1. El Ministerio de Seguridad de la Nación y la emergencia de una discursividad securitaria alternativa

El análisis desarrollado en esta tesis nos permite hablar de la emergencia, en el año 2010 y en el marco de la creación de una cartera en seguridad, de un nuevo modo de problematizar la cuestión de la (in)seguridad que ha tenido como efecto la desestabilización del discurso hegemónico de la inseguridad. Hablamos de un discurso novedoso, por que como hemos señalado a lo largo de la tesis y sobre todo en el capítulo I, la discursividad ministerial supone una yuxtaposición de elementos que no poseían la misma filiación genealógica, y no habían sido acoplados hasta el momento en una misma problematización sobre la seguridad. En otras palabras, lo novedoso de los discursos ministeriales, no está dado por la introducción o invención ministerial de caminos completamente nuevos para pensar la seguridad, sino justamente en haber combinado y puesto a jugar como parte de una misma discursividad a un conjunto heterogéneo de ideas asociadas a la seguridad que circulaban en forma previa a la creación ministerial y que se planteaban como alternativas al discurso hegemónico, Hablamos de un discurso desestabilizador de los sentidos securitarios dominantes, puesto que si por un lado consideramos que la discursividad securitaria ministerial no ha implicado una ruptura total con la forma hegemónica de entender la seguridad, sino que incluso es posible identificar múltiples puntos de continuidad; sin embargo, al mismo tiempo, se identifican en estos discursos ministeriales un conjunto de postulados que se presentan como disruptivos y que nos permiten hablar del debilitamiento de los sentidos comunes dominantes en seguridad. Precisamente y reafirmando la hipótesis inicial, a lo largo de los capítulos registramos tres operaciones ministeriales que tienen como efecto la confirmación de una discursividad alternativa: la ampliación y redefinición del campo semántico securitario; la resignificación de elementos tradicionalmente asociados a (in)seguridad y el recentramiento de la cuestión securitaria en torno a la idea de “derechos”. Detengámonos en cada una de ellas.

Tal como hemos constatado en los capítulos III y IV, la problematización ministerial ha supuesto una ampliación de los sentidos vinculados a la (in)seguridad. Dicha ampliación, no obstante, se ancla sobre una asociación que no resulta cuestionada en los discursos ministeriales, nos referimos a la ligazón entre inseguridad y delitos. En efecto, en la introducción indicábamos que a partir de los años setenta y de la mano de la emergencia del neoliberalismo se identifica un cambio en los modos de pensar y hacer sobre la seguridad. Dicho cambio, decíamos, implicó un desplazamiento a partir del cual la seguridad dejó de vincularse a las protecciones sociales y se redujo a la esfera de las protecciones civiles. Registrábamos en ese sentido un proceso de doble subsunción: la (in)seguridad se reduce y limita al problema de la protección frente a los delitos, pero no de cualquier tipo de delito, sino fundamentalmente los delitos protagonizados por las clases populares. En la Argentina, dicho proceso encuentra su expresión en la consolidación desde mediados de los años noventa de lo que al principio de esta tesis denominamos como discurso hegemónico de la inseguridad. De esta manera, en los discursos ministeriales detectamos que si la fijación del sentido de la inseguridad al problema del delito y la violencia persiste en la gramática ministerial, es posible divisar un corrimiento respecto de la segunda subsunción: aquella que reduce la cuestión del delito al delito de los pobres. Precisamente, la idea de (in)seguridad va a ser problematizada en los entramados discursivos ministeriales a partir de su ligazón con una serie de delitos que no encuentran en los sectores pobres su causa eficiente. Entre ellos, la tematización respecto de los delitos producidos por las fuerzas de seguridad constituye el aspecto más novedoso que presentan los discursos ministeriales.

Al respecto, en el capítulo II hemos dado cuenta del diagnóstico crítico que se realiza en la gramática ministerial respecto del funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Como mostramos allí, el blanco principal de las críticas ministeriales a las fuerzas de seguridad lo constituye el fenómeno de delegacionismo civil y la consecuente dinámica de autogobierno que, según esta grilla argumentativa, asumieron las instituciones policiales. Son dichos fenómenos los que en buena medida explican en los discursos ministeriales el desarrollo de prácticas ilegales por parte de las fuerzas de seguridad. Nos referimos al ejercicio de la violencia institucional sobre las clases populares y la participación policial activa en entramados delictuales. Se trata de prácticas que van a ser recortadas como dos formas de la (in)seguridad y por tanto, también, como objeto de intervención. Así, en el capítulo IV hemos señalado la referencia en los discursos ministeriales a un conjunto de medidas destinadas específicamente a prevenir hechos de violencia y corrupción de las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, cabe señalar que, aunque con menor jerarquía, hay otras dos modalidades del delito que también van a aparecer encadenadas al problema de la (in)seguridad en los entramados discursivos ministeriales: el crimen organizado y la violencia de género. En ambos casos, se trata de delitos que no resultan atribuidos a sectores sociales empobrecidos y que, incluso, permiten visibilizar ilegalismos cometidos por actores sociales de poder. Consideramos que la incorporación de estos tres elementos (delitos de las fuerzas de seguridad, violencia de géneros y crimen organizado) da lugar a la reducción del peso específico que el delito de los pobres asume en la discursividad ministerial. Así, si el discurso hegemónico de la inseguridad encontraba en los delitos de los sectores populares el elemento único para definir el problema, en la discursividad securitaria ministerial, la idea de (in)seguridad se amplia y heterogeneiza.

De la misma forma, se registra en los discursos ministeriales una operación a partir de la cual se resignifican un conjunto de elementos tradicionalmente asociados a la (in)seguridad. En efecto, a lo largo de la tesis hemos identificado un cambio en el sentido de tres ideas que aparecen encadenadas en el discurso hegemónico de la inseguridad: las fuerzas de seguridad, los sectores populares y la participación comunitaria. En lo referente a las fuerzas de seguridad, es importante volver a señalar el rol fundamental que éstas asumen en la problematización hegemónica. En efecto, las fuerzas de seguridad son entendidas en dicha discursividad como el mecanismo fundamental para la el abordaje del problema de la inseguridad, limitado en esta línea interpretativa a las tareas de vigilancia, y represión del delito. Pues bien, aunque resulte reiterativo, es preciso señalar que una de las innovaciones más relevantes del discurso securitario ministerial se encuentra justamente en el modo en que se modifica la posición del elemento “fuerzas de seguridad” en el haz de relaciones que configura el problema securitario desde la creación de la cartera ministerial. Ciertamente, si estas instituciones estuvieron históricamente asociadas a la producción de soluciones, en los discursos securitarios ministeriales, y en consonancia con el diagnóstico descrito más arriba, las fuerzas policiales son presentadas como un elemento constitutivo del problema de la seguridad. Las fuerzas policiales, en ese sentido y como trabajamos en el capítulo IV aparecen en los discursos ministeriales como una institución a gobernar. El gobierno político -entendido como la definición y gestión política del conjunto de las aristas que hacen al problema de la seguridad- y la democratización de las fuerzas de seguridad -definida como la producción de reformas modernizantes y centradas en el respeto de las garantías constitucionales- constituyen los dos ejes programáticos que atraviesan las políticas hacia la institución policial. En efecto, como afirmamos en el último capítulo, en la discursividad securitaria ministerial gobernar la seguridad en los entramados discursivos ministeriales va a suponer el gobierno político y democrático de las fuerzas de seguridad.

Los sectores populares constituyen otro elemento que va a verse resignificado en la discursividad ministerial. Como hemos insistido a lo largo de la tesis, mientras que en el discurso hegemónico los sectores populares son señalados como los principales responsables de una inseguridad reducida a la idea de delito común, en los discursos ministeriales éstos se identifican también como los más afectados por esa problemática. Queremos decir, los sectores populares asumen el doble carácter de víctimas y victimarios. Entendemos que los efectos de esta resignificación resultan paradójicos: por una parte, encontramos que la discursividad ministerial supone un debilitamiento de la estigmatización y responsabilización respecto de la cuestión del delito que pesa sobre la porción más empobrecida de la población, pero al mismo tiempo es plausible encontrar algunos aspectos de la discursividad securitaria ministerial que abonan a construir a estos sectores como destinatarios naturales de las acciones de vigilancia y acción punitiva estatal. Respecto de aquellos aspectos de la discursividad ministerial que tensionan la sinonimia entre inseguridad, delito y sectores populares instalada desde el discurso hegemónico, y volviendo sobre lo que hemos señalado en el capítulo II, en estos discursos se producen unas narrativas que no reifican el rol que estos sectores poseerían respecto de los delitos contra la propiedad, sino que por lo contrario, asumen un carácter justificatorio: se entiende que las prácticas delictivas de las clases populares son la consecuencia de una serie de procesos neoliberales que han marginalizado y empobrecido a estos sectores. De la misma forma, los discursos ministeriales tienen como efecto un corrimiento respecto de los discursos estigmatizantes de las clases empobrecidas al señalar la serie de prácticas ilegales que recaen sobre la población pobre (violencia policial, crimen organizado, pero también el delito común). Ahora bien, decimos que los efectos de este desplazamiento resultan paradójicos porque es posible encontrar algunos aspectos de la discursividad securitaria ministerial que abonan a construir a estos sectores como aquellos sobre quienes debe recaer la acción punitiva estatal. En efecto, en el capítulo IV hemos dado cuenta de lo que entendemos como una tensión presente en este discurso ministerial: los sectores populares aparecen a la vez como sujetos a los que se debe proteger y pero también controlar. La formulación de propuestas ligadas a la saturación policial en territorios marginados como el Plan Cinturón Sur es bien representativa de dicha tensión. Si, de acuerdo a lo que indicamos en el capítulo IV, dichas propuestas se presentan como un modo de protección de los sectores populares, también implican un incremento de la presión punitiva sobre esa población. En síntesis, los discursos ministeriales terminan por reforzar justamente aquello que aparecía como el blanco principal de sus críticas: las fuerzas de seguridad. Ciertamente, encontramos que en la discursividad securitaria ministerial, el buen gobierno de los sectores populares supone necesariamente la intervención policial. Una intervención que, como señalamos en el último capítulo, si bien se subordina a la idea de gobierno político y respeto a los derechos humanos, no deja de significar un aumento de la vigilancia y el control sobre el sector más vulnerado de la población. En ese sentido, es posible decir que los discursos ministeriales lejos de constituir discursos antipoliciales, constituyen discursos que relegitiman las fuerzas policiales en tanto institución encargada del control de las poblaciones.

Un tercer elemento que ha funcionado como parte de la problematización hegemónica en seguridad y que se ve resignificado en la discursividad securitaria ministerial lo constituye la idea de participación de la sociedad civil. Así, retomando lo que dijimos en el capítulo I, en los discursos securitarios de finales de los años noventa la sociedad civil aparecía como un objeto de gobierno. Sin embargo, como bien señalamos allí, se trató de una serie de políticas que platearon una forma bien particular de entender su gobierno: se proponía la participación de las clases medias para la prevención del delito en sus territorios. En ese sentido, estas políticas resultaban solidarias con el discurso hegemónico que estigmatizaba a los sectores populares postulándolos como los responsables del problema de la inseguridad. Por tanto la interpelación a la sociedad civil que se realizó desde los años noventa se caracterizó por apuntar a una participación que se planteaba como individual y presuntamente apolítica, interpelando a los ciudadanos en tanto víctimas del delito. Pues bien, en la discursividad securitaria ministerial, las políticas de participación de la sociedad civil van a ser retomadas pero también reformuladas. En efecto, identificamos en los discursos ministeriales dos torsiones específicas respecto de la interpelación a la sociedad civil que se realiza en los años noventa. Por un lado, ésta no se dirige a los individuos sino a la “comunidad” en tanto entramado organizacional de una sociedad. En los discursos ministeriales se promueve un tipo de participación que lejos de tener un carácter pretendidamente apolítico y neutral, se entiende enlazada a un proyecto político. La participación político-comunitaria aparece en ese sentido como un mecanismo para la gestión de las conflictividades sociales. Por otro lado, si bien las propuestas de participación no van a estar desligadas de la idea de prevención del delito, la interpelación a la comunidad que se realiza desde los discursos ministeriales va a estar puesta fundamentalmente en función de otro objetivo: el control de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, la comunidad se define en los entramados discursivos ministeriales como un dispositivo para el gobierno conjunto por parte de la comunidad y del Estado (co-gobierno) de la seguridad y de las instituciones policiales. Por tanto, registramos que si el postulado de participación comunitaria funcionó en los años noventa abonando al fortalecimiento de un discurso que construía a las clases medias como las principales víctimas de la inseguridad y a los sectores populares como los victimarios; esto se ve modificado en los discursos ministeriales en donde la participación comunitaria va a tener un sentido vinculado a la idea de organización política y control de las fuerzas de seguridad.

Además de la ampliación y redefinición del campo semántico securitario y la resignificación de elementos tradicionalmente asociados a (in)seguridad, la discursividad ministerial implica asimismo una resignificación de la seguridad en términos republicanos. En efecto, en la indagación que realizamos en el capítulo dos dimos cuenta de la una inversión del problema que se produce en los discursos ministeriales: la seguridad no aparece ya (solo) como una cuestión de los delitos sino (también) de derechos. Dicha inversión aparece como el resultado de la introducción de tres ejes novedosos a partir de los cuales se piensa la intervención en seguridad: la gestión de la conflictividad, la integralidad de los derechos y el gobierno político. Y ellos, a su vez, van a presentarse como opuestos a los elementos que emergen como su campo de adversidad: la lógica policial, la demagogia punitiva y el delegacionismo civil. Precisamente, identificamos que si los discursos que conforman el campo de adversidad ministerial se caracterizan por una lógica policial basada en la idea de un orden natural y en la impugnación de toda práctica que atente contra su alteración, los discursos ministeriales, contrariamente van a postular al conflicto como el punto de partida de lo social y a la política como un mecanismo para la resolución de los problemas sociales. De la misma forma, si en discursos de la “demagogia punitiva” las respuestas punitivas y restrictivas de garantías se plantean como la modalidad de intervención deseable, en los discursos ministeriales se propone pensar a la seguridad a partir de la producción de derechos. Por último, si en el paradigma policial dominante hasta el momento prima una idea de delegacionismo civil y autogobierno policial, en los discursos ministeriales se elabora la idea de “gobierno político” de las fuerzas de seguridad. Es plausible considerar que estos desplazamientos dan cuenta de una metamorfosis respecto del modo en que tradicionalmente se entiende la cuestión securitaria. El problema securitario ya no va a ser formulado en términos de cómo asegurar el orden y reprimir los delitos sino, contrariamente, en cómo –partir de la acción del Estado- garantizar más derechos y gestionar conflictividades.

2. Acerca de las regularidades y las discontinuidades en el discurso ministerial durante el período 2010-2015

A lo largo de la tesis hemos hecho referencia al conjunto de regularidades que atraviesan la familia de enunciados que hacen a esta nueva definición de la seguridad ministerial. En efecto, hemos dado cuenta que los discursos ministeriales presentaban homogeneidad en sus reglas de formación, modalidades enunciativas y mallas significantes. Sin embargo, tal como señalamos en la introducción, a lo largo de este periodo también es posible encontrar en los discursos ministeriales una serie discontinuidades y matices que, si bien no suponen una transformación radical de dicha discursividad, sí implicaron desplazamientos que es preciso atender. Como adelantamos en la introducción, entendemos que es a partir del corrimiento de Nilda Garré en mayo de 2013 y la asunción de Arturo Puricceli que es posible detectar una serie de desplazamientos en la discursividad securitaria ministerial. Dichos desplazamientos, no se explican por el cambio de gestión sino más bien por una combinación entre el creciente protagonismo e importancia política que asume la figura de Sergio Berni^[1], secretario de la cartera en seguridad desde mayo de 2013 en adelante y la instalación en de un clima punitivo creciente. En efecto a partir de este momento, se identifica la reactivación de una serie de discursos que van a dar continuidad a algunos elementos del discurso hegemónico de la inseguridad al tiempo que van a poner tensión los aspectos más disruptivos de la discursividad securitaria desplegada desde la creación ministerial.

Pues bien, para el análisis de las discontinuidades del discurso ministerial durante el período 2010-2015 retomaremos lo que en el capítulo II identificamos como tres ejes a partir de los cuales se produce una resignificación de la ida de seguridad en términos republicanos: la gestión de la conflictividad social, la integralidad de los derechos y el gobierno político. Entendemos que estos elementos se muestran como índices a partir de los cuales vislumbrar el cambio en el énfasis que se produce desde mediados de 2013 en el discurso ministerial.

En primer lugar, detectamos que desde mayo de 2013 circulan una serie de discursos ministeriales que se contraponen a lo que en el capítulo III caracterizamos como uno los aspectos más innovadores de la discursividad ministerial: el corrimiento de la idea de orden como objetivo de la intervención en seguridad y su reemplazo por la idea de gestión de la conflictividad. Se trata de un planteo innovador que habilita asimismo otros dos desplazamientos: la definición del conflicto como elemento inerradicable de lo social y de la política como un mecanismo fundamental para la gestión de la conflictividad social.

Pues bien, a lo largo de la tesis hemos hecho referencia a la producción de una serie discursos que ponen en tensión estos postulados con potencia crítica que funcionan en la gramática ministerial. El primero de ellos es la producción de discursos criminalizantes de la protesta social en los que prima ya no una lógica republicana de intervención multiagencial sobre la conflictividad social sino una lógica policial promotora de intervenciones de tipo represivas. Precisamente, a pesar de que la definición de la protesta social como un derecho a garantizar desde el Estado fue un elemento distintivo del discurso securitario kircherista desde el 2003, a partir del 2014 se detecta un giro en esa política y la configuración de discursos que soportan no solo un cuestionamiento explícito respecto de la legitimidad de la protesta social sino también un llamado a utilizar mecanismos represivos para su regulación.

En la reformulación de las propuestas de participación comunitaria que encontramos a partir de 2013 también es posible marcar el debilitamiento del postulado de gestión de la conflictividad. En efecto, vislumbramos que a partir de mayo 2013, la invocación a la comunidad deja de estar centrada en el objetivo resolución comunitaria de los conflictos sociales y queda reducida al objetivo de prevención del delito. Más aún, en este segundo momento, las estrategias de participación se reconfiguran en torno al propósito de promover una presencia estatal que “contenga” y “dote de valores” a los jóvenes de los sectores marginales, entendidos como los protagonistas de los delitos. Como dijimos en el capítulo anterior, este giro diluye el sentido disruptivo de las políticas de inicio de la gestión que se proponían situar a los sectores populares como sujetos y no como objetos de las políticas en seguridad, promoviendo su participación política.

En segundo lugar, en los discursos ministeriales desplegados a partir de mayo del 2013 se pone en tensión la gramática de los derechos, otro de los ejes articuladores de la discursividad ministerial. En efecto, tal como vimos en el capítulo II, el acoplamiento de la noción de seguridad con la matriz de los derechos tiene como consecuencia un desplazamiento importante respecto del objeto de la seguridad en los discursos hegemónicos: éste ya no es el mantenimiento del orden, ni tampoco meramente la prevención de los delitos, sino la defensa y garantía de un conjunto de derechos. Asimismo, decíamos, implicaba una ruptura con aquellos discursos de la demagogia punitiva, que en pos del aseguramiento del orden, justificaban el recorte de garantías de los sectores marginalizados de la población. Sin embargo, durante el período 2013-2015, desde la cartera ministerial circulan una serie de discursos en los que se pugna por una dinámica de restricción y no de ampliación de derechos, reinstalando el incremento de la presión punitiva como modo principal de resolver el problema de la inseguridad. Como señalamos en el capítulo III, en el 2014 el secretario del Ministerio de Seguridad de la Nación realiza una serie de declaraciones en las que explícitamente define a las posturas “garantistas” como un obstáculo para la producción de seguridad y demanda medidas de endurecimiento penal y policial para afrontar eficazmente al delito. En el mismo sentido, puede ubicarse a las apariciones en medios audiovisuales del secretario Sergio Berni en el 2014 en las que se registra una referencia sistemática a la supuesta ola de extranjeros que “vienen al país a delinquir” como una problemática que requiere de soluciones urgentes.

Una tercera y última discontinuidad que encontramos en los discursos desplegados desde mayo de 2013 se vincula con el peso que asume la idea de “gobierno político” en la problematización ministerial. Si como hemos insistido a lo largo de la tesis, “gobierno político” es uno de los ejes que le dan su impronta republicana a la discursividad ministerial, encontramos que en este segundo momento este lineamiento si bien no se diluye, se ve debilitado. En los capítulos III y IV hemos indicado que los cambios que se realizaron en el organigrama apenas asume Berni, como también la pérdida de peso de los mecanismos de gobierno político en los programas ministeriales constituyen dos indicadores de dicho debilitamiento.

En suma, a partir de mayo de 2013 registramos la pérdida de potencia de lo que aparecían como los aspectos más innovadores de la discursividad securitaria ministerial: la gestión de la conflictividad, la gramática de los derechos y el gobierno político. Entendemos que estas discontinuidades que se expresan a lo largo del período, no obstante, no permiten hablar de la conformación de una discursividad securitaria ministerial otra durante el periodo 2010-2015. En otras palabras, si bien encontramos una serie de matices y desplazamientos en la discursividad ministerial que resultan insoslayables y que, en efecto, restan no solo potencialidad sino también especificidad a la gramática securitaria, no alcanzan para hablar de una ruptura. En ese sentido consideramos que la relación pendular que el kirchnerismo había asumido para con la cuestión securitaria durante el período previo al ministerio, no desaparece en esta etapa, sino que se mantiene.

Ahora bien creemos que hay tres cuestiones que resulta importante destacar respecto del despliegue de una discursividad ministerial con matices internos. Por un lado, es menester ponderar que la pendularidad del discurso ministerial se produjo en el marco de un cambio en las relaciones de fuerza hacia fines del 2010 en el marco de la creación de la cartera en seguridad. Dicho más claramente, si es posible detectar un conjunto de posicionamientos de autoridades ministeriales que reproducen los sentidos comunes en seguridad durante este período, ello sucede en un contexto en que por primera vez durante el la etapa posneoliberal se despliega una discursividad alternativa al discurso hegemónico que asume un rango ministerial. Sin embargo, por otra parte entendemos que el cambio en las relaciones de fuerza que se produjo con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación no produjo una hegemonía plena en tanto no brindó las condiciones de posibilidad para terminar de fijar unos nuevos sentidos de la (in)seguridad durante el período 2010-2015. En ese sentido, es posible decir que la persistencia de una disputa por los sentidos de la (in)seguridad durante esos años se cristalizó en la configuración de un discurso ministerial con tensiones y discontinuidades.

En suma, el período 2013-2015 puede entenderse como un período bisagra en el que se diluye el potencial crítico del discurso ministerial, fortaleciéndose algunos de los postulados del discurso hegemónico. Definimos a este período como bisagra porque entendemos que es la antesala de la operación que se vislumbra a partir del cambio de gobierno del Estado en diciembre de 2015: asistimos, con la asunción de Macri, a una actualización macropolítica del discurso hegemónico securitario. En efecto, como trabajaremos en el excursus de esta tesis, a partir del 2015, se identifica una ruptura radical con el discurso que se plantea desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. Precisamente, consideramos que durante la etapa de la restauración neoliberal el discurso hegemónico de la inseguridad se convierte en el discurso de la estatalidad.

Para terminar, a modo de cierre, nos gustaría plantear alguna serie de interrogantes que se desprenden del análisis realizado y que consideramos como posibles puntapiés para la nuestra investigación doctoral.

En primer lugar, si como ya mencionamos, una de las características del período ministerial kirchnerista fue el haberse planteado una disputa por los sentidos de la seguridad, una pregunta que resulta importante realizar es: ¿En qué medida esta discursividad se convierte en la discursividad securitaria hegemónica? En otra palabras, ¿Se logró configurar hegemónicamente la serie de postulados ministeriales que describimos como disruptivos y novedosos– derechos humanos, gestión de la conflictividad, gobierno político, o por el contrario hubo dificultades y límites para acoplar el funcionamiento de las fuerza de seguridad y de los agentes estatales a estas lógicas? Más aún; ¿De qué manera las políticas de gestión de la conflictividad y uso racional de la fuerza en los barrios pobres se tradujeron en un cambio en el accionar de las fuerzas de seguridad? ¿Bajaron los niveles de violencia y corrupción policial a partir de la implementación de mecanismos de gobierno político? Entendemos que la puesta en dialogo del abordaje discursivo que hemos desarrollado en esta tesis con investigaciones empíricas que den cuenta de los efectos de la implementación de las políticas desarrolladas por el Ministerio de Seguridad de la Nación durante el período kirchnerista (Martinez, 2016; Zajac, 2017) puede resultar muy fructífera y resulta una tarea de primer orden para un balance más completo de esta experiencia ministerial.

En segundo lugar, resulta imprescindible continuar interrogándose sobre las características singulares que asume el discurso securitario estatal en la etapa neoliberal que se abre a partir del triunfo de Cambiemos a fines del 2015, esto es: ¿Qué es lo nuevo del discurso securitario de la restauración neoliberal? Algunas preguntas que resultan menester responder respecto de ello son; ¿Qué problemáticas se asocian a la idea de seguridad? ¿Qué objetos se proponen gobernar? ¿Qué elementos de los diagnósticos y las políticas formuladas en la etapa anterior se reiteran, se reconfiguran o se desplazan? ¿Qué lugar asume la problemática de la violencia de género en los entramados discursivos securitarios macristas o, como aparece en la bibliografía especializada, la nueva derecha en la Argentina? ¿Cómo se reconfigura la idea de crimen organizado en estos discursos? ¿Qué lugar se le da a las fuerzas armadas en el abordaje de la seguridad? Se trata, por cierto, de una serie de puntos que abordaremos inmediatamente, y a modo de cierre, en el excursus de esta tesis.

Por último, entendiendo junto a Laclau que el discurso tiene un carácter performativo, una cuestión que resulta de interés analizar respecto del discurso securitario estatal que se despliega con el cambio de gobierno son las consecuencias que está teniendo la retórica de la “mano dura” en el funcionamiento de las instituciones estatales y en el accionar policial cotidiano.

Como último punto, nos interesa señalar que más allá de estos interrogantes que quedan abiertos, entendemos que resulta imprescindible poner atención sobre las conclusiones y hallazgos a los que hemos arribado en esta tesis. Ciertamente, la investigación desarrollada nos ha permitido mostrar la aparición de un discurso novedoso y con rasgos bien disonantes respecto de las políticas securitarias tradicionales. En torno a ello, aun pudiendo arriesgar que dicha discursividad no se ha logrado consolidar como un discurso hegemónico y que ha habido claros límites en la traducción de estos discursos en nuevos modos de funcionamiento de las agencias estatales y policiales en el abordaje de la seguridad, entendemos que discutir sus aperturas y sus clausuras debe ser una tarea fundamental para el campo de estudios de la seguridad. Si las investigaciones centradas en los discursos securitarios tradicionales y sus efectos han tenido un desarrollo prolífico en nuestro país, existen pocas aproximaciones a la gramática securitaria desplegada en el contexto posneoliberal y sus consecuencias. Consideramos que esta tesis ha significado un aporte en ese sentido. No obstante, entendemos que es menester darle continuidad a la tarea de desmenuzar la compleja relación que existe entre inseguridad y posneoliberalismo. Poner en diálogo y discusión estas políticas con otras que han sido llevados adelante en otros contextos posneoliberales, puede ser fructífero para comprender las limitaciones y potencialidades de estas experiencias que se propusieron abrir horizontes nuevos en materia de derechos. Si el campo de producción de conocimiento ha sido históricamente un lugar de producción de formas de pensar y hacer alternativas a las dominantes, más aún en un contexto en de desmantelamiento del sistema científico nacional, es necesario ponderar estos desafíos.

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