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5 El peso de las coaliciones
en las políticas de recursos naturales

La fractura hidráulica en Entre Ríos,
Neuquén y Río Negro (2010-2017)

Mariano A. Novas

Introducción

En un escenario de declinación de pozos hidrocarburíferos convencionales y crisis energética, el Congreso de la Nación de la República Argentina sancionó, en mayo de 2012, la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley N° 26.741/12) que declara de interés público nacional y objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Para su cumplimiento, se establece como principio de la política hidrocarburífera la integración del capital público y privado, dirigida a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales (HNC) a fin de garantizar el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias. Sin embargo, el método utilizado para la extracción de ese tipo de hidrocarburos (fractura hidráulica o fracking) provoca importantes debates, apoyos y/o resistencias socioeconómicas y ambientales, que generan respuestas estatales diversas en el ámbito subnacional. A partir de este contexto es que surge la pregunta que guía este trabajo: ¿qué factores nos permiten explicar las políticas públicas subnacionales disímiles en lo que respecta al método de fractura hidráulica, a pesar del gran impulso del Estado nacional? Adicionalmente intento responder: ¿cómo se configuran las tensiones intraestatales y sociales al interior de cada provincia?, ¿qué nos explica que en ciertas provincias o municipios prospere el reclamo de una coalición contra el fracking y en otras no?

El argumento que guía este trabajo sostiene que las provincias (poseedoras del dominio originario de sus recursos) y municipios se posicionan de forma disímil frente al método no convencional de extracción de hidrocarburos en virtud de tres variables principales: 1) coaliciones de actores que impulsan o se oponen al método; 2) grado de diversificación de la matriz productiva provincial y, en menor medida, 3) el grado de pluralidad del sistema político provincial (permeable o no a las demandas sociales). Es de esperar entonces que, dentro de una matriz económica provincial poco diversificada (dependiente de las regalías que percibe por explotar hidrocarburos y con extensa trayectoria hidrocarburífera), prosperen los proyectos extractivos impulsados por la coalición en favor del fracking. A su vez, si el sistema político subnacional resulta poco plural (sin alternancia electoral y poco competitivo), disminuyen las posibilidades de que la coalición opositora a la actividad consiga restringir la actividad mediante canales democráticos. En resumen, diremos que el surgimiento y la capacidad de incidencia de las coaliciones a favor y en contra del fracking se encuentran íntimamente vinculados, principalmente, a las características de la matriz productiva subnacional y en menor medida a los aspectos del sistema político.

En este sentido, con el propósito de estudiar la relación Estado-sociedad en el nivel subnacional, este capítulo examina, a partir de las tres variables previamente descriptas, cómo la conformación de coaliciones de actores (tanto en favor como en contra de la actividad) produce resultados distintos durante el período comprendido entre 2010 y 2017 en torno a la promoción o restricción del método fracking. Para tal fin, analizo los procesos y resultados obtenidos en tres provincias argentinas que reflejan las respuestas diversas en el nivel subnacional a los proyectos de fracking: Entre Ríos (prohibición), Neuquén (promoción) y Río Negro (caso intermedio). La comparación entre los casos se realizó en base a fuentes periodísticas y otros medios virtuales de información locales y nacionales, datos oficiales provinciales y nacionales e informes de agencias especializadas nacionales e internacionales.

Lo que resta del capítulo se encuentra dividido en siete secciones. La siguiente sección analiza el surgimiento del método de fractura hidráulica y la reconfiguración geopolítica a nivel global que provocó la explotación de HNC. La sección tres examina cuáles fueron las principales políticas para el sector que adoptó el Estado nacional argentino y qué estrategias aplicó durante el período de análisis (leyes, programas e inversiones). Luego realizo un breve análisis de la literatura especializada donde defino las variables para los análisis de caso. Las tres secciones siguientes están dedicadas a los estudios de caso de Entre Ríos, Neuquén y Río Negro, organizadas de acuerdo a tres variables: coaliciones de actores, matriz económica y sistema político subnacional, las cuales, según mi argumento, incidieron en la formulación de políticas de promoción o prohibición del método en el plano subnacional. Finalmente, realizo consideraciones finales respecto a las preguntas iniciales de este trabajo.

Reconfiguración geopolítica de los recursos naturales: la llegada del fracking

Se estima que el 87% de la matriz energética primaria global proviene de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón)[1]. Se trata nada más ni nada menos que del sostén de la economía (transporte, industria, herbicidas, iluminación, bienes materiales, calefacción, entre otras). A pesar de ello, estos recursos no son renovables y sus yacimientos convencionales[2] están declinando en un mundo que demanda cada vez más ingentes cantidades de energía; solo un 1% de la energía que generamos y utilizamos a nivel mundial proviene de energías renovables o limpias.

En 2005, durante el gobierno de George W. Bush, el Congreso de Estados Unidos sancionó la Ley de Política Energética[3] con el objetivo primordial de dar respuesta a su crisis y dependencia energética. Una de las políticas establecidas fue la de brindar una serie de beneficios fiscales, ambientales e impositivos a la industria petrolera para explotar HNC a través del método de fractura hidráulica o fracking[4]. La implementación de este paquete tecnológico, a lo largo de su territorio, le permitió a Estados Unidos incidir fuertemente en el escenario energético mundial. Por un lado, posibilitó a las compañías petroleras radicadas en Estados Unidos explorar y explotar las reservas de HNC, principalmente shale oil y shale gas[5], ubicándose en menos de una década como el primer país productor de petróleo, anteponiéndose incluso a Arabia Saudita en 2014[6] (actualmente, Estados Unidos ha perforado más de un millón de pozos con el método fracking y su actividad representa un 95% de la explotación no convencional a nivel mundial). Por otro lado, el desarrollo e inversión en la técnica del fracking permitió a Estados Unidos mejorar, en pocos años, su seguridad energética. En este momento la producción de shale oil representa el 50% de la producción total de petróleo en Estados Unidos[7]. A partir de este escenario, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, quienes producen conjuntamente más del 40% del petróleo crudo a nivel global[8]) adoptó como principal estrategia competitiva en el mercado petrolero sostener su producción, generando un exceso de oferta, con el objetivo de tornar poco atractiva la rentabilidad del fracking e impedir que aumenten la producción aquellos países que se encuentran por fuera de la OPEP, particularmente Estados Unidos, quien es el principal socio comercial e impulsor del fracking con vistas al autoabastecimiento energético. Estas acciones, sumadas a contextos macroeconómicos específicos, influyeron en la enorme volatilidad de los precios en la década de 2007-2017. Para dar un breve panorama, según un informe realizado por la CEPAL, el precio del barril de petróleo alcanzó en 2008 los U$S 140 y al año siguiente reportó una importante caída a menos de U$S 40. Con el paso de los años fue recuperando estabilidad, hasta alcanzar en 2014 un precio aproximado de U$S 100, un valor que torna rentable el fracking. No obstante ello, en 2015 el precio volvió a derrumbarse a U$S 50, precio que oscila en la actualidad entre U$S 50 y 60 (Arroyo y Cossio, 2015)[9].

Puede decirse entonces que la posibilidad de explotar los HNC (a pesar de sus mayores costos de inversión, su menor rendimiento energético y su posible impacto ambiental) provocó una reconfiguración geopolítica de los combustibles fósiles a nivel global por dos motivos centrales: por un lado, porque provocó una expansión de la frontera hidrocarburífera y con ello el surgimiento de nuevos actores poseedores de HNC[10] (mapa 1), y, por otro lado y como consecuencia de lo anterior, porque el principal consumidor mundial, Estados Unidos, disminuyó considerablemente la importación de hidrocarburos gracias al desarrollo de la técnica de fracking.

No obstante ello, en muchos países han surgido múltiples actores (vecinos, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos) que se oponen a la implementación del método dado los riesgos socioambientales que representa. Por esta razón, en varios Estados el fracking ha sido prohibido o suspendido hasta tanto no exista evidencia científica sobre su real impacto. Ejemplos de ello son Francia y Bulgaria, donde se encuentra prohibido, mientras que en Alemania existe una moratoria que restringe la explotación. También existen prohibiciones en el nivel subnacional en Estados Unidos y Canadá (Svampa y Viale, 2014).

Los argumentos esgrimidos por los opositores al método fracking, como Oil Watch, Observatorio Petróleo Sur o Food & Water Watch, se sustentan en los riesgos socioambientales que representa la actividad: la utilización de recursos hídricos a los que se agregan aditivos químicos que resultan riesgosos para la salud humana, pero que también podrían afectar los cultivos o plantaciones aledañas. Dentro de este cocktail químico[11] están el naftaleno, el metano y el ácido fórmico, que en caso de penetrar en un acuífero lo contaminaría de manera irreversible[12]. En consecuencia, existen riesgos en torno a la ubicación posterior del agua empleada o flow back y si la misma resulta contaminada o no. Los críticos señalan que la fractura hidráulica genera micro sismos o temblores, pudiendo provocar fallas que contaminen aguas subterráneas depositadas en acuíferos así como contaminación atmosférica (fuga de gas metano)[13]. En términos económicos, la perforación multidireccional y el bombeo constante implican un mayor suministro energético y, por ende, mayores costos de inversión que tornan al método poco rentable si el precio internacional de los commodities es bajo. Actualmente, el costo de perforación vertical de un pozo en Argentina ronda los U$S 7 millones y la perforación horizontal los U$S 10 millones[14].

Mapa 1. Cuencas con formaciones de shale oil y shale gas
a nivel global, 2013

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Fuente: Energy Information Administration, 2013.

Escenario del fracking en Argentina

La técnica del fracking produjo una impresionante expansión de la frontera energética global ya que permitió y permite actualmente explotar yacimientos inaccesibles años atrás. Según los reportes elaborados por la agencia gubernamental de energía estadounidense sobre los HNC a nivel global (Energy Administration Information, 2011, 2013[15]), Argentina sería el segundo país del mundo con mayores reservas de shale gas[16] y el cuarto en lo que respecta al shale oil[17]. Según aproximaciones actuales, esta cifra representaría para el país contener 30 veces más recursos no convencionales que convencionales.

Entre 2010-2011, la empresa Repsol-YPF comunicó, junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los primeros hallazgos de shale gas (Loma de la Lata) y de shale oil (Vaca Muerta), ubicados en la Provincia de Neuquén[18]. Ambas presentaciones se realizaron en un período de crisis energética, caída de reservas hidrocarburíferas, aumento de importación de gas y demanda ascendente de energía, todo lo cual provocaba un gran déficit en la balanza comercial (Gil y Dutt, 2016). En este escenario, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional en 2012 el proyecto para expropiar el 51% de las acciones de YPF S. A. y Repsol Gas S. A. con el objetivo de alcanzar el autoabastecimiento energético a partir de la explotación de recursos no convencionales (tal como fue el objetivo en 2005 del gobierno de Estados Unidos).

En mayo de 2012, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley N° 26.741/12)[19] que declara “interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos”. Para cumplimiento de ese objetivo, se establece como principio político la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales (shale oil, shale y tight gas[20]) a fin de garantizar el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias. En consecuencia, el Ejecutivo nacional diseñó, junto con la empresa YPF, una estrategia conjunta de exploración y explotación de HNC con dos objetivos primordiales. Por un lado, se propusieron poner en marcha el Plan Exploratorio Argentina, con el objetivo de realizar prospecciones de frontera en provincias “no petroleras” o con escasa información geológica. Para ello, se firmó un convenio con doce provincias en regiones no productivas (Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Santa Cruz, San Juan, Santa Fe, La Rioja, Salta, Misiones y Tucumán) para realizar, entre 2012 y 2016, 250 pozos exploratorios. Durante la firma del convenio, realizada en agosto de 2012, el CEO de YPF, M. Galuccio, sostuvo frente a gobernadores provinciales[21]: “es un día histórico porque salimos a explorar como YPF exploraba en sus primeros días”[22]. Por otro lado, se impulsaron proyectos en provincias donde había evidencias de yacimientos no convencionales como por ejemplo Chubut, Río Negro y Neuquén; en palabras de la ex mandataria Fernández de Kirchner: “queremos ir por todo, por el convencional y por el no convencional, con toda la fuerza”[23].

Cabe resaltar que la existencia de HNC en nuestro país no se concentra solo en una provincia. Como lo ilustra el mapa 2, las cuencas sedimentarias con potencial no convencional o donde se hallaron estos recursos son: Cuenca Neuquina, San Jorge, Austral Magallanes, Tarija, Cretácica, Cuyana y Chaco-Paraná (Di Sbroiavacca, 2013); es decir que los HNC, como el shale oil, shale gas o tight gas, pueden presentarse potencialmente en al menos 19 provincias[24].

Mapa 2. Posibles cuencas de shale gas y shale oil. Argentina, 2013

mapa 2

Fuente: Energy Information Administration, 2013.

Así, en un escenario de déficit energético (producto de la caída de reservas hidrocarburíferas y aumento de las importaciones de combustibles fósiles), el Estado nacional impulsó políticas tendientes a mejorar el abastecimiento energético a través de la exploración (en provincias no petroleras) y explotación (en provincias petroleras) de HNC. Las políticas del Poder Ejecutivo nacional a las que hago referencia son: la Resolución 1.312/2008[25] que promueve la explotación de gas y petróleo en las provincias a partir de un subsidio por parte del Estado nacional, la expropiación del 51% de las acciones de la principal empresa petrolera radicada en Argentina (2012), el plan exploratorio en provincias petroleras y no petroleras (2012), el Decreto 929/2013[26] destinado a la Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos tanto convencionales como no convencionales (2013), la Ley N° 17.319 que regula la exportación de hidrocarburos en base al abastecimiento del mercado interno y el programa estímulo al petróleo crudo que consta de un plan de subsidios a la industria petrolera (2015). En síntesis, el Estado nacional, en el período bajo estudio, diseñó políticas tendentes a controlar, direccionar y promover las actividades de la firma YPF en territorios provinciales basándose en la explotación de HNC. En simultáneo, llevó a cabo una estrategia que otorgó beneficios impositivos para incentivar a las multinacionales petroleras para invertir en este tipo de yacimientos, como así también concedió subsidios con el fin de impedir que la cotización internacional impacte negativamente en la producción y el empleo.

Explicando el peso de las coaliciones

No obstante la promoción del Estado nacional, este tipo de emprendimientos extractivos provocan múltiples tensiones al interior del sistema político generando respuestas diversas en el ámbito subnacional. Esto se debe a que, si bien no son soberanas ni autosuficientes, las provincias poseen la capacidad de regular actividades económicas, decidir cómo administrar regalías y cómo administrar sus recursos naturales (Gibson, 2004), dado el dominio originario que les reconoce la Constitución Nacional reformada en el artículo 124 (Gutiérrez e Isuani, 2014). Esto permite que dentro de un mismo país exista una heterogeneidad de estructuras productivas y una amplia variedad de sistemas políticos, con marcos legales diferentes. Por lo tanto, es de esperar que cada nivel subnacional tenga una propia configuración de actores con igual legitimidad para influir en la construcción de políticas públicas (Tamayo Sáez, 1997; Gutiérrez, 2010, 2017). Inclusive, las pugnas dentro de la negociación de políticas públicas suelen trasladarse al interior de la esfera estatal, entre actores con diferentes intereses y perspectivas, tal como se expresa, por ejemplo, en las tensiones entre poderes (Legislativo, Ejecutivo o Judicial), entre ministerios y/o entre niveles de gobierno (Gutiérrez, 2017).

En el proceso de formulación y ejecución de una política pública (como son las políticas vinculadas con proyectos a gran escala de extracción de recursos naturales) es posible hallar, entonces, coaliciones de actores con intereses y propósitos diversos que buscan incidir (tanto a favor como en contra) a través de múltiples repertorios de acción (Carpenter, 2001; Hochstetler y Keck, 2007; Gutiérrez, 2010). Estas coaliciones suelen ser heterogéneas en su interior, conformadas por actores sociales, económicos y políticos que se organizan para incidir sobre un asunto específico en las agendas gubernamentales (Gutiérrez, 2017).

Las coaliciones de actores que se oponen a proyectos extractivos se nuclean ante la percepción de posibles impactos socioeconómicos y ambientales que pueden provocar los proyectos extractivistas o de producción intensiva. En el caso argentino, el conocimiento de derechos constitucionales y leyes ambientales posteriores a la reforma constitucional de 1994 moldea nuevos repertorios de acción y argumentación tendentes a lograr nuevos marcos regulatorios (Delamata, 2012). Estos incentivos permiten a los actores involucrados combinar distintos tipos de acción que van desde la participación institucionalizada hasta diferentes formas de acción contenciosa, como el litigio judicial y la protesta social (Christel y Gutiérrez, 2017). En la vereda de enfrente se encuentran coaliciones a favor de las actividades extractivas. Unas y otras buscarán influir, sobre todo, en la definición del marco regulatorio de la actividad, en un caso para prohibirla y en el otro para promoverla y garantizar su estabilidad.

En este marco, podríamos localizar, en primer término, coaliciones contra el fracking que sostienen que la implementación de dicha técnica socava derechos humanos internacionales y constitucionales como la garantía de acceso al agua limpia y potable, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho al acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado y a la participación y el derecho de los pueblos originarios (convenio 169 de la OIT). Los argumentos de estas coaliciones señalan que: 1) la utilización de recursos hídricos, a los que se agregan aditivos químicos y arena (que permiten disolver la roca a gran presión), resulta riesgosa para la salud humana pero también podría afectar los cultivos o plantaciones aledañas. En consecuencia, quedan dudas en torno al destino posterior y a la calidad del agua empleada. También señalan que 2) la fractura hidráulica genera micro sismos o temblores, incluso puede provocar fallas que contaminen aguas subterráneas depositadas en acuíferos, así como 3) contaminación atmosférica (fuga de gas metano) y calentamiento global dado que consolida la matriz productiva sustentada en hidrocarburos en detrimento de energías limpias. En contraposición, la visión a favor del fracking rechaza los “mitos” supuestamente esgrimidos por los ambientalistas y, a partir de un vocablo más técnico, sostiene que: 1) la estimulación hidráulica no constituye riesgos ambientales dado que las reservas de shale se encuentran muy distantes de los acuíferos o napas; 2) solo se utiliza un 0,5% de productos químicos disueltos en agua, los cuales no representan ningún tipo de riesgo para la salud humana; y 3) el fracking se presenta como una oportunidad histórica para autoabastecerse energéticamente, que además cumple con los parámetros de seguridad ambiental[27].

Estudios recientes muestran que la capacidad de incidencia de la resistencia a los proyectos extractivos dependen de las particularidades del sistema político y de la matriz económica de cada provincia, pudiendo afirmarse que dichas características moldean incluso la configuración de las coaliciones a favor y en contra de una actividad concreta (Christel, 2016). En lo relativo al sistema político, el federalismo argentino posibilita a las provincias definir sus propios arreglos institucionales, generando una amplitud de sistemas políticos locales (Cardarello, 2011). Por lo tanto, un análisis del nivel subnacional muestra que cada unidad posee un sistema político propio que combina reglas y tradiciones político-partidarias particulares (Calvo y Escolar, 2005). Desde esta perspectiva cabría esperar que el grado de pluralidad o concentración del sistema político incida tanto en la conformación de las coaliciones como en su capacidad de incidir en la política pública (Christel, 2016).

En lo que respecta a la matriz económica, puede observarse que en el ámbito subnacional también existen condiciones o incentivos económicos para la formulación de políticas extractivistas o ambientales. Por ejemplo, un Estado rentista se caracteriza por acceder a recursos fiscales provenientes de rentas extraordinarias o regalías por la explotación de recursos naturales, lo que le permite ejercer dominio social más fácilmente (Gervasoni, 2010). Según Gervasoni (2010), estos Estados subnacionales poseen altos índices de empleo estatal, desarrollo de redes clientelares y control sobre la prensa, escenario que condiciona las capacidades de movimientos opositores. Es de esperar, entonces, que en una provincia con importante trayectoria hidrocarburífera previa, las coaliciones opositoras al método de fractura hidráulica tengan menores posibilidades de incidir en la negociación de la política pública. En contraposición, aquellas provincias que no disponen de rentas extraordinarias por la explotación de recursos naturales dependen en mayor medida de actores económicos provinciales dado que su presupuesto se encuentra más ligado a impuestos al consumo y la producción (McMann, 2006; Gervasoni, 2010). Por lo tanto, se espera que el grado y el tipo de diversificación de la matriz económica influyan en la conformación de coaliciones de actores a favor o en contra de una actividad económica y en sus posibilidades de éxito.

En síntesis, es de esperar entonces que la conformación y capacidad de incidencia de coaliciones de actores (tanto a favor como en contra de la actividad) arrojen resultados diversos en las tres provincias bajo estudio. Esto se encuentra íntimamente relacionado con las características de la matriz económica y del sistema político de cada ámbito subnacional. Si el sistema político subnacional resulta amplio, plural y competitivo, y al mismo tiempo la matriz económica es diversificada y escasamente dependiente de regalías petroleras, es de esperar entonces que las posibilidades de la coalición opositora de restringir la actividad aumenten, obteniendo una respuesta estatal favorable.

Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2017, se sucedieron políticas de promoción y restricción al método del fracking tanto en municipios como en provincias de todo el país. Con el propósito de reflejar las diversas respuestas en el ámbito subnacional propongo analizar a continuación tres casos representativos del método de fracking en Argentina: Entre Ríos (prohibición), Neuquén (promoción) y Río Negro (caso intermedio,) los cuales presentan matrices económicas y sistemas políticos muy diferentes entre sí.

Entonces, retomando la pregunta que guía este trabajo sobre cuáles serían los factores que incidirían en las políticas públicas subnacionales en torno a la explotación de HNC, propongo analizar el sistema político y la matriz económica subnacional de las provincias y cómo ambos pueden influir en la formación de actores a favor o en contra del fracking y en su capacidad de incidir en la política pública.

A partir de los trabajos de Christel (2016) y de Polischuk y Quayaq (2013), este capítulo considerará que el grado de pluralidad de un sistema político será mayor cuanto: 1) mayores sean las alternancias de fuerzas políticas en el Ejecutivo provincial, 2) mayor sea la competitividad entre partidos políticos en elecciones a gobernador, es decir, cuando sea menor la ventaja en puntos porcentuales entre el partido oficialista y el opositor (ventaja oficialista), 3) mayor sea el número de partidos con asientos legislativos, y 4) mayores sean los Índices de Fragmentación Legislativa. Para analizar estas variables en el nivel subnacional este trabajo se centra en el período de 1983 a 2017 a partir de los datos extraídos del Altas Electoral elaborado por Andy Tow[28].

Por otra parte, y también en base al trabajo de Christel (2016), el grado de diversificación de la matriz económica estará determinada por: 1) cuanto mayor sea la diversificación y el tamaño de Producto Bruto Geográfico, 2) menor la concentración de la canasta exportadora, 3) más bajos los valores de empleo estatal[29] y 4) trayectoria hidrocarburífera subnacional, es decir, qué tan relevante resulta la extracción de hidrocarburos en la composición del PBG, el tiempo histórico de la actividad y el personal capacitado.

Coaliciones de actores en Entre Ríos, Neuquén
y Río Negro

A continuación estudio las distintas coaliciones a favor y en contra del fracking en cada nivel subnacional con el fin de identificar los actores que las componen, los mecanismos de acción utilizados y los resultados obtenidos durante el período 2010 y 2017. Dicho análisis nos permitirá luego comprender si dicha configuración y los resultados obtenidos guardan relación con la matriz económica y el sistema político subnacional.

Entre Ríos

Según estimaciones de la Energy Information Administration (2011 y 2013) e informes presentados por la firma YPF[30], la provincia de Entre Ríos se encuentra encima de sedimentos geológicos que podrían presentar reservas de hidrocarburos de tipo no convencional (shale oil y shale gas), específicamente en la región norte de la provincia. Esos sedimentos forman parte de la denominada cuenca Chaco-Paraná, que comprende cinco países (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) y ocho provincias argentinas (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe, Córdoba y La Rioja). A su vez, Entre Ríos cuenta con una abundante disponibilidad de recursos hídricos (superficiales y subterráneos) indispensables para el desarrollo de la actividad. Se calcula que la provincia es una de las mejores posicionadas a nivel nacional en lo que respecta a la disponibilidad de recursos hídricos por dos motivos centrales. Primero, porque, según un informe de la FAO, cuenta con 41 mil kilómetros de ríos y arroyos[31]; esto se debe a que se encuentra localizada en la cuenca Río de la Plata, la cual suministra el 85% del agua superficial de nuestro país[32]. Segundo, porque por debajo de la provincia se halla parte del acuífero Guaraní, considerado el tercer reservorio transfronterizo de agua dulce más importante a nivel global, que aflora en distintas zonas conformando un sistema de humedales.

No obstante ello, la provincia carece de datos concretos respecto a la reservas de hidrocarburos del subsuelo; solo en 1961 se realizó un pozo exploratorio de escasa profundidad en el departamento de Nogoyá. Por estos motivos, en enero de 2010, el vicepresidente de la firma YPF (Eskenazi) se reunió con el por entonces gobernador Urribarri (FPV) con el fin de realizar cuatro pozos exploratorios y trabajos de estudios sísmicos para evaluar el potencial hidrocarburífero provincial[33]. Este encuentro se realizó en el marco del programa “Un proyecto de futuro” con financiamiento de YPF-Repsol, volcado principalmente a la búsqueda de reservas offshore y de obtención de información de provincias con escasa información geológica como Entre Ríos, Formosa o Chaco[34]. Dicha iniciativa entusiasmó al gobernador Urribarri, quien sostuvo:

… en Entre Ríos es muy probable que haya petróleo y esa es una industria poderosa con unos vectores de inversión y desarrollo tremendamente importantes. La industria petrolera debió adaptarse a nuevos estándares ambientales en todo el mundo, así que descartamos eventualmente cualquier tipo de problemas al respecto y hay decenas de ejemplos en el mundo de zonas de producción primaria que conviven perfectamente con desarrollos petroleros. Si le sumamos la industria petrolera a nuestra capacidad para producir agroalimentos, Entre Ríos sí que no tiene techo en su economía y en su desarrollo humano. No quiero ni pensar lo que sería esta provincia si pasamos a integrar el lote de provincias petroleras[35].

En el mismo sentido, Eskenazi afirmó tras el avance de las negociaciones que:

… estamos en comunicación permanente con el gobernador Sergio Urribarri, que es ferviente impulsor de este proceso que puede ser transformador para Entre Ríos. Sabemos que la provincia tiene potencial, pero esto no quiere decir que vamos a encontrar petróleo de un día para otro. Pero hay potencial, se sabe que hay rasgos de petróleo y gas[36].

En consonancia con esas declaraciones, el Poder Ejecutivo provincial y los representantes de la firma celebraron el “Acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos” el día 9 de enero de 2010.

Para 2012, los estudios de prospección habían finalizado dando como resultado dos zonas de posible exploración de HNC en Entre Ríos: Zona Federación (la cual incluye a los departamentos de Federación y Concordia), lindantes con la costa del río Uruguay[37] y Zona Paraná. Con esta información, ese año, el gobernador impulsó, por un lado, la creación de un Fondo para el Desarrollo Energético de Entre Ríos con “el propósito de financiar estudios, proyectos y obras de exploración o explotación de hidrocarburos” y, por el otro, buscó asesoramiento legal y técnico de la firma Schlumberger[38] para avanzar en la explotación de HNC en la provincia.

Sin embargo, pronto comenzaron las presiones por parte de múltiples sectores: productores (sojeros, arroceros), empresarios turísticos, legisladores opositores y fundamentalmente organizaciones territoriales (ambientalistas, profesionales y ciudadanía en general) que se opusieron a la propuesta del Ejecutivo provincial. Dentro de esta coalición de actores locales, podemos destacar tres con perfiles disímiles. Una de ellas es la Fundación M’biguá, ciudadanía y justicia ambiental, conformada en 2006 por profesionales y especialistas, la que promueve el respeto por la legislación ambiental tanto nacional como provincial. Esta fundación suministró aspectos teóricos, informes y documentos que argumentaban la inconsistencia entre el método de estimulación hidráulica y el artículo 85 de la Constitución provincial que afirma que “el agua es un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. El acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental”[39].

También se destaca el Movimiento Entre Ríos Libre de Fracking, un espacio que nuclea partidos políticos (Proyecto Sur, MST, Frente Amplio Progresista, Unión Cívica Radical Entre Ríos, Partido Socialista Auténtico, PCR), organizaciones agrarias como Federación Agraria de Entre Ríos y actores académicos como el programa de extensión Por una nueva economía, humana y sustentable de la Universidad Nacional de Entre Ríos, entre otros múltiples espacios[40]. Este Movimiento se presentó en “estado de alerta para defender el ambiente sano y un movimiento económico sostenible con energías alternativas y se caracterizó principalmente por la protesta y la articulación con representantes legislativos, como es el caso del bloque de diputados del Frente Amplio Progresista que presentó en 2012 el primer proyecto para prohibir el fracking a nivel provincial[41]. Para ese entonces, la diputada provincial M. Bargagna (Frente Amplio Progresista) sostuvo:

… por nuestra geología y nuestra matriz productiva, por las condiciones sociales sobre las cuales se establece la actividad de los entrerrianos, no se puede introducir el método de fractura hidráulica porque afectaría la forma de vida y los recursos de los entrerrianos[42].

Por último, resulta importante destacar aquellos foros y asambleas de vecinos que se movilizaron y exigieron restricciones al fracking en el plano municipal estrictamente, como el Foro Artiguista Entrerriano[43], el Foro Ambiental WajMapu (Chajarí), Grupo Ambiental Nogayasero, el Foro Regional contra el Fracking, Asamblea Paraná Libre de Fracking, Asamblea Popular Ambiental Colón[44], Asamblea Ciudadana Ambiental de Concordia[45] y la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, entre otros. Este accionar provocó un efecto dominó o de contagio en el nivel inferior de gobierno, consiguiendo la prohibición del método a través de sucesivas ordenanzas municipales que se sustentaron en normativas ambientales de la Constitución Nacional y Provincial. En efecto, entre 2013 y 2017, se contabilizaron 37 municipios, de los 78 existentes, que prohibieron la fractura hidráulica en el ejido municipal. La mayor parte de las ordenanzas provinieron de los departamentos de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Uruguay y Federación, donde se ubica la mitad de la población entrerriana y donde prima la producción agropecuaria. Asimismo, cabe señalar que las áreas consideradas por YPF de exploración (zona Paraná y Federación) fueron las que mayor resistencia y activismo vecinal generaron y, por ende, los departamentos con mayor cantidad de municipios contra el fracking. En simultáneo con las movilizaciones de diversos actores, los espacios de debate y las ordenanzas municipales, en 2013 la Justicia entrerriana dio curso a un amparo ambiental contra el fracking, tras un pedido realizado por organizaciones sociales y políticas[46]. Este conjunto de iniciativas desde distintos espacios de acción diluyeron las aspiraciones exploratorias de Urribarri y de la compañía petrolera interesada. Finalmente, tras triunfar en las elecciones provinciales de 2015, el gobernador Bordet (PJ) dio un importante giro respecto a su antecesor y afirmó, en su discurso inaugural en la asamblea legislativa, que:

El agua está llamada a ser el recurso más importante para el futuro. Más importante que los hidrocarburos y vamos a definir justamente una política para preservar este recurso. Por eso, tenemos bien en claro que hay cuestiones que son incompatibles con nuestros sistemas productivos y nuestros recursos naturales que también alientan la promoción del turismo. Por eso, nosotros decimos con claridad que en el cuidado de nuestros recursos no vamos a promover durante nuestra gestión exploraciones no convencionales de petróleo. Decimos con claridad que no queremos fracking en Entre Ríos por estos cuatro años[47].

En línea con esas declaraciones, en 2016 el Poder Ejecutivo envío un proyecto a la Cámara de Diputados que finalmente fue fusionado con el proyecto presentado en dos oportunidades (2012 y 2015) por la diputada Bergagna (FAP), siendo aprobado por unanimidad en la cámara de Diputados el 26 de abril de 2017. Esta Ley (N° 10.477/17) prohíbe, en su artículo primero, la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos por métodos no convencionales, incluyendo la técnica de fractura hidráulica”. Al mismo tiempo, obliga al Poder Ejecutivo a “promover acciones que garanticen la protección de las aguas pluviales, superficiales y subterráneas, incluyendo el Acuífero Guaraní” e invita a provincias que comparten este acuífero a legislar en favor de su protección. De esta manera, el caso de Entre Ríos nos refleja cómo la coalición de actores contra el fracking logró desarrollar múltiples mecanismos de acción en distintos niveles y poderes (ordenanzas municipales, recurso de amparo, proyectos de ley en la Cámara de Diputados) que imposibilitaron el desarrollo de la técnica en la provincia.

Neuquén

La cuenca neuquina se expande por el subsuelo de cuatro provincias (La Pampa, Mendoza, Neuquén y Río Negro) y su extensión aproximada es de 120.000 km2. Dentro de esta cuenca se encuentra el yacimiento más importante de HNC de Argentina y tal vez uno de los de mayor envergadura en América Latina, denominado Vaca Muerta, con una superficie de más de 30.000 km2 localizados principalmente en la provincia de Neuquén (y una pequeña parte en el oeste de Río Negro y otra, menos significativa, al sur de Mendoza). Este yacimiento fue dado a conocer en 2011, cuando la compañía estaba en manos de Repsol-YPF. Según estimaciones de la Energy Information Administration (2013), tendría un enorme potencial para la obtención de gas, 308 TCF, y recursos en shale oil que alcanzarían los 16 mil de millones de barriles, lo que implicaría multiplicar por diez las actuales reservas de Argentina[48]. Cinco meses después de la presentación de dicho yacimiento, el Poder Ejecutivo nacional decidió expropiar el 51% de las acciones de Repsol YPF y direccionar junto con el Ejecutivo provincial y el nuevo CEO de YPF, el entrerriano M. Galuccio, un programa para otorgarle beneficios estratégicos y económicos a la firma con el fin de explotar los HNC disponibles. Hoy en día, YPF posee la concesión de más de la mitad de la superficie de este megayacimiento y realiza acuerdos con firmas petroleras de todo el mundo con el propósito de explorarlo y explotarlo[49]. Se trata del megaproyecto extractivo más significativo a nivel nacional, dados los volúmenes de inversión y la importancia estratégica de su producción, que cuenta con una coalición de actores a favor muy heterogénea entre los que es posible identificar no solo a los Ejecutivos tanto nacional como provincial sino también a empresas petroleras, sindicatos petroleros, partidos políticos y grupos de expertos como, por ejemplo, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas que traccionan a favor de dicha técnica.

El inicio de la explotación no convencional en territorio neuquino ocurrió durante 2013, cuando se firmó el primer acuerdo entre las petroleras YPF y Chevron para explotar el yacimiento Loma Campana, ubicado en Vaca Muerta. Este pacto aseguraba una inversión inicial de U$S 3.000 millones con el objetivo de perforar más de 1.500 pozos dentro del área concesionada y alcanzar para 2017 una producción de 50 mil barriles de petróleo y 3 millones de metros cúbicos de gas natural asociado por día. En simultáneo con la firma de este acuerdo, el Ejecutivo nacional estableció, por Decreto 929/2013 (Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos)[50], una serie de beneficios económicos e impositivos para aquellas compañías, como Chevron, que realizaran, en forma directa, una inversión no menor a U$S 1.000 millones en un plazo de cinco años. Los beneficios otorgados más relevantes fueron “comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos o gaseosos con una alícuota del 0% de derechos de exportación”; es decir, permitir a las firmas exportar sin retenciones, al tiempo que le otorga la libre disponibilidad de las divisas obtenidas de esas exportaciones, por lo que no estarán obligadas a ingresarlas al país.

El acuerdo entre YPF y Chevron fue ratificado por la legislatura provincial en 2013 a pesar de las protestas de la coalición de actores contra el fracking. Estos actores incluyen, entre otros, a comunidades mapuches (Lof Campo Maripe, ubicada en Vaca Muerta), ambientalistas, organizaciones de profesionales (como Observatorio Petróleo Sur o la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia), la Multisectorial contra el fracking[51], la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), asamblea de vecinos como Fuera Basureros Petroleros, diputados provinciales, obispos[52] y organizaciones estudiantiles. Si bien estos actores se encuentran nucleados contra la actividad del fracking, sus reclamos no son homogéneos y sus repertorios de acción resultan disímiles y escasamente coordinados.

La comunidad Lof Campo Maripe, ubicada en Loma Campana, argumenta no haber sido consultada para realizar dicha actividad (tal como sostiene el Convenio 169 de la OIT referido al derecho de consulta). A su vez, afirma poseer derechos ancestrales (contemplados en la Constitución provincial) y derechos legales sobre esas tierras, al tiempo que considera el método extractivo como agresivo frente a su modo de vida. Esta comunidad utilizó diferentes repertorios de acción: realizó cortes de ruta o bloqueos para ingresar a yacimientos, toma de pozos de extracción, denuncias ambientales y movilizaciones. Sus acciones fueron rápidamente reprimidas por el Ejecutivo provincial y nacional. En este sentido, el gobernador J. Sapag esgrimió en 2013 su postura al respecto, diciendo que “la Constitución provincial es sabia: las comunidades mapuches tienen el dominio de las tierras que tradicionalmente ocupan. No que tradicionalmente ocuparon o que tradicionalmente ocuparán”[53].

Dada la vasta extensión del yacimiento, vecinos de diferentes localidades comenzaron a agruparse en torno a la posible llegada del fracking a sus municipios. Por un lado, vecinos autoconvocados de la localidad de Junín de los Andes lograron, tras recolectar firmas y sucesivas movilizaciones, que el Concejo deliberante aprobase en 2015 la primera ordenanza en toda la provincia prohibiendo expresamente la minería a cielo abierto y la hidrofractura en el municipio[54]. A este municipio le siguieron, ese mismo año, Aluminé, Zapala[55] y, en 2017, Vista Alegre. Esta última localidad reviste relevancia para este análisis ya que puede resultar gráfico para representar los conflictos socioeconómicos y las disputas interestatales. Vista Alegre posee alrededor de 3 mil habitantes volcados principalmente a la producción frutícola, siendo su principal fuente de agua (para consumo humano y abastecimiento de campos) el río Neuquén. Al mismo tiempo, esta localidad se encuentra sobre la formación Punta Rosada, la cual se conoce que posee HNC, en particular tight gas. Consecuencia de ello es que existen múltiples planes de explotación como el que se dio a conocer en 2016 perteneciente a la firma Petrobras, que puso en marcha una inversión de 346 millones de dólares en cuatro años para iniciar actividades en la zona. Este desembolso representa 16 millones de dólares que ingresan a la provincia en concepto de impuestos y derechos de explotación; de esta manera celebraba el acuerdo el actual gobernador Gutiérrez: “Esta vaca está más viva que nunca. No tengo dudas de la potencialidad y de la viabilidad del desarrollo de Vaca Muerta y de los recursos hidrocarburíferos convencionales y no convencionales de petróleo y gas que tiene la cuenca neuquina”[56]. Este escenario alertó a los vecinos y productores frutícolas de Vista Alegre dado el riesgo económico y socioambiental que les representaba el avance de estos proyectos extractivos aledaños a sus campos y su fuente de agua: “el petróleo nos perjudica porque están destruyendo tierra productiva y acá después no queda nada. Las escuelas son de hace 80 años, la salita de primeros auxilios también”, señaló el concejal Quiroga[57]. Por tal motivo surgieron la Asamblea Vista Alegre Libre de Fracking y Asamblea por el Agua, las que tras reiteradas movilizaciones, pedidos de informes y protestas consiguieron que el concejo deliberante aprobase por unanimidad la Ordenanza 783/16[58], la cual prohíbe la técnica de fracking en el ejido municipal. A diferencia de las ordenanzas dictadas en Junín de los Andes, Aluminé y Zapala, esta ordenanza tuvo un desenlace distinto ya que un fiscal de Estado solicitó a través de una medida cautelar declarar la nulidad de la Ordenanza de Vista Alegre por no tener competencia legal para regular la actividad hidrocarburífera. Acto seguido, el Tribunal Superior de Justicia dio lugar a la solicitud y decidió suspender la ordenanza considerando que “vulnera la atribución de competencias que la Constitución Provincial prevé en materia de hidrocarburos”. La resolución indica que “constitucionalmente no se autorizó a ninguna municipalidad a entrometerse bajo ningún aspecto ni de ninguna forma, en la regulación de los recursos naturales, legislando, prohibiendo la exploración y/o explotación en los yacimientos de gas y/o petróleo, sea de los denominados convencionales o no convencionales, mediante la técnica del fracking[59]. Esta decisión de la justicia provincial provocó una nueva respuesta de los vecinos que decidieron cortar la ruta en defensa del agua y la economía frutícola, pero hasta la fecha no han podido impedir el avance de la extracción de HNC en sus tierras productivas.

En consecuencia, es posible advertir que la provincia de Neuquén cuenta con una coalición de actores en favor de la explotación de hidrocarburos que promocionan fuertemente la llegada del fracking por sus beneficios tanto económicos como los referidos a política energética. El conjunto de actores nuclea todos los niveles de gobierno (tanto nacional, provincial como municipal) que discursivamente construyeron a Vaca Muerta como el yacimiento de la soberanía energética nacional dada su potencialidad en HNC. A su vez, la Cámara de Diputados provincial se ha expresado también a favor de este tipo de proyectos al igual que los sindicatos y las firmas petroleras. El peso de esta coalición de actores no solo ha permitido un significativo avance en la explotación de HNC en la provincia, sino que también ha obstaculizado el debate y acciones por parte de los opositores al método, los cuales no lograron instalar sus reclamos en la sociedad neuquina ni tampoco obtener representación legislativa sólida. Por otra parte, las cuatro ordenanzas municipales contra el fracking sancionadas entre 2013 y 2017 sufrieron un fuerte revés judicial tras declararse la inconstitucionalidad de la ordenanza de Vista Alegre por parte de la justicia provincial. Al mismo tiempo los reclamos judiciales y territoriales de las comunidades originarias asentadas en yacimientos no prosperaron, motivo por el cual actualmente intentan visibilizar esta problemática ante organizaciones no gubernamentales internacionales como Amnistía Internacional o 350.org.

Río Negro

La provincia de Río Negro no estuvo exenta de la increíble expansión de la frontera hidrocarburífera que provocaron los no convencionales y el fracking. En este sentido, tras el impulso del Estado nacional a partir de 2008 bajo el programa Gas Plus[60], el departamento General Roca, el más poblado de la provincia, despertó el interés de múltiples compañías petroleras para explotar tight gas, dado que su subsuelo contiene lo que se denomina la cola de Vaca Muerta, esto es, una capa geológica no muy extensa que pertenece a la cuenca neuquina que posee grandes reservas de gas no convencional. En efecto, a partir de 2010 se sucedieron múltiples inversiones exploratorias y extractivas que comenzaron a pujar con la principal actividad económica no solo del departamento sino también de la provincia: la producción frutícola.

Argentina tiene una posición relevante en el mercado internacional de peras y manzanas dado su carácter de contra estación en relación al hemisferio norte, concentrando su producción principalmente en el Alto Valle del Río Negro, que comprende las provincias de Neuquén y Río Negro, donde se produce un 78% del total nacional. No obstante ello, esta economía regional se encuentra en una etapa crítica debido a dos factores fundamentales: la fuerte presión tributaria que impide que la actividad resulte rentable para los productores y un aumento en la competitividad de los mercados externos debido al auge de nuevos actores como Chile y Sudáfrica. En este contexto desfavorable, pequeños y medianos productores se vieron obligados a rematar o alquilar chacras, antes dedicadas a la producción de peras y manzanas, para a realizar actividades extractivas, fundamentalmente para exploración de tight gas. En el corto plazo, esta actividad tuvo un fuerte impacto provocando la pérdida de tierras productivas debido al desplazamiento, la tala de los cultivos y también por daños ambientales (mal manejo de pastillas radioactivas, tratamiento indebido de residuos petroleros, fuga de agua salada de un pozo no convencional sobre plantaciones y explosiones nocturnas).

En este escenario, vecinos autoconvocados, docentes, productores frutícolas, partidos políticos y sindicatos se manifestaron en contra del avance del fracking en la región. Así fue como en 2012 el municipio de Cinco Saltos resultó ser el primer municipio a nivel nacional en declararse libre de fracking tras aprobar la Ordenanza municipal 1.049/2012. Al respecto, el referente de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua sostuvo: “demostramos que la comunidad puede decidir qué futuro quiere y cómo desea vivir, y no dejar esas decisiones en manos de gobiernos ni de empresas”[61]. A ello le siguieron 11 ordenanzas municipales más en toda la provincia que prohíben el método de fractura hidráulica en el ejido municipal basándose en la Ley General del Ambiente y los riesgos socioeconómicos que implica la actividad. A continuación, analizaremos brevemente el caso de Allen que nos permitirá caracterizar los actores en pugna respecto al método de fractura hidráulica.

Durante 2013, en la localidad de Allen (conocida también como la capital nacional de la pera y la manzana), se sucedieron repetidas protestas en la municipalidad y la recolección de firmas por parte de vecinos (Asamblea por el Agua, Asamblea del Valle Medio), sindicatos (docentes UNTER o ATE), productores (Cámara de Fruticultores de Allen[62], Federación Agraria), partidos políticos y comerciantes con el objetivo de detener las operaciones de exploración de tight gas en los campos aledaños a las producciones de frutas.

El propósito central de esta coalición de actores fue defender la economía regional frente al fracking, el cual representa serios riesgos socioambientales y económicos. Para ello se sustentan en el artículo 5° de la carta orgánica municipal que sostiene que el municipio deberá

… asegurar en todas sus formas el derecho de los habitantes a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo del ser humano, preservando su salud, manteniendo y protegiendo el sistema ecológico y el paisaje, mediante el uso racional de los recursos naturales, considerando a la tierra, el agua y el aire, patrimonio común del Municipio, regulando el uso propio y el del resto de la comunidad, adoptando medidas apropiadas para evitar la contaminación[63].

Por ello, tras sucesivas movilizaciones y debates, el Concejo Deliberante de Allen prohibió por unanimidad el método fracking en el ejido de la comuna, mediante la Ordenanza Municipal N° 046/2013, “con fundamento en el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente N° 25.675/02, que dispone prohibir dentro del ejido de la ciudad de Allen la utilización del método de fractura hidráulica, fracking y/o estimulación hidráulica”[64].

No obstante ello, días después, el gobernador Weretilneck sentenció ante la prensa el destino próximo de la ordenanza:

… estamos de acuerdo en que los vecinos se preocupen y se ocupen del medio ambiente, pero dejamos en claro que la materia de hidrocarburos y gas y la materia de medio ambiente son facultad exclusiva del gobierno de la provincia. Los municipios no pueden legislar sobre ninguna de las dos materias[65].

Meses después, el Ejecutivo provincial presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, quien determinó luego la nulidad de la ordenanza alegando que el dominio sobre los hidrocarburos es potestad de la provincia:

La medida dispuesta por la Municipalidad de Allen interfiere de modo ostensible con el ejercicio de competencias propias de la Provincia, en materia de administración y regulación de la actividad de explotación de los recursos hidrocarburíferos existentes en todo el territorio provincial[66].

De esta manera, las exploraciones continuaron a pesar del malestar de los vecinos. Un año después, M. Galuccio (entonces CEO de YPF) afirmaba en una videoconferencia con la ex mandataria C. Fernández que “desde aquí [Allen] perforamos pozos que van debajo de los ríos y las granjas y podemos hacer que la fruticultura y el negocio petrolero o la producción de gas vayan conjuntamente de la mano”[67].

En consecuencia, la coalición de actores a favor del fracking (Ejecutivo nacional, provincial y empresas petroleras) considera posible y compatible la extracción de gas no convencional y la producción frutícola en el Alto Valle a través del discurso de oportunidad histórica y manejo responsable por parte de las firmas petroleras; en palabras del gobernador se trata de una convivencia entre sistemas productivos que se benefician mutuamente:

… ningún productor arrendaría una hectárea de su chacra para hacer gas y petróleo si eso significara la pérdida de su producción y la baja de rangos de calidad. El productor está observando que puede generar dinero extra a su producción que le garantice inclusive la modernización de su chacra”[68].

Al igual que en Neuquén, esa coalición cuenta con el apoyo decisivo del máximo tribunal provincial. Por otra parte, la coalición contra el fracking denuncia que el gobernador aspira a una transformación en la matriz productiva en pos de la expansión de proyectos extractivos; por consiguiente exigen políticas concretas para paliar la crisis del sector frutícola al tiempo que demandan medidas para restringir las actividades extractivas dentro del ejido municipal debido a los impactos ambientales. En este sentido, si bien esta coalición logró que el nivel inferior de gobierno declarase varias ordenanzas municipales que impiden el fracking, tres de ellas fueron derogadas. La primera fue la de Cinco Saltos, vetada por su intendenta en 2013 con el aval del gobernador, mientras que las de Allen y Fernández Oro fueron consideradas inconstitucionales por el Tribunal Superior de Justicia provincial en 2013 y 2017, respectivamente. A pesar de ello, resulta importante destacar que los productores y vecinos de distintas localidades continuaron apelando a sus concejos deliberantes para detener o impedir proyectos exploratorios en zonas productivas. En consecuencia, desde 2013 a la fecha casi un tercio de los municipios rionegrinos se declaró en contra del fracking (12 de 39). Todo ello en un contexto de fuerte promoción por parte del Estado nacional y provincial y a pesar de los fallos judiciales adversos. Asimismo, los departamentos más activos contra el fracking (Avellaneda y General Roca) son aquellos donde se concentra la producción frutícola y casi la totalidad de las ordenanzas[69].

A la luz de estos casos, es posible señalar que en Río Negro el peso de la coalición en favor del fracking ha sido más determinante a pesar de la fuerte resistencia de actores diversos que, si bien impulsaron ordenanzas en el nivel inferior de gobierno, no lograron detener efectivamente el desarrollo de nuevos proyectos. Por el contrario, el avance de pozos de extracción continúa avanzando hoy sobre campos antes abocados a la producción frutícola.

Tras haber realizado un breve recorrido sobre la composición y los resultados obtenidos por las coaliciones tanto a favor como en contra del método del fracking durante 2010 y 2017, analizo a continuación el sistema político y la matriz económica subnacional para observar si las mismas inciden o no en el éxito o fracaso de una coalición de actores sobre una política pública vinculada a recursos naturales.

La influencia del sistema político

En esta sección analizaré el sistema político de cada provincia a partir de cuatro variables para determinar si el éxito o fracaso de las coaliciones a favor y en contra del fracking guarda alguna relación con el grado de pluralidad del sistema político. Se considerará que el grado de pluralidad de un sistema político será mayor cuanto: 1) mayores sean las alternancias de fuerzas políticas en el Ejecutivo provincial, 2) mayor sea la competitividad entre partidos políticos en elecciones a gobernador, es decir, cuando sea menor la ventaja en puntos porcentuales entre el partido oficialista y el opositor (ventaja oficialista), 3) mayor sea el número de partidos con asientos legislativos y 4) mayores sean los Índices de Fragmentación Legislativa.

Entre Ríos

Desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la actualidad, en Entre Ríos se llevaron a cabo nueve elecciones para poder Ejecutivo y Legislativo (diputados y senadores). Es posible reconocer a lo largo de estos 35 años dos etapas bien definidas en este sistema político. La primera de ellas comprende de 1983 a 2003 y se caracterizó principalmente por la vigencia de la Constitución provincial de 1933, la cual impedía al Poder Ejecutivo ser reelecto tras cumplir un mandato de cuatro años (art. 120). Dicho diseño institucional hizo posible cierta alternancia entre partidos y líderes de dos fuerzas políticas, nos referimos a la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ). En total, durante ese período se contabilizaron tres alternancias entre estas fuerzas políticas, es decir, donde el partido opositor logró superar en los sufragios a la fuerza oficialista. La primera ocurrió en 1987 cuando el PJ logró derrotar a la UCR; la segunda en 1999 cuando Montiel, líder de la UCR, triunfó por sobre el PJ y, finalmente en 2003, cuando el PJ retornó al Poder Ejecutivo. Hasta 2003, las fuerzas políticas no lograron superarse entre sí por amplios márgenes de votos, lo cual refleja un escenario de mayor competencia entre partidos. No obstante ello, a partir de 2003 es posible reconocer una nueva etapa por dos características centrales. Por un lado, el declive electoral constante de la UCR hizo posible que el PJ se afianzara en el Poder Ejecutivo hasta la actualidad, obteniendo importantes ventajas electorales como la de 2011, cuando alcanzó una diferencia de 37% de los votos respecto a la alianza radical (Lenarduzzi, 2013). Por otro lado, la continuidad del PJ en el poder fue favorecida por la reforma constitucional de 2008 que posibilitó la reelección del gobernador por un mandato de cuatro años más.

Por su parte, el Poder Legislativo entrerriano contiene dos cámaras, la Cámara de Diputados y la de Senadores (actualmente compuestas, tras la reforma constitucional de 2008, por 34 y 17 integrantes respectivamente, las cuales se renuevan totalmente en cada sufragio). Dado el diseño institucional, “los diputados serán elegidos en distrito único, por un sistema de representación proporcional; pero que asegure al partido mayoritario la mayoría absoluta de la representación[70]” y su candidatura se encuentra adherida a la del candidato a gobernador, lo cual aumenta las posibilidades de que la mayoría de las bancas respondan al signo político del gobernador triunfante (Lenarduzzi, 2013). Esto se refleja en los resultados de todas las elecciones desde 1983 a 2015, donde el partido ganador obtuvo más del 50% de los asientos legislativos (15 sobre 28 hasta 2007, y 18 o más sobre 35 tras la reforma constitucional). Por su parte, los senadores “serán elegidos a razón de uno por cada departamento y a simple pluralidad de votos[71]”. Este esquema permitió, por ejemplo, que en la elección de 2011, cuando el oficialismo (FPV-PJ) alcanzó la reelección tras una holgada victoria de 37 puntos respecto de su contendiente, el oficialismo obtuviese la totalidad de la cámara.

A partir de los datos extraídos del Atlas Electoral de Andy Tow, el cuadro 1 refleja el Número Efectivo de Partidos (NEP)[72] y el Índice de Fragmentación legislativa (IFl)[73] tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. El promedio de NEP de la Cámara de Diputados provincial en el período 1983-2015 es de 2,30 y para la cámara de senadores es de 1,71; mientras que el Índice de Fragmentación es de 0,56 en diputados y 0,38 en senadores. A la luz de estos datos es posible describir a la cámara de diputados como más representativa y plural que el senado. No obstante, ambas cámaras reflejan la tendencia hacia un bipartidismo provincial con escasa relevancia de partidos alternativos y por ende una escasa fragmentación legislativa.

Cuadro 1. Número Efectivo de Partidos (NEP) e Índice de Fragmentación Legislativa (IFL) para las Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos 1983-2015
1983
1987
1987
1991
1991
1995
1995
1999
1999
2003
2003
2007
2007
2011
2011
2015
2015
2019
Dipu­tados NEP 1,99 2,12 2,12 2,24 1,99 2,43 2,70 2,57 2,55
Dipu­tados IFL 0,50 0,53 0,53 0,55 0,50 0,59 0,63 0,61 0,61
Sena­do NEP 1,64 1,88 1,97 1,97 1,84 1,44 1,44 1 2,21
Sena­do IFL 0,39 0,47 0,49 0,49 0,46 0,30 0,30 0 0,55

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del Atlas Electoral de Andy Tow[74].

Neuquén

Si algo caracteriza al sistema político neuquino es la vigencia del Movimiento Popular Neuquino (MPN) a casi seis décadas de su nacimiento. De las 11 elecciones totales en la provincia (desde la década de 1960 hasta la actualidad), triunfó en todas ellas, abandonando el poder solo en períodos de facto. En otras palabras, en Neuquén aún no ha habido alternancia dentro del Poder Ejecutivo, observándose además una amplia y constante ventaja oficialista respecto de sus opositores en las elecciones a gobernador durante todo el período bajo estudio, lo que le permite al gobernador obtener el dominio de la legislatura (ver cuadro 4 más abajo). Esto nos lleva a identificar tres aspectos del partido provincial más relevante en el plano nacional dada su representatividad electoral y su constancia en el tiempo. Primero, su surgimiento en 1961 se halla íntimamente vinculado a la proscripción del peronismo, de ahí su dinámica propia y su pronta asociación con el sindicalismo petrolero. Segundo, el manejo del Poder Ejecutivo le permitió dominar de forma ininterrumpida los recursos del Estado (obtención de regalías petroleras, por ejemplo) y generar a partir de ello altos niveles de empleo público. De estos dos aspectos se desprende uno último, que refiere a la construcción de una identidad (que se refleja en el alto porcentaje de afiliados) que ha podido sortear los contextos nacionales y que presenta en la actualidad distintos bandos e internas. Podríamos caracterizar entonces al sistema político neuquino como un sistema político de escasa competencia extrapartidaria (Polischuk y Quayaq, 2013).

Desde 1983 hasta 2015, el MPN ha triunfado en todos los sufragios a gobernador y resultó ser el partido con mayor cantidad de bancas en la unicameral provincial. Durante este período el MPN consiguió en términos porcentuales entre un 35 y 65% de las bancas, siendo el período actual (2015-2017) el de menor hegemonía. Es posible distinguir dos etapas: la primera entre 1983 y 1994, cuando el MPN mantuvo un margen abultado respecto a sus opositores (PJ y UCR) y al mismo tiempo dominó la cámara con más del 60% de las bancas, y la segunda, que comienza tras la enmienda constitucional de 1994, la cual aumentó la cantidad de legisladores de 25 a 35 y pasó del sistema mayoritario a uno de reparto proporcional basado en la fórmula D’Hondt con un piso de 3%. Este nuevo escenario posibilitó, como se puede apreciar en el cuadro 2 (basado en los datos extraídos del Atlas Electoral de Andy Tow), un aumento sostenido de representatividad de nuevos partidos y, en consecuencia, un mayor grado de fragmentación legislativa. El promedio de estos índices desde 1983 hasta 2015 refleja un 3,2 para el NEP y un 0,63 para el IFL. No obstante ello, es necesario recalcar que el MPN utilizó como estrategia, frente al nuevo escenario normativo, asociarse a pequeños partidos para captar más bancas. Estos partidos “satélite”[75] resultan ser aliados políticos que apoyan a los candidatos a gobernador del MPN y en la cámara acompañan los proyectos oficialistas. En efecto, las bancas conquistadas por los partidos aliados le brindaron al oficialismo el control de la cámara y con ello la posibilidad de gobernar sin la necesidad de negociar con la oposición (Polischuk y Quayaq, 2013). Entonces, la cámara de legisladores refleja, desde la enmienda constitucional de 1994, altos índices de fragmentación y número efectivo de partidos. Pero si bien ello nos demuestra la participación de nuevos actores en la unicameral, no debe ser entendido como una pérdida de control legislativo por parte del MPN, sino que resulta una estrategia novedosa que consiste en un sistema de alianzas con partidos de baja envergadura que, ante la escasa competencia entre partidos, apoyan al candidato a gobernador del MPN y consiguen bancas en la legislatura.

Cuadro 2. Número Efectivo de Partidos e Índice de Fragmentación Legislativa para la Cámara de Diputados en la Provincia de Neuquén, 1983-2015
1983
1987
1987
1991
1991
1995
1995
1999
1999
2003
2003
2007
2007
2011
2011
2015
2015
2019
Dipu­tados NEP 1,92 1,92 1,92 2,25 2,66 3,76 3,01 5,92 6,00
Dipu­tados IFL 0,48 0,48 0,48 0,56 0,62 0,72 0,67 0,83 0,83

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del Atlas Electoral de Andy Tow[76].

Río Negro

La provincia de Río Negro estuvo gobernada principalmente, desde el retorno a la democracia, por la Unión Cívica Radical (UCR), la que triunfó de forma constante y consecutiva en siete sufragios, alcanzando la reelección de su fórmula ejecutiva en tres oportunidades (Massaccesi 1991; Verani, 1995 y Saiz, 2007). En 1991, esta fuerza obtuvo la ventaja oficialista más holgada respecto a su contendiente (PJ) por 20 puntos porcentuales. Sin embargo, en 2011 se observa la primera alternancia en el Poder Ejecutivo tras el triunfo electoral de la Alianza Frente para la Victoria que consiguió la gobernación tras 28 años de primacía radical. En efecto, es posible identificar dos períodos: uno entre 1983 y 2011, donde la UCR se mantuvo de forma ininterrumpida al mando del Ejecutivo provincial a pesar de las derrotas de la UCR nacional y otro, que surge en 2011, tras triunfar por primera vez el PJ-FPV en los sufragios.

Según el artículo 123 de la Constitución provincial de Río Negro, el Poder Legislativo (unicameral) se compone de 46 legisladores, 24 corresponden a representantes regionales (3 por cada una de las regiones) y 22 son electos por representación poblacional tomando a la provincia como un distrito único. El total de los legisladores se renueva totalmente tras cumplirse el período de cuatro años con la posibilidad de ser reelectos. De los datos tomados del Atlas Electoral de Andy Tow[77], se desprende que, desde el retorno democrático hasta la actualidad, siempre el oficialismo ha conseguido ocupar la mayoría de las bancas, siendo la elección de 2011 la que mayor cantidad de asientos legislativos consiguió una fuerza política con el 69%.

El cuadro 3 presenta los datos referidos al NEP y el IFL del Poder Legislativo rionegrino. El promedio total del NEP entre 1983 y 2015 es de 2,21 y el IFL de 0,54, lo cual refleja una tendencia a la representación de 2 partidos en la unicameral UCR y PJ, con una baja fragmentación en el cuerpo legislativo.

Cuadro 3. Número Efectivo de Partidos e Índice de Fragmentación Legislativa para la Cámara de Diputados en la Provincia de Río Negro, 1983-2015

1983
1987

1987
1991

1991
1995

1995
1999

1999
2003

2003
2007

2007
2011

2011
2015

2015
2019

Dipu­tados NEP 1,95 2,69 2,22 2,09 2,02 2,60 2,29 1,84 2,18
Dipu­tados IFL 0,49 0,63 0,55 0,52 0,51 0,62 0,56 0,46 0,54

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del Atlas Electoral de Andy Tow

Datos comparados

En síntesis, tras haber descrito brevemente las variables de cada sistema político subnacional, es posible afirmar que las tres provincias poseen actualmente un mismo diseño institucional en lo referido a la reelección del Poder Ejecutivo, las cuales permiten la misma por un solo mandato consecutivo. No obstante ello, es posible hallar diferencias en torno al número de alternancias de las fuerzas políticas en el gobierno provincial. El partido provincial MPN ha tenido un rol protagónico en la construcción del sistema político neuquino, con un gran caudal de votos que lo distancian de sus partidos adversarios. Esto le ha permitido obtener una destacada ventaja oficialista de forma constante e ininterrumpida desde 1983 hasta 2015 consolidando así sus oportunidades de reelección. Con lo cual podríamos afirmar que si comparamos los tres sistemas políticos, el MPN es aquella fuerza política que posee mayores chances de ser reelecta en el nivel subnacional, dada la escasa competencia entre partidos y la destacada ventaja oficialista respecto a sus contrincantes, lo cual condiciona las capacidades de influencia de opositores. Por su parte, Entre Ríos y Río Negro evidencian un sistema político con dos fuerzas competidoras con escasa ventaja electoral entre sí; permitiendo en el caso de Entre Ríos tres alternancias en el Poder Ejecutivo y en el caso rionegrino una sola alternancia y una menor ventaja oficialista en el período 1983-2015 (ver cuadro 4). Hasta aquí, estas dos variables nos permiten suponer que en Neuquén las posibilidades de que la coalición contraria al fracking tenga incidencia serán menores que en los sistemas políticos de Entre Ríos y Neuquén.

No obstante ello, si observamos los promedios del número efectivo de partidos y el índice de fragmentación legislativa para las tres provincias en el período 1983-2015, es posible señalar que la unicameral neuquina resulta ser la de mayor número efectivo de partidos y, por ende, mayores índices de fragmentación legislativa tiene. En contraposición, los datos referidos a Entre Ríos y Río Negro demuestran un esquema político que tiende a representar a solo dos fuerzas políticas en el cuerpo legislativo, siendo el NEP y el IFL más bajo que en el caso neuquino. Pero, en rasgos generales, los tres sistemas políticos suelen ser bastante similares (ver cuadro 5).

Entonces, a luz de los resultados obtenidos por las coaliciones de actores en cada provincia y tras haber analizado las cuatro variables del sistema político subnacional, es posible concluir que solo las dos primeras variables (alternancia en el Ejecutivo provincial y ventaja oficialista en las elecciones a gobernador) nos permitirían responder a la pregunta que guía este trabajo, en contraposición a los niveles de NEP e IFL, los cuales no arrojan diferencias sustanciales entre los tres sistemas políticos, con lo cual no resultan explicativos para este estudio.

Cuadro 4. Ventaja oficialista y número de alternancias en el Poder Ejecutivo en Entre Ríos, Neuquén y Río Negro para las elecciones ejecutivas desde 1983 a 2015
Ventaja oficialista Entre Ríos  Neuquén Río Negro
1983 9 23 16
1987 6 18 2
1991 5 22 20
1995 2 47 0,3
1999 2 8 7
2003 10 37 2
2007 28 13 7
2011 37 12 14
2015 3 9 18
Promedio 11,3 21 9,5
Número de alternancias de fuerzas políticas en el Ejecutivo 3 0 1

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del Atlas Electoral de Andy Tow. La ventaja oficialista expresa la diferencia en puntos porcentuales entre la fuerza ganadora y la segunda fuerza.

Cuadro 5. Promedio de Número Efectivo de Partidos e Índice de Fragmentación Legislativa para Entre Ríos, Neuquén y Río Negro en el período 1983-2015
NEP IFL
Diputados Senado Diputados Senado
Entre Ríos 2,30 1,71 0,56 0,38
Neuquén 3,30 0,63
Río Negro 2,21 0,54

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del Atlas Electoral de Andy Tow.

La influencia de la matriz económica

Como señalé al comienzo, el grado de diversificación de la matriz económica estará determinada por: 1) el tamaño y la diversificación del Producto Bruto Geográfico, 2) la concentración de la canasta exportadora, 3) el índice de empleo estatal[78] y 4) la trayectoria hidrocarburífera subnacional; es decir, qué tan relevante resulta la extracción de hidrocarburos en la composición del PBG. A continuación, analizaré las tres provincias en cuestión a partir de estas variables.

Entre Ríos

Según el último informe elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Entre Ríos (2015), el Producto Bruto Geográfico alcanzó los 125 mil millones de pesos en 2014, compuesto en un 54% por el sector de servicios y en un 46% por el sector productor de bienes, dentro del cual se destacan las actividades de “Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura”, que tiene una participación del 21,2% del Valor Agregado Bruto total, seguido por la “industria manufacturera” con el 17,7%, que refiere principalmente a la elaboración de productos alimenticios.

Por otra parte, las exportaciones de la provincia, según el último dato disponible del Ministerio de Economía (MECON, 2015a), alcanzaron los US$ 1.533 millones, correspondiendo el 54% a productos primarios, el 38% a productos agroindustriales y el 8% a productos industriales. Entre los diez principales productos de la canasta exportadora, se destacan la industria avícola (24%), la soja, (18%), los cereales (17%), las frutas y cítricos (5%) y el complejo ganadero (3%). Además, la provincia es la principal productora de carnes de aves a nivel nacional, con más del 45% de la producción nacional, lo cual representa en términos de empleabilidad más de 100 mil puestos de trabajo (directos e indirectos) y es el tercer productor de ganadería bovina del país. En consecuencia, los diez principales productos de exportación no alcanzan el 70% del total, lo cual evidencia que la matriz productiva entrerriana se encuentra altamente diversificada en diferentes productos primarios y carece por completo de trayectoria hidrocarburífera.

En lo referido al empleo público, la provincia contaba en 2015, según datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas[79], con 59 empleados públicos cada mil habitantes, lo cual la ubica en un nivel intermedio en lo referido al empleo público subnacional si lo comparamos con el resto de las provincias, teniendo presente que el promedio entre todas las provincias alcanzó ese año los 66 empleados públicos cada mil habitantes.

En resumen, Entre Ríos posee una gran diversidad productiva y no tiene antecedentes de explotación de hidrocarburos (a diferencia, por ejemplo, de Neuquén o Río Negro). Esta particularidad nos muestra dos cuestiones centrales. Por un lado, la provincia cuenta con sectores económicos diversos de gran relevancia que pueden entrar en tensión e incompatibilidad con el fracking. Por otro lado, el gobierno tiene menores incentivos para avanzar con una actividad socialmente rechazada al poseer fuentes alternativas de recaudación ligadas a estos sectores productivos significativos.

Neuquén

En Neuquén, el Producto Bruto Geográfico alcanzó para 2014 un total de 87 mil millones de pesos, representando el rubro minería (el cual consiste en un 99% en extracción de gas y petróleo) el sector de mayor peso relativo del PBG con una participación del 35% del total (Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia de Neuquén, 2015).

Por su parte, los dos principales complejos de exportación son el complejo petrolero-petroquímico, que significa (según datos de 2015) más del 51%, y el complejo frutícola, que representa un 33% del total exportado (MECON, 2015b). Es decir, que 8 de cada 10 productos que exporta la provincia pertenecen a estas ramas productivas, con lo cual podemos decir que posee una canasta exportadora muy concentrada.

El sector hidrocarburífero representa entonces para el Estado provincial el acceso de ingentes recursos provenientes de la renta hidrocarburífera y cánones de exploración, los cuales son reorientados, en gran medida, a la generación de empleo y obra pública. Del total de ingresos corrientes de 2014, el 27% ingresó en concepto de regalías y cánones extraordinarios. Sin embargo, fue en 2002 cuando las rentas petroleras alcanzaron el nivel más alto, con un 65% del presupuesto total provincial (Pilatti, 2015). Todos estos datos posicionan a Neuquén como una de las provincias donde los hidrocarburos tienen mayor participación, y por ende, generan mayor dependencia.

La provincia de Neuquén tiene una vasta trayectoria hidrocarburífera que comenzó a comienzos de siglo XX cuando se hallaron los primeros yacimientos de petróleo, alcanzando su pico de producción en 1998 para el petróleo y en 2004 para el gas. En la actualidad suministra el 21% del petróleo y el 45% del gas a nivel nacional. No obstante ello, en los últimos años se ha registrado una importante caída de la producción de hidrocarburos debido al descenso constante de reservas convencionales. Entre 2004 y 2012, por ejemplo, la producción de gas se redujo un 48%, en tanto que la de petróleo cayó un 32% (Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias, 2015b). Esto implicó un nuevo escenario adverso con una caída en la producción muy significativa y constante entre el 2000 y 2010; por ello, el hallazgo en 2010 del yacimiento Loma Campana[80] (el más importante a nivel nacional de HNC) adquirió una relevancia significativa para el Ejecutivo y Legislatura provincial en pos de recuperar los ingresos provenientes de la explotación de los mismos.

En lo referido al empleo público, Neuquén se encuentra entre las cinco provincias con mayor cantidad empleados estatales por habitante. Según datos elaborados por la Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias (2015b), la administración pública provincial empleó 56 mil trabajadores en el año 2013, mientras que el sector privado generó 101 mil puestos de trabajo, lo cual implica que más del 30% de los empleos formales son sustentados con fondos públicos. Los rubros más importantes de acuerdo a la cantidad de personas empleadas en 2013 son: la administración pública[81] y enseñanza (31%), comercio (13%), servicios (13%), explotación de minas y canteras (8,2%), construcción (7,5%), industria (4,5%) y agricultura (3,1%). En el mismo sentido, los indicadores suministrados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas[82] señalan que para 2015 la provincia alcanzó los 99 empleados públicos cada mil habitantes, lo que representa un crecimiento constante de 16 puntos porcentuales si tomamos el período 2003-2015.

Entonces, la matriz productiva neuquina (en lo que refiere tanto al PBG como a la canasta exportadora) se halla íntimamente relacionada a la explotación intensiva de recursos naturales no renovables, la cual emplea en forma directa solo al 8,2% de la población económicamente activa en la provincia (aproximadamente 13 mil puestos de trabajo según los datos de la Dirección Nacional de Relaciones con las Provincias de 2013), pero que genera altos ingresos públicos a través de regalías, las cuales resultan indispensables para sostener los altos índices de empleo público y obras a nivel subnacional. En este escenario, la estrepitosa caída de las reservas de yacimientos convencionales y, por ende, de la producción provocaron una fuerte preocupación en los sucesivos gobiernos del MPN y de los Ejecutivos nacionales (si tenemos en cuenta que la participación de Neuquén en la producción de gas representa un 47% y en la producción de petróleo 20% del total nacional). En este sentido, el hallazgo del principal yacimiento de HNC, y con ello la llegada del fracking, generó un alivio ante la crisis energética y económica. A modo de ejemplo, para 2016, es decir en menos de 5 años de extracción, el porcentaje de participación anual de los HNC en la producción total provincial alcanzó el 30%.

Río Negro

La Provincia de Río Negro cuenta con una diversidad económica baja si tenemos presente que solo dos complejos productivos concentran el 86% de las exportaciones provinciales. En primer lugar, se encuentra el complejo frutícola que abarca el 75% de los productos exportados por la provincia, siendo las peras (50%) y manzanas (18%) las frutas más exportadas (MECON, 2015c). En segundo lugar, aunque en muy menor medida, se registra la exportación de productos vinculados al rubro de hidrocarburos (11%). En lo referido al Producto Bruto Geográfico, Río Negro alcanzó en 2014 un total de 43 mil millones de pesos, compuesto en un 22% por el sector primario, un 11% por el sector secundario y un 67% por el sector terciario.

Respecto al sector hidrocarburífero, la provincia representa (tomando datos de 2013) solo el 4% y el 7,5% de la producción total de gas y petróleo del país, respectivamente (Dirección Nacional de Relaciones Económicas con las Provincias, 2015a). Es decir que no tiene una posición relevante en el suministro energético nacional. A su vez, si se la compara con su vecina Neuquén, el volumen de reservas comprobadas de gas es diez veces menor y de petróleo al menos cuatro veces más reducida[83]. Entonces, si bien no es posible decir que posee una trayectoria hidrocarburífera sólida, sí presenta una baja actividad extractiva de hidrocarburos desde la década de 1970. En efecto, según un informe elaborado por la FAO (2015), entre 1992 y 2013, las regalías y cánones de exploración representarían en promedio el 10% de los ingresos totales provinciales (cifra que se encuentra lejana del 27% que representa actualmente el sector para el Estado neuquino, pero es de todos modos significativa para las arcas provinciales). En este sentido, en 2014 la legislatura provincial aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo que se propone prorrogar por diez años las concesiones petroleras de cuatro empresas (Petrobras, Tecpetrol, YPF-YSUR y Entre Lomas) que producen el 90% del gas y el 75% del petróleo de la provincia por una inversión total de U$S 3 mil millones, con el propósito de aumentar la extracción de los mismos[84]. Para 2016, la provincia consiguió un récord histórico respecto a los ingresos por regalías hidrocarburíferas, alcanzando los 200 millones de pesos que se depositaron en el tesoro provincial solo en concepto del mes de julio, proviniendo del yacimiento Estación Fernández Oro (que comprende las localidades de Allen y Fernández Oro) el 60% de las regalías gasíferas[85].

En términos de empleabilidad, el sector hidrocarburífero en la provincia solo emplea a mil personas, lo que corresponde al 1,4% del total del empleo provincial, mientras que las actividades agropecuarias emplean al 24% de la población económicamente activa. Por su parte, en lo referido a la administración pública, Río Negro es la séptima provincia con más empleados públicos por habitante, llegando, según el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas[86] a 80 empleados públicos cada mil habitantes, lo cual representa el 47% de los puestos formales en el sector privado (FAO, 2015).

Datos comparados

En síntesis, el análisis de las variables económicas (ver cuadro 6) nos permite concluir que existe una relación positiva entre la diversidad de la matriz económica subnacional, por un lado, y la configuración y capacidad de incidencia de las coaliciones de actores, por el otro. En efecto, Entre Ríos carece por completo de trayectoria hidrocarburífera y evidencia una mayor diversidad de la matriz económica, presentando una multiplicidad de actores económicos de relevancia que se oponen al fracking, lo que hace esperar que aumenten las posibilidades de incidencia de la coalición contraria a la actividad. En contraposición, Neuquén resulta una economía extremadamente dependiente de la explotación de recursos no renovables, al tiempo que posee una vasta trayectoria hidrocarburífera que otorga un fuerte peso a los actores económicos vinculados a los hidrocarburos; en consecuencia, es de esperar que la coalición de actores en favor del fracking se imponga en pos de impulsar la actividad. Por último, Río Negro representa un caso de mayor tensión ya que si bien posee una matriz económica volcada principalmente a la producción y exportación de frutas, posee una trayectoria hidrocarburífera intermedia que comenzó a expandirse en los últimos años a partir del descubrimiento de yacimientos no convencionales. Ante un escenario de crisis del sector frutícola y auge de proyectos extractivos, la coalición promotora del fracking consiguió avanzar sobre tierras productivas a pesar del fuerte rechazo social.

Consideraciones finales

El hallazgo de HNC y su posible extracción a través de la técnica fracking no solo ha ampliado la frontera energética a nivel global a comienzos de este siglo, sino que también ha generado un intenso debate en torno a su posible impacto ambiental. En este escenario, el territorio argentino se encuentra posicionado entre los más relevantes dadas las reservas no convencionales que ostenta. Tras el descenso constante en la producción y en las reservas de pozos convencionales (lo cual derivó en una severa crisis energética y déficit fiscal), el Estado nacional impulsó a partir del año 2010 proyectos de exploración y extracción de HNC en múltiples provincias. Sin embargo, las respuestas de los gobiernos provinciales y municipales no resultaron uniformes; por el contrario, es posible observar respuestas de promoción y de restricción a este método de acuerdo a la provincia en cuestión. En tal sentido, este trabajo exploró la configuración y el peso de las coaliciones de actores tanto a favor como en contra del fracking en tres provincias argentinas, vinculándolos con las características políticas y económicas de cada provincia.

Como advertíamos en un comienzo, es posible distinguir dos coaliciones Estado-sociedad que confrontan entre sí respecto a la implementación o no del fracking en las tres provincias en cuestión: por un lado, aquella que se inclina por advertir los riesgos socio-ambientales que produce la actividad y que busca restringir la actividad y, por el otro, la coalición promotora que considera al fracking como una oportunidad histórica para lograr el autoabastecimiento energético y conseguir beneficios económicos. Cabe destacar también que las coaliciones no son idénticas al interior de cada provincia ni son estáticas. En Entre Ríos la coalición en favor del fracking estuvo liderada en un comienzo por el Ejecutivo provincial, la firma Repsol-YPF y el Estado nacional. Mientras que la coalición contraria fue integrada por vecinos, productores rurales, ambientalistas, partidos políticos y organizaciones de profesionales, los cuales lograron la sanción de 37 ordenanzas de prohibición en el nivel municipal de gobierno y tiempo después la sanción de una ley provincial que prohibió la actividad en todo el territorio provincial. En Neuquén, los principales actores que impulsaron el fracking fueron los Ejecutivos de los tres niveles de gobierno, compañías petroleras nacionales e internacionales, sindicatos petroleros, organizaciones de profesionales y partidos políticos, los cuales hicieron posible avanzar con la explotación de recursos no convencionales a pesar del fuerte rechazo de comunidades mapuches, ambientalistas, vecinos, productores frutícolas, partidos políticos y obispos provinciales. Por último, en Río Negro también prevaleció la coalición a favor del fracking a pesar del reclamo de productores frutícolas, vecinos, sindicatos docentes y partidos políticos.

A la luz de los casos examinados, es posible afirmar que la matriz económica subnacional moldea tanto la configuración como la capacidad de incidencia de las coaliciones de actores en las políticas de recursos naturales. En efecto, las variables económicas estudiadas nos demuestran que, en una provincia con larga trayectoria hidrocarburífera, una canasta exportadora concentrada, altos niveles de empleo estatal y, por ende, un Producto Bruto Geográfico dependiente de hidrocarburos, como sucede en el caso de Neuquén, las posibilidades de que la coalición a favor del fracking prospere son muy altas (ver cuadro 6). En contraposición, una economía más diversificada, con mayor tamaño y diversificación del Producto Bruto Geográfico, menores niveles de empleo estatal y escasa o nula trayectoria hidrocarburífera, como en Entre Ríos, permite el surgimiento de múltiples actores que se oponen a la actividad, disminuyendo visiblemente las posibilidades de implementación del fracking. Siguiendo este razonamiento, Río Negro se posiciona en un nivel intermedio respecto de las otras dos provincias ya que posee una canasta exportadora muy concentrada en el complejo frutícola, una trayectoria hidrocarburífera de baja envergadura (en términos productivos, reservas e importancia fiscal), niveles de empleo estatal elevados y un Producto Bruto Geográfico pequeño. En consecuencia, la coalición en contra del fracking, ligada sensiblemente a la principal actividad productiva de la provincia (producción frutícola), logró sancionar 12 ordenanzas municipales de restricción del fracking, pero no alcanzó aún a detener la actividad. Por el contrario, la coalición a favor, compuesta fundamentalmente por el gobierno nacional, el gobierno provincial y las compañías petroleras, sustentados en el discurso de la oportunidad histórica y convivencia entre sistemas productivos y respaldados por el Poder Judicial provincial, consiguió avanzar con la explotación de HNC en zonas cultivables.

Cuadro 6. Variables económicas y políticas de Entre Ríos, Neuquén
y Río Negro

Entre Ríos

Neuquén

Río Negro

Tamaño y composición del PBG en pesos 2014 Agricultura y ganadería (21%)
Comercio (18%)
Industria manufacturera (17%) Actividades inmobiliarias (8%)
Transporte (6%)
Construcción (5%)
Adm. Pública (5%)

124.974.570 millones[87]
Extracción de Petróleo y Gas (39%)
Administración Pública (13,5%)
Industria Manufacturera (5%)
Agricultura (1,2)



87.295.148 millones[88]
Comercio (20%)
Hidrocarburos (15%)
Administración Pública (11%)
Transporte (9%)
Agricultura (5%)



43.349.274 millones[89]
Exportaciones 2014 en millones de U$S 1.533 212 607
Principales complejos productivos de exportación Avícola (23%), soja (20%)
Cereal (18%), frutícola (5%) Ganadero (3%)

Total: 69%
Petrolero-Petroquímico (51%)
Frutícola (29%)


Total: 80%
Frutícola (75%)
Petrolero (11%)


Total: 86%
Trayectoria hidrocarburífera Nula Alta Intermedia
Empleo público cada mil habitantes 59 99 80
Alternancia de fuerzas políticas entre 1983-2015 3 0 1
Promedio de la ventaja oficialista durante 1983-2015 11,3 21 9,5
Promedio NEP, 1983-2015 2,30 Congreso
1,71 Senado
3,20 2,21
Promedio IFL, 1983-2015 0,56 Congreso
0,38 Senado
0,60 0,54
Municipios Prohibieron el fracking
37 de 78 municipios
Prohibieron el fracking
4 de 77 municipios
Prohibieron el fracking
12 de 39 municipios
Ley Provincial
que prohíbe el fracking
No No

Fuente: Las variables económicas fueron elaboradas en base a los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, fichas provinciales elaboradas por el Ministerio de Economía (2015) y la Dirección General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos (2015), Neuquén (2015) y Río Negro (2014). Las variables políticas fueron elaboradas en base a los datos disponibles en el Atlas Electoral de Andy Tow.

Por su parte, las variables del sistema político analizadas no resultan concluyentes para la pregunta que guía este trabajo, pero sí pueden aportar a nuestra comprensión. Siguiendo el orden establecido, las dos primeras variables, vinculadas a la alternancia del Ejecutivo y la competitividad entre partidos o ventaja oficialista, nos muestran que las coaliciones en contra del fracking no consiguen instalar su reclamo en aquellos sistemas políticos que carecen de alternancia electoral y ostentan baja competencia entre partidos. En efecto, Neuquén evidencia un claro dominio del Ejecutivo por parte del partido provincial MPN, quien tiene una amplia ventaja electoral respecto a sus partidos opositores y altas probabilidades de ser reelecto en cada elección. Estas características, que se mantienen ininterrumpidamente desde la década de 1960, le permiten tomar decisiones de modo altamente centralizado. En consecuencia, el MPN promotor de la explotación hidrocarburífera ha llevado adelante el método fracking en la provincia al tiempo que obstaculizó e impidió el avance de la coalición de actores en contra. Mientras tanto, los sistemas políticos de Entre Ríos y Río Negro evidencian alternancias de fuerzas políticas en el Poder Ejecutivo y una mayor competencia electoral (si estudiamos la distancia de votos entre el partido oficialista y opositor desde 1983 a la fecha), y son aquellas provincias donde se produjeron más movilizaciones y ordenanzas municipales en contra del fracking pero con resultados diferentes. El caso de Entre Ríos nos muestra tres alternancias de fuerzas políticas en el Poder Ejecutivo, caracterizándose principalmente por una disputa electoral entre la UCR y el PJ. A su vez, cabe destacar que tras la última y reñida elección de 2015, el nuevo Ejecutivo, de igual signo político que su predecesor, pero con una posición más débil si observamos la ventaja electoral, decidió dejar atrás las aspiraciones hidrocarburíferas tras el fuerte rechazo social que se manifestó en las 37 ordenanzas municipales y brindó su apoyo en ambas cámaras para que se aprobara el proyecto de Ley que prohíbe el fracking en toda la provincia. Por su parte, en Río Negro ha habido una sola alternancia de fuerzas políticas en el Ejecutivo y actualmente la fuerza política que gobierna, promotora del fracking, goza de una importante ventaja respecto de sus fuerzas políticas opositoras. Esto le ha permitido, hasta el momento, promover inversiones para extraer HNC al tiempo que consiguió obstaculizar a la coalición en contra del fracking tanto en el debate parlamentario como en la declaración de inconstitucionalidad de las ordenanzas municipales.

Por su parte, la variables vinculadas al Número Efectivo de Partidos y el Índice de Fragmentación Legislativa no demuestran diferencias sustanciales entre las tres provincias en cuestión, lo cual no contribuye a responder por qué en Entre Ríos, con un menor NEP e IFL que Neuquén, por ejemplo, la coalición contraria al fracking logró instalar su demanda en las cámaras y conseguir la única ley provincial restrictiva del método a nivel nacional. Por su parte, los mayores promedios de NEP e IFL en Neuquén no aseguraron la participación o incidencia de actores o partidos minoritarios en contra del fracking en la Cámara Legislativa. Como señalaba anteriormente, estos datos deben ser analizados a la luz de las alianzas que establece el MPN como partido hegemónico con partidos de baja envergadura (afines al Ejecutivo provincial y sin posibilidades electorales de alcanzar la gobernación). Este acuerdo permite a los partidos pequeños acceder a una banca legislativa al tiempo que asegura al MPN un mayor control sobre la cámara y un mayor caudal de votos para los candidatos a gobernador.

Para finalizar, en lo que respecta al nivel inferior de gobierno, los municipios, es posible advertir dos aspectos relevantes que se vinculan y se desprenden del análisis de las variables económicas y políticas. Por un lado, los casos muestran que las 53 ordenanzas impulsadas en las tres provincias bajo estudio se hallan íntimamente relacionadas a la economía vigente en cada localidad, sea esta producción frutícola, turismo o producción agropecuaria; en consecuencia los actores vinculados a las mismas se opusieron a la llegada del fracking por un temor ambiental pero también económico. En términos políticos, es posible señalar que los municipios resultaron ser el canal democrático más accesible y rápido para manifestar la desaprobación de las coaliciones contra el fracking. Sin embargo, dichas ordenanzas restrictivas dependen en gran medida de la decisión política del Ejecutivo provincial que puede, tal como demuestran los casos de Allen, Fernández Oro (Río Negro) y Vista Alegre (Neuquén), considerarlas inconstitucionales y recurrir al Poder Judicial provincial para que se expida sobre la competencia del municipio para regular recursos naturales.

En conclusión, las diferencias entre las provincias respecto al peso de las coaliciones de actores que promueven o pretenden restringir el fracking se explican con mayor fuerza a través de las variables económicas analizadas previamente. Las mismas demuestran que son determinantes no solo en la conformación de las coaliciones de actores provinciales, sino también en su capacidad de incidencia. Mientras tanto, solo las variables políticas vinculadas a las elecciones ejecutivas (competencia electoral y alternancia de fuerzas políticas) parecen aportar elementos para una mayor comprensión sobre por qué prosperan ciertos actores, en tanto que las variables referidas a la composición de la legislatura provincial no contribuyen a explicar las diferencias entre los casos analizados.

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  1. Fuente: World Energy Resources. Disponible en https://bit.ly/2JJAWML. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  2. En una formación “convencional”, los fluidos se alojan en cavidades o poros de la roca reservorio (como una esponja rígida rellena de petróleo o gas) y la facilidad con que se extrae depende de la permeabilidad de la roca; cuanto mayor sea el tamaño del poro y más interconectadas estén las cavidades entre sí, más fácilmente se extrae. La técnica empleada para extraer los hidrocarburos convencionales es relativamente sencilla y resulta más económica que la explotación no convencional.
  3. Disponible en https://bit.ly/2l7xiym. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  4. La fractura hidráulica incluye un conjunto de técnicas o procedimientos que tienen como propósito extraer petróleo o gas natural de un pozo ubicado en una formación de roca con baja permeabilidad. Consiste en la perforación vertical y la posterior inyección a gran presión de agua (95%) mezclada con arena (4,5%) y productos químicos o cocktail (0,5%), dirigida a formaciones subterráneas. Este mecanismo produce fracturas que se extienden hacia afuera del pozo, creando una red de fracturas horizontales interconectadas, que permite que el hidrocarburo fluya desde los poros en la roca hasta el pozo de producción. Si bien este método comenzó a aplicarse en la década de 1940 en Estados Unidos, fue a partir de 1995 que resultó técnicamente viable y económicamente rentable.
  5. El shale es un tipo de yacimiento no convencional que se caracteriza por ser un tipo de formación muy compacto e impermeable. A su vez, los poros de la roca no están interconectados entre sí, como sí ocurre con los yacimientos convencionales. Su característica definitoria es, entonces, que no tiene suficiente permeabilidad para que el petróleo o el gas puedan ser extraídos con métodos convencionales, lo cual hace necesario aplicar nuevas tecnologías, como la estimulación hidráulica, para extraerlos. El nombre que generalmente se aplica es shale oil o también esquisto y shale gas o lulitas. Se trata del mismo gas o petróleo que el convencional, lo que cambia es la forma de extraerlo. Ver https://bit.ly/2JFaGzH. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  6. Infobae 12/6/2015. Disponible en https://bit.ly/2MmSiNS. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  7. Energy Information Administration, 2015. Disponible en https://bit.ly/2t77KFc. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  8. Energy Information Administration. Disponible en https://bit.ly/2HKJvld. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  9. De forma similar sucedió con el gas, que también tuvo vaivenes importantes en sus precios.
  10. Los países que están por fuera de la OPEP y que actualmente impulsan el método fracking son principalmente Estados Unidos, Canadá, Australia y Argentina.
  11. A nivel global suele haber escasa información sobre la lista de productos químicos que se aplican en el método de fractura hidráulica. Esto se debe fundamentalmente a una doble intención de las compañías petroleras: por un lado, evitar difundir técnicas o procedimientos con derechos de propiedad intelectual o patentes y, por otro, evitar mayores regulaciones en torno al impacto ambiental que producen.
  12. Diario Página/12, 6/2/2016. Disponible en https://bit.ly/2t3QKPN. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  13. Ver Oil Watch, disponible en https://bit.ly/2l6vrcS. Fecha de consulta, noviembre, 2017; Food & Water Watch, disponible en https://bit.ly/1LtULDV. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  14. Diario El Cronista, 17/4/2015. Disponible en https://bit.ly/2HIETMu. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  15. Los informes elaborados por dicha agencia dependiente del Ministerio de Energía de Estados Unidos deben ser entendidos como estimaciones o aproximaciones técnicas sobre “reservas” de HNC. Se entiende por reservas de petróleo y gas de un yacimiento el volumen de hidrocarburos que será posible extraer del mismo, en condiciones rentables, a lo largo de su vida útil (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, 2009).
  16. Los recursos en shale gas técnicamente recuperables en Argentina son de 802 TCF (Trillon Cubic Feet). Actualmente, Argentina posee reservas en gas convencional por 29 TCF.
  17. Los recursos en shale oil técnicamente recuperables en Argentina son de 27 BLS (BLS es una unidad de medición que significa barriles de petróleo, el equivalente a 158 litros por barril). Actualmente, Argentina posee reservas en petróleo convencional por 4.4 BLS.
  18. Ver https://bit.ly/2l5pcWH. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  19. Ley de Soberanía Hidrocarburífera (Ley N° 26.741/12). Disponible en https://bit.ly/2sRMDr0. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  20. Se denomina tight gas (gas apretado) a los yacimientos en los que el gas queda atrapado en un tipo de roca que no se puede considerar reservorio al no tener permeabilidad y que, al igual que el shale, solo puede ser explotado mediante fracking. Ver https://bit.ly/2l5uiT5. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  21. Los gobernadores que asistieron al evento fueron Urribarri (Entre Ríos), Insfrán (Formosa), Beder Herrera (La Rioja), Closs (Misiones), Urtubey (Salta), Gioja (San Juan), Peralta (Santa Cruz) y Alperovich (Tucumán).
  22. Ver https://bit.ly/2y61MKg. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  23. Discurso de C. Fernández de Kirchner en la inauguración del primer pozo no convencional en Chubut. Febrero de 2013. Disponible en https://bit.ly/2JyvtsP. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  24. Cuencas argentinas con potencial no convencional. Disponible en https://bit.ly/2l661fH. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  25. Resolución 1.312/2008. Disponible en https://bit.ly/2sR7SJh. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  26. Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, julio de 2013. Decreto 929/2013. Disponible en https://bit.ly/2y3od2T. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  27. Ver “Sustentabilidad en recursos no convencionales”. Página oficial de YPF, disponible en https://bit.ly/2JLpOPr. Fecha de consulta: septiembre, 2017.
  28. Atlas electoral de Andy Tow. Disponible en https://bit.ly/2HMI8CQ. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  29. La utilización de fondos públicos para generar empleo podría impactar en favor de la fuerza oficialista.
  30. Informe institucional de YPF “Estrategia de gestión 2013-2017”, p.51. 2012. Disponible en https://bit.ly/2Jxkgsj. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  31. https://bit.ly/2JLbeqZ. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  32. La región que comprende la cuenca Río de la Plata posee una disponibilidad media anual de 22.000 m3/s. Ver https://bit.ly/2Mk9sMd. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  33. Entrevista a Sergio Urribarri, 2010. Disponible en https://bit.ly/2sR0gGL. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  34. YPF firmó acuerdos de exploración en tres provincias en 2010. Ver https://bit.ly/2JFwBXH. Fecha de consulta: septiembre, 2017.
  35. Noticias, entrerios.gov.ar, 6 de enero de 2010. Disponible en https://bit.ly/2JBHJoi. Fecha de consulta: noviembre, 2017. “YPF expande su negocio petrolero a Entre Ríos, 2010”. Disponible en https://bit.ly/2sSiDLL. Fecha de consulta: septiembre, 2017. “YPF, el primer convenio de exploración petrolera, 2010”. Disponible en https://bit.ly/2JHyqXp. Fecha de consulta: septiembre, 2017.
  36. Ver https://bit.ly/2sSdxim. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  37. Disponible en https://bit.ly/2JDpKO9. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  38. Es una compañía que brinda servicios petroleros. Es proveedor de tecnología para la caracterización de yacimientos, perforación, producción y procesamiento para la industria del petróleo y el gas, mediante procedimientos tanto convencionales como no convencionales. Ver http://www.slb.com/. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  39. Disponible en https://bit.ly/2fQ442T. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  40. Disponible en https://bit.ly/2LMA873. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  41. La diputada María Emma Bargagna (FAP) presentó en septiembre de 2012 el primer proyecto para prohibir el fracking en Entre Ríos. Tras perder estado parlamentario, el proyecto fue ingresado nuevamente a la agenda legislativa en 2015 tras el cambio de autoridades ejecutivas. Un año después obtuvo media sanción de diputados (julio de 2016) y finalmente fue aprobada en 2017.
  42. Ver https://bit.ly/2y7JqbK. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  43. Ver https://bit.ly/2HI7q4X. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  44. Se definen como una asamblea ambiental que lucha mediante acciones concretas por la preservación de los bienes comunes naturales, contra el saqueo, la contaminación, la extranjerización de la tierra en favor del desarrollo sustentable. Ver https://bit.ly/2LIhCga. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  45. Se definen como “vecinos autoconvocados que luchan por el agua y la vida de los entrerrianos”. Facebook de Asamblea Ciudadana de Concordia.
  46. Ver https://bit.ly/2t2lOiX. Fecha de consulta: octubre, 2017.
  47. Ver https://bit.ly/2Jwp2GO. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  48. Ver https://bit.ly/209rdy7. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  49. Actualmente, existen más de 470 pozos perforados con método fracking en Loma Campana y existen múltiples inversiones de empresas petroleras como Total (cuya casa matriz está en Francia, donde el fracking está prohibido), Exxon Mobil, Shell, Petrobras, Dow Chemical, Gazprom, Petronas, Pan American Energy, Pampa Energía, entre otras (Dirección de Provincial de Hidrocarburos y Energía, 2017, p.29). Ver https://bit.ly/2l4DVRL. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  50. Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, julio de 2013. Decreto 929/2013. Disponible en https://bit.ly/2y3od2T. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  51. Es un colectivo conformado por diferentes organizaciones, Confederación Mapuche, partidos políticos, sindicatos, ONG y personas particulares. Tiene por objetivo informar, comunicar y denunciar el avance de la aplicación de la técnica de la hidrofractura en la extracción de hidrocarburos no convencionales y los efectos que ella produce sobre el ambiente, su ecosistema y la vida toda.
  52. Diario Río Negro, 7/4/2014. Disponible en https://bit.ly/2sQSkFC. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  53. Discurso del gobernador Jorge Sapag, 2013. Disponible en https://bit.ly/2t4mx3n. Fecha de consulta: agosto 2017.
  54. Plan B Noticias, 2015. Disponible en https://bit.ly/2MoXHUq. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  55. Diario Río Negro, 2015. Disponible en https://bit.ly/2y72Q0l. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  56. Diario Río Negro, 16/6/2016. Disponible en https://bit.ly/2l3mb9A. Fecha de consulta: noviembre, de 2017.
  57. Ver https://bit.ly/2yfjwmL. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  58. Ordenanza municipal de Vista Alegre, febrero 2017. Disponible en https://bit.ly/2JLqJPT. Fecha de consulta: agosto, 2017.
  59. Tribunal Superior de Justicia de Neuquén declara inconstitucional la Ordenanza municipal de Vista Alegre, mayo de 2017. Disponible en https://clar.in/2l6ScO4. Fecha de consulta: septiembre, 2017.
  60. Es un programa que incentiva la producción de gas a partir de un subsidio por parte del Estado nacional.
  61. Diario Página 12, 10/2/2013. Disponible en https://bit.ly/2sSl2WI. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  62. Diario Río Negro, 21/8/2013. Disponible en https://bit.ly/2MnsUYm. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  63. Carta orgánica del Municipio de Allen. Disponible en https://bit.ly/2HJ7ZLJ. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  64. Diario Río Negro, 23/8/2013. Disponible en https://bit.ly/2JFeQYl. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  65. Observatorio Petróleo Sur, 26/8/13. Disponible en https://bit.ly/2JFfeWN. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  66. Diario Río Negro, 27/11/2013. Disponible en https://bit.ly/2y5rWg6. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  67. Videoconferencia de Cristina Kirchner, 14/5/2015. Disponible en https://bit.ly/2y6a4Sv. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  68. Ver https://bit.ly/2cv68xi. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  69. Cinco Saltos, Villa Regina, Allen y Fernández Oro se ubican en el Departamento de General Roca. Mientras que Choele Choel, Chimpay, Lamarque, Pomona, Belisle y Beltrán se hallan en Departamento Avellaneda. Por último, también se declararon municipio libre de fracking General Conesa y Viedma.
  70. Artículo 91 de la Constitución de Entre Ríos.
  71. Artículo 90 de la Constitución de Entre Ríos.
  72. Fórmula elaborada por Laakso y Taagepera (1979) que nos permite calcular la cantidad efectiva de fuerzas políticas relevantes dentro de un cuerpo legislativo.
  73. Índice elaborado por Douglas W. Rae, cuyo rango varía entre 0 (situación hipotética que indicaría que todos los votantes se inclinarían por el mismo partido, o que todos los escaños pertenecen al mismo partido) y 1 (cuyo significado sería el inverso).
  74. Atlas electoral de Andy Tow. Disponible enhttps://bit.ly/2HMI8CQ. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  75. Partidos políticos que acompañaron la fórmula del Movimiento Popular Neuquino de 2003 a la fecha: Movimiento de Integración y Desarrollo, Partido Nuevo Neuquén, Partido Opción Federal, Servicio y Comunidad, Unión Popular, Partido Adelante Neuquén, Frente Integrador Neuquino, Frente Popular por la Dignidad, Apertura Popular Neuquén.
  76. Atlas electoral de Andy Tow. Disponible en https://bit.ly/2HMI8CQ. Fecha de consulta: noviembre de 2017.
  77. Atlas electoral de Andy Tow. Disponible en https://bit.ly/2HMI8CQ. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  78. La utilización de fondos públicos para generar empleo podría impactar a favor de la fuerza oficialista.
  79. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Disponible en https://bit.ly/1GXuLOS. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  80. El área Loma Campana es la principal productora de petróleo y gas de la formación Vaca Muerta. Tiene una participación del 86% en la producción de petróleo anual y un 67% en la de gas en el nivel provincial.
  81. Incluye puestos de gestión pública, servicios de defensa y seguridad para el año 2013.
  82. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Disponible en https://bit.ly/1GXuLOS. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  83. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015. Reservas comprobadas de petróleo por cuencas. Total del país, años 2011-2015. Disponible en https://bit.ly/2sQ63g2. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  84. Diario La Nación, 14/12/2014. Disponible en https://bit.ly/12TZdWM. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  85. Secretaría de Estado de Energía 24/8/2016. Disponible en https://bit.ly/2t40d9V. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  86. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Disponible en https://bit.ly/1GXuLOS. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  87. Producto Bruto Provincial, 2015. Dirección General de Estadística y Censos. Provincia de Entre Ríos. Disponible en https://bit.ly/2y4s6EB. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  88. Producto Bruto Geográfico de Neuquén. Disponible en https://bit.ly/2Mm6Lti. Fecha de consulta: noviembre, 2017.
  89. Producto Bruto Geográfico de Río Negro, 2009-2013. Los valores refieren al último dato disponible de 2013.


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