Fue creada como respuesta a la Crisis de Baring.

Pasó más de una década para que entrara en pleno funcionamiento.

Fue solo en el período del Progreso que funcionó como tal.

Luego sufrió diversas transformaciones, a los fines de hacer frente a los shocks externos.

Y finalmente se convirtió en un Banco Central de novo en 1935.

En la época conocida como del patrón oro clásico (1880-1914), la Argentina estaba abierta a los mercados de capitales internacionales; los capitales entraban al país provenientes principalmente de Gran Bretaña. Además, el gobierno nacional había adoptado el compromiso de un tipo de cambio fijo. Primero, lo hizo estableciendo el patrón bimetálico (que en la práctica funcionó como un patrón oro) con la sanción de la ley monetaria de 1881. Luego, cuando se suspendió la convertibilidad en 1885, el gobierno envió señales claras de su intención de volver en un futuro a la paridad original. Y finalmente, con la creación de la Ley de Bancos Nacionales Garantidos en 1887, se adoptó el patrón oro de una sola vía;^[1] la emisión marginal estaba respaldada por reservas marginales. De este modo, sin olvidar las limitaciones del trilema económico (o trinidad imposible),^[2] la elección de tipo de cambio fijo y cuentas de capitales abiertas implicaban inexorablemente que la política monetaria quedara determinada de manera endógena.

A partir de marzo de 1889, la situación se complicó. La razón estaba en el frente fiscal. Las autoridades fiscales habían decidido sostener un esquema presupuestario donde los gastos superaban a los ingresos y los déficits eran financiados con venta de títulos públicos en los mercados de capitales internacionales. Empero, el endeudamiento externo llegó a su techo en aquella fecha. Las autoridades, carentes de otros mecanismos fiscales, se desviaron de una política de oferta monetaria endógena y comenzaron a financiar los déficits con emisión monetaria.^[3]

Al mismo tiempo, en Buenos Aires, el público anticipó correctamente el uso de la política monetaria como herramienta de la política fiscal; y comenzó a presionar sobre el mercado de cambios. La gente buscaba en un activo monetario externo un depósito de valor que le diera la estabilidad de poder de compra que los billetes domésticos no le garantizaban. Así, compraba oro con papel moneda y, para mayor seguridad, lo enviaba afuera del país. El 2 de marzo se decía que “la exportación de oro fue muy fuerte en febrero; 3 m a Montevideo, 5 m a Europa” (Cortés Conde, 1989: 220-221). El gobierno responsabilizó a la “especulación” de esta situación, por ello estableció el 14 de marzo la prohibición de negociar oro en la Bolsa de Comercio.

Pero la intervención del Estado en el mercado de cambios no acababa allí. Se instauró un régimen de flotación sucia. El oro depositado en el Banco Nacional, que era la garantía del sistema bancario, fue lanzado al mercado. De ello resultó una intensa sustitución entre monedas. El público, deseoso de comprar oro, no solo empleaba sus propias tenencias de billetes sino que también pedía préstamos a los bancos para tal operación. Ahora bien, los particulares atesoraban el oro adquirido o lo enviaban al extranjero; es decir, el oro no volvía a la circulación. Y el Banco Nacional, a instancias del gobierno, volvía a inyectar al sistema los billetes absorbidos, a través de redescuentos a los bancos. Esto perpetuaba el exceso de oferta de dinero, lo que alimentaba el continuo drenaje de oro de las arcas del Banco Nacional.

Como era de esperarse, la defensa del billete garantido fracasó. Para diciembre de 1889, las reservas del Banco Nacional eran de solo 6 millones de pesos oro, apenas un 10,41% del stock computado en marzo del mismo año (Della Paolera y Taylor, 2003: 72). Con el agotamiento de las reservas la prima del oro saltó, estallando la crisis. El tipo de cambio subió de 1,48 en 1888 a 1,80 en 1889 (un incremento del 22%), lo cual generó efectos no deseados: la tasa de inflación ascendió de 0 a 19,8%, el déficit fiscal de 34,2 millones de pesos papel a 48,1 millones y el indicador de riego país de 2,18 a 2,37% (104).

El problema no terminó allí. Apenas iniciado el año 1890, se desató una corrida sobre los dos bancos líderes: el Nacional y el Provincia de Buenos Aires. El gobierno autorizó a entrar en circulación billetes de vieja emisión, para que estos pudieran hacer frente al retiro inusitado de depósitos (Della Paolera y Taylor, 2003: 83-84). En marzo y abril de 1890, los billetes en circulación no respaldados por títulos públicos (es decir, billetes no garantidos) correspondientes al Banco Nacional y de la Provincia de Buenos Aires alcanzaron la cifra de $35.116.000 (Williams, 2000 [1920]: 148). El incremento del circulante volvió a aumentar la presión sobre el mercado de cambios. Esto se vio reflejado en una nueva depreciación del peso papel de alrededor de un 20% (Della Paolera y Taylor, 2003: 84), lo cual tuvo su correlato en los precios, las cuentas públicas y la confianza de los inversores externos.

En el mes de junio, el Banco Nacional notificó a la casa Baring Brothers & Co. de Londres, principal acreedor de la Argentina, la suspensión del pago trimestral del servicio de la deuda. A ello le siguió una segunda corrida sobre los depósitos del Banco Nacional y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El gobierno trató de continuar con sus políticas de redescuentos, déficit fiscal y default externo; pero esta vez el Congreso no lo apoyó, lo que desencadenó una crisis política (Della Paolera y Taylor, 2003: 84-85). Casi cuatro años después de su asunción como presidente de la nación, Juárez Celman presentó su renuncia el 5 de agosto de 1890. Carlos Pellegrini, el vicepresidente, se hizo cargo del Poder Ejecutivo.

Una vez que asumió la presidencia Pellegrini nombró como ministro de Hacienda a Vicente López. Las primeras medidas del nuevo ministro estuvieron dirigidas al salvataje de los bancos líderes y a convertir el sistema descentralizado de emisión en uno centralizado. Por la ley del 6 de septiembre de 1890, se autorizó la emisión de $60.000.000 en billetes de tesorería de curso legal, destinada en gran parte a inyectar liquidez a los bancos Nacional y Provincia de Buenos Aires (Williams, 2000 [1920]: 149).^[4] Asimismo, se estableció por decreto la intervención de los bancos de emisión del interior, comenzando con el de Córdoba.^[5] Y, por último, se dispuso por la ley del 7 de octubre la creación de una Caja de Conversión. Este organismo iba a tener a su cargo la función de emisión, que hasta ese momento era potestad de los bancos garantidos, así como también la función de conversión del dinero de curso legal.^[6]

Seguidamente a las medidas monetarias, el gobierno nacional anunció la política dirigida a mejorar las finanzas públicas. En el mes de octubre, se dispuso un aumento del 60% en el impuesto a artículos de consumo importados (v.g. tabaco, ropas, alimentos, carruajes y obras de arte). Se anunció, además, el cobro de los impuestos aduaneros 100% en oro (Ferns, 1966: 455).

Faltaba entonces por resolver el problema de la deuda externa. La solución estaba en la reprogramación de la misma, ya que Argentina no contaba con los fondos para el pago a término de los servicios. En el mes de noviembre, fue enviado a Londres el Dr. Victorino de la Plaza,^[7] a fin de negociar una moratoria de pago con la casa Baring Brothers & Co. Empero, dice el ministro López que

En medio de las negociaciones de moratoria, […] llegó “como un rayo” la noticia de que Baring Brothers debía ir a la liquidación “a menos que el gobierno argentino viniera a su rescate pagando las obligaciones pendientes y liberándolos de las obligaciones de pagar £1.460.000”, la tercera cuota del empréstito de la Buenos Aires Water Supply and Drainage^[8].

Al gobierno nacional argentino no le quedó otro remedio que confesar su incapacidad de pago, al igual que a los gobiernos provinciales deudores y a las municipalidades. Frente a esta situación, el Banco de Inglaterra, apartándose temporalmente de las reglas del patrón oro, salió al rescate de la firma bancaria londinense. La razón de tal actuación (prestamista de última instancia) fue evitar un colapso financiero, que comparado al de 1866 habría sido –a juicio del ministro de Hacienda inglés– “una bagatela” (Ferns, 1966: 431).^[9]

Luego del salvataje, la crisis fue superada en Gran Bretaña. En cambio, no se pudieron sortear tan fácilmente las dificultades en Argentina. Los fundamentals no habían mejorado. El déficit no se reducía (42,2 millones de pesos) y la carga de la deuda externa pública era enorme, representando un 40% de los ingresos fiscales en 1890 (Della Paolera y Taylor, 2003: 85 y 104).

Las negociaciones para una moratoria continuaron; pero ahora con el comité encabezado por el barón Rothschild, que había sido designado por el Banco de Inglaterra para el caso Baring Brothers. El resultado de las negociaciones fue el Empréstito de Consolidación del 24 de enero de 1891, por 14,8 millones de libras. No obstante, la ayuda financiera estaba sujeta a condicionamientos de política económica. El gobierno nacional se comprometía a no contraer nuevas deudas durante esos años y a no aumentar sus obligaciones por ningún motivo con las provincias (Williams, 2000 [1920]: 144-145). Esto implicaba no más otorgamiento de redescuentos a las entidades bancarias.

Mientras tanto, el público en Buenos Aires, temeroso ante la posibilidad de que los bancos no pudieran funcionar sin el gobierno como prestamista de última instancia, nuevamente se volcó en forma masiva a las ventanillas del Banco Nacional y del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El gobierno, entonces, decretó varios días de feriado bancario e intentó colocar un empréstito interno por 100 millones de pesos, cuyo producto líquido sería destinado al redescuento. Pero el resultado fue un fracaso. Solo se cobraron 28,5 millones de pesos (Terry, 1893: 192-193) y una gran parte de esta cifra “fue pagada con cheques del mismo banco para cuya asistencia se estaba emitiendo el préstamo” (Williams, 2000 [1920]: 139). El Banco Nacional y el Banco de la Provincia de Buenos Aires cerraron sus puertas a fines de abril de 1891, ante la imposibilidad de hacer frente a los retiros masivos de depósitos. La caída de estos grandes bancos oficiales repercutió en los bancos privados nacionales y extranjeros, provocándose un pánico financiero. Se produjo el quiebre del sistema bancario.

Poco después, por la ley del 16 de octubre de 1891, se creó el Banco de la Nación Argentina sobre la base del antiguo Banco Nacional. Los otros bancos –provinciales, nacionales privados y extranjeros– reabrieron sus puertas después del pánico financiero o al comenzar el siglo XX.^[10] Y a ellos se sumaron nuevos bancos, que fueron surgiendo en el flamante siglo.

De esta forma, se erigió un nuevo sistema monetario (la Primera Caja de Conversión) como respuesta a la crisis. El mismo estuvo compuesto por la Caja de Conversión, el Banco de la Nación Argentina y el resto de los bancos.

El libro tiene como objetivo estudiar el comportamiento de la Primera Caja de Conversión argentina desde su origen hasta su transformación final en Banco Central (1890-1935). Propone un enfoque institucional, analizando los cambios en las reglas del juego y el desempeño del sistema monetario. Incorpora además en el análisis las finanzas públicas.

En el capítulo siguiente (I), se describen las características del sistema de Caja de Conversión. Asimismo, se propone contestar la pregunta de por qué tardó más de una década en ponerse en pleno funcionamiento.

El capítulo II exhibe el éxito del modelo durante el período del Progreso (1900-1914). Se expresa que el boom de las cantidades exportadas de granos y carnes, los términos de intercambio favorables y el restablecimiento de las corrientes de capitales fueron factores claves para el buen desempeño del sistema.

Empero la situación cambió a partir de la Primera Guerra Mundial. El capítulo III muestra las transformaciones que experimentó el modelo, a los fines de hacer frente a las consecuencias provocadas por el conflicto bélico (1914-1918).

El capítulo IV explora el comportamiento del sistema en los años veinte (1919-1928). La vuelta a las reglas básicas del modelo y el decaimiento del sector bancario, producto de la caída de los precios de las exportaciones, fueron algunos de los rasgos de comportamiento.

El capítulo V (1929-1934) examina el nuevo alejamiento del modelo de las reglas básicas, con el propósito esta vez de hacer frente al impacto de la Gran Depresión. En este contexto de transformaciones que experimentó el sistema, tomó fuerza la idea de unificar las funciones bancocentralistas dispersas en los distintos organismos, a los fines de coordinar la política monetaria. Así, el capítulo VI describe la creación del Banco Central de la República Argentina y las nuevas reglas de juego.

El capítulo VII proporciona algunas reflexiones finales emanadas de este estudio sobre la Primera Caja de Conversión argentina. Estas reflexiones giran en torno a tres tópicos centrales: (1) reglas versus discrecionalidad monetaria; (2) la función de prestamista de última instancia; (3) la presión del Estado por financiamiento.

Por último, acompaña al libro una base de datos, titulada “La Primera Caja de Conversión argentina en cifras, 1901-1935”. En el Apéndice, se ofrece una pequeña descripción de la misma y cómo acceder a ella.