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3 La conflictividad durante la recuperación de la democracia

El territorio como espacio de confluencias

Aun antes de diciembre de 1983, la descomposición del régimen dictatorial se evidenciaba en la creciente movilización -muchas veces subterránea, pero también con episodios de visibilización pública- registrada en los diferentes espacios sociales. Una vez producido el recambio de autoridades, sin embargo, la llamada “primavera democrática” -el renacimiento y la multiplicación de expresiones de libertad en el marco de la democracia recuperada- se enfrentó a diversas limitaciones. Fundamentalmente, como ya señalamos, el proceso de recomposición de la vida política y social fue tensionado por una concepción de la democracia que restringió su componente propiamente democrático: el relativo a la igualdad, la identidad entre gobernantes y gobernados y la soberanía popular (Mouffe, cit. en Freibrun y González Carvajal, 2007).

Sin embargo, en el cruce entre los problemas derivados de los procesos de urbanización en Córdoba, las disputas por las formas que debía asumir la naciente democracia y las trayectorias de ciertos actores políticos, es posible rastrear desde comienzos de los años 80 algunas acciones colectivas y expresiones organizativas que dan cuenta de las múltiples iniciativas orientadas a tensionar y construir el sentido de los procesos de democratización en relación con el espacio urbano. En efecto, aun en los meses previos a la recuperación de la democracia se registran diversas experiencias de organización, movilización y reclamo por el acceso a mejores condiciones de vida en la ciudad que, apelando a marcos de justicia e invocando los valores y principios democráticos, configuraron estructuras de movilización y ciertos sentidos públicos sobre el derecho al hábitat.

En adelante, analizamos algunos de estos procesos de movilización alrededor de ciertos conflictos y demandas vinculadas con el hábitat, atendiendo a las interacciones entre diversos actores, los recursos movilizados, las relaciones con el espacio en el que desarrollaron sus acciones, los repertorios utilizados y los significados otorgados por los actores -así como las justificaciones que tomaron estado público- respecto de sus propias iniciativas y de las características del contexto. Como quedó señalado en el encuadre teórico propuesto en el capítulo 1, partimos de la certeza de que la unidad de conciencia y acción de un movimiento no debe tomarse como supuesto sino como resultado de un sistema de relaciones sociales y de interacciones que deben ser analizados (Melucci, 1999), descomponiendo la unidad empírica para comprender cómo y por qué se verifican la coordinación y la acción colectiva. Desde esta perspectiva, es posible reconocer la conformación de algunas redes de movilización (Schuster, 2005) que se fueron articulando alrededor de ciertos conflictos y demandas por el hábitat durante los años 80, algunas de las cuales confluirán posteriormente en una estructura de movilización de mayor envergadura.

Esta confluencia -que mezcló en el territorio a identidades y trayectorias militantes diversas, pobladores sin experiencias previas de acción colectiva, saberes profesionales y populares, necesidades vitales y estrategias políticas- construyó las condiciones para los procesos de organización colectiva y politización que comenzaron a registrarse en los barrios y villas de Córdoba, procesos que, según veremos, encontraron en la (re)naciente democracia un horizonte y un poderoso argumento para enmarcar las acciones.

La lucha por la tierra. Primeras redes para la defensa del hábitat en democracia

La necesidad de tierras y los conflictos por su apropiación y producción como suelo urbano se expresaron en luchas -protagonizadas por distintos actores que fueron configurando sus demandas y sus propias identidades al calor de la acción- desde los años previos a la recuperación de la democracia. Las protestas, detonadas en su mayoría a partir de iniciativas estatales que afectaron a grupos más o menos determinados de ciudadanos cordobeses, se constituyeron en algunos casos en puntapié de procesos organizativos de mayor alcance en cuanto a su perduración en el tiempo y sus efectos pragmáticos en la escena pública.

La Coordinadora de Loteos Indexados: “queremos pagar lo justo”

Hacia el final del gobierno militar, y frente a los efectos de la Circular 1050 del Banco Central, que establecía un nuevo sistema de indexación para los créditos hipotecarios, un equipo de abogados impulsó un espacio de consultoría técnica para los vecinos afectados, a partir del cual incentivaron la conformación de la Coordinadora de Loteos Indexados. Posteriormente estos abogados -algunos de cuyos principales referentes provenían de la militancia política en el Partido Intransigente-, junto a otros profesionales y militantes con trayectoria en el campo de la educación popular latinoamericana[1], conformaron una asociación civil con perfil técnico-político: el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL), que desarrolló su trabajo junto a la Coordinadora y en los territorios en los que ésta tenía inserción a través de su intervención desde la perspectiva del derecho alternativo y la comunicación popular y comunitaria.

En mayo de 1984, el trabajo de la Coordinadora de Loteos Indexados de Córdoba -integrada por vecinos afectados por las indexaciones y con el asesoramiento del equipo de abogados-, en el marco de una fuerte movilización a nivel nacional por este tema, permitió instalar el conflicto de los deudores hipotecarios en la primera Asamblea Nacional Legislativa. La demanda de las organizaciones logró trascender al espacio público y se instaló como problema que debía ser atendido de manera inmediata por el nuevo gobierno. La eficacia pragmática de la protesta se hizo evidente no sólo en el tratamiento mediático del tema,[2] sino también en su presencia en la agenda política. En efecto, la demanda de los afectados por la indexación fue incorporada en el mensaje del Presidente Alfonsín ante la Asamblea, con el anuncio de la “suspensión de los trámites judiciales y/o administrativos de cobro compulsivo con atraso y en vías de ejecución de deudas indexadas sobre viviendas populares”[3]. En julio, el Congreso Nacional sancionó la ley 23.073, que establecía un mecanismo para determinar el valor de los lotes, revaluar los pagos realizados y fijar nuevas escalas y modalidades de pago de los saldos adeudados.

La lucha de los indexados en defensa de la tierra y la vivienda aparece así como una de las primeras experiencias de organización y confrontación pública en torno al hábitat durante la transición democrática:

[…] Nosotros nos cruzamos con el tema de la 1050, […] gente que tenía un ingresito, en fin, compraba un lote en la periferia de la ciudad, en cuotas, treinta y seis cuotas de $50, la indexación se los mataba. A las cinco, seis cuotas ya no podían… el valor de la cuota excedía su sueldo […] Nosotros nos encontramos con ese proceso, entonces hacíamos defensa legal. Al final cambiamos la ley, generamos la 23.073 que prohíbe la venta de lotes sociales con el sistema de indexación; ahora, mientras tanto hacíamos actos en el Ministerio de Gobierno de la provincia, hacíamos marchas en la calle, bueno, fuimos el primer movimiento social barrial organizado post-dictadura y la ganamos a la lucha en el sentido de que salvamos cerca de cinco mil viviendas, lo cual en la ciudad de Córdoba no es poco. (Entrevista MATEO, 18/12/2012)

Los reclamos de la Coordinadora se dirigieron principalmente contra las empresas privadas e inmobiliarias que lucraban con la tierra urbana –a las que denominaron “vampiros de la tierra”[4]-, mientras que el Estado fue posicionado más bien como un aliado potencial cuyas políticas podían garantizar la protección y el acceso a los derechos de los sectores populares. La ley nacional que protegía estos bienes de la especulación de las inmobiliarias constituyó así una de las primeras conquistas de los pobladores organizados en defensa del hábitat luego de la traumática experiencia dictatorial.

La lucha contra la indexación de las tierras fue un proceso largo, al calor del cual se alcanzaron significativos niveles de articulación y movilización a nivel local. Uno de los formatos de protesta desplegado en esta experiencia fue la concentración en espacios públicos céntricos; en la sistematización de la experiencia de la Coordinadora de Loteos[5] se registra una primera concentración en la Plaza de la Intendencia en abril de 1985, en la que más de 600 personas reclamaron al gobierno por la falta de difusión de los alcances y prórrogas de la ley 23.073. En los años subsiguientes, y junto con el crecimiento de la organización, se incorporó como formato de protesta la marcha con antorchas, que permitió al movimiento alcanzar una alta visibilidad pública. La primera marcha de antorchas se realizó en abril de 1986, y se desplazó desde la Plaza Colón a la Legislatura, para culminar en la Casa de Gobierno tras la consigna “no queremos que nos regalen nada, queremos pagar lo justo”.[6] Para esta época, la Coordinadora nucleaba ya a pobladores de 63 barrios de la capital, y se fortalecía una identidad construida firmemente alrededor de una demanda -la de protección de las pequeñas propiedades urbanas frente a la usura de un conjunto de actores privados-, pero también en torno a la propia condición social de sectores medios y medio bajos a través de la explicitación de una diferencia: entre lo que se consideraba “justo” (saldar las deudas contraídas por haber adquirido en el mercado un lote o una casa) y otras prácticas de asistencia estatal hacia sectores de pobreza estructural, sin capacidad de acceder a créditos para tierra y vivienda.

A fines de 1986 se incorporó una particular modalidad de protesta, que contenía uno de los elementos centrales de los significativos “escraches” impulsados por la agrupación HIJOS desde mediados de la década siguiente. La Coordinadora desarrolló una serie de “plantones” frente a cada una de las inmobiliarias acusadas de lucrar con la tierra y la vivienda amparándose en la Circular 1050. Los plantones, reiterados sistemáticamente a lo largo de todo el año 1987, buscaban generar la condena pública ante la falta de respuestas por parte de un Estado provincial y municipal que cedía a las presiones de las empresas privadas. Este tipo de acciones orientadas a la visibilización del reclamo y al señalamiento de responsables directos e indirectos del perjuicio ocasionado, se acompañó a partir de este año con la publicación de la revista “El indexado”, distribuida gratuitamente en más de sesenta barrios de Córdoba. De esta manera, se buscaba ampliar las redes de sustentación de la organización y fortalecer los reclamos, incorporando nuevos miembros de las comunidades afectados por la indexación e informando acerca de las causas del problema así como del avance de las soluciones conseguidas.

La Comisión Intervillas: “tendremos la tierra”

Paralelamente, desde comienzos del período democrático pobladores de distintas villas de la ciudad organizados -en algunos casos- bajo la forma de cooperativas y mutuales, iniciaron procesos de articulación sectorial en distintos agrupamientos, asesorados por otras organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción social y el hábitat popular. Un hito fundante de una de estas redes -la Comisión Intervillas (CI)- fue la Marcha Villera realizada el 25 de octubre de 1983, pocos días antes de las elecciones convocadas por la Junta Militar aun gobernante. Tras las consigna “¡No nos moverán. Tendremos la tierra!”[7], cientos de personas de distintas villas de Córdoba se movilizaron por el centro de la ciudad, trazando un recorrido que evidenciaba la intención de instalar la protesta en el espacio público. En efecto, la marcha se desplazó por dos plazas céntricas, se detuvo frente a la sede del diario La Voz del Interior y culminó en la Casa de Gobierno de la provincia, exigiendo a las autoridades la suspensión de todos los desalojos en marcha y “una solución definitiva a través de la expropiación y cesión de la tierra en condiciones adecuadas”[8].

La Marcha Villera fue una novedosa y contundente respuesta de las organizaciones nucleadas a partir del conflicto por el intento de desalojo del Establecimiento San Jerónimo, un asentamiento precario con más de 30 años de historia en la zona norte de la ciudad. A partir de la orden judicial, emitida tras la demanda de una fundación privada[9] que reclamaba la propiedad de los terrenos, algunos vecinos de San Jerónimo comenzaron a buscar apoyo para enfrentar un desalojo que parecía inevitable. En pocos meses, un conjunto de villas urbanas que atravesaba conflictos legales en relación con las tierras sobre las que se asentaban, comenzaron a movilizarse en reclamo de soluciones, afirmándose sobre formas incipientes de articulación. En julio del año siguiente, nuevos conflictos por intentos de desalojo adquirieron visibilidad pública, y comenzó a instalarse el nombre de la Comisión Intervillas a partir de la diversificación de las acciones emprendidas: además de marchas por el centro de la ciudad y concentraciones frente la Legislatura provincial[10], la CI presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Expropiación de tierras para la construcción de viviendas populares en 1984, y en 1985 envió nuevamente una nota al bloque de la UCR exigiendo la urgente resolución de las amenazas de desalojo que pesaban sobre distintas villas de Córdoba. Al mismo tiempo, desarrolló una estrategia de difusión de sus acciones a través de los medios de comunicación[11], recibiendo la solidaridad de algunos actores significativos de la escena política local.[12]

Dos elementos resultan claves para comprender la magnitud de la respuesta a esta nueva maniobra de ciertos actores económicos que, amparados por el poder dictatorial, habían logrado apropiarse de numerosos terrenos en zonas estratégicas de la ciudad. Por un lado, el contacto de algunos referentes de las villas de Córdoba con las experiencias de ocupación de tierras que, en los primeros años de la década, venían desarrollándose en otras localidades. En efecto, las primeras reuniones de lo que poco después sería la Comisión Intervillas contó con la presencia de una delegada del asentamiento de Quilmes, proceso de ocupación registrado hacia fines de 1981 en el partido del mismo nombre y que garantizó el acceso a la tierra y la vivienda a unas 4.600 familias. A su vez, la experiencia organizativa desarrollada alrededor de estas tomas en el Gran Buenos Aires había contado con el apoyo de religiosos católicos vinculados a la llamada “Iglesia de los pobres”[13], algunos de los cuales venían de protagonizar experiencias similares en Brasil (Izaguirre y Aristizabal, 1988).

En segundo lugar, la organización de tales reuniones y la acción legal de los villeros frente a los desalojos recibieron el apoyo del Servicio a la Acción Popular (SEAP), una asociación civil integrada por militantes y profesionales dedicada al trabajo de promoción social. En estas redes conformadas aun en contextos de represión y dictadura, fue significativo el apoyo de organizaciones con distintas identidades: principalmente, ONG de tipo profesional y perfil técnico y entidades vinculadas a la Iglesia que brindaron cierta protección y contención a los pobladores movilizados. En el caso de la Marcha Villera, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y el Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba (CEXC)[14] participaron junto con el SEAP en las convocatorias previas a la Marcha y adhirieron públicamente a los reclamos expresados por los villeros. En el mismo sentido, otras organizaciones no gubernamentales con distintas trayectorias e intervenciones en el territorio urbano cordobés se constituyeron en promotoras de la acción colectiva alrededor de la cuestión del hábitat, como se verá más adelante.

La CI continuó desarrollando acciones públicas al tiempo que ampliaba y consolidaba sus redes a nivel local. En junio de 1985 se realizó el Primer Encuentro Intervillero de la ciudad de Córdoba, en el que participaron referentes de ocho villas urbanas. Las conclusiones del Encuentro se enunciaron en la forma de tareas para la conducción de la CI: promover la organización y la comunicación entre las villas, brindar educación popular y garantizar la formación de los dirigentes villeros.[15] Pocos meses después, el SEAP respondió con un ciclo de formación de dirigentes y con un taller de periodismo popular, que dio como resultado el lanzamiento del periódico “Aquí estamos los villeros”, editado entre octubre de 1985 y finales de 1990.

A través de las páginas de esta publicación pueden identificarse dos elementos centrales que dan cuenta de los procesos de politización que se gestaban por esos años en los barrios de Córdoba. Por un lado, la invocación a la participación, la organización y la unidad de los villeros en el marco del nuevo contexto democrático, apelando a un lenguaje de derechos que ya se encontraba disponible en la sociedad en general y en la historia de las luchas por la tierra y la vivienda en particular. La conexión entre ambos tópicos -la democracia y los derechos- encuentra un matiz particular: el sistema democrático aparece como “escenario” que garantiza mejores condiciones para la participación y la lucha, al tiempo que la democracia realmente existente se cuestiona en relación al funcionamiento de los partidos y la manipulación con fines electorales:[16]

El clima de democracia debe servirnos cada vez más para afianzar nuestras organizaciones villeras. Para eso tenemos que aumentar la participación de todos los compañeros y compañeras. Por eso, esperamos el próximo año seguir luchando por nuestras reivindicaciones.[17]

[los políticos] solo nos enseñan el enfrentamiento partidista. Nos dividen, enfrentándonos villero contra villero, debilitando así la fuerza de la unidad que nos da la no definición política partidaria. […] No creemos que con solo el voto aportaremos a la solución de los problemas. Queremos seguir siendo alguien después de las elecciones.[18]

La diferencia con el sistema de partidos políticos se convirtió en marca de identidad del movimiento villero, que eligió como slogan de su publicación la frase “Periódico popular sin orientación partidaria”. Esta perspectiva era compartida por el propio SEAP, cuyo trabajo en las villas de Córdoba se sostenía sobre la base de una fuerte crítica a los partidos tradicionales y en la defensa de mecanismos de participación y discusión permanente en las bases de las organizaciones:

[…] nosotros hacíamos asambleas prácticamente semanales, yo en tres asambleas me tejía un pullover por ejemplo… Para que te des idea de las horas que llevaban [las discusiones] en esa época […] Así como decidimos que no cuando el tema del Movimiento Cordobés, no había consenso, ¿me entendés? Pero nosotros apostábamos al consenso […] entonces, si no había consenso, y bueno, seguiremos discutiendo”. (Entrevista ROTONDI, 7/2/2015)

El otro elemento que evidencia la revista es el trabajo de construcción de redes y articulación de una estructura de movilización cada vez más amplia y apoyada en la solidaridad de otros actores locales y nacionales. En la columna “Andando por los gremios” del periódico villero, la CI comenzó a entablar diálogos con algunos sindicatos locales[19], mientras que en la sección “Andando por las villas” se relataban los procesos organizativos y las problemáticas de distintos asentamientos de la ciudad, con el objeto de evidenciar las similitudes y socializar experiencias de acción colectiva. En el mismo sentido, referentes de la Coordinadora participaron en distintos eventos para el intercambio y la articulación sectorial convocados por ONG u otras entidades: el Congreso Nacional de Estudiantes de Servicio Social realizado en la UNC en abril de 1985; el Encuentro de Cooperativas en Carlos Paz, organizado por la Cooperativa 25 de mayo, la ONG Serviproh y el Centro de Investigación y Perfeccionamiento en Administración Cooperativa (CIPAC) en noviembre de 1985; el II y III Encuentro Intervillero realizados en diciembre de 1985 y noviembre de 1986 respectivamente, y el Encuentro de Dirigentes de Comisiones y Cooperativas Villeras en junio de 1987[20], entre otras actividades. La participación de la CI en el Congreso de estudiantes de Servicio Social revela en particular la vinculación entre esta organización y las instituciones universitarias -principalmente la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)-, cuestión que se reitera en las diferentes experiencias de movilización en torno al hábitat. En este caso, una buena cantidad de militantes que transitaban por los barrios y villas de la ciudad tenían en común la pertenencia a la entonces Escuela de Servicio Social de la UNC, un espacio que era a la vez territorio de disputas contra otros modos de entender la profesión y espacio de articulación de las diferentes apuestas y experiencias en el territorio:

[…] después de que vuelven los cesanteados[21] a la Escuela, varios empezamos a trabajar en la Escuela; es como que confluíamos con distintas cosas, y la diversidad no era problema, entonces… la Universidad era una organización más. […] Hay ahí, hay un cruce muy importante. (Entrevista ROTONDI, 7/2/2015)

En el conjunto de acciones y redes protagonizadas por la CI, la cuestión de la tierra se revela como una demanda articuladora de la organización y la movilización desde las villas. En el documento de Propuesta a los partidos políticos elaborado por la CI en vísperas de las elecciones de 1987, que analizamos más adelante, se retoma como principal demanda la cuestión de la tenencia de la tierra, denunciando un “estado de injusticia social” resultado de la combinación de tres procesos concurrentes: la falta de recursos económicos de los pobladores de las villas (desocupación, bajos salarios), la especulación por parte de los dueños de la tierra y la falta de regulación estatal sobre el mercado del suelo. Frente a esta situación, las organizaciones apelaron a un marco de injusticia que invocaba como principio superior compartido el respeto por la legalidad y las normas constitucionales, recientemente restituidas:

“Ante esta situación contradictoria, donde por un lado el Estado dispone del derecho de todo ciudadano a la tierra, y por el otro la realidad nos muestra que un gran número de ciudadanos no la puede adquirir, QUE EL ESTADO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL, INTERVINIENDO A FAVOR DEL QUE NO TIENE TIERRA”.[22]

De este modo, el contraste entre la vida ofrecida a los pobladores de la periferia y los postulados establecidos en las normas constitucionales se utilizó para poner la cuestión del espacio en tela de juicio (Lefebvre, 1974) en la arena pública, en la medida en que se dejó planteado el incumplimiento de ciertos derechos y la desigualdad en la distribución de los recursos básicos que garantizaban la inclusión en la vida urbana. Más allá de los partidos, las demandas por la tierra se articularon tempranamente en el centro de los procesos de organización y movilización desde las villas de Córdoba, constituyendo experiencias políticas ancladas en los territorios y en lucha por el espacio urbano en el tránsito entre la dictadura y la democracia. Como queda claro en las expresiones de un dirigente villero en el marco de un evento público, este proceso de politización tuvo importantes consecuencias en las propias subjetividades así como en la conformación de redes de solidaridad para la acción colectiva:

[…] Para nosotros es importante estar acá porque nos sirve como aprendizaje para ir perdiendo el miedo a hablar y decir lo que creemos y pensamos. Para que se sepa quién es y cómo vive un villero y también por qué hay villeros. Para que sepan, entiendan y apoyen nuestra lucha.[23]

En efecto, por estos años buena parte del esfuerzo de los actores movilizados se concentró en la construcción de formas de articulación y solidaridad horizontal que permitieran dar sustento a organizaciones que disponían de escasos recursos materiales y simbólicos para afrontar los desafíos políticos planteados. Activistas formados en distintas experiencias y con variadas trayectorias previas se reencontraron en la promesa de una democracia por hacer, y se involucraron en las instituciones y en los distintos espacios sociales con la mirada puesta en la reconstrucción de los lazos sociales para la dinamización de la acción colectiva.

“La organización se empieza a dar alrededor de problemas concretos”. Estrategias para acceder a la ciudad

En el marco de un crecimiento desordenado de la mancha urbana y del progresivo declive de las condiciones económicas de las familias, el acceso al agua, al servicio eléctrico y a las redes de gas natural, el trazado de los circuitos de transporte colectivo y la provisión de servicios de salud y educación fueron demandas que estuvieron presentes en las acciones de cada una de las organizaciones con anclaje territorial activadas durante los años 80. Según la información recabada a partir de la base de datos sobre acción colectiva de protesta en Córdoba[24], si bien las acciones en relación con hábitat fueron poco significativas respecto del total durante los primeros años de la democracia, el mayor número de demandas estuvo vinculado, en primer lugar, con el acceso o mejora de servicios (56,81%) entre 1984 y 1989.

La interpretación de estos datos no puede limitarse, sin embargo, a la verificación empírica del postulado acerca de las particularidades distintivas de los movimientos sociales urbanos[25], a través del cual la sociología urbana intentó ofrecer una tipología propia de la acción colectiva. Por el contrario, incorporar la mirada de los actores y la dimensión histórica de los procesos permite comprender de qué manera, tras la fuerte desarticulación de la organización barrial producida -represión mediante- durante la última dictadura, la lucha por necesidades materiales inmediatas, tangibles y alcanzables se constituyó en espacio de confluencia entre ciertos actores con trayectorias políticas previas -que optaron estratégicamente por la construcción de organizaciones en el espacio barrial- y comunidades afectadas por la falta de servicios y equipamientos esenciales:

[…] te digo, la salud pública tenía muchos problemas ya en ese momento… pero, a ver, había un nivel de laburo hacia adentro (…) de las organizaciones y se abordaban cosas más pequeñas como qué se yo, decirte, el agua potable era un problema grave en muchas partes. Es más, en la cooperativa donde nosotros estábamos, veníamos de hacer, en el ’85 una red de picos públicos, porque no tenía agua potable directamente… estaba como a 15 cuadras, una cosa así (…). El tema de la salud comunitaria la abordábamos desde… teníamos una salita de salud comunitaria… (Entrevista PLAZA, 1/8/2014)

[…] Y en los años 80 es como que la organización se empieza a dar a partir de necesidades concretas y problemas concretos, a través del tema del agua, la salud, los colectivos, la vivienda, y a partir de ahí se conforman estas organizaciones en las villas y en los barrios… (Entrevista MORILLO, 7/4/2009)

Es así como la Revista Barrial -una herramienta de elaboración y difusión de la agenda vecinalista, impulsada por actores con experiencia de militancia en la dictadura[26]– dedica las tapas de su segundo y tercer número a difundir informes sobre el gas y sobre el agua en Córdoba, mientras que la quinta edición[27] analiza el sistema de transporte urbano. En todos los casos, la Barrial registra y expone públicamente el descontento de los vecinos en relación con las carencias de los servicios en los barrios populares y de clase media-baja, a la vez que expresa demandas al Estado en torno a una mejor provisión de los mismos apelando a un marco de derechos y de igualdad en el contexto de la naciente democracia.

En el mismo sentido, en el Encuentro del sector villero realizado en junio de 1987 se consignaron como demandas prioritarias, además del acceso a la tierra, la provisión adecuada de infraestructura y servicios. Concretamente, se requería por el acceso al agua y a la energía eléctrica -a través de la disposición de normas de instalación y tarifas adecuadas a la capacidad económica del sector-, servicio de transporte, asfalto, limpieza y servicio policial. Las conclusiones en torno a estas necesidades prioritarias fueron resultado del trabajo de tres mesas temáticas, alrededor de las cuales también la incipiente CI había resuelto organizar sus acciones ya en 1984: agua y luz, tierra y vivienda, y prensa y difusión.

En el marco de las deficiencias de su cobertura, los costos y las modalidades de prestación de los servicios y la obra pública fueron objeto de controversias durante la reconstrucción de la democracia. Hacia fines de 1985, a raíz de un conflicto sindical con los trabajadores nucleados en la UTA, el municipio dispuso una reestructuración del servicio de transporte urbano que implicó la cancelación de ciertos recorridos que unían los barrios periféricos entre sí y con el centro de la ciudad.[28] A partir de esta modificación en los recorridos, agravada por el incremento del 30% en el costo del boleto unos meses después, a comienzos de 1986 se formó la Coordinadora de barrios de la zona sur, que desarrolló acciones de protesta exigiendo la restitución de las líneas de transporte.[29] La visibilidad pública de la Coordinadora incentivó a otras comunidades, algunos de cuyos referentes participaron en reuniones de este espacio y replicaron la experiencia en sus propios barrios, afianzándose de este modos algunas redes incipientes construidas previamente.

Por otra parte, en 1987 se conformó en Córdoba una Comisión de vecinos afectados por la aplicación de la ordenanza 8116, referida a la construcción de cercas y veredas, que desarrolló una concentración en la Legislatura y se trasladó posteriormente al Concejo Deliberante para exigir la suspensión de las obras en ejecución por parte de las tres empresas contratistas. Además solicitaban un nuevo proyecto reglamentario y un replanteo de la operatoria, cuestionando los altos costos económicos que debían asumir los frentistas.[30] Meses después, se registró otra intensa acción de vecinos de Villa Adela e Ituzaingó que protestaron formando barricadas y cortando el tránsito en dos importantes rutas de acceso a la ciudad de Córdoba (Ruta 20, acceso sur, y Ruta 9, acceso norte) por los altos costos de las obras públicas que debían afrontar.[31]

Los casos analizados evidencian la coexistencia de diversas expresiones organizativas en los territorios durante la reconstrucción de la democracia: por un lado las comisiones y centros vecinales formalizados en las ordenanzas municipales, cuya normalización institucional implicó un proceso conflictivo en torno a los alcances y sentidos de la democracia, como veremos más adelante. Pero junto con estos espacios institucionalizados, las comunidades desarrollaron distintas formas de organización orientadas a la solución de necesidades y problemas concretos de manera colectiva: las coordinadoras, comisiones de vecinos y mesas de trabajo con temas específicos se multiplicaron en los barrios de Córdoba como alternativa de abordaje colectivo a los problemas comunes, evidenciando ya tempranamente un cierto distanciamiento de los vecinos respecto de los canales políticos institucionalizados.

En este sentido, y en paralelo al trabajo de los partidos políticos -cuya acción durante la década del ochenta estuvo centralmente orientada a los procesos de democratización institucional-, en los territorios de la ciudad comenzaban a florecer organizaciones barriales cuyo desarrollo permaneció desatendido por buena parte de la ciencia política. Como sostiene Solís, durante la recuperación de la democracia

[…] las características de la coyuntura pusieron en primer plano a los partidos como modalidad dominante del compromiso político, recibiendo una mayor atención por parte de los analistas. Sin embargo, la reconstrucción de la vida política en clave partidaria ha descuidado otras experiencias organizativas que rearticularon y en cierto modo renovaron antiguos modos, espacios y formatos del compromiso político. (Solís, 2013).

En este escenario, además, desde el Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia se impulsó una política estatal de promoción de la organización de los sectores de barrios y villas, como estrategia para la canalización de las múltiples demandas elaboradas desde los territorios en el contexto inflacionario. Este proceso de formalización de las organizaciones gestadas en los territorios de Córdoba evidenció un salto significativo en el marco del período inflacionario hacia el final de la década:

[…] En la última gestión de Martí [secretario de Asuntos Institucionales], a finales de los 80, se dio un gran impulso a lo que era la organización de cooperativas y mutuales de villas. Se fomentó la organización en las comunidades populares bajo el formato legal de mutuales y cooperativas. Sobre fines de los 80, nosotros contamos que en un solo año se habían registrado 145 cooperativas y mutuales villeras, o populares. (Entrevista ARIAUDO, 13/8/2010).

De esta manera, la demanda por el acceso a servicios vitales en los barrios y villas de Córdoba constituyó un eje ordenador de las luchas a lo largo de todo el período. En algunos casos, los conflictos derivados de las desigualdades en la distribución y acceso a los bienes urbanos fueron construidos por los activistas como oportunidades para la acción, y generaron condiciones para la movilización de poblaciones sin trayectorias previas en ese sentido. Estas experiencias contenciosas estuvieron en la base de la conformación de un amplio conglomerado de organizaciones que, a mediados de los años 80, comenzaron a transitar algunas experiencias de (re)articulación sectorial.

Vecinalismo y democracia: la lucha por la normalización de los centros vecinales

En el marco de la recuperación de la democracia luego de siete años de gobierno autoritario -con un saldo de miles de muertos, desaparecidos y exiliados, junto con un fuerte disciplinamiento de la sociedad civil en base al terror y la desarticulación de las organizaciones-, las demandas de normalización de las instituciones ancladas en los territorios y de participación en las políticas públicas tuvieron una significativa presencia en el discurso de los actores movilizados en los territorios de la ciudad.

En ese contexto, a comienzos de 1985 el Ejecutivo de la Municipalidad de Córdoba impulsó un proceso de normalización de los centros vecinales, muchos de los cuales habían sido intervenidos o cerrados durante la dictadura militar. La iniciativa recibió fuertes críticas de algunas agrupaciones organizadas en barrios y villas, que respondieron con una convocatoria propia lanzada desde la Revista Barrial. El Encuentro Vecinalista, organizado por la Barrial, se desarrolló el 18 de mayo de 1985 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y contó con la participación de distintos actores comunitarios y organizaciones técnicas vinculadas con estas experiencias. En este encuentro se producen las primeras articulaciones entre el grupo de Barrial, algunas ONG que trabajaban en los territorios y la Comisión Intervillas, uno de cuyos referentes fue orador en el evento:

[…] Estamos abocados a reunir a todos los villeros de Córdoba, para que nuestra voz sea escuchada. Si somos villeros no es porque nos guste, sino porque no podemos adquirir terrenos donde construir la vivienda. Otro de nuestros objetivos es fortalecer la democracia a través de la verdadera participación popular, logrando lo que tanto se proclama: integración y dejar de ser ciudadano únicamente en época de elecciones.[32]

De esta manera, se evidencia en la construcción de estas organizaciones una incipiente articulación entre un horizonte político democrático, vinculado a la recuperación de la participación y el protagonismo popular en la definición del tipo de sociedad que se estaba configurando, y la reconstitución de los lazos sociales y las formas más elementales de acción colectiva alrededor de la resolución de problemas y necesidades inmediatas vinculadas con el espacio urbano. Al mismo tiempo, el Encuentro configura y expresa una confluencia de trayectorias sumamente diversas alrededor del horizonte de recuperar al vecinalismo como una herramienta fundamental en el proceso de reconstrucción de la democracia. Alrededor de esta apuesta -bajo el lema “El Vecinalismo se pone de pie”[33]– se va conformando una red en la que participan la Universidad Nacional de Córdoba -y la Facultad de Arquitectura, muchos de cuyos docentes están vinculados a las agencias estatales encargadas de la cuestión urbana-, algunas ONG dedicadas al hábitat, más de 90 organizaciones vecinales, el grupo de la revista Barrial, y un centenar de organizaciones sociales y políticas que manifestaron su adhesión al evento, entre las cuales se cuentan los primeros organismos de derechos humanos de Córdoba, sindicatos, federaciones estudiantiles y centros de estudiantes, entre otras.

Como resultado del encuentro se elaboró el Manifiesto de los Barrios, que fue difundido por distintos medios de comunicación comunitarios e institucionales. Además de la recuperación de la historia del vecinalismo cordobés[34] y de la descripción de las carencias y dificultades materiales que aquejaban a las comunidades, el Manifiesto expresaba una fuerte crítica al proceso de institucionalización de los centros vecinales impulsado por el Ejecutivo Municipal. Según las denuncias de las organizaciones, la iniciativa oficial limitaba la autonomía política de los centros vecinales y reordenaba las jurisdicciones forzando la desaparición de unos 150 centros. Frente a esta propuesta de normalización, estructurada sobre un conjunto de principios democráticos formales y conducida por el Estado, el encuentro vecinalista proponía impulsar un proceso de democratización basado en la participación popular y en la articulación entre los diferentes actores barriales con la conformación de la Coordinadora Vecinalista de Córdoba, un actor político independiente del Estado.

La Coordinadora se integró inicialmente con los centros y comisiones vecinales y organizaciones barriales que habían participado en el 1° Encuentro Vecinalista. Se trataba de unas 90 organizaciones, que dieron continuidad a aquel encuentro con la organización de eventos para la Juventud Vecinalista y las mujeres vecinalistas, así como algunas actividades en los barrios. Durante el proceso de elaboración y discusión institucional de la nueva ordenanza de Centros Vecinales, la Coordinadora realizó diversas actividades de difusión y presión hacia los partidos políticos, el Concejo Deliberante y los medios de comunicación.[35] La Revista Barrial continuó siendo el principal medio para expresar públicamente el rechazo no sólo a la Ordenanza de normalización de los Centros Vecinales -cuya aprobación formal se produjo varios meses después, en octubre de 1985[36]-, sino también frente a la continuidad de ciertos mecanismos propios del gobierno autoritario, como la designación desde el Municipio de interventores al frente de los centros vecinales.

Si bien la experiencia de esta Coordinadora fue acotada en el tiempo, logró elaborar una serie de puntos programáticos que articulaban diversas dimensiones de la vida urbana, expresando su concepción acerca de la vinculación intrínseca entre lo social y lo político. Los cuatro puntos reclamados eran: la realización de elecciones libres en todos los centros vecinales existentes; la sanción de una ordenanza de centros vecinales acorde a la realidad de los barrios y de sus estrategias de organización; la regulación estatal sobre las tarifas del transporte urbano, y el cumplimiento de las disposiciones económicas nacionales vinculadas al control de precios y el abastecimiento[37], en un contexto de alza generalizada de precios que se agravaba desde mediados de la década. El marco movilizador desde el que se impulsaron estas demandas -siempre en tensión con las concepciones formales y nunca en relación de antagonismo con el Estado- puede resumirse en el slogan de tapa de la revista Barrial: “Participando en defensa de la democracia”.

Con posterioridad a la efectiva sanción de la ordenanza de Centros Vecinales -que prácticamente no incorporó modificaciones al proyecto original-, las organizaciones que se habían movilizado previamente iniciaron una nueva etapa de la lucha, orientada a exigir el cumplimiento de los procesos de normalización según las disposiciones de la nueva normativa. En ese marco, Barrial y la Coordinadora demandaron por la constitución de comisiones normalizadoras en todos los centros vecinales, y acompañaron la conformación de listas amplias y plurales en los barrios para garantizar la participación de los vecinos en las elecciones correspondientes. En agosto de 1986, con el proceso de normalización ya en marcha, la Coordinadora Intervillas y el grupo de la Revista Barrial acordaron avanzar por el camino de la democratización de los centros vecinales, alentando a las comunidades de las villas a incorporarse a este proceso formando su comisión normalizadora y listas para las elecciones:

[…] todo esto para evitar que las CO [Comisiones Organizadoras] sean designadas y manejadas por la municipalidad, y posibilitar que las elecciones en cada CV garanticen el pluralismo y la democracia.[38]

Los movimientos y conflictos en torno a la normalización de los centros vecinales permiten dar cuenta, por un lado, de la productividad de las coyunturas en las que se dirimen procedimientos e instrumentos formales de la vida en democracia como momentos que facilitan la inscripción pública de demandas y la acción contenciosa en torno al sentido de tales cambios. Pero, a la vez, muestran el papel protagónico de un conjunto de actores que identificaron allí una oportunidad para intervenir en el proceso de recomposición de la vida asociativa en los barrios, activando redes previas y construyendo nuevas alianzas no sólo para la formulación de un proyecto alternativo de ordenanza, sino posteriormente en la disputa por la efectiva democratización de los centros vecinales. La lucha por la institucionalización de la democracia en los barrios supuso, asimismo, un ensanchamiento de la cuestión del hábitat urbano al incorporar las demandas de participación política de los vecinos en los ámbitos donde se dirimían asuntos vinculados con la vida cotidiana en la ciudad.

Construcción barrial y política partidaria: dilemas y alternativas en el escenario electoral

El año 1987 estuvo marcado por la agenda internacional y los usos que algunas instituciones hicieron de la declaración del Año de los Sin Techo- como se mencionó más arriba-, pero también por la agenda local puesto que en octubre de ese año se realizaron las elecciones legislativas y ejecutivas de cargos municipales y provinciales. En ese marco, distintos actores movilizados alrededor de demandas por el hábitat desarrollaron acciones en función de estrategias diversas, que en algunos casos implicaron fuerte debates. En la disyunción de los caminos recorridos por dos de los actores que venimos siguiendo -y cuyo trazado irá produciendo posteriormente nuevos encuentros y desencuentros- se vuelve evidente la importancia de analizar los procesos de política contenciosa atendiendo a la imbricación entre los episodios de acción no convencional y la política institucionalizada (Mac Adam, Tarrow y Tilly, 2005), como modo de comprender las características históricamente específicas de las dinámicas de movilización social. Desde esta perspectiva, es posible atender a las maneras en que los conflictos y demandas por el hábitat fueron conformando un campo de experiencias en el que se combinaron y coexistieron acciones disruptivas, iniciativas “normalizadoras”, propuestas partidarias y formas de participación “desde abajo” en los espacios institucionales, impulsando y tensionando de diversos modos los procesos de democratización en curso.

Por un lado, desde el SEAP y la Comisión Intervillas se impulsó un ciclo de actividades orientadas a articular una voz capaz de incidir en el escenario electoral local: en una serie de encuentros y talleres de discusión y producción, se elaboró por un lado un documento público con las reivindicaciones de las organizaciones villeras; además, se planificó una actividad pública de presentación de las demandas a todos los candidatos. En junio de 1987 se realizó un Encuentro de Dirigentes de Comisiones y Cooperativas Villeras, en el cual se analizaron las problemáticas del sector y se delinearon posibles soluciones. Pocos días después se organizó un Taller de Mujeres Dirigentes del Sector Villero, en el que se articularon propuestas para el abordaje de las problemáticas que venían analizándose en espacios de reunión previos. En forma paralela, los grupos de jóvenes de las distintas villas acordaron los principales problemas específicos de la juventud y algunas soluciones posibles.

Esta alternativa de acción frente a la coyuntura electoral se asentaba en una lectura particular acerca del sistema de partidos políticos así como del rol de la militancia partidaria durante los años previos, y recurría a otras tradiciones y aprendizajes para apostar a una politización del trabajo social en las villas por fuera de las estructuras partidarias clásicas:

[…] los partidos políticos no hacían un carajo en esa época. No hacían. Menos en los barrios, digamos (…). La gente desconfiaba mucho ¿viste? (…) porque los partidos los habían dejado solos, vos no veías ni un militante, entonces cuando vos les proponías una práctica política, nuestro encuadre estaba en la educación popular por eso, porque era politizar la práctica social. Pero la gente no quería saber nada con los partidos. (Entrevista ROTONDI, 7/2/2015)

Finalmente, y luego de la serie de actividades preparatorias descriptas más arriba, entre el 24 y el 26 de julio se desarrolló el Encuentro de Organizaciones Villeras en la localidad de Alta Gracia, distante a unos 35 km. de la capital cordobesa, en el que confluyeron los debates y propuestas elaborados previamente. El intenso intercambio de experiencias y articulación sectorial permitió, entre otros resultados, la elaboración de un documento de “Propuestas del sector villero”, en el que se recogieron las conclusiones de las comisiones de trabajo en torno a los temas planteados: Tierra y vivienda, Salud y alimentación, Infraestructura y servicios, Educación y guarderías, Trabajo, Recreación y Deporte y cultura.

El 20 de agosto, la CI convocó a los candidatos de los diferentes partidos a una actividad pública, con el objetivo de instalar las demandas del sector villero en la agenda electoral de todas las fuerzas. El acto se realizó en el céntrico Teatro Maipú, y asistieron la mayoría de los referentes de los partidos, excepto la UCR. La CI escuchó a los candidatos y presentó su “Documento de propuesta a los partidos políticos”, que también había sido difundido a los medios de comunicación a través de gacetillas y de una conferencia de prensa realizada previamente.

En estas acciones queda de manifiesto la voluntad y decisión de la organización de articular las acciones orientadas a abordar las problemáticas concretas del sector con la dinámica política más general, en función de un tipo de democracia que debía garantizar las respuestas a las necesidades sociales, pero en donde los límites entre lo social y lo político -y por consiguiente, las tareas y responsabilidades de unos y otros actores- quedan claramente demarcados:

[…] la DEMOCRACIA garantiza nuestros DERECHOS, por esta razón y en ejercicio de los mismos, elaboramos PROPUESTAS que queremos presentar a TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS para que incluyan en sus planes de gobierno.[39]

De esta manera, se evidencia ya tempranamente la capacidad e iniciativa de los dirigentes villeros en relación con la visibilización de las demandas y propuestas a partir de la interpretación y construcción de oportunidades políticas, la planificación de acciones públicas y la articulación de un discurso sobre la ciudadanía que cuestionaba los límites de la democracia formal. Al mismo tiempo, quedaba expuesta también la fractura -cuyo origen e historia resulta imposible de rastrear en el marco de este trabajo, pero que seguramente se profundizó durante los años de la dictadura- entre las militancias populares y el sistema de partidos políticos, al menos en una parte de las experiencias de movilización postdictadura.

El Movimiento Cordobés: por un vecinalismo “democrático y participativo”

Además de constituir una inestimable fuente de información acerca de la situación y los problemas de los barrios de Córdoba, la Revista Barrial permite dar cuenta de las lecturas y concepciones a partir de las cuales se gestó el Movimiento Cordobés (MC), un partido político construido sobre las redes y experiencias territoriales desarrolladas en torno a la revista en los años previos. En efecto, sobre la base de esa construcción territorial y con la Barrial como órgano de prensa ya consolidado, el grupo constituyó el Movimiento Cordobés[40], que contó entre sus filas con referentes de la lucha contra la dictadura en los años 70. Desde las páginas de Barrial se estableció una contraposición entre la concepción de la democracia que sustentaba el Estado municipal, que despreciaba la participación popular en los procesos de normalización institucional, y otra que revalorizaba el papel de las organizaciones intermedias

[…] como instancia donde los vecinos ejercen la democracia de manera directa y por lo tanto definen sus necesidades y (…) sus intereses así como desarrollan la crítica y el control constructivo del estado.[41]

De esta manera, Barrial proponía un proyecto vecinalista basado en la democracia participativa, en oposición a las políticas municipales del gobierno consideradas autoritarias pero también a los límites de la democracia “formal” practicada por el gobierno radical. Desde esta posición, el grupo cuestionaba las propuestas oficiales vinculadas con los procesos de normalización y proponía alternativas basadas en la participación directa de los vecinos organizados. En 1985, como vimos más arriba, Barrial trabajó intensamente alrededor de la iniciativa para democratizar los centros vecinales; en 1987, hizo lo propio en relación con la reforma de la Constitución Provincial, denunciando que

[…] lo que debería ser un gran debate democrático y participativo acerca del país que queremos, de la provincia que necesitamos, de lo que aspira el pueblo de Córdoba en derechos sociales, en derechos laborales, en educación, en salud, en vivienda, en derechos humanos, etc, queda relegado frente a un desvergonzado acuerdo para conseguir la reelección del gobernador.[42]

En ese marco, en 1986 el grupo de militantes de la Revista Barrial explicitaba en las páginas de la publicación su decisión de conformar una opción política capaz de intervenir en las elecciones municipales del año siguiente. La decisión se fundamentó públicamente en el reconocimiento acerca de los límites alcanzados por el movimiento vecinalista, cuyo papel había sido fundamental en la recomposición de los lazos y en la reconstrucción de formas de democracia directa y participativa. Sin embargo, se evaluaba también que las políticas autoritarias, intervencionistas y no participativas impulsadas por los funcionarios de los partidos históricos conspiraban contra los esfuerzos realizados por los vecinos. Por eso, resultaba “imprescindible” construir

[…] NUEVAS FORMAS DE REPRESENTACIÓN para participar en las elecciones municipales, para que aquellos que nos representan en el Concejo Deliberante sean hombres y mujeres salidos de los propios barrios.[43]

De esta manera, el Movimiento Cordobés se presentó como una alternativa partidaria basada, según indica Solís (2013), en “el reconocimiento de la necesidad de articular nuevas formas de representación que, sin desdeñar lo electoral, se orienten a profundizar el proceso organizativo y de articulación barrial”. (p.16).

En el Movimiento Cordobés confluyeron distintas trayectorias militantes, pero tanto su historia como su derrotero político luego de las elecciones de octubre de 1987 exceden las posibilidades de este trabajo. Sin embargo, la recuperación de esta experiencia de articulación barrial devenida en alternativa político-partidaria nos permite evidenciar otros modos de resolver las tensiones entre la construcción barrial “desde abajo” y la institucionalidad política. Si para el movimiento villero el desafío fue visibilizar los problemas y demandas del sector y lograr su incorporación en la agenda político-electoral de los partidos, preservando su identidad como actor autónomo respecto de los mismos, el grupo de Barrial apostó a tensionar el modelo de democracia que se consolidaba a nivel municipal y provincial a través de la conformación de una estructura partidaria basada en mecanismos de democracia participativa, antivanguardista y asentada en el crecimiento de las tramas organizativas de los barrios. En síntesis, un proyecto vecinalista “democrático y participativo”, que planteaba una confrontación abierta con el modelo de democracia representativa con resabios autoritarios hegemónico en el período.

Las estrategias desplegadas por estos colectivos frente a la coyuntura electoral ofrecen una clave para dar cuenta de la construcción de otros sentidos sobre la democracia, con anclaje en las experiencias de organización villera y barrial. Estas alternativas de acción se desarrollaron durante toda la década del ochenta y, más allá de los resultados obtenidos en términos prácticos (la cantidad de votos logrados por el Movimiento Cordobés y la efectiva incorporación de las demandas en las agendas de los partidos políticos, entre otros indicadores), plantean una pista sugerente en relación con la cuestión de la politicidad de la acción colectiva en los territorios. En efecto, como hemos visto, el espacio urbano resultó atravesado por una diversidad de iniciativas, conflictos, demandas y actores que en determinadas coyunturas -y merced al trabajo de activistas con distintas trayectorias políticas- hicieron del territorio un lugar de confluencias para la acción colectiva. En las experiencias destacadas aquí, además, el territorio no fue un mero escenario sino que se constituyó siempre como objeto de conflictos, a partir de las tensiones generadas por la falta de acceso a determinados bienes y servicios urbanos, la propiedad de la tierra y las formas instituidas de participación, entre otros asuntos.

En términos históricos, estas actuaciones expresan una cierta distancia respecto de la experiencia de vinculación entre lo social y lo político analizada por Merklen en el caso de los asentamientos del Gran Buenos Aires, en donde el vínculo con el sistema de partidos políticos supuso la integración de las organizaciones barriales al juego de la competencia política, con lo cual “la autonomía de las organizaciones se pierde definitivamente y en los asentamientos desaparece la unidad” (Merklen, 1997: 9). Por el contrario, la experiencia de Intervillas en la coyuntura electoral de 1987 permitió dinamizar los debates internos entre las comunidades villeras y la elaboración de un pliego de demandas que ordenó la acción en función de objetivos comunes, mientras que la interpelación a los candidatos instaló en la escena pública la voz de la Comisión Intervillas como sujeto capaz de convocar a los partidos políticos y de formular demandas en nombre del conjunto de los excluidos de la ciudad. Por su parte, como afirma Solís (2013), la experiencia que se extendió desde la Revista Barrial al Movimiento Cordobés supuso un proceso de politización del territorio de la ciudad, a partir de la promoción de la acción colectiva y la recomposición del tejido social desmantelado durante la dictadura. Este proyecto político, construido desde las necesidades y demandas sentidas en los barrios populares de una ciudad que se volvía cada vez más ajena, permitió además el encuentro de activistas de distintas generaciones y con diversas trayectorias, que en los años de la recuperación de la democracia propusieron un modo de entender la democracia -y de practicar la política- en tensión con la separación clásica entre lo social y lo político.

“Cuestión de coordinar, de articularse”. La apuesta por las redes en las ONG

Como ya fue sugerido más arriba, algunas ONG se convirtieron en actores clave en la articulación de estructuras de movilización desde los territorios así como en la construcción de redes de solidaridad e intercambio a mayor escala.[44] En el caso de Córdoba, durante los años 80 fueron centralmente cinco las ONG que incentivaron con distintas estrategias y acciones la organización y las luchas de los pobladores por el hábitat. Además del acompañamiento de SEAP en la conformación de la Comisión Intervillas y de CECOPAL a la Coordinadora de Loteos Indexados, otros aportes significativos por esos años se vincularon con el trabajo del Servicio a la Promoción Humana (Serviproh), la Mutual Mugica y el Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS). Una mirada hacia el interior del campo de las ONG permite reconocer, una vez más, la diversidad de trayectorias, experiencias y contextos de surgimiento que dotaron de sus particulares identidades a cada una de estas instituciones.

Si bien no fue la matriz principal en la configuración de la identidad de las ONG locales, la influencia de las experiencias latinoamericanas articuladas alrededor de la educación y la comunicación popular resultó significativa en algunos casos. Como analiza Arturo Bregaglio -primer director de CECOPAL- rememorando los proyectos que ya estaban en danza en 1982:

[…] En varios países de América Latina, habíamos podido comprobar cómo se conformaban centros de estudios, capacitación y trabajaban con los sectores más postergados de la sociedad contando con el apoyo financiero de organizaciones solidarias del norte. El Perú con su pobreza de 500 años, era una buena muestra de todo ese laboratorio social, lo que se podía hacer para intentar democratizar la sociedad, construir ciudadanía y pensar en un futuro mejor. Por qué no llevar estos modelos y prácticas a nuestro país, cuando cada vez se hablaba con mayor fuerza del retorno a la democracia.[45]

La vertiente de la comunicación y educación popular latinoamericana impactó en la conformación de la identidad, por un lado, del SEAP, espacio en el que María Cristina Mata y Alfredo Paiva -referentes de la comunicación popular en la región- recalaron al regreso de su exilio en Perú.[46] Asimismo, queda plasmada en la conformación de la Red de educación popular Confluencia, un espacio de escala nacional fundado en 1985 por el SEAP junto a otras organizaciones que compartían aquella fuente y que desarrolló durante los ochenta y noventa diversas iniciativas de formación política: Acción educativa de Santa Fe, la Fundación Ecuménica de Cuyo y el CIPES de Buenos Aires.[47]

Posteriormente, Paiva formó parte del grupo fundador de CECOPAL, creando junto a Arturo Bregaglio el área de comunicación popular dentro de esta ONG. Desde esta área, en 1988 se puso en funcionamiento la FM Sur, una radio comunitaria enclavada en el corazón de Villa El Libertador, uno de los barrios populares más antiguos y poblados de la ciudad. Según uno de sus fundadores, el proyecto de la radio

[…] fue lo más serio, riguroso y honesto en relación a los principios de la educación y la comunicación popular. En Villa El Libertador al principio fuimos ortodoxamente kaplunianos, de Mario Kaplun: aquello de prealimentación y eso… diagnóstico, relevamientos de necesidades y necesidad de una radio, equipo de activos, de vecinos iniciales. (Entrevista TAGLE, 31/3/2009)

Otra vertiente significativa en la construcción de organizaciones territoriales se encuentra en la corriente de la Iglesia católica identificada por su “opción por los pobres”. Si bien en Argentina no se desarrolló un movimiento significativo hacia el interior de la Iglesia alrededor de esta alternativa -como se dio por ejemplo en Brasil, con la creación de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) en la década del setenta-, lo cierto es que esta perspectiva, opositora a la jerarquía eclesiástica e inspirada en los postulados del Concilio Vaticano II y de las Conferencias Episcopales Latinoamericanas posteriores, encontró arraigo en algunos espacios y experiencias locales. Durante los años previos e inmediatamente posteriores a la recuperación de la democracia, esos espacios se constituyeron como refugio, lugar de encuentro y respaldo material y simbólico para el desarrollo de formas incipientes de articulación en relación con distintas problemáticas: los derechos humanos, la vivienda, la tierra, entre otras:

[…] en el ’81 ya estábamos todos. Ahí el que convocó fue el Centro Ecuménico. El Centro Ecuménico era como un espacio, digamos, si vos veías diversidad, era ahí. […] en esa época yo no tenía todavía 20 años, pero podía circular en ese espacio con libertad, digamos. Te receptaban, te contenían, te sostenían si hacía falta, te daban plata. Digamos, en un momento hasta para ir a las villas nos ayudaban con los transportes, porque nosotros no teníamos un mango. (Entrevista ROTONDI, 7/2/2015)

Luego de 1983, los grupos reunidos en torno del Centro Ecuménico decidieron formar dos espacios institucionales con perfiles específicos: así nació por un lado el SEAP, orientado al trabajo social en las villas y barrios pobres, y por otro el Serpaj, dedicado a la defensa de los derechos humanos. También por esos años, otros dos grupos vinculados a la “opción por los pobres” de la Iglesia católica aportaban a la reconstrucción de los espacios y redes de movilización desmantelados durante la dictadura: el grupo de la Revista Tiempo Latinoamericano, fundada en 1982 y que posteriormente dio origen al Centro del mismo nombre y a la Casa Angelelli[48], y la Comunidad El Tambo, fundada por los misioneros claretianos en 1975. De esta manera, es posible reconocer en estas experiencias de organización y movilización en los territorios durante la transición la presencia de una vertiente de la Iglesia que, si bien fue marginal dentro de la estructura oficial y también en relación con el desarrollo logrado en otros países de la región, operó en Córdoba como soporte para el desarrollo de las organizaciones que demandaron por el hábitat, entre otras. A modo de ejemplo, la Comisión Intervillas se reunía en el local propiedad del Centro Ecuménico, donde también funcionaban el SEAP y SERPAJ.

Por su parte, la Mutual Carlos Mugica se conformó a partir del trabajo territorial realizado por estudiantes de Servicio Social de la UNC en algunos barrios y villas de la zona noreste de la capital cordobesa, en articulación con la parroquia local y un sacerdote comprometido con la comunidad. La presencia de la corriente católica tercermundista se evidencia nuevamente aquí, en el desarrollo de experiencias de organización barrial durante los primeros años de la democracia en el territorio de las seccionales sexta y octava, en donde trabajaba desde 1985 el sacerdote Julio Romano:

[…] en realidad el trabajo se inicia cuando el cura de la parroquia San Ramón, Julio Romano, a mí me asigna en la San Ramón y él empieza a trabajar en el Bajo Yapeyú. Entonces él empieza a hacer, aparte del trabajo de la iglesia, empieza a apoyar la formación de organizaciones. (Entrevista MORILLO, 7/8/2009)

La matriz peronista y cristiana que identificó a los primeros integrantes de esta organización resulta evidente en la descripción de uno de sus fundadores:

[…] Un conjunto de militantes muy vinculados al peronismo y a la iglesia, que fue un poco la figura de Carlos Mugica, que resumía la identidad de los que conformábamos el taller. Con una mirada de trabajo comunitario, y con una perspectiva de construcción más movimientista, desde el espacio villero, digamos. Quizá más la mirada puesta en lo que fue la experiencia movimientista de los años 70, que fue muy fuerte en el espacio villero. (Entrevista MORILLO, 7/8/2009)

En la conformación de la Mutual Mugica se vuelve patente la multiplicidad de retazos de historia y de experiencias políticas de que se fue nutriendo el movimiento por el hábitat. Fragmentos de las memorias de luchas pasadas, identidades históricas actualizadas en los nuevos contextos de democracia, referentes de una cierta ética y compromiso militante, se articularon para dar forma a un colectivo y se convirtieron en elementos activadores de la movilización.

En 1987 la Mutual Mugica obtuvo su personería jurídica, y dos años después fundó la radio comunitaria que será un emblema de la comunicación popular en la Argentina: la FM La Ranchada.[49] Por esos mismos años, y junto con la expansión del trabajo territorial hacia nuevas comunidades, se impulsó desde la Mutual la conformación de una red de organizaciones que recuperaba el nombre de un actor barrial constituido y movilizado a comienzos de los años 70: la Coordinadora de Barrios y Villas.[50] En el nombre elegido para la Coordinadora, tanto como para la propia Mutual, se evidencia la apuesta de sus fundadores por la recuperación de la memoria de ciertas luchas previas al golpe militar y la reapropiación de determinadas identidades que orientarán las construcciones propias, “porque nos sentimos parte y herederos de nuestra propia historia”, tal como se indica en el periódico de la organización.[51]

La arquitectura como herramienta al servicio del hábitat

En 1979 se conformó el Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS), a partir de la decisión de un grupo de profesionales (arquitectos, trabajadores sociales y psicólogos) vinculados al Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE). Este grupo, que venía desarrollando acciones en distintos territorios en función del diseño de metodologías alternativas de construcción de viviendas, analizó la necesidad de incorporar la dimensión de la promoción social en los trabajos de asesoramiento desarrollados por el CEVE, integrado fundamentalmente por arquitectos: “[…] entonces SEHAS desarrolla mucho la cuestión interdisciplinaria, una mirada integral y el énfasis puesto fundamentalmente en la capacitación y la organización de los barrios”. (Entrevista MAIZTEGUI, 18/10/2012)

El SEHAS retomaba en parte aquel movimiento de ruptura con la arquitectura canónica que se venía registrando en todo el mundo desde los años 60, y que en los años 70 encontró en Córdoba -y especialmente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional- un escenario para su radicalización. En el marco de los nuevos paradigmas teóricos y culturales de fines de los años 60, una corriente de pensamiento -estimulada por las reflexiones de, entre otros, Henri Lefebvre- había hecho de la arquitectura una pieza de la “contracultura”. En efecto, “la arquitectura se volvió un campo de experimentación que, en un contexto de marcada politización y radicalización, la llevaron al límite de sus posibilidades. (Malecki, 2015: 207)

Según indaga Malecki, dos temáticas elaboradas al calor de estas transformaciones tuvieron un impacto decisivo en Argentina: la cuestión del hábitat y la arquitectura de sistemas. El concepto de hábitat surgió así como una respuesta al pensamiento arquitectónico hegemónico, centrado en su dimensión técnico-estética, al proponer un enfoque científico-social que concebía a la arquitectura como una práctica social “donde el usuario es su destinatario, continuador y hacedor en comunidad del producto: el hábitat humano”.[52]

La arquitectura se constituyó en un “campo de experimentación”, pero no sólo artística sino, fundamentalmente, en la elaboración de nuevas metodologías constructivas y diseños urbanos orientados a garantizar el derecho a un hábitat de calidad para las mayorías populares. En ese marco, el SEHAS sostuvo desde su nacimiento una estrecha vinculación con el CEVE y con la propia Facultad de Arquitectura, espacios que funcionaron en articulación permanente en base a la circulación de personas, experiencias y debates sobre el hábitat urbano.

Durante la década del ochenta el SEHAS tuvo como principal apuesta la construcción de experiencias de encuentro y articulación entre diferentes espacios villeros y barriales, enfocando en la formación política y en la capacitación para la gestión de organizaciones:

[…] en esos años 80… era superar la cosa individual de cada barrio, o cada organización, procurando articular entre ellas, siempre con el objetivo de tener más fuerza para tener mayor participación en la sociedad, que se traduzca en ejercicio de derechos para la población de estos sectores, ¿no? Entonces la cuestión de articular, de coordinarse, de crear espacios colectivos y demás. (Entrevista MAIZTEGUI, 18/10/2012).

A partir de un Ciclo de Formación de Dirigentes realizado en 1985[53], SEHAS impulsó la constitución del Encuentro de Comunidades Populares en Marcha, una red de organizaciones de base asentadas en diferentes villas y barrios populares en las que desarrollaba acciones de promoción y asesoramiento en cuestiones habitacionales. El Encuentro de Comunidades Populares formaba parte a su vez del Movimiento por el Hábitat Popular, constituido en 1986[54] e integrado por ONG y organizaciones populares de distintas ciudades del país. A través de la acción de las ONG, cuyas posibilidades de financiamiento externo se incrementaban en la medida en que los proyectos proponían la formación de redes y articulaciones entre distintos territorios, las incipientes organizaciones populares -y particularmente sus principales activistas- accedieron a espacios de formación política e intercambio de experiencias con otros colectivos, y con ello adquirieron competencias técnicas y políticas para desempeñarse en distintos contextos. La conformación de redes barriales se acompañó además, desde los primeros años de la democracia, con la articulación de las propias ONG en espacios formales. SEHAS fue una de las promotoras de la Red Encuentro de ONG para el desarrollo de Argentina, fundada en 1984 e integrada entre otras organizaciones por las cordobesas CEVE, SEHAS, Serviproh y SEAP.

En cuanto al Serviproh, comparte con el SEHAS su origen en el trabajo del Centro Experimental de la Vivienda Económica durante los años 70. A mediados de los 80 reorientó el perfil de su intervención en los territorios a la vez que redefinió su estructura organizativa interna, incorporándose la participación de pobladores de los barrios y villas en la comisión directiva de la ONG. Centrado en el fortalecimiento de las organizaciones populares en defensa del derecho al hábitat, Serviproh desarrolló durante toda la década procesos de acompañamiento a cooperativa y mutuales, proyectos de promoción de la salud y actividades orientadas a promover el protagonismo de las mujeres y los niños y niñas.

Desde la misma perspectiva que el resto de las ONG, Serviproh apostó desde los primeros años de la recuperación de la democracia a la construcción de redes entre las organizaciones de los barrios y villas con las que trabajaba. De este modo, se buscaba recuperar formas elementales de acción colectiva y espacios de socialización política a partir de la atención de necesidades concretas, así como del intercambio entre pares, como estrategia para afrontar las consecuencias de la desarticulación del entramado organizativo durante la dictadura:

[…] hacíamos gestiones, trámites, movidas, digamos, chicas, en Córdoba… y después con ese grupo de organizaciones, veníamos discutiendo mucho sobre… ya se notaba cómo era, en esa época, ya había cierto avance de la cuestión de la pobreza, había una despolitización tremenda en toda la sociedad, bueno, digamos, todos los síntomas que había dejado el golpe de Estado. (Entrevista PLAZA, 1/8/2014)

En noviembre de 1985, Serviproh junto a otras organizaciones convocó a un Encuentro de Cooperativas en la localidad de Carlos Paz, en el que participaron miembros de otras organizaciones como la Comisión Intervillas.[55] A partir de los acuerdos construidos en esa instancia para la conformación de un espacio de articulación entre las cooperativas de la ciudad, en febrero del año siguiente la Mesa Coordinadora de Cooperativas Populares elaboró un documento y se declaró en estado de alerta y movilización frente a la política de viviendas anunciada por el gobierno provincial. Frente a los planes oficiales para la construcción de 3500 unidades habitacionales con los fondos del FONAVI -agencia cuyas operatorias estaban destinadas a los sectores medios de la población- la crítica de la Mesa Coordinadora se centraba en las reiteradas exclusiones sufridas por los pobladores con menor capacidad económica respecto de las políticas estatales de hábitat. En este marco, la organización exigió respuestas tanto al ministro de Asuntos Sociales como a los legisladores respecto de los recursos previstos para la construcción de vivienda popular, y colocó también en la agenda la demanda por la implementación de la ley 5288 de Promoción de Villas de Emergencia.[56]

A comienzos del año 1992, el Servicio Habitacional y de Acción Social (SEHAS) realizó un Seminario-Taller sobre “El trabajo urbano en Córdoba”, en el que participaron las cuatro principales ONG cordobesas dedicadas al hábitat más algunas de provincias y países limítrofes. Allí se advirtió sobre la limitación de las organizaciones barriales en cuanto a su incidencia política, derivada de la estructuración de cuatro redes de organizaciones con escasa vinculación entre sí: el Encuentro de Comunidades Populares en Marcha, creado en 1985 como resultado de un proceso de capacitación del SEHAS; la Coordinadora de Barrios y Villas, vinculada a la Mutual Mugica desde 1986; la Comisión de Hábitat Popular, organizada a instancias de Serviproh, y la Coordinadora de Loteos Indexados y Barrios Carenciados, cuya constitución fue contemporánea a la creación del Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL) en 1984.

Los propios profesionales de las ONG que protagonizaron este proceso agregan a esta descripción un dato significativo: las cuatro redes son “creaciones” de las ONG, en tanto apuestas por la articulación de experiencias organizativas y demandas particulares en un contexto de reapertura democrática y renacimiento de la política:

[…] cada una [de las ONG] estaba trabajando con varios barrios, con varias organizaciones. Nosotros promovíamos una organización que… de una red que se llamaba Organizaciones en Marcha, que eran aquellas organizaciones con las cuales nosotros trabajábamos y que nosotros empujados por esta… motivados por esta premisa importante de articular y crear espacios cada vez más fortalecidos, donde el estar con otro era una de las cuestiones más básicas. (…) Con estos ejes, digamos, de fortalecer las organizaciones, procurar sus articulaciones con otros, fortalecer las organizaciones, cada una de las organizaciones, y promover estos espacios de articulación más amplios. (Entrevista MAIZTEGUI, 18/10/2012)

[…] esas coordinadoras, en realidad el eje ahí me parece son las instituciones [ONG], son el tema de los encuentros que se generan a través de las prácticas de las instituciones. (Entrevista MACARRÓN, 6/4/2009)

De esta manera, la conformación y actuación de cuatro redes de organizaciones de barrios y villas vinculadas a las cuatro ONG, así como la trayectoria de estas instituciones no gubernamentales en el desarrollo de proyectos de promoción y capacitación popular, constituyen piezas claves en la historia de la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS). En el marco de una estrategia de acción compartida por las ONG, estas redes se fusionaron a fines de 1992 en la Unión, un espacio de articulación mayor al que las instituciones profesionales apostaron en tanto constitución de un actor con mayor capacidad de presión, instalación de demandas y negociación con los diferentes niveles del Estado.

Trayectorias de militancia en dictadura: pistas para nuevas indagaciones

Existe sin embargo otra fuente que converge con los procesos descriptos en la constitución de la UOBDS, que no ha sido señalada como antecedente en los trabajos relevados y respecto de la cual habrá que determinar su significación. Nos limitamos aquí sólo a sugerir algunos elementos y líneas de indagación posibles para enriquecer el conocimiento acerca de las continuidades y rupturas entre las luchas por la ciudad en los años previos y en los posteriores a la última dictadura militar. Se trata de las experiencias de organización y acción colectiva desde las villas y barrios de Córdoba en los años 60 y 70, que según indican algunos investigadores[57] resultaron pioneras en la historia de las luchas por el hábitat en la ciudad. Desde mediados de la década del sesenta, los pobladores asentados de manera precaria en las márgenes de río y en terrenos fiscales

[…] Se juntan frente a la adversidad, para apropiarse de un nuevo territorio, comienzan a organizarse en pre-cooperativas y a vincularse con los agentes externos que (…) le imprimían otro giro político a esta movilización. En estas instancias que podríamos llamar “pioneras”, se van desarrollando prácticas fundadas en la idea de progreso, en demandas ante el Estado de carácter “apolítico partidario”, en el esfuerzo comunitario y en ejercicios solidarios y de reciprocidad entre los vecinos que crean una sensación de convivencia con altos niveles de satisfacción en las relaciones vecinales. (Morillo, Piotti y Elorza, 2010)

En diciembre de 1972 Córdoba sufrió un intenso temporal que provocó el desborde del río Suquía, y obligó a cientos de habitantes de las villas asentadas en sus márgenes a evacuarse en escuelas y otras dependencias municipales y provinciales (Gutiérrez, 2004). En ese marco, y con el apoyo de organizaciones que intervenían en algunos territorios, en distintas villas se conformaron comisiones de trabajo para reclamar por una solución al problema de la vivienda. La organización de los vecinos y el respaldo de los actores políticos que circulaban por los territorios -agrupaciones de estudiantes universitarios, Montoneros, ERP, grupos vinculados a la Iglesia, entre otros-, en un escenario de debilitamiento del gobierno militar que apostaba a una transición pacífica hacia un nuevo período democrático, favoreció el avance de las demandas villeras. Así, en abril de 1973, el gobernador Guozden decretó la expropiación de siete lotes de terrenos para la construcción de viviendas de la población afectada por las inundaciones.[58] (Gutiérrez, op.cit.)

En un escenario político convulsionado por la interrupción autoritaria de los gobiernos democráticos y la presencia de organizaciones de distintas orientaciones políticas e ideológicas, algunas de las experiencias de lucha por el hábitat se articularon en espacios con fuerte identidad política y conformaron redes que, en algunos casos, adquirieron alcance nacional (Morillo, Piotti y Elorza, 2010; Morey, 2008). En 1973 se constituyó la Coordinadora de Villas, movimiento en el cual se inspiró la Mutual Mugica, como vimos más arriba, para bautizar en la década del ochenta a la red que nucleaba a sus organizaciones de base aliadas. Este espacio se disolvió en 1974, en el marco de la extensión y profundización del proceso represivo que, cabe recordar, se inició en Córdoba con el golpe policial -conocido como “Navarrazo”-, que destituyó al gobierno popular de Ricardo Obregón Cano y Atilio López.

Poco antes, a fines de 1973, se conformó a nivel nacional el Movimiento Villero Peronista, ligado a la organización Montoneros. En Córdoba, organizaciones barriales vinculadas con la Tendencia revolucionaria del peronismo participaron en la organización del II° Congreso Nacional Villero, realizado en esta ciudad en enero de 1974 y al que asistieron unos 500 delegados de villas de todo el país. El encuentro recibió el apoyo y la visita del entonces gobernador de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, vinculado a la izquierda del peronismo y elegido por el voto popular un año antes, en la fórmula integrada también por el dirigente sindical Atilio López.[59] En el Congreso Villero, las “políticas de tierras, vivienda y emergencia” aparecieron en el temario como primer asunto a tratar.[60]

Por otra parte, algunos de los dirigentes de aquellas organizaciones barriales participaron en la conformación de la UOBDS, a veces incluso por fuera de la representación formal de sus respectivas organizaciones de base:

[…] hay dirigentes que en los años 80 se suman a participar, y que han sido parte del movimiento villero peronista y de la coordinadora de villas de los años 70, y que motorizan como estas nuevas organizaciones que van surgiendo. (Entrevista MORILLO, 7/8/2009)

[…] acá en Córdoba había una experiencia muy muy fuerte, porque yo vi, charlando con mis compañeros, en lo que después desencadenó en la Unión de Organización de Base, pero que antes había dos o tres emergentes, personas, ligadas con el SEHAS. Uno de ellos, el Negro Juárez […] que era un militante del peronismo de regionales, Juventudes Regionales, y él estaba en la zona. (Entrevista ÁLVAREZ, 24/6/2011)

Democracia, un horizonte común en la lucha por el derecho al hábitat

Las intensas transformaciones en la estructura urbana de Córdoba desde mediados del siglo pasado -y su impacto en la desigual distribución y accesibilidad a los bienes y servicios urbanos- configuraron una serie de conflictos públicos de diversa envergadura y con diversos resultados en la década de los ochenta. Al mismo tiempo, el escenario de recuperación de la democracia -luego de un período de represión y desarticulación de gran parte de las experiencias de participación y acción colectiva-, generó renovadas expectativas y activó el compromiso de una trama diversa de actores que pugnaron por otorgar unos sentidos particulares al proceso democrático abierto.

En este marco, a partir del análisis de algunos de estos conflictos y acciones colectivas que adquirieron visibilidad durante esos años, es posible dar cuenta de la confluencia de una variedad de trayectorias, experiencias e identidades políticas que en el contexto de reconstrucción de la democracia encontraron en el territorio y en las demandas por el acceso a la ciudad un espacio y una alternativa para la recuperación de la actividad política. De esta manera, la diversidad aparece como un rasgo distintivo de las redes de movilización activadas durante los años 80 en torno al hábitat popular, y que postulamos como afluentes del movimiento por el hábitat que adquirió una importante visibilidad pública en la década siguiente. Entre otras trayectorias y experiencias, el movimiento se nutrió del trabajo barrial desarrollado por la corriente católica de “opción por los pobres”, en el marco de la tensión abierta en el seno de la Iglesia por la Teología de la Liberación; del acompañamiento a procesos de organización popular desde el saber técnico-profesional construido en la academia -fundamentalmente en el campo de la arquitectura y el urbanismo, así como en el trabajo social- y puesto al servicio de un horizonte de justicia y/o derechos; de los desarrollos alrededor de la educación y comunicación popular en América Latina en los años 60 y 70; de la militancia con horizontes de transformación radical de la sociedad desarrollada en los años 70, con sus múltiples identidades partidarias; y también de la propia experiencia de los padecimientos y las restricciones en el acceso a una vida digna en los barrios y villas de Córdoba.

Por otra parte, algunas de estas experiencias alcanzaron ciertos niveles de articulación en tres espacios que también tuvieron un papel significativo en la configuración del hábitat como campo de experiencias: la Universidad pública, territorio de confluencias y de luchas así como proveedora de los saberes profesionales legitimados para intervenir en el espacio social; las organizaciones partidarias conformadas en la post dictadura, que interactuaron con las organizaciones barriales y villeras en un juego de mutuas interpelaciones en el que la política y los sentidos sobre la democracia fueron objeto de intensas controversias, y el espacio de las ONG, “paraguas” que cobijó a una diversidad de experiencias, trayectorias y apuestas bajo un denominador común que habilitaba el trabajo técnico-político en los territorios y facilitaba la articulación con actores internacionales.

El proceso organizativo y contencioso desatado a partir del intento de desalojo en San Jerónimo en 1983, la elaboración y sostenimiento de la demanda de nuevas normativas que protegieran a los deudores hipotecarios indexados, la organización popular alrededor del derecho a acceder a servicios y equipamientos, entre otras experiencias de movilización, permiten observar en particular el papel de las organizaciones no gubernamentales en la puesta en marcha de ciertos mecanismos (reuniones, visitas de referentes de otras experiencias similares, producción de cartillas informativas y de capacitación) que incentivaron la conformación de estructuras de movilización en torno a problemas comunes en los barrios y villas. La acción de las ONG tuvo efectos en la socialización e incorporación de aprendizajes y competencias para la acción colectiva, así como en el fortalecimiento de los procesos organizativos locales mediante el asesoramiento técnico, la formación política y la producción de análisis que colaboraron en los procesos de identificación y construcción colectiva de las oportunidades políticas para la acción, como veremos en profundidad en los próximos capítulos.

Dos cuestiones centrales fueron señaladas a lo largo de este capítulo, que permiten comprender la relevancia, para estas experiencias de organización de sectores fuertemente marginalizados, de los mecanismos de difusión (Tarrow, 2010; Mathieu, 2007) de ciertos marcos, repertorios de acción y formas organizativas que habían resultado exitosos en un contexto determinado. Por un lado, el papel de las ONG en la promoción de las organizaciones, la capacitación de dirigentes y la transferencia de recursos; por el otro, el contacto de los grupos de barrios y villas con otras experiencias de organización y lucha por el hábitat en otras regiones y momentos históricos. En la articulación de esas dos cuestiones se encuentra una de las claves de interpretación acerca de los procesos de configuración del hábitat como campo de experiencias en el período democrático.

Por otra parte, el análisis de la coyuntura electoral de 1987 permitió dar cuenta de distintas alternativa de acción de los actores movilizados frente al dilema de la relación entre la construcción territorial de base y la participación en el sistema de partidos políticos. Si bien en estos años no aparece en el discurso de los actores el debate acerca de la “institucionalización” de los movimientos -al menos no como riesgo, puesto que existía un amplio consenso acerca de la necesidad de generar una institucionalidad democrática-, se planteaban algunas diferencias en la acción así como en el tono de las advertencias acerca de los problemas de la manipulación de la dirigencia política respecto de las organizaciones de base. En este sentido, si bien nuestro análisis parte de una cierta conceptualización sobre lo político, que especificamos en el capítulo 1, es preciso reconocer que las concepciones sobre la política y la demarcación de sus fronteras respecto de otros “ámbitos” de lo social varían históricamente, y que esas variaciones impactan no solo en las lecturas de los investigadores sobre los hechos sociales sino también en las propias maneras de pensar la política por parte de los sujetos protagonistas de la acción (Ferraudi Curto, 2012). En ese sentido, la política -y la democracia- son vividas y significadas en función de las posiciones de los actores y de los contextos de actuación, imponiéndose sobre una variedad de prácticas vinculadas con las luchas por una ciudad más justa e igualitaria. Así, en estas primeras experiencias de organización popular postdictadura se hacen visibles las distintas trayectorias, horizontes y sentido sobre la política que configuraron la acción, conformando un campo de experiencias que articuló el trabajo social -territorial y comunitario- con la militancia política, vinculada a las estructuras partidarias históricas y nuevas. La constitución de un campo con estas características incidió en los modos de vinculación de los colectivos con los partidos políticos y el Estado, así como en la construcción de alianzas y estructuras de movilización de mayor escala.

Del mismo modo, en este período comienza a evidenciarse la confluencia -no siempre armónica- de distintas lógicas de acción[61] en el espacio urbano, que orientaron las protestas y la elaboración de justificaciones para el despliegue de la acción contenciosa: una lógica estratégica, vinculada con las necesidades y con la resolución de problemas concretos, relativamente independiente de adscripciones políticas; una lógica de la justicia, fundada públicamente en el sistema de derechos y en los principios de la Constitución recientemente restablecida, y una lógica ideológico-política, sustentada en principios ético-normativos relativos a la construcción de una sociedad y un sistema político verdaderamente democráticos. Como veremos en el próximo capítulo, esta confluencia en la diversidad de trayectorias, identidades, lógicas de acción, objetivos y sentidos sobre la política y la democracia, habilitó en los primeros años de la década siguiente la conformación de una estructura de movilización que alcanzó una importante capacidad de articulación y movilización desde los barrios y villas. Este nuevo espacio, cuyo nacimiento está ya marcado por la autoexclusión del SEAP y la Comisión Intervillas, convivió con tal diversidad como fuente de permanentes tensiones que, en función de los contextos, orientaron la acción y permitieron alcanzar diferentes resultados.


  1. Entre los fundadores de CECOPAL estaban Arturo Bregaglio y Alfredo Paiva, que habían regresado del exilio con la recuperación de la democracia. Durante su exilio en Perú y otros países de Latinoamérica, ambos se habían involucrado en redes y experiencias de educación y comunicación popular, como Celadec y el Ceaal.
  2. El 11 de mayo de 1984 el diario Clarín describe la situación de las familias perjudicadas por la indexación y refleja una serie de protestas protagonizadas por afectados en Buenos Aires: ollas populares frente a las inmobiliarias, petitorios al gobierno de la provincia, planes de defensa frente a los intentos de desalojo, y la exigencia al nuevo gobierno constitucional de una nueva ley que ampare al sector. (González Bombal, 1988).
  3. Mensaje presidencial ante la Honorable Asamblea Legislativa, 1/5/1984.
  4. CECOPAL (1990) Esta tierra es mía, material de sistematización de la experiencia de la Coordinadora de Loteos Indexados, Córdoba.
  5. Ré, María Cecilia y Taquela, María Eugenia (1998) Acceso a la tierra y construcción ciudadana: sistematización de una experiencia en servicios legales alternativos. Córdoba: Ediciones CECOPAL.
  6. Idem ut supra.
  7. Folleto “La marcha de las villas”, archivo del SEAP, 1985.
  8. Volante de difusión de la Marcha Villera, archivo del SEAP, 1983.
  9. Se trataba en este caso de la Fundación María Luisa Saavedra Zelaya de Carreras, vinculada a una familia de la alta sociedad porteña.
  10. “Reclamo de villeros”. La Voz del Interior, 14/07/1984, 12B.
  11. “Desalojan a humildes. Denuncia de villeros”, Córdoba, 7/7/1984; “Reclamo de villeros”, La Voz del Interior, 14/07/1984, 12B; “Villeros: habría compromiso de no innovar hasta el 2 de agosto”, La Voz del Interior, 10/7/1984; “Los villeros exigen ley de expropiación”, Córdoba, julio de 1985 (archivo del SEAP).
  12. Entre otros, el Partido Intransigente declaró a los medios su “solidaridad con las familias villeras” y exigió “una pronta intervención del gobierno provincial y municipal” (Córdoba, julio de 1985, archivo del Seap). Por su parte la Asociación de Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas de Córdoba distribuyó un volante en el que denuncia “la violencia de la oligarquía” y la “inhumana acción de los terratenientes nacionales”, a la ve que expresa su solidaridad “por la verdad y la justicia” con los pobladores desalojados. (Documentos del archivo del SEAP)
  13. Desde los primeros años de la dictadura, esta opción política dentro de la iglesia católica se expresó en la constitución de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), alrededor de las cuales se gestaron diversos procesos de organización en las villas y barrios populares. En el caso de las tomas de tierras en el Gran Buenos Aires, el compromiso de Monseñor Novak, Obispo de Quilmes, junto con la acción sistemática de las CEBs resultó clave para el desarrollo de la experiencia organizativa en los asentamientos (Izaguirre y Aristizabal, op.cit)
  14. El SERPAJ y el SEAP fueron dos organizaciones creadas a comienzos de los años 80 como resultado de un acuerdo respecto a cierta “especialización institucional” (los derechos humanos y el trabajo comunitario, respectivamente). Ambas organizaciones tiene como origen común el Centro Ecuménico, que durante los últimos años de la dictadura fue uno de los espacios en los que se reunió la militancia barrial dispersa y amenazada por la represión.
  15. Registro del Encuentro, archivo del SEAP.
  16. Una editorial de 1986 se dedica a exponer siete puntos para la discusión en las villas acerca de la relación de la CI con los partidos políticos. Entre otros puntos se expresa: “La CI no tendría que ser apolítica, pero sí apartidaria. (…) Los partidos políticos al servicio de la CI, y no la CI al servicio de estos” (“Aquí estamos los villeros”, N° 4, octubre de 1986). Como veremos más adelante, un desplazamiento significativo respecto de estas concepciones sobre la democracia se expresará en la secuencia de acciones protagonizada por la CI en vísperas de las elecciones generales de 1987.
  17. Aquí estamos los villeros, N°2, diciembre 1985, editorial.
  18. Aquí estamos los villeros, N° 13, abril 1989.
  19. Entre otros: Sindicato del Calzado, Sindicato de Empleadas Domésticas y Sindicato de la Construcción (Aquí estamos los villeros, N° 2, N° 3 y N° 4).
  20. Este encuentro formó parte de una serie de actividades que dieron como resultado un Manifiesto con propuestas para el sector, que se presentó a los candidatos de todos los partidos para las elecciones de ese año. Esta acción se desarrolla en el último apartado de este capítulo.
  21. La entrevistada se refiere a los docentes universitarios expulsados de la Universidad por el gobierno de la dictadura militar entre 1976 y 1983, y cuya reincorporación a la actividad académica adquirió un importante significado político en el marco de la recuperación de la institucionalidad democrática.
  22. “Propuestas del sector villero”. Documento de conclusiones del Encuentro de Organizaciones Villeras, 25 y 26 de julio de 1987, Alta Gracia. Archivo del SEAP. Mayúsculas en el original.
  23. Testimonio de un dirigente villero participante en el Congreso Nacional de Estudiantes de Servicio Social. Barrial, N° 5, abril de 1985.
  24. Esta base de datos, elaborada por el equipo de investigación del área de Historia del CIFFYH al que pertenezco, se conforma con todas las acciones de protesta registradas por el diario La Voz del Interior -el diario de mayor tirada del interior del país-, en el período 1983 – 2003, a partir de una caracterización de los actores, las demandas, los tipos y formatos de protesta, entre otras dimensiones de análisis.
  25. En su caracterización de los movimientos sociales urbanos, Manuel Castells indica que su acción se despliega alrededor de tres cuestiones: el acceso a los medios de consumo colectivo, la defensa de la identidad y la movilización política frente al Estado (Castells, 1986). La combinación de estas tres orientaciones otorgaría a estos movimientos su identidad particular.
  26. La Revista Barrial fue una experiencia de comunicación alternativa que durante los primeros años de la reconstrucción democrática congregó a militantes políticos con origen en el PRT-ERP, muchos de los cuales luego conformaron el Movimiento Cordobés, vinculado a la organización nacional Movimiento Todos por la Patria. La revista se publicó entre 1984 y 1988, y se distribuyó gratuitamente en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
  27. Barrial N° 2 (diciembre 1984), N° 3 (febrero 1985), N° 5 (abril de 1985).
  28. Barrial, N° 12, marzo de 1986.
  29. “La Coordinadora de vecinos que reúne a más de 12 barrios de zona sur solicitó la inmediata restitución de las líneas de transporte que circulan por el sector. La asamblea consideró que “se han agotado todos los medios de diálogo para solucionar el conflicto”. La Voz del Interior, 22/2/1986.
  30. En la concentración los manifestantes portaban carteles con las leyendas: “No somos terratenientes; el lote es nuestro sacrificio”; “Si a la limpieza; no a la confiscación”. La Voz del Interior, 28/7/1987.
  31. La Voz del Interior, 24/3/1988.
  32. Barrial, N° 6, junio de 1985. El registro de algunos pasajes de la intervención se encuentra también en “Haciendo memoria desde Intervillas”. Cartilla editada por SEAP, Córdoba, 1987.
  33. Este es el título de tapa de la edición N° 6 de la Revista Barrial, dedicado a difundir los resultados del Encuentro Vecinalista.
  34. En su nota dedicada al Encuentro Vecinalista, la Revista Tiempo Latinoamericano –una publicación del Centro del mismo nombre en el que se congregaban referentes y militantes católicos de la llamada “opción por los pobres”- destacaba el compromiso de las organizaciones barriales con el proceso de democratización de las instituciones: Después de años de represión y vaciamiento de las organizaciones barriales de bien común, el VECINALISMO en Córdoba se puso de pie para retomar su rica tradición de servicio y lucha en defensa de una auténtica democracia y de los intereses populares”. (Revista Tiempo Latinoamericano N° 18, año 3, julio 1985, pp.18)
  35. Entre otras acciones emprendidas en este marco, se enviaron cartas a las comisiones vecinales, se recolectaron firmas, se realizaron conferencias de prensa y se presentaron petitorios en el Concejo Deliberante de la ciudad. Barrial, N° 9, octubre de 1985.
  36. El Concejo Deliberante aprobó el 1 de octubre de 1985 la Ordenanza N° 8125.
  37. Barrial, N° 6, junio de 1985.
  38. Aquí estamos los villeros, N° 3, agosto de 1986, p. 7.
  39. Gacetilla de prensa enviada a los medios de Córdoba el 11 de agosto de 1987. Archivo del SEAP. Mayúsculas en el original.
  40. A la actividad pública de interpelación a los candidatos organizada por Intervillas en 1987, asistió en representación del Movimiento Cordobés Luis Miguel Baronetto, candidato a primer concejal. Baronetto era un militante de la iglesia tercermundista que fue detenido y encarcelado durante la última dictadura. En los 80, coordinaba el Centro Tiempo Latinoamericano y la revista del mismo nombre.
  41. Barrial, N° 10, diciembre de 1985, p.2.
  42. Barrial, N° 14, septiembre de 1986, p. 2.
  43. Barrial, N° 15, noviembre de 1986. Destacado en el original.
  44. Sin pretender resolver las controversias acerca de la ambigüedad del concepto de organización no gubernamental (ONG), optamos aquí por retomar la conceptualización propuesta por Alicia Gutiérrez para identificar a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo en tanto parte de “un conjunto que constituye un universo institucional cuyo foco principal de actuación está colocado en la transferencia de capacidades a los sectores populares con el objetivo de que a través de su propio esfuerzo puedan mejorar sus condiciones de vida (…)” (Gutiérrez, 2004: 160). A este concepto agregamos por nuestra parte dos características más de este tipo de organizaciones: una relativa al componente económico de su acción –no se trata sólo de transferencia de capacidades sino, centralmente, de transferencia de recursos-, y la otra vinculada a un componente político, en tanto hablamos de entidades que realizan tareas de promoción, acompañamiento y formación de organizaciones sociales de primero y segundo grado (Medina, 2010). Tussie incorpora, asimismo, un elemento central en su caracterización de este tipo de entidades: se trata de organizaciones con un fuerte perfil académico y con “una tradición de relacionamiento directo con las fuentes de financiamiento externo” (1997: 71), lo cual las coloca en una permanente tensión entre la reproducción y legitimación de las políticas impulsadas por los organismos internacionales, y la promoción de la organización y la acción colectiva en los sectores populares. Sostenemos aquí además que no existe un rol predeterminado para las llamadas ONG, en tanto son actores de un campo en disputa donde se juega la capacidad para orientar el sentido y finalidad de la política social. En ese campo, el Estado es el “locus institucional” donde reside el capital en juego, pero hay otros actores que participan en la disputa: fuerzas políticas, entidades que representan intereses corporativos, organismos multilaterales, movimientos sociales, etc. El resultado de esta lucha es siempre contingente y abierto.
  45. Editorial, por Arturo Bregaglio. Desafíos Urbanos, N° 53, agosto-septiembre de 2006.
  46. En el SEAP, María Cristina Mata dirigió el trabajo de historia oral -desde la perspectiva de la investigación-acción- que se plasmó en la serie de cuadernos “Haciendo historia”, en los que se recupera la experiencia de organización y lucha de diferentes villas de Córdoba en los 60 y 70.
  47. Con la inquietud de desarrollar aportes sistemáticos a los procesos de democratización desde la educación popular, las organizaciones que conformaron Confluencia realizaron en 1986 un taller fundacional en Carlos Paz, Córdoba, “iniciando un proceso de reflexión, análisis de la realidad, intercambio de experiencias que con distintos énfasis, matices y niveles de profundización se sostuvo hasta 1999” (tomado del sitio web de Acción Educativa Santa Fe: https://cutt.ly/NrNrFn5)
  48. La Revista Tiempo Latinoamericano fue dirigida desde sus inicios por Luis Miguel Baronetto, quien había sido seminarista en los años 60, vinculándose a la corriente tercermundista. Fue detenido y encarcelado durante la dictadura militar, y en los 80 y 90 combinó su militancia en el Centro Tiempo Latinoamericano y en el sindicato de empleados bancarios de Córdoba.
  49. Radio La Ranchada desarrolló en los años 90 una red de corresponsales populares en casi todo el territorio de la ciudad de Córdoba, aportando a la articulación de un discurso público sobre las problemáticas, demandas y propuestas de los sectores populares. Por otra parte, en el marco de la extensa lucha por una nueva ley de radiodifusión desde los primeros años de la democracia -en reemplazo de la ley 22285 sancionada durante la última dictadura-, La Ranchada protagonizó un hito fundamental: la resolución judicial en favor del amparo presentado por la Radio contra la prohibición de prestar servicios de radiodifusión a las entidades sin fines lucro. (La Voz del Interior, 11/5/2000)
  50. La Coordinadora de Villas se había conformado en 1973, a partir del conflicto por las inundaciones ocurridas en marzo de ese año. Con el apoyo de militantes de la Juventud Peronista, la Coordinadora incorporó rápidamente a su agenda la demanda por la reglamentación de la Ley 5288 de Promoción Integral de Villas, sancionada en 1971 (Entrevista al dirigente villero Roberto Juárez, La Ranchada, N° 1, julio de 1993).
  51. La Ranchada, N° 1, julio de 1993.
  52. Fundamentación del Taller Total, una experiencia pedagógica innovadora desarrollada a comienzos de los años 70 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Citado en Malecki, op.cit.
  53. A partir de este Taller, SEHAS editó en 1987 el libro “Capacitación y organización popular: lineamientos metodológicos”, con el que distintas organizaciones replicaron la experiencia de formación en otras localidades.
  54. El Movimiento Nacional Comunitario por el Hábitat Popular estaba integrado por cinco Redes Regionales, conformadas en distintas provincias a partir del trabajo del SEHAS, y se organizó en torno a reivindicaciones relacionadas con la problemática del acceso al derecho al hábitat. En 1987, Año Internacional de los Sin Techo, la organización fue invitada por el gobierno nacional en representación de los pobladores en distintos eventos vinculados con la cuestión urbana. (SEHAS, tomado del sitio web oficial: www.SEHAS.org.ar/historia; Faersten y Buthet, 2003).
  55. Aquí estamos los villeros, N° 1, diciembre de 1985.
  56. La Voz del Interior, 1/2/1986.
  57. Además de los trabajos realizados en el equipo dirigido por María Lidia Piotti en la Escuela de Trabajo Social de la UNC, la tesis de Alicia Gutiérrez mencionada en nuestra introducción recupera las experiencias de organización y movilización en los territorios estudiados durante los primeros años de la década del setenta.
  58. Decreto 1648 del 12/4/1973.
  59. El gobernador Obregón Cano fue depuesto en febrero de ese mismo año por un levantamiento policial liderado por el entonces Jefe de Policía Antonio Navarro, en lo que se conoció como “Navarrazo” y constituyó el antecedente inmediato del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Pocos días antes del Navarrazo, fuerzas policiales irrumpieron en el Congreso Villero Peronista, rodeando la escuela en la que se desarrollaban las actividades y amenazando con armas a los participantes. (El Descamisado, Año I, N° 37, 29/1/1974, pp. 16-20)
  60. Idem.
  61. Utilizamos aquí el concepto de lógicas de acción en un sentido aproximado al propuesto por Corcuff y Sanier (2000), que definen el régimen de acción como “la modelización de la acción en ciertas situaciones a través del equipo mental y gestual de las personas, en la dinámica de ajuste entre las personas y la situación”. Retoman el concepto de Boltanski y Thevenot, quienes postulan la pluralidad de “regímenes de acción” o “regímenes de compromiso” en el mundo social: régimen de justificación pública o de justicia, régimen de amor, régimen de violencia, régimen de familiaridad, etc.


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