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3 Lo que no está prohibido,
¿está permitido?

La construcción social de la “desviación” en los usos y apropiaciones del espacio público

Agustina Márquez

Introducción

Desde la década de 1990, la Ciudad de Buenos Aires ha sido objeto de importantes transformaciones urbanas en un contexto de “urbanismo neoliberal”: un modo de gobierno con leyes, regulaciones, programas y políticas cuyo objetivo es reconvertir a las ciudades en espacios para la acumulación de capital (Theodore, Peck y Brenner, 2009; Wilson, 2004). Estos procesos se profundizaron a partir de diciembre de 2007, con el establecimiento de un gobierno local de orientación neoliberal, que implementó un modelo de gestión que ha promovido un tipo de desarrollo urbano basado en la extensión de los negocios inmobiliarios[1] (Di Virgilio, 2013; Rodríguez, Arqueros Mejica, Rodríguez, Gómez Schettini y Zapata, 2011).

Ahora bien, tal como señala Juliana Marcús en la “Introducción” de este libro, la dinámica de acumulación capitalista y la creación de plusvalías urbanas no suceden únicamente en una esfera económica autónoma, regida por sus propias leyes, sino que requieren de una articulación con relaciones sociales extra-mercantiles a las que movilizan con el fin de que se ajusten a las necesidades de reproducción y de expansión del modelo de acumulación. Para ello, el urbanismo neoliberal suele presentar dos características principales: la construcción de argumentos culturales, ambientales o patrimoniales que se traducen en la elaboración de narrativas legitimadoras; y de medidas paraurbanísticas a través de las cuales se disciplinan prácticas y usos con el fin de que se ajusten a los requerimientos del modelo de acumulación (Franquesa, 2007). De esta forma se configuran modos hegemónicos de hacer ciudad, que inciden en la distribución espacial de sus habitantes, en el acceso diferencial al territorio y en la definición de los usos legítimos e ilegítimos del espacio vinculados con la rentabilidad del suelo.

Estas transformaciones urbanas tienen su necesario correlato a nivel microsocial, en donde se conectan las acciones individuales y grupales con los sistemas de relaciones sociales. Por ello, en este capítulo nos proponemos contribuir con la comprensión de las formas en que se produce socialmente el espacio urbano en el nivel microsocial. La hipótesis de trabajo es que, al observar la producción social del espacio a nivel de las interacciones, podemos encontrar que operan lógicas de “etiquetado” (labeling) (Becker, 2009) de ciertos grupos sociales sobre otros en la definición de usos legítimos e ilegítimos del espacio urbano. Si bien la teoría del etiquetado ha sido generalmente utilizada para análisis relacionados con la criminología y la sociología del delito, consideramos que el esquema es fructífero para el análisis de los conflictos por el uso del espacio público, al permitir observar los modos en los que se construyen usos y apropiaciones consideradas “desviadas”.

Observaremos estos procesos para el caso de un conflicto urbano en particular:[2] una huerta comunitaria, la Huerta Orgázmika, que nació en 2002 en un espacio abandonado[3] del barrio de Caballito,[4] al calor de las asambleas barriales que proliferaron en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la crisis económica y social de 2001/2002, y que fue definitivamente desalojada en 2008 mediante un procedimiento policial de grandes proporciones y visibilidad mediática.

Para nuestro análisis seleccionamos una estrategia metodológica de tipo cualitativo a partir de una diversidad de fuentes: observaciones, entrevistas a referentes de organizaciones vecinales e instituciones barriales e integrantes de la ex huerta; documentos elaborados por los integrantes de la ex huerta y por el Gobierno de la Ciudad, artículos periodísticos, blogs de asociaciones y grupos de vecinos del barrio, medios de comunicación, documentales y fotografías.

El caso: La Huerta Orgázmika de Caballito

La Huerta Orgázmika fue un emprendimiento comunitario iniciado en febrero de 2002 sobre un espacio público abandonado[5] a la vera de las vías del Ferrocarril Sarmiento, perteneciente al Estado Nacional, a través de la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE), a escasos metros de la estación Caballito. Este terreno disponible representaba un espacio de “no-ciudad” (Delgado, 2003: 10), una región desalojada “entre las formas más plenamente arquitecturizadas, a la manera de intermedios territoriales olvidados por la intervención o a su espera”. Un espacio vacante con la potencialidad de ser un pleno “espacio vivido” –dimensión de la imaginación, de lo simbólico y de la búsqueda de nuevas realidades espaciales– en oposición al “espacio concebido”, estructurado, de los urbanistas y planificadores (Lefebvre, 2013).[6] De este modo, un terreno público inhabitado, lleno de “basura, escombros y plagas”,[7] que el urbanismo y las autoridades no habían terminado de definir y que se hallaba disponible para su apropiación, se recuperó y se transformó en una huerta urbana orgánica a partir de la iniciativa de una asamblea barrial –la Gastón Rivas–[8] que había nacido al calor de la movilización popular de 2001/2002.[9]

Mapa 1: Imagen satelital del área de la plaza Giordano Bruno,
la ex huerta y alrededores

Fuente: elaboración propia en base a Google Maps, 2017.

La huerta fue bautizada unos años después como “Orgázmika” y llegó a contener más de cien variedades de plantas.[10] Funcionaba, según sus participantes, como un lugar de encuentro y de experimentación en técnicas agrícolas ecológicas abierto a la comunidad. En palabras de una vecina no agrupada que residía en frente del espacio, allí “realmente se hacía un bien al barrio. Era un ambiente en el que se producía, cuando antes lo único que había era basura y ratas”.[11]

El espacio era autogestionado y autónomo; lo cultivado era consumido por los integrantes y compartido en ollas populares[12] realizadas los jueves en la esquina de Rojas y Giordano Bruno, a metros de la huerta. Un cronista relata respecto de la fisonomía del lugar:

Las plantas parecen libres, apenas guiadas. Esto está lejos de los sembrados lineales, militarizados, uniformes que muchos asociamos a la producción agrícola, al menos viendo las publicidades del Clarín Rural. Esta actitud ante el cultivo, de apariencia desprolija, más el aspecto y vestimenta de los libertarios que trabajan la tierra, hace que la Huerta Orgázmika, para ojos homogeneizados, parezca un lugar desordenado y caótico. En cambio, para los que en otros lugares vemos usura, contaminación, alienación, menosprecio por la gente, fauna y flora, además de una mayor concentración de dinero y poder para unos pocos; vemos en la Huerta Orgázmika un oasis que carga de energía, un lugar de encuentro, trabajo y descanso que demuestra que entre las grietas del contaminado asfalto gris puja la vida.[13]

Toda la producción de la huerta (alimentos, plantas aromáticas, ornamentales y medicinales con las que preparaban elementos curativos naturales) era realizada de modo completamente orgánico (sin utilizar pesticidas, herbicidas, ni abonos químicos), utilizando semillas ecológicas (no híbridas ni transgénicas) y basándose en técnicas de permacultura.[14] Mediante la reproducción de las plantas y el intercambio de semillas con otras huertas, participaban en la constitución de una red con otros emprendimientos similares en otros lugares de la ciudad, el país e incluso el continente. También se realizaban actividades culturales, talleres, encuentros: el proyecto se autodefinía como “social, cultural y educativo”.[15]

En el año 2003, la plaza contigua a la huerta queda formalmente inscripta en el registro de espacios verdes del Gobierno de la Ciudad mediante la Ley 1110/03.[16] A través de ella, la plaza Giordano Bruno resulta delimitada por la intersección de las calles Giordano Bruno, Parral y Neuquén, y queda afuera el vértice lindante a la calle Rojas, justamente el lugar donde estaba emplazada la huerta. Sin embargo, surgirá una disputa por el destino de ese espacio entre referentes de organizaciones barriales de la zona movilizados para conseguir el desalojo, el Gobierno de la Ciudad y los participantes de la huerta. Indica al respecto el referente de una organización vecinal:

La huerta no estaba dentro de la plaza. El límite de la plaza es la calle Colpayo y la huerta empezaba después de la calle Colpayo, con lo cual no estaba dentro. Pero aprovechando eso y una especie también de consonancia entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad, se permitió o se promovió la desintegración de la Huerta Orgázmika. (Referente de una asociación vecinal)

Si bien los huerteros habían logrado resistir múltiples órdenes de desalojo –incluso en gestiones de gobierno anteriores– con acampes, movilizaciones, petitorios e instancias judiciales (Marcús, Aquino, Benitez, Felice y Márquez, 2014), a partir de la asunción del Pro, comenzaron a implementarse con mayor virulencia medidas de cohorte paraurbanístico. Luego de una larga disputa judicial, llegó el final de la experiencia: en mayo de 2009 empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y oficiales de la policía irrumpieron en la huerta durante la madrugada y procedieron a realizar el desalojo por la fuerza nivelando las plantas con una topadora. La violencia ejercida en la madrugada del desalojo se volvió a expresar con mayor despliegue durante una manifestación que se realizó al día siguiente al Centro de Gestión y Participación (CGP) N° 6 en la que los participantes fueron reprimidos y perseguidos hasta el Centro Cultural La Sala,[17] donde la policía ingresó sin una orden judicial.[18] Un organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominado “Unidad de Control del Espacio Público” (UCEP),[19] la gendarmería y la policía reprimieron con palos a los jóvenes, lo que generó como resultado 22 detenidos que fueron hospitalizados por heridas. Cabe destacar que la UCEP ha sido caracterizada por organismos de control del ejecutivo y de defensa de los derechos humanos como un “organismo estatal con prácticas ilegales y paraestatales” (CELS et al. 2009), que ha sido denunciado por agredir a personas que se encontraban viviendo en la calle, a vendedores ambulantes y a cartoneros, imponiendo una visión muy sugestiva de lo que implica “controlar el espacio público”, liberándolo de usos y apropiaciones consideradas ilegítimas por el ejecutivo de la ciudad.

Imagen 1: La Huerta Orgázmika antes y durante el desalojo

Fuente: semillaesencial.blogspot.com

Consideramos que entre el nacimiento de este emprendimiento colectivo y el despliegue de medidas paraurbanísticas que llegaron a su máxima expresión a través de un desalojo con topadora, es posible encontrar toda una serie de procesos mediante los cuales operaron lógicas de marginalización y etiquetado sobre la huerta y sus integrantes, que posibilitaron y contribuyeron a ese desenlace. En los siguientes apartados, procuraremos exponer estos mecanismos.

Usos y apropiaciones “desviadas” del espacio público o la lógica del etiquetado

Preguntarnos por la producción social del espacio urbano implica interrogarnos por las tensiones y los conflictos que la configuran, así como por las relaciones y las interacciones sociales que la hacen posible. Dentro de las aproximaciones interaccionistas al mundo social, las investigaciones de Howard Becker han realizado aportes significativos. Uno de sus objetivos fue ampliar el campo de estudios de la desviación que hasta ese momento se había concentrado únicamente en el individuo desviado, al incorporar en el análisis a quienes etiquetan, crean y hacen cumplir las normas: “los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación y al aplicar esas normas a personas en particular y etiquetarlas como marginales” (2009: 28). En este sentido, la desviación no es una cualidad intrínseca del acto o comportamiento, sino que el acto se considera desviado porque ha sido etiquetado como tal. Es decir, la desviación es producto de una relación social, no es un atributo, es consecuencia de la interacción: etiquetados y etiquetandos son los dos términos de la ecuación.

En nuestro caso de estudio, los datos analizados nos permiten distinguir dos grupos claramente delimitados. Para identificar al primer grupo, recurriremos a la categoría de “vecinos”, es decir, a una figura que, al interior del discurso de la nueva gestión urbana, lejos de restringirse a la dimensión de la proximidad espacial y de los vínculos interpersonales, devino progresivamente el modo como se delimita al habitante medio de la ciudad y, más aún, al legítimo reclamante ante las autoridades locales (Hernández, 2013 y 2014). Observamos que estos vecinos están compuestos por un grupo heterogéneo de miembros de asociaciones vecinales, directivos de instituciones culturales y corporativas de la zona, referentes de periódicos barriales, entre otros. Como veremos, este grupo se constituye, en parte, como los etiquetandos, es decir, quienes atribuyen ciertos rasgos a una persona o grupo cuyas prácticas sociales no son, desde su perspectiva, legítimas. El segundo grupo es el de los huerteros, quienes conforman el grupo de etiquetados y, por lo tanto, no-vecinos.

Efectivamente, encontramos que varios de los discursos legitimadores de ciertas prácticas y punitivos de otras “desviadas” se basaron en esta distinción arbitraria entre quiénes eran los verdaderos vecinos y quiénes no lo eran. Se trata de una distinción fundamental: vivir en Caballito no equivale a ser vecino de Caballito. Ser vecino implica una definición moral: vecino es, desde la propia mirada del sujeto en cuestión, un tipo de residente ideal cuyas prácticas en el espacio público, forma de vestir, color de piel, clase social, etc. son acordes a lo normado. Se trata del residente de sectores medios que es reconocido por sus pares como legítimo habitante del barrio, el que merece vivir en él (Oszlak, 1991). Podemos observar que la configuración identitaria del vecino supone la existencia de una alteridad (no-vecino) necesaria para la construcción de la diferencia (Marcús, 2014): los okupas, los cartoneros, los habitantes de asentamientos, los indigentes, los huerteros, si bien pueden ser próximos espacialmente debido a que viven y transitan por el mismo barrio donde habitan los vecinos, no lo son en términos simbólicos. Es decir, no son reconocidos como residentes o usuarios legítimos. En este sentido, es clave comprender que el proceso de etiquetado no se da en el marco de una relación horizontal. Por el contrario, es fundamental en términos explicativos que exista un diferencial de capitales y, por lo tanto, de poder entre quienes condenan y quienes son condenados.

Ahora bien, se puede argumentar que no todos los vecinos legítimos se constituyen como etiquetandos, es decir, pretenden a través de sus prácticas etiquetar y estigmatizar a los huerteros. De hecho, algunos de los vecinos entrevistados –referentes de asociaciones vecinales, pertenecientes a los sectores medios de Caballito y legítimos habitantes– relataron haber apoyado a la huerta en contra del desalojo y mostraron percepciones más o menos positivas respecto a ciertas actividades y prácticas llevadas a cabo en el espacio. Sin embargo, se desprende de los datos analizados que quienes estaban a favor (o, al menos, no en contra) constituían una minoría, mientras que aquellos que se oponían, además de ser más, eran muy activos para lograr el desalojo.

Otro mecanismo fundamental en la teoría del etiquetado, mediante el cual se construye socialmente la desviación, es la asignación de “rasgos maestros” y “rasgos auxiliares” por parte de quienes etiquetan. El rasgo maestro implica que “la posesión de un rasgo desviado puede tener un valor simbólico generalizado, de forma tal que la gente presupone automáticamente que su poseedor también tiene otros rasgos [auxiliares] indeseables asociados” (Becker, 2009: 52).[20] En relación con los huerteros, si bien podemos ubicar a la práctica de usurpación como el rasgo maestro (como ampliaremos más adelante, es la razón jurídica que esgrimen el Gobierno de la Ciudad y los vecinos más enfurecidos para expulsarlos), existe toda otra serie de atributos (auxiliares) que se les aplican tanto a las personas en cuestión como a sus prácticas. Además de “punks jorobados” y “gente de otros lados”, el repertorio de adjetivos incorpora los rasgos “hippies roñosos”, “ruidosos”, “mugrosos”, “sucios”, “se visten raro”, “la huerta es un foco de dengue”, “drogones”, entre otros. En particular estos dos últimos jugaron un rol decisivo en la aplicación de la norma en las instancias del desalojo.

En una línea similar a nuestro trabajo, en su estudio sobre prácticas agrícolas urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, Gallardo Araya (2015) observó que, en el caso de la ex huerta Orgázmika, los vecinos verbalizaban sus diferencias con los participantes bajo la categoría de hippies, produciendo operaciones de estereotipación vinculadas al color de piel, al olor y a la vestimenta de sus miembros. De este modo, el grupo de huerteros era pensado como una corriente cultural, social y generacional homogénea, cuando en realidad tenían diferentes ocupaciones, edades, capitales y trayectorias: en sus comienzos había estudiantes secundarios y universitarios, jubilados, desempleados, empleados calificados y cuentapropistas, personas que vivían en la calle, entre otros.

Además de la caracterización de los huerteros como “usurpadores”, otra forma de etiquetar fue la de negar crédito a las actividades que allí se desarrollaban, tildándolas de “falsas”, restándoles valor social y cultural. Desde estas posiciones, no se trataba de actividades productivas, ni de un espacio conquistado a través de la lucha, sino de un espacio para “cierto tipo de gente”, es decir, gente diferente, ilegítima e ilegal. Las declaraciones de una vecina referente de la Asociación de la plaza Giordano Bruno resumen algunas de estas cuestiones:

–Ese espacio [señala a la Huerta] es un espacio que también pertenecería a la plaza Giordano Bruno. La Huerta Orgázmika es un espacio usurpado, no es un espacio que lo pelearon, lo lucharon, lo pidieron y lo ganaron. De productivo, o de educativo, o de lo que fuera, no tiene nada. Es para un cierto grupo de gente. ¿Ustedes saben lo que es una huerta orgánica, verdad, orgánica?

–Sí, sí.

–¿Saben lo que es? Bueno, esto es una huerta orgásmica para ellos, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Acá no vienen chicos a estudiar y a ver cómo se planta una planta, cómo se germina una semilla. Son un grupo de personas que se metieron allí y bueno, plantarán alguna que otra verdura. (Vecina organizada en asociación vecinal) [La cursiva es el énfasis de la entrevistada]

Destacamos que, desde la perspectiva de algunos vecinos legítimos, se produce un giro en la percepción y la valoración de la huerta a lo largo del tiempo. En sus inicios –en el marco de la movilización ciudadana post-crisis de 2001– era aceptada e incluso valorada positivamente. Sus integrantes eran definidos por estos vecinos como “chicos del barrio”, que “hacían trabajo social”. En algunos de los relatos, la huerta pasa a ser posteriormente desviada cuando se incorpora “gente de otros lados”, “otra clase de jóvenes, más punks, más jorobados” que deben ser desalojados. Así lo enuncia el relato de una vecina activista en una organización barrial de Caballito al ser consultada por los orígenes de la huerta Orgázmika:

–¡Ah, esa huerta, la mamé! Te voy a decir, la huerta es un tema que para muchos lo pueden ver a favor o en contra, hay opiniones a favor y en contra. Al lado de mi casa se hizo en una casa viejita, alquilada, un centro cultural, hermoso… Hermoso, porque era con muchachos jóvenes, de la edad de nuestros hijos, […] yo fui y ayudé a armar la biblioteca, ayudamos a pintarla, la mamamos y acompañamos a los jóvenes que hicieron eso. […] Los grandes festivales, incluso han venido a tocar chicos del centro cultural, […] todo en la placita.

– ¿Eso en qué año?

–Antes del 2000, durante el 2000, porque duró muchos años. La huerta surgió…, al pasar al 2002, estos chicos fueron creciendo, y en el 2002 cuando mataron a Kosteki y Santillán, en la época de Duhalde, que mataron a ese motoquero, un tal Rivas, empezaron a venir otros chicos tipo punk, medios [pone cara de desagrado]… a engrosar el centro cultural y a hacer festivales más grosos. […] Ahí empezaron a venir otra clase de jóvenes, más punk, más jorobados. Todavía no estaba la plaza, tomaron el terreno detrás de estas casitas. (Vecina activista de una organización barrial)

Ahora bien, ¿fue efectivamente lo que produjo un cambio en las percepciones de los vecinos legítimos respecto de los activistas de la Huerta Orgázmika el hecho de que se hubiera incorporado “gente de otros lados”, “más jorobada”? ¿O en todo caso lo que se produjo fue un cambio en las categorías de evaluación de los sectores medios respecto de diversos colectivos movilizados durante la crisis de 2001/2002? Al respecto, otras investigaciones han dado cuenta de la ruptura de la alianza entre sectores populares y medios post-crisis. Para explicarla, Svampa (2004 y 2007) menciona la existencia de demandas ambivalentes y hasta contradictorias: por un lado, había un llamado a la solidaridad y a la autoorganización social; por otro, la crisis expresaba también un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad frente al quiebre de las instituciones básicas y la amenaza de disolución social. De este modo, mientras en 2002 tendió a imponerse la demanda de solidaridad, desde principios de 2003 se produjo un declive de las movilizaciones hasta que la exigencia de normalidad se fue imponiendo como corolario. De este modo, una interpretación posible es que los vecinos legítimos de Caballito habrían sido solidarios con los huerteros durante la crisis; luego, una vez restaurado el orden institucional, la huerta habría empezado a representar el “desorden” y sus miembros, “elementos disolventes” que había que expulsar para retornar a la “normalidad”.

De hecho, una de las características del colectivo huertero es una posición política “anti-sistema”, en estrecha continuidad con el ideario de la movilización popular de 2001/2002. Desde la perspectiva de los propios sujetos etiquetados, descubrimos que quienes participan de estas actividades consideradas –por otros– desviadas comparten el problema de que su opinión sobre ellas no se ajusta a la mirada del resto de la sociedad. Éste es otro elemento constitutivo de la teoría de la desviación: desde la propia perspectiva de los etiquetados, su estilo de vida es deseable y correcto y, por lo tanto, hay una autopercepción de los “infractores” a la norma de ser juzgados injustamente:

La huerta es un espacio que ha sido recuperado para generar otro tipo de relaciones entre lxs seres vivxs, es algo que va en contra de la lógica dominante consumista y el plan de la ciudad. Es un espacio donde la interacción, la diversidad, la autonomía florecen (Activista de la Huerta, Comentario en el Blog del emprendimiento).[21]

Imagen 2: Entrada a la huerta por la calle Rojas previo al desalojo

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Fuente: indymedia.org

Incluso construyen tanto ideologías como argumentaciones complejas para explicar por qué tienen razón y por qué los otros –los que etiquetan, acusan y denuncian– están equivocados.[22]

Para que hubiese delito de usurpación, nosotros tendríamos que estar teniendo una conducta que esté específicamente tipificada bajo la figura de la usurpación. ¿Y qué dice la usurpación? Que tiene que haber violencia, que tiene que haber clandestinidad, o sea que tiene que haber un montón de elementos que acá no se dan. Todo lo que no está prohibido, está permitido. Entonces tiene que estar claramente, expresamente, prohibido, tipificado por alguna ley que no se podría, supuestamente, limpiar. Pero si es un derecho constitucional, entonces, lo que hicimos está correctísimo (Activista de la huerta).[23]

Estas argumentaciones, que habían alcanzado un estatus técnico-jurídico, habían sido incorporadas por los miembros de la huerta en un contexto de intentos reiterados de desalojo, con la finalidad de legitimar y legalizar la ocupación de ese espacio. Es decir, el proceso de etiquetado y de construcción de la desviación no se realizó sin resistencias, sino que se produjo en un contexto de fuertes tensiones entre diferentes visiones del mundo.

La iniciativa moral vecinal y las asociaciones vecinales como empresa moral

Según Becker, lo más frecuente es que las normas se apliquen solo cuando algo desencadena su aplicación. Esa aplicación se basa en tres elementos: iniciativa, publicidad (es decir, hacer pública la violación de la norma, dar alarma) y beneficio personal. En este caso hallamos los tres: una persona (o varias personas o grupos) que tiene intereses en juego toma la iniciativa y da la voz de alarma acerca de una norma que está siendo violada. Veamos en qué modos se imbrican estos elementos.

En principio, tenemos una norma preexistente: las leyes que tipifican el delito de usurpación. Si bien los vecinos en juego no están buscando la creación de una nueva norma, sí están buscando la aplicación de una existente. En cuanto al interés personal, podemos afirmar a partir de los datos que las asociaciones vecinales más activas en cuanto a la promoción del desalojo habían obtenido, obtenían o buscaban obtener beneficios por parte del Gobierno de la Ciudad: periódicos que lograban pautas publicitarias, referentes que conseguían empleos o posiciones dentro del partido gobernante, reconocimiento de pares, entre otros. Con esto no queremos decir que la búsqueda de beneficio personal fuera el único ni el central motor de la iniciativa. De hecho, buscamos exponer en el apartado anterior que las valoraciones y las construcciones simbólicas por parte de los vecinos legítimos respecto de las prácticas en el espacio son los elementos principales de la construcción de la desviación de los huerteros.

La desviación “o sea, una mala acción etiquetada públicamente como tal es siempre resultado de la iniciativa de alguien” (Becker, 2009: 181). Una vez que la regla existe, debe ser aplicada a ciertas personas para que la marginalidad se instituya. Estos procesos son constitutivos, desde nuestra perspectiva, a la censura y proscripción de determinados usos sociales de la ciudad, disfuncionales a los grandes capitales.

En este caso, la iniciativa se constituyó a través de las denuncias realizadas por vecinos independientes y agrupaciones. Dentro de las asociaciones vecinales, algunas de las que más activamente se movilizaron para que los funcionarios desalojaran finalmente la huerta habían sido la “Asociación Caballito Puede”, la “Asociación de Amigos de la Plaza Giordano Bruno” y los periódicos barriales “Caballito te quiero” y “Horizonte”. De hecho, el propio director del Centro de Gestión y Participación (CGP) Nº 6, Marcelo (alias “Topadora”)[24] Iambrich, coordinó el primer encuentro constituyente de la “Asociación Caballito Puede” cuyo eje fue el tema de la seguridad (Privitera Sixto, 2015). En reuniones con diversos funcionarios del Gobierno de la Ciudad, referentes de esta asociación expresarían su preocupación por un sector de la plaza Giordano Bruno que, según ellos, estaba siendo “ocupada ilegalmente por la autodenominada Huerta Orgázmika”.[25] Respecto de la participación de estos actores en el desalojo, un integrante de la huerta expresaba que se habían enterado incluso antes que ellos del procedimiento policial:

O sea, legalmente, para hacer un desalojo tiene que ser de día y esto eran las cuatro de la mañana. Estaba… había medios de comunicación. Se ve que les avisaron, ¿no? Lo tenían todo armado. Estaba bocha de policía, la UCEP, estaba Marcelo Iambrich que es –era en ese momento y sigue siendo– el director del CGP. Estaba bueno… los vecinos estos, fachos, de Horizonte Caballito, Caballito Te Quiero, los periódicos barriales, que también estaban. Casualmente se enteraron antes que nosotros (Activista de la huerta) [La cursiva es el énfasis de la entrevistada].

Más allá de su efectividad, es importante mencionar que las asociaciones vecinales de Caballito distan mucho de ser un colectivo organizado con alta participación vecinal. Están constituidas por un puñado de personas y en algunos casos son únicamente dos o tres participantes activos. Así lo relatan los entrevistados respecto de sus propias asociaciones y las de otros vecinos. Sin embargo, tienen una importante visibilidad, capacidad de “dar alarma” y pueden nuclear a un número importante de personas en momentos críticos a través de manifestaciones, junta de firmas, movilizaciones. En muchos casos tienen vinculaciones con partidos políticos u organizaciones sociales de mayor alcance.

Afirmamos que los referentes de estas asociaciones vecinales son “emprendedores morales” (Becker, 2009). Toman la iniciativa, definen nuevas normas o logran aplicar las existentes, impiden la sanción o aplicación de otras contrarias a sus intereses y a los de sectores de habitantes del barrio que representan. Logran la creación de normas que declaran bienes patrimoniales, tipifican usos del suelo, crean espacios verdes, entre otros, y a través de estas normas determinan usos legítimos e ilegítimos del espacio urbano. Si bien no definen grupos de marginales (outsiders) por sí mismas como en el tipo ideal de Becker (prohibicionistas), las definiciones sobre los usos permitidos del espacio urbano y el espacio público funcionan en muchos casos como mediadores en el proceso de etiquetamiento de esos grupos, ya que establecen usos “desviados”. Con esto no queremos decir que el objetivo de las asociaciones en la consecución de una norma termine definiendo en todos los casos a un grupo como desviado;[26] tampoco que toda norma sobre los usos del suelo emane de estas asociaciones. Solo queremos señalar que a través de la sanción de normativa que precise los usos legítimos de los ilegítimos del espacio urbano, las asociaciones están en condiciones –y en muchos casos lo hacen– de definir actos desviados. El análisis de cada caso particular podrá echar luz sobre las consecuencias de las diferentes empresas.

Estos emprendedores son, como en los ejemplos de Becker, trabajadores a tiempo completo. Dedican su vida a la causa en organismos públicos relacionados con cuestiones vecinales o en la gestión de instituciones corporativas, sociales o culturales. Tienen la particular característica de no necesitar recurrir a expertos, sino que ellos mismos se constituyen como tales, debido, justamente, a destinar gran parte de su tiempo a la actividad vecinal. Son especialistas en enviar notas, pedidos, reclamos; circulan por la legislatura, los Consejos Consultivos Comunales, los medios de comunicación y las redes sociales. Saben de leyes, normas; son técnicos en códigos de planeamiento urbanos y en informes de impacto ambiental.

Al respecto, el principal argumento legal que esgrimieron contra el funcionamiento de la huerta fue que los terrenos sobre los que estaba emplazada formaban parte de la plaza y estaban siendo intrusados, a pesar de que –como hemos mencionado– el límite catastral de la plaza llegaba hasta donde comenzaba la huerta, es decir, huerta y plaza no se superponían.[27] Así lo expresaba una referente vecinal:

Justamente los vecinos están pidiendo que ese espacio sea cedido para terminar la obra de la plaza Giordano Bruno. La mayoría de los vecinos, primero, no están conformes porque fue un espacio ganado a pulmón con la lucha, ya te digo, de muchos años de gente que trabajaba pidiendo que todos los terrenos del Estado pasaran a la ciudad para ser espacios verdes públicos (Vecina organizada en asociación vecinal).

Estas operaciones también contaron con el elemento publicitario, que fue bastante considerable para tratarse de un conflicto de escala vecinal. La publicidad consistió en notas periodísticas en medios barriales, pero también en medios de alcance nacional como el diario Perfil y América TV donde se denuncian los supuestos “peligros” de la huerta: “es un foco de dengue, de drogadictos y olores pestilentes”. En una nota periodística, que fue denunciada como espuria por parte de los integrantes de la huerta, publica el Diario Perfil:[28]

Vecinos molestos. Algunas de sus imputaciones apuntan a que en la huerta muchas veces se pasan películas hasta altas horas de la madrugada, se producen ruidos molestos, que “hay olor a marihuana” y que no se respetan las más mínimas normas de limpieza, a pesar de que el lugar se emplaza a pocos metros de la prolija plaza Giordano Bruno. Además, que usurparon tierras que no les pertenecen.

Esta publicidad previa al operativo del desalojo fue parte del proceso de estigmatización y de etiquetamiento de este grupo. Incluso posteriormente al desalojo continúan apareciendo estos rasgos auxiliares a la usurpación en varios medios a través de las declaraciones de funcionarios públicos, en las que se invoca a un discurso experto y neutral para justificar el desalojo. Según palabras de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que declararon en los medios de comunicación acerca de las razones de la expulsión, se argumentó “riesgo ambiental y sanitario” porque había una bañera con plantas acuáticas donde podrían criarse mosquitos. Estos datos se basan en supuestos informes de la Defensoría de la Ciudad y el Instituto Pasteur[29] que no están disponibles en los sitios de difusión de información pública del Gobierno de la Ciudad. Ninguna referencia se hace en los medios a un decreto firmado por el entonces Jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, donde las razones esgrimidas eran pura y exclusivamente aquellas vinculadas con el delito de intrusión.[30]

Espacios recuperados versus espacios intrusados: acerca de la legitimidad del uso y la ilegitimidad de los usuarios de los espacios públicos abandonados

Paralelamente a la creación de la Huerta Orgázmika, a comienzos de 2002, un grupo de vecinos del barrio que formaban parte de la asamblea barrial Caballito[31] impulsó la recuperación de un gran galpón en desuso, ubicado en la ex playa de Cargas Caballito (otro espacio de no-ciudad) que forma parte de los ex terrenos ferroviarios pertenecientes a la ADIFSE. Luego de ese impulso colectivo, la asamblea abandonó el proyecto y un grupo de cinco “personas de la cultura” que conformaron una asociación civil concentraron la iniciativa para convertir ese espacio en un importante centro cultural bautizado como “La Estación de los Deseos” que al día de hoy sigue –en términos de uno de sus referentes– “incubando” proyectos artísticos. Más tarde los participantes originales fueron abandonando la empresa, quedando uno de sus impulsores como principal gestor. El espacio consiste en un predio de grandes dimensiones con una nave de 1200 metros cuadrados que se encontraba, previamente a su ocupación, en absoluto estado de abandono y que actualmente cuenta con un auditorio para más de trescientas personas, una sala de grabación, cuatro salas insonorizadas con capacidad para treinta o cuarenta músicos, un ala dedicada a talleres de realización y de artes plásticas y un estudio de danza, entre otras instalaciones.[32] Al ser consultado por el surgimiento de la iniciativa, su principal referente relata:

Yo en ese momento formaba parte de una Asamblea con la cual empezamos a gestionar esto. Pero en el momento de estar cerca de que se concretara, la asamblea eh… Porque digamos: el espacio se iba a autorizar para el uso de un montón de organizaciones, [eso era] lo que iba a pasar teóricamente. En la práctica para mí lo que iba a pasar era que cuando tuviéramos que venir a laburar, lo más probable es que fuéramos seis que nos tuviéramos que romper el alma y que no iba a haber ninguna organización. Entonces las discusiones en la asamblea fueron que íbamos a estar con organizaciones y con partidos políticos que no son afines, la asamblea decidió no participar y yo armé una convocatoria a la gente de la cultura para ir desarrollando el proyecto y empezar el laburo. (Referente del centro cultural)

Desde sus inicios, el centro cultural ha tenido una autorización oficial para el uso del predio. Otros reconocimientos oficiales fueron declaraciones de interés cultural por parte del Congreso de la Nación y la Legislatura de la Ciudad.[33] Este hecho nos permite observar que, ante la violación de la misma regla en dos casos diferentes, la ley puede ser aplicada en uno y no ser aplicada en el otro. En términos de Becker, la ley existe, pero no debe ser aplicada para todos por igual: hay discrecionalidad. De este modo, mientras el espacio de la huerta es “intrusado”, el de este centro cultural es “recuperado” según la mayoría de los entrevistados. Así lo describe una activista de una asociación vecinal:

Ese muchacho, empezó junto con nosotros con el galpón, y ahora no sé si lo fuiste a visitar, lo que es eso. Andá, es un ejemplo. ¿Ves? Ese lo expropió y ganó, porque ahora lo consideran el galpón de los deseos y que sé yo, de arte, de un montón de cosas. Se hacen un montón de actividades hermosas, lo felicito (Activista de una organización vecinal).

Es decir, la desviación se hace efectiva según quién o quiénes sean los que llevan adelante las prácticas que se desvían de la norma. En el caso del centro cultural, se trataba de un “espacio recuperado” por “personas de la cultura”, vecinos legítimos que habían transformado un espacio abandonado en un “ejemplo” a seguir y realizaban “actividades hermosas”; en el caso de la huerta, un “espacio intrusado” por “drogadictos” y “okupas” que realizaban actividades que “de productivo, o de educativo […] no tienen nada”. Incluso un referente del espacio cultural “recuperado” desvaloriza el proyecto de la huerta, que surgió en un contexto político y social similar y produjo, al igual que el suyo, la transformación de un espacio público abandonado en uno plenamente vivido. Según este vecino,

no teníamos relación [con la huerta], eh… no, tampoco creo que fuéramos por los mismos caminos, ellos estaban por el choripán social, me parece, tengo la sensación […] Veo diferencias sustanciales, me acuerdo del momento que nosotros empezamos con la recuperación de esto [refiere al espacio del centro cultural], y el hoy es como el día y la noche de lo que era. Y con la huerta también, está pensado con buenas intenciones, pero… yo más de seis personas nunca vi (Referente del centro cultural).

Una de las razones de esta arbitrariedad reside en que aquellos que están en posición de imponer, de crear y de aplicar normas, ocupan posiciones de mayor poder político, económico o simbólico. En este sentido, también sucede que una vez que la regla es creada “el grado en que un acto será tratado como desviado depende […] de quién lo comete y de quién se siente perjudicado por él. Las reglas suelen ser aplicadas con más fuerza sobre ciertas personas que sobre otras” (Becker, 2009: 32). En resumen, las normas no se aplican por igual, sino que, justamente, su imposición depende del sujeto o del grupo al que se sanciona.

A modo de conclusión

En este trabajo procuramos mostrar la utilidad que tienen las herramientas teóricas que propone la denominada “sociología de la desviación” o “teoría del etiquetado” desarrollada por Howard Becker para realizar una aproximación a las definiciones de los usos legítimos e ilegítimos del espacio urbano en el nivel microsocial. De este modo, observamos que los esquemas elaborados por el autor para definir la desviación pudieron aplicarse en gran medida en un caso de conflicto urbano por el espacio público en un barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Sugerimos que los procesos de producción social del espacio urbano no son independientes de la definición de usos legítimos e ilegítimos del espacio público por parte de los actores involucrados. Argumentamos que en la definición de esos usos como legítimos e ilegítimos operan lógicas microsociales a través de las cuales se etiquetan ciertos usos como “desviados” y, por lo tanto, se estigmatiza y se marginaliza a las personas que ejercen dichos usos. Consideramos que, a través de estos procesos de marginalización y de etiquetado, se allana el terreno para la expulsión de las personas y los grupos que llevan a cabo prácticas “desviadas” de la norma y que son disfuncionales a los intereses económicos de los grandes capitales inmobiliarios y de la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, propusimos la distinción entre “espacios recuperados” y “espacios intrusados” para hacer referencia a una misma práctica –la ocupación y transformación de un espacio abandonado de la ciudad– que resulta permitida o prohibida según la legitimidad o ilegitimidad de quiénes la llevan a cabo.

Referencias bibliográficas

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  1. Se trata de la gestión en la ciudad del partido político Propuesta Republicana (Pro), cuyo principal dirigente es Mauricio Macri, Jefe de gobierno de la Ciudad entre 2007 y 2015, y actual Presidente de la Nación. Su trayectoria se destaca por ser uno de los más acaudalados empresarios del país y ex presidente del club de fútbol Boca Juniors.
  2. Entendemos que la selección de una pequeña unidad social como objeto de investigación de problemas que se pueden detectar en una gran variedad de unidades sociales más amplias posibilita la exploración detallada y minuciosa de dichos problemas (Elias, 2003).
  3. El terreno donde habitó la huerta formaba parte de un conjunto de espacios vacantes en el barrio de Caballito, también constituidos por los ex terrenos ferroviarios y los terrenos aledaños en los que había funcionado la fábrica de harinas Morixe. Estos espacios habían sido definidos por los urbanistas, los Gobiernos nacional y local y por ciertos sectores de los “vecinos” como “terrenos en desuso, ociosos y vacantes” y, por lo tanto, disponibles para la construcción de viviendas y espacio verde, cuando en rigor se trataba de espacios que habían sido utilizados, practicados y vividos por dos recicladoras de cartones, dos asentamientos urbanos y la huerta comunitaria en la que se centra este trabajo. Para profundizar en los procesos de vaciamiento y (re)llenado en estos espacios y otros de la ciudad, sugerimos ver el capítulo de Juliana Marcús y Diego Vazquez “Vaciar, llenar, resistir: conflictos y tensiones en la producción de ‘vacíos urbanos’”, presente en este mismo volumen.
  4. El barrio de Caballito, ubicado en el centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, es un barrio de clase media. Los datos de la Encuesta Anual de Hogares del 2015 mostraban que el 82,1% de la población adulta tiene por lo menos secundaria completa y que se encuentra en séptimo lugar en la ciudad en términos de ingreso per cápita familiar. Junto con otros barrios ha sido objeto de un importante desarrollo inmobiliario desde los años noventa, donde la multivivienda destinada a sectores medios-altos y altos ha sido la principal inversión del sector privado en el mercado de la vivienda, lo que valorizó exponencialmente el precio por metro cuadrado (Cosacov, 2009).
  5. Según datos obtenidos en las observaciones, se estima la superficie del terreno en 10×40 metros aproximadamente.
  6. Para profundizar en el análisis lefebvriano de las dimensiones presentes en la producción social del espacio urbano, véase la “Introducción” de este libro.
  7. Esta caracterización surge del relato tanto de los integrantes de la huerta entrevistados como de otras entrevistas realizadas a “vecinos” nucleados en organizaciones vecinales donde se habla de un “baldío abandonado” y extractos de entrevistas realizadas a vecinos que vivían en la zona cercana a la huerta donde se hablaba de “un lugar sucio”.
  8. La asamblea Gastón Rivas fue una de las varias asambleas que funcionaron en el barrio de Caballito, cuyo nombre homenajeaba a uno de los activistas asesinados por las fuerzas de seguridad en los alrededores de la Casa Rosada durante las movilizaciones populares del 19 y 20 de diciembre de 2001, que provocaron la renuncia del por entonces Presidente de la Nación, Fernando de la Rúa.
  9. La crisis de 2001/2002 fue la más profunda de la historia argentina y abarcó la totalidad de la vida política, social, económica y cultural. A lo largo de esos años, se conformó, a través de la autoorganización social, un complejo campo multiorganizacional, caracterizado por el cruce entre actores sociales heterogéneos y el surgimiento de nuevas formas de acción colectiva (ahorristas, asambleas barriales, colectivos culturales, trabajadores de empresas recuperadas) que se añadían a los movimientos de resistencia ya existentes (como las organizaciones de trabajadores desocupados) y cuestionaban por completo el sistema institucional (Svampa, 2007).
  10. Fuente: “Proyecto Huerta Orgázmika de Caballito” (17/04/2007). Indymedia. Recuperado de: https://goo.gl/S5F1Ct
  11. Fuente: “La huerta virtual” (08/08/2009). Noticias Urbanas.
  12. Las ollas populares son instancias de participación comunitaria que buscan resolver la necesidad básica de comer, generalmente llevadas a cabo en el espacio público de forma abierta, a partir de la preparación de alimentos en gran cantidad que se comparten gratuitamente. Proliferaron en Argentina durante la crisis de 2001/2002, cuando importantes porciones de la población no contaban con recursos para satisfacer sus necesidades alimentarias.
  13. Fuente: “¡Viva la vida!” (marzo de 2009). Revista El Abasto. Recuperado de: https://goo.gl/6wsGPR
  14. La permacultura es un término acuñado por Mollison y Holmgren en 1978, que se define como un sistema de diseño agrícola y social para la creación de medioambientes humanos sostenibles, que no exploten ni contaminen y que simulen los patrones y las características observadas en los ecosistemas naturales: “Es la filosofía de trabajar con la naturaleza, no contra ella” (Mollison y Slay, 1994: 1).
  15. Fuente: “Proyecto Huerta Orgázmika de Caballito” (17/04/2007). Indymedia. Recuperado de: https://goo.gl/S5F1Ct
  16. Fuente: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N.° 1818.
  17. El Centro Cultural La Sala tiene una estrecha vinculación con la huerta; funcionaron como dos partes de un mismo proyecto colectivo.
  18. Fuente: Represión en la huerta (20/05/09). Noticias Urbanas.
  19. La UCEP fue creada mediante el decreto N° 1232 del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en octubre de 2008. El texto del decreto enuncia dentro de los objetivos del organismo el mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes; intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público, remoción de obstáculos en aceras, calzadas y espacios verdes; colaborar operativamente con el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en desalojos del espacio público; entre otros. (Fuente: Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 3045). Tal como enuncian el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires en un informe sobre el organismo, debe advertirse que el decreto permite a la UCEP, entre otras cuestiones, intervenir contra “usurpadores”, identificando así a personas que aún no han sido encontradas responsables de una contravención o delito por un órgano judicial, violando la Constitución Nacional (CELS et al. 2009).
  20. En los estudios de Becker, el rasgo maestro por excelencia es el de “delincuente”. Este rasgo lleva adosado otra serie de características auxiliares mediante las cuales se construyen estereotipos. De este modo, el etiquetado como delincuente será culpable de un delito hasta que demuestre lo contrario; no tendrá respeto por las leyes, lo que lo llevará a cometer otro tipo de violaciones legales; será vago, etc. Se trata de lo que, en Argentina, denominamos “portación de cara”.
  21. Fuente: “Sobre el periodismo abotonado” (25/02/2009). Blog de la huerta Orgázmika. Recuperado de: https://goo.gl/H3bG4h
  22. Es frecuente encontrar en los blogs y la web de la huerta manifiestos contundentes donde se cita, entre otros, a Zygmunt Bauman y Guy Debord, se argumentan justificaciones respecto del estilo de vida anti-sistema y se critica con vehemencia a la sociedad de consumo.
  23. Fuente: Documental audiovisual “Permitido/Prohibido” (2008). Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Realizado por Alejandro Durante, Bruno Saley, Estevan Pasqualis y Romina Varnerin.
  24. A través de una investigación de la justicia al accionar de la UCEP, llegó a medios de comunicación documentación proveniente de las computadoras del organismo donde aparece una sugestiva caricatura del director del CGP titulada “Marcelo ‘Topadora’ Iambrich” en la que conduce un tanque de guerra arrollando cogollos de marihuana sobre el epígrafe “Héroe de Caballito”. Fuente: La “ratio de eficiencia” (05/11/2009). Página 12. Recuperado de: https://goo.gl/S8VWzU
  25. Fuente: “Reclamo a funcionarios de temas prometidos” (18/02/2009). Página web de la Asociación Caballito Puede. Recuperado de: https://goo.gl/WSBDLZ
  26. Estas asociaciones logran en algunos casos limitar el avance del capital inmobiliario sobre determinadas áreas. Incluso dentro del caso estudiado, una gran cadena de supermercados había intentado adquirir parte del terreno que terminó siendo adjudicado para la construcción de la plaza Giordano Bruno, operación que fue frenada producto de la movilización vecinal.
  27. Esto se deriva de la Ley 1110/2003 de la CABA y del relato de varios entrevistados.
  28. Fuente: “Toman parte de una plaza y crean huerta ‘orgázmika’” (29/02/2009). Diario Perfil. Recuperado de: https://goo.gl/zUCv3C
  29. Fuente: “Otro desalojo con topadora” (19/05/2009). Página/12. Recuperado de:https://goo.gl/tExGRd
  30. Fuente: Decreto 447/09.
  31. En el barrio funcionaban tres asambleas diferentes: la ya mencionada Asamblea Gastón Riva y dos homónimas Asambleas Caballito, una con sede en el Parque Rivadavia y otra, de la cual surge el proyecto del centro cultural en los ex-terrenos ferroviarios, que se reunía en Plaza Irlanda. Fuentes: “Listado completo de Asambleas” (23/03/2002). Indymedia. Recuperado de: https://goo.gl/o7pntK, y “Cronograma de Asambleas de Capital Federal y Gran Buenos Aires” (28/10/2002). Periódico MU. Recuperado de: https://goo.gl/mzACNq.
  32. Fuente: “Cuando el ámbito se adapta a las ganas de crear” (07/12/2013). Página 12. Recuperado de: https://goo.gl/UwbzXk
  33. Declaración de la Legislatura de la Ciudad N° 448/2008 y Resolución del Congreso de la Nación sancionado mediante orden del día 1758 del 05/08/09.


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