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Apuntes biográficos de una mujer migrante en prisión

Un espejo de la reina mala para el Estado-nación

Sol Marina Rodríguez

Introducción

El presente trabajo se propone indagar el modo en que la presencia de mujeres migrantes encarceladas interroga al Estado-nación. Tal como afirma Sayad (2010), la inmigración obliga al desvelamiento del Estado, permite desnaturalizarlo, rehistorizarlo. Las experiencias de mujeres migrantes que, habiendo cometido un delito, habitan las cárceles de un país donde no nacieron, invita a preguntarnos por los supuestos con los que el Estado-nación opera y el modo en que se ponen en tensión en estos casos. Cuando el Estado-nación se mira a sí mismo en la presencia de mujeres migrantes en sus cárceles, ¿qué le responde el espejo? Considero que habilitar este interrogante permitirá problematizar el modo en que se entretejen los procesos de criminalización, control social y encarcelamiento con las matrices interseccionales de opresión que definen su situación.

Los debates que han asociado las migraciones y la cuestión criminal no constituyen una temática nueva. Se inscriben en la larga historia del pensamiento criminológico, atravesada por las dinámicas del racismo y la xenofobia. En el contexto argentino, de hecho, puede remontarse el gesto de sospecha y la criminalización de personas migrantes a las formulaciones explícitas en la Ley de Residencia, de 1902. No obstante ello, y tal como plantea Courtis (2006), fue recién hacia la década de 1990 que comenzaron a difundirse masivamente los discursos que vinculan a la inmigración con el aumento de los delitos comunes.

Es posible afirmar que el fenómeno migratorio no puede ser descripto ni interpretado sino a través de las categorías del pensamiento de Estado (Sayad, 2010; Bourdieu, 1997), que separa y distingue de manera radical a nacionales y no nacionales. En este sentido, la presencia inmigrante, en sí misma, perturba al orden nacional y su perfección mítica, “[…] fuera de lugar en un sentido geográfico y moral” (Gil Araujo, 2009: 18). Tiende a ser utilizada como un chivo expiatorio para explicar los males que afectan a la sociedad nacional: el aumento del desempleo, la escasez de vivienda, la deficiencia en servicios sociales (Stolcke, 1995).

La introducción de la perspectiva de género para analizar esta problemática es reciente. Durante mucho tiempo, tanto la delincuencia femenina (Antony, 2007) como las trayectorias de mujeres migrantes no fueron atendidas como objeto de estudio porque las investigaciones tomaron como punto de partida estereotipos sobre la mujer —la debilidad, la pasividad, la obediencia— que, en cierto modo, contribuyeron a distorsionar la realidad. No obstante la progresiva visibilización del tema —tanto desde la sociología de las migraciones como desde los análisis sobre el encarcelamiento—, la cárcel continúa siendo un espacio opaco a la mirada de la sociedad en general, y de las ciencias sociales en particular. Tal como afirman Segato y Álvarez (2016: 8), tendemos a responder a una fe cívica, una fe incierta en el sistema de justicia: creemos que porque en algún lugar remoto, al final de un camino, en una especie de cloaca del territorio que habitamos, hay una cárcel, estamos seguros. […] Esa ilusión es ficcional. Esas ficciones se apoyan en el silencio y se ponen en jaque cuando indagamos en las cárceles y constatamos las fallas del paradigma de la resocialización y el hecho de que la pena, en el mejor de los casos, es un mal en sí misma (CELS, Ministerio Público de la Defensa y Procuración Penitenciaria de la Nación, 2011). Esta problemática tiene lugar en un contexto en que la cuestión de la inseguridad atraviesa la agenda de los debates públicos, dando lugar a discursos punitivos orientados a demandas de mayor control y más encarcelamiento.

En este marco, la selectividad del sistema penal opera generando una sobrerrepresentación carcelaria de las personas extranjeras[1], fenómeno que ha sido explicado apuntando a la posibilidad de que los extranjeros cometan más delitos, de que el sistema penal actúe en forma discriminatoria o a una combinación de ambos factores. En el caso de Argentina, según el Informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) de 2015, hay un 6 por ciento de personas extranjeras en prisiones; mientras que los y las migrantes representan aproximadamente un 4,5 por ciento de la población en general del país[2]. Estas cifras se agudizan cuando observamos que en el Sistema Penitenciario Federal[3] las personas extranjeras alcanzan el 20 por ciento de la población encarcelada (PPN, 2014). Finalmente, al introducir la variable de género, la sobrerrepresentación se dispara: mientras la tasa de condenas para el colectivo de mujeres nacidas en Argentina es de 12 cada 100.000 habitantes, en el caso de las mujeres extranjeras asciende a 35 cada 100.000, lo que permitiría suponer que las mujeres extranjeras tienen tres veces más posibilidades de ser condenadas por un delito que las mujeres argentinas.

Al indagar en la particularidad del encierro de mujeres migrantes, se abren numerosos interrogantes: ¿de qué manera su condición de mujeres y de migrantes agrava el encierro? ¿Cómo se ponen en evidencia en su caso las fallas del sistema en cuanto al fin resocializador? ¿Qué castigos se acumulan en la experiencia de una mujer migrante para indicarle que está en un lugar que no es su hogar porque ha desobedecido? El modo de buscar respuestas a estas preguntas no debe obviar que esta presencia está atravesada por múltiples variables —de género, de clase, de raza, de origen nacional— y que el modo singular en que se conjugan dará con historias de vida que sean capaces o no de sostener estrategias para hacer frente a esta circunstancia. Es por ello que sostengo que es sólo desde una perspectiva interseccional que podremos analizar en su complejidad todas las cárceles que se superponen en la experiencia concreta de una mujer migrante presa.

Siguiendo este objetivo, el presente artículo abordará las experiencias de vida de una mujer migrante encarcelada en el Sistema Penitenciario de la Provincia de Santa Fe, puestas en relato en una serie de encuentros que tuvieron lugar entre agosto de 2016 y mayo de 2017, en los que se dialogó en torno a sus trayectorias migratorias, su encarcelamiento y las estrategias puestas en juego en este contexto. A través de su voz y desde su experiencia, se propondrá un análisis del modo que asume la presencia de mujeres migrantes en prisión. Una presencia incómoda, desplazada y disruptiva que nos lleva a preguntar por los aspectos formales e implícitos en que convergen en las biografías de estas mujeres distintas aristas del pensamiento de Estado: el fantasma de la expulsión, los traslados coactivos, el más intenso aislamiento y la superposición de muros y fronteras.

La historia de Diana como espejo de la reina mala para el Estado-nación

En un artículo de publicación reciente, Segato (2016) hace mención a la expresión el espejo de la reina mala, en referencia al cuento de Blancanieves: hemos oído una y otra vez a la reina preguntarle a su espejito quién era la más hermosa de todo el reino. El nudo del relato emerge cuando el espejo no le responde aquello que la reina quiere escuchar. En este sentido, el espejo es el lugar en el que nos miramos si estamos dispuestos a que nos sean dichas algunas verdades.[4]

Pienso que la historia de vida de Diana[5], una mujer migrante colombiana encarcelada en una unidad penitenciaria de la Provincia de Santa Fe, puede ser un espejo donde el Estado se mire y se pregunte: Espejito espejito, ¿será esto a lo que llamamos inclusión?, ¿es lo único que el Estado de derecho tiene reservado para una persona migrante que cometió un delito? Espejito espejito, ¿soy xenofóbico?, ¿estoy vulnerando sus derechos?, ¿soy partícipe de la criminalización de las mujeres migrantes?

Previamente, me interesa hacer referencia a algunas cuestiones metodológicas que inciden directamente en las decisiones que he tomado. Es posible evidenciar la escasez de investigaciones cualitativas en cárceles (Kalinsky, 2004), asociada a las diversas limitaciones para desarrollar nuestro trabajo en ese contexto: dificultades ligadas a la obtención de las autorizaciones correspondientes, incomodidades que puede generar nuestra presencia para el servicio penitenciario e incluso malestares en relación al trato directo con las personas detenidas. En estos espacios se requiere de modo imprescindible una mediación institucional, “sea para acceder a la estructura, sea para organizar el lugar físico de la entrevista, o para entrar en contacto con los detenidos” (Sbraccia, 2010: 64).

Estas dificultades o, tal como las llama Sbraccia, perturbaciones de naturaleza ambiental, están ligadas a nuestra presencia como investigadores dentro de una institución total y exigen tomar decisiones metodológicas adecuadas para volver viable nuestro trabajo. Al inmiscuirnos en lugares que no están necesariamente preparados para recibir a alguien de afuera que viene a mirar lo que les está pasando (Kalinsky, 2004), debemos poner énfasis en la importancia de desarrollar un vínculo de confianza con las personas con quienes trabajamos. Esta confianza se asocia a diversas cuestiones: la privacidad —como una aspiración pretenciosa en el ámbito carcelario—, vinculada a encontrar un lugar físico donde la palabra pueda circular con comodidad, a la existencia de un pacto en que la persona con la que trabajemos sepa que su información está protegida, a la importancia de asumir una actitud de escucha y de lograr que el relato sobre sus trayectorias de vida tenga lugar sin esa fuga hacia adelante[6] que caracteriza a la palabra de quienes están encarcelados.

Todas estas cuestiones fueron emergiendo en mi experiencia de visitas a la cárcel y provocando interrogantes en relación al modo en que abordaría el tema que me ocupa[7]. El acceso a la unidad penitenciaria, como espacio donde se desarrolló mi trabajo de campo, estuvo atravesado por cuestiones tanto formales como fortuitas. Fue solicitado un permiso que se apoyó en el proyecto de investigación en curso y en la pertenencia institucional a la Universidad Nacional del Litoral, pero al mismo tiempo se contó con la ayuda de vínculos con personas clave que permitieron que el trámite del permiso se agilizara y que su obtención se hiciera efectiva. Más allá de contar con el documento de permiso, hubo ocasiones en que la guardia de la unidad penitenciaria me impidió el ingreso alegando motivos de seguridad, y visitas que debieron interrumpirse antes del tiempo acordado por determinación del penal. La arbitrariedad que impregna las reglas de juego de cárcel se extiende a las personas que nos vinculamos a ella “desde afuera”. No obstante las evidentes dificultades, sostengo la importancia de trabajar desde una aproximación biográfica que habilite a dar visibilidad a la narración de los procesos decisionales de las mujeres migrantes encarceladas. En este sentido, considero que la perspectiva biográfica habilita “la potencialidad reconstructiva de las historias de vida y su utilidad para vehicular las palabras de sujetos que usualmente no encuentran canales de expresión directa en la esfera pública” (Sbraccia, 2010: 59).

Finalmente, es necesario mencionar que este trabajo se apoya en apuntes de campo[8], transcripciones realizadas en un diario con posterioridad a las visitas, pareceres, reflexiones, citas de frases que aparecieron recurrentemente o llamaron particularmente mi atención. Esta etapa de mi trabajo de investigación se asocia a lo que Ferrarotti (2007) llama una exploración preliminar, en el marco de la cual se ensayan conceptos sensibilizantes para, en el futuro, poder construir conceptos operativos en torno al objeto. Es en este sentido que se organizan los aportes ordenados a continuación.

Diana nació en Colombia hace 43 años. Viajó en 2009 a Argentina y su proyecto fue y sigue siendo quedarse a vivir en este país. Llegó desde Ecuador con su hija menor —de casi seis meses— y su ex pareja. En cuanto logró estabilizarse económicamente, en el transcurso de los dos años siguientes, envió dinero para que sus dos hijas mayores pudiesen viajar. Tramitó la documentación correspondiente y obtuvo la residencia precaria. Inicialmente vivió en una localidad del conurbano bonaerense, pero a los pocos meses se mudó porque no le gustaba “vivir en un lugar más peligroso que Colombia”, dice. Su ruta por Argentina continuó por algunos meses en diferentes ciudades de Entre Ríos, para finalmente en 2012 llegar a una pequeña ciudad de Corrientes donde compró un terreno y construyó su casa. Ese es, en sus palabras “su lugar en el mundo”.

Relata que su decisión de migrar hacia Argentina no fue muy premeditada. No era la primera vez que iba a dejar un lugar para irse a vivir a otro, ya que en 2001 había abandonado Colombia para radicarse en Ecuador con estatus de refugiada. Los motivos por los cuales migró en esa primera ocasión se asocian a una situación de violencia —en el marco de una crisis sociopolítica del país— que afectaba y ponía en riesgo tanto su vida como la de sus hijas. La situación esta vez era distinta y cuenta que no imaginó la posibilidad de no encontrar trabajo en Argentina. Ella pensaba dedicarse al comercio, como finalmente lo hizo. Cuando habla sobre su proyecto migratorio hacia Argentina, pone énfasis en su protagonismo: “migrar es de valientes”, afirma. Reconoce que al venir asumió riesgos, pero disocia completamente su trayectoria migratoria de su trayectoria delictiva; la cárcel aparece en su historia como un escenario inesperado. En este sentido, menciona su esfuerzo, su trabajo y su interés por el bienestar de sus hijas cada vez que quiere explicar lo injusto de su encarcelamiento, como un escudo frente a los prejuicios que la definen como mala madre y mala migrante.

Su historia desmiente la creencia extendida de que las mujeres no deciden sobre su propia movilidad. No encontramos en su relato la voz de una víctima pasiva, dependiente o débil; sino que una y otra vez emergen las referencias a las distintas estrategias por ella desplegadas, tanto en su proceso migratorio como en la actual situación de encierro. La cárcel opera exacerbando los mandatos morales que pesan sobre las mujeres y les recuerda día a día que son malas mujeres, malas hijas, malas madres. Sin ser posible anticipar cuáles son los efectos transformadores que la institución genera, sí se puede evidenciar el profundo sufrimiento que de ello se deriva. Esto constituye una pena añadida, un plus punitivo que las mujeres encarceladas viven día a día. Las mujeres extranjeras privadas de libertad, en particular, constituyen un grupo especialmente vulnerable, históricamente invisibilizado y que encuentra muchas dificultades para acceder a sus derechos en prisión. Según un informe reciente de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la respuesta punitiva se agrava en su caso y es posible hablar de una triple condena, “pues a la pena de cualquier persona encarcelada se le agrega la vulnerabilidad de su condición de extranjeras y de su condición de mujeres” (PPN, 2014: 80). Todas estas “penas” añadidas, en la medida en que la legislación y las prácticas penitenciarias no contemplen sus problemas específicos, implicará la profundización de las violaciones de sus derechos fundamentales.

Los encuentros con Diana fueron sucediéndose cada 10-15 días, a veces en una sala de la unidad penitenciaria destinada a actividades culturales, otras veces en el patio donde se reciben visitas de familiares y amigas, otras en un cuarto muy pequeño conocido como “la salita de abogados”. Nunca fuimos nosotras quienes decidimos el lugar para conversar. A través de esas charlas, nos dispusimos a desandar sus experiencias para preguntarnos por los nudos, por las marañas en los caminos que la llevaron a estar ahí. Al tiempo que su relato avanzaba, fueron poniéndose en evidencia cuáles eran los efectos del encarcelamiento en su vida y de qué modo su condición de mujer, migrante y pobre la exponía a problemas específicos. En torno a la especificidad de su experiencia, es posible reconocer cuatro temas que describiremos a continuación.

a) Comunicación y visitas. Mi primer encuentro con Diana estuvo atravesado por una afirmación: “yo no estoy acá porque soy extranjera, estoy acá porque soy pobre”. Mis lecturas sobre la perspectiva interseccional se encarnaron en sus palabras, dándome a entender que no alcanzaba con haber nacido en otro país y haber sido acusada de cometer un delito para estar presa. También había que ser pobre. En este sentido, es en la intersección del género, el origen nacional y la clase que la historia de Diana será analizada[9].

En esta ocasión, le pregunté si ella pensaba que, por no haber nacido en Argentina, la cárcel era para ella distinta a lo que era para las demás. “No, es todo lo mismo”, dijo, “solamente que los domingos cuando todas bajan a las visitas yo me quedo acá arriba”. Meses más tarde me contaría que era la primera vez que se puso a pensar en lo específico de su situación.

La posibilidad de recibir visitas durante el encierro implica un conjunto de ventajas y beneficios para las personas presas, tanto de índole material como de tipo afectivo y de contacto con el exterior. En el aspecto material, las visitas de familias y amigos significan la obtención de dinero, alimentos, tarjetas telefónicas y otros recursos muy necesarios, ya que no son suministrados por la administración penitenciaria[10]. Por otra parte, poder sostener los lazos afectivos es una herramienta que facilita el pasaje por la cárcel, generando un contacto de mucho valor con la vida que transcurre por fuera de los muros (PPN, 2014).

Diana llega por primera vez a la ciudad de Santa Fe trasladada desde una comisaría del norte de la Provincia donde estuvo detenida los primeros tres meses de su condena: no conoce la ciudad en la que vive desde hace casi dos años. Tiene dos hijas jóvenes, mayores de edad, que viven en el norte de la Provincia de Santa Fe, en dos ciudades distintas. Las separan de la unidad penal casi 400 kilómetros, y un pasaje de micro muy costoso. Luego de haber transcurrido un año sin recibir visita alguna, consigue ser trasladada hacia la ciudad donde se encuentra una de sus hijas en junio de 2016, dentro de lo que se conoce como un “acercamiento familiar”. Este consiste en un viaje de cinco horas de ida y cinco horas de vuelta, en que es trasladada a una comisaría y puede permanecer allí sólo dos horas para ver a sus hijas y nietas. Durante los primeros dos años de su encarcelamiento, ha visto a su familia de este modo cinco veces: es decir, diez horas. En cuanto a su hija menor, de ocho años de edad, vive con su padre en otra provincia y no la ha visto nunca desde su arresto, en junio de 2015. El costo del pasaje es una barrera de clase —asociada a la capacidad adquisitiva de su familia— que impide que Diana sea visitada. Al mismo tiempo, una lectura intersecada con el género hace visible otros impedimentos: que ambas hijas tienen, a su vez, hijas pequeñas a su cuidado y que ambas dependen económicamente del ingreso de sus parejas varones, nativos.

Se hace evidente cómo el encarcelamiento tiene impacto en la persona que está presa y afecta a sus vínculos con todo su entorno familiar y afectivo. Varios de los informes consultados hacen referencia al impacto diferenciado que el alejamiento de la familia provoca en las mujeres, vinculado al rol que ellas desempeñan —o que se espera que desempeñen— en nuestras sociedades, ocupándose generalmente de la crianza de hijos e hijas y el cuidado de otros familiares, más allá del trabajo remunerado. Considero que los efectos del alejamiento de una mujer respecto de sus hijos e hijas no debe ser analizado sin complejizar la mirada: existen datos de contexto para hacer inteligible el sufrimiento, asociado con los mandatos que pesan sobre su persona, a las expectativas que las demás personas y que ella misma tiene en torno a su rol y a su responsabilidad de cuidado. Si las mujeres se ven afectadas en mayor medida por el encierro, ya que significa el aislamiento del grupo familiar, ello responde a una economía política de las emociones[11] (Scheper-Hughes, 1997) y no a una esencia universal en torno al amor de madre. Después de todo, el problema de la destrucción del vínculo materno-filial eclipsa una cuestión más amplia y compleja: que no existan alternativas dignas y respetuosas para los y las niñas que deberán quedar al cuidado de otros familiares, generalmente en un contexto de pobreza, o ser institucionalizados, con todas las vulneraciones que ello implica.

Otro modo de ponerse en contacto con el exterior empleado por Diana es el teléfono, a través del cual se comunica tanto con sus hijas como con su madre, que reside en Colombia. Fueron muchas las dificultades que ha tenido para satisfacer esta necesidad, ya que más allá de disponer de tarjetas telefónicas, la unidad no contaba con teléfonos a través de los cuales fuera posible realizar llamadas internacionales. Hizo falta elevar notas a las autoridades correspondientes y varios meses de espera para que se resolviera esta cuestión[12]. Otros vínculos con el afuera menos reconocidos tienen que ver con el uso de las redes sociales; fundamentalmente el acceso a Facebook desde una computadora habilitada para usar durante una hora dos veces por semana, sin privacidad alguna.

Finalmente, me interesa mencionar una estrategia llevada adelante por Diana y que se constituye en un modo de atenuar el encierro: la visita de penal a penal. Poco tiempo después de ingresar a la cárcel, una compañera le ofreció el número de teléfono de un conocido que estaba detenido en la Unidad Penitenciaria N° 1, en la ciudad de Coronda, a 60 kilómetros de Santa Fe. Diana comenzó a comunicarse con él a través de un teléfono celular que tenía en el momento, a pesar de tratarse de un objeto prohibido en el reglamento interno de la unidad. Unos meses después de iniciado el contacto, solicitó y obtuvo un permiso para visitarlo. Resulta imprescindible una lectura en clave de género de este mecanismo: todas las semanas, cada jueves y cada sábado, un colectivo con varias mujeres en pareja con varones de la Unidad Penitenciaria N° 1 sale desde la cárcel de mujeres de Santa Fe para realizar las visitas de penal a penal. No existe esa misma visita a la inversa. Esto se asocia a una cuestión generalmente reconocida en los trabajos sobre el tema: en las cárceles de mujeres es usual que las visitantes sean también mujeres, algo impensable en las prisiones masculinas, donde los visitantes no son casi nunca varones (Antony, 2007). Nuevamente vemos cómo en las reglas de juego del sistema penitenciario se filtran los estereotipos de mujer en tanto cuidadoras, a cargo de la atención de los demás, dispuesta como un ser-para-otros. Los sentidos que asume esta relación para Diana son múltiples: el vínculo erótico-afectivo, la posibilidad de salir periódicamente del edificio en el que está encerrada, el valioso contacto con un varón nativo que cuenta con recursos —un domicilio en la ciudad, una red familiar de contención—, el plus que representa estar en pareja para la mirada de las empleadas penitenciarias. Con todo esto no se pretende inferir que se trate de una relación meramente instrumental, pero sí enmarcarla en una serie de estrategias que las mujeres encarceladas sostienen habitualmente.

b) El acceso a la educación. El acceso a la educación es uno de los derechos constitucionales que operan como eje de la progresividad de la pena y es establecido por la administración penitenciaria como uno de los objetivos a cumplir por los detenidos en el marco del tratamiento penitenciario (PPN, 2014). No se trata de una opción más en la circunstancia del encierro, sino de uno de los pilares en los que se apoya formalmente el sistema: en términos de derecho, de igualdad de oportunidades, pero también para obtener ciertos beneficios. Estar inscripta y cursar alguno de los niveles educativos implica una valoración positiva para obtener concepto y conducta; y genera una reducción de la pena, anticipando la salida unos meses.

La historia de Diana nos habla de cuáles son los obstáculos para una mujer migrante en el ejercicio de su derecho a la educación. Ella realizó los estudios correspondientes a nivel primario y secundario en Colombia, por lo que la opción lógica para su situación sería elegir alguna de las propuestas de educación a distancia que la universidad ofrece en la unidad penal. No obstante, el requisito de contar con la documentación correspondiente a su escolaridad le impide avanzar en esos términos. Diana tiene unos papeles, pero no sirven porque no están certificados del modo en que lo requiere el servicio penitenciario. Cuando recurrió al consulado en búsqueda de asistencia, se le negó toda respuesta al respecto.

A pesar de que, como se indica en el informe elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, son numerosos los casos en que las personas encarceladas no pueden conseguir la documentación necesaria para acreditar estudios previos, no se ofrecen alternativas o apoyo a personas extranjeras. Ante la ausencia de un modo de resolver esta cuestión, Diana volvió a cursar séptimo año de nivel primario, con la evidente inutilidad en términos de oportunidades educativas que esto tuvo para ella. Su motivación se orientó completamente a hacer conducta y buscar la reducción del tiempo de encierro.

En este sentido, la educación en la cárcel pierde cualquier carácter formador y se transforma en una actividad que se desarrolla de modo meramente instrumental, en el mejor de los casos; o en un privilegio al que pueden acceder aquellas personas cuya documentación no quedó atrapada en otra frontera nacional.

c) La progresividad del sistema penal en el caso de las personas migrantes. La progresividad es, por definición, la columna vertebral de la Ley N° 24.660, de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Supone que, para alcanzar el fin resocializador, se establecerá un camino gradual que implique moverse a través de etapas en las que se vaya atenuando el encierro, o bien ampliando la autonomía. En el caso de las personas extranjeras, suelen encontrar graves dificultades para transitarla dado que, al carecer de un domicilio de referencia en el lugar, no se les permite acceder a salidas transitorias y libertad condicional (PPN, 2014).

Es este uno de los aspectos donde la distinción entre personas extranjeras y migrantes residentes tiene una expresión nítida: no es igual la situación de aquellas mujeres que son detenidas al cruzar las fronteras que la de aquellas que proceden de otros países y establecen su residencia en el país de acogida, independientemente de su situación administrativa (Martín Palomo, 2006). En el caso de Diana, su llegada al país sucedió seis años antes de su detención, pero su lugar de residencia era, como se mencionó, la Provincia de Corrientes. El motivo por el cual está encarcelada en una prisión de la Provincia de Santa Fe es porque el delito del cual se la acusa se cometió en esta jurisdicción provincial. Es por ello que su llegada a la ciudad de Santa Fe sucede después de haber sido detenida. Su situación promedia el espectro posible que va desde aquella mujer que no tiene arraigo de ningún tipo en el país hasta aquella cuya familia vive en la misma ciudad en la que se encuentra detenida.

Es posible inferir que, como migrante residente cuya familia se encuentra en parte viviendo en Argentina, sus experiencias se acercan y se trenzan con las de otras mujeres encarceladas que —ya sea por traslados coactivos o por la distancia entre la unidad penitenciaria y su lugar de residencia— tienen dificultades para sostener el contacto regular con su familia[13]. En el caso de Diana, si bien todavía no ha comenzado la fase donde se la habilita a salidas transitorias —a la que se accede una vez cumplida la mitad de la condena—, la estrategia que ha elaborado para resolverlo va más allá de las opciones puestas a su disposición por el sistema. Consiste en que su pareja le otorgue la posibilidad de realizar salidas transitorias en el domicilio de un familiar, a modo de favor. El éxito o el fracaso de esta estrategia están por verse.

En definitiva, las dificultades de las personas migrantes para seguir el recorrido de la progresión[14], que se manifiesta no sólo en los permisos de salida sino también en el acceso a la libertad condicional —una vez cumplidos los dos tercios de la pena—, en la práctica “tiende a redundar en un tiempo de privación de libertad efectiva superior al correspondiente a los reclusos autóctonos” (Brandariz García, 2011: 245).

Por último, es necesario recordar que la Ley de Migraciones N° 25.871 —vigente desde 2004— prevé, para el caso de personas extranjeras en situación irregular la expulsión del país cuando se haya alcanzado la mitad de la condena, que es precisamente cuando tiene lugar el inicio de las salidas transitorias. Es decir que la expulsión vendría a sustituir su concesión. En el caso de que tenga lugar la expulsión, el castillo de naipes de la lógica resocializadora se cae de una vez, y el tiempo de cumplimiento de prisión tiende a devenir, en el mejor de los casos, inútil; en el peor, perjudicial. Profundizaremos en la cuestión de la expulsión en el siguiente subtítulo.

d) El recurso a la expulsión como falsa sustitución de la pena. Esta última cuestión a analizar es quizás el punto más controvertido y de mayor actualidad en lo que respecta a la intersección entre política migratoria y política criminal. Revela los aspectos críticos de la legislación actual, ya que, tal como afirma Domenech (2009: 40), “si bien establece una serie de derechos y garantías para aquellos inmigrantes cuya permanencia en el país se constate como ‘irregular’, la cancelación de la permanencia y la consecuente expulsión, aunque no se efectivice, está siempre latente”. En este sentido, la definición misma de la condición de extranjero termina asociándose, haya expulsión o no, a su expulsabilidad, siendo esta una de las prerrogativas esenciales de la soberanía nacional y una de las más claras expresiones del pensamiento de Estado (Sayad, 2010).

La expulsión es una sanción que, en tanto medida administrativa, representa el régimen punitivo del derecho de extranjería. Decidida bajo el pretexto del antecedente penal, extiende el castigo legalmente previsto ante un delito determinado y pone en evidencia qué sucede cuando una persona extranjera infringe las reglas de la buena conducta. En este sentido, “no se limita a afectar la libre elección de residencia de la persona, se extiende a todas las facetas de la vida personal y social, afectando de un modo u otro una multitud de derechos” (García, 2015: 198).

Esta medida puede ser aplicada contra la voluntad de la persona afectada, aunque tuviera arraigo en Argentina. Es importante recordar que, a partir del decreto 70/2017, las condiciones para la denegación de residencia y expulsión y los tiempos otorgados para los trámites correspondientes fueron modificados, generando una situación de mayor vulneración para los y las migrantes[15]. En este sentido, es posible caracterizar el escenario actual como un momento de endurecimiento en las políticas migratorias para personas con antecedentes penales.

En el caso de Diana, en marzo de 2017 recibió una orden de expulsión desde la Dirección Nacional de Migraciones donde se disponía que, dada su condición de irregular y ante la imposibilidad de renovar su residencia con motivo de sus antecedentes penales, debería abandonar el territorio nacional una vez cumplida la pena impuesta o cesado el interés judicial de su permanencia en la República Argentina. A su vez, se le imponía un impedimento para volver a ingresar al país por el transcurso de ocho años.

Diana ya había escuchado de las modificaciones generadas por el nuevo decreto, su ex pareja le comentó en una conversación telefónica que habían “sacado una ley nueva que dice que van a devolver a todos los extranjeros”. No obstante esa anticipación, el impacto que le provocó recibir la orden de expulsión fue negativo en múltiples sentidos. La empleada penitenciaria que la llamó para notificarla le dijo “Acá llegó una nota que dice que te tenemos que mandar de vuelta a Colombia, firmá”. Las sensaciones que generó en ella la recepción de esos papeles fueron de confusión y angustia. En principio, porque la lectura sin mediaciones del documento es dificultosa y requiere explicaciones que, en el contexto carcelario, no están a disposición. Al mismo tiempo, porque las posibilidades de organizar una respuesta que rechazara esa orden en los plazos fijados son escasas y requieren articulaciones institucionales no preexistentes entre la unidad penitenciaria y la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación, dependencia que finalmente se encargó de interponer un recurso administrativo[16]. Este trámite se encuentra abierto e inconcluso, ya que las previsiones de la ley indican que la expulsión de residentes no es automática, sino que está sujeta a una reconsideración administrativa y, en caso de ser denegada, a una revisión judicial.

No obstante, es posible realizar algunas inferencias provisorias. En primer lugar, que desmiente cualquier pretensión de reinserción en la sociedad que fundamente la pena privativa de la libertad dado que, si la persona va a ser expulsada, “difícilmente se le podrá aplicar un tratamiento penitenciario dirigido a la reinserción social (¿a qué sociedad?) de manera que devendrá imposible que la pena cumpla su función legal” (Monclús Masó y García, 2012: 359). En este sentido, de confirmarse la orden de expulsión, el cumplimiento de la condena pierde todo sentido para Diana, ya que su horizonte, su deseo y su idea de “estar afuera” están localizados en Argentina.

Por otra parte, representa un plus punitivo para las personas migrantes detenidas, pues menoscaba el principio non bis in ídem, que impide que el mismo hecho sea sancionado más de una vez, “ya que la condena penal, la expulsión por ella e incluso la prohibición de reingreso son tres sanciones originadas en el mismo hecho” (García, 2015: 212). Incluso formalmente se dispone la retención de la causante en los términos del artículo 70 de la Ley 25.871: la orden de expulsión recibida, que se explica a partir de su condena penal, desconoce su situación de encierro y por lo tanto recomienda su encierro. Si siguiéramos literalmente lo que la disposición indica, Diana estaría dos veces encerrada, esperando a ser expulsada.

Finalmente, es posible afirmar que castiga de un modo particular a las mujeres al ordenar que se aleje definitivamente de sus hijas, residentes en Argentina, generando un impacto diferenciado vinculado directamente con su rol de género tal como es percibido y organizado socialmente (Guala y Spina, 2015). Tanto las representaciones hegemónicas sobre la maternidad como las prácticas concretas de cuidado —atravesadas por las dificultades para delegarlo en otras personas o instituciones asociadas a la pobreza—, esperan de Diana que esté presente para sus hijas y nietas. De ahí el sufrimiento que puede generar en términos subjetivos no poder responder a esas expectativas, ya sea por estar encarcelada o por ser expulsada del país.

En definitiva, se pone en evidencia que tanto la expulsión como la prohibición de reingreso resultan sanciones profundamente gravosas —en ocasiones desproporcionadas en relación a los delitos por los cuales se acusa a las personas migrantes— y que, como se pone de manifiesto en la circunstancia vivida por Diana, se extiende e intensifica su castigo en más de un sentido.

Sobre migrantes, delitos y pensamiento de Estado

Tal como se ha observado, existen problemáticas específicas que afectan a las personas extranjeras en prisión. En el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, aparecen mencionadas como un “colectivo vulnerable” (PPN, 2014: 5), denominación que supone no sólo una mayor selectividad penal sobre la población migrante y extranjera sino también una experiencia del encierro marcada por vulneraciones de derechos específicas. Las dificultades que enfrentan las personas extranjeras encarceladas —algunas de las cuales se ponen de manifiesto en la experiencia de Diana— son diversas: el hecho de no ser hispanoparlantes y los problemas que ello implica en la comunicación, las escasas oportunidades laborales en contexto carcelario, la ausencia de visitas y las dificultades para sostener vínculos familiares, la desatención consular, los problemas para ejercer el derecho a la educación, las trabas para acceder al régimen de progresividad en el cumplimiento de su pena, y hasta la posibilidad de ser expulsadas en contra de su voluntad, desconociendo el arraigo y la presencia del núcleo familiar en este país.

En este apartado, me interesa realizar una propuesta conceptual que, en tensión con los apuntes biográficos analizados, se pregunte cómo la historia de Diana interroga al Estado-nación. En este sentido, propongo analizar la tríada migraciones – delitos – encarcelamiento y observar el modo en que el pensamiento de Estado se encarna en las instituciones —en el sistema penitenciario, en este caso— y afecta las formas que asumen las experiencias de las personas migrantes en contextos de encierro.

Desde las últimas décadas del pasado siglo, la delimitación territorial como rasgo de los estados se ha vuelto un rasgo anacrónico (Benhabib, 2004). Sin embargo, y aun ante el colapso del concepto tradicional de soberanía, continúa ejerciéndose el monopolio sobre el territorio a través de políticas migratorias y de ciudadanía. Tal como afirma la autora, es esa la “piedra basal del Estadocentrismo […] el control policial y protección de fronteras del Estado contra extranjeros e intrusos, refugiados y solicitantes de asilos. El control de la migración […] es crucial para la soberanía del Estado” (Benhabib, 2004: 14).

El desafío consiste en emprender un análisis que no tome la existencia de los estados-nación como algo natural, que ha estado siempre ahí. Tal como afirma Gil Araujo (2009: 16), “la naturalización del Estado hace que aparezca como si fuese un objeto dado de por sí, eterno y universal, más allá de la historia y la geografía. Lo mismo sucede con la nacionalidad […] que ha pasado a concebirse como un atributo intrínseco del sujeto y no como algo que se obtiene si se cumplen determinados requisitos”. Sólo si se logra visibilizar el carácter contingente de los estados-nación y la arbitrariedad de sus prerrogativas, podremos analizar la centralidad que ha tenido en su construcción y reafirmación el control de los movimientos migratorios. La presencia de personas extranjeras en su territorio, en definitiva, es lo que obliga al Estado-nación a definir los códigos de inclusión dentro del espacio de la ciudadanía y a regular los mecanismos de exclusión (Mezzadra, 2005).

En relación a ello, emerge la tensión entre el fenómeno migratorio y el orden nacional. La inmigración es vista como una transgresión en sí misma, dado que contradice las categorías constitutivas de nuestro mundo social y político, que es nacional. En términos de Sayad (2008: 106), “el inmigrante pone en ‘peligro’ el orden nacional forzando a pensar aquello que es impensable, fuerza a desenmascarar sus presupuestos y a revelar la verdad de su institución y a actualizar las reglas de su funcionamiento. Por eso el inmigrante es un escándalo para todo el orden político”.

Siguiendo los planteos de Sayad, dado que las personas migrantes están, en términos del pensamiento de Estado, fuera de lugar, están sujetas a un fuerte mandato de hipercorrección social: deben desmentir la sospecha que recae sobre sí. Y en las circunstancias en que cometen una falta, el castigo conlleva el plus de la ilegitimidad de su presencia, ya que “no tiene derecho al delito” (Sayad, 2010: 402). Ahora bien, cabe preguntarnos cómo se pone de manifiesto esta cuestión en la situación particular de las mujeres migrantes que son acusadas de cometer un delito. La criminalización de las mujeres migrantes comienza cuando se penaliza el propio hecho de migrar (Martín Palomo, 2006), es decir, incluso antes del delito. Sobre estas mujeres pesan los estigmas derivados de desobedecer al rol que la sociedad espera de ellas. Ahora bien, cuando a este cuadro se le suma la transgresión de haber cometido un delito, da lugar a un mayor rechazo. En este sentido, se agrega una dimensión a aquello que Sayad define como doble pena: al hecho de que la inmigración está marcada con la idea de falta, generando una presencia culpable en sí misma, que es entendida como falta primera, y que opera como agravante ante la comisión de un delito, deberá agregarse la transgresión al imperativo de sumisión al que todas las mujeres deben responder. La pena se multiplica, entonces, dado que se redoblan las faltas al ser mujeres quienes las transgreden.

Podríamos afirmar que, del mismo modo que el proceso efectuado al inmigrado culpable de un delito es un proceso a la inmigración y a todo el sistema de representaciones en el que se apoya, cuando se trata de mujeres es también un proceso a aquellas reglas de juego que vienen a ser los mandatos sexo-genéricos en el marco de sociedades patriarcales.

Volviendo sobre el modo en que el pensamiento de Estado se hace presente en las experiencias de las personas migrantes encarceladas, se pone en evidencia que los modos en que las y los migrantes tensionan la democracia no se agota en las dinámicas de exclusión social equivalentes a las que viven día a día otros grupos sociales como las minorías sexuales, los pueblos originarios, las mujeres pobres, los jóvenes marginados del sistema educativo, sino que “es producida además normativamente por una serie de instrumentos que institucionalizan la exclusión en la propia definición de migrante” (Thayer, 2016: 2). En este sentido, la tensión analizada por el autor tiene su base en la institucionalización de la categoría de migrante y en la definición de una serie de restricciones y condiciones que lo distinguen de la categoría de ciudadano.

Del mismo modo que algunas investigaciones (Brandariz García, 2011; Magliano, 2009) recogen de modo crítico la definición del contrato de trabajo como requisito para el acceso a la residencia permanente, podríamos preguntarnos por la solicitud de ausencia de antecedentes penales para obtener la residencia y para evitar que sea cancelada. Mientras que el primero ignora que los mercados de trabajo se estructuran de modo discriminatorio en relación al origen nacional, el género y la edad, entre otras cuestiones, el segundo desconoce la selectividad del sistema penal —que tiene inicio en el modo en que la policía se relaciona con las personas migrantes, y continúa por el modo en que son juzgadas sus acciones, como instancias anteriores al sistema carcelario— y genera un efecto circular. Si ser extranjero significa estar más expuesto a los efectos de esta selección que un nativo, las consecuencias que esto tiene son también mucho más graves para migrantes que para personas argentinas.

En definitiva, es necesario avanzar en interpretaciones sensibles a las condiciones de detención y de ejecución de la pena de la población extranjera alojada en las cárceles federales y provinciales (Pacecca, 2011) para dar con la especificidad de una vivencia del encierro más intensamente atravesada por vulneraciones de derechos.

Visibilizar opacidades: apuestas y desafíos

Este trabajo se constituye en un avance de investigación que se propone articular un análisis teórico con apuntes biográficos de una mujer migrante encarcelada para indagar en lo que su experiencia nos dice sobre el mundo en el que vivimos y sobre aquel en el que queremos vivir. Sostengo que el sentido de trabajar en torno a este tema se asocia a hacer visible una realidad opaca a la sociedad en general que nos permita repensar los asuntos pendientes en la construcción de sociedades respetuosas de los derechos de todas las personas.

En consecuencia, se torna necesario:

1. Repensar las cárceles y poner en evidencia que los sistemas penales tienden a generar muchos más problemas de los que intentan combatir (Azaola, 2005), por lo que cuando socialmente se reclama más cárcel, se hace a partir del desconocimiento o la naturalización de las implicancias que conlleva el paso por una institución de este tipo.

2. Analizar también los efectos específicos que las cárceles tienen para las mujeres migrantes, recordando el planteo de Segato (2005: 2) cuando afirma que “[l]a cárcel es el medio donde los malos hábitos y las deformidades de la sociedad ‘libre’ cobran, simplemente, mayor nitidez”. Siguiendo esta idea, podríamos plantear que en el contexto carcelario se intensifican, se condensan, se cristalizan la xenofobia y el sexismo, volviéndose más fuertes las discriminaciones existentes en el mundo del afuera.

3. Repensar las migraciones y enmarcarlas en un debate más amplio que incorpore las nociones de Estado y ciudadanía que subyacen a las políticas migratorias.

4. Revelar de qué manera el pensamiento de Estado atraviesa las prácticas de los funcionarios sentados en las distintas oficinas a las que una persona migrante ingresa en su vida y reconocer la vulneración de sus derechos.

5. Poner en cuestión la relación entre estados y migrantes para discutir el modelo institucional de democracia y el grado de inclusión que definirá a la sociedad en la que vivimos.

6. Mostrar, también, la ausencia de políticas públicas que puedan reconocer las experiencias singulares de las personas migrantes en contextos de encierro.

La respuesta a la criminalidad de las personas migrantes, del modo en que está formulada, representa esa profecía que se autocumple, y como el mensajero del rey en el país de las maravillas, es juzgado por una infracción que se oculta en otra: —Ahí lo tienes —dijo la Reina—. Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.

Bibliografía

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  1. Creo necesario realizar una aclaración en relación al uso de las categorías “extranjera” y “migrante”, vinculada a una distinción analítica presente en los estudios de prisiones que hacen foco en esta población. Se considera personas migrantes a aquellas procedentes de otros países que establecen su residencia en el país de acogida, independientemente de su situación administrativa en éste, es decir, se trata de un término de corte demográfico. Al hacer referencia a personas extranjeras, se incluye a aquellas personas que sin residencia previa en el territorio nacional entran en contacto con el sistema policial, judicial y penal, y que por estos hechos cumplen condenas en cárceles. En muchas ocasiones, la condición de extranjería se adquiere a la par que la condición de delincuente. Este artículo hace referencia a la problemática de una mujer migrante en prisión, pero tanto las estadísticas disponibles como la bibliografía consultada, muchas veces no distinguen entre aquellas personas que residían en Argentina antes de ser encarceladas y aquellas que fueron detenidas al momento de ingresar.
  2. Fuente: https://goo.gl/Hnecyk. [Consulta: diciembre de 2017.]
  3. El sistema penitenciario argentino se organiza a partir de la división entre el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y los servicios penitenciarios de cada provincia. Las personas detenidas en el marco del SPF son aquellas cuyo juicio fue competencia de la justicia federal (ya sea por el tipo de delito o por la circunscripción donde se cometió), mientras que en las unidades penitenciarias provinciales se encuentran las personas que han cometido delitos comunes, en el marco del territorio provincial. No obstante ello, al no contar todas las provincias con prisiones federales, es posible encontrar “presos/as federales” en cárceles provinciales.
  4. El artículo indaga los modos de revisar críticamente a la universidad y afirma que lo que hace el patrón de colonialidad es “sustraernos el espejo”: […] el espejo de la reina mala puede ser un buen utensilio para emprender un camino decolonial. Debemos recuperarlo y preguntarle: espejito, espejito, ¿Soy negro? Espejito, espejito, ¿me he mentido a mí mismo? […] La colonialidad cubrió con un paño ese espejo indispensable que nos revela quiénes somos realmente y así obstruyó nuestra relación con él como camino hacia nosotros mismos. (Segato y Álvarez, 2016: 212.)
  5. El nombre ha sido modificado con su consenso para preservar su anonimato. Del mismo modo, de mutuo acuerdo se decidió no nombrar el tipo de delito por el cual se la acusa, al ser irrelevante para explicar su experiencia y al no acordar ella misma con los términos de su condena.
  6. Las personas detenidas generalmente han sido interrogadas y escuchadas más de una vez, y presentan una predisposición al relato estandarizado de los eventos. Es necesario para quien investiga evitar esta fuga hacia adelante y “reconducir lo antes posible al interlocutor a una fase histórica de su existencia lo más lejana posible a la comisión del delito y el arresto (corazón del relato estandarizado)” (Sbraccia, 2010: 67).
  7. Agradezco el acompañamiento y el sostén para mis primeras experiencias de trabajo de campo en cárceles a mi codirectora Vanina Ferreccio, a Nicolás Maiarota y a mis compañeras del Proyecto de Extensión “La perspectiva de género en contextos de encierro: el acceso de las personas privadas de libertad a la Ley Nº 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.
  8. Si bien la propuesta de trabajo inicial incluía la realización de entrevistas abiertas, en su devenir supe que sería imposible registrarlas utilizando un grabador porque, si bien lograba el permiso para ingresarlo a la unidad, Diana no estaba dispuesta a conversar grabando. Respetando su decisión, los registros fueron otros.
  9. Reconozco la existencia de otros factores —tales como la raza y la edad— que no están presentes en mi análisis. Esta ausencia pretende ser saldada en futuros trabajos.
  10. En un informe llevado a cabo por la Defensoría Pública Penal (Ganón, 2014: 79), se documenta que “[e]l Servicio no provee elementos de higiene personal a las internas. La ropa de cama es provista por la interna o sus familiares, no así los colchones y frazadas, que son provistos por la Unidad. Con respecto a la ropa y calzado, son las mismas internas quienes se abastecen, salvo en algunos casos puntuales que reciben donaciones”. Por testimonios de Diana y otras mujeres encarceladas en la misma unidad con las que he tenido contacto, son las visitas las que proveen de jabón, dentífrico, papel higiénico y otros elementos de higiene básicos, así como también algunos alimentos que no forman parte de la dieta asignada, como verduras frescas y lácteos. La alternativa para quienes no reciben estos elementos a través de las visitas es comprarlos en la cantina con su peculio o tarjeta social lo que, dado los altos costos de estos productos, es casi imposible.
  11. A través de esta categoría, la autora intenta mostrar cómo el contexto económico, político y cultural da forma a las emociones (Scheper-Hughes, 1997). Considero que pone a nuestra disposición la posibilidad de reflexionar en torno al carácter contingente del amor maternal, a partir de la consideración del contexto específico en el que tiene lugar el vínculo.
  12. Habitualmente, las notas se escriben con la ayuda de la asistente penitenciaria de la unidad. No obstante, en muchas ocasiones las mujeres recurren a otras internas que tienen experiencia en la elaboración de escritos para demandas. Es poco frecuente que la colaboración para realizar estas notas provenga de su abogado defensor ya que, tal como afirma Diana desde su experiencia personal, no la visita con frecuencia y no le da mucha importancia a sus reclamos.
  13. Los traslados coactivos son una forma de violencia institucional que se expresa en el cambio de cárcel donde la persona está cumpliendo su condena; al llevarla —en general sin aviso previo— a otra ciudad, se la aleja de su núcleo familiar y afectivo. En la Provincia de Santa Fe, entre 2016 y 2017 fueron trasladadas 13 mujeres a las cárceles federales de Ezeiza y La Pampa, fundamentándose dicho procedimiento en una puja política presupuestaria entre el gobierno nacional y el provincial. Más allá de estos hechos, el modo en que se distribuyen geográficamente las prisiones de mujeres en Argentina y la escasez de cárceles de mujeres puede ser leída en sí misma como uno de los rasgos constitutivos de la discriminación indirecta con efectos específicos para el género femenino (CEJIL, 2006). Las probabilidades de que el establecimiento penitenciario quede alejado del lugar de residencia de una mujer y su núcleo familiar es mucho mayor a lo que sucede con el encarcelamiento de varones.
  14. Cabe destacar que el régimen de progresividad sólo es accesible para aquellas personas que ya han sido condenadas y no para aquellas procesadas y con prisión preventiva: según un informe emitido en 2015, el 50.06 por ciento de las personas detenidas están procesadas sin condena. En el caso de las mujeres, alcanza el 62 por ciento; y en el de las mujeres extranjeras, asciende al 72 por ciento (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2015). Es decir que el acceso al régimen de progresividad para estas personas está en jaque.
  15. De modo sintético, podrían mencionarse las principales modificaciones que el Decreto 70/2010 genera respecto de la Ley N° 25.871: mientras que la ley indica que la denegación de residencia y expulsión tendrá lugar en el caso de migrantes que no estuvieran regularizados/as y que hubieran cometido delitos graves para los que correspondiera pena privativa de la libertad mayor a tres años, el decreto amplía los casos en que se aplicará incluyendo a todos/as los/as migrantes, tengan o no residencia, condenados/as o procesados/as por delitos para los que correspondiera pena privativa de la libertad. Por otra parte, la cancelación de la residencia a aquellos/as migrantes que la hubiesen obtenido según la ley es aplicada en caso de reincidencia, mientras que el decreto incorpora a migrantes condenados/as por cualquier delito castigado con pena privativa de la libertad. En relación a los trámites de expulsión, mientras que la ley otorgaba 30 días a partir de la notificación para presentar un recurso y el proceso de expulsión quedaba en suspenso hasta agotar las vías administrativas y judiciales, el decreto define que desde la notificación el/la migrante tiene tres días para presentar el recurso y el Poder Judicial tres días para resolverlo, pudiéndose ejecutar la expulsión incluso sin una decisión judicial al respecto.
  16. El modo en que Diana logró establecer contacto con la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación se asocia a un conjunto de articulaciones informales entre quienes supimos de su situación y allanamos esa ruta. No contó con acompañamiento alguno por parte del personal penitenciario ni de su abogado defensor en la tramitación del recurso de reconsideración.


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