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7 Encuentros y desencuentros[1]

Empresarios, funcionarios y política exterior durante el gobierno de la Alianza

Julián Kan

Introducción

A poco de haberse cumplido veinte años de uno de los momentos más conflictivos de la historia reciente argentina, la crisis económica, política y social del modelo de la convertibilidad que estalló ante la insurrección de diciembre del 2001, creemos conveniente analizar en este capíulo cómo la política exterior, particularmente la que tiene que ver con la región y el Mercosur, no estuvo exenta de conflictos. Durante todo el año previo a la crisis mencionada, la política exterior estuvo teñida de tensiones y contradicciones. El gobierno de la Alianza (1999-2001) asumió con un discurso mercosureño, pero, en los hechos, llevó al bloque a agudizar una crisis que venía dándose desde 1999. Esto se debió a los encuentros y desencuentros entre Cancillería y Economía en el manejo de la política regional y comercial y entre los empresarios y funcionarios en el diseño de políticas para estas áreas.

En este estudio, observaremos, en primer lugar, las continuidades y rupturas en la política exterior del gobierno de la Alianza y el desenlace de la crisis mercosureña que continuaría y se profundizaría durante el lapso de este gobierno. Los desequilibrios comerciales y económicos ocasionados por la devaluación del real de 1999 no tuvieron vuelta atrás y, más allá de declaraciones auspiciosas, el manejo de la relación con Brasil en el marco del Mercosur fue ambigua y estuvo atada a los intentos de sostener la convertibilidad. Los intentos de relanzamiento del Mercosur durante el año 2000 bajo el gobierno de Fernando De la Rúa no prosperaron.

En segundo lugar, analizaremos cómo se profundizó la crisis del Mercosur con la llegada de Domingo Cavallo nuevamente al Palacio de Hacienda –apoyada por el conjunto de la clase dominante– a fines de marzo de 2001 y con su paquete de medidas arancelarias, lo que produjo mayores tensiones en la relación con Brasil. Estas decisiones unilaterales de política arancelaria y el interés de Cavallo en negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos por fuera del Mercosur –aunque más no sea para conseguir financiamiento– encontraron a la Cancillería argentina en abierta contradicción con el Palacio de Hacienda. Analizaremos la relación entre el empresariado argentino y el gobierno en torno a la política regional del Mercosur. Los empresarios apoyaron a Cavallo transitoriamente los primeros meses de su gestión, mientras que el ministro ponía en duda el bloque regional e impulsaba un acercamiento a Estados Unidos. A la vez, el empresariado apoyaba a Cancillería en su discurso de mantener unido el bloque y encarar de conjunto las negociaciones por el ALCA.

En este contexto de crisis del Mercosur, avanzaban las negociaciones por el ALCA. Si bien el desarrollo de ellas siguió la misma lógica intergubernamental que el Mercosur y otros acuerdos de integración, a medida que las negociaciones avanzaban, la participación de empresarios en las reuniones ministeriales, en foros empresariales y en encuentros durante las propias cumbres no tardaron en plasmarse. En él se manifestaron posicionamientos directos de diversos sectores empresarios en torno al futuro del ALCA y sus implicancias y a cómo el gobierno tenía que encarar las negociaciones. Centraremos el análisis específicamente en la posición de la UIA ante el ALCA, que sería la base de los posteriores posicionamientos, no solamente de la entidad industrial, sino también de otras asociaciones empresarias. Sobre este último aspecto del ALCA, señalaremos los debates sobre la preferencia por utilizar el Mercosur como herramienta de cohesión y negociación regional o encarar negociaciones en forma directa con Estados Unidos, de manera bilateral o en el marco del ALCA, que tuvieron Cavallo y Rodríguez Giavarini. Llama la atención que Cavallo logró cohesionar a toda la clase dominante –al menos por unos meses– detrás de su programa económico salvador y que, en el aspecto regional, los principales sectores que apoyaron a Cavallo, como el Grupo Productivo y la UIA, hicieron lo mismo con la postura de la Cancillería argentina de negociar el ALCA desde el Mercosur. Tiempo después, en el mes de septiembre, cuando la recesión era total y la política de Cavallo había fracasado, la UIA llamó a suspender el Mercosur. A pesar de haber apostado en él para negociar el ALCA, suspenderlo temporariamente para intentar revaluar la moneda y con ello la pérdida de competitividad era la propuesta de la entidad industrial. Esto mostró la profundidad de la crisis que se venía desplegando desde 1999 y sellaría lo conflictivo del año 2001 también para la política regional argentina.

En la disciplina de las relaciones internacionales (RI), existe una variada tradición de estudios sobre la importancia del análisis de la vinculación entre las variables y los factores internos o domésticos y los externos a la hora de analizar la política exterior de un país y su inserción a nivel regional e internacional. Lo que se constituyó en la línea de análisis de política exterior (APE) otorgó varios insumos sobre el tema. Este enfoque tiene en cuenta los factores que influyen en quienes toman decisiones y cuándo estas decisiones se transforman luego en política, dando cuenta de la importancia de la profundización sobre los factores internos de la política exterior. Siguiendo un reciente y valioso estudio de Míguez (2020) acerca del tema, sostenemos que, en sus inicios, estos abordajes se erigieron como respuesta a las tradicionales corrientes realistas, alrededor de un principal aporte, que fue “evitar la visión monolítica del Estado como actor racional unitario” (Míguez, 2020: 26). De esta forma, aparecieron en los análisis múltiples actores, intereses y grupos que afectaban tanto la formulación como la implementación de la política exterior de un país. Aunque aparecieron casi en forma exclusiva en el análisis de los condicionantes internos de la política exterior los Estados Unidos, y bajo la impronta del individualismo metodológico,

tuvieron la virtud de proponerse como teorías intermedias explicativas, incluir los aportes de otras ciencias sociales –como la sociología, la psicología y la psicología social– y buscar así explicaciones multicausales no solamente de la implementación de la política exterior sino también del proceso de formulación (Míguez, 2020: 27).

Ubicamos en esta línea de indagación el análisis de la relación entre empresarios y funcionarios durante el gobierno de la Alianza.

Ahora bien, desde el subcampo disciplinar de la economía política internacional (EPI), varios autores de reconocida trayectoria y de diferentes perspectivas teórico-epistemológicas, como Kehohane, Nye, Gilpin, Strange y Cox, entre otros, hicieron hincapié sobre la importancia de vincular los nexos internos y externos para analizar la inserción internacional de un país en la cada vez más internacionalizada economía capitalista. La especificidad de estos aportes, junto a las perspectivas latinoamericanas de la teoría de la dependencia, fueron analizadas en un sugerente trabajo de Diana Tussie (2015) sobre el desarrollo disciplinar de la EPI. En este destaca dos características que están presentes en nuestro enfoque:

Lo político y lo económico no pueden ser separados a la hora de analizar los fenómenos nacionales e internacionales […]. La acción política está en el corazón del sistema económico; los intereses económicos están en el corazón de la política, cuya autonomía es siempre relativa. Los niveles de análisis nacional e internacional no pueden ser separados de manera tajante (Tussie, 2015: 158).

Así proponemos pensar el conjunto de la política exterior del gobierno de la Alianza, tanto la diseñada por la Cancillería como por el ministerio de Economía, que estuvieron en permanente contradicción, de la misma forma que observaremos los estrechos vínculos entre la dimensión externa e interna: el plan del ministro Cavallo intentó, sin éxito, salvar el esquema de la convertibilidad monetaria afectando la política de inserción regional de la Argentina. Es pertinente hacer hincapié en la estrecha relación que siempre hubo entre la política interna y la política externa de un gobierno, relación que se percibe más en las últimas décadas producto de la mundialización de la economía y de un escenario internacional de mayor multilateralismo. En ese contexto, es importante destacar la relevancia de Brasil en la política exterior argentina y en el escenario sudamericano. Sus vínculos con los países centrales, su peso económico y una larga tradición de búsqueda de liderazgo regional contribuyen en la explicación de gran parte de las transformaciones que vienen aconteciendo en la región, y el período entre 1990 y 2010 fue esencial para dar cuenta de ello. Asimismo, Brasil ha tenido históricamente un rol preponderante en cuanto socio comercial y vecino. Si bien a lo largo de su historia el vínculo entre ambos atravesó diferentes momentos, desde los orígenes del Mercosur, particularmente desde el Encuentro de Asunción de 1985, se erigió en una alianza fundamental para la consecución de sus respectivos objetivos de integración económica, comercial y política que durante el gobierno de la Alianza estuvieron en jaque.

El gobierno de la Alianza y su política exterior regional y comercial

Con la asunción del gobierno de la Alianza, aparecieron en el área de la política exterior –en consonancia con las de otras áreas de gobierno– promesas de cambio con relación al gobierno menemista. Así lo indicaba el propio ministro de Relaciones Exteriores del gobierno aliancista, el economista Adalberto Rodríguez Giavarini, en su discurso del 21 de diciembre de 1999, en ocasión de poner en funciones a sus colaboradores inmediatos. Según Bernal-Meza, en ese discurso el canciller

expresaba que el nuevo camino elegido por los ciudadanos (al haber optado por la Alianza), favorecía la ampliación de la democracia. Hacer del ministerio de Relaciones Exteriores un instrumento que colaborara en la generación de una nueva e imprescindible “previsibilidad y confiabilidad” vis-à-vis el mundo desarrollado, implicaba coherencia en las iniciativas y decisiones y la elaboración de políticas de Estado sobre aquellos considerados como “intereses primordiales” del país: la integración política y económica sudamericana como un objetivo central; el afianzamiento de la paz y la seguridad internacionales y la democratización del sistema internacional. De estas primeras líneas de política exterior se podían percibir dos elementos relevantes: la integración (Mercosur, América del Sur) y la adscripción a una visión más bien ética y normativa sobre el sistema internacional (Bernal-Meza, 2002: 80).

Sin embargo, rápidamente se manifestaron una serie de hechos que mostraron contradicciones entre algunos de los pocos cambios reales, las promesas de cambios no llevados a cabo y las profundas continuidades en la política exterior que no sufrieron alteraciones. Por ejemplo, se había anunciado que se buscaba cambiar el lugar que debía tener Argentina en el ámbito de la ONU como espacio de negociaciones internacionales y, en conexión con esto, el tratamiento de la cuestión Malvinas. El nuevo gobierno argentino consideraba a las Naciones Unidas como el ámbito más adecuado para las negociaciones internacionales y la obtención de consensos multilaterales, teniendo como aspiración que se lograra una mayor democratización del organismo, especialmente de su Consejo de Seguridad. El aumento del número de miembros permanentes, según la posición argentina, debía realizarse teniendo en cuenta la representación regional, sin alterar la igualdad y las posibilidades de participación de los países de cualquier región. Con relación al tema Malvinas, la administración de De la Rúa también modificó la línea de conducta seguida por el gobierno anterior. En ese sentido, impulsó la reanudación de las negociaciones sobre la disputa por la soberanía de las islas, de acuerdo con las resoluciones de la ONU, y abandonó la política de “seducción a los kelpers”, iniciada por la gestión de Di Tella, que implicó considerarlos como parte de las gestiones diplomáticas por dichas negociaciones. El cambio más significativo se relaciona con la reintroducción del tema en los debates de la Asamblea General de la ONU, donde no se trataba desde 1989. También, algunos matices con relación al gobierno anterior se presentaron en torno a temas hemisféricos, donde algunos posicionamientos que tuvo el gobierno de la Alianza señalaron contrastes, a diferencia de la política con contenidos más intervencionistas de Menem. De la Rúa no apoyó el Plan Colombia, diseñado e implementado por la administración Clinton. En la Cumbre de Brasilia del 31 de agosto de 2000, el presidente argentino expresó su apoyo al gobierno constitucional de Colombia y reivindicó las políticas de no intervención, acercándose en este sentido a la posición sostenida por Brasil (La Nación, 1/09/2000).

Sin embargo, en torno a las promesas de cambio, algunas de ellas rápidamente evidenciaron que no serían más que eso… promesas. Por ejemplo, la de una política exterior, decía Giavarini, que “no se guiara solamente por los intereses sino también por los valores compartidos” ( MRECIC, 2000), implicando la no marginación de algún país en el sistema internacional.[2] Sin embargo, esta postura quedaría contrariada con la votación de Argentina en contra de Cuba en el marco de la ONU, tal como se venía haciendo desde el establecimiento de las llamadas “relaciones carnales”. Aquella promesa de “valores compartidos” era solamente promesa. Debido a la presión económica y financiera de por aquel entonces, Argentina acompañó el voto norteamericano de castigo a Cuba en la comisión de Derechos Humanos de la ONU en el año 2000 con el objetivo de “hacer bien los deberes” para conseguir financiamiento. Lo haría también por segunda vez consecutiva en 2001, cuando la Argentina votaría la moción de condena junto a Estados Unidos, la Unión Europea y Uruguay, mientras que Brasil nuevamente se abstendría.

Según la prensa, este tema provocó el primer debate de naturaleza ideológica en el seno del gabinete nacional.[3] Si bien Estados Unidos no prestó dinero directamente a Argentina, el apoyo norteamericano para sellar un acuerdo entre el FMI y Argentina fue crucial para que este pudiera concretarse. De la misma manera que el apoyo del nuevo gobierno de Estados Unidos, de George Bush (hijo), fue fundamental para que Argentina consiguiera, a fines del año 2000, el blindaje por 40.000 millones de dólares, acordado por el FMI y con la participación de otros gobiernos, en particular de España, aunque sin transferir nuevos recursos, delegando la responsabilidad al Fondo. Esta sería también la posición adoptada frente al rebrote de la crisis financiera entre fines de junio y el mes de julio de 2001.

La situación profundizó los desencuentros sobre la política en general, mientras que los críticos, tanto internos como externos, señalaban que el nuevo gobierno no había abandonado el “alineamiento automático” ni las “relaciones carnales”, ni tampoco había aplicado el cambio de estrategia anunciado: fortalecer al Mercosur para negociar con Estados Unidos por el ALCA desde una mayor calidad y capacidad. Entonces, De la Rúa y su canciller impulsarían una línea de política que mantuviera el nivel de buen relacionamiento que el vínculo bilateral argentino-norteamericano tuvo bajo la gestión del presidente Menem, pero reduciendo el perfil de exposición (“relaciones carnales”), interpretadas –tanto por dentro como por fuera del gobierno– como de “seguidismo” o “alineamiento automático”. Allí radicaría una de las fuertes continuidades con relación al gobierno de Menem. El canciller argentino definió lo que serían las nuevas relaciones bilaterales como “relaciones intensas” (Clarín, 11/02/2000). Sobre la continuidad o ruptura con relación al gobierno anterior, dice Morgenfeld:

Durante la gestión aliancista, se mantuvo, en lo esencial, la inserción internacional desplegada desde la asunción de Menem. El canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, contrariando la tradicional posición radical, votó, por ejemplo, contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, como se había hecho en la gestión anterior. El vínculo con Washington, a los ojos de De la Rúa, era vital para mantener la convertibilidad y sostener la afluencia de créditos que permitía sostener un tipo de cambio artificial. Rodríguez Giavarini prefirió hablar de relaciones “intensas” en vez de carnales, pero el matiz lingüístico reflejaba más bien una cuestión meramente formal (Morgenfeld, 2012: 115).

Con relación al otro tema hemisférico de relativa importancia para Estados Unidos como era por entonces el ALCA, el gobierno norteamericano, buscando debilitar la posición más dura de Brasil frente a las negociaciones futuras y crear una situación de fractura en el Mercosur, ofreció a la Argentina negociar un acuerdo bilateral de comercio, similar al que la potencia estaba negociando con Chile, pero esto fue rechazado por el gobierno argentino. La opinión del negociador argentino, Horacio Chighizola, sostenía algunas premisas básicas sobre las cuales había diseñado la negociación de Argentina frente al ALCA: “La decisión de negociar como parte de un bloque subregional, presentando una posición única y coordinada en todas las áreas sustantivas” (Chighizola, 2000). Sin embargo, la política regional oscilaría en permanentes declaraciones a favor del Mercosur, pero sin éxitos en su pomposo programa de relanzamiento sobre el que nos detendremos en breve. Además, las contradicciones sobre cómo reorientar el Mercosur y al mismo tiempo negociar el ALCA entrarían en una tensión mayor cuando Domingo Cavallo volviera al Palacio de Hacienda, en marzo de 2001.

El gobierno de la Alianza y el Mercosur: del “relanzamiento” a los planes de competitividad de Cavallo

Los inicios del gobierno de De la Rúa coincidieron con la presidencia pro tempore del bloque para Argentina durante la primera parte del año 2000. Ocupando ese lugar, Argentina lanzó el programa de “relanzamiento del Mercosur”, apoyado por los otros países socios del bloque. Este consistió en una serie de negociaciones “de amplio espectro y de proyección ambiciosa” (Caetano, 2011: 40) que fueron luego formalizadas en la xviii Reunión del CMC del 29 de junio de ese año y que habían sido iniciadas por los cancilleres de Argentina y Brasil en momentos previos al encuentro, en los últimos días del mes de abril.[4] Estas negociaciones, donde los cuatro ministros se sentaron a delinear el posible nuevo esquema del Mercosur, se plasmaban en la Declaración de Buenos Aires mediante pautas de convergencia macroeconómica y acuerdo comercial. La declaración abarcaba casi 30 puntos, diseñados básicamente por Argentina y Brasil, en los que los gobiernos se comprometían:

  • A publicar las estadísticas comunes en términos fiscales, deuda pública y precios hasta junio del 2000. En marzo del 2001, se fijarían metas comunes en relación con los anteriores indicadores y en la balanza de pagos, con pautas flexibles.
  • A progresar en la integración del mercado de capitales. El primer paso sería interconectar las bolsas, y el segundo, contar con un mercado de activos regionales. En este último caso, la prueba piloto se haría con los fondos de inversión de renta variable.
  • A analizar aspectos relativos a la defensa de la competencia, donde se intentaría que la Argentina no aplicara más medidas antidumping a cambio de que Brasil transparentara el otorgamiento de subsidios internos. Luego, los incentivos a la inversión se reducirían en forma progresiva.
  • A estimular acuerdos entre los privados para los sectores comerciales sensibles –arroz, textiles, papel, pollo y acero–, monitoreados por ambos gobiernos, que se concretarían en los próximos tres años.
  • A profundizar el mecanismo de resolución de controversias. No habría un tribunal permanente –como quería la Argentina–, sino que se nombrarían árbitros especializados por un plazo determinado, por ejemplo, dos años, en reemplazo del sistema de ese momento, que era de rotación permanente.
  • A analizar el arancel externo común.
  • A eliminar las licencias automáticas y no automáticas y “otras restricciones no arancelarias” antes del 30 de junio.
  • A acelerar el ingreso del controvertido sector azucarero al Mercosur.

Mientras que los técnicos negociaban los documentos bilaterales durante los dos días de negociaciones y sellaban el documento económico que fijaba los plazos concretos de esta prometida convergencia macroeconómica, algunos funcionarios eran bastante optimistas sobre los posibles avances. Por ejemplo, Débora Giorgi, por ese entonces secretaria de Comercio, Industria y Minería de la nación, destacaba los avances en la posible “institucionalización” del mercado común:

Yo creo que todo esto se debe evaluar a la luz de los avances alcanzados en materia macroeconómica por ambos países, en la coordinación de sectores; no es menor el compromiso de ambos gobiernos y la voluntad de los empresarios, en sólo cuatro meses y medio y habiendo recibido un Mercosur que hacía dos años estaba paralizado (La Nación, 30/04/2000).

Sin embargo, esa buena recepción que tuvo en el ambiente político y también en la prensa[5] se chocaría rápidamente con la complejidad de cómo avanzar en concreciones reales.

Las decisiones que resultaron de las negociaciones del mes de abril serían ratificadas posteriormente en junio por el CMC. El programa de relanzamiento apuntaba, una vez más, al fortalecimiento del bloque como Unión Aduanera y a la consolidación de la plena accesibilidad del mercado ampliado para todas las exportaciones intrazona. Además, se abordarían diversos temas conflictivos, sobre los que nos explayamos en el capítulo anterior:

En el encuentro, denominado Relanzamiento del Mercosur, también se abordarán las disputas comerciales que endurecieron las relaciones bilaterales a partir del segundo semestre del último año. Otro de los puntos en la agenda de los funcionarios de ambos países tendrá que ver con el establecimiento de parámetros y estadísticas para calcular indicadores que podrían servir como referentes en el camino hacia la integración monetaria regional (La Nación, 24/04/2000).

El programa tuvo, en efecto, una muy buena proyección, ya que abarcaba varios de los núcleos más controvertidos dentro del proceso de integración, por ejemplo:

Acceso a mercados, incorporación de la normativa Mercosur, fortalecimiento de la Secretaría Administrativa del Mercosur, perfeccionamiento del sistema de controversias del Protocolo de Brasilia, evaluación y ajuste de la estructura dependientes del GMC y la CCM, Arancel Externo Común, defensa comercial y de la competencia, Coordinación Macroeconómica, incentivo a las inversiones, a la producción y la exportación y relacionamiento externo ( Mercosur/CMC, 2000).

No obstante, como afirma Caetano: “En muy poco tiempo quedó de manifiesto que un programa de esta naturaleza en aquellas condiciones resultaba totalmente utópico y voluntarista” (Caetano, 2011:40).

El año 2001 resultaría pródigo en acontecimientos ilustrativos de la crítica situación en la que se encontraba por entonces la inserción regional de Argentina, sobre todo a partir de la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. La estrategia de restringir prioritariamente la agenda del bloque a la culminación de las negociaciones en curso y de establecer mecanismos efectivos para garantizar el acceso al mercado ampliado rápidamente se enfrentó al cuestionamiento del principal socio del Mercosur. La revisión del AEC en el marco de los Planes de Competitividad que lanzó Cavallo para implementar su discurso productivista y reactivador tendría efectos sobre el Mercosur, básicamente a partir de su decisión unilateral de reducir aranceles de importación de bienes de capital, lo que generó un fuerte impacto en la relación con Brasil, sobre todo respecto a los intereses de los empresarios de ese país. El Mercosur profundizaría su parálisis en el transcurso del año 2001, con la crisis financiera argentina en desarrollo, las medidas unilaterales tanto de Argentina como de Brasil, las declaraciones amenazantes de los gobernantes, la creación de mecanismos ad hoc como salida de emergencia ante la crisis, la sucesión de reuniones que terminaban sin acuerdo o con declaraciones genéricas y vacías (Caetano, 2011: 41). A esto se les sumaban las quejas de Paraguay y Uruguay por efectos que se arrastraban desde la devaluación del real y, bajo el gobierno de Jorge Batlle, la sintonía de Uruguay con Estados Unidos para firmar un TLC o apostar al ALCA. En ese contexto, la UIA emitiría un comunicado en el mes de septiembre en el que pediría por la “suspensión temporaria del Mercosur” ( UIA, 2001b). Para cerrar el año, la xxi Cumbre de Presidentes del Mercosur (cumbre que habitualmente se hacía en el mes de diciembre) se suspendería por la crisis política argentina.

La política de Cavallo y el apoyo empresariado ante al discurso productivista y reactivador

El 19 de marzo de 2001, luego del fugaz paso de López Murphy por el Palacio de Hacienda[6], llegaba nuevamente Domingo Cavallo a la cartera económica. Para aceptar y asumir el cargo, solicitaba poderes especiales para enfrentar la crisis, entre los cuales se incluiría una mayor injerencia del Ministerio de Economía sobre la gestión de la política exterior. En relación con esta área, el autor de la convertibilidad se caracterizaría, inmediatamente desde su retorno a la actividad oficial como ministro, por sus permanentes declaraciones públicas sobre el Mercosur, las relaciones con Brasil y el ALCA. Muchas de ellas evidenciaban abiertas contradicciones con los dichos del canciller Rodríguez Giavarini y del propio De la Rúa. Sin embargo, estas diferencias se opacaban con el consenso generalizado de todo el arco político y de la clase dominante sobre la vuelta del creador de la convertibilidad para solucionar los problemas que aquella acarreaba. Si bien la casi totalidad del empresariado daría su apoyo, el principal sostén público provino, paradójicamente, de los sectores que reclamaban correcciones a la convertibilidad. Por ejemplo, las asociaciones y corporaciones empresarias que formaban el Grupo Productivo darían un fuerte apoyo a los primeros meses de la gestión Cavallo, saludando el discurso productivista que el ministro había anunciado.

Como afirma Salvia (2012), la llegada de Cavallo intentó generar un cambio en la política económica del gobierno; sin embargo, los considerables obstáculos que enfrentó el ministro expresaban la falta de condiciones para la realización de la política económica que proponía, lo que llevó a que se le realizaran importantes modificaciones, en paralelo a una relación más dificultosa con el FMI y al agravamiento de la situación fiscal y financiera. No obstante, el desembarco del exministro de Menem produjo un momento de mayor unidad en la clase dominante argentina y constituyó a la UIA y al Grupo Productivo como los principales apoyos del ministro, al menos durante unos meses. De alguna forma, se daba la situación inversa a lo que aconteció durante la crisis de 1999, cuando este sector del empresariado se convirtió en la principal voz crítica del modelo de los noventa (Kan, 2020).

Previamente a la llegada del ministro, las asociaciones empresarias tenían posicionamientos cambiantes en relación con las políticas de reactivación y de ordenamiento fiscal. A diferencia de cuando se había producido el quiebre del G-8, desde el Grupo Productivo la UIA moderaba su debilidad y su fraccionamiento interno presentando sus demandas como reclamos del “sector productivo” y encontrando algunos aliados. Allí, la UIA lograba el apoyo de la Cámara de la Construcción (CACon), que tenía en su dirección empresas importantes en común con aquella (por ejemplo, Techint Construcciones) y era representativa de un sector tan afectado (o más) por la crisis como la industria.[7] La capacidad de la UIA de obtener consenso en la burguesía agraria –afectada en su rentabilidad por la caída de los precios internacionales y el aumento de la presión impositiva– era relativa, teniendo en cuenta la conformación del Grupo Productivo en el marco del quiebre del G-8 durante 1999. La mayor asociación empresaria del agro, la SRA, rechazaba integrar este alineamiento. En su lugar estaba la CRA, que, al igual que la CACon, jugaba dentro y fuera del Grupo Productivo, ya que reclamaba con la UIA medidas para la mejora de la producción de bienes, pero al mismo tiempo demandaba, junto a las restantes asociaciones agrarias, medidas favorables a sus intereses sectoriales, e incluso, a mediados de 2000, siguió a la SRA en sus quejas contra la protección industrial –aunque con menor dureza–. En abril de 2001, la CRA continuaba con la línea de defensa de los intereses de su sector particular, difundiendo un documento conjunto con las corporaciones menores del agro, FAA y CONINAGRO, donde presentaban la “situación paradójica” del sector a partir de los cambios operados durante la década, bajo la convertibilidad (Salvia, 2012: 166).

Entonces, el regreso de Cavallo al Ministerio de Economía encontraba las asociaciones empresarias del Grupo Productivo sin una acción común, pero coincidiendo en el apoyo al nuevo ministro. La razón de este apoyo –y el fuerte contraste en el caso de la UIA respecto a López Murphy– debe buscarse tanto en su figura como creador de la convertibilidad, como en el discurso productivista que asumió. Cavallo venía a intentar poner en marcha su propuesta para salir de la crisis, centrada en mejorar la competitividad de la producción mediante una reducción de costos del 20 %: “…corregir de manera integral los problemas de los exportadores y de quienes tienen que competir en inferioridad de condiciones con los productos importados” (Clarín, 23/03/2001). La mejora de la competitividad de la producción se buscaba sobre la base de modificaciones impositivas, arancelarias y subsidios directos. La vuelta de Cavallo auguraba un cambio en los objetivos de la política económica seguidos durante el gobierno de la Alianza, que alcanzaron un momento crítico con el ajuste fallido de López Murphy. El objetivo declarado por Cavallo desde su retorno al Poder Ejecutivo era impulsar políticas activas que pudieran reactivar la producción y así generar mayor demanda y reducir sus costos.

A diferencia de en la de López Murphy, en la asunción de Cavallo estuvieron presentes varios miembros de la UIA, como Osvaldo Rial (presidente), José I. de Mendiguren (secretario), Alberto Álvarez Gaiani (COPAL), Roberto Rocca, Sergio Einaudi y Javier Tizado (Techint). Lo mismo ocurrió días después, cuando Cavallo anunció sus primeras medidas ante los empresarios. El presidente de la UIA, Osvaldo Rial, señalaba la sintonía del nuevo ministro con las propuestas de la entidad, y una serie de importantes empresarios industriales mostraban su satisfacción, ya sea por las medidas del ministro en relación con la competitividad o por la comprensión que tenía de los problemas de la industria. Decía Rial, con gran contundencia y optimismo: “Por fin se terminó con las políticas de ajuste y recesión” (La Nación, 21/03/2001). A lo que agregaba: “Las definiciones que dio, que no fueron muchas, reorientan la política que hasta ahora era de ajuste. Es una muy buena noticia la eliminación de los impuestos distorsivos para que la Argentina recupere la competitividad” (La Nación, 28/03/2001). Otros empresarios, ligados a diversos sectores de la entidad industrial, “también se manifestaron al respecto”. Sergio Einaudi, director de Techint, expresaba: “Cavallo es Gardel. Soluciona lo grande y lo chico. Algunas veces nos hemos peleado, pero estamos a favor de su designación” (La Nación, 21/03/2001). Por su parte, Diego Videla, vicepresidente cuarto de la UIA y presidente del MIA, afirmaba:

El cambio es muy bueno porque habrá medidas económicas que alienten la reactivación mediante la rebaja de impuestos, como a la renta mínima presunta y a los intereses. Ahora habrá un gabinete más homogéneo, que apuesta a la convertibilidad, la solvencia fiscal y la recuperación (La Nación, 21/03/2001).

Fulvio Pagani, de Arcor, decía:

Esperemos que la acción de Cavallo dé sus frutos porque tiene un plan para reactivar. Lanzará una reforma tributaria que venimos trabajando en la Fundación Mediterránea. Esta crisis se va a solucionar porque Cavallo luchará por el crecimiento y el empleo (La Nación, 21/03/2001).

Por último, Salvador Carbó, del grupo Bunge & Born, sostenía: “La incorporación de Cavallo es muy positiva. Es un hombre que, sin dudas, va a tener cartas en la manga. Pero, por supuesto, si tiene apoyo político” (La Nación, 21/03/2001).[8]

Fuera de la UIA, el presidente de la CACon, Eduardo Baglietto, apoyaba a Cavallo y hacía hincapié en el Plan de Infraestructura, expresando los fuertes intereses en la construcción que remarcaban el cambio de expectativas: “Es evidente que el nombre de Cavallo inyectó una dosis de optimismo que tenemos que saber aprovechar. Creo que todos van a entender ahora la importancia del plan de infraestructura” (La Nación, 21/03/2001). Aldo Roggio, presidente del Grupo Roggio, agregaba: “Tengo esperanza en esta nueva etapa, porque se basa en la necesidad de crecimiento. Los anuncios no fueron muchos, pero marcan un rumbo que ayuda a cambiar las expectativas” (La Nación, 28/03/2001). Mauricio Macri, ejecutivo de Socma, decía: “Domingo Cavallo puede reunir el apoyo de todas las fuerzas políticas. Significa una muy buena oportunidad que no se debería desaprovechar” (La Nación, 21/03/2001).

En la misma dirección, se presentaban voces de otros sectores. Por el lado del agro, el vicepresidente de CRA, Mario Llambías, elogiaba el cambio de política anunciado por el nuevo ministro: “…no era cuestión de hombres ni de nombres, sino de cambio de políticas, el mensaje de Cavallo en cuanto a la reactivación y el crecimiento puede ser interesante para que el agro pueda recuperar la competitividad” (La Nación, 21/03/2001).

Más allá de la sintonía del discurso productivista de Cavallo y del Grupo Productivo, la vuelta de Cavallo al Ministerio de Economía era apoyada por todo el arco empresarial. Fuera del Grupo Productivo, la mayor asociación de la burguesía agraria también mostraba su apoyo. El presidente de la SRA, Enrique Crotto, expresaba su satisfacción por la designación de Cavallo:

[Cavallo es] el economista más espectacular del último medio siglo que tuvo el país […] [esta es] la última oportunidad que tiene el país, que está al borde del abismo […]. Apoyo totalmente el plan Cavallo. Es el hombre indicado para este momento. No hay ninguna duda de que le ha cambiado el humor a la gente (La Nación, 230/3/2001).

Resulta significativo el apoyo de la banca privada, dado el desplazamiento del centro de la política económica del ajuste que defendía ABA hacia las políticas activas que defendía la UIA. El titular del Bank Boston y el CEA, Manuel Sacerdote, hacía lobby por los proyectos de ley de Cavallo, afirmando que era necesario un apoyo activo de los legisladores. Héctor Gabrielli, del Banco HSBC, elogiaba a Cavallo: “…el ministro demostró que tiene la convicción de llevar adelante este proyecto, con el que propuso crecimiento en un plazo no muy largo” (Clarín, 21/03/2001). Entre los empresarios del comercio y los servicios, manifestaban su apoyo los presidentes de la CAC y ejecutivos de empresas privatizadas. Jorge Di Fiori, presidente de la CAC, decía: “Es viable el proyecto de Cavallo. Es altamente positivo que se empiece a trabajar en serio en una reforma tributaria y luchar contra la evasión” (La Nación, 23/03/2001). A su vez, Francisco Badía Vidal, presidente de Edesur, sostenía: “Cavallo está creando confianza, porque a la Argentina le faltaba acción. El mismo lo dijo: no habrá grandes anuncios, sí acción” (La Nación, 28/03/2001). José María Ranero Díaz, presidente Repsol YPF Argentina: “Todo aquello que ayude al país es bienvenido. Durante el fin de semana tuve una sana preocupación, pero estoy muy seguro de que el país tiene salida” (La Nación, 23/3/01).

Como puede apreciarse, la llegada de Cavallo logró cohesión de las diversas fracciones y sectores de la clase dominante gracias al apoyo de la propuesta del ministro de desarrollar una política que buscara la reactivación económica. Como sostiene Salvia (2012), esta propuesta coincidía con la prédica de la UIA a lo largo del todo el período de crisis, aunque difería de las demandas de la banca privada y las empresas privatizadas. Aun así, asociaciones y empresarios de estos sectores apoyaban el plan del ministro Cavallo.[9]

Hemos visto la situación en la que llegaba Cavallo al Ministerio de Economía y la mayor unidad empresarial en torno a su figura. Veamos ahora las políticas impulsadas desde el Ministerio de Economía, varias de las cuales se enlazan con la cuestión externa y regional. Como mencionamos, el programa de Cavallo tenía como objetivo mejorar la competitividad de las empresas argentinas, en especial de las productoras de bienes. Para alcanzar este objetivo, Cavallo tomaba medidas en dos dimensiones: por un lado, la reducción o suba de aranceles extrazona a la importación de bienes y, por otro, la implementación de subsidios, incentivos y rebajas impositivas a la producción de bienes. Allí es donde encontramos los nexos directos entre la esfera doméstica y la externa.

La primera excedía la esfera de las decisiones de la Argentina y por eso generó varias tensiones con Brasil. Para evitarlas, Cavallo negoció rápidamente con Brasil la posibilidad de que Argentina modificase sus aranceles de importación de bienes de capital y de productos finales, algo que Brasil aceptó por no verse directamente afectado y para evitar un agravamiento de la crisis, lo que acarrearía consecuencias negativas sobre ese país. Así, a fines de marzo, los aranceles extrazona para la importación de bienes de capital se redujeron al 0 %, en tanto que los aranceles extrazona para la importación de bienes de consumo final se elevaron al 35 %. Estas modificaciones abarataban la inversión en bienes de capital, al mismo tiempo que reducían la competencia en el mercado local de las importaciones de bienes finales –con excepción de las que procedían de países miembros del Mercosur. El problema fue que lo implementado por Cavallo alcanzaba a dos sectores que Brasil no estaba dispuesto a aceptar: informática y telecomunicaciones, lo que tensionaría la relación con Brasil, cuestión sobre la que nos explayaremos en los próximos dos apartados.

La segunda dimensión estaba dentro del ámbito de las decisiones nacionales. En primer lugar, se implementaba un incentivo para el sector de bienes de capital que compensara el abaratamiento de la importación por la reducción del arancel al 0 %. Consistía en un bono del 10 % sobre el precio de los bienes de capital nacionales, para pagar impuestos nacionales (IVA, ganancias, etc.). En segundo lugar, se proyectaba mejorar la competitividad de las empresas con un conjunto de planes focalizados en los sectores más afectados por la recesión: la producción industrial, agropecuaria y de la construcción. Estos Planes de Competitividad establecían exenciones y rebajas impositivas para estos sectores, que mejoraban sus costos operativos. Para junio, la mayoría de los convenios habían sido firmados en la industria, en una diversidad de rubros que representaban el 46 % del valor bruto de la producción y el 69 % del empleo industrial. Estos rubros eran automotrices (terminales y autopartes), industrias culturales, textiles, indumentaria, calzado, bienes de capital, madera, muebles, industrias plásticas, celulosa y papel, turismo, transporte de carga y frigoríficos. El impacto de los Planes de Competitividad sobre la rentabilidad era del orden del 20 %, con picos en calzado (42,7 %), terminales automotrices (33,3 %) y bienes de capital (30,5 %), a los precios vigentes a la firma de los acuerdos. Para las actividades trabajo-intensivas, el impacto de la rentabilidad era aún mayor.

La implementación de estos Planes de Competitividad requería un complejo mecanismo burocrático, por lo que su vigencia efectiva se demoró hasta principios de junio. Sin embargo, este cambio hacia políticas activas encontraba dos limitaciones presentes durante todo el gobierno de la Alianza. En primer lugar, la cuestión del déficit, que permanentemente amenazaba los desembolsos del blindaje. En segundo lugar, una política expansiva necesitaba recursos, que no estaban disponibles y que Cavallo esperaba obtener de las siguientes tres fuentes. La primera era un nuevo impuesto a los movimientos en cuenta corriente, el impuesto al cheque, aprobado por el Congreso como ley. Esta establecía que el Poder Ejecutivo fijaría la tasa del impuesto, con un máximo de 0,6 % para cada operación (débito y crédito). Al mismo tiempo, el Congreso establecía que todo pago por un monto superior a 1.000 pesos debía realizarse con tarjeta o cheque, para reducir la evasión y ampliar la base de recaudación del nuevo impuesto, por el que, según el ministro, recaudarían 3.500 millones de pesos anuales.

La segunda fuente era una nueva reforma del Estado para bajar el gasto público. A pocos días de haber asumido, el 29 de marzo el Congreso aprobó una ley de poderes especiales para el Ejecutivo, con el objeto de implementar la reforma del Estado. Esta ley autorizaba al gobierno a fusionar o centralizar entes autárquicos o reparticiones descentralizadas y a sujetar al personal de estos al derecho privado. Pero impedía expresamente despedir personal o afectar sus derechos adquiridos (como el salario) por el plazo de dos años. En el plano fiscal, Cavallo fue autorizado a crear nuevos impuestos, devolver o compensar créditos fiscales por IVA, crear o eliminar exenciones impositivas, aunque no podía hacerlo sobre productos de la canasta básica o las economías regionales. Se le impedía también privatizar empresas del Estado, lo que demostraba que algunos de los superpoderes fueron limitados por el Congreso.

La tercera fuente sería la obtención de un crédito por 3.000 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Si el impuesto al cheque era rápidamente implementado y la reforma del Estado era limitada para las pretensiones originales, la posibilidad de recibir un crédito por 3.000 millones de dólares nunca se efectivizaba. Al asumir, Cavallo creía poder negociar ese crédito directamente con el Tesoro de Estados Unidos, sin intervención del FMI. La búsqueda de financiamiento directo de los Estados Unidos tenía que ver con la posición reticente del FMI a ampliar el blindaje, en un escenario global caracterizado por el reflujo de capitales desde los llamados “países emergentes” y el aumento de las primas de riesgo para estos países, tras las crisis de Turquía, Rusia y Brasil (Salvia, 2012). Sin embargo, la nueva administración republicana del presidente George W. Bush no estaba dispuesta a otorgar nuevos fondos a deudores que no podían afrontar sus pagos de deuda como el caso de Argentina.

En el primer mes de gestión de Cavallo, la situación financiera era delicada, con el blindaje congelado y un riesgo país que se mantenía en niveles muy elevados. Tres semanas después de asumir, Cavallo anunció dos medidas significativas, con el doble objetivo de ordenar las cuentas públicas e impulsar la reactivación económica: un nuevo ajuste y el envío al Congreso de un proyecto de ley para incorporar al euro a la paridad con el peso.[10] La primera medida, que continuaba la línea de las políticas seguidas por Machinea y López Murphy, consistía en una extensión y un aumento de impuestos al consumo como el IVA, un incremento de la alícuota del impuesto a las ganancias, del impuesto a los movimientos de cuentas corrientes de 0,25 % a 0,4 %, y un recorte de gastos estatales dentro de los estrechos límites que habilitaban los poderes especiales. Se esperaba así poder mejorar las cuentas fiscales en 1.800 millones de pesos. La segunda medida, llamada “convertibilidad ampliada”, significaba una mejora del tipo de cambio para las exportaciones y un encarecimiento de las importaciones.[11]

La “rápida” reactivación que pronosticaba el ministro no se producía, continuando la actividad económica su camino descendente y complicando el frente fiscal. A mediados de junio de 2001 –y con la garantía de aprobación de la Ley de Convertibilidad ampliada por el PJ, que se produjo el 20 de junio–, Cavallo adelantó el anuncio de un set de medidas que estaba en estudio, con relación al sector externo de la economía y a los impuestos sobre las empresas. Respecto al sector externo, Cavallo decidió la creación del “factor de convergencia” (o de empalme), que otorgaba al comercio exterior –con excepción de las exportaciones de combustibles– los efectos de la ampliación de la convertibilidad a la canasta de monedas dólar-euro. Esto lo convertía en un tipo de cambio doble, aunque instrumentado de manera fiscal y no cambiaria. Se implementaban subsidios para las exportaciones y se cobraban derechos a las importaciones, siendo el monto equivalente a la diferencia entre el tipo de cambio vigente y el tipo de cambio calculado para la canasta. En los hechos, el factor de convergencia elevaba el tipo de cambio real para el comercio exterior en un 7,5 % en el primer día de vigencia, con una paridad de 1,0748 pesos por dólar. Algo importante pero no determinante ante la devaluación nominal de Brasil, que llegaba al 23 % desde enero de 2001. Respecto a los impuestos que pagaban las empresas, Cavallo buscó reducir el costo fiscal. Para ello, modificó la fecha de pago del IVA, pasando de la fecha de facturación a la de cobro. Esto permitía evitar el costo financiero de pagar el impuesto antes de cobrar la venta. Al mismo tiempo, eximió al agro de los impuestos a la renta mínima presunta y a los intereses de los créditos bancarios, lo que significaba una recuperación de rentabilidad agropecuaria que era largamente reclamada por las asociaciones empresarias del sector desde la implementación de estos impuestos en 1998. Con estas medidas, Cavallo intentaba mejorar la competitividad de las empresas, por vía de un tipo de cambio doble y de una reducción de costos directos o indirectos por el descenso de impuestos. Así, atacaba uno de los factores del crecimiento del riesgo país: la falta de reactivación.

Cavallo y la política comercial y regional externa argentina

La llegada de Cavallo, a pesar del apoyo del sector productivista, potenciaba las posiciones de los sectores que siempre vieron mejor la alternativa del ALCA que la profundización del Mercosur. La primera medida tomada por el ministro, de reducir aranceles unilateralmente, alertaba la falta de una apuesta a las decisiones consensuadas con Brasil. Inclusive, el primer ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea –más identificado con las políticas industrialistas y con la UIA, a pesar de su fracaso para llevarlas a la práctica–, poco antes de dejar su cargo en el Ministerio de Economía, ya hablaba de anticipar las negociaciones por el ALCA, lo que entraría nuevamente en tensiones con el principal socio del Mercosur.[12] El apoyo del nuevo gobierno norteamericano de George Bush (hijo) había sido fundamental para que Argentina consiguiera, a comienzos del año 2001, el mencionado blindaje por 40.000 millones de dólares, acordado por el FMI y otros gobiernos, en particular por España. Pero luego no estuvo dispuesto a aportar nuevos recursos, como los que solicitó Cavallo ni bien había asumido, transfiriendo –Estados Unidos– la responsabilidad al FMI. Esta fue también la posición adoptada frente al rebrote de la crisis financiera, entre fines de junio y julio de 2001. Si Estados Unidos hubiera aceptado prestar dinero a cambio de un acuerdo tipo TLC en forma directa con Argentina, es algo hipotético, pero pareció ser que fue la apuesta tanto de Machinea como de Cavallo, cuando el país del norte dejaba correr la posibilidad de firmar un acuerdo de libre comercio con Argentina. La apuesta desde el Palacio de Hacienda se ubicaba en oposición a lo que venía señalando el canciller Rodríguez Giavarini, continuar apostando al “relanzamiento del Mercosur” a pesar de los escasos logros que esta política había tenido.

Unos meses después, cuando Cavallo intentaba nuevamente conseguir financiamiento de los Estados Unidos, Rodríguez Giavarini rechazó el ofrecimiento que, de manera informal, efectuara el gobierno norteamericano para negociar un acuerdo bilateral de libre comercio como el que Estados Unidos estaba tratando por ese entonces con Chile (La Nación, 8/05/2001; Página 12, 9/05/2001). Giavarini señalaba que las negociaciones para ingresar al ALCA se realizarían a través del Mercosur: “Nosotros cumplimos con los tratados internacionales, nuestros compromisos con el Mercosur y negociaremos a través de él” (La Nación, 8/05/2001). Sin embargo, la presencia de dos opiniones distintas en el gobierno argentino crearía un manto de dudas sobre el Mercosur y debilitarían aún más la imagen de su política exterior.[13] Esta mirada de la agenda de política externa generaría dos tensiones importantes en la relación entre Argentina y Brasil, en los posibles escenarios para el Mercosur y también en la posición frente a Estados Unidos y el ALCA.

Respecto a la primera de las tensiones, la llegada de Cavallo y sus seguidores impulsaba un retroceso del Mercosur hacia una zona de libre comercio, mientras que Brasil continuaba apoyando la continuidad o statu quo de por ese entonces del bloque, a pesar de la situación crítica. En relación con la segunda, en tanto Cavallo manifestaba estar a favor de la propuesta norteamericana de acelerar la firma de tratados bilaterales de comercio, Brasil impulsaba una negociación en bloque y pretendía que esta retrasara lo más posible los tiempos. Como señaló la prensa: “Cavallo quiere flexibilizar el encuadramiento del Mercosur y acercarse, con alianzas bilaterales, a Estados Unidos. En la cancillería prefieren no irritar a los brasileños y no volver a las relaciones carnales” (Clarín, 13/04/2001).

La vi Reunión Ministerial del ALCA y el vi Foro Empresarial de Buenos Aires

En los días 6 y 7 de abril, tuvieron lugar negociaciones que se produjeron en la vi Reunión Ministerial de discusiones por el ALCA, realizada en la Ciudad de Buenos Aires, instancia donde se discutieron los borradores previos para la Cumbre de las Américas de Quebec. Estas tenían participación de ministros y cancilleres, y, paralelamente a ellas, sesionaba el Foro Empresarial de las Américas, que habitualmente acompañaba a las reuniones ministeriales.

Días previos a la reunión de Buenos Aires, tenía lugar un encuentro del GMC del Mercosur, donde se discutió qué postura iba a tener el bloque regional para abordar las discusiones por el ALCA en la reunión ministerial del 6 de abril en Buenos Aires.[14] Si bien la relación entre Argentina y Brasil no pasaba por sus mejores momentos, y empeoraría a lo largo del año 2001, todos los integrantes del bloque buscaron el consenso para negociar:

La principal posición del Mercosur en el ALCA es negociar como bloque con posturas únicas y combinadas. Por eso para cada reunión del ALCA hay una reunión previa intra-Mercosur, donde se coordinan posiciones, explicaba el por ese entonces director nacional de Integración Económica Americana de la Cancillería, Daniel Polski, y destacaba que la construcción del acuerdo hemisférico tiene como base nuestros acuerdos subregionales y bloques existentes como la Comunidad Andina, entre otros” (La Nación, 3/04/2001).

Sin embargo, los desequilibrios internos en el Mercosur tanto entre los países grandes y chicos como entre sus dos socios principales, Argentina y Brasil, se venían profundizando. Aunque aquellos existían desde la creación del Mercosur, se potenciaron, como ya señalamos, a partir de la devaluación del real de 1999 que profundizó la recesión de la economía argentina y que evidenció la falta de coordinación de políticas macroeconómicas entre los miembros del bloque. Con ese arrastre de fondo, aparecerían diferencias a nivel gubernamental sobre cómo encarar algunas discusiones arancelarias por el ALCA. Estas diferencias estaban emparentadas, por un lado, con las políticas comerciales y arancelarias que venían implementando Argentina y Brasil sin lograr acuerdos. Respecto a estas, el negociador de Brasil en esas reuniones señalaba:

Tenemos que tener una posición unificada desde el Mercosur. No nos obsesionan tanto las fechas del ALCA, sino sus contenidos. Es una posibilidad importante para nosotros porque el Mercosur pasa por una fase muy sensible, crítica, que toca el talón de Aquiles de la Unión Aduanera, en la que no se sabe adónde queremos ir […]. Lo que no podemos hacer es tener la ilusión de que el ALCA será una panacea (La Nación, 3/04/2001).

Las diferencias entre Argentina y Brasil son las que nos interesan aquí porque están entrelazadas con lo que una buena parte del empresariado argentino demandaría ante el ALCA. Varias de estas tensiones fueron alentadas por las declaraciones del ministro Cavallo cuando volvía al Palacio de Hacienda, con posturas ambiguas entre la continuidad del Mercosur y un acercamiento de Argentina a Estados Unidos por fuera, incluso, de las negociaciones por el ALCA.

Retomamos entonces las medidas económicas de Cavallo que afectaban al Mercosur. Por un lado, Cavallo había anunciado una rebaja arancelaria sobre una gama de productos de países extra-Mercosur (principalmente bienes de capital), lo que perjudicaría fuertemente a la industria brasileña, y un aumento en los aranceles en bienes de consumo para favorecer el consumo local ante la recesión cada vez más aguda de la economía argentina. Esta situación evidenciaba la crisis del Mercosur como Unión Aduanera por la toma unilateral de estas medidas. Las tensiones hicieron que el propio presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, cancelara un viaje ya acordado a la Argentina en el marco de las negociaciones del GMC por el ALCA, posponiendo el encuentro hasta la reunión de Quebec donde se encontrarían los presidentes de ambos países[15] y delegando en sus ministros las quejas y presiones para con el gobierno argentino. Por otro lado, circulaba la opinión de Cavallo sobre que Argentina podría llegar a un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos en forma directa.[16] Otra cuestión que causaba irritación en las esferas gubernamentales brasileñas. Rápidamente, el ministro argentino matizaba el carácter de sus afirmaciones: “Una cosa son mis ideas y otras las decisiones del gobierno argentino” (La Nación, 6/04/2011). No obstante, alentaba a la Argentina y a Brasil a aprovechar todas las oportunidades que permitieran “mejorar la calidad de vida de sus pueblos”, mejoraran las inversiones, abrieran los mercados y generaran más puestos de trabajo: “Los acuerdos de libre comercio son un instrumento para ese fin” (La Nación, 6/04/2011).

Sin embargo, la presión de los brasileños tuvo sus efectos. El ministro Cavallo daba marcha atrás en algunas de sus medidas. En una reunión con el canciller brasileño Celso Lafer y el ministro brasileño de Desarrollo, Comercio Exterior e Industria, Alcides Tapia, Cavallo anunciaría el retiro del área de informática y telecomunicaciones de la reducción arancelaria y cedería en algunas otras medidas también con el objetivo de reencauzar la relación con Brasil:

Cavallo dio marcha atrás en una reducción de aranceles. Excluyó los productos de informática y telecomunicaciones de la lista de bienes que no los pagarán. El ministro de Economía, Domingo Cavallo, cedió a los reclamos brasileños y ayer anunció que los productos informáticos y de telecomunicaciones no serán alcanzados por la reducción arancelaria que anunció el lunes último y que comprende a los países que no forman parte del Mercosur (La Nación, 6/04/2011).

La voz de los empresarios la podemos analizar en el vi Foro Empresarial. Este funcionaba en forma paralela a las reuniones gubernamentales ministeriales que tenían lugar en la capital argentina, cumpliendo la función de asesorar y entregar recomendaciones para las negociaciones que tendrían lugar en la posterior Cumbre de las Américas de Quebec. Si bien la reunión empresarial era contemplada desde los comienzos del ALCA –y durante la i Cumbre de Miami y la i Reunión Ministerial de Denver en 1995, habían participado empresarios como invitados de los gobiernos–, en el caso argentino tuvo más relevancia su participación. Los motivos de ello podrían radicar en la coyuntura política local, en que era la primera vez en que las negociaciones del ALCA tomaban un carácter más público o en que la fecha de implementación del ALCA se acercaba y había que comenzar a tomar decisiones sobre las implicancias de un proyecto de libre comercio continental e impulsado por Estados Unidos. Posteriormente en Quebec, tanto por iniciativa del gobierno de De la Rúa, como por necesidad empresaria de inmiscuirse en las negociaciones, gobierno y empresarios participaron del Consejo de Comercio Internacional. En este interactuarían funcionarios de Cancillería y representantes del sector empresario en la discusión de los borradores, llevando las posturas presentadas en Buenos Aires. Como en Quebec no habría nada diferente a lo discutido y negociado en Buenos Aires, nos concentraremos en el análisis de esta reunión ministerial y este foro empresarial.

La participación en el Foro Empresarial se organizaba por país, donde cada delegación enviaba una cantidad de representantes del sector empresario que llevaban sus posturas sectoriales a las mesas de discusión.[17] Para los empresarios argentinos, se trataba de dilucidar de qué manera la Argentina resultaría más beneficiada en un proceso de regionalización. Sus debates y planteos estaban guiados por varios interrogantes que giraban en torno a ALCA sí o ALCA no, a los tiempos para la implementación del proyecto, y a la conveniencia de una negociación directa con Estados Unidos o por la vía del Mercosur. Las discusiones por el ALCA comenzaron a tomar estado público a partir de esta jornada, tanto por la protesta social[18] como por las objeciones fuertes por parte del empresariado y algunos gobiernos latinoamericanos, en especial los del América del Sur, a la propuesta norteamericana. Sobre las posiciones de los empresarios, La Nación señaló:

Los empresarios apoyan el Mercosur. Los ejecutivos argentinos prefieren que el país entre en el área de libre comercio de América junto con sus socios regionales […]. Ayer quedó demostrado lo difícil que es para los sectores productivos reunidos en el vi Foro Empresarial de las Américas consensuar definiciones sobre temas tan complejos como subsidios, medidas antidumping, acceso a los mercados, barreras no arancelarias y condiciones de ingreso de las economías más pequeñas en el Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA– (La Nación, 6/07/2011).

El mismo diario informaba que, en la reunión del Foro Empresarial, se dejaba entrever la postura –que sería mantenida de ahí en adelante sobre todo por las cámaras empresarias de la industria y las principales organizaciones del agro– de los empresarios: “Predomina en el empresariado argentino un fuerte apoyo al Mercosur como vía de acceso al ALCA” (La Nación, 6/04/2011). Obsérvese la contradicción entre el apoyo que por esos días la clase dominante daba a la llegada de Cavallo y su paquete de medidas económicas y la postura de apoyar el Mercosur para negociar en ALCA, posición que no era del agrado de Cavallo, cuando públicamente manifestaba sus ideas de avanzar en un acuerdo con Estados Unidos sin el bloque regional.

El borrador que distribuyó el influyente Consejo de las Américas, que reunía a las principales empresas norteamericanas, despertó las quejas de los empresarios argentinos y brasileños. En uno de los ítems, proponía “la eliminación de los aranceles y la máxima reducción de los barreras no arancelarias” (La Nación, 6/04/2001), lo que era interpretado como una clara señal de que Estados Unidos solamente barajaba la posibilidad de discutir la reducción de aranceles para el intercambio comercial de su economía con el conjunto de la región, pero no discutir sus diversas barreras (cupos, controles fitosanitarios, medidas antidumping, subsidios, compras gubernamentales, etc.) a la entrada de productos extranjeros, en este caso los latinoamericanos. Ante tal planteo, comenzaron las declaraciones y los posicionamientos de los diversos representantes empresarios, tanto a nivel individual como, en algunos casos, en nombre de su organismo de representación corporativa.

José María Fumagalli, director de la Cámara de Industria Química y Petroquímica, decía: “Esto no parece muy fair play. Si ya están declarando que mantendrán barreras, tienen que explicar cuáles y por cuánto tiempo” (La Nación, 6/04/2001). El titular de la UIA, Osvaldo Rial, advertía:

Lo poco que queda de la industria nacional se puede diluir si no se logra una buena negociación […]. [El país] primero tiene que resolver sus problemas internos de competitividad, después su relación con el Mercosur y, por último, buscar su integración al mundo, [porque, si no], iremos a esta negociación en desigualdad de condiciones (La Nación, 6/04/2001).

Rial, por su parte, insistió en que Argentina tenía que “recrear su aparato productivo” y necesitaba “reindustrializarse”, pero advirtió que la situación del bloque regional era “igual a la de un año y medio atrás”, por lo que consideró que era necesario “un re-relanzamiento” (La Nación, 6/04/2001). Sobre la postura del gobierno ante el ALCA, el titular de la UIA criticaba la falta de una posición clara sobre cómo encarar las negociaciones en el ALCA:

Hay una confusión total. Dentro del Gobierno hay distintos caminos que son contrapuestos. Primero se dice un cosa y después otra”, resaltó Rial en referencia a declaraciones del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, por un lado, y Domingo Cavallo, por otro. “La posición que nosotros sostenemos desde la UIA es la que adoptó en un principio la Cancillería: fortalecer el Mercosur y de ahí negociar el ALCA” (Página 12, 1/04/2001).

También grandes grupos económicos industriales y agroindustriales –miembros de la UIA– manifestaron su postura ante el ALCA, coincidente con la expresada por el líder de la corporación industrial. En un seminario del IAE, Luis Pagani de Arcor decía que su estrategia de crecimiento “estaba basada en el Mercosur”, por lo que esperaban que se negociara como bloque. “Si no, habrá poco para negociar” (La Nación, 6/04/2011). Sergio Einaudi de Techint opinaba al respecto: “Hay que ir con Brasil. Prefiero negociar con mi hermano que contra 33” (La Nación, 6/04/2011). Enrique Mantilla, de la CERA, señaló: “Hasta que no sepamos cómo es el contrato definitivo, no sabemos si nos conviene el ALCA. Es fundamental lograr una matriz de acuerdos en el Mercosur para que haya más empuje en la misma dirección” (La Nación, 6/04/2011). Por el lado de las multinacionales, Don Bland (norteamericano de origen), titular de Wal-Mart Argentina, decía: “A título personal, a la Argentina le conviene unirse con Brasil y los demás países de la región para trabajar en bloque” (La Nación, 6/04/2011). Alberto García Carmona, de General Motors, coincidió al opinar lo siguiente:

Hay que negociar por medio del Mercosur y sector por sector. Toda la industria automotriz se instaló sobre la base de las reglas existentes. Aunque negociar en bloque no significa que no se puedan acordar condiciones diferenciales para cada país (La Nación, 6/04/2011).[19]

La voz más discordante dentro del empresariado fue la de Carlos Bueno, titular de la Cámara de la Industria del Calzado, uno de los sectores más castigados por la apertura económica que ya llevaba una década; Bueno ponía en primer lugar los aspectos negativos del Mercosur por sobre los del ALCA:

Si la Argentina negocia como Mercosur, sólo acompañará a Brasil y sus conveniencias. Brasil quiere producir bienes industriales y que nosotros proveamos las materias primas. Por eso hay que ir al ALCA de forma separada y plantear lo que a la Argentina le conviene. El problema de la negociación no es la fuerza, sino la convicción, que falta en algunos funcionarios (La Nación, 6/04/2011).

Este posicionamiento sí tendría coherencia con el apoyo empresarial del sector industrial a Cavallo y las medidas anunciadas por el ministro que tensionaban al Mercosur, pero obsérvese en este caso que el calzado representaba uno de los sectores más golpeados no solamente por la devaluación de Brasil, sino también por la toda la apertura de los noventa. La pregunta es por qué la coyuntura llevaba a la Cámara del Calzado a pensar que un acuerdo con Estados Unidos sería conveniente, cuando el resto de la fracción industrial –e incluso otras fracciones de la clase dominante también– esbozaba una posición más estratégica, de mediano plazo, que consistía en ser cautelosos con los términos de las reducciones arancelarias que proponía el ALCA y, además, en privilegiar las negociaciones en el marco del Mercosur, a pesar de las tensiones por las que transitaba aquel. El impacto de la crisis, las necesidades sectoriales y la búsqueda de una salida apresurada llevaban a este sector a pensar que la solución podía ser un fuerte vínculo con Estados Unidos, que pretendía liberalizar el comercio, con los perjuicios que eso podía ocasionar para las ramas manufactureras locales.

En torno al Foro Empresarial, observaremos ahora el documento final (UIA, 2001c), que reunía pocas coincidencias entre las partes de cada país, pero que iba delineando el piso para las discusiones en Quebec y los años posteriores:

  • Ratificación del principio negociador de single undertaking (nada está acordado hasta que todo esté acordado).
  • Necesidad de eliminar subsidios y barreras no arancelarias.
  • Que los compromisos adoptados deben ser compatibles con la OMC.
  • La importancia de los contenidos por sobre los plazos.

Los empresarios también pidieron a los ministros cronogramas graduales de reducción de aranceles, la eliminación asimétrica de aranceles a las economías pequeñas, y que el plazo de quita de los subsidios no permitidos por la OMC no fuera mayor al de la desgravación arancelaria, entre otros puntos. Sobre el final del cónclave, el presidente argentino, Fernando de la Rúa,

destacaba “los aportes” surgidos del Foro, capaces de establecer una relación “recíproca entre gobernantes y empresarios”. Tras coincidir en que [debían] eliminarse los subsidios, dijo: “Las conclusiones marcan que los empresarios respondieron a la convocatoria. De la Rúa destacó que, en este sentido, “los acuerdos deberían ser equilibrados, comprensivos y abarcarnos a todos. Somos socios, no competidores” (Clarín, 7/04/2011).

Más allá del decoroso cierre presidencial, la simultaneidad del Foro y la Reunión Ministerial dieron luz a algunas de las tensiones entre el gobierno y los empresarios en torno a las negociaciones por el ALCA. Lo que estaba en juego era hasta dónde la voz del gobierno estaba en relación con las demandas de los principales organismos que representaban a los empresarios y hasta dónde aquel se podía manejar con una mayor autonomía, sobre todo en momentos de implementación de medidas económicas nuevas y de tensiones en la vinculación con Brasil. La relación entre gobierno y clase dominante ante el ALCA se aceitaría en los años posteriores, no sin tensiones, cuando las negociaciones exigieran más precisiones y definiciones políticas sobre los efectos de la apertura y cuando, además, se introdujera en ellas la cuestión de los subsidios que se discutía en la OMC.

Conclusiones

En este capítulo abordamos la relación entre el empresariado, los funcionarios de Cancillería y Economía del gobierno de la Alianza y los proyectos Mercosur y ALCA. Como observamos, el gobierno de De la Rúa mantuvo en líneas generales la política exterior implementada a comienzos de los noventa. Si bien el alineamiento con Estados Unidos no fue “automático”, tampoco hubo alteraciones en algunos hechos básicos que caracterizaban a aquel, como el voto en contra de Cuba en la ONU.

Un cambio que sí pudimos observar fue la actitud de proyectar un “relanzamiento del Mercosur”, aunque dimos cuenta también de que rápidamente se convirtió más en anuncios que en hechos reales. Sobre todo cuando primero Machinea y luego Cavallo alentaron públicamente –contrariando a Rodríguez Giavarini– la posibilidad de acercarse a Estados Unidos y al ALCA por fuera del Mercosur. Estos desacuerdos en el gobierno argentino generaron una mayor tensión en la relación con Brasil. La llegada de Cavallo al Palacio de Hacienda la profundizaría aún más. El anuncio de medidas “reactivadoras” y “productivistas” para levantar la economía de la recesión puso en jaque al Mercosur a causa de la alteración del arancel extrazona a los bienes de capital. Entre ellos se incluyeron dos sectores específicos, telecomunicaciones e informática, que causaron una crisis con Brasil, por lo que Cavallo tuvo que retroceder la aplicación de la medida para estos sectores. El Mercosur transitó varios momentos críticos donde se puso en tela de juicio su existencia como Unión Aduanera. Desde la Cancillería, e incluso desde la presidencia, se apeló a su defensa, pero la implementación de varias de las medidas económicas en ese período afectó la relación bilateral con Brasil y la vigencia del Mercosur. Fueron tiempos donde se evidenció la importancia de las nexos internas y externas en el diseño de políticas públicas y de las dimensiones económica y política en el que se desenvuelven.

Con respecto al empresariado, los alineamientos que se configuraron en 1999 perduraron hasta diciembre de 2001; por un lado, el Grupo Productivo con la UIA y la CACon como los sectores más activos de él, y, por el otro, el sector finanzas, las empresas privatizadas, los grandes exportadores de la CAC y las empresas transnacionales. Sin embargo, la coyuntura crítica de la convertibilidad y los intentos por corregirla dentro de sus marcos arrojaron posicionamientos diversos. La asunción de Cavallo fue saludada por todos los sectores empresariales, pero el Grupo Productivo y la UIA fueron los que dieron los principales apoyos a la vuelta del creador de convertibilidad y a sus políticas. Claramente, el discurso reactivador encontraba seguidores en quienes venían demandando diversas correcciones a la convertibilidad, como la revaluación de la moneda, la protección arancelaria y los planes de promoción. Por fuera de los momentos de implementación de nuevas medidas, el Grupo Productivo y, sobre todo, la UIA continuaban buscando ampliar sus alianzas con fracciones de otras clases en pos de un acuerdo más amplio, de carácter “nacional”. Cuando el gobierno introdujo el déficit cero a mitad de año, el apoyo más importante provino del otro alineamiento de la clase dominante: el sector de servicios, el de finanzas y las empresas privatizadas y transnacionales. El Grupo Productivo y la UIA se llamaban a silencio por las implicancias que tenía el ajuste. Sin embargo, la CACon, por cuestiones sectoriales, apoyaba al gobierno, por fuera de su alineamiento, esperando que se ejecutasen los planes de infraestructura.

Con respecto a la política externa regional y comercial, estos posicionamientos tuvieron variaciones, debidas a las ambigüedades y contradicciones entre las necesidades sectoriales y otras de mayor alcance como la inserción regional en el mediano y largo plazo. Desde la devaluación del real de 1999, la UIA criticaba que Brasil actuaba por su cuenta sin coordinación de la política macroeconómica; sin embargo, cada medida de Cavallo también era tomada sin ningún tipo de coordinación macroeconómica con el principal socio. Y la UIA apoyó la mayoría de ellas, sobre todo las que afectaron a Brasil y el Mercosur (modificación del AEC, aranceles y salvaguardias en áreas sensibles). No obstante, en los momentos de negociaciones por el ALCA cuando Cavallo anunció la posibilidad de avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos por fuera del Mercosur, el conjunto del empresariado, y sobre todo el alineamiento encabezado por la UIA, se puso en contra de ello, entendiendo que, en el mediano y largo plazo, una apertura comercial como la que planteaba el ALCA no era tan conveniente si no se negociaban algunas condiciones. Así, la clase dominante y la UIA en particular acompañaron la defensa del gobierno argentino (Cancillería y Ejecutivo) en priorizar las negociaciones con Estados Unidos y el ALCA a través del Mercosur y negociar en el marco del bloque regional. Ese mismo Mercosur que estaba languideciendo y que tiempo después solicitarían “suspender” (Kan, 2015). Entonces, destacamos que, a pesar de las tensiones entre la clase dominante y el gobierno sobre cómo manejar la relación con Brasil y el Mercosur, existió consenso en las principales posturas sobre el ALCA. Tanto en la forma de encarar las negociaciones dentro del Mercosur, como también en la de negociar plazos para la desgravación arancelaria y exigir la quita de subsidios como se venía discutiendo en OMC.

El análisis de la Reunión Ministerial y del Foro Empresarial de principios de abril de 2001 nos evidenció un adelanto de la postura de los empresarios en torno al ALCA: no habría rechazo absoluto, pero se discutirían los términos de su implementación. Fue el adelanto de una estrategia que, sin embargo, se iría redefiniendo ante los cambios políticos regionales de comienzos de la década del 2000, sobre todo durante el período 2003-2005, cuando Economía y Cancillería estuvieran más articuladas en torno a las negociaciones externas y cuando se relanzara el Mercosur bajo el “Consenso de Buenos Aires” y se rechazara el proyecto ALCA. En este contexto, también cambió la relación entre empresarios y gobierno sobre cómo negociar la política exterior.

Referencias

Bernal Meza, R. (2008). “Argentina y Brasil en la Política Internacional: regionalismo y Mercosur (estrategias, cooperación y factores de tensión)”, en Revista Brasileira de Politica Internacional, vol. 51, n.° 2, pp. 154-178, Brasilia.

Caetano, G. (coord.) (2011). Mercosur 20 años. Montevideo: CEFIR.

Chighizola, H. (2000). “Opinión de Negociador. Argentina y el ALCA”, en
Archivos del Presente, año 6, n.° 21, julio-septiembre, Buenos Aires.

Kan, J. (2015). La integración desde arriba. Los empresarios argentinos frente al Mercosur y el ALCA. Buenos Aires: CICCUS-Imago Mundi.

Kan, J. (2020). “El impacto de la devaluación del real en Brasil y de la crisis del Mercosur de 1999 en el fraccionamiento del empresariado argentino”, en Realidad Económica, año 50, n.° 336, en bit.ly/32uy8P3.

MERCOSUR/CMC (2000). Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, reunión xxiii, junio de 2000.

Míguez, M. C. (2020). “Los factores internos de la política exterior. Hacia la profundización de un debate en las Relaciones Internacionales latinoamericanas”, en Míguez, M. C. y Morgenfeld, L. (coords.). Los condicionamientos internos de la política exterior. Entramados de las relaciones internacionales y transnacionales. Buenos Aires: Editorial Teseo.

Morgenfeld, L. (2012). Argentina y Estados Unidos. Relaciones peligrosas. Buenos Aires: Capital Intelectual.

MRECIC (2000). Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Documento sobre la nueva política exterior del Canciller Adalberto Rodríguez Giavarini.

Piva, A. (2009). “Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001”, en Bonnet, A. y Piva, A. Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad. Buenos Aires: Peña Lillo/Continente.

Salvia, S. (2012). Conflictos y alianzas de la burguesía industrial en la crisis de la convertibilidad en argentina (1998-2002). Tesis de doctorado. Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

UIA (2001b). “Suspender el MERCOSUR para asegurar su futuro”. Documento de la UIA, septiembre de 2001.

Tussie, D. (2015). “Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional: notas para el debate”, en Relaciones Internacionales, n.° 48, pp. 155-175.


  1. Este capítulo es parte de una investigación de más largo alcance publicada en Kan (2015).
  2. Al respecto, los fundamentos de la política exterior, desde que Giavarini se había hecho cargo del Ministerio, decían lo siguiente: “La PE [Política Exterior] mientras intenta profundizar las relaciones políticamente indispensables, pretende no dejar fuera a ningún país del mundo” (MRECIC, 2000).
  3. Véase Clarín, 22/04/2000, en especial la columna del periodista Oscar Raúl Cardoso: “Un recuerdo que molesta”.
  4. “El marco para anunciar este ‘relanzamiento’ de la relación fue el Palacio San Martín de la Cancillería, donde ayer al mediodía los ministros de Relaciones Exteriores y Economía enfatizaron que, a pesar de las diferencias, hay voluntad para avanzar hacia la conformación de un mercado común en el marco del Mercosur” (La Nación, 29/04/2000).
  5. “‘Excelente’ fue el calificativo que utilizaron los ministros Adalberto Rodríguez Giavarini, José Luis Machinea, Felipe Lampreia y Pedro Malán para definir el estado actual de las relaciones bilaterales. Tras un año de recesión en ambas economías y de acusaciones mutuas, uno de los negociadores dijo a La Nación que se superó una ‘situación crítica’ y opinó que ‘ahora hay un buen nivel de diálogo’” (La Nación, 29/04/2000).
  6. López Murphy duró apenas 14 días en el cargo, debido al rechazo que generó su plan de ajuste. Este consistió en un recorte muy importante de los gastos del Estado, sobre todo en los salarios docentes de educación primaria, en los presupuestos educativos universitarios y terciarios, en subsidios provinciales, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones. Además, el programa de López Murphy contemplaba el envío de una ley al congreso para privatizar el Banco Nación, la Lotería Nacional y la Casa de la Moneda y para reducir el empleo público mediante el despido de 40 mil estatales y una nueva reforma laboral. El ajuste provocó el rechazo de la UIA, de la CAME, y de las tres centrales sindicales, CGT oficial, CGT disidente y CTA, de las cuales estas dos últimas fueron las que convocaron a paros y movilizaciones en conjunto con otros movimientos sociales. El sector educativo, el más afectado por el ajuste, realizó en ese marco paros, movilizaciones y la toma de establecimientos educativos (Piva, 2009).
  7. La CACon pugnaba por un plan de inversiones estatales en infraestructura que aumentara la demanda en su mercado particular y en ocasiones priorizaba su interés particular sectorial, dejando en un segundo plano sus alineamientos con la UIA y el Grupo Productivo (Salvia, 2012: 166).
  8. El apoyo a Cavallo era tal que, como demuestra Salvia (2012), hasta empresarios que habían estado presentes cuando asumió López Murphy en el anuncio de su plan de ajuste ahora apoyaban a Cavallo y sus políticas de reactivación: “Cavallo es el último cartucho que nos queda. Es muy capaz, tiene mucha fuerza y, sobre todo, una gran cantidad de ideas, porque con el ajuste sólo no alcanza. Pero todo depende del apoyo que reciba en el Congreso. El sábado yo estaba entre los 500 empresarios que aplaudimos entusiasmados a López Murphy. Pero, evidentemente, nos equivocamos. Porque los empresarios entendemos de números, pero no manejamos la parte política. (Enrique Pescarmona, Presidente IMPSA, La Nación, 21/03/01). Cavallo es bueno, ya lo demostró entre 1991 y 1996. No sé si su nombramiento resuelve la crisis política, pero ayuda a solucionar la económica. (Cristiano Ratazzi Presidente de Fiat y de ADEFA, La Nación, 28/03/01) (Salvia, 2012: 169).
  9. Como afirma Salvia (2012: 172-173), sobre esto operaban tres aspectos de la coyuntura. En primer lugar, el fracaso del ajuste de López Murphy ponía claramente de manifiesto las dificultades políticas para continuar con medidas del mismo tipo, el ajuste era inviable políticamente. En segundo lugar, esta inviabilidad política era tal porque la fuerza de la alianza de gobierno y su capacidad de negociación habían llegado a debilitarse hasta el punto de ser ineficaces para impulsar política alguna. En tercer lugar, la incapacidad del gobierno generaba mayor volatilidad financiera, lo que retrotraía al país a una situación similar a la que hizo necesario el blindaje. Parece correcto afirmar que, para aquellos sectores empresarios menos afines al discurso productivista de Cavallo, era preferible un gobierno que llevara adelante medidas de promoción a la producción que un gobierno incapaz de implementar política alguna. La ABA ya se había pronunciado por medidas de reactivación en ocasión de la firma del blindaje, en diciembre de 2000, aunque no hubo acuerdo con la UIA en cuanto al contenido de esta demanda.
  10. En partes iguales con el dólar, de manera que 1 peso equivaliera a la suma de 0,5 dólares y 0,5 euros.
  11. Sin embargo, el proyecto de ley enviado dejaba expresamente establecido que la canasta de monedas euro-dólar entraría en vigencia una vez que el euro se apreciara hasta llegar al nivel del dólar, por lo que la convertibilidad ampliada no tenía consecuencias aún en el comercio exterior.
  12. “En el gabinete argentino, las pretensiones de Rodríguez Giavarini de negociar en bloque no son compartidas por el ministro de Economía, José Luis Machinea, quien ya aclaró que prefiere agilizar la entrada en el ALCA, la zona de libre comercio que uniría a la región desde Alaska hasta Tierra del Fuego” (La Nación, 21/02/2001).
  13. Un diplomático brasileño señalaba: “La cancillería argentina afirma que el país quiere mantener la Unión Aduanera. Sin embargo, con la división interna que existe en el gobierno argentino, no podemos esperar que haya espacio para grandes cambios en el bloque” ( Gazeta Mercantil, 20/05/2001, citado en Bernal-Meza, 2001: 83; la traducción es nuestra). Coincidimos con Bernal Meza cuando afirma que Cavallo representaba la continuidad del pensamiento de sectores que fueron dominantes bajo el menemismo y expresaba la misma “comunidad epistémica”: alianza con Estados Unidos, visión de la integración del Mercosur como un camino de liberalización comercial hacia el ALCA, percepciones críticas sobre Brasil, tanto hacia su política externa –particularmente frente a Estados Unidos, que es vista como conflictiva y distorsionadora de una necesaria comunidad de intereses hemisféricos–, como respecto a la capacidad de sus dirigencias gubernamentales para generar escenarios económicos de estabilidad y también de sectores del radicalismo (gobierno) y de la Cancillería (Bernal-Meza, 2001: 83).
  14. “El principal mensaje que dejaron los representantes de los países que conforman el bloque [fue que] quisieron dejar en claro que Mercosur y ALCA no son dos instancias incompatibles, sino que plantean el desafío de encontrar la manera para poder avanzar en la apertura de mercados” (La Nación, 3/04/2001).
  15. “Itamaraty dejó la visita en suspenso sabiendo que Cavallo era favorable a medidas contrarias al Mercosur: rebaja de aranceles, libre comercio en lugar de unión aduanera, e incluso hasta adelantar el ALCA, algo a lo que Brasil se opone de raíz por presión de su establishment empresarial. Sin ninguna una señal del gobierno argentino de que las ideas de Cavallo no se convertirían en políticas de Estado, Brasil dejó desvanecer la idea de la visita y no volvió a mencionarla. Era imposible realizar una ‘visita de trabajo’ para ajustar posiciones, si el propio gobierno argentino aún no definió internamente una postura permanente sobre su ingreso en el ALCA” (La Nación, 5/04/2001).
  16. “Cavallo no descarta un pacto con EE. UU. por fuera del ALCA” (La Nación, 6/04/2001). Sin embargo, aclaraba al mismo tiempo que “apoyaba el ingreso en la zona de libre comercio continental vía Mercosur” y que ese eventual convenio no equivalía al ALCA, en cuya negociación el Mercosur debía “actuar unido” (La Nación, 6/04/2011).
  17. “El encuentro, que reúne a 740 empresarios, comenzó ayer en el hotel Sheraton y se desarrolla en forma paralela a las discusiones intergubernamentales por el ALCA. Los ejecutivos representan a cámaras de cada país; la delegación más numerosa es la local, con 273 inscriptos. Le sigue la de los Estados Unidos, con 170 ejecutivos, y la de Brasil, con ‘apenas’ 104” (La Nación, 6/07/2001).
  18. Desde la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), se organizaron movilizaciones en San Pablo, Montevideo, Porto Alegre, entre otros lugares, que acompañaron las que tuvieron lugar en Buenos Aires los días de la minicumbre. Tanto la CGT oficial y la CGT disidente, como la CTA en conjunto con otras organizaciones de fracciones de clases subalternas como movimientos de desocupados, movimientos sociales y sectores medios se manifestaban contra la iniciativa norteamericana. Se sumaban también sectores de la pequeña burguesía como APYME. La autoconvocatoria “No al ALCA”, que integraba a diferentes sectores políticos y sociales de la región, también se expresaba contra la reunión ministerial. Al respecto de esta protesta contra el ALCA “desde abajo”, véase Kan (2016).
  19. El jefe de gabinete del gobierno argentino, Chrystian Colombo, que participaba del Foro, afirmaba la postura de mayor consenso entre diferentes sectores empresarios, que se había anunciado luego de las reuniones entre Cavallo y los ministros brasileños: “La Argentina va al ALCA de la mano del Mercosur” (La Nación, 6/04/2011).


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