Conflictos y tensiones en la producción
de “vacíos urbanos”

Juliana Marcús y Diego Vazquez

Introducción

Este capítulo centra su análisis en la producción de “vacíos urbanos” (Stanchieri y Aricó, 2013) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendidos como una etiqueta utilizada por la retórica urbanística para denominar los espacios vacantes creados en la ciudad con el fin de llenarlos con emprendimientos inmobiliarios sumamente rentables. Se trata de un concepto ideológico que supone una paradoja puesto que denomina vacío lo que está –o, al menos, estuvo– lleno de vida urbana. Frente a este modo particular de producir ciudad se presentan resistencias ciudadanas que reivindican modos alternativos de hacer ciudad y otros usos posibles del espacio asociados a la (re)producción del hábitat. ¿Por qué y cómo se producen espacios vacantes en plena trama urbana? ¿Quiénes son los actores sociales involucrados en estas acciones que forman parte de los procesos de vaciamiento urbano? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas y de largo plazo generadas en la ciudad y en los modos de vida de sus habitantes por la producción de espacios vacíos y vaciados? ¿Qué tipo de proyectos se proponen para (re)llenar estos espacios?

Para ilustrar la lógica de producción de vacíos urbanos como parte de las dinámicas de producción de la ciudad, analizamos dos casos: los ex terrenos ferroviarios pertenecientes al Estado Nacional ubicados en el barrio de Caballito y la denominada manzana 66 de propiedad privada situada en el barrio de Balvanera. Ambos terrenos comparten una característica: sufrieron un doble proceso de vaciamiento urbano entre 2008 y 2011. Por un lado, atravesaron un vaciamiento que denominamos activo como resultado de la demolición de inmuebles y la expulsión y el desalojo de población. Por otro, un vaciamiento que llamamos pasivo puesto que los terrenos experimentaron un proceso de abandono previo y posterior al vaciamiento activo que los convirtió en terrenos (aparentemente) baldíos. Como veremos en los próximos apartados, este doble vaciamiento material implicó un vaciamiento simbólico en tanto fueron vaciados de prácticas y significados compartidos.

El capítulo se divide en tres secciones. En la primera trabajamos sobre la reconstrucción histórica de los ex terrenos ferroviarios y la manzana 66 y sus usos previos a convertirse en espacios vacantes. En la segunda sección abordamos tanto los procesos de creación de vacíos urbanos a partir del vaciamiento material y simbólico de los terrenos en estudio, como los proyectos de (re)llenado desde una lógica mercantil. Por último, en el tercer apartado, analizamos las lógicas de resistencia y sus propuestas para (re)llenar los espacios vaciados con proyectos en los que se privilegia el uso público y colectivo del espacio.

El trabajo de campo se desarrolló entre 2013 y 2016 y consistió en la realización y el análisis de entrevistas en profundidad a integrantes de asociaciones vecinales de Caballito y de la organización “Manzana 66 verde y pública” de Balvanera. Asimismo, se analizaron fuentes secundarias tales como artículos periodísticos y el contenido de los blogs de las organizaciones de vecinos y vecinas. Complementariamente se llevaron a cabo observaciones de los terrenos en estudio y su entorno, y se participó en asambleas, manifestaciones y concentraciones vecinales involucradas en estos dos casos en el espacio público.

La (pre)historia de los espacios vaciados

Antes de describir y analizar los procesos de vaciamiento urbano que sufrieron estos terrenos, es fundamental ubicarlos geográficamente, reconocer sus similitudes y sus diferencias, y reconstruir sus historias que parecieran ser olvidadas e invisibilizadas por buena parte de los actores sociales involucrados en los procesos de vaciar y (re)llenar estos espacios urbanos.

El playón ferroviario de Caballito, limitado por la Avenida Donato Álvarez, Bacacay, pasaje Andrade, Avenida Avellaneda, y las calles Martín de Gainza, Rojas y Yerbal, posee una extensión de 1,27 km de longitud y un ancho variable máximo de 270 metros. Caballito pertenece a la Comuna 6 de la CABA y es un barrio ubicado en una zona central de la ciudad, con buen acceso a equipamientos y servicios de transporte, educativos, de salud, culturales y comerciales. A partir de mediados de la década de 2000, Caballito se convirtió en uno de los barrios privilegiados del boom inmobiliario^[1] y el precio del metro cuadrado aumentó exponencialmente en comparación con otros barrios de la ciudad (Baer y Kauw, 2016).^[2] En el imaginario social porteño y en la propia identificación de los residentes, es un típico barrio de clase media (Cosacov, 2017). En efecto, los datos de la Encuesta Anual de Hogares 2015 muestran que en la Comuna 6 el 82,1% tiene el nivel secundario completo y que el ingreso familiar promedio es de 19.081 pesos argentinos, lo que lo coloca en el séptimo lugar respecto a las comunas de mayores ingresos de la ciudad.^[3]

Estos terrenos ferroviarios –propiedad del Estado Nacional, a través de la empresa estatal Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE)– fueron utilizados como playa de maniobras, depósito de vagones y parada temporal para furgones de carga hasta principios de los años noventa. Luego, fueron abandonados durante más de 20 años a partir de la profundización del modelo neoliberal en la década de 1990 que desencadenó la crisis ferroviaria. De esta manera, desde mediados de 2012, la existencia de este predio comenzó a tomar visibilidad en los medios de comunicación y fueron definidos por urbanistas, desarrolladores y los gobiernos nacional y local como terrenos ociosos y vacantes. Si consideramos la excelente accesibilidad a servicios urbanos que presenta la zona, podemos comprender que estos terrenos se convirtieron en “áreas de oportunidad”, debido a que presentaban un bajo valor inicial, por encontrarse en desuso y abandonados, y eran capaces de alcanzar una gran revalorización a partir de su refuncionalización y transformación física (Cuenya, 2011).

En estos años de abandono, diferentes organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para que allí se desarrollen espacios verdes y se lleve adelante el prometido Parque del Bicentenario, una vieja idea en Caballito que contó con nueve proyectos legislativos desde 1994, petitorios con 13.000 firmas y una iniciativa popular. Entre 2000 y 2008, el Gobierno nacional firmó un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) por el cual se cedía a la ciudad ese predio para la construcción de espacios verdes, pero esos parques nunca se realizaron, el convenio caducó y los terrenos volvieron a pertenecer al Estado Nacional. Sin embargo, entre 2001 y 2009 estos espacios presentados como vacantes o vacíos por desarrolladores inmobiliarios –y muchas veces también por los vecinos^[4] del barrio– se encontraban llenos de vida y de usos: funcionaban dos acopiadoras de cartones que estaban constituyendo legalmente la cooperativa “Caballito Trabaja” y cuyos trabajadores residían ahí con sus familias. De esta forma, la retórica urbanística que contribuía a producir el vacío presentaba como terreno vacante aquello que tenía ciertos usos que se consideraban ilegítimos e improductivos desde la óptica del capital. Desde esta lógica, los usos legítimos se asocian a usos vinculados a la rentabilidad del suelo a partir de la construcción de emprendimientos inmobiliarios y de megaproyectos urbanos de los que es posible extraer grandes ganancias económicas. Pero, como veremos más adelante, no toda prescripción de usos legítimos del espacio supone el uso económico productivo. Para las organizaciones vecinales el uso que debería darse a los espacios vacantes, es decir, el uso que consideran legítimo para esos espacios, se vincula con la construcción de espacios verdes públicos en sus barrios de residencia.

Por su parte, la manzana 66 se ubica en Balvanera entre las Avenidas Jujuy y Belgrano, y las calles Moreno y Catamarca. Balvanera es un barrio de la zona centro de la Ciudad de Buenos Aires con alta densidad poblacional, casi un 70% más alta que la media de la CABA (293 hab/ha frente a 173 hab/ha)^[5] y pertenece a la Comuna 3 junto con el barrio de San Cristóbal. Comparte con Caballito el hecho de poseer muy pocos espacios verdes públicos.^[6] En cuanto al valor promedio del metro cuadrado de las propiedades usadas, en Balvanera es considerablemente menor que en Caballito.^[7] Además, se trata de un barrio que casi no presenta nuevas construcciones residenciales, sobre todo en el entorno inmediato a la manzana 66.^[8] A su vez, según la Encuesta Anual de Hogares 2015, el 74,3% de la población de la Comuna 3 tiene el nivel secundario completo, porcentaje que resulta sensiblemente inferior al de la Comuna 6 (82,1%), mientras que el ingreso familiar promedio es bastante menor al registrado en Caballito (16.449 pesos argentinos frente a 19.081 pesos argentinos). Según el Informe Territorial del GCBA correspondiente a la Comuna 3 (2014), casi la mitad de la población de la comuna pertenece a los estratos bajo y medio-bajo.

De los datos que nos proporcionaron los entrevistados residentes del barrio se desprende que antes de la demolición completa de este espacio, sobre las 22 parcelas que conforman la manzana 66 había construcciones antiguas, aproximadamente de la década de 1920, especialmente propiedades horizontales de planta baja que no superaban en ningún caso los dos pisos de altura y que eran utilizadas como viviendas. Incluso, uno de estos inmuebles había sido catalogado como patrimonio histórico, lo cual inhabilitaba su demolición. La zona, además, registraba comercios que se ubicaban sobre las dos avenidas, en particular mueblerías, pequeños locales barriales y dos estacionamientos. El modo de tenencia predominante, al menos para los años previos a su demolición, era el alquiler, lo que permitió un desalojo de inquilinos relativamente rápido una vez vencidos los contratos correspondientes y, a su vez, favoreció la concentración de los diferentes lotes en manos de un solo propietario. Según el Registro Nacional de la Propiedad, la totalidad de la manzana pertenece a la empresa MICRISOL S.A. de la familia Miguens.^[9]

En cuanto a los antiguos habitantes de esta manzana, los entrevistados relataron que se trataba de “gente humilde y trabajadora”, de una “clase media-baja empobrecida, similar al resto de los vecinos del barrio”, que en general solían alquilar pequeños departamentos de planta baja donde vivían con sus familias. En estas típicas construcciones de principio de siglo XX, de pasillos largos y angostos, los inquilinos compartían una entrada y un patio en común. Además, cabe destacar la existencia en las inmediaciones de la manzana de algunos edificios construidos por el Banco Hipotecario Nacional a principios de la década de 1960 bajo el plan de Viviendas Económicas Argentinas (VEA) con un carácter social y que fueron asignadas por sorteo.

Como vimos en este apartado, los dos casos elegidos para el análisis presentan particularidades que los diferencian, desde sus historias previas al vaciamiento hasta la ubicación geográfica de los predios y las características del entorno (conexión con áreas centrales de la ciudad, precio del metro cuadrado, presencia o ausencia de nuevas construcciones y de espacios verdes), lo que impacta en el proceso de revalorización de esas tierras vacantes y en las disputas por su (re)llenado y el uso que habrá que darles. Otra diferencia radica en el régimen de propiedad de los terrenos puesto que en el caso de los ex terrenos ferroviarios de Caballito se trata de predios públicos mientras que la manzana 66 de Balvanera es de carácter privado. Creemos fundamental resaltar esta diferencia ya que ilustra el hecho de que la creación de vacíos urbanos, entendida como una de las lógicas actuales de producción de ciudad, puede presentarse tanto en terrenos públicos como privados. Si bien ambos espacios comparten la característica de haber sido vaciados, el proceso de vaciamiento, los actores involucrados y cómo operó cada uno de ellos han sido diferentes en cada caso. En el próximo apartado nos ocuparemos de describir y analizar las diversas y complejas capas de un conflicto en torno al vaciamiento material y simbólico que sufrieron los ex terrenos ferroviarios de Caballito y la manzana 66 de Balvanera y los proyectos de (re)llenado urbano desde la lógica mercantil.

La producción de “vacíos urbanos”: vaciar para (re)llenar

Si el ex playón ferroviario de Caballito y la manzana 66 presentaban una complejidad de usos diversos en los últimos años, tal y como se reconstruyó en el apartado anterior, para llegar a ser espacios pasibles de ser presentados como terrenos baldíos y libres de toda vida urbana, debieron sufrir determinados procesos económicos y sociales en los que se produjeron, material y simbólicamente, espacios vacíos.

En el caso de los ex terrenos ferroviarios,^[10] el primer momento de vaciamiento pasivo o sutil se produjo con el cese de actividades relacionadas con el mantenimiento de los ferrocarriles y el abandono del espacio por parte del Estado Nacional en la década de 1990. De este modo, al tornarse anacrónico el uso histórico de estas tierras y padeciendo un deterioro paulatino debido a la falta de mantenimiento, el espacio se encontraba preparado para ser presentado como una oportunidad para que se desarrolle un proyecto urbanístico que “mejore” el barrio, se construya el Parque del Bicentenario soñado por los vecinos o se edifique el shopping center ansiado por los desarrolladores inmobiliarios.

Sin embargo, estos espacios abandonados por el Estado Nacional fueron apropiados por dos organizaciones de acopio de cartones que estaban constituyendo la cooperativa “Caballito Trabaja” y un asentamiento de 200 familias que participaban de la actividad. Este uso del espacio urbano del barrio de Caballito resultó fuertemente combatido por las autoridades locales y por algunos vecinos que exigían el inmediato desalojo bajo la consigna “Basta de asentamientos ilegales, todos por la seguridad”,^[11] como parte del repertorio de “narrativas legitimadoras”^[12] (Franquesa, 2007) junto a la pérdida de identidad del barrio, la suciedad y el riesgo ambiental que suponía la actividad de las recicladoras. De modo que se construyó desde el poder local, los discursos de urbanistas y de la prensa, y las acciones de los propios vecinos, un otro indeseable, ajeno y peligroso que, ya sea por su pertenencia de clase, nacionalidad o actividad, debía ser expulsado. Con el apoyo de varios habitantes legítimos del barrio^[13] y amparados nuevamente en el “peligro sanitario” que representaban las acopiadoras de cartones, en octubre de 2008 las autoridades del GCBA junto a la Policía Federal desalojaron las acopiadoras y el asentamiento.^[14]

Estas apropiaciones del espacio fueron clasificadas como usos ilegítimos y, por lo tanto, suprimidas con violencia física y simbólica. En el caso de Caballito, a través de discursos urbanísticos y vecinales que se entrecruzan –las narrativas legitimadoras–, se negaron y se invisibilizaron estos usos desde una lógica que identificaba el espacio con una mercancía y se justificaron los violentos desalojos que terminaron de producir, ahora sí, terrenos baldíos.

Por su parte, en la manzana 66 de Balvanera el proceso de vaciamiento y destrucción fue rotundo porque supuso la demolición total de sus edificaciones. A partir de 2011 aproximadamente, comenzaron a registrarse las primeras demoliciones en el lugar. Según los residentes entrevistados, un tiempo antes la empresa MICRISOL S.A., dueña de la manzana, comenzó con el proceso de expulsión de los habitantes a partir de la no renovación de los contratos de alquiler de los inquilinos para que abandonaran sus casas. Existen relatos de vecinos que aseguran haber observado agresiones y presiones en contra de aquellos que se negaban a dejar sus viviendas:

un señor que trabaja en el hospital Ramos Mejía que alquila o vive ahí frente a la manzana tiene varios relatos sobre cómo vio que se fue desalojando. Aparentemente ha habido agresiones como…generalmente se termina arreglando con dinero. Pero también creo que han usado la fuerza, la presión, la amenaza (Párroco de la iglesia María Madre del Redentor)

A medida que se avanzó en la desocupación de la manzana, se cerraron los comercios y se tapiaron ventanas y puertas para impedir que las construcciones fueran intrusadas. Poco a poco los inmuebles vacíos y abandonados comenzaron a sufrir un lento proceso de deterioro. Finalmente, se procedió a demoler íntegramente todas las construcciones. En 2012, los residentes cercanos a la manzana realizaron varios pedidos de información a diferentes organismos estatales de los que no obtuvieron respuesta, y tras la denuncia de un vecino ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, aparecieron los carteles con la señalización correspondiente a los permisos de demolición, un año después de haber comenzado el derribo de las construcciones de la manzana.^[15] Este modo de proceder a escondidas forma parte del repertorio de acciones de grandes desarrolladores urbanos para producir ciudad.

Mediante el lento proceso de vaciamiento del playón ferroviario de Caballito y de la manzana 66 en Balvanera que implicó tanto el vaciamiento material activo y pasivo como el vaciamiento simbólico, los predios se convirtieron en “vacíos urbanos”. Al referirnos a este término, un verdadero oxímoron, es preciso recordar la advertencia de los antropólogos Marco Stanchieri y Giuseppe Aricó (2013) sobre la imposibilidad misma del vacío urbano. Se trata de una conceptualización que encierra una contradicción en sí misma: por un lado, desde la retórica urbanística se definen como vacíos aquellos espacios que son considerados improductivos y abandonados cuando en realidad se trata de terrenos que contienen las huellas de su pasado, un pasado que, desde dicha retórica, no responde a los usos legítimos establecidos por la lógica del capital. Por otro lado, el término urbano alude a las relaciones sociales, la experiencia y la vida urbana. De modo que, en palabras del antropólogo Manuel Delgado Ruiz, “nada urbano está vacío, porque está siempre lleno de sociedad. Si no, no es urbano”.^[16]

En efecto, el vacío urbano, postulado por las retóricas urbanísticas y las autoridades locales, y recuperado por los medios de comunicación y hasta por los propios vecinos, no posee existencia material en el espacio urbano pero sí existe en el plano lingüístico y discursivo. Nuestro interés radica en señalar y desentrañar su contenido ideológico.^[17] Se trata de un concepto que deshistoriza y que apela a la naturaleza al presentar a los espacios vacantes como si hubieran estado siempre vacíos cuando, en rigor, fueron vaciados. La historia previa al vaciamiento de los terrenos analizados en este trabajo fue invisibilizada para luego presentarlos como ociosos y vacantes, y posteriormente (re)llenarlos con emprendimientos inmobiliarios sumamente rentables.

En el caso de Caballito, las estrategias de (re)llenado urbano fueron dos. La primera de ellas consistió en un proyecto para construir un nuevo shopping center en el barrio en un predio aparentemente abandonado y actualmente utilizado como depósito de contenedores que se encuentra próximo a los ex terrenos ferroviarios. Se trata de tierras fiscales que fueron cedidas en la década de 1980 por el Estado Nacional al Club Ferro Carril Oeste para uso deportivo. El titular continuaba siendo el Estado pero a partir de aquella transferencia el usufructo le correspondía al club. Según los socios, “la institución deportiva presuntamente los vendió en 1998 sin ser la dueña”^[18] al desarrollador inmobiliario Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA),^[19] principal propietario de centros comerciales de la ciudad.

La pretensión del grupo inversor IRSA era emplazar el nuevo centro comercial de 70.000 metros cuadrados y 35 metros de alto en un predio cuya zonificación es de carácter residencial. Para ello, el GCBA impulsó un proyecto de ley que modifica las normas de planeamiento urbano para que dicha zona se convirtiera en área comercial. En diciembre de 2016 el proyecto fue tratado por quinta vez en la Legislatura porteña y una vez más no obtuvo la mayoría necesaria para ser aprobado. Además, según las asociaciones vecinales entrevistadas, desde la Comuna de Caballito se denunció que la Legislatura porteña incumplió el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires debido a que no convocó a una audiencia pública para el tratamiento legislativo. Con este tipo de acciones, tanto IRSA como el GCBA intentan transformar el marco normativo de los principales instrumentos de regulación del suelo de la ciudad. Al igual que en el caso de la manzana 66, las irregularidades en la venta del terreno para la construcción del centro comercial sumado a la insistencia por parte del GCBA para rezonificar el espacio sin convocar a audiencia pública muestran una vez más que ciertas acciones para producir ciudad se practican a escondidas disfrazadas de legítimas.

La segunda estrategia de (re)llenado urbano comenzó en septiembre de 2012 cuando el decreto presidencial 1723/2012^[20] desafectó los inmuebles del servicio ferroviario del barrio de Caballito para destinarlo al “desarrollo de proyectos integrales de urbanización y/o inmobiliarios”. En un trabajo anterior (Marcús et al., 2014) observamos que este decreto revelaba una forma de pensar sobre el espacio urbano y la función del Estado en su producción: en primer lugar, el decreto no hace referencia a múltiples compromisos que el Estado Nacional había contraído sobre la utilización y el destino de los terrenos, asumiendo el carácter vacío de los terrenos a (re)llenar. En segundo lugar, estos terrenos emplazados en áreas centrales son reducidos a reserva de valor con el fin de recaudar fondos para una obra de infraestructura de gran magnitud. En enero de 2013 la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Sociedad Central de Arquitectos llamaron a un Concurso Nacional para desarrollar el proyecto urbano denominado “Nuevo Caballito”.^[21]

Aparece esta decisión [de la convocatoria al Concurso] del Gobierno Nacional en tierras que son de su propiedad, pero sin que previamente haya habido un plan general de la Ciudad que incluya y que discuta el destino de estas tierras dentro del conjunto. No hubo un proceso de participación y consulta ciudadana tomando todos los estamentos que la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires define. No hubo una discusión previa sobre cuál era la norma urbanística que debía aplicarse al lugar (Integrante de la asociación vecinal SOS Caballito)

El primer premio^[22] se otorgó al plan presentado por los arquitectos Edgardo Barone y Gabriela Lucchini que, según el jurado, aprovechaba “la recuperación de las playas ferroviarias, obteniendo un espacio público generoso y pleno para el barrio de Caballito y la ciudad toda” al mismo tiempo que no desatendió “la buena resolución del tema áreas para la vivienda”. De esta manera, el plan propuso completar el tejido urbano de la calle Yerbal con construcciones de altura media “muy de acuerdo con lo que reclaman los vecinos de Caballito por preservar una morfología acorde a lo existente”. Por otra parte, el parque propuesto tenía “la virtud de integrar los espacios ocupados por el Club Ferrocarril Oeste y el posible uso comercial del predio privado sobre Avellaneda”.^[23] Las palabras de uno de los autores del proyecto ganador, Edgardo Barone, dan cuenta de la intencionalidad de su plan:

Se aborda la mejora de la comunicación transversal y longitudinal del predio y el barrio, como así también la consolidación y puesta en valor de las actividades y patrimonio existente, para ello se reutilizan los viejos galpones ferroviarios con usos educativos, de producción y culturales, conservando la Estación De Los Deseos y el Patio De Los Lecheros de los vecinos. Las nuevas viviendas se ubican sobre la calle Yerbal para su integración con la trama, y sus tipologías favorecen la permeabilidad hacia el parque central propuesto. Este parque es el eje de la propuesta y el que articula los nuevos usos con los ya existentes culturales y deportivos, que son parte de la identidad del barrio.^[24]

La propuesta urbanística ganadora no solo contempló conservar espacios histórico-patrimoniales, culturales y deportivos cuyos usos en el barrio de Caballito son considerados legítimos (Patio de los Lecheros, Centro Cultural Estación de los Deseos y Club Ferro Carril Oeste) y construir espacios verdes públicos; también consideró importante resguardar aquel espacio destinado a la mercantilización urbana, la construcción del shopping center, y destinó un 15% del predio a un uso residencial que está en sintonía con la estética del barrio que defendían los vecinos, es decir, construcciones elegantes y modernas que no podrán superar los ocho pisos de altura, destinadas a propietarios de clase media-alta.

Si en el caso de los terrenos vaciados de Caballito la primera propuesta que surge para su (re)llenado es la de construir un centro comercial, en la manzana 66 de Balvanera el proyecto original refería a otro clásico “artefacto urbano”^[25] de la globalización que despertó aún mayor oposición que el shopping center: un mega estadio que pudiera albergar grandes espectáculos internacionales. A principios de abril de 2014 toma estado público, a partir de la divulgación en los medios de comunicación,^[26] un proyecto de inversores privados en el que se planeaba construir un microestadio cubierto para 18.000 personas destinado a recitales musicales, con el doble de tamaño que el teatro Luna Park, de forma oval y con tres bandejas de tribunas. El complejo tendría tres subsuelos de cocheras para 1000 autos y contemplaría además una conexión directa desde un hall distribuidor con la estación Venezuela de la línea H de subtes, similar a la conexión que existe entre la estación Carlos Gardel de la línea B y el Abasto Shopping Center. Además se preveía la construcción de un área comercial que incluiría locales y restaurantes en una sección del predio y de un hotel cinco estrellas.

El proyecto fue presentado por Aquiles Sojo,^[27] empresario y dueño de la productora musical AKE Music, quien contaría con un financiamiento crediticio de 130 millones de pesos argentinos que serían otorgados por el Banco Ciudad. En palabras de Sojo:

La ciudad necesita un estadio de este tipo, será como un Madison Square Garden […] Va a llevar una construcción de gran categoría al barrio. No es un Luna Park, es un concepto diferente para el país. Se trata de un estadio que diseñará uno de los estudios de arquitectura más importantes del mundo, especialista en este tipo de obras.^[28]

Este discurso actúa como “narrativa legitimadora” (Franquesa, 2007) puesto que desde la lógica del capital privado se promociona y justifica la construcción del microestadio como un proyecto que viene a llenar un espacio vacío y abandonado, y a revalorizar la zona.

Según el Código de Planeamiento Urbano, la manzana donde se planeaba construir el microestadio tiene dos zonificaciones: R2aII (residencial) y C3I (comercial), de modo que el uso del suelo queda habilitado para la construcción de viviendas y locales comerciales y no admite construcciones de la magnitud que pretendía tener el microestadio. Por lo tanto, construir un estadio en ese predio incurriría en una ilegalidad. Para llevarlo adelante se debería modificar la zonificación de la totalidad de la manzana 66 y para ello era preciso presentar un proyecto de ley de rezonificación en la Legislatura porteña que supondría doble lectura, es decir, el proyecto debía ser aprobado dos veces en el recinto y, entre ambas votaciones, debía ser sometido a una audiencia pública.

A pesar de que el proyecto nunca fue presentado formalmente, desde un inicio contó con el aval del ex Jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, del subsecretario de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico y del ministro de Desarrollo Económico para quienes “la Ciudad de Buenos Aires, como todas las grandes ciudades del mundo, necesita un estadio de estas características ya que el turismo de espectáculos es un producto que toda gran ciudad debe ofrecer a sus visitantes”.^[29] Asimismo, según estos funcionarios públicos, el proyecto del microestadio era “una idea que repercutiría de lleno en el reposicionamiento de la actividad económica de la zona, generaría nuevos puestos de trabajo y posicionaría a Buenos Aires en el mundo”.^[30] Nuevamente se utilizan narrativas legitimadoras que pretenden presentar una operación económica, guiada por el valor de cambio y la apropiación de la plusvalía urbana que se generaría, bajo el eufemismo del discurso del turismo cultural y de espectáculos.^[31] De este modo, se justifican las transformaciones y se oculta el afán especulativo que busca el beneficio rápido sobre un bien común: el espacio urbano.

Como vimos en esta sección, el vaciamiento de los ex terrenos ferroviarios y de la manzana 66 solo fue posible por la activa acción de agentes interesados en borrar los viejos usos del espacio considerados ilegítimos y poco productivos desde la óptica del capital. En el primer caso, es el Estado quien dirige unilateralmente el vaciamiento, mientras que en el segundo los agentes vaciadores son los propietarios de la manzana en asociación con el Gobierno porteño que acercaba el proyecto del microestadio y aseguraba su financiación a través del Banco Ciudad. De este modo, el desplazamiento de la antigua población, la destrucción de las construcciones y el deterioro y abandono de los predios tuvieron como fin emprender luego una revalorización del suelo a partir de los proyectos de (re)llenado de este mismo espacio con un uso más rentable y, por ende, considerado más legítimo: un shopping center, elegantes viviendas con vista a un parque o un moderno microestadio.

Como señala el geógrafo David Harvey (1989), no es posible generar estas grandes masas de ganancias por mecanismos puramente económicos, sino que es necesaria la intervención de actores extraeconómicos y regulaciones políticas. Así se produce lo que denomina como el “giro emprendedor” de los gobiernos locales que consideran como una de sus prioridades la creación de facilidades para la apropiación privada del excedente que se produce con las reformas urbanísticas. Por lo tanto, se efectiviza una alianza en la parte más empinada de la estructura social, entre el sector financiero, los promotores urbanísticos y las empresas de construcción, que domina el motor de crecimiento urbano, se apropia de las plusvalías generadas en él e intensifica el carácter de clase del fenómeno, gracias a estas facilidades creadas por las (des)regulaciones de los gobiernos locales.

La renovación urbanística que proyectan los grandes desarrolladores IRSA y AKE Music, y hasta el propio Estado, que presentan desde sus propias retóricas como rescates heroicos de terrenos baldíos, no es otra cosa que una especial oportunidad para la apropiación de inmensos beneficios inmobiliarios. Como explica Franquesa (2007), estas acciones de vaciar y (re)llenar se encuentran generalmente acompañadas por narrativas legitimadoras, que, como vimos, suponen prácticas discursivas enfocadas en restarle cualquier valor a los usos previos del espacio, que en la disputa por su nominación es definido como vacío urbano, y, a su vez, otorgarle un valor intrínsecamente positivo y necesario a los nuevos proyectos. A través de estas narrativas, que se valen de metáforas y prejuicios, el urbanismo busca dotar de un contenido moral y natural a una acción que tiene como real objetivo quitar y agregar valor económico en pos de una maximización de los ingresos: se trata de camuflar el peso económico de la reforma urbanística y transformarlo en una acción benéfica o solidaria.

Estos terrenos vacíos y vaciados son considerados “áreas de oportunidad” (Cuenya, 2011) por su excelente accesibilidad a servicios urbanos y el bajo precio inicial que poseen por tratarse de espacios abandonados y deteriorados, lo que les reserva un gran potencial para desarrollar emprendimientos urbanos caracterizados por una rápida capacidad de valorización a partir de su refuncionalización y transformación física. De modo que la construcción de grandes proyectos urbanos en estas áreas favorece a ciertos sectores, es decir, propietarios del suelo, promotores inmobiliarios, empresas constructoras, organismos financieros y gobiernos locales, al tiempo que perjudica principalmente a los antiguos habitantes de los terrenos estudiados que no cuentan con suficientes ingresos o se encuentran localizados de manera irregular. Para concluir, podemos sostener que desde la óptica de los que producen el vacío, existe una igualación entre los usos ilegítimos y la baja rentabilidad del espacio-mercancía. De esta manera, se niega y se suprime todo uso no rentable del espacio y se intenta imponer determinados proyectos que aseguren grandes ganancias para la alianza efectivizada entre desarrolladores inmobiliarios y el sector financiero.

En el próximo apartado, desarrollamos la idea de que tanto el efecto ideológico del vacío urbano como la creación de espacios vacantes resultaron eficaces, puesto que los vecinos al momento de proyectar nuevos usos en los terrenos vaciados los consideran como si hubieran estado siempre vacíos. Sin embargo, la eficacia resulta incompleta debido a que la existencia de esos espacios vacíos logró que estos mismos habitantes se organizaran en pos de frenar los proyectos que resultaban antagónicos a sus estilos de vida y perjudiciales para sus inmuebles, y de luchar por la posibilidad de que se realizaran propuestas alternativas que mejoraran su calidad de vida y aumentaran el valor de sus propiedades.

“De la protesta a la propuesta”: resistir y (re)llenar

Como vimos, los espacios vacíos y vaciados se transforman en áreas de oportunidad para los inversores inmobiliarios que proyectan grandes obras de renovación y de reestructuración del espacio en pos de apropiarse de la plusvalía urbana generada en este proceso. Sin embargo, la producción de estos vacíos urbanos posee otra cara: los habitantes y usuarios de estos espacios los conciben también como áreas de oportunidad pero ya no para lograr grandes ganancias económicas, sino para imaginar otro modo de producir ciudad a partir de la acción colectiva. De este modo, pueden entenderse como “espacios heterotópicos”, que desde la tradición de Lefebvre (2013) [1974] y Harvey (1989) se definen como espacios en absoluta disponibilidad, espacios sociales fronterizos e intersticiales que la planificación urbanística no terminó de definir y que se presentan, para sus habitantes, como “auténticos agujeros en la realidad del espacio concebido” (Stanchieri y Aricó, 2013: 14) donde construir algo diferente y nuevo es posible. A continuación, veremos que las propuestas vecinales para (re)llenar los espacios vacíos y vaciados, tanto en Caballito como en Balvanera, giran en torno a la demanda por más espacios verdes en la zona y por la construcción de centros culturales, polideportivos, centros de salud y escuelas públicas donde se privilegie el uso público barrial del espacio.

En el caso de Caballito, las organizaciones vecinales, junto a las asociaciones corporativas que nuclean a pequeños y medianos comerciantes, se manifestaron y se opusieron a la construcción del nuevo shopping bajo las consignas “IRSA no, parque sí” y “Menos cemento, más verde”, denunciando el carácter disruptivo que este tipo de emprendimientos tendría en el barrio y desplegando una campaña pública en su contra a través de diversos mecanismos de protestas colectivas como cortes de calles, impresión de panfletos y afiches, cacerolazos, marchas hacia la Legislatura porteña, reuniones con comuneros y denuncias en los medios de comunicación. Según los entrevistados, un nuevo shopping en Caballito generaría un fuerte impacto ambiental que afectaría las distintas redes de servicios públicos, sobre todo de agua y electricidad, congestionaría aún más el tránsito vehicular en la zona, traería contaminación auditiva y perjudicaría a los pequeños comerciantes que trabajan en el barrio. Según nos mencionaron, estas consecuencias son experimentadas cotidianamente por los residentes del barrio de Saavedra, al norte de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra el centro comercial Dot Baires, también del grupo IRSA.

La intensidad y la diversidad de los actores que componían la oposición al centro comercial les han permitido frenar reiteradas veces el proyecto en la Legislatura porteña, el cual era necesario para lograr la rezonificación del lugar que permitiese a IRSA construir el shopping center. Impedir la construcción del centro comercial repercutió en un empoderamiento de las asociaciones vecinales que habían adquirido cierta expertise en la defensa de sus intereses^[32] y planteaban su derecho a decidir democráticamente cómo, en qué sentido y para quién se produce el espacio urbano: su “derecho a la ciudad” (Harvey, 2013).

De esta manera, en agosto de 2014, luego de varios años de lucha y participación, el colectivo “Encuentro en defensa del espacio público”, que nuclea a organizaciones vecinales y comerciantes de Caballito, presentó la iniciativa vecinal “Parque Caballito” ante la Comuna 6 para llevarlo a cabo en las tierras que abarcan los ex terrenos ferroviarios. El proyecto suponía un plan alternativo a la construcción de viviendas y del shopping center e incluía espacios verdes, escuelas públicas, una huerta orgánica, anfiteatros, centros culturales barriales y centros deportivos que se sumarían al ya existente Club Ferro Carril Oeste. Este proyecto, elaborado colectivamente, buscaba mejorar la calidad de vida de los residentes del barrio, a partir de la lógica del buen vivir del habitante legítimo que surge de la práctica y la vivencia del espacio y estimula el uso público del espacio frente al uso privado y especulativo que representaba el proyecto de centros comerciales y viviendas.

En el caso de la manzana 66, el vaciamiento que incluyó su tapiado y las posteriores tareas de demolición sumado a la falta de información y de señalización que acreditara los permisos de obra correspondientes, fue generando un clima de preocupación y de desconcierto entre los vecinos más cercanos a esa zona. La incertidumbre sobre el destino de la manzana fue creciendo y no tardaron en aparecer las primeras reacciones por parte de algunos habitantes del barrio. Según los entrevistados, el puntapié inicial que motivó la unión de un grupo de vecinos autoconvocados bajo la consigna “No al microestadio” y que marcó el inicio de la actual asociación “Manzana 66 verde y pública” fue la aparición de una nota publicada en el diario Perfil, el 20 de abril de 2014,^[33] en la que se anunciaba la construcción del microestadio.

A medida que el conflicto fue adquiriendo mayor visibilidad, se sumaron nuevos vecinos a participar en las reuniones y a manifestarse contra el proyecto. Con este objetivo llevaron a cabo diversas actividades: volanteadas en las veredas, en el hall de los edificios y en los comercios próximos a la manzana, solicitud de firmas y adhesiones, protestas en la vía pública, recorridas por los comercios, iglesias, organizaciones sindicales, empresas recuperadas, establecimientos educativos y asistenciales y visitas a locales partidarios de la zona. A su vez, fueron estableciendo una red de contactos del ámbito político en el que encontraron respaldo, al tiempo que comenzaron a establecer relación con otras asociaciones vecinales y asambleas barriales.

En este contexto, el párroco de la iglesia donde se realizaban los encuentros de la asociación fue convocado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para averiguar las razones por las cuales los vecinos se oponían al proyecto. De la reunión, que se llevó a cabo en una dependencia gubernamental en junio de 2014, participaron además de él, dos vecinos de la asociación, el subsecretario de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, el presidente de la Junta Comunal N.°3 y el empresario Aquiles Sojo, titular de AKE Music. Los entrevistados nos relataron que el empresario era el que encabezaba el encuentro como “si fuese el dueño de casa” y que además se mostraba en una actitud “como tratando de vender el producto”.

Como mencionamos en el apartado anterior, si bien el proyecto y el plan de obra nunca fueron presentados de manera oficial, luego de concretar la reunión los vecinos agrupados tomaron noción de la magnitud del emprendimiento y de la voluntad política existente para impulsarlo. Se dieron cuenta de que con la sola actitud de oponerse no alcanzaba y necesitaban pasar “de la protesta a la propuesta”. Este pasaje de la oposición a la toma de posición por hacer efectiva la elaboración de una propuesta alternativa al megaproyecto del microestadio encuentra su punto de partida en la realización de una jornada especial organizada por la asociación vecinal en junio de 2014.^[34] Durante el encuentro se puntualizaron las consecuencias negativas que derivarían de la instalación del microestadio como problemas de provisión de energía eléctrica y agua, congestión en la circulación vehicular y peatonal, polución ambiental, déficit de viviendas y una fuerte contaminación sonora, sumado al impacto que tendría un mega emprendimiento de estas características en la revalorización del suelo de la zona que podría generar desplazamientos de población, consecuencias similares a las que podría sufrir la zona de Caballito afectada con el proyecto de construcción del nuevo centro comercial. Además, se identificaron diversas problemáticas que venía atravesando el barrio como la falta de un espacio verde común y la poca disponibilidad de espacios recreativos, educativos, culturales y artísticos.

En esta jornada se establecieron las bases para la elaboración de un proyecto de ley que fue presentado por la asociación vecinal en agosto de 2014 en la Legislatura porteña. El proyecto proponía la expropiación de la manzana y su rezonificación como Urbanización Parque (UP) del Código de Planeamiento Urbano para luego construir en ella un espacio verde público, un centro educativo y cultural y un polideportivo destinado a la realización de actividades físicas curriculares para las escuelas de la zona.

Si bien las propuestas presentadas contaron con el acuerdo de todos los vecinos reunidos, la posibilidad de destinar una porción del terreno a la construcción de viviendas sociales, que había sido contemplada en el proyecto original, fue uno de los puntos que generó una oposición mayoritaria, tal como relataba uno de los entrevistados: “salió bastante rechazo de eso. O sea, gente que por ahí te dice: ‘No, pero van a […] venir los negros, te van a colgar los calzones en el balcón […] y se va a cambiar el ambiente’”. De este modo, se pone de manifiesto cómo entre los mismos vecinos abocados a la elaboración de un proyecto alternativo al microestadio, también se fueron definiendo ciertos usos y prácticas como legítimas para ese espacio a ser (re)llenado, mientras que quedaban afuera otros usos posibles por considerarlos ilegítimos poniendo en diálogo narrativas racistas y de clase.^[35]

Durante 2014^[36] y 2015 el proyecto presentado por la organización de vecinos logró el apoyo de todos los bloques políticos con excepción del bloque oficialista Pro, lo que impidió contar con el quórum suficiente de legisladores para ser tratado en sesión y hacia fines de 2015 el proyecto venció. Finalmente en abril de 2016 lograron las firmas necesarias de los legisladores porteños y en noviembre la propuesta fue tratada en el recinto previa introducción de modificaciones^[37] a la presentada por la organización de vecinos. Luego de la audiencia pública realizada en febrero de 2017, el proyecto por una manzana 66 verde y pública se convirtió en ley luego de su segunda lectura en la Legislatura en abril del mismo año. La ley establece que,

el 90% de la superficie correspondiente a la manzana 66 será espacio verde o parquizado de uso público y acceso libre y [se] destinará un 10% a otros usos [educación, cultura, recreación y servicios]. Adicionalmente, [se] admitirá la posibilidad de estacionamiento en subsuelos teniendo en cuenta la demanda existente en la zona.^[38]

La manzana 66 queda suscrita a un contrato de permuta que cede a su propietaria, la empresa MICRISOL S.A., un terreno público en el barrio de Saavedra, la Estación Intermedia de Ómnibus. La cotización del canje fue realizada por el Banco Ciudad en base a un proyecto presentado en septiembre de 2016 por el Estudio 3S Arquitectura para la construcción de megatorres en la manzana 66 que duplicaban la altura máxima permitida en Balvanera. Su objetivo era sobrevaluar dicha manzana para equiparar su cotización con la del lote de Saavedra, de mayor valor. Cabe mencionar que esta tasación especulativa fue avalada por el Gobierno de la Ciudad.^[39]

Si bien los vecinos organizados alcanzaron una victoria al evitar la construcción del microestadio, al clausurar las canchas de fútbol y al lograr la sanción de la ley en la Legislatura, no hubo derrota para el capital inmobiliario que fue beneficiado con la entrega de un predio de mayor valor en Saavedra. El Estado resultó no solo mediador en el conflicto sino garante de la ganancia de los desarrolladores urbanos y actor fundamental en la producción de ciudad. Entendemos que el conflicto urbano ha sido resuelto parcialmente: si bien la manzana 66 se convertirá en parque, el conflicto en torno a la lucha por más espacios verdes se desplazó hacia otra zona de la ciudad.^[40]

De la oposición al shopping center en Caballito y al microestadio en Balvanera nacieron o se fortalecieron lazos sociales que, a través de la organización en asociaciones barriales y vecinales, decidieron imaginar y proyectar nuevos usos para estos espacios que respondieran a sus modos de vivir y practicar el espacio, con lógicas que son capaces de bloquear los grandes proyectos urbanos, lógicas que por momentos se enfrentan y por momentos se entrecruzan con las del espacio-mercancía. Como vimos a lo largo del trabajo, estos mega emprendimientos son concebidos por los desarrolladores urbanos como legítimos y rentables, mientras los vecinos entrevistados los consideran ilegítimos más allá de su rentabilidad. Asimismo, proponen nuevos proyectos de (re)llenado donde se privilegien los espacios verdes y el uso público del espacio con el objeto de cubrir necesidades educativas, culturales y deportivas de los habitantes del barrio, usos que consideran legítimos y no rentables. Por último, invisibilizan aquellos usos que tenían los espacios previo a su vaciamiento (acopiadoras de cartones, asentamientos urbanos e inquilinatos) y coinciden con el discurso urbanístico en clasificarlos como ilegítimos y nada rentables.

En estas reflexiones debe tenerse en cuenta que muchos de los entrevistados en Caballito y Balvanera son propietarios de sus viviendas y/o comerciantes de la zona y se encuentran, de alguna manera, involucrados en el juego inmobiliario y en la valorización de un capital propio. De acuerdo con Oscar Yujnovsky (1974), la vivienda es mucho más que una unidad física individual; implica también el flujo de servicios habitacionales y culturales proporcionados en un medio ambiente urbano determinado. Así, no solo la forma, el tipo de vivienda y su condición edilicia aumentan el valor de una propiedad; también influyen en su valorización los servicios a su alrededor como la recolección de residuos, el buen estado de las calles, el alumbrado público, los servicios de transporte, la accesibilidad a los servicios de salud y educativos, los espacios verdes, el patrimonio histórico-cultural y los comercios. De este modo, la lucha por los espacios verdes y la conservación del patrimonio urbano que llevan adelante muchas de las organizaciones barriales entrevistadas incide en la valorización de las –sus– propiedades a través del aumento del valor simbólico y la capacidad de distinción del barrio.

Precisamente el valor simbólico –y por lo tanto también el valor material– de las propiedades de los vecinos se ve amenazado tanto por los grandes emprendimientos inmobiliarios como por los usos que se definen como ilegítimos. Así, en las organizaciones vecinales que luchan por mantener la identidad del barrio y proponer mayores espacios verdes de uso público también se reproduce parcialmente la lógica del espacio-mercancía. Sin embargo, con todas sus contradicciones, los proyectos de las asociaciones vecinales nacidos a partir de los procesos de producción de vacíos urbanos abren la posibilidad para una apropiación del espacio en la que se reafirma la noción de ciudad como obra colectiva, como creación en la que los vecinos puedan intervenir y aportar lógicas diferentes del espacio, frente a proyectos que responden a “representaciones del espacio” (Lefebvre, 2013) guiados principalmente por la lógica de la especulación y la ganancia económica. Mediante la recuperación de los descampados en plena trama urbana, las acciones vecinales privilegian su valor de uso, el habitar.

Reflexiones finales: el vacío como recurso

En este capítulo hemos analizado la producción de espacios vacantes, o vacíos urbanos en las retóricas urbanísticas y de las autoridades locales, como un modo particular de hacer ciudad en el marco de las dinámicas de producción del espacio. A partir de los casos estudiados observamos que estos espacios residuales en absoluta disponibilidad se presentan como “áreas de oportunidad” para la construcción de megaproyectos urbanos. Pero también, se convierten en “espacios heterotópicos” para los habitantes y usuarios del barrio, que los consideran como un recurso para la apropiación colectiva y una oportunidad para la participación en la producción de la ciudad.

En primer lugar, es necesario reiterar que estos espacios vacantes son el resultado de un proceso activo y pasivo, por acción y omisión, de vaciamiento material y simbólico del espacio en el que participan diferentes actores: el Estado, nacional y local, los desarrolladores urbanos, los medios de comunicación y los vecinos. Así, espacios llenos de vida urbana se transformaron en terrenos vacíos e improductivos y, a pesar de que el vacío urbano no posea una existencia material, puesto que nada urbano está vacío, es operativo en el plano lingüístico y discursivo al naturalizar y deshistorizar determinados espacios que, ya vaciados, fueron el lugar donde se proyectaron grandes emprendimientos inmobiliarios sumamente rentables. Dentro de esta lógica de producir ciudad, que hemos identificado como espacio-mercancía, todo uso que no otorgue el máximo beneficio al espacio urbano es considerado ilegítimo y suprimido.

Por lo tanto, el vacío urbano no es un punto de partida sino el punto culminante de un proceso de vaciamiento sobre un espacio que posee una historia y una vida previa. El objetivo de esta acción es convertir el terreno en un “área de oportunidad” y para eso se llevan a cabo acciones materiales –abandonos, desalojos, expulsiones, demoliciones– y simbólicas –las denominadas narrativas legitimadoras que se apoyan en construcciones retóricas para deslegitimar los usos presentes en el espacio y presentar los proyectos de (re)llenado como necesarios y deseables por sí mismos–. En este doble proceso, la participación de los Gobiernos locales con su “giro emprendedor” es vital para asegurar las ganancias extraordinarias de los inversores y desarrolladores inmobiliarios. Como vimos en ambos casos de estudio, y a pesar de tratarse uno de terrenos públicos y otro de terrenos privados, el Estado local actuó como articulador, promotor y garante de la rentabilidad de las empresas –IRSA, AKE Music, MICRISOL S.A., 3S Arquitectura– al tiempo que éstas forzaron los marcos legales de la CABA o actuaron directamente por fuera de ellos.

A su vez, concebir estos terrenos como vacíos y disponibles –“espacios heterotópicos”– despierta en los habitantes la conciencia de una oportunidad de disputar colectivamente la ciudad. En la oposición a los grandes proyectos inmobiliarios que amenazan el capital simbólico y económico de sus propiedades, los vecinos se organizaron en asociaciones barriales que lucharon por convertir estos lugares en espacios verdes y públicos. Paradójicamente, el vacío urbano creó nuevos lazos entre los vecinos que comenzaron a interesarse en la política barrial y creyeron posible participar de la producción social del espacio urbano, o, en otras palabras, efectivizar su “derecho a la ciudad”.

Sin embargo, este nuevo actor que demanda su lugar en la producción de ciudad presenta sus propios intereses y lógicas que no se oponen ni se superponen mecánicamente a la del gran capital inmobiliario. Así, mientras que la propuesta vecinal de espacio público se clasifica como un uso legítimo del espacio frente a la ilegitimidad de los grandes y rentables proyectos inmobiliarios, no se debe olvidar la ganancia económica de la valorización de las propiedades, más pequeña pero significativa para estos habitantes. Si por un lado es posible pensar que para los vecinos lo legítimo y lo rentable no siempre se identifican de manera idéntica, en la otra cara de la moneda se detectan similitudes en la lógica de invisibilizar y suprimir los usos ilegítimos del espacio –a través de las mismas narrativas legitimadoras– que amenazaban tanto el estilo de vida de estos vecinos como el valor material de sus propiedades. A su manera, estas asociaciones propusieron usos del espacio que resultaron afines a sus intereses sociales, culturales y económicos, negando y suprimiendo otros que consideraron ilegítimos, ya sean imponentes y modernos artefactos urbanos –centros comerciales o estadios cubiertos– o asentamientos y espacio de trabajo de los marginados de la ciudad.

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