Los “manteros” y el conflicto en torno
a los usos de la vía pública

María Agustina Peralta

Introducción

En este capítulo, nuestro objetivo es abordar el conflicto en torno al uso del espacio público que realizan los llamados “manteros”^[1] de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Analizaremos el contenido de los discursos de cámaras empresariales, de medios de comunicación, de partidos políticos y de asociaciones vecinales que apuntalaron la definición de los modos legítimos e ilegítimos de usar y de transitar el espacio público en la CABA y construyeron a los “manteros” como una otredad en el centro de la ciudad.

Estudiamos una primera etapa del conflicto (2001-2011) en que, a partir de la extensión y la acentuación del fenómeno de la venta de artículos de consumo popular en la vía pública, se configura la yuxtaposición de intereses de las cámaras empresariales y de los partidos políticos en torno a una definición de los usos legítimos e ilegítimos del espacio público. Luego abordamos un segundo momento (2011-2017) en que el conflicto adquiere visibilidad pública y la definición por determinados usos legítimos de la calle parece obtener un vasto consenso. Las preguntas de investigación que guiaron el abordaje fueron las siguientes: ¿qué representaciones circularon en los medios de comunicación y documentos de prensa en torno a los “manteros” y al uso que realizan del espacio público? ¿De qué manera este conflicto contribuye a la definición de los usos legítimos e ilegítimos del espacio público?

Hemos adoptado una estrategia metodológica de análisis cualitativo de fuentes secundarias: artículos periodísticos de los dos periódicos más leídos y consultados a escala nacional (Clarín y La Nación),^[2] documentos de las cámaras empresariales de pequeña y mediana empresa, discursos y material de campaña de partidos políticos involucrados en el conflicto, entradas de blogs y publicaciones en redes sociales de organizaciones vecinales. Asimismo, hemos incorporado los hallazgos de una investigación anterior (Camji, Kligman y Peralta, 2016) con el objeto de dar cuenta de las formas de apropiación del espacio público de los revendedores.

El conflicto: los “manteros” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la CABA, al igual que en otras ciudades del país y del mundo, hay personas que se dedican a la reventa de artículos diversos en el espacio público como principal medio de autosustento. La emergencia de la práctica de reventa de mercancías de consumo popular en la vía pública se vincula con el contexto de la crisis social y política de finales de 2001. Ante el deterioro de las condiciones de vida y de empleo de la población, el espacio público se convirtió en un lugar de acceso a la reproducción social para buena parte de las personas excluidas del mercado laboral formal, especialmente desocupados migrantes (Perelman, 2017; Consejo Económico y Social de Buenos Aires, 2015). Entendemos, junto con Patricia Ramírez Kuri (2015), que en el espacio público se hace visible la expansión de la informalidad laboral como fenómeno normal del orden social contemporáneo, por medio de las prácticas sociales de los actores del comercio informal: su presencia expresa algunos de los efectos de los ajustes estructurales en la economía, ya que manifiestan búsquedas de formas de trabajo desprovistas de derechos laborales frente a una situación de desventaja, vulnerabilidad o exclusión. De este modo, la apropiación del espacio público que realizan los vendedores de la vía pública aparece asociada al predominio del libre mercado en el contexto del orden económico neoliberal y a los efectos de la flexibilidad laboral, la precarización de los empleos y la tendencia a la terciarización de la economía.

Tras la devaluación del peso argentino en 2002 (y con esto, el fin del régimen de la convertibilidad) se inició en el país un proceso de recuperación y crecimiento de la economía que implicó una importante reducción de la tasa de desocupación y un incremento relativo de la capacidad de consumo de los estratos medios y altos de la población (Arceo, Monsalvo y Wainer, 2006). No obstante el crecimiento económico experimentado, persiste desde aquel entonces un segmento de la población (fundamentalmente, los sectores populares) que, de acuerdo con su capacidad económica y sus expectativas de movilidad social, se vuelca al consumo de bienes de bajo precio: este segmento constituye la demanda de los bienes y servicios de la economía informal emergida durante la crisis de 2001 (CESBA, 2015).

El uso del espacio público que realizan los revendedores fue amparado por el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires sancionado en 2004, al admitir la “venta de mera subsistencia” en la vía pública en tanto no constituyera competencia desleal efectiva para con el comercio establecido (art. 83, Ley 1472/2004). Esta permisión rigió hasta diciembre de 2011, momento en que el art. 83 fue modificado a partir de la Ley 4121 y la expresión “de mera subsistencia” fue eliminada de la redacción original. A partir de entonces, la actividad pasó a ser considerada contravención so pena de labrarse multas de entre 500 y 1000 pesos argentinos.

Esta reforma constituyó un triunfo para las cámaras empresariales de pequeñas y medianas empresas de Buenos Aires que, desde la sanción del Código Contravencional, se manifestaron en contra de la permisión de la venta callejera por considerarla “competencia desleal” hacia el comercio establecido. Las cámaras empresariales, encabezadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), ejercieron presión sobre representantes legislativos y funcionarios gubernamentales de distintos partidos políticos durante siete años en pos de la regulación de la actividad de los vendedores de la vía pública, fundamentalmente de aquellos radicados sobre la peatonal Florida^[3] y el barrio de San Telmo. Tal como expone Ignacio Rullansky (2014: 11) a partir de un minucioso análisis de los resúmenes de actividades mensuales de la entidad como elemento dentro de una tecnología de gobierno, CAME desarrolló:

una larga serie de reuniones con Jefes de gobierno de la Ciudad, legisladores y otros funcionarios, en donde reiteradamente se buscara que la esfera pública contrajese un compromiso y un involucramiento respecto al repudio de la venta ilegal en la vía pública en las calles Florida, Perú y sus alrededores.

A partir de la reforma del Código Contravencional, los medios masivos de comunicación hicieron visible el conflicto en torno al uso que los vendedores en la vía pública realizan de las aceras porteñas, el cual, a pesar de llevar años abierto, fue presentado al público como novedoso. Los actores sociales (CAME, medios de comunicación, partidos políticos y asociaciones vecinales) esgrimieron diversos argumentos para construir un consenso público en torno al desalojo de los “manteros”: además de imputarles el desarrollo de una continuada “competencia desleal” hacia el comercio establecido, en sus discursos se enuncia que la presencia de los vendedores trae como consecuencia, según un medio de comunicación, la “degradación del espacio público”^[4] de las zonas donde estos negocios se ubican, además de producir, de acuerdo con un fiscal, “suciedad y dificultad en la viabilidad”^[5] como factores que favorecen el “incremento de la inseguridad”;^[6] denuncian, asimismo, como lo hizo un funcionario del Gobierno de la Ciudad, la “procedencia ilegal de la mercadería”^[7] producida por “trabajo esclavo”^[8] para ser comercializada a través de una actividad articulada por “mafias organizadas de la venta ilegal”.^[9] En la emergencia de estos discursos se yuxtaponen todas las dimensiones mencionadas, por lo que la presencia de los “manteros” en la vía pública es construida en forma compleja y multidimensional.

Conflictos en (y por) el espacio público: ¿a quién pertenece la calle?

En una buena parte de las investigaciones referidas a los trabajadores en la vía pública ha predominado la perspectiva analítica de la sociología del mundo del trabajo que estudia a estos trabajadores como expresión de la informalidad laboral en la Argentina contemporánea (Aimetta, 2009; Bogani y Graziano, 2005; Busso, 2004; Camji, Kligman y Peralta, 2016). Asimismo, desde la antropología urbana, Mariano Perelman (2013 y 2014) ha realizado investigaciones sobre “cirujas” y vendedores ambulantes destacando aspectos vinculados a la desigualdad urbana. En diálogo con estos estudios, en este capítulo destacaremos la dimensión espacial del fenómeno del trabajo informal en la vía pública, abordaje que nos permitirá comprender las tensiones referidas como “el problema de los manteros” al construirlas como un conflicto urbano. De esta manera recuperamos la preocupación por pensar la producción de disposiciones en torno a los usos de la ciudad desde una perspectiva del conflicto, que nos permite ponderar las luchas y resistencias de los actores que allí habitan y transitan.

El conflicto aquí abordado, aún con momentos de latencia y de agudización, constituye el contexto de emergencia y circulación de una diversidad de discursos centrados en los “manteros”, su actividad y el uso que realizan del espacio público. En la yuxtaposición de dichos discursos se delimita una definición de los usos legítimos e ilegítimos del espacio público, que construye una determinada representación de la ciudad y es incorporada por quienes la habitan. El conocimiento que los usuarios tienen sobre la ciudad, emergido de manera dispersa en los actos de enunciación de múltiples actores sociales, prescribe determinados usos del espacio urbano a la vez que condena legal o moralmente otros (Bourdieu, 1985). De esta manera, consideramos que el conflicto en torno al uso que los “manteros” realizan del espacio público constituye el contexto en el que emergen elementos que conforman la dimensión simbólica de la ciudad (Margulis, 2002). La consecuencia de estas consideraciones es poder pensar al espacio público, lugar concebido como neutral y “de todos” desde una noción liberal de la ciudad, como un ámbito atravesado por contactos, luchas, resistencias y negociaciones, elementos constitutivos del conflicto, imposible de inmovilizar aún ante el predominio del espacio concebido por sobre las demás dimensiones de lo urbano en la sociedad capitalista (Stanchieri y Aricó, 2014; Lefebvre, 2013 [1974]).

La definición de espacio público que en los últimos años se ha convertido en hegemónica lo concibe como un lugar donde se realizan o materializan valores ideológicos abstractos sumamente investidos de moralidad, tales como la democracia, el civismo, la ciudadanía y el consenso (Delgado Ruiz, 2011). Aquellas personas o grupos que no actúen de acuerdo con esta representación universal de “buena ciudadanía” –los “contraventores de la buena conciencia ciudadana” según Delgado Ruiz– son considerados presencias “indebidas” o “malos ciudadanos”, categorizaciones que apuntalan su marginación, estigmatización, criminalización e inclusive su represión (Parra Vera, 2006).

En oposición al contenido de esta noción hegemónica, pensamos el espacio público como intrínseca e inevitablemente urbano, en los términos en que Lefebvre (2013) elaboró el concepto; esto es, como lugar dinámico de la sociabilidad, permanentemente en curso y en constante transformación. Tal como plantea De Certeau (2000), la astucia dispersa –la “táctica”–^[10] de los sujetos y grupos dominados pone en jaque constantemente la pretensión de inmovilizar el espacio al apropiarse creativamente de ese lugar que resulta ajeno –el lugar de la “estrategia”–. Pero es a partir de dichas “apropiaciones”^[11] creativas que el espacio público es (re)creado por las personas que allí se relacionan; y, a su vez, es a través del cuerpo –de su presencia y permanencia en el espacio, del trabajo que realiza y las resistencias que opone– que dichos actores actúan a través del espacio, proclaman un sitio, un lugar en el que están y del que se apropian (aunque no lo posean ni lo dominen): “es el cuerpo el que hace el espacio que ocupa” (Delgado Ruiz, 2011: 128).

Los usos del espacio público de los “manteros”: disputas en torno a la apropiación

Describiremos en esta sección la apropiación de “porciones” de espacio público que realizan los vendedores denominados “manteros”. Analizaremos el material de nueve entrevistas en profundidad a vendedores en la vía pública de las zonas de Once, Flores, Palermo y Belgrano en el marco de una investigación anterior realizada entre los años 2015 y 2017.^[12]

La radicación en un espacio delimitado de la vereda o peatonal para establecer actividades de reventa de artículos diversos constituye la base de la apropiación de una porción de la calle. La territorialización se (re)crea cotidianamente por medio de las negociaciones que las personas establecen a propósito de las fronteras del espacio apropiado: los vendedores en la vía pública acuerdan dichos límites con los demás actores que habitan y transitan la calle (otros vendedores o trabajadores en la vía pública, habitantes de la zona, efectivos policiales apostados en las cercanías, etcétera). Es frecuente, por ejemplo, el “ingreso” a la actividad por medio de otras personas de confianza radicadas ya en calles o zonas aledañas. Carlos, vendedor en la vía pública en la zona de Once (barrio de Balvanera), explica de la siguiente manera cómo empezó a trabajar en la calle:

Yo trabajo acá porque un amigo trabajaba acá primero. Yo trabajaba en una cocina, y como también yo pago pieza, departamento… a veces lo que ganaba no me alcanzaba para todo […] [Este trabajo] me ayuda para pagar el departamento y otras cosas que tengo que pagar, como todos.

Los vendedores se “ganan” el espacio donde trabajan, es decir, ganan el reconocimiento por parte de los otros de que dicho lugar delimitado es apropiado por ellos, a partir de su permanencia en él, es decir, poniendo el cuerpo, haciéndose conocidos y respetados por esos otros en el territorio. Así lo expresan Jorge y Carmen, trabajadores de la vía pública en Avenida Avellaneda (barrio de Flores) y Once, respectivamente:

Y… ganarse el espacio significa… encontrar primero un lugar, […] Una vez que encontrás un lugar, con el paso de los días seguís siempre estando presente hasta que se haga de alguna forma como tuyo, ¿no? Hasta que sea reconocido como que es tuyo. Es decir […], no es que es tuyo que te apropias, sino que vos trabajás todos los días ahí, entonces eso después se hace respetar también. (Jorge)

 

¡Llevo tantos años en la calle! Prácticamente, pagué mi derecho de piso. Antes nos quitaba la policía, nos poníamos de nuevo, nos quitaban de nuevo… Teníamos que seguir trabajando poquito a poquito. Pagué derecho de piso porque me quitaron tantas veces… Me gané la calle así, trabajando. (Carmen)

Las relaciones personales ocupan un lugar fundamental en las “tácticas” (De Certeau, 2000) que despliegan los vendedores en la vía pública al apropiarse del espacio público y producir el reconocimiento de los otros: de las prácticas de solidaridad y el buen vínculo con los demás actores de la calle (relaciones investidas de moralidad) depende su permanencia en el territorio donde llevan adelante su trabajo.^[13] En contraposición a las “buenas prácticas de ciudadanía” definidas de manera abstracta, existe un código de vínculos de solidaridad emergido de la racionalidad popular en la que, tal como mencionaba uno de los vendedores en la vía pública entrevistados, “la relación con los otros trabajadores es muy buena, se genera una relación de confianza, de cuidado mutuo, una relación cooperativa”.

La asociación y organización colectiva entre vendedores ante la amenaza de posibles desalojos policiales forma parte también del repertorio de tácticas a disposición: en el transcurso del conflicto se han conformado agrupaciones como la Organización de Vendedores de la Vía Pública de Flores o la Asociación de Vendedores Libres (hoy nucleada en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular).

En el proceso de apropiación que realizan los vendedores en la vía pública, producen representaciones y valoraciones del espacio público. Por ejemplo, es frecuente la representación de la calle como lugar de oportunidades para la subsistencia y la valorización diferenciada de distintas zonas de acuerdo con las oportunidades que ofrezca: una calle de mayor flujo de personas es mejor valorada que aquellas de menor circulación peatonal; o de acuerdo con las distintas opiniones expresadas, la calle puede ser representada como mejor o peor ámbito de trabajo que los galpones habilitados por el Gobierno de la Ciudad como “paseos de compras”. A modo de ejemplo, según Jorge:

El tema de los galpones de Once fue un pretexto del cual se agarró el Gobierno de la Ciudad para tratar de legitimar el desalojo de los manteros [de abril de 2016]. Porque hay prácticamente unos mil trabajadores de la vía pública y el Gobierno de la Ciudad está ofreciendo un galpón donde entraban apenas 350 trabajadores, quedaban excluidos tres cuartos. […] A nosotros nos parecía que estaban tratando de esconder a los manteros.

Por lo general, la calle no aparece como un lugar donde los vendedores desearían continuar trabajando en el futuro; en efecto, el espacio público es descrito como ámbito de adversidades. Además de la exposición a eventuales robos y a desalojos, los vendedores se exponen a condicionamientos climáticos como las bajas y altas temperaturas según el momento del año:

El trabajo de “mantero” no es algo fácil ni cómodo. Estás expuesto a las temperaturas de la calle… en invierno, muy bajas temperaturas, y en verano cuarenta grados arriba de la cabeza. Incluso los días de lluvia te expones al agua, la verdad que no es un trabajo “como siempre” que uno tiene expectativas de seguir en eso. El tema es que no es fácil, menos en este contexto que estamos viviendo. (Jorge)

Antecedentes a la visibilización del conflicto: alianzas entre actores en la definición de los usos del espacio público (2001-2011)

Desde la emergencia del conflicto hasta el momento de su visibilización, los usos del espacio público porteño no aparecieron como el eje central de la disputa; por el contrario, lo que en primera instancia fue construido socialmente como problema fue la “competencia desleal” que representarían las actividades de reventa callejera hacia el comercio establecido.

En 2004 fue sancionado el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 1472/2004), el cual autorizaba la reventa de mercancías en el espacio público al admitir en un párrafo del art. 83 la venta de baratijas “de mera subsistencia” en la vía pública (en tanto ésta no constituyera competencia desleal efectiva para con el comercio establecido).^[14] La admisión de las actividades de “mera subsistencia” en el texto de esta ley puede vincularse con el contexto de crisis inmediatamente anterior, ya que éstas habían garantizado un margen de reproducción para aquellos sectores más golpeados por la crisis.

Ni bien el Código fue sancionado, las asociaciones de pequeña y mediana empresa de Buenos Aires comenzaron a reunirse periódicamente para expresar su oposición a la redacción del art. 83. Estas reuniones tuvieron la finalidad de articular acciones conjuntas que ejercieran presión sobre las autoridades políticas de la ciudad en pos del veto del cuestionado párrafo del art. 83. En la primera de estas asambleas, las asociaciones criticaron la redacción del artículo por su ambigüedad (sobre todo por señalar como contravención la venta de “baratijas”, acusación que potencialmente alcanzaría también a comercios establecidos) y por el amparo que otorgaba a “que las calles de Buenos Aires sean ‘invadidas’ de seudo artistas callejeros que impedirían el libre tránsito del peatón con la inseguridad que conlleva dicha situación”,^[15] entre otros. Aquí comienza a emerger una valoración del espacio público como lugar destinado al tránsito peatonal, funcionalidad que sería necesario preservar ante sujetos diversos que vulneran dicho uso.

Entre las críticas realizadas, la que adquirió mayor centralidad fue la de la “competencia desleal” al comercio establecido. Este fue el argumento capaz de organizar el descontento de las asociaciones empresariales.

En una nueva asamblea de CAME, que contó con la presencia de representantes del Gobierno de la Ciudad gobernada por Aníbal Ibarra y referentes de la oposición política,^[16] la cámara de empresarios buscó el compromiso de los funcionarios y dirigentes en apoyar la reforma del art. 83 para sancionar la reventa en la vía pública. CAME ejerció presión sobre ellos al fomentar acciones directas –no pago de impuestos, instalación de mostradores comerciales en las veredas– en caso de no materializarse dicho compromiso en los siguientes treinta días.^[17] Emergió así la estrategia de CAME de entablar compromisos políticos en pos de la eliminación efectiva de la “competencia desleal” de los vendedores en la vía pública.

Los funcionarios y los representantes políticos de la ciudad acordaron públicamente con el reclamo de CAME, pero manifestaron estar limitados por no contar con un cuerpo de seguridad exclusivo de la ciudad. Aquí se percibe el interés estratégico que los actores políticos tenían en los encuentros públicos con CAME: el conflicto urbano de los “manteros” fundamentó en los discursos de los representantes gubernamentales la necesidad de contar con un cuerpo de seguridad de la ciudad, para lo cual requerían el aval del gobierno nacional.^[18] Una nota del diario Clarín expresa de la siguiente forma la reciprocidad de intereses entre CAME y las autoridades del Gobierno de la Ciudad:

‘Un inspector [de Contravenciones y Faltas] puede labrar una falta por venta callejera no autorizada, pero no puede secuestrar la mercadería; el vendedor, entonces sólo tendrá que mudarse un par de cuadras. Este problema se resolverá cuando la Ciudad pueda contar con Policía propia’, dijo un funcionario del Gobierno porteño.^[19]

Asimismo, el compromiso público de los actores políticos no podía fundamentarse exclusivamente sobre la base de una demanda particular de un sector de la sociedad. En la cristalización de este compromiso político en la arena pública (aún no en forma masiva), CAME debió articular discursivamente otras críticas contra la actividad de los “manteros”: es allí donde las representaciones en torno al espacio público entraron en la disputa. La presencia de “manteros”, de acuerdo con CAME y los partidos políticos comprometidos con ella, vulnera el derecho al libre tránsito de los ciudadanos-peatones; con el empleo de un lenguaje normativo, las calles “vacías”, concebidas en forma estática para ser usadas como lugar de paso, aparecen como la condición para el ejercicio de una libertad democrática por la que debe velar el Estado. Es así que las cámaras empresariales formularon como problema del conjunto de la ciudadanía que el espacio que “es de todos” sea usado por algunos pocos, con el fin de su única reproducción. A la vez, justificaron la pertinencia de las autoridades políticas (y, potencialmente, de la ciudadanía en su conjunto) en este conflicto por estar emplazado en el espacio público de CABA. En este sentido, Clarín publicaba el 23 de diciembre de 2011 una breve nota en la que se construye la presencia de los “manteros” como un problema del conjunto de la ciudadanía y se convoca a los organismos estatales a intervenir de manera directa:

Es una peatonal, pero como pocas veces, ayer casi no había lugar para caminar. El espacio que es de todos estaba ocupado por algunos particulares que lo usaban para ganar dinero […] Y todo se permite con organismos de control que deciden no actuar, pues nadie ignora la situación.^[20]

Las asociaciones empresariales integraron a su estrategia la realización periódica de relevamientos sobre la “venta ilegal” en la CABA, los cuales se continúan al día de hoy. Estos informes, en los que se enuncia la existencia del problema de la “venta ilegal y la usurpación del espacio público” y la necesidad de la “erradicación de este flagelo”,^[21] se presentaron públicamente a funcionarios del Gobierno de la Ciudad en encuentros orientados a fortalecer la yuxtaposición de intereses entre CAME y los actores políticos de la ciudad.^[22] De acuerdo con Rullansky (2014: 298-299), esta práctica efectiva de producción de un saber que se muestra legítimo pretende “avasallar al Estado en su competencia y conocimiento sobre lo público, sobre el uso de las calles: sobre los delitos que en ellas se cometen”.

La discusión legislativa del art. 83 del Código Contravencional llegaría recién siete años después del primer reclamo de CAME al respecto. En el transcurso de esos años, funcionarios gubernamentales presentaron en la legislatura porteña proyectos de reglamentación de las actividades comerciales en la vía pública que, al no proponer la prohibición total de la venta de artículos en el espacio público, no contaron con el apoyo de la CAME ni con el voto de los legisladores aliados. Recién en 2010, con una fuerza de seguridad exclusiva de la CABA creada en 2008 (la Policía Metropolitana), el Poder Ejecutivo de la Ciudad anunció su intención de modificar el cuestionado art. 83 del Código Contravencional y de evitar la instalación de los “manteros” en la calle Florida, considerada la zona “más invadida de manteros” de la ciudad. En una reunión con los representantes de CAME, Diego Santilli^[23] expresó que dicha política regularía todo tipo de uso “indebido” del espacio público, incluyendo la actividad de los llamados “arbolitos”^[24] y de restaurantes y bares que ubican mesas y sillas en la vereda.^[25] Estos dos últimos usos del espacio público, ligados a actores del comercio establecido (inclusive al margen de la legalidad), al día de hoy no han sido regulados por el Gobierno de la Ciudad; de hecho, el Estado en la ciudad ha impulsado obras de ampliación de las veredas para dotar de mayor espacio a los locales gastronómicos con mesas en la calle. De modo que con estas acciones, el GCBA prescribe usos del espacio público más legítimos que otros. En oposición, los “manteros” de la calle Florida fueron desalojados por la fuerza un año después de las declaraciones del ministro Santilli, tras la modificación del controvertido art. 83. Es a partir de estos sucesos que el conflicto se vuelve visible al conjunto de la sociedad.

La imposición del “espacio concebido”: reforma legal y desalojo de los “manteros” de la peatonal Florida

La modificación del art. 83 del Código Contravencional promovido por CAME coincidió con el inicio del segundo mandato de Mauricio Macri como jefe de Gobierno de la Ciudad en 2011. Por medio de la Ley 4121, fue eliminada la expresión “de mera subsistencia” del texto original del artículo, con lo que fue suprimida la figura que amparaba hasta entonces la actividad de varios trabajadores de la vía pública.^[26] Este suceso consistió en un triunfo decisivo para CAME, la cual encabezaba hacía dos meses (esto es, desde el inicio del debate legislativo sobre la posible modificación del art. 83) una serie de cortes de calle diarios en la intersección de Florida y Avenida Corrientes para visibilizar su demanda y presionar en pos de la modificación legal y del desalojo de los “manteros” que trabajaban sobre la peatonal Florida.

En esta instancia, los medios masivos de comunicación se introducen como nuevos actores del conflicto, al posibilitar y hacer viable la visibilización de las demandas y protestas de CAME. La prensa garantizó la cobertura de las protestas diarias de la entidad empresarial,^[27] publicó notas de opinión referidas al “difícil objetivo de sacar a los manteros de Florida”^[28] y difundió la solicitada pública de CAME titulada “Invasión del espacio público” en la que las entidades nucleadas en CAME denunciaban que “nunca la ciudad estuvo tan invadida por la venta clandestina en calles, parques, veredas y locales”.^[29]

Emerge así la expresión “invasión del espacio público”, esgrimida como argumento que concentra y sintetiza las críticas de estos actores a la reventa en la vía pública porteña. Esta expresión construye la figura de un otro invasor que, ubicado en el centro de la ciudad (Boy, Marcús y Perelman, 2015), realiza usos del espacio público considerados ilegales e ilegítimos. Se trata de un otro, en singular, a pesar de estar integrado por una variedad de sujetos (por ejemplo, los mencionados artistas callejeros) que habita el espacio público y lo (re)crea a partir de sus apropiaciones. La caracterización de los vendedores en la vía pública como un otro aparece vinculado con la figura de “mafioso”: esta imagen criminal de los “manteros” se construye sobre la base de la procedencia ilegal o informal de la mercadería destinada a la reventa, a la participación en las redes empresariales que mencionamos anteriormente o incluso al origen migratorio de la mayor parte de los vendedores en la vía pública.^[30] La representación criminal de los vendedores en la vía pública radicaliza el “grado de otredad” (Margulis, 1999) que se les imputa.

La difusión de la demanda de CAME colaboró con el objetivo de la entidad de presionar a las autoridades políticas y legisladores de la ciudad antes y durante el debate legislativo por la modificación del art. 83, reforma que se concretó el 7 de diciembre de 2011. Tras algunos intentos de desalojo resistidos por los vendedores, un operativo de la Policía Metropolitana en enero de 2012 evitó que los “manteros” tendieran sus mantas sobre la peatonal Florida. A partir de ese día la presencia policial se dio de forma continuada, lo que con el tiempo disuadió a los vendedores de trabajar allí. En los días sucesivos al desalojo, los “manteros” se manifestaron contra la imposibilidad de continuar su actividad en la peatonal; en una crónica de una olla popular sobre la peatonal Florida realizada por los “manteros” a modo de protesta, el diario La Nación categorizaba de la siguiente manera los usos que ahora los revendedores hacían de la calle:

La olla popular que los manteros escenificaron ayer para cortar el cruce con Corrientes se cocinó entre el desprecio de los oficinistas y la curiosidad fotográfica de brasileños y japoneses, a quienes les parecía de lo más pintoresco (y argentinísimo) que unos pocos exasperados se adueñaran de una calle a fuerza de ímpetu y dramatismo, entrenados en una conflictividad que en esta calle se ha vuelto cotidiana.^[31]

Nueve meses después del desalojo, el Gobierno de la Ciudad anunció el inicio de los trabajos de renovación de la peatonal Florida como parte de la implementación del Plan Microcentro.^[32] Tanto los funcionarios^[33] como los medios de comunicación^[34] expresaron que la erradicación de los vendedores en la vía pública de la peatonal era condición fundamental para esta intervención. El desalojo de los revendedores de la peatonal Florida se articuló así a una estrategia de “recualificación urbana”.^[35] Este tipo de acciones sobre el ordenamiento del espacio público por parte de las autoridades locales consiste en la “reestructuración de áreas degradadas –centrales o subcentrales– de las metrópolis a través del reordenamiento de sus espacios, imágenes y población” (Girola, Yacovino y Laborde, 2011: 27). Orientadas a recomponer y estetizar determinadas áreas devaluadas o marginalizadas de la ciudad, estas intervenciones urbanísticas buscan la transformación de “porciones” de la ciudad-problema en “porciones” de la ciudad-negocio (Gorelik, 1997). Una parte de la literatura especializada las ha analizado como estrategias que pretenden contrarrestar (o camuflar) la creciente segregación y discriminación urbana, en la medida en que prevalece la producción de un espacio urbano estetizado por sobre la satisfacción de necesidades básicas de la población (Parra Vera, 2006).

El desalojo de los “manteros” de una “porción” de la ciudad para su recualificación ejemplifica uno de los modos en que, de acuerdo con Lefebvre (2013), el “espacio concebido” –el de los técnicos, planificadores y otros agentes– se impone al “espacio vivido” –el de los usuarios y habitantes, el de la experiencia material y la búsqueda de nuevas posibilidades de la realidad espacial–.^[36] El contenido de algunas de las notas periodísticas publicadas en aquel momento colaboró con la materialización de esta lógica, como es el caso de una crónica de La Nación ya citada, en la que se afirma que “con la expulsión de los manteros del paraíso céntrico, Florida gana un paisaje transitable”^[37]; o en una publicación de Clarín cinco meses después del desalojo: “Sin la invasión de manteros y vendedores ambulantes que sufría, la calle Florida luce recuperada y las caminatas se hacen con más tranquilidad”.^[38] El espacio público es valorado aquí como lugar de paso, sobre la base de una negación ulterior de las formas de apropiación de la calle de los actores que allí habitaban y trabajaban.^[39] Tal como señalan Duhau y Giglia (2008), las operatorias sobre el orden urbano suponen una “domesticación” de la calle, que en este caso se produjo con el desalojo de los vendedores de la vía pública.

La recualificación de áreas degradadas de la ciudad tiene a su vez por efecto el incremento del precio del suelo por metro cuadrado. En una nota periodística referida a los precios de los alquileres en las principales zonas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, se explica el espectacular incremento del valor del suelo en la peatonal Florida a partir del desalojo de los vendedores en la vía pública: “La peatonal Florida, libre de manteros, ahora es la calle más cara de Buenos Aires. El metro cuadrado puede costar unos $ 2000 por mes en promedio, según analizó FECOBA [Federación del Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires]”.^[40]

La calle, para el peatón

La erradicación de los “manteros” de la peatonal Florida no significó el fin del conflicto iniciado en 2004; por el contrario, supuso el traslado de esta disputa a otras zonas de la ciudad. Los vendedores desalojados se radicaron en nuevas áreas de la CABA, como San Telmo, Costanera Sur, Caballito, Floresta y Once, donde continuaron su actividad de reventa.^[41] El traslado posterior al desalojo constituyó una nueva “táctica” de los vendedores para la apropiación del espacio público. Este fenómeno significó –según el editor de uno de los principales medios de comunicación del país– el inicio de una “enfermedad endémica” para la cual “las autoridades no encuentran todavía un buen remedio”.^[42]

Los medios de comunicación dieron cuenta de esta táctica al relevar las opiniones adversas de los comerciantes de las nuevas zonas donde los “manteros” se establecieron. Una comerciante de la avenida Avellaneda expresó al diario La Nación: “Cada vez hay más vendedores en la vereda, no son competencia directa, pero ocupan cada vez más lugar y es muy molesto para los clientes […] Lo peor lo vivimos lo sábados, que toman casi toda la vereda”.^[43] Las dificultades con las que un transeúnte se encuentra al circular por una calle donde trabajan “manteros” fueron descritas de la siguiente manera: “La entrada se encuentra cercada por obstáculos. Un perchero del que cuelgan carteras ocupa un tercio del espacio transitable”.^[44] Como manifiestan estos extractos, la argumentación en contra de la actividad de los “manteros” se afirmó cada vez más sobre las dificultades para la circulación peatonal que en la competencia desleal, argumento original de CAME.

En consecuencia, el lugar de enunciación se fue modificando progresivamente: en tanto los discursos centrados en la “competencia desleal” corresponden a actores del comercio establecido (esto es, de un segmento definido dentro del sector privado y de acuerdo con un interés sectorial), el argumento de la dificultad en la transitabilidad de las calles puede ser formulado (y efectivamente así aparece) por todo ciudadano-peatón. El “nosotros” que identifica al “otro” en el centro de la ciudad de esta manera se extiende al conjunto de la ciudadanía. En este sentido se inscribe una nota del Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires Claudio Presman de enero de 2015:

Poco a poco la Ciudad de Buenos Aires vio limitada la convivencia, el respeto por el otro y la utilización compartida de los espacios públicos. Sin darnos cuenta hemos pasado de veredas placenteras a una lucha descarnada en la que el salto de obstáculos se consolidó como un deporte de la porteñidad. Quien emprenda una caminata por cualquier zona comercial deberá ir haciendo zigzag entre vendedores ambulantes, puestos de comida sin permiso o repartidores de volantes disímiles. Compartir un par de cuadras de la mano de nuestros hijos es una aventura […] Recuperar el espacio público como lugar de intercambio pacífico y en armonía debe ser el objetivo de los dos Estados, el nacional y el porteño.^[45]

Este discurso, formulado a propósito de la presencia de vendedores de todo tipo en la vía pública, refiere a aquello que Duhau y Giglia (2008: 45) describen como el “fantasma de la disgregación urbana” o la imposibilidad de “vivir juntos” en las grandes ciudades como efecto de la “crisis del espacio público”. La noción de “espacio público” tomada por supuesta en esta afirmación lo presenta como lugar de convivencia armónica de los ciudadanos y no como esfera de contactos, acuerdos y conflictos.

Enmarcamos estos discursos en lo que Delgado Ruiz (2011) denomina las “ideologías ciudadanistas”. Se trata de una noción del espacio público con un marcado carácter normativo, al estar centrado sobre el “deber ser” de la calle y de las prácticas sociales y políticas que tienen lugar en ella. En virtud de su carácter normativo, esta concepción lleva implicada la demanda para que el espacio público se convierta en lo que “debe ser”; por esto, es en sí misma una exigencia de domesticación de la calle.

En 2013, un fallo del fiscal de Casación Penal Javier de Luca produce una mutación en la estrategia orientada a la erradicación de los vendedores en la vía pública. De acuerdo con este dictamen judicial, las autoridades debían desistir de procesar a los “manteros” por la venta de objetos de procedencia ilegal y de confiscar su mercadería, para apuntar a las organizaciones de producción de mercancías falsificadas.^[46] La denominación de estas estructuras como “mafias organizadas” cobró cada vez mayor importancia en los discursos de funcionarios, medios de comunicación y comerciantes. El fallo fue posterior a un nuevo desalojo a vendedores en la vía pública del barrio de Retiro en abril de 2013, operativo dispuesto –según los dichos del fiscal– con la finalidad de “que el espacio público sea utilizado por todos y no por organizaciones que distribuyen mercadería de dudosa procedencia”.^[47]

El fallo judicial produjo efectivamente un giro en la discursividad de los actores intervinientes en el conflicto, cuyos discursos comenzaron a orientarse cada vez más hacia las estructuras de producción de mercancías falsificadas. No obstante, esta mutación no implicó la desaparición de las argumentaciones referidas a la “competencia desleal” o a la “invasión del espacio público”. La siguiente entrada de blog de la organización Buenos Vecinos Once (asociación vecinal del barrio de Balvanera)^[48] evidencia la yuxtaposición de estas argumentaciones en un discurso que produce como efecto una fuerte estigmatización social hacia los vendedores en la vía pública:

Ocupación indiscriminada, ilegal y mafiosa del espacio público de la ciudad: Las mafias que conducen la venta ambulante son dueñas de la vereda, los parques, las estaciones de trenes, propiedad de los vecinos que pagan su ABL [Impuesto al Alumbrado, Barrido y Limpieza]. No podemos caminar por las calles, no podemos tener un árbol en nuestra vereda. La invasión es tal que hay percheros colgados en el mobiliario urbano, paradas de colectivos invadidas por manteros, umbrales de edificios a los que los vecinos no pueden acceder por estar ocupados por puestos.^[49] (El subrayado es nuestro)

Los vecinos del barrio de Once nucleados en esta organización vecinal se presentan a sí mismos como los genuinos usuarios de los espacios públicos del barrio, los dueños legítimos de las veredas frente a los invasores –los “manteros”– que las ocupan. Con el discurso al que hacemos referencia, la asociación vecinal busca que las autoridades políticas de la ciudad los reconozcan como legítimos vecinos que pagan sus impuestos frente a los otros que invaden su barrio y movilizar a los funcionarios hacia acciones para la recuperación del espacio público ocupado por los “manteros”.

Este discurso de los “vecinos legítimos” parece haber sido escuchado y recuperado por algunos candidatos a Jefe de Gobierno porteño durante la campaña electoral de 2015. A modo de ejemplo, nos centraremos en los discursos de dos candidatos a elecciones primarias y generales en los que el “problema de los manteros” fue presentado como uno de los ejes principales.

En una publicación en sus redes sociales, la precandidata por la coalición política Cambiemos^[50] a jefa de Gobierno de la Ciudad Gabriela Michetti (hoy vicepresidenta de la Nación) difundió una imagen de campaña en la cual se lee: “Señores vendedores ilegales: no me voten”. La publicación continuaba de la siguiente manera:

Si quieren seguir ocupando la vereda de todos, no me voten. Si quieren seguir amenazando trabajadores municipales, no me voten. Si quieren seguir usurpando Av. Avellaneda, no me voten. Quiero que las veredas y las calles vuelvan a ser de los vecinos, donde los chicos puedan jugar y los abuelos tomar mate.^[51]

Este discurso define a los “manteros” como “vendedores ilegales”, como un “otro” que no es reconocido como “vecino” de la ciudad. El uso que realizan del espacio público es presentado como una “usurpación” y “ocupación”, y su presencia es ilegítima frente a los “vecinos” que sí merecen usar el espacio público y permanecer en él.

Por su parte, Martín Lousteau, precandidato a jefe de gobierno por el partido ECO (Energía Ciudadana Organizada), respondió a las preguntas de los seguidores de la página de Facebook de La Nación en una entrevista virtual. Ante la consulta de una usuaria referida a las propuestas concretas del candidato en torno a la “venta ilegal”, Lousteau respondió: “El espacio público no debe ni puede ser apropiado por otros. Si queremos convivir de otra manera tenemos que repriorizar el lugar en que todos nos encontramos.”^[52] ¿Quiénes son los “otros”, aquellos que no deben ni pueden apropiarse del espacio público? ¿Quiénes integran el “todos”, que no se apropian sino que “conviven” en los espacios públicos de la Ciudad? La “otredad en la ciudad”, construida en el transcurso del conflicto por diversos actores, aparece puesta en juego en este discurso en forma explícita.

Finalmente las elecciones de 2015 arrojaron como resultado el triunfo de la coalición Cambiemos tanto en la jefatura de gobierno de la CABA como en la gobernación de la Provincia de Buenos Aires y en la presidencia de la Nación. Este resultado electoral produjo la expectativa en las cámaras empresariales de acabar finalmente con el “problema de los manteros”; así lo expresaba Ricardo Martínez, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida Avellaneda (integrante de FECOBA, que a su vez está adherida a CAME), al responder a la pregunta de cómo se frena el fenómeno de la venta ilegal:

Nadie dio una respuesta. Las policías Federal y Metropolitana se pasan la pelota, pero igual ahora esperamos estar mejor posicionados con la unificación del gobierno en Capital, Provincia y Nación, así que a partir del 10 de diciembre [fecha de asunción como Presidente de la Nación de Mauricio Macri] no habrá más excusas.^[53]

Invisibilizar al otro: el desalojo de Avenida Avellaneda (2016)

En 2016 se realizaron varios operativos policiales con el fin de desalojar a los vendedores de Avenida Avellaneda. En esta zona de la ciudad había fracasado en 2013 la iniciativa de las cámaras de comerciantes de instalar maceteros móviles sobre las veredas con el fin de disuadir la radicación de los “manteros” en la zona.^[54] En el mes de enero se desarrolló el primer operativo de decomiso de mercadería^[55] y en marzo y abril^[56] se realizaron otros dos con la finalidad de desalojar a los vendedores. Los “manteros” se organizaron para resistir la erradicación, que finalmente se produjo en forma violenta.^[57]

Jorge, uno de los entrevistados, es referente de la Organización de Vendedores de la Vía Pública de Flores, creada como táctica de resistencia al operativo de enero de 2016 bajo la certeza de que “el desalojo podía llegar en algún momento”. Uno de los objetivos de la organización es “desvincular al trabajador de la vía pública de […] la delincuencia.^[58] Hay una intención de criminalizar la actividad, diciendo que las mercaderías son ilegales… ese tipo de cosas intentan legitimar los desalojos”. La organización pretendió reunirse con las autoridades del Gobierno de la Ciudad “con el fin de encontrar una solución en conjunto” consistente en la habilitación de ferias donde los “manteros” pudieran relocalizarse pero, como explica Jorge, “nunca fuimos recibidos […] y un día nos encontramos con el operativo”. El referente de la Organización explicó de la siguiente manera los motivos del desalojo:

Atrás de este desalojo están los mismos protagonistas que estuvieron siempre, que son aquellos poderes económicos, como FECOBA, que nuclean a toda la actividad textil que se desarrolla, por ejemplo, en el barrio de Flores, y que son los grandes interesados en que los “manteros” dejen de existir. Las denuncias siempre han sido las mismas, y de acuerdo al gobierno de turno prosperan o no. En este gobierno… están prosperando.

En paralelo a los distintos operativos y las resistencias en Avenida Avellaneda, emergió una nueva estrategia consistente en la reubicación de los “manteros” en ferias o predios cerrados donde desarrollar su actividad.^[59] La propuesta del Gobierno produjo opiniones enfrentadas entre los vendedores en la vía pública: en tanto algunos consideraron que se trataba de una alternativa que les proveería mayor seguridad para el desarrollo de su actividad, otros desconfiaron de la propuesta por la cantidad insuficiente de puestos o bien por resultar económicamente inconveniente ya que, según uno de los vendedores, “la venta está en la calle, no en un galpón”.^[60] Para Jorge, la cantidad insuficiente de puestos disponibles en el predio ofrecido suponía que el Gobierno estaba “tratando de esconder a los manteros”. Dos meses después de la relocalización de los “manteros” al Paseo Comercial Once, un artículo en La Nación^[61] constataba el fracaso de esta iniciativa por la escasa circulación de clientes en la feria. Una vendedora entrevistada en el artículo mencionado expresó al respecto:

Yo pensé que esto funcionaría. Es un lugar cerrado, no estamos expuestos al clima y es más seguro, pero me preocupa la situación. Para venir nos pidieron que pagáramos el monotributo social, que son poco más de $ 200, pero ese dinero no se produce acá.

Esta nueva mutación en la estrategia del Gobierno de la Ciudad para regular, ordenar y reglamentar el espacio público constituyó un intento de expulsar e inclusive de “invisibilizar” a los “otros” que hacen un “uso indebido del espacio público”.

La redención de la otredad: el desalojo de los “manteros” de Once (2017)

En enero de 2017, un nuevo operativo policial desplegado desde la madrugada evitó que los vendedores de la vía pública del barrio de Once desarrollaran su actividad. Los “manteros” resistieron el desalojo durante dos días, en los que se registraron hechos de violencia con la policía. Este desalojo tuvo la particularidad de ser el primer operativo a cargo de la Policía de la Ciudad, fundada hacía tan sólo días por la gestión del nuevo Jefe de gobierno del Pro Horacio Rodríguez Larreta; por este motivo, la prensa insinuó que del éxito de este operativo dependería la buena imagen de las primeras políticas de la nueva gestión en la Ciudad.^[62]

Los discursos enunciados durante aquellos días abonaron los sentidos del espacio público emergidos a lo largo del “conflicto de los ‘manteros’”. Por ejemplo, el fiscal general de la ciudad Luis Cevasco (quien ordenó el desalojo), en consonancia con la concepción del espacio público como “lugar de paso”, argumentó ante los medios de comunicación que “las veredas están hechas para circular, no para comerciar”.^[63] Asimismo, Andrés Freire (Ministro de Modernización de la Ciudad) expresó que con el desalojo “hemos recuperado el espacio público para los vecinos”,^[64] idea a la que abona a su vez un artículo periodístico que difunde el testimonio de una mujer: “‘Esto es una tranquilidad total, ahora se puede caminar’, dice Mari, mientras va con lentitud al quiosco de la otra cuadra, sobre la calle Pueyrredón, casi esquina Mitre”.^[65] Por su parte, la asociación vecinal Buenos Vecinos Once publicó en su página de Facebook durante varios días fotos de esquinas y calles del barrio sin la presencia de vendedores en la vía pública acompañadas de expresiones como: “Otro día con las veredas libres, con las paradas sin percheros […] Parece mentira!! […] Los vecinos debemos defender el tantas veces vulnerado Espacio Público”.^[66]

Durante el transcurso del operativo, el Gobierno de la Ciudad anunció la implementación de un plan de recualificación urbana denominado “Once Peatonal”, una operatoria integral en la zona que incluía la peatonalización de calles, ensanche de veredas, puesta en valor de los locales comerciales ubicados en Avenida Pueyrredón (área denominada “Centro Comercial a Cielo Abierto”), soterramiento de cables, ordenamiento de marquesinas e incorporación de alumbrado y arbolado.^[67] Se iniciarían las obras del plan una vez resuelto el conflicto con los vendedores en la vía pública; de este modo, la propuesta de recualificación de la zona de Once operó como elemento legitimador del desalojo de los “manteros”, que aún estaba en proceso de negociación.

El resultado de dicha negociación introdujo una nueva mutación en la estrategia del Gobierno de la Ciudad hacia los “manteros”: como contrapartida a su erradicación, se les ofreció a los vendedores la asistencia a un curso de treinta y nueve encuentros sobre herramientas comerciales y de emprendedorismo, por el cual recibirían un subsidio mensual de 11.700 pesos argentinos. Tanto el curso como la subvención serían financiados y llevados adelante por CAME; de hecho, la capacitación se enmarcaría en el programa de cursos que la entidad brinda a comerciantes afiliados. La capacitación se dividiría en tres módulos: el primero referido a elementos de comunicación, comportamiento del consumidor y defensa de los argumentos; el segundo módulo sobre “nociones básicas del emprendedorismo” (liderazgo, propuesta de valor, plan de negocios, tabla de costos, evaluación del mercado, adaptación a las necesidades del consumidor); y el último se referiría a derechos laborales, normas de convivencia en el ámbito laboral, herramientas para la búsqueda de empleo y la entrevista laboral.^[68] A aquellos que llegaran al final del curso, se los habilitaría para desempeñar la actividad de reventa en paseos comerciales formales y se les otorgaría un certificado “que los autoriza a ingresar al mercado laboral formal”.^[69] Ciento setenta vendedores en la vía pública se anotaron para el dictado del curso y el 90% egresó dos meses después.^[70]

En un sentido barthesiano (1991), la CAME apela en este momento del conflicto a la operación retórica de la “identificación”, que consiste en negar al otro transformándolo en sí mismo (en este caso, en comerciantes formales o –más aún– en emprendedores). Por medio del curso, presentado por la prensa como una verdadera forma de resocialización (con titulares como “De mantero a emprendedor” o “Los manteros que se transformaron en emprendedores”), las autoridades del Gobierno de la Ciudad y CAME le ofrecen al “otro” una vía para redimirse de su carácter de otredad. La mutación en el discurso y la estrategia de CAME hacia los “manteros” desde el principio del conflicto hasta los últimos sucesos es marcada. En palabras del presidente de CAME en el acto de graduación de los vendedores en la vía pública: “el entusiasmo y las ganas de crecer de los vendedores nos han contagiado de esperanza. Al revés de lo que muchos pensaban, nosotros aprendimos de ellos […] que unidos podíamos vencer el flagelo de la venta ilegal”.

Consideramos que la particularidad que adquiere el conflicto en este momento de su desarrollo es la combinación, por un lado, de disciplinar el espacio (con el plan “Once Peatonal” que propone un reordenamiento físico de la zona) con disciplinar al “otro”, al usuario ilegítimo de la ciudad (a partir del curso para “transformar a los ‘manteros’ en emprendedores”).

Palabras finales: los sentidos divergentes del espacio público

Hemos realizado un recorrido del conflicto sobre los usos que los “manteros” realizan del espacio público en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de reconstruir la definición de usos legítimos e ilegítimos de la calle y la construcción de una otredad en el centro de la ciudad. A partir del análisis del material de entrevistas y del contenido de los discursos públicos, dimos cuenta de los sentidos divergentes que los actores sociales involucrados en esta disputa imputan al espacio público desde sus dimensiones de espacio concebido y espacio vivido.

En los discursos de diversos actores sociales (funcionarios, cámaras empresarias, asociaciones vecinales, dirigentes políticos, medios de comunicación), el espacio público es concebido como una esfera de convivencia armónica y pacífica entre individuos en el que la experiencia urbana por excelencia es la circulación. El espacio público debe ser, para estos actores, el sustento y la garantía de la igualdad de los ciudadanos para ejercer su derecho al libre tránsito urbano. Así concebido, el espacio público aparece yuxtapuesto al mito ciudadanista para el que la vida urbana es sinónimo de vida civilizada, y en que el comportamiento formal y cortés de los usuarios en la ciudad excluye toda posibilidad de conflicto. Es así como la emergencia del conflicto es comprendida como una invasión a dicha comunidad urbana por parte de personas que usan indebidamente el espacio público y vulneran el derecho a la circulación. Y es por esto, de hecho, que la reeducación del usuario ilegítimo (por medio de un curso de buenas prácticas emprendedoras y urbanas) puede presentarse a la opinión pública como una estrategia coherente en el conflicto originado por la invasión del “otro” en el centro de la ciudad. La concepción ciudadanista de los espacios públicos es portadora de todos los elementos necesarios para erigirse como la utopía liberal por excelencia de la vida urbana en común.

Los vendedores en la vía pública, por su parte, construyen representaciones del espacio público del que se apropian. La calle aparece aquí como lugar donde alcanzar la reproducción social negada por el mercado laboral formal. El espacio público es caracterizado como ámbito de un sinnúmero de adversidades e incertidumbres (clima, robos, estigmatización, inseguridad respecto a su permanencia) por los cuales se hacen necesarios los vínculos, la solidaridad, el reconocimiento y la protección que los otros que habitan la calle puedan ofrecer. El espacio público aquí es valorado como el territorio donde se inventan y se despliegan las “artes de hacer” (De Certeau, 2000), donde la vida social emerge como necesidad y como garantía de la reproducción de la existencia.

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