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3 Políticas públicas de innovación en Argentina

Entre la retórica emprendedorista y los desafíos de la industria 4.0

Patricio Feldman

Introducción

El siglo XXI se caracteriza por el avance significativo de un conjunto de tecnologías denominadas 4.0, que, entre otros procesos, diluyen los límites entre lo físico, biológico y digital a partir de la construcción de sistemas ciberfísicos de producción, estructurados en torno a las redes de información y comunicación, y la extracción, procesamiento, generación y gestión de datos[1]. Esto sistemas se desarrollan con base en siete tecnologías específicas: a) máquinas y sistemas autónomos (robots); b) Internet de las Cosas (IoT); c) impresión 3D; d) Big Data y análisis de macro datos; e) computación en la nube; f) Inteligencia Artificial (IA); y g) Cyberseguridad (Basco, Beliz, Coatz y Garnero, 2018). El futuro del empleo, la incorporación intensiva de estas tecnologías a la gestión urbana, el desarrollo de nuevas áreas de I+D, las transformaciones en los marcos regulatorios, la problematización del uso y manipulación de los datos, y el desfasaje entre el avance científico-tecnológico y la oferta educativa, constituyen algunos de los grandes desafíos que afronta la humanidad en la tercera década del siglo XXI.

El desarrollo vertiginoso de estas tecnologías obliga a los países periféricos que disponen de cierta capacidad industrial a perfeccionar e implementar un nuevo paquete de políticas públicas dirigidas a este sector, que le permitan diseñar una estrategia de desarrollo para evitar ocupar las posiciones más frágiles en las grandes cadenas globales de valor. La tradicional distinción entre centro y periferia podría redefinirse en torno a aquellos países que logran incorporar el cambio tecnológico centrado en las tecnologías 4.0 dentro de su matriz productiva (automatizar procesos, reducir costos de infraestructura, logística y conectividad digital para incrementar la productividad, producir algunas de estas tecnologías de punta para el mercado interno, impulsar alguna rama especializada, etc.) y aquellos que continúan anclados en el paradigma viejo: industrias del siglo XX con tecnologías del siglo XXI.

En relación a los grandes cambios en la producción y los desafíos que enfrentan las sociedades en torno al uso y no uso de estas tecnologías, surgen algunas inquietudes que intentarán ser respondidas en este artículo: ¿Qué políticas públicas referidas a estos desafíos se han diseñado o implementado en Argentina? ¿Cómo abordar estos retos desde la posición de un país periférico con marcadas dificultades económicas, productivas, tecnológicas, sociales, educativas, etc.? ¿Qué rol ejerce o debería ejercer el Estado en estos procesos? ¿En qué áreas específicas se percibe el desarrollo o incorporación intensiva de estas tecnologías? ¿Existe una estrategia nacional de desarrollo de estas tecnologías?

El capítulo también analiza la evolución de las políticas públicas de innovación socio-tecnológica implementadas en Argentina a partir del cambio de gestión gubernamental ocurrido en diciembre de 2015, poniendo énfasis en los siguientes interrogantes: ¿Se trata de un estancamiento en las políticas vigentes durante la última década o de una reorientación general hacia otros objetivos? ¿Qué objetivos? ¿La nueva retórica “emprendedorista” encuentra un cauce en instrumentos, recursos y capacidades estatales concretas? ¿Qué nuevos horizontes se vislumbran?

De qué hablamos cuando hablamos de políticas de innovación

Edler y Ferberger (2017: 5) señalan que las políticas de innovación:

consiste en una variedad de políticas diferentes (e instrumentos de política pública) que han sido introducidos a lo largo de la historia, con diversas motivaciones, y utilizando una diversidad de etiquetas.

Muchas políticas que hoy se describen como “políticas de innovación”, anteriormente se denominaban como: políticas industriales, científicas, tecnológicas, etc. La elaboración de esta tipología de políticas de innovación constituye un aporte significativo al estudio de los procesos de innovación socio-tecnológica, en al menos cuatro aspectos sustanciales:

  • Especificidad. Permite explicitar recursos, instrumentos y objetivos particulares de estas políticas, lo que supone profundizar el análisis de las mismas como un campo específico de acción por parte del Estado.
  • Diferenciación. Permite clarificar la diferenciación entre las políticas de innovación como un campo específico de políticas, de otro tipo de políticas que tienen otro objeto pero que pueden tener algún impacto en los procesos de innovación (políticas industriales, de modernización del Estado, educativas, de inclusión social, etc.)
  • Rigurosidad del análisis empírico. Posibilita evidenciar lo que el Estado “efectivamente hace”, tomando en consideración lo que objetivamente “puede hacer” (es decir, analizar cómo los recursos, capacidades y objetivos específicos son puestos en práctica)
  • Capacidad para comparar. Favorece el análisis comparativo con otros casos al clarificar “qué es lo que se compara”.

La construcción de una tipología de políticas públicas de innovación socio-tecnológica responde a dos necesidades fundamentales de la investigación sobre estos procesos: a) conformar un marco general respecto a las capacidades, recursos e instrumentos con lo que cuenta el Estado para promocionar, favorecer y consolidar los procesos de innovación socio-tecnológica en el caso específico de los países periféricos; b) precisar el análisis del accionar de los gobiernos que intervienen en los procesos de innovación localizados en los territorios que se pretenden estudiar, en términos de balance de la utilización de esas capacidades, recursos e instrumentos estatales. La mejor forma de analizar la intervención del Estado en los procesos de innovación socio-tecnológica es encuadrar dicho accionar en el marco de las “capacidades concretas de acción” (“qué se puede esperar”), y comparar esas capacidades con el resultado concreto de las acciones desarrolladas (“qué se hizo”).

El “objeto” de las políticas

Antes de definir los “tipos de políticas”, resulta pertinente precisar el “objeto” de esas políticas: la innovación socio-tecnológica. Para poder avanzar en una definición, se requiere primero eludir tres preconceptos referidos a este término: a) la innovación se circunscribe a la producción de alta tecnología en entornos altamente sofisticados que explotan los últimos grandes avances científicos que suelen ubicarse normalmente en los países de alto desarrollo; b) la innovación constituye un proceso localizado en las grandes cadenas de producción y conocimiento ligado, exclusivamente, a la generación de “ideas novedosas” que pueden devenir en nuevos bienes y servicios; c) la innovación constituye una dimensión puramente económica/mercantil en la cual intervienen las grandes empresas transnacionales. En este capítulo se considera que la innovación no es un asunto exclusivo de las economías centrales (Fagerber et al., 2010) reducida al campo de la tecnología de punta (Von Tuzelman y Acha, 2004); tampoco se subsume a una dimensión puramente “creativa” prefabricada en los grandes laboratorios de investigación y las grandes empresas transnacionales, ni refiere únicamente a procesos económico/mercantiles liderados por el sector privado (Osborne y Brown, 2013).

El manual de Oslo de la OECD (2005) define la innovación como:

la introducción en el mercado de un producto o proceso nuevo o significativamente mejorado o el desarrollo de nuevas técnicas de organización y comercialización.

Schiavo et al. (2013) plantean que la innovación consiste en la transformación de una idea en producto, servicio o proceso, nuevo o mejorado, cuya aplicación o introducción en el mercado genera valor adicional. Este valor puede ser económico, socioambiental, político, etc.; y se da en diferentes casos. Puede tratarse de la introducción de un producto nuevo o de un cambio cualitativo en un producto existente. Finquelievich y Feldman (2015: 4) señalan:

en el nuevo sistema de innovación que posibilitan las TIC, su validación, si bien no excluye al mercado, implica a otros sectores de la sociedad, como son el espacio científico-tecnológico, el gubernamental y la propia sociedad civil.

Finquelievich (2012) considera innovación al proceso que lleva a la difusión de un nuevo producto o procedimiento (ya sea éste tecnológico, organizacional o de difusión) o a su mejora significativa, así como a su apropiación por diversos actores sociales.

Los procesos a que dan origen a las innovaciones son extremadamente complejos, y están relacionados con la emergencia y difusión de conocimientos, así como con su materialización en nuevos productos y procesos de producción (Edquist, 1997: 1, citado por Casas, 2001). Finquelievich, Feldman y Fischnaller (2014: 242) señalan:

El proceso innovador no es unidireccional: es cíclico, no lineal, provocado por variadas causas y productor de múltiples y diversos efectos”. Más adelante, agregan: “La innovación se relaciona con el conjunto de acciones necesarias para transformar una situación particular, que incluyen entre otros nuevos bienes y servicios, el rediseño o reingeniería de los procesos existentes, y el desarrollo de nuevas capacidades en las personas, ya que toda innovación supone una nueva competencia.

Este proceso necesariamente incluye una diversidad de factores (sociales, culturales, políticos, etc.) que exceden lo meramente económico. Morin (2001), citado por Rodríguez Herrera y Ugarte (2008), señala que las condiciones socioculturales de la innovación pueden ser positivas al prescribir “lo que hay que pensar y conocer”, o pueden ser negativas al excluir normativamente “lo que no se puede concebir ni hacer”.

Por lo tanto, el “objeto” de las políticas remite a los procesos sociales que o bien dan origen a nuevos bienes o servicios que se introducen en el mercado, o implican una mejora de los existentes, o remiten a nuevos usos sociales de los mismos, que permiten añadir valor o simplemente, como expresa Mulgan (2010), se trata de “nuevas ideas que funcionan”, y se vinculan tanto con aspectos meramente económicos (mejora de la productividad y competitividad) como sociales, ambientales, políticos, culturales, etc.

Los “tipos de políticas”

Tal como señalan Edler y Ferberger (2017), se pueden considerar tres “tipos de políticas” que han guiado, a lo largo del tiempo, los esfuerzos estatales para impulsar, promover, facilitar y consolidar la innovación, a pesar de no haber sido identificados, en todos los casos, como “políticas de innovación”:

  • Políticas orientadas a un objetivo (“Mission-oriented policies”): se trata de la búsqueda de soluciones dirigidas a un objetivo concreto que forma parte de la agenda política. En este caso, los esfuerzos no se concentran únicamente en la etapa de la “invención”, sino también en su implementación y difusión social. Han sido aplicadas durante años sin referir explícitamente al término “políticas de innovación”. Un ejemplo: Internet.
  • Políticas orientadas a la invención (“Invention-oriented policies”): se trata de políticas propias de un enfoque acotado, en el sentido que se concentran en la fase de I+D dirigida a la “invención”, relegando al mercado la función de diseminación y difusión. Estas políticas fueron hegemónicas en muchos países desde fines de la segunda guerra mundial, con mayor énfasis en la década del sesenta, en la cual se crearon muchas agencias públicas de investigación de diverso tipo. Un ejemplo: muchas de las políticas que se consideran de “CyT” (inversión en I+D, por ejemplo) pero que hoy se incluyen dentro del abanico de “políticas de innovación”.
  • Políticas orientadas al Sistema (“System-oriented policies”): refiere a políticas sistémicas, de mayor actualidad, vinculadas al grado de interacción entre los diversos nodos del sistema, el mejoramiento de ciertos componentes vitales del sistema, o las capacidades de los actores que forman parte. Estas políticas se refuerzan a partir de la década de los noventa, cuando cobran relevancia los “sistemas nacionales de innovación” y organismos como la OECD comienzan a diagramar modelos de políticas ajustadas a estos modelos. Un ejemplo: la formación de clústeres tecnológicos impulsados por el Estado.

Frente a la clasificación de Edler y Fagerberg (2017), se proponen dos “tipos de políticas” más de elaboración propia:

  • Políticas orientadas al desarrollo: su búsqueda principal remite a encauzar las políticas de CyT e innovación productiva con las estrategias de desarrollo económico, social, humano y territorial. Este “paquete” de políticas consideran a las comunidades como actores centrales en el diseño de las políticas de innovación, y sostienen que estas deben estar orientadas a resolver problemáticas locales. Un ejemplo: la promoción de capacidades tecnológicas del sector de la economía social y popular, o la generación de espacios urbanos abiertos de innovación social.
  • Políticas orientadas al emprendedorismo: están dirigidas al sector privado emprendedor; forman parte del enfoque acotado que considera al mercado como el actor principal de la innovación. Se diferencian de las “políticas orientadas a la invención” en tanto no remiten a la I+D en las fases de “invención”, sino a un paquete de medidas dirigidas a promover la formación y consolidación de nuevas empresas, sobre la base de aprovechar el “potencial” creativo y las tecnologías de información y comunicación. Un ejemplo: la formación de incubadoras públicas, o líneas de financiamiento específicas para emprendedores.

El objetivo de este capítulo es utilizar la construcción de una tipología de políticas públicas de innovación como marco analítico general para analizar las políticas implementadas a partir del 2004, considerando al año 2016 como un periodo de quiebre respecto a las políticas hegemónicas durante el periodo neodesarrollista (2004-2016). No se evidencia, al menos todavía, un proceso de cambio radical con una dirección bien definida. No se trata de que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo de morir, sino que no se conoce verdaderamente “qué es lo nuevo”.

Políticas públicas de innovación en Argentina entre los años 2004-2016

Políticas orientadas a la invención: eje estructural del periodo neodesarrollista[2]

De acuerdo a la tipología mencionada, las políticas públicas dirigidas a promover, fortalecer, e incrementar las capacidades del sistema de Ciencia y Técnica se encuadran dentro de las “políticas orientadas a la invención”. A partir del año 2004, comenzó un camino gradual de incremento significativo de la inversión pública en I+D y una política general de robustecimiento del sistema científico-tecnológico nacional, que había sido seriamente dañado por las políticas neoliberales de los años noventa. Se pueden mencionar cuatro aspectos que permiten sostener esta afirmación:

  • La inversión en I+D como porcentaje del PBI creció significativamente. En el año 2004, la inversión en I+D constituía el 0,4% del PBI. En el año 2015, este porcentaje trepó al 0,6% del PBI (MINCYT, 2013 y 2015)[3]. Se destaca el peso de la participación estatal dentro de ese porcentaje: en año 2013, un 76% de la inversión en I+D corresponde al sector público. Si bien esta característica constituye una debilidad del sistema nacional de innovación, en tanto resulta necesario incrementar la participación del sector privado, evidencia la relevancia y dependencia que tiene el sistema de CyT respecto al financiamiento estatal.
  • Se incrementó la cantidad de becarios, personal de apoyo, e investigadores, tanto en el CONICET como en las universidades públicas nacionales. Para poder analizar el crecimiento en términos cuantitativos y cualitativos, se pueden utilizar un indicador: cantidad de investigadores de jornada completa por cada 1000 trabajadores de la Población Económicamente Activa (PEA). En relación a este indicador, los datos resultan elocuentes. La cantidad de investigadores y tecnólogos por cada 1000 integrantes de la PEA (expresado en EJC) paso de 1,70 en 2004 a 2,7 en 2009 (Plan Argentina Innovadora 2020). En términos absolutos, pasó de 29.471 investigadores en 2004 a 43.717 en 2009. Al extender el análisis a becarios, los números arrojan un resultado de mayor crecimiento aún. Considerando becarios e investigadores, el incremento entre 2003 y 2008 supera el 46%: casi se ha duplicado la cantidad. Si se toman en consideración la cantidad de becarios, el incremento es del 80%. En el año 2015, se da una merma que implica una reducción de 1430 investigadores, pasando de 83.887 en 2014 a 82.407 en 2015 (MINCYT, 2015). Se trata de una reducción en un contexto de crecimiento gradual y sostenido.
  • Aumentó el gasto por investigador, es decir los recursos destinados a financiar la investigación. En este caso, no se trata sólo de analizar el incremento del número de investigadores y becarios, sino también de los recursos con los que cuenta cada uno de ellos para desarrollar su tarea. En el año 2003 el gasto era de 35.424 dólares por investigador por año. En el año 2013, se incrementó a 77.163. Vale aclarar que la comparación se realiza considerando dólares a precio constante. En el año 2014, el monto trepó a los 110.011 dólares por investigador por año (MINCYT, 2014).
  • En el año 2007 se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), lo que significó un hito en la institucionalidad científica: que la política de CyT obtenga el rango de ministerio le otorgaba mayor jerarquía política y económica. Además de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), en el año 2013, el propio ministerio lanzó el Plan Argentina Innovadora 2020 que establece los lineamientos de la política científica, tecnológica y de innovación a seguir por el país. El Plan define líneas estratégicas correspondientes a la inversión en I+D, el rol del sector privado en el financiamiento de esa inversión, la cantidad de investigadores, becarios, y tecnólogos, y la expansión geográfica de la CyT. De cara al 2020, el Plan estipula reglas de acción para lograr que la inversión en I+D como % del PBI supere el 1,5% en el 2020; una participación del sector privado cercana al 50% en el 2020; 5 investigadores, becarios y tecnólogos cada 1000 habitantes de la PEA para el 2020, y un 37% de inversión en I+D ejecutado en provincias distintas a la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe para el 2020 (Plan Argentina Innovadora 2020)

El caso INVAP: ¿políticas orientadas a una “misión”?

Dentro del campo específico de los tipos de políticas de innovación, el caso de INVAP bien puede caracterizarse como un ejemplo claro de “políticas orientadas a una misión”. Vale la pena mencionar tres aspectos que permiten sostener este argumento:

  1. Se trata de una empresa estatal[4] orientada a producir bienes y servicios de alto valor agregado, intensivos en conocimiento, con un componente científico-tecnológico muy elevado, destinada a producir para el Estado y exportar a otros países (India, Argelia, Venezuela, Australia, etc.) que se ha especializado en áreas bien definidas, orientadas al desarrollo nacional: energía nuclear (reactores, plantas, etc.), tecnología espacial (satélites[18]), gobierno y defensa (radares, sistemas de control fiscal, etc.), energías alternativas (turbinas eólicas, plantas de inyección de vapor, etc.), TICs y servicios tecnológicos (televisión digital terrestre, sistemas médicos, etc.);
  2. Permitió crear una red extensa de proveedores y Pymes industriales orientadas al desarrollo de estos productos tecnológicos intensivos en conocimiento, lo que constituye en la práctica un ejemplo de política de innovación vía “inyección de demanda” orientada a un objetivo concreto (desarrollo de la industria aeroespacial);
  3. Conformó una red de conocimiento entre distintos organismos estatales, organismos de CyT y diversos actores socio-institucionales: La Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina (CNEA), Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), Dirección General de Fabricaciones Militares, Fuerza Aérea Argentina, Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), CONICET; Ministerio de Defensa, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (ITEFA), entre otros.

Para tomar conciencia de la importancia de INVAP y su principal emergente (ARSAT S.A), vale mencionar las capacidades científico-tecnológicas involucradas: la inversión en I+D dedicada a la “exploración y explotación del espacio” rondó los 150 millones de dólares en 2013, considerando más de mil investigadores y becarios y más de 300 proyectos de investigación en torno a esta actividad (MINCYT, 2015; López, Pascuini, y Ramos, 2019). Estos datos ponen de manifiesto la importancia del sistema de CyT en la promoción y fortalecimiento del desarrollo tecnológico de un país, y más aún para el caso de una economía periférica como la argentina, en la cual sólo es posible impulsar una rama tecnológica como ésta a partir de una fuerte participación del Estado.

Es necesario mencionar algunos impactos de INVAP en términos de desarrollo socio-económico, productivo y tecnológico. En primer lugar, se destaca la formación de un “ecosistema” de actores de la “economía del espacio”, en torno al cual giran instituciones del conocimiento, Pymes, proveedores públicos y privados, y algunos proyectos incubados a partir de la propia actividad espacial (Satellogic, por ejemplo[5]). Este ecosistema se explica a partir del proceso de “derrame” virtuoso que genera INVAP que asume la forma de “encadenamientos”. Desde INVAP y ARSAT, se despliega una red de proveedores que incluye desde instituciones del sistema de CyT hasta una extensa cantidad de Pymes, distribuida geográficamente en las Provincias de Neuquén y Río Negro (45%), la Provincia de Buenos Aires y CABA (34,5%), la Provincia de Córdoba (17%) y Santa Fe (3%) (López, Pascuini, y Ramos, 2019).

Además de la red de proveedores, se destacan dos programas específicos implementados por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) y el Ministerio de Producción y Trabajo: Proyectos Estratégicos y el Programa de Desarrollo de Proveedores. En el primer caso, el objetivo es financiar consorcios público-privados dirigidos a incentivar la I+D en sectores estratégicos como lo es la industria aeroespacial. La ayuda se da bajo la forma de préstamo no reembolsable y puede alcanzar hasta los seis millones de dólares. En el segundo caso, se trata de favorecer la compra de servicios vinculados al sector aeroespacial argentino mediante la iniciativa: “Compre Argentino”. La prioridad frente a la oferta de productos y servicios del sector, la tiene la industria nacional. Ambas iniciativas permanecen vigentes y evidencian la importancia de la intervención del Estado para promover, desarrollar y fortalecer a la industria aeroespacial del país (López et al, 2019).

¿Qué cambió a partir de 2016?

Cambios, continuidades y ¿nuevos horizontes?

El cambio de gestión gubernamental a nivel nacional, ocurrido en 2015, implicó no sólo de un cambio de gobierno, sino de un cambio de etapa política: el reemplazo de un proyecto al que se puede calificar de neodesarrollista-populista por uno de signo neoliberal[6]. Esto quiere decir que no se trató simplemente de un cambio de mando presidencial, sino, fundamentalmente, un cambio de rumbo político, económico, social, etc. En este contexto, las políticas de innovación socio-tecnológica quedan subsumidas en una dinámica general de “tire y afloje”, transversal a todas las áreas de gobierno. El Estado y sus instituciones constituyen una arena de conflicto, en la cual se cristalizan las relaciones sociales y los proyectos políticos en pugna. Por lo tanto, las definiciones de política pública difícilmente puedan ajustarse a una directriz lineal y unidireccional, sino que responden a esta dinámica general de conflicto permanente y relaciones de fuerza entre sectores sociales que a veces se institucionaliza a través de partidos políticos. Esto significa que si bien desde el gobierno se intentó reducir notablemente el presupuesto destinado al sector de CyT en un marco general de políticas de austeridad fiscal, se registró un fuerte rechazo y un proceso abierto de resistencia por parte de la comunidad científica que impidió, en algunos casos, que tal ajuste se llevará a cabo.

En el plano de la continuidad, entendida como consecuencia de este proceso general de avance y retroceso, se pueden mencionar tres pilares de las políticas de innovación socio-tecnológica que permanecen aún vigentes: a) El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), Lino Barañao, continúo ejerciendo sus funciones (a pesar de que su rango de ministro se degradó a secretario); b) El Plan Argentina Innovadora 2020 no fue formalmente eliminado ni remplazado aún por otro, más allá de que existan claros indicios de que esto va a suceder en 2019[7]; c) El presupuesto para las universidades e instituciones del conocimiento, así como para el sistema nacional de CyT no fue brutalmente recortado en un inicio de gobierno (2016-2017). Esto no quiere decir que estos “sostenes” de la política de innovación, implementada anteriormente, justifican la vigencia plena de las mismas. Se puede afirmar que no hubo una destrucción radical de lo “vigente” pero si un claro deterioro que se profundizó en los últimos dos años (2018-2019).

Este deterioro viene marcado, fundamentalmente, por cuatros procesos coexistentes que afectan seriamente a las políticas orientadas a la invención (eje central de las políticas de innovación del ciclo político anterior):

  1. Un fuerte ajuste presupuestario que afecta al conjunto del sistema de CyT, que se agudizó a partir del 2018 y se registra en el presupuesto estipulado para el 2019. Tomando en consideración el Índice de Precios Implícitos (IPC), el presupuesto para el sector de CyT del año 2019 resulta un 30% inferior al presupuesto del 2015. Si a ese deterioro general, se le suma los datos desagregados, el ajuste resulta brutal en algunos organismos: un 66,2% menos para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), un 58,8% para el ex MINCYT, y 38,7% para el caso del INTI, entre otros ejemplos[8].
  2. Una des-jerarquización del sistema de CyT, cuyo síntoma principal se vincula con el paso del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) a Secretaría, pero que también obedece a la relativización de los lineamos establecidos en el Plan Argentina Innovadora 2020 (aumento de la cantidad de investigadores, incremento de la inversión en I+D como porcentaje del PBI, etc.). A modo de ejemplo, el Plan Argentina Innovadora 2020 establecía que para el año 2017, debían ingresar 1100 investigadores al CONICET, y terminaron ingresando 600, un número inferior al año 2015, en el cual ingresaron 899[9].
  3. La megadevaluación del peso argentino en 2018 que generó un incremento muy significativo de la inflación y consecuente caída del poder adquisitivo de conjunto de los trabajadores de la ciencia, así como un incremento de los costos de muchas investigaciones que utilizan insumos importados. La caída del poder adquisitivo de los becarios e investigadores, en el año 2018, se calcula en torno al 18% y 25%. Para el año 2019, muchos institutos y centros de investigación dependientes del CONICET señalan que no saben si van a poder continuar funcionando debido al presupuesto asignado en relación a la inflación que supera ampliamente el 40%[10]. El peso argentino se devaluó un 50,6% en el año 2018 y lideró el ranking de monedas en el mundo que más valor perdió en relación al dólar[11]. El traslado de este incremento a los costos de numerosas investigaciones que utilizan insumos importados resulta inmediato e imposibilita continuar algunas líneas de investigación.
  4. Un contexto macroeconómico de mucha inestabilidad (recesión, caída del consumo, alta inflación, desempleo, etc.) y un fuerte endeudamiento externo que condiciona las proyecciones futuras de desarrollo del sector de CyT. La deuda externa ya alcanzó el 95,4% del PBI, un monto aproximado de U$S 307.656 millones[12]. Las ventas minoristas alcanzaron una caída anual del 6.9%[13], y la industria cayó un 5%[14]. La economía en este periodo afrontó un proceso de recesión, dado que se registraron tres trimestres de baja consecutiva del PBI[15].

Además del claro deterioro en las políticas públicas implementadas en los últimos años, se perciben algunos cambios que vale la pena resaltar:

  • Una impronta marcada hacia las políticas orientadas al emprendedorismo como el eje estructural de las políticas de innovación. En este caso, se evidencia un enfoque general que asocia la innovación con la creación de nuevas empresas de tecnología o el fortalecimiento de las existentes, razón por la cual el Estado debe acompañar y eliminar todo tipo de trabas impositivas y burocráticas que pueden funcionar como obstáculo para el crecimiento de las mismas. La Ley de Emprendedores[16] y el proyecto de Ley para la Economía del Conocimiento[17], constituyen algunos ejemplos.
  • Una apuesta muy marcada al impulso de la formación de capacidades y conocimientos por fuera de los ámbitos científico-académicos. Los “clubes sociales de innovación[18], una iniciativa de la Provincia de Buenos Aires, constituye un ejemplo. Si bien se presentan como programas que buscan abrir espacios de innovación para potenciar el trabajo colaborativo en áreas como robótica, videojuegos, artes digitales, etc. Al explorar con mayor detenimiento estas iniciativas, se identifica que no se trata precisamente de espacios de innovación abierta sino más bien espacios de formación de competencias digitales. Este tipo de programas evidencian una perspectiva más profunda respecto a la formación de recursos humanos para el sector tecnológico. A diferencia del periodo anterior, el eje no se encuentra puesto en la formación de capacidades en el sector de CyT, sino en la conformación de una oferta formación extendida a otros sectores sociales, a través de modalidades de corta duración (pequeños cursos). Se puede mencionar otras iniciativas como el Plan 111 mil[19] que actúan en la misma dirección. Detrás de nobles intenciones, se pueden desplegar algunas maniobras que buscan generar una oferta de mano de obra precarizada para el sector tecnológico.
  • Algunos sesgos marcados hacia la necesidad de fortalecer las infraestructuras tecnológicas. Se asume que muchos de los problemas asociados a la competitividad de las empresas de tecnología refieren a los altos costos vinculados a la logística e infraestructura tecnológica: conectividad, energía, etc. En el documento “Bases para la Agenda Digital 2030”, se establece como eje estratégico la infraestructura tecnológica. Para alcanzar este objetivo, se propone impulsar iniciativas de alianza entre capitales públicos y privados que permitan sostener las inversiones. A diferencia del plan Argentina Conectada, en este caso se lanzó el plan Federal de Internet[20] en el cual se busca garantizar el acceso a Internet a través de ARSAT. Sin embargo, en la práctica este programa sólo garantiza conexión a Internet para algunas dependencias estatales como escuelas, hospitales, comisarías, etc., en algunas localidades del país. Es decir, el cambio no se vislumbra tanto en las políticas implementadas, sino en el discurso centrado en las inversiones del sector privado como herramienta fundamental para mejorar las infraestructuras tecnológicas.

La nueva retórica emprendedorista

Como se ha señalado, a partir del cambio de gestión gubernamental en el año 2015, se puede sostener que si bien no se registró un viraje radical en las políticas de innovación socio-tecnológica, se evidencia una clara manifestación hacia un tipo particular de “políticas”: aquellas orientadas al emprendedorismo. Este movimiento se desarrolla bajo la modalidad de impulso “retórico”, lo que implica que no necesariamente se esté implementando un conjunto novedoso y robusto de herramientas de política pública cuyo objetivo refiere a favorecer al emprendedorismo, sino que se apuesta a consolidar un discurso pro-emprendedor que baja desde las altas esferas del gobierno hasta la sociedad civil. Este discurso pro-emprendedor se asienta sobre la base de una ideología emprendedorista de tipo “meritocrático” anclada en cuatro ideas-fuerza:

  • Revisionismo histórico. Se reconoce una raíz histórica e idiosincrática que sostiene que los inmigrantes europeos o incluso los líderes de la independencia fueron “grandes emprendedores”.
  • Meritocracia patriótica. El emprendedorismo constituye un proceso que surge del talento y conocimiento de ciertos individuos que contribuyen al bienestar general de la sociedad por mérito propio. El emprendedor es ante todo, un talentoso patriota.
  • Emprendedorismo como estrategia de innovación. En consonancia con el planteo original de Joseph Schumpeter, el sujeto emprendedor es el principal actor del cambio tecnológico. El emprendedor es ante todo, agente de la innovación.
  • Emprendedorismo como modelo de desarrollo. Se realiza un cruce lineal entre emprendedorismo y desarrollo, en el cual no hay posibilidad de avanzar en el desarrollo económico, social y tecnológico sin fortalecer al sector emprendedor. El emprendedor es ante todo, agente del desarrollo.

Si bien existen algunas iniciativas puntuales, como La Ley de Emprendedores que tienden a reducir los trámites burocráticos o reducir algunos impuestos (Tu Empresa en un día, por ejemplo) y en el documento que sienta las bases para el Plan Argentina Innovadora 2030[21] se incluye la promoción del emprendedorismo de base tecnológica como un eje estructural de las políticas de innovación, lo cierto es que resulta insuficiente para sostener que se trata de una nueva reorientación de las políticas de innovación socio-tecnológica, lo que podría implicar, por ejemplo, el impulso e implementación de nuevas herramientas, recursos, e instituciones al servicio específico de este sector.

La visión subyacente es que si bien para el Estado el sector emprendedor constituye el principal actor de la innovación. Se considera que es el mercado el agente dinamizador del mismo. El Estado, en todo caso, debe enfocarse en garantizar las condiciones normativas para que la innovación emerja del sector privado, lo que en la práctica se traduce en eliminar trabas impositivas, burocráticas, etc. Esta perspectiva refleja una posición pasiva del Estado frente a los procesos de innovación tecnológica que sin dudas revela un cambio considerable respecto a la gestión gubernamental anterior.

Algunos efectos del estancamiento

El estancamiento en las políticas de innovación genera, al menos, tres impactos significativos:

  • Sobre las instituciones del conocimiento y la investigación básica y aplicada. En el campo de las políticas orientadas a la invención, la merma presupuestaria afecta seriamente la continuidad de las investigaciones y el impacto socio-productivo que pudieran generar. Además, la pérdida de poder adquisitivo del salario del personal científico y la reducción sustancial de los ingresos a carrera del investigador científico en organismos como el CONICET pueden contribuir a generar un proceso de fuga de cerebros.
  • Sobre las redes multiactorales de innovación. El impacto negativo sobre universidades y centros de investigación, así como también sobre los gobiernos locales, perjudica la institucionalización de estas redes y su fortalecimiento en el largo plazo, afectando seriamente al Sistema Nacional de Innovación. En muchos casos, la apuesta a promover nuevos emprendimientos tecnológicos desconoce los ya existentes.
  • Sobre el sector productivo pionero de la innovación en tecnología de punta (caso INVAP, por ejemplo) al reducir o eliminar el sistema de incentivos y la demanda de bienes intensivos en conocimiento como los satélites ARSAT III. La reducción del apoyo estatal no necesariamente condena a la desaparición de este tipo de proyectos de desarrollo tecnológico, pero perjudica notoriamente la posibilidad de vincular su actividad con una estrategia general de soberanía tecnológica y desarrollo socio-productivo. La producción de tecnología de punta desencadena a veces, toda una red de Pymes encargadas de suministrar algunos insumos para la producción. Se podría decir que se trata de un efecto de “derrame inducido”. Este proceso puede verse dañado si la participación activa del Estado se reduce.

En relación a los desafíos de la industria 4.0, vale mencionar tres condicionamientos específicos al desarrollo de este sector en Argentina que se generan como consecuencia del estancamiento mencionado:

  • El estancamiento en la I+D y la crisis en el sector productivo industrial afecta negativamente la posibilidad de incorporar las tecnologías 4.0 de forma intensiva. Si bien la apertura de mercados y un tipo de cambio competitivo, puede favorecer a algunos sectores, a nivel macro, resulta muy difícil atraer inversiones y generar sinergias en un contexto de crisis económica, caída del consumo y niveles muy elevados de inflación. La poca tradición de inversión en I+D del sector privado no ofrece esperanzas de compensar la reducción significativa del gasto por parte del Estado.
  • La inestabilidad cambiaria, económica y política. El alto grado de vulnerabilidad externa, el alto nivel de endeudamiento, y las pocas certezas respecto a quién va a ocupar el mando de la presidencia en el 2019, conspira seriamente con las posibilidades de atraer inversiones en sectores intensivos en conocimiento, y muchos menos proyectar nuevas inversiones de las empresas que se encuentran operando en el país.
  • El alto costo del financiamiento, producto de una elevada tasa de interés, constituye un obstáculo para las Pymes que desean invertir en incorporar tecnología a los procesos productivos o incursionar en alguna rama específica de las tecnologías 4.0. Las líneas específicas de financiamiento al emprendedorismo resultan insuficientes para el impulso estratégico de este sector.

Los nuevos desafíos del siglo XXI

El siglo XXI se caracteriza por el avance significativo de las tecnologías 4.0 que generan la necesidad de afrontar nuevos desafíos, referidos a:

  1. La gestión urbana. De qué modo las tecnologías 4.0 modifican la fisonomía de las ciudades y contribuyen a mejorar la movilidad urbana, el acceso a la vivienda, la gestión de residuos, la resolución de determinadas problemáticas socioambientales, etc. Una visión crítica y reflexiva en torno al modelo de “Smart City” resulta necesaria para evitar replicar experiencias descontextualizadas y profundizar un enfoque centrado en los actores sociales del territorio.
  2. El futuro del empleo. El avance de la robotización de los procesos productivos y el desarrollo de algoritmos cada vez más complejos, ponen de manifiesto la necesidad de discutir qué tipo de empleos se van a crear en el futuro y cómo afrontar el desafío de evitar que se reproduzca una polarización social en torno al mercado de trabajo: ¿Es necesario garantizar un ingreso universal para los miles de trabajadores sin capacidad de “empleabilidad”? ¿Qué nuevos empleos se van a generar? ¿Quiénes estarán en condiciones de acceder a ellos? ¿El reemplazo de los trabajadores humanos por algoritmos sólo impacta en los sectores de trabajo manual rutinario? ¿Estamos frente al fin del trabajo, tal como lo conocemos hoy? ¿Se trata de un fenómeno propio de las economías centrales?
  3. La defensa de los derechos humanos y la democracia frente al peligro de la manipulación y el uso del Big Data. La utilización, gestión y procesamiento de información por parte de algunas corporaciones y también gobiernos, pone de manifiesto una discusión respecto a los límites éticos y políticos de las tecnologías 4.0: ¿Está en jaque el respeto a la libertad de información? ¿Cómo generar nuevos marcos regulatorios para el uso y procesamiento de datos? ¿Qué datos requieren máxima protección? ¿Cómo proteger esos datos? ¿Estamos condenados al datacentrismo?
  4. El sector productivo. La incorporación intensiva de estas tecnologías al aparato productivo puede asumir dos mecanismos: a) desarrollo particular de alguna rama tecnológica (biotecnología, biomedicina, nanotecnología, Inteligencia Artificial, etc.); b) incorporación activa de estas tecnologías a la producción (robotización, Internet de las Cosas, Impresiones 3D, etc.). El desarrollo de la industria 4.0 repercute de forma transversal a toda la actividad económica y permite mejorar la posición que ocupa al país dentro de las grandes cadenas globales de valor: ¿Qué industrias son proclives a incorporar de forma intensiva estas tecnologías? ¿Qué sectores productivos estratégicos se pueden impulsar? ¿Cómo? ¿En qué situación se encuentra la industria argentina en relación a estas tecnologías? ¿Cómo se reduce la brecha de productividad entre las economías desarrolladas y las emergentes?
  5. Nuevas líneas de I+D. Dentro del conjunto de las tecnologías 4.0: ¿Cuales resultan estratégicas para el desarrollo nacional? ¿Se requiere detectar nichos de innovación? ¿Qué rol desempeña la investigación básica y aplicada? ¿Cómo integrar el conocimiento científico al aparato productivo?
  6. La relación entre el avance tecnológico y el sistema educativo. Se percibe un claro desfase entre el sistema de educación y el grado y velocidad del avance científico-tecnológico. La imposibilidad de revertir esta desincronización puede afectar seriamente las capacidades de desarrollo humano, social, económico y territorial. Y más aún puede acelerar y profundizar las desigualdades existentes: ¿Cómo se revierte este proceso? ¿Existen iniciativas concretas que buscan mitigar estos impactos? ¿Cómo desarrollar nuevas habilidades y capacidades relativas a las tecnologías 4.0? ¿Cómo generar los cambios en el sistema educativo que permitan el acceso a estos conocimientos por parte de los sectores sociales más postergados?

En torno a estos desafíos, surgen algunos interrogantes: ¿Qué políticas públicas se han diseñado o implementado en referencia a estos desafíos? ¿Cómo abordar estos desafíos desde la posición de un país periférico con marcadas dificultades económicas, productivas, tecnológicas, sociales, educativas, etc.? ¿Qué rol ejerce el Estado en estos procesos? ¿En qué áreas específicas se percibe el desarrollo o incorporación intensiva de estas tecnologías?

¿Definición de Agenda o Agenda de definiciones?

La definición de Agenda puede interpretarse de dos formas distintas: a) instalar un tema en la opinión pública; b) adoptar e implementar un paquete de medidas de política públicas respecto a una cuestión socialmente problematizada. Respecto a las tecnologías 4.0, se percibe por parte de la gestión gubernamental actual una maniobra asociada a la instalación en la opinión pública de una visión de “modernización permanente”. No se evidencian suficientes elementos para sostener que existe un interés real en impulsar una batería de políticas tendientes a fomentar el desarrollo de la industria 4.0. Por el momento, se percibe una declaración de intenciones en el marco general de un discurso tecno-utópico[22].

Implementar una agenda de definiciones, significa, por el contrario, elaborar por parte del Estado una estrategia nacional de desarrollo en torno a estas tecnologías que ponga en consideración algunos de los siguientes aspectos:

  • Soberanía tecnológica o neo-extractivismo 4.0. El camino de la soberanía tecnológica implica, por ejemplo, continuar las políticas orientadas a promover, impulsar y fortalecer la industria aeroespacial. Para tal fin, el uso de Big Data puede ser un gran aporte en términos de clasificar, generar, gestionar y procesar datos estratégicos para el desarrollo del país: “mapa de ambientes”[23] por ejemplo para el caso de la actividad primaria. El neo-extractivismo va dirigido hacía la extracción y procesamiento de datos con fines meramente comerciales.
  • Economía de enclave o apuesta al desarrollo tecnológico nacional. Si los datos son la nueva commodity mundial, el país se enfrenta a dos escenarios: o se transforma en una economía de enclave dedicada a la exportación de datos, o por el contrario, apuesta a la generación de tecnología para el desarrollo nacional. Transformarse en una economía de enclave implica también la incorporación de tecnologías 4.0 al sector extractivista vigente (minería, agronegocio, etc.). Por lo tanto, una definición relevante se vincula con continuar apostando al desarrollo productivo extractivista o profundizar una vía alternativa referida al desarrollo de otros sectores productivos: software y servicios informáticos, economía del espacio, etc.
  • Robustecer el sistema de CyT o impulsar el emprendedorismo meritocrático. Frente a la necesidad de impulsar el desarrollo de las tecnologías 4.0, se pueden abordar dos caminos distintos: o se decide fortalecer e incrementar las capacidades científico-tecnológicas, a partir de un sistema de CyT sólido y estable, o, por el contrario, se decide promover el emprendedorismo bajo la modalidad meritocrática, es decir, favorecer el desarrollo de los emprendedores cuyo talento individual permite impulsar proyectos de desarrollo tecnológico. La Ley de Economía del Conocimiento[24] es un ejemplo de la segunda opción, en tanto pone el foco en los “costos” de producción antes que en el desarrollo del conocimiento y los distintos mecanismos de transferencia al sector productivo.

¿Supermercado del mundo o industria 4.0?

En el año 2017, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó: “Argentina debe ser el supermercado del mundo[25]”. Esta frase no es casual. Revela los pilares del programa económico en curso. Este planteo explicita tres premisas evidentes:

  • Revela la existencia de dos estrategias distintas y antagónicas. Por un lado, se trata de apostar a agregar valor a la producción primaria. Esta es la posición que defiende el presidente y que pone en práctica su modelo económico: mejorar la competitividad del campo para expandir las exportaciones de alimentos. Por otro lado, se trata de apostar al desarrollo de la industria a través del uso de determinadas herramientas de política económica: control del comercio exterior, reducción de trabas impositivas, fomento al consumo, apertura de mercados, etc. Existe, al menos, una tensión evidente entre abrir las importaciones, subir las tarifas, contraer el consumo, y al mismo tiempo, pretender fomentar el desarrollo de la industria 4.0.
  • Evidencia la incapacidad de comprender el contexto particular del país. Como bien señalan Daniel Schteingart y Diego Coatz (2015), la estrategia de agregar valor al campo como motor de desarrollo (estrategia que han seguido países como Australia, Nueva Zelanda e incluso Noruega[26]) encuentra una dificultad importante para el caso argentino: deja afuera a la mitad de la población. La actividad industrial no sólo genera trabajo, sino que además se trata, en la mayoría de los casos, de trabajo registrado y en algunas ramas específicas, implica salarios medios y altos. Las Pymes industriales son los grandes generadores de empleo, y no resulta claro que los empleos que se pierden en este sector, pueden ser fácilmente absorbidos por otros sectores productivos, menos aún por la actividad primaria.
  • Pone de manifiesto una visión general sobre la economía en la cual, los sectores productivos a los que vale la pena apostar se vinculan con la “economía del conocimiento”: servicios, software, industrias audiovisuales, etc. Una idea muy instalada que señala la industria nacional distorsiona precios, resulta poco competitiva, y encarece muchos los procesos productivos. Este enfoque termina siendo favorable a la desindustrialización.

La posibilidad de impulsar el desarrollo de la industria 4.0 supone, en primer lugar, no destruir el entramado productivo industrial existente, y en segundo lugar, plantear con claridad cuáles son los sectores productivos que pueden incorporar conocimiento de forma intensiva. Para lograr este objetivo, se requieren, al menos, incentivar tres procesos complementarios:

  • Fomentar el cambio tecnológico del sector industrial, con énfasis en el sector Pyme, a través del impulso de mecanismos de transferencia tecnológica y de conocimiento entre el sector productivo industrial y las instituciones del conocimiento. En este caso, se trata de generar nuevas capacidades.
  • Generar incentivos focalizados en sectores como la biotecnología, nanotecnología, bioingeniería, etc.; que permitan capturar una porción más alta de la renta que circula por las cadenas globales de valor. Se trata de aprovechar algunas ventajas comparativas y cierto know how y trayectorias de empresas relevantes en estos sectores. En este caso, se trata de aprovechar al máximo las capacidades existentes.
  • Impulsar la demanda, por parte del Estado, de bienes intensivos en conocimiento. Por ejemplo, la utilización intensiva de los servicios que provee ARSAT para extraer información climatológica que pueda prevenir inconvenientes referidos a inundaciones u otras catástrofes naturales. En este caso, se trata de fomentar el desarrollo de sinergias entre diversos actores sociales de la innovación tecnológica.

Algunas reflexiones finales

Las tecnologías 4.0 constituyen un conjunto de dispositivos que permiten diluir los límites de los físico, digital y biológico a niveles nunca jamás vistos en la historia de la humanidad. Se trata de verdaderos sistemas cyber-físicos, estructurados en torno al procesamiento de datos a gran escala que permiten, por primera vez en la historia, que las máquinas puedan desarrollar capacidades de aprendizaje permanente, imitando e incluso superando el funcionamiento de las redes neuronales.

La incorporación intensiva de estas tecnologías al sistema productivo puede redefinir la distinción entre centro y periferia. Aquellos países que logran desarrollar estas tecnologías y aplicarlas de forma sostenida en la producción industrial, van a ocupar los eslabones más avanzados en las cadenas globales de valor, relegando a los países que se ven imposibilitados de hacerlo, a ocupar los eslabones más débiles. De este modo, las desigualdades económicas, sociales, y tecnológicas existentes pueden agudizarse aún más. Para los países que disponen de cierto entramado industrial, como Argentina, el desafío es ineludible: o aplican políticas públicas para favorecer el desarrollo de estas tecnologías y su incorporación al sistema productivo, o su aparato industrial quedará obsoleto.

En países como Argentina, el rol del Estado para promover, favorecer y potenciar los procesos de innovación tecnológicas resulta trascendental. Sus atributos específicos le permiten diseñar e implementar políticas públicas para inyectar demandas al sector productivo intensivo en conocimiento, generar capacidades científico-tecnológicas, construir redes entre los actores sociales de la innovación, motorizar la inversión en I+D; definir áreas estratégicas de desarrollo; etc.

Las políticas públicas de innovación tecnológica implementadas en Argentina a partir del año 2004 estuvieron marcadas por una fuerte inversión pública en materia de Ciencia y Tecnología. Se incrementó la inversión en I+D como porcentaje del PBI, se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), se lanzó el plan Argentina Innovadora 2020; entre otras iniciativas. También se destacó la apuesta estratégica al fortalecimiento del sector aeroespacial, a través de la empresa INVAP que permitió lanzar, por primera vez en la historia, un satélite argentino al espacio.

A partir del 2016, con el cambio de gestión gubernamental, se evidenció un estancamiento pronunciado de las políticas implementadas en el periodo anterior. Disminuyó la inversión en I+D, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) se disolvió y pasó a secretaría, y se relativizaron los lineamientos del plan Argentina Innovadora 2020 al reducir, por ejemplo, la cantidad de investigadores que ingresan a carrera del CONICET. En simultáneo al deterioro significativo de las políticas de CyT, se registró el impulso de un discurso pro-emprendedor de tipo meritocrático. Esta retórica emprendedorista, anclada en la idea de que es el sujeto emprendedor el motor de la innovación y el desarrollo, no implica, por el momento, una reorientación de las políticas públicas de innovación, dado que no se evidencian todavía la aplicación de instrumentos, recursos y capacidades estatales específicas dirigidas a este sector.

En este contexto, surgen algunos interrogantes que merecen ser analizados en el corto, mediano y largo plazo: ¿Cómo afrontar los desafíos del siglo XXI en un panorama de crisis económica? ¿De qué modo se puede impulsar el desarrollo de la industria 4. 0 en un país como Argentina? ¿Cómo se evita la inserción dependiente en las cadenas globales de valor? ¿Es posible transformarse en el supermercado del mundo e impulsar la industria 4.0? ¿La gestión gubernamental actual apuesta al desarrollo tecnológico nacional? ¿O prioriza el desarrollo del emprendedorismo meritocrático? ¿Cuán compatibles resultan ambas cosas? Esperamos desarrollar estos temas en futuras investigaciones.

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Documentos institucionales

Plan Argentina Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Disponible en: http://cort.as/-IIak

Bases para la Agenda Digital Argentina. Disponible en: http://cort.as/-IIaz


  1. Una característica particular de estas tecnologías 4.0 es que permiten que se construyan máquinas que son capaces de desarrollar capacidades de aprendizaje de forma autónoma. Esta capacidad, conocida como “machine learning”, implica un salto respecto a las tecnologías existentes en tanto permite una velocidad de avance en el procesamiento, clasificación y gestión de datos, infinitamente superior a las conocidas hasta al momento (Manyka, 2017). No sólo es posible que las máquinas se asemejen a las redes neuronales en su funcionamiento, sino que, en algunos casos, son capaces de superar con amplitud los resultados alcanzados.
  2. A partir del año 2003, se puede dividir al gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en dos periodos: a) neodesarrollismo sin populismo (2003-2008); b) neodesarrollismo populista (2008-2015). La promoción, fortalecimiento e impulso al sector de CyT constituye un eje transversal a ambos periodos (Feldman, 2018)
  3. En valores absolutos, la inversión en I+D alcanzó 2.194,5 millones de pesos constantes en el 2004, mientras que en el 2015, ese monto se incrementó a 4.529,3 millones de pesos. A precios constantes (año 2004), el incremento entre 2009 y 2013 fue superior al 50% y en relación a la inversión en I+D como % del PBI, el incremento fue superior al 24%, constituyendo uno de los mayores saltos en el periodo estudiado (MINCYT, 2015).
  4. Resulta necesario aclarar que se trata de una empresa, creada en la década del setenta, cuya figura jurídica remite a una “sociedad del Estado” cuya propiedad pertenece al Gobierno de la Provincia de Río Negro. Si bien recibe fondos y desarrolla proyectos de alcance nacional, además de exportar sus productos, no se trata de una empresa estatal nacional, sino provincial, ubicada en la Ciudad de Bariloche (http://cort.as/-IIPM ). Sin embargo, la fabricación de los satélites AR-SAT I y II, se realizó en alianza con la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT que sí constituye una empresa estatal nacional que hoy se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización (http://cort.as/-IIOy ).
  5. http://cort.as/-IIPf
  6. La caracterización del gobierno de Mauricio Macri, iniciado en 2016, resulta más compleja. Se puede plantear que se trata de un híbrido entre el liberalismo clásico, el populismo de derecha, y los intentos de construcción de una socialdemocracia, al mejor estilo europeo. Sin embargo, ese híbrido precisamente demuestra que no es ninguna de esas tres cosas por separado. No se trata de un proyecto enteramente liberal (otorga concesiones a los sectores populares, por ejemplo mantuvo e incrementó la AUH); tampoco representa cabalmente a un “populismo de derecha” en tanto Mauricio Macri no reúne las característica de un líder carismático que apuesta a la confrontación política permanente, y es capaz de movilizar a las masas; y mucho menos se trata de una coalición de gobierno de tipo socialdemócrata al implementar un programa económico abiertamente neoliberal, y demostrar en la práctica poca preocupación por la mejora de la calidad institucional y la búsqueda de consensos.
  7. El plan Argentina Innovadora 2030 se encuentra en proceso de construcción: http://cort.as/-IIQ-
  8. http://cort.as/-IIQN
  9. http://cort.as/-IIQf
  10. http://cort.as/-IIRH
  11. http://cort.as/-IIRW
  12. http://cort.as/-IIRg
  13. http://cort.as/-IIRu
  14. http://cort.as/-IISA
  15. http://cort.as/-IITA
  16. http://cort.as/-IITg
  17. http://cort.as/-IITw
  18. http://cort.as/-IIU8
  19. http://cort.as/-IIUJ
  20. http://cort.as/-IIUa
  21. http://cort.as/-IIQ-
  22. Si bien se envió al congreso la ley de economía del conocimiento que incluye muchas de las tecnologías 4.0 (biotecnología, IA, Internet de la Cosas, nanotecnología, etc.), lo cierto es que se trata de una herramienta destinada a reducir impuestos para el sector de producción de servicios intensivos en conocimiento (http://cort.as/-IIX- ). Resulta difícil pensar que a través de estas iniciativas, se puede promover el desarrollo de tecnologías tan complejas.
  23. El mapa de ambientes refiere a la identificación precisa de los lotes que son más productivo para determinado cultivo mediante información satelital (http://cort.as/-IIXM )
  24. http://cort.as/-IIXl
  25. http://cort.as/-IIXy
  26. Peirano (2018) indica que estos países tienen la particularidad de disponer del “capital natural per cápita” más alto del mundo, a diferencia de Argentina que ocupa un lugar intermedio. Esto quiere decir que disponen de una masa de recursos naturales muy grande y una población relativamente pequeña.


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