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Excursus

Sobre la restauración neoliberal y la actualización macropolítica del discurso hegemónico de la inseguridad

Hacia fines del 2015 se produce un cambio de gobierno en la Argentina que pone fin al ciclo político posneoliberal. El éxito electoral de la alianza Cambiemos coronó a Mauricio Macri como presidente y al Partido Propuesta Republicana (PRO)[1] como una de las fuerzas dominantes de la escena política. Pues bien, ha sido interpretado (Tzeiman, 2017, Vommaro, 2017) que el arribo de esta fuerza política al gobierno significó también un cambio en las relaciones de fuerzas a favor de las clases dominante y un consecuente retorno de la hegemonía neoliberal en la Argentina. En ese sentido, los primeros años del gobierno de Cambiemos permiten dar cuenta que el cambio de etapa ha supuesto no solo el despliegue de un programa político-económico de claro signo neoliberal en la Argentina, sino también el funcionamiento de una nueva grilla para la comprensión de la relación entre ciudadanía, estado y mercado. Por lo tanto, resulta significativo indagar sobre los efectos de este giro en materia securitaria, esto es, de qué modo este nuevo proyecto político viene a instalar nuevos modos de entender y definir el gobierno de la seguridad. Si bien se trata de una indagación que no ha sido incluida dentro de los objetivos de la tesis, no obstante, creemos importante cerrar nuestro trabajo arrojando algunas líneas analíticas respecto de las características que asume la discursividad securitaria de matriz neoliberal que se instala hacia fines el 2015. En tanto se trata de un proceso todavía en ciernes, dicho análisis tendrá un carácter no concluyente y será utilizado como insumo para la elaboración de hipótesis de cara a nuestro proyecto de investigación doctoral.

Pues bien, a grandes rasgos, creemos que es posible identificar dos movimientos sustanciales en los discursos ministeriales desplegados desde el cambio de gobierno: por un lado, observamos una ruptura con los elementos más novedosos presentes en los discursos securitarios del kirchnerismo (gobierno político, derechos humanos, gestión de la conflictividad), al tiempo que se advierte también un repliegue y actualización de los elementos característicos del sentido común securitario.

En efecto, discursos securitarios desplegados estatalmente a partir de diciembre de 2015 presentan una discontinuidad respecto de la serie a partir de la cual se definía la idea de seguridad desde el Ministerio de Seguridad en forma previa. En ese sentido, en rigor, diciembre de 2015 puede entenderse como el punto culmine de la tendencia que había comenzado durante el gobierno anterior: el resquebrajamiento de la gramática de los derechos y la idea de gobierno político para definir la seguridad. Mientras que en la discursividad securitaria del período posneoliberal se problematizaba la seguridad en clave de derechos, postulando a la producción y ampliación de garantías como el objeto de la seguridad y al gobierno político de la seguridad como el principal mecanismo para lograrlo; a partir de fines de 2015 esa relación se invierte; de lo que se trata ya no es de ampliar derechos sino, como veremos a continuación, de recortar garantías y dotar a las fuerzas de seguridad de mayores competencias a los fines de producir un orden social “seguro”.

El debilitamiento de la relación entre seguridad y derechos se expresa claramente en el giro ministerial respecto de los modos de definir e intervenir en la protesta social. Se advierte que si hasta fines de 2015 la protesta social era postulada en los discursos ministeriales como un derecho a proteger, en esta nueva etapa las manifestaciones y reclamos sociales se entienden como acciones que se deben reprimir. La producción de un protocolo para la regulación de la protesta social[2] fue en ese sentido. La siguiente publicación en twitter hecha por el Ministerio de Seguridad de la Nación en febrero de 2016 da cuenta de que, en los discursos securitarios estatales de la restauración neoliberal, la protesta social aparece como un hecho social a reprimir al tiempo de que las políticas punitivas se construyen y justifican como medidas que expresan las demandas de la sociedad civil.

Figura I. Publicación del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Fuente: Twitter, 2016

Las respuestas de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación ante distintos casos graves de violencia policial como la desaparición de Maldonado[3], el asesinato de Rafael Nahuel[4] también son elocuentes de este giro. En ambos casos el posicionamiento oficial fue de respaldo a la represión hecha por las fuerzas de seguridad que termino en hechos fatales.

Respecto del gobierno político –que indicamos como lineamiento central de la política ministerial en seguridad- se identifica un gesto similar. En los entramados discursivos ministeriales que se producen desde fines de 2015 parece primar no ya una preocupación respecto de cómo hacer que las fuerzas de seguridad respondan al poder político sino justamente su opuesto, esto es, cómo dotar de mayor poder de decisión y autonomía a las fuerzas policiales para el aseguramiento del orden. La defensa pública que realiza la Ministra Bullrich e incluso el propio Presidente Macri respecto del accionar del Luis Oscar Chocobar -policía que asesinó por la espalda a un presunto delincuente que había robado a un turista en el barrio porteño de la Boca[5]– da cuenta del modo en que en los discursos ministeriales se diluye el objetivo de gobierno político y se reinstala en su lugar las propuestas que tienen como objetivo principal dotar a los policías de atribuciones y competencias extraordinarias para el combate contra el delito[6]. El siguiente tweet publicado en la cuenta oficial de la Ministra Bullrich muestra con claridad el modo en que los discursos de la demagogia punitiva adquieren centralidad en esta etapa desde la estatalidad:

Figura II. Publicación en Twitter de la Ministra Patricia Bullrich.

Fuente: Twitter, 2016

El segundo movimiento que identificamos en esta etapa es el fortalecimiento y actualización de una serie de elementos del discurso hegemónico de la inseguridad. Precisamente, si como indicamos hay muchos elementos que permiten hablar de que lo que sucede a fines del 2015 es una revitalización del discurso hegemónico desde el Estado, sin embargo, entendemos que dicha revitalización no se produce sin que se reconfigure la serie que organiza dicha discursividad. En ese sentido es posible arriesgar que en los discursos estatales de la restauración neoliberal, los sentidos de la seguridad se amplían en clave de la doctrina de las “nuevas amenazas” (CELS, 2015)[7]. En efecto, con el argumento de que poseen un carácter trasnacional, el narcotráfico y con menor centralidad, el terrorismo y la trata de persona, son tematizados como problemas fundamentales para la seguridad. Se trata de una incorporación que no resulta novedosa en tanto se encuentra en sintonía con los lineamientos en materia de seguridad que desde hace algunas décadas componen la agenda de seguridad de los organismos internacionales y del Ministerio de Defensa de Seguridad de EEUU. La referencia al narcotráfico como asuntos centrales de las políticas securitarias ha tendido a funcionar en sentido fuerte también en algunos contextos latinoamericanos en la última década. En países como Colombia, México, Brasil y Honduras con el argumento de un presunto crecimiento del crimen organizado, se aprobaron leyes y figuras que actúan en detrimento de los derechos y garantías judiciales, se elevó la severidad de las penas con graves consecuencias en materia de derechos humanos y se habilitó de manera significativa la intervención de las fuerzas armadas para la persecución de estos delitos teniendo como efecto la militarización de los territorios de los sectores populares y el incremento de la violencia institucional sobre estos sectores (Reid, 2013; CELS, 2015b, Sanchez Torrez y Diaz, 2003).

Ahora bien, la problematización de la seguridad en clave de las nuevas amenazas trajo como consecuencia un desplazamiento nada menor con el modo en que se pensaba la seguridad hasta el momento. Si la idea seguridad en los últimos años había estado vinculada al respeto de la vida y la propiedad de los individuos, lo singular del replanteo de la seguridad en clave de nuevas amenazas, es que resignifica el problema securitario en clave de seguridad de los Estados. Esta redefinición tiene como consecuencia el desdibujamiento de la frontera entre seguridad y defensa, cuya separación constituye uno de los consensos nodales del período democrático en la Argentina[8]. La declaración de la “emergencia en seguridad” que se produce en febrero de 2016 que habilita el derribo de aviones por parte de las fuerzas armadas cuando fueran sospechados de transportar drogas[9] y las reiteradas declaraciones del presidente en el 2018 que anuncian la intención del gobierno de aprobar un nuevo decreto que permitiría la intervención de las fuerzas militares en la seguridad interna dan cuenta de la producción de un discurso securitario oficial disruptivo que, por primera vez desde la finalización de la última dictadura, diluye la separación entre defensa y seguridad interna.

Dentro del conjunto de estas “amenazas” que aparecen en los discursos ministeriales como la principal preocupación en materia securitaria, y como ya hicimos referencia, sin duda el problema del narcotráfico es aquel que va a tomar mayor protagonismo en la agenda en seguridad. En efecto, a diferencia de lo que sucedía en los discursos ministeriales de la etapa política anterior -en los que el narcotráfico era un componente más entre un conjunto de problemas securitarios de mayor jerarquía- a partir del cambio de gobierno esta problemática se transforma en el elemento dominante de la discursividad ministerial. Ciertamente, desde el poder ejecutivo el narcotráfico es construido como una problemática que ha asumido una magnitud y gravedad inéditas en nuestro país y cuyo abordaje requiere del despliegue de una “lucha de todos los argentinos” (MSN, 2018b). Como se puede leer en el preámbulo del documento “Argentina sin narcotráfico” del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los argentinos nos enfrentamos a organizaciones narcotraficantes con conexiones en todo el mundo, que han avanzado a pasos agigantados durante los últimos años en nuestro país por la falta de políticas en materia de control y prevención, pero también por la falta de una coordinación nacional que pusiera a todos los aquí presentes a trabajar bajo un mismo mando y por un mismo objetivo. En Argentina Sin Narcotráfico, nos comprometemos no sólo a dar la pelea sino también a ganarla. Comprometerse es pararse al lado del otro. Estar. Escuchar. Actuar. Cuidar. Comprometerse es decidir entre todos una política de Estado para que nuestros hijos y nietos vivan en un país más justo y seguro. Comprometerse es tener la firme decisión política de unir a los tres poderes del Estado, las Organizaciones No Gubernamentales, la Iglesia y la Sociedad Civil en un mismo objetivo. Comprometerse es avanzar en una política pública que no distingue banderas políticas e incluye a todos para combatir el narcotráfico (MSN, 2018b: 1)

Ahora bien, como hicimos mención más arriba al igual que en otros contextos latinoamericanos, en la Argentina la tematización del narcotráfico en tanto nueva amenaza va a estar modulado una forma específica: es reconfigurado como una forma de legitimar la intervención sobre los sectores populares. La introducción de esta problemática como parte de la agenda en seguridad tiene como efecto la continuidad con que a lo largo de la tesis hemos marcado como los dos aspectos centrales del discurso hegemónico de la inseguridad: el paralelismo sinonímico entre inseguridad-delito-violencia-pobreza y la formulación de modalidades de intervención punitivas sobre los sectores populares como modo de resolución del problema.

En torno a ello, la producción de propuestas de saturación policial de barrios pobres y segregados es un ejemplo claro de que el anudamiento entre inseguridad, delito, pobreza y punitivismo se actualiza en los entramados discursivos ministeriales de la restauración neoliberal. Sin embargo, a diferencia de lo que registrábamos en la gramática ministerial que se despliega previamente al 2015, no es el delito común sino el narcotráfico la figura que crecientemente habilita y justifica la intervención policial sobre los sectores populares. El programa ministerial “Barrios Seguros” a partir del cual se promueve un incremento de la vigilancia de las fuerzas de seguridad en los asentamientos que presuntamente se encuentran bajo la influencia de bandas delictivas narco-criminales resulta elocuente de este desplazamiento. Así lo presenta la Ministra Patricia Bullrich en el siguiente spot del Ministerio de Seguridad de la Nación:

Comenzamos un nuevo programa: “Barrios Seguros”. Hasta ahora se hablaba de la villa 31 o de cualquier otro barrio del país y se decía que eran territorios tomados por la narco criminalidad, nosotros entramos a hacernos cargo (…) Queremos liberar a la gente de este problema. Queremos que estos barrios se integren a las tramas urbanas (…) Los cuerpos de policía son cuerpos de permanencia. No entran, dan un golpe y se van. Se van a quedar, van a caminar, no va a ser más un territorio del narcotráfico. El programa barrios seguros viene para quedarse (Spot Barrios Seguros 08-04-2016)

El narcotráfico aparece así en los discursos securitarios de la nueva etapa neoliberal como un nuevo mecanismo para la gestión de las prácticas de los sectores populares. Se trata de un dislocamiento respecto de la discursividad ministerial posneoliberal. Mientras que en los discursos ministeriales previos al cambio de etapa el narcotráfico era interpretado como una modalidad del crimen organizado, esto es, como una forma de los delitos del poder, en la gramática securitaria desplegada desde fines del 2015 con el narcotráfico se pone el foco en las prácticas de los sectores populares. El spot ministerial titulado “Narcomenudeo” es claro en ese sentido. De acuerdo a lo que se vislumbra en el video, en los discursos ministeriales de la nueva etapa neoliberal “sacar las drogas de los barrios”, no supone desarmar las grandes bandas de narcotraficantes sino intervenir sobre la venta de drogas en pequeña escala que se producen en los barrios populares. El spot de 44 segundos de duración consiste en una sucesión de imágenes que describen una misma situación: la requisa que las fuerzas de seguridad realizan sobre distintos jóvenes varones de sectores populares en búsqueda de tenencia de drogas. Así, se observa en el video la reiteración de una secuencia característica de la intervención tradicional de los policías en los barrios populares: los policías ubican a los jóvenes contra pared y palpan su cuerpo, mientras los obligan a permanecer inmóviles con su cara contra la pared.

Captura Spot “Narcomenudeo” (MSN, 2018a)

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Fuente: Canal de YouTube del Ministerio de Seguridad de la Nación

Las imágenes del spot son acompañadas de frases en las que se detallan la cantidad de personas que fueron detenidas producto de cada uno de estos operativos realizados en distintas ciudades del país. En torno a ello, es posible deducir de este video dos operaciones presentes en los discursos ministeriales: por un lado la construcción de los jóvenes pobres como protagonistas del narcotráfico, y por el otro el funcionamiento de las premisas de la demagogia punitiva que, como ya describimos en la Introducción, postulan a la intervención policial y a la cárcel como la forma más efectiva de intervenir en el problema securitario.

Se trata de un movimiento que, aunque de forma más débil, es posible de ser vislumbrarlo también respecto del terrorismo, temática que comienza a ser construida como una amenaza para el Estado argentino. En efecto, a partir del 2016 a propósito de una serie de conflictos que se produjeron con la comunidad mapuche y que derivaron en violentas represiones como las que ocasionaron la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, en los discursos ministeriales se empieza a ser hincapié en la acción de organizaciones terroristas como un problema de creciente importancia para la seguridad en nuestro país. En verdad, la tematización del terrorismo funciona como un mecanismo para la justificación oficial de la persecución y criminalización de las comunidades mapuches empobrecidas del sur del país[10]. La “lucha contra las nuevas amenazas” aparece en ese sentido como una forma de producir una lucha contra los sectores empobrecidos.

En suma, creemos que es posible decir que hacia fines del 2015 el discurso hegemónico de la inseguridad se convierte en el discurso de la estatalidad. Si en los discursos ministeriales desplegados durante la etapa anterior identificábamos una serie de postulados que tensionaban los sentidos comunes hegemónicos y que incluso suponían modos alternativos de definir la seguridad, durante esta etapa, esos elementos disruptivos desaparecen, y contrariamente, se vislumbra un fortalecimiento y actualización de los elementos características del discurso hegemónico de la inseguridad. Decimos fortalecimiento porque, como ya mencionamos, el discurso securitario de la restauración neoliberal da continuidad a la asociación entre inseguridad, delito y sectores populares. Decimos actualización, porque la serie que conformaba al discurso hegemónico se ve trastocada: los sectores populares no son identificados solo como los principales protagonistas del delito común, sino también como protagonistas del narcotráfico, que se torna un elemento de mucha centralidad en la discursividad ministerial. Se trata, en ese sentido, de un movimiento paradójico. Si en los discursos ministeriales kirchneristas el narcotráfico era definido como una forma del delito organizado y era introducido lateralmente como un problema de la seguridad, en los discursos securitarios de la restauración neoliberal, contrariamente, el narcotráfico no aparece como un elemento más, sino como un elemento central de la cuestión securitaria. Sin embargo, esto no redunda en un debilitamiento del discurso hegemónico de la inseguridad sino todo lo contrario; la tematización sobre el narcotráfico se desacopla del problema de los delitos del poder, configurando una gramática que funciona estigmatizando a los sectores populares y legitimando a las políticas de endurecimiento policial y penal como la vía privilegiada para el gobierno de la seguridad. En este punto es importante no soslayar, que como indicamos, la referencia al narcotráfico surge de la mano de la relectura de la cuestión securitaria en clave de la doctrina de las “nuevas amenazas”. Esta relectura supone asimismo la asociación de la cuestión securitarias con nuevas problemáticas como el terrorismo al tiempo que con formas de intervención que en las últimas décadas no habían sido habilitadas en el contexto local como el accionar de las fuerzas armadas en problemas de seguridad interior.


  1. El PRO tiene como antecedente inmediato al “Frente Compromiso para el Cambio”, una alianza distrital formada en junio de 2003, integrada por los partidos Justicialista, Federal, Autonomista, Demócrata, Acción por la República y Demócrata Progresista, que sostuvo la candidatura de Mauricio Macri (principalmente conocido como hijo del empresario Franco Macri) para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2007, 2011 y 2015 el PRO ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con las candidaturas de Mauricio Macri (periodos 2007 a 2015) y Horacio Rodríguez Larreta (mandato 2015- 2019). En 2015 conformó la alianza Cambiemos con la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica con la que ganó las elecciones presidenciales de 2015 por medio de balotaje y las gobernaciones de tres provincias (Buenos Aires, Jujuy y Mendoza).
  2. El 17 de febrero de 2016 la Ministra Patricia Bullrich dio a conocer el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, ante una reunión del Consejo de Seguridad Interior. Dicho texto fue presentado por la autoridad ministerial, estableciendo que “Queremos cambiar la cultura del corte, no vamos a tolerar la extorsión, los vamos a escuchar, pero no permitiremos que la calle sea un caos” (Página 12, 18-02-17). De acuerdo al análisis hecho por el CELS (2016), el protocolo buscaba reglamentar algunos aspectos vinculados al desalojo de piquetes y la criminalización de manifestantes, estableciendo el “orden público”, la “armonía social” y la “libre circulación” como valores superiores a las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas, el derecho a la libertad de expresión, de reunión o el ejercicio de la libertad de prensa. Así, el CELS destaca del informe la introducción de medidas que de acuerdo a dicha institución, suponen regresiones gravísimas en la regulación de la actuación policial. Entre otras cuestiones, se identifica que el protocolo no prohíbe de manera explícita que los policías que intervienen en las manifestaciones porten y/o utilicen armas de fuego y/o municiones letales, ni tampoco que usen balas de goma para dispersar. Tampoco impone medidas acerca de la identificación de los policías, como la obligatoriedad de uso del uniforme o de llevar la placa con su nombre visible. Se trata en todos los casos de medidas contrarias con el objetivo de gobierno político de las fuerzas de seguridad en tanto “todas estas omisiones atentan contra la posibilidad de controlar la labor policial y de determinar responsabilidades en el ejercicio de sus funciones” (CELS, 2016:110).
  3. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto, tras la violenta represión de Gendarmería en la comunidad mapuche “PúfLof en resistencia” situada en Cushamen, Chubut. Su cuerpo fue encontrado sin vida el 17 de Octubre en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez. Durante los 78 días que duró su desaparición desde el poder ejecutivo sostuvo una protección institucional de la Gendarmería. En efecto, desde el Ministerio de Seguridad en todo momento se respaldó el accionar violento e ilegal de esta fuerza de seguridad y se rechazó la posibilidad de trabajar bajo la hipótesis de que institución pudiera tener algún tipo de responsabilidad respecto de la ausencia física del joven (Página 12 16-08-17). Más aún, en múltiples oportunidades se objetó la utilización de la categoría de desaparición forzosa, posicionamiento que encuentra fuertes resonancias en los discursos de las fuerzas armadas durante la última dictadura militar respecto de los desaparecidos (La Nación 11-06-17).
  4. El 26 de noviembre de 2017, Rafael Nahuel, de 22 años, murió de un disparo producido por un agente de la Prefectura Naval en el marco de un operativo violento realizado en la comunidad indígena LafkenWinkulMapu ubicada en la localidad rionegrina de Villa Mascardi. Durante la represión resultaron heridos otros dos mapuches (una mujer y un varón) también por armas de fuego, y fueron detenidas varias personas, entre ellas cinco niños (Página 12, 26-10-17). La Ministra Patricia Bullrich justificó el accionar de la Prefectura Naval, argumentando que “actuó en defensa propia” frente a la acción violenta de un grupo que no había buscado realizar una “protesta o reivindicación” sino que había desarrollado “una metodología de violencia armada, inadmisible con la democracia y el Estado de Derecho” (Página 12 26-10-17 “Bullrich dio su versión de lo ocurrido”).
  5. El 8 de diciembre de 2017 Luis Oscar Chocobar disparó por la espalda a Juan Pablo Kukoc, uno de los presuntos delincuente que atacaron a un turista estadounidense para robarle su cámara de fotos y otras pertenencias. Luego del hecho fueron difundidas imágenes donde se observa el momento en que Chocobar dispara contra el joven, quien corría de espaldas a una distancia estimada de unos diez metros delante del policía. Tras el procesamiento y embargo del policía por el delito de homicidio agravado por exceso de la legítima defensa por parte del juez, el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hicieron una encendida defensa de su accionar. Macri, incluso, recibió al acusado en la Casa de Gobierno y le brindo todo su respaldo.
  6. Este retorno de la retórica de la Tolerancia Cero se advierte claramente en las declaraciones que la Ministra Bullrich realiza en abril de 2016. En esa ocasión, la autoridad ministerial anuncia la necesidad de terminar con el paradigma policial “en el que el policía siempre era el victimario” y producir una nueva doctrina que “invierta la carga de la prueba” a favor de los policías al momento de conjurar un delito (Infobae 06/02/2018). Resulta llamativo cómo la expresión “desatarle las manos a las policías” que como mencionamos en la Introducción fue acuñada por Carlos Ruckauf en la campaña electoral de 1999, parece reeditarse veinte años después en la denominada “doctrina Chocobar” que propone el gobierno macrista.
  7. Con “Nuevas amenazas” se hace referencia a la doctrina que desde los años noventa se promueve desde Estados Unidos como modelo de seguridad para la región y el mundo. En efecto, a partir de la última década del siglo veinte, el concepto de “nuevas amenazas” se ve asociado al “conjunto de riesgos y situaciones conflictivas no tradicionales que requieren de la intervención extraordinaria de las fuerzas armadas para su combate (Sain, 2001). En ese sentido, de acuerdo a algunos estudios especializados el paradigma de las nuevas amenazas ha tendido a funcionar como un mecanismo para justificar la intervención militar en asuntos propios de la seguridad interior (CELS, 2016, Sain, 2001). El narcotráfico, el terrorismo, las migraciones, los conflictos étnicos, raciales, nacionalistas y hasta incluso desastres naturales constituyen algunas de las problemáticas que comienzan ser anudadas a la categoría de “nuevas amenazas”.
  8. La Argentina estableció un esquema legal e institucional democrático caracterizado por el control político civil, la separación entre seguridad interna y defensa y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos políticos internos. Este esquema se basa en tres leyes (de Defensa Nacional de 1988, de Seguridad Interior de 1991 y de Inteligencia Nacional de 2001) y el decreto reglamentario 727/06, sancionados y reglamentados durante presidencias distintas, que conforman uno de los acuerdo interpartidarios de mayor relevancia durante el período democrático en nuestro país (CELS, 2016).
  9.  El 21 de enero de 2016, a poco más de un mes de que Cambiemos asuma el gobierno nacional, el poder ejecutivo decide declarar la Emergencia en Seguridad Pública en todo el territorio nacional “con el objeto de revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo y el crimen organizado” (La Nacion 22-01-2016).Entre las medidas que establece el decreto figura la aprobación de “Reglas de Protección Aeroespacial”, cuya autoridad de aplicación son las Fuerzas Armadas y a partir del cual se habilita el derribo “aeronaves hostiles”, cuando fueran sospechadas de transportar drogas. Como fue indicado por especialistas y miembros de la oposición dicha decisión supuso en la práctica la autorización para la intervención directa y letal de los militares en temas de seguridad interior como también la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo (Página 12, 26-01-16) .
  10. La cuestión del terrorismo comienza a ser instalada en los discursos ministeriales como problema de seguridad en la Argentina a propósito de una serie de conflictos que se produjeron con la comunidad mapuche y que derivaron en violentas represiones como las que ocasionaron la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinaron de Rafael Nahuel. Ello resulta muy claro en distintas declaraciones públicas realizadas por las autoridades ministeriales en el año 2017 en las que se hace referencia a una organización de la comunidad mapuche como un grupo “terrorista” que busca construir una “república Mapuche en el medio de la Argentina”, justificando de este modo el accionar violento de las fuerzas de seguridad sobre este sector de la población (TN, 08-08-17).


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