producido conflictos militares en las últimas décadas, y las amenazas a la región sean más difusas que en épocas anteriores, el sistema regional (al igual que el internacional) se sigue midiendo en una lógica realista, por tanto, el poder de las armas continúa teniendo una importancia vital. Es por eso que los países de la región buscan incrementar su inversión en defensa.

Se analizará entonces la génesis del Consejo de Defensa Sudamericano hasta la actualidad y los factores que facilitaron sus avances y retrocesos, considerando por supuesto central que la mayor inversión en defesa incrementa la autonomía en una coyuntura de potenciales conflictos regionales. Lejos de aquel pasado colonial que unió a los pueblos de la región, hoy es la integración regional y la apuesta por una defensa común la que renueva el ideal bolivariano, en el cual se limita la participación de potencias extrarregionales. Así, la integración aparece como una oportunidad de autodeterminación regional que pasa de una entidad abstracta a un realidad concreta en tanto se logre armonizar los intereses nacionales con el ideal de seguridad regional.

1. Nociones teórico-conceptuales para el análisis

La teoría del realismo ‒enfoque dominante en las relaciones internacionales‒ ha contribuido a la generación de respuestas en materia de política y seguridad internacional y se ha afianzado en los centros de poder mundial. No obstante, consideramos que la problemática de la seguridad y defensa regional debe leerse y analizarse desde un paradigma local que reconozca las especificidades de Sudamérica porque ‒concordando con Paradiso‒ la contención seguirá viva, esperando a quien contener, buscando nutrirse de nuevos enemigos ya sean reales o imaginarios. Es entonces vital analizar la evolución del Consejo de Defensa Sudamericano desde el Sur, con teorías propias y no importadas de los centros de poder mundial.

Se tomará como herramienta la Teoría de la Autonomía de Juan Carlos Puig y, más precisamente, el concepto de “autonomía heterodoxa”. Porque se entiende que con el fin de la Guerra Fría se abrió una nueva oportunidad para establecer una agenda de cooperación entre los países latinoamericanos y, si bien ha generado conflictos en otras zonas del mundo, en América Latina impactó de manera positiva porque creó mecanismos regionales de cooperación propios e independientes, los cuales comparten la particularidad de haber atravesado procesos de paz democrática y la erradicación de conflictos bélicos. En este sentido, la heterogeneidad política, social y económica está siendo superada gracias a la generación de estas instituciones regionales y subregionales. La “autonomía heterodoxa” considera que quienes detentan el poder de un Estado siguen aceptando la conducción estratégica de la potencia dominante, evitando la confrontación en esas cuestiones, pero discrepan en ciertos puntos. Este tipo de políticas se enmarca en un plan más amplio que supone velar por los intereses del país en el contexto del sistema internacional vigente y que, a la vez, permita aprovechar espacios de poder que van dejando u omitiendo las potencias dominantes.

Otra herramienta teórica fundamental en el análisis es la lectura de Russell y Tokatlian, quienes nos hablan de la “autonomía relacional”, definida como “la capacidad y disposición de los Estados para tomar decisiones por voluntad propia con otros y para controlar conjuntamente procesos que se producen dentro y más allá de sus fronteras” (Russel y Tokatlian, 2001: 88). Desde este enfoque se fomenta la participación conjunta de los Estados en ámbitos multilaterales y procesos de integración, se destaca la creciente importancia de las normas y las instituciones en la dinámica de las relaciones internacionales. De esta manera, se desprende que la autonomía puede y debe construirse sobre la base de la cooperación internacional, aprovechando las oportunidades y espacios que brindan las instituciones y los regímenes internacionales.

A través de esta teoría y enfoques, desde las raíces latinoamericanas, se aborda la génesis del Consejo de Defensa Sudamericano como una muestra de autonomía y autodeterminación de la política regional ante un sistema internacional todavía con supremacía del gigante del Norte.

Muchos autores hablan de una posible carrera armamentista en la región, sin embargo, se considera que para que existiese una verdadera carrera armamentista se debe cumplir una serie de condiciones, como por ejemplo: a) un par o conjunto de países que se perciben como enemigos; b) un incremento en las capacidades militares ofensivas de alguno o varios de ellos, y c) una reacción proporcional (en cantidad y naturaleza de los recursos) por parte de otro u otros países, que se embarcan en un esfuerzo por mantener la paridad o la simetría de poder. Y ante ese escenario dos resultados posibles: a) la estabilización por la disuasión recíproca o por la imposibilidad material de sostener la competencia (como ocurrió durante la Guerra Fría) y b) el enfrentamiento (cuando una de las partes considera haber alcanzado una ventaja estratégica que le permitiría imponerse a la otra).

Para empezar, cabe señalar algo tan obvio que con frecuencia pasa inadvertido: toda carrera armamentista implica un esfuerzo financiero que se refleja en el Gasto Militar o de Defensa, pero no todo aumento de este implica sí o sí una carrera armamentista. Por lo tanto, se trata de un fenómeno cuya explicación debe buscarse no en la lógica de las carreras armamentistas, sino en los usos (militares y políticos) del Gasto Militar. En este breve trabajo se analizará la razón del Gasto Militar, no como gasto sino como una inversión necesaria para afianzar la autonomía de los Estados, pero también y sobre todo, la unión de lazos regionales hacia lo que sería el ideal de una incipiente protección regional.

2. Las inversiones en materia de defensa de la región

En esta sección del trabajo nos proponemos describir y analizar comparativamente las políticas de defensa de países como Brasil, Chile, Venezuela, Argentina y Uruguay. El análisis se basará en los datos publicados por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, siendo el último informe elaborado en el año 2013, cotejando y complementando esos datos con informes de 2014 y 2015 del Instituto Internacional Estocolmo de Investigaciones para la Paz (SIPRI).

En los últimos años se han multiplicado no solo informes periodísticos, sino también análisis académicos acerca de un supuesto rearme o del inicio de una carrera armamentista en América del Sur, a partir de la adquisición de equipamiento militar en los países de la región. Pero a la vez muchos otros estudios desmienten estas hipótesis y permiten comprobar que se trata en realidad de procesos de modernización militar con vistas a crear capacidad disuasiva.

La mayoría de los países de la región, entrando al siglo XXI, iniciaron la modernización de sus instrumentos militares. Los Estados han intentado diversas respuestas a los desafíos que su seguridad les plantea y el empleo de sus instrumentos militares ha ido variando con el correr del tiempo. Todos los países poseen espacios soberanos, ciudadanos y bienes que deben proteger. Sin embargo, además de estas clásicas razones para conocer la dinámica militar en el subcontinente, se agregan nuevas realidades. Las amenazas militares al futuro, la paz y la prosperidad no provienen de virtuales conflictos entre sus miembros, ni deben confundirse con cuestiones de seguridad ciudadana como el narcotráfico, la delincuencia o el terrorismo. Las amenazas a las que debe prestar atención la defensa regional están determinadas mayormente por la competencia por los recursos naturales a escala global y la estrategia de las mayores potencias mundiales para obtenerlos.

Siguiendo informes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), la región alberga el 23% de los bosques y el 31% de los recursos de agua dulce del planeta. Los ricos recursos naturales de América Latina y el Caribe, bienes comunes, son fundamentales para la salud socio-ambiental del planeta. Para protegerlos es indispensable que los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos con miras a aplicar las políticas existentes y a crear medidas nuevas.

El acento estará puesto en la cuestión regional. Casi todos los países latinoamericanos han publicado sus “libros blancos”, donde plantean sus gastos en defensa y sus estrategias militares. Sin embargo, cuesta acceder a documentación que nos indique fehacientemente cuál es el verdadero gasto e inversión en América Latina.

Brasil lo ha planteado de forma tardía y entendemos su interés en defensa como fuertemente apoyado en su proyección como potencia regional y sus deseos económicos de crecimiento, con un fuerte hincapié en la protección de sus recursos naturales para alcanzar sus metas económicas. Más allá de la crisis actual por la que atraviesa Brasil, sus intereses y pretensiones en el plano regional e internacional siguen sin modificaciones. Se trata de una potencia regional con aspiraciones a lograr un mayor reconocimiento en la arena internacional.

Varias “potencias intermedias” latinoamericanas (como Chile y Brasil), en consonancia con la política exterior que plantean e implementan, buscan proyectar y aumentar sus capacidades militares con un bajo perfil para evitar que emerjan tensiones con sus vecinos. Se propusieron una política de defensa orientada a lograr el crecimiento económico y la inserción en el mundo como parte de su estrategia de desarrollo nacional fuertemente apoyados en el rol de las Fuerzas Armadas.

Siguiendo el informe de Defensa y Seguridad en América Latina 2014-2015 elaborado por Ana Victoria Suárez Jiménez, si se juntan todos los presupuestos de defensa de toda América Latina “apenas” se logra alcanzar el 5% del total de gastos militares en el mundo. Y de ese 5%, Brasil representa para el total de América Latina lo que Estados Unidos para el resto del planeta. Empero, Brasil no es hegemónico en la dimensión militar del subsistema sudamericano. Si bien representa hoy la mitad del gasto militar y de la cantidad de efectivos de la región, la brecha que lo separa de sus vecinos en términos de equipamiento y tecnología militar no es tan amplia. Aunque las potencias de segundo orden de América del Sur ‒como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela‒ gastan menos de un tercio que Brasil en sus Fuerzas Armadas, también tienen menos de un tercio de su territorio y población para proteger y efectivos militares para mantener.

De modo que no se puede dejar de tener en consideración que este país, además de contar con las capacidades materiales necesarias, aspira y dirige su política exterior hacia el logro de un mejor posicionamiento en el orden internacional global. Por tanto, la construcción de un liderazgo regional por parte de Brasil en torno al avance de un proceso de seguridad, organizado en el marco institucional del Consejo de Defensa, es una opción razonable.

En cuanto a Chile, una ley dictada durante el régimen militar de Augusto Pinochet obliga a la Estatal Corporación del Cobre, principal productora mundial de este metal, a destinar el 10% de sus ventas brutas a las Fuerzas Armadas. Se ha observado un gran incremento del precio del cobre a partir de 2004, más allá de esto no se ha divisado un excesivo incremento en el presupuesto derivado a las Fuerzas Armadas bajo este aporte.

Con respecto al aporte que las fuerzas reciben del PBI, cabe destacar que este no ha sufrido grandes variables, manteniéndose así como una política largoplacista estable, que ha oscilado entre el 1,51% en 1996 y el 1,22% en 2013; observamos en 2014 un aumento hacia el 2,00% en 2014 y 2,22% en 2015, lo cual evidencia el rol y la importancia que Chile tuvo y tiene en el fortalecimiento de su sistema de defensa (IDS, 2015).

Respecto de Venezuela, podemos observar que ha tenido un rol importante en la región en cuanto a la seguridad, con un papel activo como impulsor del sistema regional de defensa, aunque lejos está de presentar una amenaza continental mediante sus aportes en esta materia en la última década. Si bien ha sido de los países que ha denotado mayor incremento de su PBI en las Fuerzas Armadas, esto se explicaría como parte de la modernización de sus fuerzas de seguridad, impensable como amenaza ya que sus fuerzas no contienen una doctrina militar ofensiva. Sus esfuerzos son mayoritariamente por generar una defensa respetable en la región que pueda palear una situación de amenaza externa al continente y por cuestiones domésticas.

Sin embargo, en el último informe del SIPRI del 22 de febrero de 2016, se indica que Venezuela mantiene el puesto 18° entre los mayores compradores de armas en el mundo, el país compró 147 millones de dólares en armamento a China, 6 millones a Estados Unidos, 5 millones a Austria y 4 millones a Holanda el año pasado. Las adquisiciones se dividieron en 133 millones de dólares en vehículos armados, 14 millones para artillería, 11 millones para aviones de guerra y 4 millones para barcos. El SIPRI señala que si bien el comportamiento de América Latina ha sido disminuir los montos destinados a la carrera armamentista, el instituto considera el lugar de Venezuela como de líder en la región, así como el papel tradicional de Brasil y los números ascendentes de México. No se considera ‒a juicio propio‒ que América Latina esté lanzada en una carrera armamentista, pero sí se afirma que lo que buscan los países de la región es lograr la modernización de sus fuerzas armadas y de seguridad.

Haciendo un corte transversal, se puede divisar que bajo un mismo mecanismo de defensa regional, convive con las anteriormente nombradas una segunda vertiente, que genera su aporte desde otra cosmovisión, y para ejemplificar es menester exponerla, mostrar cuál es la otra cara de este sistema y cómo conciben la seguridad y amenazas.

A pesar de los compromisos internacionales, Argentina no cuenta hoy con un sistema de defensa moderno y disuasivo. Hay quienes sostienen que el país no será blanco de una agresión externa ni necesita de sus Fuerzas Armadas. Incluso hay dudas acerca de quién es el enemigo del cual hay que protegerse. De ahí que las cuestiones de defensa no sean de alta prioridad nacional y queden relegadas a un puesto menor dentro de la puja de poder interburocrática del Estado. La defensa es vista como un “gasto” y no como una “inversión”, y el país no cuenta con un plan estratégico militar a desarrollar, las Fuerzas Armadas realizan ejercicios combinados con otros países y participan en Misiones de Paz.

Refiriéndonos a Uruguay, el otro representante de esta segunda vertiente, muestra las mismas características que Argentina, pero gastando el 1,12% del PBI en defensa, mientras que el 76% de ese presupuesto va a parar a sueldos y jubilaciones militares, lo que deja un muy acortado margen para adquirir nuevo equipamiento y modernizaciones. Esta información fue hecha pública por la Comisión de Defensa del Senado, aclarando que el gasto de las Fuerzas Armadas es heredada de la dictadura.

Una vez expuestos los distintos presupuestos y la importancia que cada uno de estos países le da al área de defensa, una vez vistas sus diferencias y similitudes, parece importante abordar la creación del Consejo de Defensa Sudamericano, el cual se considera de una importancia vital para el crecimiento integral de la región, que ya no solo coopera en materia económica o política sino que avanza hacia una verdadera defensa regional. En este sentido, se considera la creación del organismo como un primer paso, que si bien es modesto políticamente, constituye un símbolo importantísimo para la región.

¿Qué justifica la creación del Consejo? ¿Por qué se busca una identidad de defensa suramericana? Un buen punto de partida es comprender que los países sudamericanos perciben intereses comunes, aunque algunos de ellos convergen con los intereses de Estados Unidos.

3. Hacia una idea común de defensa regional

Los avances de la integración regional en el marco de UNASUR se extendieron a la dimensión de seguridad y defensa en un proceso que se institucionaliza a partir de la creación del Consejo de Defensa Suramericano en diciembre de 2008, en Costa do Sauipe (Brasil). Los presidentes aprobaron el Estatuto del organismo, el cual establece que se trata de una instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de defensa. Sus objetivos centrales son:

1. Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos; como así también actuar como una contribución a la paz mundial.
2. Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las características subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.
3. Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa.

En este proceso de avances sustanciales y para generar un pensamiento estratégico a nivel regional que contribuya a la coordinación y la armonización de políticas de defensa en Suramérica, los ministros de Defensa suramericanos aprobaron en mayo de 2009, en Santiago de Chile, la creación del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (cuya sede permanente está en la ciudad de Buenos Aires). La propuesta constituyó una instancia inédita en Suramérica, de carácter permanente, con sede fija en Buenos Aires y delegados representantes de todos los Ministerios de Defensa de los países miembros. Este centro busca contribuir a estructurar un subsistema regional de defensa cooperativo, interoperable y en función de la protección efectiva de los intereses comunes y compartidos.

En mayo del año siguiente, el Consejo de Defensa Suramericano mediante la Declaración de Guayaquil aprobó el Estatuto del Centro, que establece tres objetivos fundamentales:

• Contribuir a la identificación de desafíos, factores de riesgo y amenaza, oportunidades y escenarios relevantes para la defensa y la seguridad regional y mundial, tanto en el presente como en el mediano y largo plazo.
• Promover la construcción de una visión compartida en materia de defensa y seguridad regional.
• Contribuir a la identificación de enfoques conceptuales y lineamientos básicos comunes que permitan la articulación de políticas en materia de defensa y seguridad regional.

En cuanto a su estructura y funcionamiento cabe destacar que cuenta con un director, un subdirector y un secretario administrativo, y que está compuesto por un cuerpo de expertos, en el cual convergen hasta dos delegados nombrados por los Ministerios de Defensa de cada uno de los países miembros del Consejo. Por otro lado, la aprobación del Programa Anual de Trabajo, del presupuesto y del reglamento estará a cargo de un Consejo Directivo que se conforma por los viceministros de Defensa de cada uno de sus miembros.

Respecto a su financiamiento, tal como lo establece el Estatuto del Centro, el presupuesto para el funcionamiento y las actividades será sufragado por contribuciones de los Estados miembros, a través de la Secretaría General de UNASUR. No obstante, hasta tanto esté operativo el presupuesto de la UNASUR, la República Argentina provee la infraestructura, el personal de la Dirección y financia el funcionamiento del Centro.

El Consejo de Defensa entra en juego en esta estrategia sudamericana por la necesidad de una política de gestión soberana de los recursos naturales; bajo esta lógica, la inmensa riqueza que cuenta la región se encuentra dispersa a lo largo y ancho de su extensión, por lo que los países miembros deben establecer una estrategia y política comunes en materia de defensa y protección efectivas de los recursos y activos estratégicos. Bajo este lineamiento, los recursos naturales serían el elemento de cohesión que permite la articulación de la identidad al interior de los Ministerios de Defensa de los países miembros del Consejo.

Este nivel estratégico regional, donde cobra vida el interés regional, es el lugar en donde el Consejo se plantea como una identidad suramericana en defensa.

4. Los desafíos y amenazas hacia la región

Se sostiene que las amenazas que enfrenta nuestra región son difusas y que no provienen de amenazas directas o de posibles conflictos bélicos, sino que son consideradas como amenazas no tradicionales. Pero la lógica del mundo sigue manejándose en clave realista, con lo cual los países siguen apostando a su defensa a través de diferentes alianzas, de la integración y la cooperación; con lo cual América Latina no debe quedarse atrás.

La influencia de Estados Unidos en las definiciones de seguridad en Sudamérica se materializó ‒durante la Guerra Fría‒ en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz (1945) y en el Tratado de Asistencia Recíproca (1947). Ambos se estructuraron bajo la acepción conjunta de una seguridad colectiva, que presupone “un compromiso por parte de los Estados a respetar y actuar (de manera colectiva) frente a las amenazas cuando ello se disponga según lo acordado entre los miembros…” (Cortes y Rojo, 2002: 4).

No obstante, a partir de los años 90 el modelo de seguridad hemisférico que se sustentaba en la idea de seguridad colectiva ya no respondía a la realidad interna de los países latinoamericanos. En esa época se encontraban en un período de redemocratización y de apertura al mundo, tanto a nivel de intercambios económicos como de política exterior. Esa nueva realidad dio paso a la noción cooperativa de la seguridad como eje para el nuevo modelo de seguridad en América y, particularmente, en Sudamérica. La seguridad cooperativa concibe que las problemáticas que actualmente aquejan a los Estados no puedan confrontarse aisladamente. “Este concepto promueve la idea de que es preciso ‘construir’ la confianza no solo entre Estados, sino también con otros actores no estatales a través de la discusión, la negociación, la cooperación y el compromiso” (Briones Riveros, 2013: 6).

Se puede decir por tanto que las actividades desplegadas por el Consejo de Defensa Sudamericano podrían significar un avance de alcance limitado en virtud del desarrollo de la confianza entre los Estados de la región. En este sentido, no se debe perder de vista que la confianza ‒en líneas generales‒ es un bien escaso en el sistema internacional. Mas aún en tiempos como los actuales, en los que el orden global jerárquico está encabezado, desde un punto de vista estratégico militar, por una potencia mundial que sostiene internacionalmente un tipo de acción con visos de unilateralidad y prescindencia, en muchos casos, del derecho internacional.

Sin embrago, si bien es posible identificar al Consejo como un instrumento de poder por parte de los países que lo componen, cabe destacar que la construcción de dicho poder en clave institucionalista requiere algo más que cooperación. Las instituciones pueden condicionar el comportamiento de los Estados, pero no necesariamente van a determinarlo, por tal motivo para ejercer y construir poder en estos ámbitos es preciso trabajar en las instituciones, negociar con quienes las componen para tratar de sentar una agenda determinada y coordinar políticas. De lo contrario, las instituciones solo quedan en la foto de una reunión esporádica de sus miembros.

La lucha por la soberanía de los recursos naturales y el surgimiento de una nueva conciencia ambiental se han convertido en elementos profundamente movilizadores y dinamizadores de los procesos sociales y políticos en nuestro continente. Los países de la región se han dado cuenta de la gran importancia que tienen sus recursos naturales y se han dispuesto a protegerlos, o al menos lo están intentando. La protección no solo debe provenir de las armas, al contrario, se debe apostar a una mayor educación, concientización, diálogo, importancia de los recursos naturales, mayor cultura y protección.

Coincidiendo con Bruckmann (2012), sin el desarrollo de un pensamiento estratégico que se afirme en el principio de la soberanía y en una visión de futuro de largo plazo, los países latinoamericanos tienen menos condiciones de hacer frente a las enormes presiones. Lo que se pone en juego es la capacidad de reorganización de proyectos hegemónicos y la emergencia de proyectos contrahegemónicos.

Por su parte, Tokatlian (2012) señala que tras el conflicto de Irak hay un retorno al escenario internacional de la geopolítica pero que ahora se lee en clave de recursos naturales (minerales, acuíferos, ambientales, entre otros). Y hay que observar muy bien en este caso el accionar de los Estados Unidos en Medio Oriente y en Asia Central, donde está haciendo lo que no pudo hacer en épocas de Guerra Fría: establecer una cadena de bases militares. De modo que salvaguardar territorialmente espacios que pueden ser entendidos como generadores de amenazas para la seguridad norteamericana parece ser el móvil de la política de Washington. Y aquí se observa con claridad la tendencia que han desarrollado algunos países de cuidar sus espacios territoriales con activos estratégicos. El caso típico es Brasil y el Amazonas. Los recursos ambientales son, cada vez más, una fuente de poder. Hoy es más influyente poseer un buen y efectivo control de los activos ambientales de un país que tener armas de destrucción masiva. Porque tenemos algo que la comunidad internacional necesita en sentido positivo.

El mayor obstáculo con el que tiene que enfrentarse el Consejo de Defensa Sudamericano, para configurarse como una alianza operativa, es la existencia de un competitivo sistema de alineamientos en la región. La dispersión de intereses sudamericanos ‒en especial en materia de seguridad y de defensa colectiva‒ se traduce en la indefinición de amenazas comunes a los miembros, afectando la cohesión. No obstante, la desigual influencia de potencias establecidas y emergentes agrega mayor fragmentación, pues la disponibilidad de potenciales aliados, proveedores de armas y socios comerciales debilita la posición relativa de Brasil como potencia suramericana llamada a reafirmar el proyecto de una comunidad de seguridad regional. Hay que evitar la lógica que quieren plantear los Estados Unidos de bilateralizar las cuestiones y conformar una sociedad estratégica con los países que conforman la UNASUR.

El efecto de este obstáculo limita la operatividad del Consejo, el cual se ha tenido que conformar con actuar como un foro de debate con un escaso poder vinculante en las decisiones militares de sus miembros. En una función tan elemental (aunque vital para la seguridad colectiva, primer paso para la defensa colectiva regional) como la generación de medidas de confianza mutua a través de la publicación de los libros blancos sudamericanos, la institución ha fallado, y los Estados han mantenido su plena autonomía y secreto en la adquisición y función de su armamento (Mijares, 2011: 14).

Se considera pertinente nombrar qué ocurre con el Consejo en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca perteneciente a la OEA. En la III Cumbre del Consejo, celebrada en Lima, se planteó la reestructuración de este para que deje de servir a intereses norteamericanos y canadienses, que modernice sus vetustos objetivos de Guerra Fría y los suplante por una mirada “más nuestra”, desde la UNASUR.

Conclusión

Se ha dado cuenta de la importancia del Consejo de Defensa Sudamericano y eso permite sostener con fervor que debemos reforzar nuestros vínculos con la región como la única vía ante amenazas futuras. De modo que se deben consolidar los procesos de integración y cooperación en el Sur frente a las pretensiones de Estados Unidos bajo la lógica conceptual de la autonomía heterodoxa que Puig supo acuñar.

Se asiste a la configuración de nuevas amenazas para la región que nos deben encontrar trabajando conjuntamente. En este sentido, el combate a estas nuevas amenazas es un asunto en el cual los Estados deben depositar gran parte de su atención y la mayor cantidad de recursos posible. Esto implica la participación subsidiaria de las Fuerzas Armadas. Dentro de estas nuevas amenazas, tomando como eje el texto de Rodríguez Sánchez Lara (2013), podemos mencionar: la agenda de vulnerabilidades sociales; las dos vulnerabilidades más importantes que tienen los países de América Latina y el Caribe, y que son catalizadores de otros riesgos y amenazas a la seguridad regional, son la superación de la pobreza, la reducción de los niveles de desigualdad y el acceso a oportunidades de desarrollo.

De nada servirá que los gobiernos destinen presupuestos millonarios para las instituciones de seguridad pública y defensa nacional si no se atienden las raíces de muchos problemas de inseguridad pública tales como la pobreza, la falta de educación y la marginación social.

Otra de las nuevas amenazas que se pueden mencionar es la seguridad energética; para los países menos desarrollados de América Latina el acceso a recursos energéticos a precios razonables resulta primordial para garantizar la viabilidad de casi cualquier programa de desarrollo sustentable. Con el agotamiento de los recursos petroleros a nivel mundial, la extinción de yacimientos inexplorados y la concentración de casi todas las reservas mundiales en Medio Oriente, los países pobres de América Latina se encuentran ante la posibilidad de no ser capaces de costear los precios ascendentes del petróleo y sus derivados. Esto podría significar un estancamiento de sus economías, lo cual fomentaría el surgimiento de escenarios de inestabilidad política y social.

La seguridad económica representa un gran desafío para la región. La seguridad nacional de los países latinoamericanos depende también de la capacidad de sus economías para soportar las fluctuaciones de la economía global. Mantener indicadores macroeconómicos estables, fomentar el desarrollo sustentable y garantizar la seguridad de los inversionistas resulta de gran importancia para asegurar la estabilidad política y social de las naciones latinoamericanas (Rodríguez Sánchez Lara, 2013).

La historia de nuestras naciones no es lineal, emergen desencuentros y desconfianzas en cada decenio. Durante años fuimos permeables al accionar de las potencias extranjeras que vapuleaban nuestra tan anhelada Patria Grande, sueño de Miranda y Bolívar. Por eso cabe destacar que este tipo de reorganización regional no es producto del azar sino de una voluntad política que parece ser la génesis de una nueva época mucho más positiva. No obstante, ante los recientes resultados electorales en Argentina y las nuevas tendencias políticas en Brasil, la crisis en Venezuela y el avance de gobiernos conservadores en la región, cabe preguntarse: ¿qué rol tomarán las instituciones ya creadas, como el Consejo de Defensa Sudamericano?

El desafío para América Latina y Sudamérica, en particular, parece seguir siendo poder construir políticas de Estado a largo plazo. Que trasciendan la mera lógica del gobierno de turno. Más allá de la precaución y de la gran incertidumbre que parece recorrer las calles de cada ciudad en Sudamérica, el Consejo de Defensa está allí, lo hemos creado.