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6 Entre la crisis y la recomposición[1]

Estructura de oportunidades políticas y acción colectiva contenciosa por la vivienda y la ciudad

Joaquín Benitez

Hay un lugar entre las torres modernas de concreto,
que nadie quede afuera, debería ser un decreto.
Le saco la careta a este gobierno y sus secretos.
¡Fuck! ¡No quiero más policías!

“Asado de Fa” – Sara Hebe

Introducción

En este capítulo nos proponemos relevar los balances y las percepciones que los referentes políticos y territoriales de movimientos sociales urbanos por la vivienda realizan del periodo 2007-2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), años en los que el poder ejecutivo local estuvo gestionado por el partido Propuesta Republicana (Pro) y liderado por el Jefe de gobierno Mauricio Macri. Nuestro objetivo es identificar y analizar aquellos aspectos que condicionaron las oportunidades para la movilización, la articulación de distintos actores y la presentación de sus demandas por un acceso más justo e igualitario a las áreas centrales de la ciudad. Así nos preguntamos: ¿cómo caracterizan las organizaciones este periodo para la reivindicación del acceso a la vivienda y la ciudad? ¿Pudieron las organizaciones fortalecerse, expandir sus bases de apoyo, crear alianzas y establecer planes de movilización y lucha a largo plazo? ¿Cuál fue su relación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)? ¿Qué desafíos y amenazas a la movilización tuvieron que enfrentar? ¿Cómo respondieron a aquéllas? ¿Cuáles fueron las conquistas posibles en este periodo?

En este trabajo pretendemos acercarnos al problema de la conflictividad urbana y la acción colectiva recuperando una serie de conceptos de las teorías de la oportunidad política. Para el caso de la CABA, los estudios existentes han tomado un conflicto urbano particular (desalojos, urbanización de villas,[2] espacio público, etc.) y han relevado los actores públicos, privados y sociales que disputan la ciudad, analizando las acciones y los discursos que estos actores presentaron en la esfera pública. Sin embargo, no hemos encontrado trabajos que brinden una mirada abarcativa sobre el fenómeno de la movilización por la ciudad, que puedan dar cuenta de la particularidad de disputar su acceso (frente a otras reivindicaciones como el género, el trabajo, el medio ambiente, o la participación ciudadana por nombrar algunos), y aquellos aspectos en común entre las distintas organizaciones que buscan soluciones particulares al problema de la vivienda y la ciudad. Es decir, el fenómeno de los movimientos sociales urbanos en la CABA no ha sido estudiado a partir de la bibliografía existente sobre movimientos sociales en general y movimientos sociales urbanos en particular. Creemos que del cruce del ámbito de los estudios urbanos y del estudio de la acción colectiva pueden surgir aprendizajes relevantes que expliquen mejor el estado actual de la lucha y la movilización por el acceso a la ciudad y a una vivienda adecuada.

Con este fin, entrevistamos referentes políticos y sociales de doce organizaciones movilizadas por el acceso a la vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La muestra estuvo compuesta por: una organización de personas en que viven en la calle (Proyecto 7), una organización de defensa de inquilinos formales (Inquilinos Agrupados), una organización que defiende a ocupantes de inmuebles e inquilinos informales ante desalojos (CIBA), dos organizaciones por la urbanización de villas y asentamientos de la CABA (El Hormiguero y Movimientos de Villas y Barrios Germán Abdala), una agrupación política con militancia en la Legislatura de la CABA (Colectivo por la Igualdad), dos organizaciones políticas y territoriales del barrio de La Boca (Organización Política y Social Los Pibes y La Boca Resiste y Propone), una organización política y territorial movilizada por problemáticas ambientales y espacios verdes en la CABA y el Gran Buenos Aires (Tierra para Vivir), una ONG que realiza litigio estratégico por derechos sociales en villas de la CABA (ACIJ) y dos organizaciones que nuclean cooperativas de vivienda (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos y Movimiento Territorial de Liberación). Esta muestra fue construida de forma intencional, intentando abarcar la mayor variedad posible de problemáticas urbanas y habitacionales, así como también de formas organizativas ligadas a los sectores populares en la CABA. De forma que en esta muestra incluimos organizaciones políticas y territoriales, ONG, partidos políticos, cooperativas de vivienda y organizaciones de segundo grado, con distintas trayectorias en el tiempo: mientras las más antiguas pueden rastrear sus orígenes a principios de la década de 1980, las más recientes terminaron de tomar forma durante 2014 y 2015. No es la representatividad del universo de organizaciones políticas y territoriales de la ciudad aquello que guió la selección de casos, sino el interés teórico que podría aportar a la investigación. Las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas entre finales de 2015 y finales de 2016, a partir de una guía en la que se invitaba a los referentes a describir el origen de la organización y las distintas luchas que llevaron adelante durante el periodo 2007-2015.

Elegimos estas organizaciones porque durante nuestro periodo de estudios protagonizaron alguna forma de movilización contenciosa por la vivienda y la ciudad. Entendemos por “movilización contenciosa” a aquellas formas de acción colectivas que implican la confrontación con autoridades públicas, afectar lo interesas de un tercero o la ejecución de una acción directa disruptiva (Tarrow, 2012). Hacemos referencia con este concepto al conflicto y al desafío colectivo que los movimientos sociales presentan al Estado y al resto de la sociedad. Creemos que “las formas contenciosas de acción colectiva son diferentes de las relaciones de mercado, de las presiones [institucionales] con fines políticos y de la política representativa porque confrontan a la gente común con adversarios, elites o autoridades” (Tarrow, 2012: 35). Usualmente, estas formas de movilización se presentan cuando los movimientos sociales no poseen los recursos (como dinero, organización y acceso al Estado) con los que cuentan grupos de interés y partidos políticos para obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas. Si bien muchas formas de movilización contenciosa incluyen la expresión de violencia y descontento, no debemos limitar nuestra atención a sus aspectos negativos porque siempre implican también la organización, la propuesta de soluciones y la creación de nuevos valores. En la actualidad, las organizaciones combinan la confrontación con la participación en las instituciones para maximizar sus posibilidades de éxito, de forma que la contención no supone un quiebre total, sino apenas una instancia más de la interacción entre las personas y las autoridades.

Realizamos esta distinción porque ciertas formas de acción colectiva por permanecer en la ciudad no implican necesariamente una forma de movilización contenciosa: es posible organizarse colectivamente para autoproveerse de servicios, vivienda e infraestructura sin entrar en conflicto con autoridades públicas o sin afectar los intereses de un tercero. Podemos imaginar el ejemplo de una cooperativa de vivienda: organizar un grupo de personas y construir de forma autogestiva un complejo de viviendas multifamiliar no implica un conflicto en sí. Especialmente si tenemos en cuenta que existe una ley en la CABA y un programa que debería proveer de créditos, suelo y facilidades a toda organización que persiga ese objetivo. No existiría en nuestro caso una movilización contenciosa. Sin embargo, si los miembros de dicha cooperativa deciden movilizarse públicamente pidiendo un mayor presupuesto o reformas en la ejecución del programa, en ese momento su acción colectiva sí implica una movilización contenciosa.

Un gobierno neoliberal realmente existente. Propuesta Republicana (Pro) en sus dos primeras gestiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Entre los años 2007 y 2015, la jefatura de gobierno local fue ejercida por el Ingeniero Mauricio Macri del partido Propuesta Republicana (Pro). Esto presentó un giro y una novedad en la política local, ya que por primera vez desde que se celebran elecciones para el poder ejecutivo de la ciudad,[3] éste fue ocupado por un partido que se autodefine como de derecha (Vommaro y Morresi, 2014). Las políticas urbanas aplicadas por este Gobierno han sido conceptualizadas como la implementación local del neoliberalismo realmente existente (Theodore, Peck y Brenner, 2009; Cravino y Palombi, 2015). Sus políticas han estado signadas por distintas formas de mercantilización del acceso al espacio urbano, profundizando procesos de valorización inmobiliaria que incentivan la expulsión de los sectores populares de las áreas centrales. Aun cuando existen continuidades de estas políticas con la gestión anterior de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman[4] (Rodríguez et al., 2011), la gestión del Pro entre 2007 y 2015 representó una intensificación de estas lógicas de neoliberalización del acceso a la ciudad, al mismo tiempo que introdujo elementos novedosos en la política urbana local, que pueden ser resumidos en cinco puntos:

1) la promoción de una alianza entre el sector público y los actores privados en todas las áreas del Estado […]; 2) la movilización de la fuerza dispersa en las ONG […] en torno a programas públicos, en especial en las áreas sociales […]; 3) la continuidad, y la potenciación, del atractivo de la ciudad mediante festivales, circuitos artísticos y espacios históricos, […]; 4) la defensa del status quo de deterioro de la salud y la educación públicas […]; 5) la transformación urbana que puso a disposición del mercado nuevas porciones de suelo urbano, junto con una inversión pública para el desarrollo de ciertas zonas, que aprovecharon los actores económicos más poderosos: una política que mejora el sur pero no siempre protege a sus habitantes (Vommaro, Morresi y Belloti, 2015: 183)

En este contexto, el GCBA desplegó una política de distritos económicos y productivos que buscó crear nuevas centralidades, al tiempo que facilitar la instalación de ciertas industrias y negocios. A lo largo de este periodo, los proyectos llegaron a ser siete: tecnológico, audiovisual, gubernamental, bio,[5] de diseño, de las artes y del deporte. Localizados en distintas áreas, pero con prevalencia en los barrios del sur y a establecerse cerca de la centralidad histórica de la ciudad,[6] no todos llegaron a expresarse plenamente en el territorio. Su suerte estuvo signada de forma dispar según las resistencias locales, los esfuerzos gubernamentales por consolidarlos y los intereses económicos involucrados. Estas políticas fueron acompañadas por el desarrollo en algunos barrios del sur de equipamientos que buscaron transformar usos del suelo residenciales en mixtos como lo fueron, por ejemplo, la Villa Olímpica, el microestadio o el centro de transferencia de cargas de Parque Roca (Cravino y Palombi, 2015). Algunos trabajos se han preguntado si el objetivo real de estas políticas se encuentra en la promoción y el desarrollo de áreas degradadas o si funcionan como un mero pretexto para la valorización del suelo y los negocios inmobiliarios (Lerena, 2014; Thomasz, 2010).

Desde comienzos de la década de 2000 y hasta la actualidad, la ciudad ha protagonizado un proceso de deterioro considerable de varios de sus indicadores habitacionales. Aun cuando no existen estadísticas oficiales totales para la población en villas y asentamientos en la CABA, sabemos que ésta creció en este periodo y que alcanzó los niveles más altos en su historia (TECHO, 2013; DGEyC, 2015; SECHI, 2016). En la así llamada “ciudad formal”, el déficit habitacional aumentó (Cosacov, 2012a; Mutuberría Lazarini et al., 2013), así como también el allegamiento y el hacinamiento. En cuanto a régimen de tenencia, el Censo de población, hogares y viviendas de 2010 (que se ubica casi en la mitad de nuestro periodo de estudio) registró por primera vez un descenso en el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda. En su lugar, crecieron los hogares que alquilan y aquellos que la habitan bajo regímenes de tenencia precarios. Al mismo tiempo, los instrumentos estatales para responder a estas necesidades fueron desfinanciados, subejecutados y fragmentados por el GCBA (Cosacov, 2012b; ACIJ, 2015; Mutuberría Lazarini et al., 2013), precisamente durante un periodo en el que la ciudad estaba protagonizando una espectacular valorización del mercado del suelo (Baer y Kauw, 2016; DGEyC, 2013a; 2013b), un proceso que si bien de por sí no explica la precarización de estos indicadores, sí señala las mayores dificultades que los hogares porteños tuvieron que enfrentar para resolver su necesidades habitacionales.

La estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales urbanos en la CABA

El deterioro generalizado del acceso a una vivienda digna en la CABA que describíamos más arriba, el vaciamiento de la política habitacional y la presencia de un gobierno local neoliberal no se ha traducido en una mayor y más fuerte movilización y protesta. Al entrevistar a referentes políticos y sociales de movimientos urbanos que disputan el acceso a la vivienda, encontramos que éstos refieren al periodo como un momento de “crisis y recomposición”, en el que las organizaciones se han replegado a su interior para realizar diagnósticos, recomponer sus fuerzas y realizar luchas de carácter “defensivo”. Describen un contexto político local cargado de elementos que dificultaron la movilización, que debilitaron los movimientos en el largo plazo y que cerraron oportunidades para la expresión política de sus demandas. A pesar de identificar este deterioro de las condiciones habitacionales de la ciudad y de haber realizado costosas movilizaciones por la urbanización de las villas y por más presupuesto para las cooperativas de viviendas, o de resistir el desalojo de familias de bajos recursos de inmuebles ocupados de hecho, las organizaciones político-sociales no han sido capaces de obtener por parte del Gobierno local políticas de vivienda que realmente respondan a las necesidades habitacionales de sus bases.[7] En suma, identifican el contexto político como adverso a sus reclamos, caracterizado contradictoriamente como un periodo en el que el descontento y las penurias ligadas a la dificultad para encontrar un techo se profundizaron, y al mismo tiempo signado por las amenazas y las dificultades para construir la movilización política.

En este sentido, la bibliografía sobre estudios de movimientos sociales nos ayuda a entender que “la protesta, el conflicto o la violencia no son respuestas directas a las tensiones producidas por el deterioro de las condiciones de vida que surgen de las macro-transformaciones político-económicas, sino que fluyen de procesos políticos específicos” (Auyero, 2002: 35, las cursivas son del autor). Es necesario entonces entender la estructura de oportunidades y amenazas políticas para la movilización (Tarrow, 2012; McAdam, 1999), es decir las complejas tramas contextuales que la favorecen (y que son aprovechadas por los actores sociales involucrados en un conflicto) como también las restricciones políticas que desincentivan dicha movilización (el ejemplo típico es la represión por parte de las autoridades). Hablar de “estructura de oportunidades políticas” no refiere a un modelo acabado o a una explicación mecanicista sobre las condiciones sociales e históricas que hacen necesaria la acción colectiva, sino a una serie de elementos y pistas que incluyen aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, pero también cómo los actores interpretan subjetivamente estas condiciones (Schuster, 2005).

Las oportunidades responden al contexto político externo al movimiento en sentido más amplio: cuál es el partido que se encuentra en el poder, cuáles son las sensibilidades de la época en torno al objeto de movilización, etc. Parte de la problemática también es que la oportunidad debe ser percibida por las organizaciones, por lo que la existencia de experiencias, aprendizajes, liderazgos y recursos son necesarios para que una organización pueda tomar ventaja de un momento que se torna favorable. En algunos casos, la movilización descubre (o crea) oportunidades de manifestación porque demuestran la debilidad de un actor político o estatal que hasta entonces se creía demasiado fuerte e intransigente, lo que a su vez puede generar las condiciones para que otros actores presenten también sus propias exigencias al sistema político, incluso si estas son contrarias a aquella que creó la apertura en primer lugar. Al mismo tiempo, no existe una única estructura de oportunidades, sino varias según las condiciones dadas para disputar ciertos temas o beneficiar a ciertos actores sobre otros, ya que la agenda de asuntos que pueden ser socialmente problematizados no es infinita. Estas condiciones favorables para determinados temas o problemáticas se encuentran en permanente cambio: para algunos se abren y para otros se cierran, por lo que ciertos autores las han entendido como “ventanas de oportunidades” (Gamson y Meyer, 1999).

Se le ha criticado a esta perspectiva su falta de sistematicidad, el carácter ad hoc y la referencia a variables distintas aportadas por los diversos autores que se apropiaron de este concepto (Ibíd.). Sin embargo, creemos con Schuster que el carácter radicalmente contingente de la acción colectiva demanda

pensar que estos factores se combinan de modos específicos y diversos en las protestas, por lo que su estudio exige un modelo que contemple la compleja combinación de estos factores. El modo específico de combinación explicativa y comprensiva es de carácter casuístico y como tal imposible de establecer una propuesta con pretensiones legaliformes (2005: 59).

Sin embargo, describir este periodo como una contracción en la estructura de oportunidades no implica sostener que la protesta por el acceso a la vivienda y la ciudad haya sido totalmente clausurada. Existieron múltiples conflictos urbanos en este periodo (y sobre los que nos adentraremos más adelante) en los que las organizaciones por la vivienda expresaron su descontento. Muchas de ellas sí han sido exitosas en sus reclamos, han obtenido exposición en los medios masivos de comunicación y una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades públicas. Con el concepto de contracción de la estructura de oportunidades queremos indicar que la acción se encuentra fuertemente desincentivada, que los costos políticos y sociales de la movilización y la protesta por la vivienda son altos antes (al movilizar vecinos y organizaciones aliadas), durante (para ser recibidos por las autoridades y presentar sus reclamos) y después (negociar una salida satisfactoria al conflicto para la organización). No concebimos la movilización solamente como una acción completamente racional de ajuste de medios a fines, en la que los actores ponderan los costos y los beneficios de una acción en la esfera pública (a la Mancur Olson y la teoría de movilización de recursos). Pero aun cuando la movilización puede estar motivada por principios de justicia o reivindicación identitaria, pueden existir elementos que conspiran contra ella. En suma, más que explicar causalmente identificando variables independientes, buscamos comprender las condiciones políticas y sociales que hicieron de la protesta por la ciudad una cuesta arriba durante este periodo.

En particular, deseamos comprender por qué a pesar de la constante conflictividad urbana que atravesó nuestro periodo de estudio, estas confrontaciones no lograron articularse en algo mayor, difundir el descontento urbano y abrir un ciclo de acción colectiva (Tarrow, 2012): un periodo de confrontación generalizada que permite a las organizaciones y movimientos sociales superar sus limitaciones estructurales y forzar al Estado a dar una respuesta. Estos ciclos son más que la suma de las consecuencias de la serie de acontecimientos desconectados que encontramos en la CABA, ya que en ellos los conflictos se intensifican, aumenta la movilización, surgen nuevos métodos de protesta y cambian los significados sociales en torno a la manifestación. En ellos la acción colectiva se extiende desde diversos sectores de la sociedad, incluyendo no solo a los movimientos y las organizaciones implicados en la apertura del ciclo, sino también a sus propios detractores o a grupos no relacionados.

La relación entre la estructura de oportunidades políticas y los movimientos sociales es “algo fluido, recíproco, impredecible y crucial. Estas estructuras limitan y facilitan, a la vez, la acción colectiva llevada a cabo por un amplio número de grupos” (McAdam, 1999: 67). Nuestro siguiente paso será relevar los elementos de esta estructura que son percibidos por las organizaciones entrevistadas como desincentivos a la movilización por la vivienda y la ciudad. Como emergentes en las entrevistas que realizamos a referentes políticos y sociales, se habrían presentado cuatro obstáculos para la difusión de la movilización contenciosa por la ciudad: a) la fragmentación y disgregación del campo de lucha por la ciudad, b) la dificultad para construir entramados organizativos más amplios, c) la represión de la protesta y el control social de la disidencia, y d) el problema del “sujeto colectivo” y la dificultad de construir espacios de militancia por la ciudad.

Fragmentación y disgregación del campo de lucha por la ciudad

Lo primero que surge al invitar a los entrevistados a hacer un recuento del periodo es el alto nivel de fragmentación y disgregación del campo de las organizaciones que reivindican el derecho a la vivienda y el acceso a la ciudad. Encontramos que esta desintegración no solo se expresa entre las distintas formas específicas de la problemática habitacional (villas, desalojos, abusos inmobiliarios, cooperativas de vivienda, etc.) sino también al interior de cada una de estas problemáticas (entre las distintas villas y las organizaciones que militan dentro de ella, entre cooperativas de vivienda, entre la militancia barrial en la llamada “ciudad formal”, etc.). A la pregunta por las posibles causas de esta fragmentación, una de nuestros entrevistados respondía:

por un lado, están metidos en proyectos concretos, cuando están metidos regularizando, cuando están metidos construyendo, hay una lógica cotidiana de la reproducción y de las cosas que resolver que toma bastantes energías. Y por otro hay una lógica de dispersión política según la cualidad y las características de los movimientos y que otros actores que no son del campo habitacional, […] articulan. (Referente del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)[8]

Este verbatim ilustra las dos causas principales que hemos encontrado en nuestras entrevistas. Por un lado, una lógica cotidiana de trabajo político, barrial y sectorial que configura distintas actividades según su demanda específica de ciudad y vivienda. La diversidad de formas que toma la problemática habitacional (desalojos, autoproducción de vivienda, regularización dominial, hacinamiento, etc.) y el alto nivel de fragmentación de la política habitacional para responder a ésta configuran necesidades políticas particulares de articulación que no siempre son compatibles entre sí. Entonces, mientras algunas organizaciones se vinculan con legisladores para obtener reformas en los cuerpos normativos de la CABA, otros negocian con el GCBA la ejecución de un programa social, o presentan una demanda conjunta ante el poder judicial con la asistencia de ONG. En algunos casos, como la movilización por la reurbanización de villas, esta fragmentación también es dificultada por la existencia de políticas diferenciales que el GCBA ha tenido hacia los distintos barrios (Cravino y Palombi, 2015). Las organizaciones de cada una de las villas encuentran difícil organizarse cuando algunas enfrentan la posibilidad de desalojos (como hasta el año 2016 la villa Rodrigo Bueno en Puerto Madero), otras se articulan por la reurbanización (como la villa 31 y 31 bis) y otras encuentran políticas de reurbanización reducidas a una “regularización salvaje”[9] (como la Villa-19 INTA). En el resto de las problemáticas habitacionales la situación es análoga: las instancias de articulación y de intercambio de experiencias son pocas, aun cuando cada organización responde a problemática parecidas en distintos barrios, ya sean los inquilinatos y hoteles pensión, los hogares en viviendas ocupadas, las personas en situación de calle o la organización de algún alquiler social colectivo. El clivaje en estos casos parecería ser territorial, ya que ninguna organización se propone alcanzar estas problemáticas en toda la ciudad. En su lugar prefieren especializarse en un barrio o zona particular, ya sea Constitución, el Abasto, La Boca, San Telmo o Parque Patricios.

La segunda causa se encuentra en la existencia de prácticas de militancia política y barrial vinculadas con actores externos al campo de la movilización por la ciudad y la vivienda. El estado local mediante la distribución de recursos para la conformación de cooperativas de trabajo, subsidios y ayudas económicas ha logrado obtener el apoyo de referentes barriales, revirtiendo la falta de presencia política del Pro en los barrios más postergados de la ciudad. Así nos relataban las implicaciones que este desembarco en los barrios del partido oficial de la ciudad tuvo en la Mesa por la Urbanización de la Villa 31:

su primera inserción en el barrio fue caer con punteros[10] importantes y armar muchas cooperativas en el barrio. Corriendo los ejes de lo que eran los representantes del barrio. La política en sí en el barrio no estaba muy instalada, menos desde el macrismo digamos, había muchos referentes del Frente para la Victoria, de izquierda, pero […] todos luchaban por la urbanización. De hecho, la ley de urbanización se arma con una mesa donde hoy cinco o seis de esos referentes […] son punteros del macrismo. (Referente de El Hormiguero)[11]

Como nos narra nuestro entrevistado, esta llegada del Gobierno local a la política barrial implicó un profundo corrimiento de las legitimidades territoriales y el desgarramiento de los tejidos interorganizacionales, de forma que muchas acciones e iniciativas quedaron truncas. En parte porque esta nueva presencia del Pro no fue construida a partir de la aparición de nuevos liderazgos locales vinculados con la militancia territorial de este partido. Por el contrario, ésta se realizó reclutando a referentes con cierta trayectoria política, dentro y fuera de las villas de la ciudad. Como nos relataba la referente de una organización con acciones judiciales por la provisión de servicios en el asentamiento del barrio de Chacarita, el vecino que encabezaba la lista del amparo judicial comenzó a militar en el partido oficial del GCBA, complicando el avance de la causa y forzando a la agrupación a establecer lazos con otros vecinos y referentes. Otros nos relataban que algunos referentes que participaron en el armado de la mesa de urbanización de la villa 31, debieron eventualmente abandonarla producto de la tensión entre su apoyo al oficialismo local y los reclamos que dicha mesa establecía hacia el GCBA.

Sin embargo, es necesario poner en cuestión esta nostalgia por un tiempo pasado de mayor solidaridad barrial que encontramos en el verbatim anterior y en algunas entrevistas realizadas. Siempre han existido líneas de tensión al interior de este campo que hacen que la unificación de las organizaciones por la ciudad no sea una cuestión de mera falta de voluntad o la irrupción del oficialismo local. Al mismo tiempo, como surge en muchas de las entrevistas que realizamos, es necesario no separar entre aquellas organizaciones que gestionan recursos recibidos del Estado y otras organizaciones supuestamente independientes y abstraídas de la problemática de la articulación con la política partidaria. En sus propias palabras:

Falta también bastante debate de la autonomía de los movimientos y de cómo vincularse. Y a veces dicen “no, si está hablando con tal, está atendiendo o resolviendo su propio ranchito” te dicen y jode al resto. Bueno, o “son acuerdistas”. [Pero] todos los movimientos gestionan de hecho. Gestionan de manera explícita y manera visible o no, pero no hay movimientos que se sostengan, me refiero a los que tienen vida a lo largo de años y que persisten en el territorio, […] sin tener algún tipo de interacción con distintos ámbitos del estado. Entonces eso está poco discutido, cómo es y qué se hace y para qué cosas y si eso condiciona o no la autonomía [de las organizaciones]. (Referente del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI)

Las experiencias que las organizaciones han desarrollado durante este periodo en el acceso al Estado dejan balances muy distintos según los momentos, los cargos o los puestos a los que accedieron en la estructura estatal y las posibilidades que presentaron para introducir cambios o novedades en las políticas urbanas de la ciudad. El Colectivo por la Igualdad,[12] por ejemplo, considera positiva la presencia de su líder y referente, Facundo Di Filippo, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como presidente de la Comisión de Vivienda entre los años 2007 y 2009. Allí, esta agrupación pudo trabajar en la sanción de varias leyes por la urbanización de villas de la ciudad. Estas leyes hicieron posible más tarde la judicialización de los conflictos por la urbanización. Sin embargo, para Inquilinos Agrupados[13] formar parte de la legislatura mediante el mandato de Fernando Muñoz (del partido Frente para la Victoria) durante los años 2014 y 2015 solo les permitió presentar de forma testimonial la problemática de los inquilinos. En sus propias palabras, la penetración de los intereses inmobiliarios en la legislatura es tan profunda que no fue posible más que realizar algunas actividades de visibilización de la problemática. Sus objetivos originales de proponer reformas legislativas en torno al alquiler de viviendas en la ciudad y regular el mercado de alquileres estuvieron muy lejos de ser cumplidos por el contexto legislativo adverso.

La dificultad para construir entramados organizativos más amplios

La dificultad para conformar coaliciones más amplias de organizaciones por la vivienda y la ciudad no es nueva en el escenario político local, sin embargo es una de aquellas cuestiones que se presentan como problemáticas para los referentes entrevistados. Esta dificultad para construir espacios más amplios y abarcativos es especialmente sorprendente si tenemos en cuenta las redes de intercambio y los encuentros informales que existen entre los militantes de las organizaciones por la ciudad y la vivienda. En nuestras entrevistas encontramos que los referentes conocían extensamente el trabajo de otras organizaciones y se referían a los miembros de dichos movimientos por su nombre de pila o sobrenombres, lo que permitiría pensar que existe cierta familiaridad y conocimiento personal de los mismos. Al mismo tiempo, también encontramos algunas organizaciones sociales de segundo y tercer grado específicamente movilizadas por las problemáticas urbanas: Habitar Argentina, el Congreso por el Derecho a la Vivienda y La Boca Resiste y Propone. Pero éstas eran limitadas en cuanto a sus alcances, la cantidad de organizaciones involucradas, las problemáticas urbanas y habitacionales abordadas, y particularmente en su permanencia en el tiempo.

A partir del análisis de las entrevistas se pueden identificar tres factores que hacen difícil la conformación y la permanencia de coaliciones más amplias entre organizaciones por la vivienda y la ciudad: a) diferencias políticas, entendido esto como la relación, la adhesión u oposición que los movimientos y organizaciones por la ciudad mantienen con partidos políticos; b) diferencias en prácticas organizativas; c) la ausencia de recursos y la fuerte presión que este tipo de iniciativas ejercen sobre las bases de militancia.

Esto puede encontrarse, por ejemplo, en la conformación y la posterior fractura del movimiento Villas al Frente, el cual es un caso paradigmático como coalición de organizaciones por la reurbanización de las villas de la ciudad. Conformado por varias organizaciones (Colectivo por la Igualdad, El Hormiguero, Frente Popular Darío Santillán,[14] Frente de Organizaciones en Lucha (FOL),[15] Movimiento Seamos Libres,[16] Los Invisibles,[17] Corriente Villera Independiente,[18] entre otros) durante 2013, fue disuelto al poco tiempo por diferencias en las formas de hacer política[19] y por la militancia que estas agrupaciones tenían en el arco político nacional: donde algunas formaban parte de algún tipo de organización ligada al Frente para la Victoria (FPV), otras pertenecían al Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) o a distintas organizaciones de la izquierda independiente. La experiencia de Villas al Frente tiene un balance positivo en las organizaciones que entrevistamos y formaron parte de ellas, según las cuales permitió la conformación de cooperativas de recolección de basura, que mejoraron significativamente las condiciones de higiene y habitabilidad de las villas de la ciudad, al tiempo que brindaron oportunidades de trabajo a sus vecinos.

Otro ejemplo es el Congreso por el Derecho a la Vivienda una organización social de segundo grado que funcionó durante cuatro años en la Ciudad y del que formaba parte CIBA[20] y Proyecto 7, dos de las organizaciones entrevistadas. El Congreso se organizaba como un frente en el que alrededor de unas diez organizaciones se articulaban para luchar y resistir ante distintos conflictos urbanos. Una vez al año, se desarrollaba el congreso en sí, el cual funcionaba a partir de plenarios como espacio de encuentro, de compartir experiencias y realizar balances de las distintas luchas de la ciudad. Sin embargo, hacia 2015 comenzaron a expresarse voces a su interior que proponían consolidar una estructura organizativa con una identidad propia, casi de una organización política. Algunas organizaciones no entendían que éste fuese el mejor futuro para el Congreso: entendían que éste debía seguir funcionando como tal. Si la propuesta era construir un nuevo tipo de organización política para disputar elecciones locales, debía de conformarse un nuevo espacio con sus propias lógicas. Estas discusiones confluyeron con el momento electoral de 2015, que forzó a las organizaciones a tomar pronunciamientos, desgastando y eventualmente disolviendo el espacio.

De los espacios de encuentro y articulación analizados, La Boca Resiste y Propone[21] es el único que pudo sostenerse a pesar de las diferencias políticas que existían en su interior. Surgido en el barrio de La Boca para la articulación de distintos actores en el reclamo de políticas coordinadas que respondan a la emergencia habitacional del barrio, el espacio está compuesto por actores de posiciones muy diversas (y hasta encontradas) en el espectro político. Cuando entrevistamos a uno de sus miembros, ella nos contó sobre la dificultad para mantener la organización unida durante 2015, año de elecciones a jefe de gobierno de la CABA y presidente de la Nación. No podemos proponer una explicación que dé cuenta de por qué La Boca Resiste y Propone logró superar las presiones ejercidas por una agenda electoral ante la que otros espacios de encuentro y articulación sucumbieron. Sin embargo, sí nos relató que existieron fuertes debates y se decidió ante las dificultades mantener la existencia del espacio para no perder el trabajo territorial realizado.

Podríamos sostener a modo de hipótesis que la dificultad de las organizaciones para construir coaliciones más amplias se encuentra en la falta de marcos de significación comunes. Desde la teoría de los marcos (Chihu Amparán, 2000; Snow, 2007), se han propuesto tres categorías para clasificar las producciones de sentido que las organizaciones sociales construyen en torno a su demanda (Benford, 1993): a) los diagnósticos (diagnosis), b) los pronósticos (prognosis) y c) los marcos motivacionales (motivational framing) (Snow y Benford, 1988). Los diagnósticos son aquellos sentidos que las organizaciones construyen alrededor de la identificación del problema, sus causas y quienes fueron los culpables o responsables de éste. Junto con el diagnóstico, las organizaciones elaboran también un pronóstico que refiere a cuáles y cómo serían las soluciones posibles al problema expresado en su reivindicación, quiénes deberían intervenir en dicha solución y las tácticas y estrategias que mejor responden a ésta. Finalmente, los marcos motivacionales, son los sentidos que se construyen sobre la manera de presentar el diagnóstico y el pronóstico para interpelar y movilizar apoyos, proveyendo de un lenguaje de motivos para movilizar la acción. Llegar a un acuerdo sobre la existencia de un problema y su mejor solución no produce automáticamente la adhesión y la movilización de la ciudadanía. Para ganar participación un movimiento debe desarrollar marcos basado en un vocabulario de motivos que interpele y “llame a las armas”. Entonces, parecería encontrar que mientras existe un amplio consenso entre las organizaciones sobre qué políticas o actores se encuentran detrás del deterioro de las condiciones habitacionales de la ciudad (es decir, el diagnóstico), no existen acuerdos ni sobre cuáles son las mejores herramientas de movilización y protesta (el pronóstico), ni la mejor manera de comunicar e interpelar a la ciudadanía la urgencia de responder a esta problemática (es decir sobre el marco motivacional). Sin embargo, nos gustaría presentar esta reflexión como una hipótesis o línea de investigación a explorar a futuro.

En este sentido se pueden interpretar las palabras de un referente de una organización de defensa de hogares inquilinos ante abusos inmobiliarios en la ciudad. Cuando le preguntábamos por el Frente de Inquilinos Nacional (FIN)[22] y un proyecto de ley de alquileres para presentar en el Congreso Nacional, nos relataba:

el desafío más grande que tenemos es tratar que los criterios de las organizaciones de vivienda sean más o menos los mismos y que estemos todos ahí atrás de dos o tres puntos fundamentales. Sea del carácter que sea la organización de vivienda. Digo, tenés a la gente de La Boca Resiste [y Propone], que tiene una pelea más por el espacio público y por la tierra en La Boca, después tenés [a Jorge] Abasto de CIBA que se encarga más de desalojos. Bueno, lo que nosotros estamos intentando es que todas las organizaciones, sean del palo que sean, empecemos a entender que hasta que no regulemos el mercado inmobiliario la situación de todos los sectores no va a cambiar, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo en dos o tres puntos y salir a militarlo en todo el país. (Referente de Inquilinos Agrupados)

La multiplicidad de organizaciones actuando en distintos aspectos de la problemática habitacional necesitarían, según este referente, acordar una serie de puntos mínimos y en común para construir alguna forma de articulación para regular el mercado inmobiliario. Sin embargo, construir un consenso de este tipo a nivel nacional o local no depende simplemente del resultado de la voluntad de las organizaciones: deben establecerse fuertes debates y discusiones, pero sobre todo invertir recursos (humanos, logísticos, comunicativos) que muchas veces las organizaciones no disponen.

La represión de la protesta y el control social de la disidencia

Otro elemento fuertemente disuasivo fue la represión y la criminalización sufrida durante este periodo por la protesta y las resistencias populares a los procesos expulsivos de la ciudad. El carácter de la propensión estatal a reprimir se encuentra en debate en la bibliografía sobre acción colectiva. Creemos con McAdam que se trata de una dimensión clave de la estructura de oportunidades políticas, aun cuando algunos autores lo definen como una “expresión general de la receptividad o vulnerabilidad de la estructura de oportunidades políticas” (McAdam, 1999: 55). De cualquier forma, consideramos insoslayable atender a los efectos disuasivos de la violencia en las formas de movilización aquí estudiadas, especialmente cuando el GCBA intentó (o logró) desactivar por la vía de la violencia varios de los conflictos urbanos que se sucedieron durante este periodo: la ocupación del Parque Indoamericano (Cravino, Palombi y Quintar, 2014), la resistencia al desalojo de talleres del Hospital Borda (González Redondo, 2015), la ocupación del Barrio Papa Francisco en el barrio de Lugano (Marcús, 2014), el desalojo de personas en situación de calle por parte de la Unidad de Control de Espacio Público (UCEP)[23] (Rodríguez et al., 2011), por nombrar algunos de los que fueron apareciendo en las entrevistas realizadas. Una encuesta realizada durante 2011 a 52 cuadros dirigentes políticos del Pro (incluyendo ministros, subsecretarios, legisladores y diputados), con el fin de medir su actitud frente a determinados valores políticos, sociales y culturales, arrojó que el 92,3% de éstos estaba de acuerdo con la frase “Es necesario controlar la protesta social” (Vommaro y Morresi, 2014). Así, uno de nuestros entrevistados caracterizaba la aparición de estas nuevas políticas desincentivadoras de la movilización popular desplegadas por el Gobierno de la Ciudad como:

Una política de desaliento, de desaliento de la tarea de la organización popular y de ir a reclamar por proyectos vigentes. Una mezcla de desaliento con distintos procesos represivos, desde la UCEP, como tubo de ensayo de una experiencia de nuevo tipo. La represión fuera de un instrumento tradicional represivo como mezcla de banda, de banda para-estatal, mezcla de cosas que ahora están mucho más claras, pero fue uno de los primeros experimentos de cómo ir desalentando e ir desarticulando las redes de una ciudad con mucho entramado organizacional. (Referente de Organización Política y Social Los Pibes)[24]

Estas formas represivas obligan a los referentes de las organizaciones a medir las relaciones de fuerza de un conflicto y las consecuencias de sus intervenciones para no quedar sobreexpuestos a estas prácticas represivas. Esto surgía en una entrevista con otra referente, quien sufrió reiteradas formas de presión o persecución política por parte del GCBA y del Estado nacional en su lucha por la urbanización de la Villa 31 y 31 bis:

Cuando nos enfrentamos a los grandes poderes también saber hasta dónde vos podés [intervenir]. Si estás dividido, o avanzas o reculas, porque sabes que si avanzas te vas a comer mil demandas porque te van a hacer diez mil causas. Entonces, uno tiene que guardarse, uno aprendió esas cosas, a mirar un poquito más allá. Porque uno vive en la villa y no entiende nada, entonces fuimos aprendiendo a los golpes las cosas. […] Un compañero me decía “ojo, cortala porque vos tenés micrófonos en todos lados” y fuimos aprendiendo que también nos pueden pinchar los teléfonos a los pobres a veces. (Referente del Movimiento de Villas y Barrios Germán Abdala)

Sin embargo, además de la existencia de estos hitos violentos en la historia reciente local, existieron también toda una serie de prácticas y políticas con las que el GCBA ejerció formas de control y represión que, aunque comparativamente sutiles, no dejaron de ser violentas. Un ejemplo claro se encuentra durante el conflicto por la ocupación del Parque Indoamericano en diciembre de 2010: además del brutal y violento desalojo y los tres muertos que dejó de saldo el conflicto (Cravino, 2014), existió también una cobertura mediática estigmatizante hacia las familias ocupantes (Fava, 2014), referentes políticos y sociales procesados por la justicia penal (Cravino, 2016) y las familias censadas debieron comprometerse a no participar de ninguna otra ocupación bajo pena de perder todos los beneficios vinculados a programas sociales del Estado y el derecho a las viviendas sociales prometidas a los ocupantes censados (Cravino, Palombi y Quintar, 2014). Aun cuando estas amenazas no se hayan cumplido, sí resultaron fuertemente desmovilizadoras durante los siguientes cuatro años, hasta la ocupación del barrio Papa Francisco. Es decir, “no podemos reducir las amenazas reales o potenciales a los actores de la protesta al uso abierto de la violencia policial” (Tarrow, 2012: 298), especialmente en los contextos de necesidad y dependencia que tienen amplios sectores de la población de la protección social del Estado.

No solo existió en este periodo una criminalización de la protesta por la ciudad, sino también la criminalización de algunas prácticas que permiten a los sectores populares de acceder a un techo. Un referente de CIBA nos explicaba el accionar del Fuero Criminal y Correccional respecto a los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente. Durante este periodo, la justicia local no se limitó a restituirlos a quienes detentan el dominio en los casos de ocupación de los inmuebles, sino que, y a diferencia de periodos anteriores, los jueces de la ciudad decidieron continuar los procesos judiciales una vez restituida la propiedad y sancionar a familias socialmente vulnerables como forma de desincentivar estas prácticas. Aun a sabiendas que no eran quienes realmente habían realizado la usurpación original y, por lo tanto, quienes habían cometido el delito según se encuentra tipificado. Este referente, además, identificaba el cambio en el accionar del poder judicial con la llegada del nuevo Gobierno y como una muestra que el accionar del poder judicial no es ajeno a la orientación política de los otros poderes, incluso cuando discursivamente pretenda presentarse de esta manera. En otros conflictos el fuero Penal fue un actor clave en la represión y la criminalización en ocupaciones, aun cuando en el fuero Contencioso y Administrativo tendió a contraponer una mirada social y de derechos sobre los conflictos urbanos (Cravino, 2016). En la CABA, encontramos que la represión y control de la disidencia social (Earl citado por Tarrow, 2012) como en otras ciudades del mundo, es asistida y acompañada por otras dependencias y niveles del Estado (poder judicial, organismos nacionales),[25] así como también por actores no-estatales, o de adscripción institucional difusa.

El problema del “sujeto colectivo” y la dificultad de construir espacios de militancia por la ciudad

Otra problemática que los movimientos sociales urbanos presentaron en este periodo se encuentra en lo que los entrevistados mismos han llamado “el problema del sujeto”. En las entrevistas, los referentes se preguntaban constantemente por “el sujeto colectivo”, es decir, por los protagonistas de estas luchas por la vivienda y la ciudad, sus particularidades, la dificultad para movilizarlos y obtener su apoyo durante este periodo. Por ejemplo, una referente de una organización socioambiental entrevistada nos relataba las discusiones que sostenía con compañeros de otras agrupaciones que formaban parte del mismo frente:

Y sobre el sujeto también, o sea el sujeto a organizar. Es mucho lo que nos han preguntado, ¿Y bueno, cuál es el sujeto? No sé, es muy amplio en realidad. Porque hay un sujeto que ya se está organizando vía FOL y hay otros sujetos, no sé, cuando vos vas y querés un alquiler y te quieren cobrar tres meses de comisión en una inmobiliaria. Algo que incluso yo una vez leí en una ley que decía que no se podía cobrar en concepto de comisión más de un mes. […] En nuestro caso vos sí serías un sujeto a organizar. Y que además de pedir la regulación del mercado se pueden pedir también un par de cosas más. Y entonces [es necesario] ver el sujeto [que es] tendiente a la expulsión y a que le saquen de sus salarios cada vez más plata para poder vivir en un lugar. Porque en definitiva también te lo sacan de tu salario de trabajador. Entonces claramente el sector a organizar es de trabajadores y de distintas capas, con diferente preparación. Y lo que también [caracteriza] mucho el movimiento socioambiental es que son movimientos muy espontáneos, muy coyunturales y que es también un sujeto muy difícil de organizar porque por lo general no cuentan con perspectiva a largo plazo. (Referente de Tierra para Vivir)[26]

En este relato podemos comenzar a vislumbrar tres razones por las que los referentes planteaban de forma problemática a ese sujeto que se proponían movilizar. En primer lugar, la heterogeneidad de las situaciones habitacionales y sociales ligadas a los procesos expulsivos en la ciudad, en términos de clases, trayectorias e ingresos. Incluso dentro del mundo del hábitat popular las trayectorias habitacionales y las expectativas que los sujetos construyen en torno a ellas son diversas. ¿Cómo articular luchas que son tan distintas entre sí, pero que mantienen una raíz ligada a las políticas urbanas y las necesidades habitacionales? En segundo lugar, la redundancia de una organización por el derecho a la vivienda o a la ciudad cuando el sujeto movilizado es caracterizado como trabajadores, existiendo ya una multiplicidad de organizaciones apuntadas a este sector. Y, en tercer lugar, el carácter esporádico que adquieren los conflictos urbanos, en los que una vez concluido el problema, ya sea por la conquista de las reivindicaciones o su disolución por desgaste o represión, la movilización no tiende a articularse en organizaciones o sostenerse en el tiempo.

Algunos autores han establecido paralelismos entre la lucha en el mundo del trabajo y las reivindicaciones urbanas. Hardt y Negri, por ejemplo, sostienen que “la metrópolis es a la multitud lo que la fábrica era para la clase trabajadora industrial” (2009: 250). La metáfora puede ser interesante para pensar la ciudad como espacio de acumulación y de valoración del capital, de la producción de los comunes, y también como espacio de la explotación y el sufrimiento. La pregunta es si la ciudad del siglo XXI puede ser también el lugar de encuentro y organización que la fábrica cumplió en otros momentos históricos (Harvey, 2013). En este sentido, Snitcofsky (2014) encontró paralelismos en las formas organizativas y los repertorios de contención del movimiento villero y el sindicalismo de base durante las décadas de 1960 y 1970. Sin embargo, no encontramos estas continuidades en la metodología y las identidades del mundo del trabajo en la movilización por la ciudad, aun cuando existen vasos comunicantes entre estos dos mundos constituidos a partir de la inserción en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de algunas de las organizaciones entrevistadas. En primer lugar, no existe lo que llamamos participación preventiva en estas organizaciones, sino que adquieren un carácter reactivo que luego es difícil sostener en el tiempo. Esto nos contaba un referente de una organización de defensa y protección de inquilinos informales y familias ocupantes:

Nosotros con lo que nos encontramos es con que la gente tiende a organizarse cuando está con una situación ya de emergencia. Mientras la gente no tiene un problema grave no hay una tendencia, como el trabajador en el sindicato que se afilia aunque no esté sufriendo un conflicto en su empresa en ese momento. El inquilino, el habitante de inquilinato y hoteles se organiza ante situaciones de emergencia: porque lo van a desalojar, situaciones ya medio dramáticas, se organiza para enfrentar la emergencia. No hay un proceso de organización más permanente de espacio. […] Nosotros intervenimos ahí, tratando de construir estrategias que contemplen los dos tiempos o momentos. Resistir el desalojo pero también, lo que es lo más difícil y es realmente muy complejo, intentar trazar una proyección hacia una solución definitiva, fundamentalmente a través de la constitución de cooperativas de vivienda. (Referente de Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA)

Al mismo tiempo, algunos entrevistados sostuvieron que no existen espacios de encuentro y gravitación evidentes hacia aquellas personas, experimentando una exclusión urbana que tiendan lógicamente a militar. Esto lo señalaba de forma muy clara una referente entrevistada:

Nosotros vemos que a veces nos emparentamos mucho con el movimiento de género y diversidad sexual, por ser luchas con relativamente poco recorrido […]. Vos militás estudiantil, [entonces] te metes en la universidad o en el colegio [y] haces [el] centro de estudiantes. Vas al laburo y te metes en el sindicato. Los espacios de poder son de muy clara disputa. En cambio, en las ciudades o en la lucha socioambiental en general eso no es tan claro. Porque yo quiero luchar por la ciudad, pero no sé si me conviene ser comunera. [risas] ¿Y entonces qué? Hay que salir a formar asambleas donde no las hay, a donde hay que generar auto-organización del pueblo por abajo. ¿Bueno, cuáles son las tareas de algo que no tiene una historia, una tradición de lucha que a vos te permite guiarte más o menos? (Referente – Tierra para Vivir)

A pesar de la existencia de una rica historia de luchas por la vivienda que brevemente caracterizamos más arriba, este verbatim nos revela que aún no son del todo claros los espacios de articulación, los métodos de protesta y de organización cuando se desea movilizarse por una injusticia espacial. Es decir, que los repertorios de contención (Tarrow, 2012) o los repertorios organizativos (Dowbor y Szwako, 2016) no se encuentran aun ampliamente difundidos y aceptados socialmente para este tipo de reivindicaciones.

Sin embargo, éste parece ser un problema que se expresa en las problemáticas urbanas ligadas a la ciudad formal. En las villas y en los asentamientos de la ciudad, a pesar de la fragmentación desarrollada más arriba, algunos autores han encontrado “verdaderas selvas organizacionales” (Cerrutti y Grimson, 2012), donde la intermediación política sí establece de forma más clara cuales son los caminos de organización y militancia hacia los que una persona comprometida puede integrarse. Ann Mitchell, a partir de una encuesta realizada en siete villas de la ciudad, encontró que “en el 43% de los hogares encuestados al menos un miembro participa en las actividades de una organización social situada en el barrio” (2014: 227).[27]

En este contexto, los referentes entrevistados se sienten responsables de realizar una pedagogía sobre este sujeto:

[Nuestro objetivo es] que podamos discutir las políticas habitacionales… que logremos sacar al sujeto del ombligo propio, de lo que me pasa en la casa, en la puertita, del techo, de la toma, de lo propio y que lo podamos involucrar, es que se logre entender. Porque el sujeto pelea lo que entiende, nadie que no esté convencido va a salir a pelear nada. Entonces que entiendan, y si no está vinculado a lo de otros, no hay vuelta, no va a poder, no va a poder avanzar. […] Las diferentes problemáticas de esos sujetos si no van asociadas a otros, vamos a perecer en la historia y será testimonial. Las ocupaciones de Jujuy, las tomas de tierra en provincia, el MTL de la capital, el barrio Monteagudo, terminará siendo muy testimonial. (Referente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL)[28]

Parte de su labor la identifican como la necesidad de demostrar a este sujeto que la dificultad para acceder a una vivienda digna es el resultado de condicionantes estructurales y no de fracasos biográficos personales, de forma que las soluciones a estas carencias solo pueden ser colectivas. Interpretan que el nivel de conocimiento y de compromiso existentes alrededor de estas problemáticas son bajos, en parte porque las luchas poseen cierto carácter esporádico y coyuntural. Sin embargo, las experiencias de resistencia que identifican en otros momentos históricos (como la huelga de inquilinos de 1907) o en otras latitudes (como por ejemplo España, Turquía, Brasil o México) otorgan cierto optimismo respecto de la posibilidad de conformación de tal sujeto. En suma, las organizaciones por la vivienda y la ciudad han debido cargar en este periodo con la tarea de crear nuevos espacios y prácticas que permitan el encuentro de aquel “sujeto” que pretende poner en cuestión las formas de producción de ciudad.

Conclusiones

La movilización contenciosa por la vivienda y el acceso a la CABA se inscribe en una historia local de luchas en la cual se lograron ciertas conquistas y aprendizajes que hacen posible la movilización en el presente. Durante los años analizados, el deterioro de las condiciones habitacionales de amplias franjas de la población y la implementación de una agenda urbana neoliberal mercantilizadora del acceso a la ciudad, no se ha traducido en una mayor fortaleza de los movimientos sociales urbanos y de la acción contenciosa por la ciudad y la vivienda. Para entender esta situación hemos recuperado el concepto de estructura de oportunidades políticas, el cual nos permitió comenzar a comprender que no son las penurias las que explican la acción colectiva, sino un complejo entramado de condiciones sociales, culturales e institucionales las que explican el surgimiento y la difusión de la protesta social. A pesar de la persistencia y la regularidad de conflictos urbanos durante estos años, las autoridades fueron exitosas en contener y evitar que las organizaciones sociales y la población descontenta abran un ciclo de acción colectiva, es decir,

una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva […], una combinación de participación organizada y no organizada y una secuencia de interacción intensificada entre disidentes y autoridades (Tarrow, 2012: 342).

A partir de entrevistas a referentes políticos y sociales de movimientos sociales urbanos reconstruimos cuatro elementos de esta estructura de oportunidad que desincentivaron y bloquearon la posibilidad de crecimiento de este tipo de movilización y protesta. A saber:

  1. el accionar fragmentador del estado local que, mediante el otorgamiento de recursos, programas sociales y ayudas especiales, polarizó a las organizaciones por la urbanización de villas, las organizaciones barriales y el ámbito general de la lucha por el acceso a la vivienda y la ciudad;
  2. las dificultades intrínsecas a la conformación de coaliciones, en parte debidas a los altos costos humanos y de recursos, y en parte debidas a los diversos diagnósticos y militancias políticas que los movimientos sociales urbanos mantienen durante este periodo;
  3. el despliegue de formas de represión violenta por parte de las fuerzas policiales en aquellos conflictos que no pudieron ser desactivados por el GCBA, pero también la aplicación de formas relativamente sutiles de control de la protesta y la disidencia, como el procesamiento judicial de líderes sociales, la amenaza de retiro de ayudas sociales por parte del Estado, la sanción judicial de prácticas populares de acceso a la vivienda, etc.;
  4. lo que los entrevistados llamaron “el problema del sujeto” colectivo movilizado, es decir, cómo formar amplias capas de la población informadas de la naturaleza de las problemáticas urbanas, con altos niveles de solidaridad y dispuestas a demostrar su descontento en las calles para enfrentar políticas urbanas regresivas.

Como señalamos más arriba, un contexto de oportunidades políticas adverso no implica la obturación de toda forma de articulación y protesta colectiva. En este periodo surgieron muchas organizaciones nuevas[29] y se problematizaron públicamente algunos de los deterioros habitacionales y las políticas de renovación urbana que desarrollamos en los apartados anteriores. A pesar de compartir diagnósticos sombríos sobre las condiciones en que desarrollaron sus luchas durante los últimos dos periodos de gobierno, los movimientos sociales urbanos comparten un optimismo sobre el futuro de la lucha y la reivindicación por el acceso a la ciudad. En parte porque encuentran que aún en el contexto reciente de fragmentación y represión, han logrado conquistas que evalúan como vitales y que prueban que, aun con todas las condiciones en contra, torcer el brazo de las autoridades locales se encuentra dentro del ámbito de lo posible.

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  1. Una versión preliminar de este trabajo se publicó como artículo en la revista Espacialidades, bajo el título “Estructura de oportunidades políticas y movimientos sociales por la vivienda y la ciudad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2007-2015”, vol. 7 (2), julio-diciembre 2017.
  2. En Buenos Aires se llama “villas” a los asentamientos informales, de la misma manera como en otras ciudades de América Latina se los llama “cantegriles”, “favelas”, “poblados” o “chabolas”. Típicamente se encuentran sobre tierras fiscales, en espacios intersticiales de áreas centrales y han crecido lentamente con la llegada de nuevas familias.
  3. Hasta su declaración como Ciudad Autónoma con atribuciones propias de una provincia en la reforma constitucional de 1994, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires era elegido por el Presidente del país. Las elecciones para jefe de gobierno se celebraron por primera vez en junio de 1996.
  4. Aníbal Ibarra fue reelecto como Jefe de gobierno en las elecciones celebradas durante el año 2003. Sin embargo, no pudo terminar su segundo mandato debido a que un juicio político en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo apartó de su cargo, al considerarlo políticamente responsable del incendio durante un concierto de rock en el establecimiento República de Cromañón donde murieron 194 personas. Su mandato fue finalizado por su vicejefe de gobierno Jorge Telerman.
  5. El distrito bio (o biotecnológico) fue propuesto como una ampliación del Polo Farmacéutico de Villa Soldati. Sin embargo, el proyecto de ley nunca fue sancionado por la Legislatura. Fuente: http://bit.ly/2trbEIi.
  6. La excepción es el distrito audiovisual en los barrios de Chacarita, Villa Ortúzar, Paternal, Palermo y Colegiales y los distritos bio y del deporte que sí se encuentran al sur, pero en los barrios de Villa Soldati, Villa Lugano y Villas Riachuelo.
  7. La única excepción fueron referentes de ACIJ, quienes valoran que durante este periodo terminó de consolidarse en la escena política local un consenso en el cual la urbanización de las villas es un derecho y la erradicación no es una solución real a este problema. Sin embargo, destacan que esto abre una discusión pública sobre qué significa la urbanización en términos de obras de infraestructura y regularización dominial en concreto.
  8. El Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) es una organización social, política y territorial surgida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la experiencia de la Cooperativa San Telmo a finales de la década del ‘80. Promueven la autogestión, el derecho a la ciudad y la producción social del hábitat mediante la conformación de cooperativas de vivienda. Forman parte de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y poseen contactos internacionales a través de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular (SELVIHP).
  9. Por regularización salvaje se ha entendido a procesos de regularización dominial sin proveer de servicios e infraestructuras ni adecuar las condiciones del terreno a los lineamientos mínimos que rigen para el resto de la ciudad.
  10. Por “puntero” o “puntero político” se entiende en Argentina actual a lo que la bibliografía sobre clientelismo político define como un mediador.
  11. El Hormiguero es una organización política y territorial con presencia en la Villa 31 y 31 bis, Rodrigo Bueno, Barrio Fátima, Los Piletones y el Playón de Chacarita. Surge como desprendimiento de La Poderosa.
  12. El Colectivo por la Igualdad (CxI) es un desprendimiento del partido político Afirmación de una República Igualitaria (ARI) surgido en el año 2011, debido a desacuerdos con respecto al matrimonio igualitario y a cierto giro hacia la derecha que los miembros de CxI identificaban en el liderazgo nacional del ARI. Al momento de ser entrevistados realizaban militancia territorial en villas de la ciudad y forman parte del Partido Social.
  13. Inquilinos Agrupados es una organización social que provee asesoramiento legal gratuito a inquilinos frente a abusos de propietarios e inmobiliarias. Promueven también reformas legislativas y políticas de control sobre el mercado de alquileres de vivienda.
  14. El Frente Popular Darío Santillán es un frente de organizaciones sociales compuesto por movimientos políticos, territoriales, de género, estudiantiles y rurales, entre otros. Tiene militancia en la CABA, el Gran Buenos Aires, y algunos de los principales aglomerados del país. Se definen como opositores al gobierno nacional del Frente Para la Victoria y se proponen como una alternativa superadora por izquierda.
  15. El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) es un frente político y social de organizaciones de base con militancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A su vez, se inserta en la Corriente de Organizaciones de Base “La Brecha”.
  16. El Movimiento Popular Seamos Libres es una organización peronista con militancia territorial, estudiantil y sindical. Surge en 2014 a partir de la fusión de dos organizaciones: El Gleyser y la Corriente de Militancia Popular Negro Avilés. Apoyan al kirchnerismo y al gobierno nacional pero no son orgánicamente parte de él.
  17. Los Invisibles son una agrupación política no partidaria con militancia en la Villa 31 y 31 bis. Forman parte de COB-La Brecha.
  18. La Corriente Villera Independiente es un movimiento social de vecinos de villas con presencia en varios de los asentamientos de la ciudad. Fue conformado en 2012 por el Movimiento Popular La Dignidad, y además de organizar cooperativas para la realización de obras en los barrios, también llevaron a cabo acciones reivindicativas como la instalación de una carpa villera en el Obelisco durante 2014 (L’Huillier y Ouviña, 2016).
  19. Sin mencionar cuáles, diremos que algunas agrupaciones acusaban a otras de tener políticas clientelares, forzando a los vecinos a participar de reuniones y actos políticos a cambio de ayudas económicas y sociales de distinto tipo. También existían diferencias en cuanto al sentido de los comedores comunitarios como respuestas a las necesidades en los barrios.
  20. La Coordinadora de Inquilino de Buenos Aires (CIBA) es una organización surgida a partir de un grupo de abogados que defendieron judicialmente a inquilinos desalojados durante la desregulación del mercado de alquileres durante la dictadura. Desde entonces esta organización se dedica a asistir y defender a familias que se encuentran en riesgo de desalojo por habitar en inquilinatos o viviendas ocupadas.
  21. La Boca Resiste y Propone es una organización social de segundo grado que nuclea movimientos sociales de todo tipo con militancia barrial en La Boca, incluyendo La Organización Política y Territorial Los Pibes y el Grupo de Vivienda y Hábitat. Poseen un reconocimiento barrial importante, logrado a partir de acciones culturales y movilizaciones ante desalojos y la privatización de unos terrenos originalmente destinados a vivienda social, pero vendidos a desarrolladores privados durante 2016.
  22. El Frente Nacional de Inquilinos (FIN) es una organización social de segundo grado que nuclea a varias organizaciones de inquilinos de todo el país. Surgió durante 2015 a partir del encuentro de varios movimientos locales organizados cuando el acceso a una vivienda de alquiler se tornó problemático en varias capitales provinciales y aglomerados de tamaño intermedio. Al mismo tiempo, dado que en Argentina la legislación de alquileres se encuentra regulada por el estado nacional a partir del Código Civil, estas organizaciones debieron articularse a nivel nacional para presionar por la regulación del mercado.
  23. La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) fue un organismo del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del GCBA que funcionó entre octubre de 2008 y noviembre de 2009. Fue reiteradamente denunciado por organismos de derechos humanos, movimientos sociales y vecinos por protagonizar operativos de desalojos violentos a personas que viven en la calle, y sustraerles sus pertenencias y agredirlos físicamente. Ante el repudio de amplios sectores de la ciudad, el GCBA disolvió la UCEP y definió el Ministerio de Desarrollo Social como el único organismo con competencia para atender situación de calle.
  24. La Organización Política y Social Los Pibes es una organización territorial del barrio de La Boca. Surge a mediados de la década de 1990 como un comedor para responder a la emergencia alimentaria en la zona. A lo largo de la década del 2000, la organización se irá ampliando para responder a las distintas necesidades sociales del barrio. Actualmente es miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y nuclea a múltiples cooperativas, incluyendo una recién terminada cooperativa de viviendas sobre la calle Lamadrid.
  25. El Estado nacional tomo participación activa en algunos de los conflictos asistiendo a la expulsión mediante la provisión de fuerzas de la Policía Federal en algunos casos en los que la Policía Metropolitana no poseía suficientes efectivos.
  26. Tierra para Vivir puede ser caracterizada como el brazo socioambiental del FOL, es decir, para la movilización específicamente en cuestiones ligadas a espacios verdes y problemáticas ambientales desde una perspectiva ecosocialista. En la CABA han tenido cierto protagonismo en la resistencia al cercamiento de plazas y parques de la ciudad.
  27. Mitchel utiliza una definición de “organizaciones de la sociedad civil” distinta a la nuestra, la cual incluye organizaciones que no necesariamente tienen un carácter político o contencioso, como comedores comunitarios o agrupaciones religiosas. Citamos dicha investigación para aportar evidencias de la riqueza organizacional que se encuentra en las villas, pero no refleja una estimación precisa del fenómeno la movilización por la vivienda y la ciudad como nosotros la hemos definido.
  28. El Movimiento Territorial de Liberación es una organización piquetera (es decir, que se reconoce como un movimiento de trabajadores desocupados) con militancia en barrios y villas del sur de la ciudad. Uno de los aspectos más visibles de esta organización es la construcción del Barrio Monteagudo, un complejo de viviendas construido de forma cooperativa en el barrio de Parque Patricios.
  29. De las organizaciones que entrevistamos, Inquilinos Agrupados, La Boca Resiste y Propone, el Colectivo por la Igualdad y El Hormiguero surgieron durante este periodo.


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