La reunificación familiar en la política migratoria argentina y brasilera (1945-1950)

Sofía Arrieta

Signora, dobbiamo sapere se siete buoni per entrare nel Nuovo Mondo

—E vossia chi siete? Domineiddio? U deciditi vossia si semu boni o no semu bonipe’ trasere na vostra terra dell’altro mondo?^[2] (Del film Nuovomondo, de Emanuele Crialese).

Introducción

La propuesta es analizar la categoría de reunificación familiar —en adelante RF— presente en los acuerdos bilaterales^[3] sobre inmigración firmados en 1947 y 1948 entre Argentina e Italia y en 1949 y 1950 entre Brasil e Italia^[4]. El objetivo es dilucidar la visión estatal sobre la categoría de RF, problematizándola desde la perspectiva de género. Para ello, realizaremos un abordaje cualitativo de los documentos mencionados. Es importante señalar que estudiaremos exclusivamente el punto de vista del Estado —en este caso, argentino y brasilero— tratando de echar luz sobre las concepciones acerca del rol de la mujer que ponían en juego a través de sus políticas migratorias. La intención no es dar respuestas acabadas, sino abrir la puerta a algunos interrogantes y brindar resultados preliminares de investigación, que podrán profundizarse con indagaciones de más largo alcance.

Existe una escasez de trabajos en perspectiva comparada entre Argentina y Brasil. Según Devoto y Fausto (2008), los limitados avances en la comparación entre Argentina y Brasil son algo sorprendentes si se piensa en las potencialidades de las investigaciones comparativas entre los dos países. Para Bloch (1963), la comparación no opera sólo sobre la búsqueda de semejanzas sino también, y en especial, sobre las diferencias. De este modo, la historia comparada sirve para problematizar el propio caso, interrogarlo desde otra perspectiva y obtener una explicación más completa (Devoto, 2004). Bloch introduce la noción de “medio social”, aludiendo a la posibilidad o conveniencia de utilizar un marco más flexible y dinámico que el determinado por los estados nacionales, capaz de superar las limitaciones que estos imponen (De Cristóforis, 2009).

Desde la antropología de las políticas, se sostiene que toda política contiene, a modo de sustrato, un modelo social y determinadas relaciones de poder, señalándose su tarea codificadora basada en normas y valores (Shore y Wright, 1997). Las políticas públicas regulan la vida de las poblaciones, que son conformadas, clasificadas y moldeadas a través de ellas. En este sentido, toda política pública posee subyacentemente un modelo de sociedad —ideológicamente configurado— que determina qué políticas tendrán más peso o por cuáles se optará (Shore, 2010).

La RF ha sido abordada en diversos trabajos, tanto en estudios centrados en los movimientos migratorios de las últimas décadas (Gómez Crespo, 1999; Gil Araujo y Pedone, 2008; García López, 2012; Benlloch Domènech y Sarrión Esteve, 2014; González Ferrer, 2008; Cárdenas Ruiz Velasco, 2014; Magliano, 2009), como en perspectiva histórica (Martellini, 2001; Capuzzi, 2006; Bruno, 2009; De Cristóforis, 2009, 2012 y 2016; Colucci y Sanfilippo, 2010; Scarzanella, 2005 y 2014).

En la mayor parte de los trabajos, se utilizan de forma indistinta los términos reunificación o reagrupación familiar^[5]. Para este estudio hemos optado por el de reunificación familiar, de acuerdo con el Glosario sobre Migración publicado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), que la define como el “proceso por el cual los miembros de un grupo familiar, separados forzosamente o por migración voluntaria, se reagrupan en un país distinto al del origen. La admisión es discrecional del Estado receptor” (OIM, 2006: 65). Si bien, como mencionamos, hay múltiples trabajos que utilizan la RF como categoría, son escasos los estudios que realizan un abordaje histórico en términos específicos y desde una perspectiva de género, lo que determina un área de vacancia a la cual buscaremos realizar una contribución preliminar a lo largo de estas páginas.

Generalmente la migración constituye un asunto familiar y no individual. Tal como afirmamos, la RF consiste en “el derecho que ostentan los extranjeros regularmente asentados a reunirse con sus parientes dentro del territorio del Estado de destino, en condiciones más beneficiosas que las establecidas en el régimen general que rige la entrada y establecimiento de los no nacionales” (García López, 2012: 1). Las perspectivas tradicionales en torno a los flujos migratorios ignoraban esta cuestión, encuadrando las decisiones de migrar en la interacción entre dos niveles analíticos, macro y micro, considerando al inmigrante individualmente. En ese marco teórico, la migración era contemplada como una decisión generalmente masculina, de carácter racional, individual y fundamentalmente económica. Dentro de este esquema, la migración de mujeres era concebida como parte de la migración familiar, por lo general, ausente de la primera etapa del proceso migratorio, que aparecía encabezado por el varón (Magliano, 2013). En los últimos años, esta visión ha sido problematizada, y podemos sostener que tanto en su gestación como mero proyecto migratorio, como en su ejecución y en sus consecuencias sobre la vida familiar, la familia desempeña un papel central en todo el ciclo migratorio (García López, 2012).

Es imposible, entonces, analizar la RF obturando dos variables fundamentales como la concepción de la mujer que la subyace y el rol de la familia —y, por ende, de inmigración familiar— que está detrás de su puesta en práctica y su regulación. Para que exista la RF, tiene que existir previamente un lazo familiar que ha sufrido una fractura debido a la emigración no simultánea de los miembros de dicha familia. Esta ruptura, y el interés por saldarla, es lo que da origen a la RF como un fenómeno de gran importancia principalmente por dos razones: su influencia en el número de entradas que registrará el país de destino, y su trascendencia a corto y largo plazo en la configuración social, económica, demográfica y cultural de la sociedad receptora, ya que viene a representar el asentamiento definitivo —o al menos a largo plazo— de la familia inmigrante (García López, 2012).

Siguiendo a García López (2012: 33), la inmigración asociada a la familia ha recibido menor atención y ha sido “construida teóricamente de forma marginal respecto de la inmigración de carácter laboral, sobre patrones generalistas y arraigados en consideraciones de género”. La inmigración familiar se enmarcaba en el esquema de una inmigración inicial predominantemente masculina y la posterior reunión en el Estado de destino con los familiares más próximos, fundamentalmente cónyuge e hijos. En este esquema migratorio, “la pareja del trabajador extranjero era típicamente una mujer no trabajadora, cuyo desplazamiento se justificaba por motivaciones exclusivamente familiares y de quien se presumía un escaso interés en la inserción laboral en el país de destino” (García López, 2012: 33). En este sentido, la inmigración relacionada con la familia era conceptualizada como una forma de movimiento dependiente y altamente feminizada, con escasa relevancia para la participación en la fuerza laboral, constituida básicamente por mujeres dependientes y niños, y catalogándola por ello dentro de la migración no económica. Así, “el estudio de la RF derivaría en un marco teórico masculinizado, estereotipado y simplista, cuyas características principales se construirían por contraposición a la inmigración de carácter laboral, y ubicada frente a ésta como de carácter secundario” (García López, 2012: 34). Este argumento, presente incluso en muchas visiones políticas aún a comienzos del siglo XXI, asociaba lo económico al ámbito estrictamente productivo en contraposición a lo reproductivo, esfera donde las mujeres han estado históricamente sobrerrepresentadas^[6].

Respondiendo a este esquema, la lectura de los documentos nos presentó al trabajo y la RF como las dos vías posibles para migrar, en lo cual sostenemos que subyace una idea generizada^[7] de la migración: una visión del varón como un sujeto activo, proveedor del hogar y motor de desarrollo social, y una imagen de la mujer como acompañante, subordinada al varón y relegada a las tareas ligadas a la reproducción doméstica. Es decir que la RF discursivamente involucraba a una mujer que se suponía dependiente del llamado de un emigrado varón (De Cristóforis, 2016). Consideramos, siguiendo a Gregorio Gil (2003), que en el análisis de los procesos migratorios se hace necesario disolver la dicotomía entre reproducción de la vida y producción de productos en el mercado, y la diferenciación consecuente entre sujetos considerados actores productivos y sujetos considerados afectados o dependientes. Esta dicotomía se sostiene en representaciones y jerarquías de género que otorgan un protagonismo diferencial a varones y mujeres en sus contribuciones a la reproducción social. Es a partir de lo expuesto que resulta necesaria la problematización de la RF en los estudios migratorios desde la perspectiva de género, tomando a esta última como un marco (teórico, político e ideológico) clave para pensar relaciones de poder y la producción y reproducción de desigualdades sociales, y para enriquecer y profundizar el debate sobre la articulación entre género y migraciones en las sociedades contemporáneas (Magliano, 2015).

Vale aclarar que los documentos no mencionan a la RF en sí, pero los mecanismos a los cuales aluden son precisamente los que representan la categoría. Es así como la RF conforma nuestra herramienta analítica para abordar el rol de la mujer en las políticas migratorias de la segunda posguerra. Tomando esta perspectiva como punto de partida, consideramos que el abordaje de los acuerdos bilaterales sobre inmigración firmados por Italia con Argentina y Brasil constituyen un insumo interesante a la hora de considerar las significaciones acerca del rol de la mujer en la migración y en el mercado de trabajo en dicho momento histórico.

El contexto de producción de los acuerdos

El período histórico que comprende la investigación propuesta coincide con los gobiernos de Juan Domingo Perón en Argentina (el denominado primer peronismo) y Eurico Gaspar Dutra en Brasil, quienes llegaban al poder en 1946 luego de la presión popular contra los gobiernos autoritarios que los precedieron: en Argentina, el del GOU (Grupo de Oficiales Unidos) con Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell^[8] desde 1943; y en Brasil, el del Estado Novo, con Getulio Vargas desde 1937. La necesidad de adaptarse al previsible clima político de la posguerra mediante el retorno a la república representativa era universalmente reconocida, del mismo modo que en ambos países quedaba por decidir quiénes serían los principales beneficiarios de ese retorno. El consenso que durante la crisis había acompañado a innovaciones como el avance de la intervención estatal en la economía —y la industrialización que se produjo como consecuencia— fue reemplazado por un profundo disenso que afectó no sólo al debate ideológico en torno al manejo de la economía, sino también al proceso político-social: a la vez que una distribución de lucros, lo que estaba en juego era el perfil futuro de las sociedades latinoamericanas y la distribución dentro de ellas del poder político (Halperín Donghi, 2005).

Es interesante señalar que los acuerdos bilaterales en los que nos basamos para este trabajo fueron firmados en el contexto de reformas constitucionales, que en ambos casos buscaron modificar las bases del Estado. En Brasil, el gobierno de Dutra fue muy diferente a las postrimerías del gobierno de Vargas, de hecho fue un “varguismo sin Vargas” (Devoto y Fausto, 2008: 266) anclado en la dimensión conservadora del régimen. La nueva Constitución sancionada en 1946 exterminó la construcción del Estado Novo como sistema político, pero le dio continuidad en la la administración estatal y el mismo aparato jurídico e institucional. La centralización varguista se mantuvo y los estados no recuperaron las prerrogativas perdidas; y aunque la reforma de Dutra instauró una democracia liberal, aparecía condicionada por el aparato jurídico y la maraña de instituciones del gobierno precedente (Devoto y Fausto, 2008). El Congreso volvió a estar dominado por los representantes del Brasil rural, pero la exclusión de los analfabetos del derecho a voto, sumada a la implantación de la elección directa de presidente y vicepresidente, le aseguró un peso decisivo a la más politizada y menos conservadora opinión urbana.

En el caso argentino, la reforma constitucional de 1949 reprodujo algunas cuestiones de la Constitución liberal de 1853, manteniendo la división de poderes, el peso de cada uno, idéntica rutina electoral y el mismo sistema de representación (Devoto y Fausto, 2008). Las grandes novedades fueron la incorporación de los llamados “nuevos derechos sociales”, el establecimiento de la reelección del presidente (uno de los aspectos más controvertidos) y la supresión del colegio electoral, lo que, al igual que en Brasil, instauró la elección directa del Poder Ejecutivo nacional. Por otro lado, la Constitución contenía elementos claramente asociados a la visión del peronismo sobre lo social: se incorporó el “Decálogo del Trabajador”, que establecía la plena vigencia de los derechos fundamentales de los trabajadores e incluía la declaración de la propiedad inalienable de la Nación sobre los recursos naturales, la nacionalización de los servicios públicos y la regulación del comercio externo (Lobato y Suriano, 2010).

La coyuntura histórica de la segunda posguerra había llevado a Argentina y Brasil a una mayor intervención del Estado en la economía, al control de su sector externo ante las distorsiones del comercio mundial y a la necesidad de administrar las divisas. En términos generales, ello condujo a un mayor grado de autarquía y a una ulterior promoción de la industria nacional ante el notorio desabastecimiento de bienes e insumos que antes se obtenían en el exterior. Los dos países, con sus particularidades, acentuaban la planificación económica en vistas a las nuevas condiciones que, suponían, debían existir luego de terminado el conflicto. En Brasil se crearon nuevas comisiones destinadas a coordinar el uso de recursos, como la Coordinación de la Movilización Económica y el Consejo de Planeamiento Económico. En la Argentina, por iniciativa de Perón, durante el gobierno militar se había creado en 1944 el Consejo Nacional de Posguerra que estaba integrado por funcionarios del gobierno, de las fuerzas armadas, del empresariado y de los sindicatos (Devoto y Fausto, 2008).

Por su parte, en Italia, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial estuvieron signados por las duras condiciones económicas y sociales que le deparó el final del conflicto. La invasión alemana en el Norte, el avance anglo-americano desde el Sur, el intento de Mussolini de fundar una república paralela (Repubblica di Salò) y la represión a la guerrilla partisana dejaron un saldo altísimo: los medios de transporte y las industrias sufrieron daños graves y las condiciones de vida de la población sobreviviente estuvieron marcadas por la miseria, el hambre y la desocupación. La caída del fascismo en 1943 y la continuidad de la guerra hasta 1945 se tradujeron en un caos institucional difícil de sostener para la ya débil monarquía parlamentaria de Vittorio Emanuele III (cuya imagen estaba deslegitimada por la cercanía a Mussolini), lo cual derivó en un referéndum por la continuidad de la monarquía o la república, naciendo así en 1946 la Repubblica Italiana (Montanelli y Cervi, 1988).

El fin de la Segunda Guerra Mundial implicó una serie de problemas económicos, sociales y políticos para los países de Europa Occidental, siendo la reconstrucción material, la reorganización del aparato productivo y la necesidad de garantizar un mínimo de bienestar a la población sobreviviente, algunos de los más urgentes (De Cristóforis, 2016; De Clementi, 2010). Asimismo, el fin del conflicto significó un importante cambio en el ámbito de las migraciones internacionales, no sólo por el incremento de los flujos desde algunos países de Europa hacia diversos destinos, sino por el protagonismo que cobraron las instituciones estatales y la vía diplomática para controlar, gestionar y direccionar los flujos migratorios (Oliveira Conedera, 2015). El movimiento a lo largo del siglo XIX, con pocas excepciones, fue un movimiento “libre”, con escasas restricciones de los países de origen y recepción y con poca intervención del Estado. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, en cambio, la idea acerca de la necesidad de seleccionar a los inmigrantes antes de su ingreso al país fue cobrando consenso en el pensamiento de las élites (Biernat, 2007); por lo tanto, “se incrementaron los controles y el Estado empezó a intervenir como un actor importante en el proceso” (Devoto, 2003: 13). En la mayor parte de los casos, las políticas migratorias de la segunda posguerra se construyeron en estrecha conexión con los proyectos, programas y planes de desarrollo económico y social, pues se consideraba que la distribución y aprovechamiento eficiente del factor trabajo era un aspecto central (De Cristóforis, 2016). Los tres países que nos competen en este trabajo no estuvieron fuera de esta tendencia internacional: tanto Italia, país de origen, como Argentina y Brasil, países de destino, pusieron en marcha una maquinaria institucional en pos de garantizar la selección y el control de los migrantes. En este sentido, y respondiendo a la fase de incremento del intervencionismo estatal a nivel internacional, los gobiernos argentino y brasilero pusieron como prioridad la regulación de los movimientos de población. Si bien en un primer momento los movimientos migratorios se restablecieron de forma espontánea, los estados de la etapa de la reconstrucción se propusieron imponer determinadas lógicas a estos movimientos humanos, en beneficio de las sociedades de donde partían o hacia donde se dirigían las personas (De Cristóforis, 2016).

Por otro lado, hubo una serie de instituciones que conformaron el entramado encargado de la gestación e instrumentación de los acuerdos migratorios. En Italia, al apenas extinto fascismo y su política de cierre de fronteras, se contrapuso una naciente república con una política claramente pro-emigratoria. Ya en 1945, se inició en la península un debate sobre la necesidad y los límites de la recuperación de la emigración, para lo cual se reorganizaron dos ministerios que se ocuparían de la cuestión migratoria: el Ministero degli Affari Esteri y el Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, que había sido cancelado durante el fascismo (Colucci y Sanfilippo, 2010). Los objetivos del gobierno italiano respecto a la promoción de la emigración eran, en primer lugar, canalizar el exceso de población ante el inminente desempleo —lo cual, al mismo tiempo, funcionaría como regulador de posibles conflictos sociales—; y en segundo lugar, equilibrar la balanza de pagos gracias al ingreso de divisas que proporcionarían las remesas (De Clementi, 2010; De Cristóforis, 2016)^[9]. La administración gubernamental utilizó dos instituciones para el ordenamiento y gestión de los flujos: los Uffici di Lavoro (oficinas de trabajo) y los Centri Emigrati (Centros de Emigración). Los primeros se encargaban de proporcionar la información necesaria a los candidatos y de ejecutar las primeras acciones administrativas para el desplazamiento. Los segundos proveían alojamiento y asistencia general a los migrantes, y realizaban parte del proceso de selección.

En Brasil, en 1949 fue creada la Companhia Brasileira de Colonizaçao e Imigraçao italiana a través de un convenio, con el fin de direccionar el flujo de inmigrantes (Oliveira Conedera, 2015). Su objetivo era transportar inmigrantes hacia zonas inexploradas para dedicarse a actividades agrícolas; sin embargo, la mayor parte de los proyectos elaborados por ella no fueron llevados a cabo. El organismo brasilero a cargo de la inmigración era el Conselho de Imigraçao e Colonizaçao (CIC), que dependía del Ministerio de Agricultura y del Departamento de Colonización y Tierra (Oliveira Conedera, 2015).

Por su parte, la estructura institucional para las migraciones en Argentina sufrió algunos cambios durante el período que nos ocupa: en 1946 se crearon la Delegación Argentina de Inmigración en Europa (DAIE), con sede en Roma, encargada de seleccionar los candidatos a emigrar desde Italia y España hacia la Argentina; y la Comisión de Recepción y Encauzamiento de Inmigrantes (CREI), presidida por el presidente del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), cuyo fin era ubicar a los inmigrantes en el mercado de trabajo argentino, facilitando la inmigración de contratados directamente por empresas radicadas en el país. Estos organismos, entre sus muchas atribuciones, autorizaban a los inmigrantes a viajar con las cartas de llamada de sus parientes en Argentina o de empresas que los necesitaban (Biernat, 2005; Galante, 2008)^[10].

Entre las instituciones internacionales, la Cruz Roja Internacional, la Organización Internacional para los Refugiados (OIR) y el Comité Internacional para las Migraciones Europeas (CIME) asistían a los refugiados y desplazados como consecuencia de la guerra. El CIME tuvo su origen en una Conferencia reunida en Bruselas en diciembre de 1951, en la cual se resolvió crear un instrumento para restaurar el equilibrio entre las “naciones superpobladas” y las “insuficientemente pobladas” por medio de la migración “organizada” y “asistida” de los europeos (De Cristóforis, 2009). Se dedicaba a asistir a los emigrantes sin recursos pagándoles transporte e instalación en los países de destino.

La reunificación familiar en los acuerdos bilaterales

Para poder comprender la RF, consideramos necesario realizar un esbozo de la tendencia dirigista de los acuerdos y el modelo del inmigrante deseado. Dicha tendencia dirigista estaba fundada en los principios de selección y encauzamiento. Esto reposaba en un incremento del intervencionismo estatal, con un activo rol del Estado en la promoción de la inmigración europea sumando el ambicioso objetivo de encauzar desde el Estado a los inmigrantes, es decir, facilitar su ingreso y asistirlo en sus primeros pasos para que se diera luego una radicación definitiva en función de requerimientos laborales y de un crecimiento demográfico “equilibrado”. A esto se sumaron las preferencias por italianos y españoles dada su mejor asimilabilidad, “inmigrantes de ‘raza blanca’, que hablen el castellano, profesen el culto católico, sepan leer y escribir” (Biernat, 2005: 47), “una oferta de mano de obra extranjera con ciertos niveles de calificación y de ‘saberes’ técnicos o científicos, una selectividad ideológica preventiva de conflictos políticos y sociales” (Galante, 2008: 6)^[11]. Encauzar o dirigir la inmigración tenía el sentido específico de enviar a los flujos migratorios hacia las áreas productivas, en las cuales los estados sudamericanos habían percibido un déficit de mano de obra. Al interior de los gobiernos argentino y brasilero se esbozaban posiciones diversas respecto a quién era el inmigrante que convenía incorporar, ya que frente al histórico planteo sobre las necesidades de asentamientos rurales, la política de desarrollo industrial-militar requería otro perfil con mayores capacidades técnicas (Devoto y Fausto, 2008).

Los acuerdos se explayan en especificar las posibilidades laborales del inmigrante, las características de su calificación técnica y las condiciones sanitarias con las que debía cumplir, además de los términos de comunicación entre los estados de origen y destino, siendo este último quien solicitaría el número de personas y los oficios requeridos:

A los efectos del reclutamiento de los emigrantes, el Gobierno argentino, por intermedio del órgano correspondiente comunicará al Gobierno italiano la cantidad aproximada de trabajadores, manuales e intelectuales, que requiera.

En cada comunicación deberá consignarse lo siguiente:

a) número de trabajadores pedidos;

b) categoría, especialidad y calificación;

c) fecha posible de los embarcos.

(Acuerdo de inmigración entre Italia y Argentina y anexos, Buenos Aires, 26 de enero de 1948.)

Las actividades deseadas por los emigrantes pueden reagruparse en tres categorías:

a) régimen de trabajo agrícola por cuenta propia;

b) régimen de trabajo por cuenta propia (artesanal u otro régimen de trabajo);

c) régimen de trabajo asalariado, o bajo otras formas de remuneración, sea que se trate de trabajadores agrícolas o industriales, de operarios especializados o de técnicos.

(Accordo di Emigrazione tra l’Italia e il Brasile, Rio de Janeiro, 5 luglio 1950.)

A partir de la lectura de la bibliografía del período (Quijada, 1992; Rosoli, 1993; Devoto, 2003; Scarzanella, 2005; Biernat, 2005 y 2007; Rolfsen Salles, 2007; De Clementi, 2010; y Oliveira Conedera, 2015, entre otros) y de los documentos citados, podemos hacer algunas presunciones sobre el ideario del inmigrante deseado: una imagen delineada en consonancia con una idea de utilidad de los cuerpos, en virtud de la cual se tenía en cuenta tanto la calificación como mano de obra como las condiciones sanitarias. La selección positiva se convirtió en el principio operativo en las dos décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial (Cook Martin y Fitzgerald, 2015) y, en este sentido, el inmigrante “útil” era un trabajador joven y sano. Si bien los acuerdos preveían la coexistencia de flujos encauzados y seleccionados con flujos espontáneos, los primeros obtuvieron una serie de beneficios y protección por parte de los países de destino, que buscaban estimular la elección por la vía dirigida. Así, los estados argentino y brasilero desplegaron una serie de instituciones y funcionarios, con colaboración del Estado italiano, para llevar adelante el proceso de selección técnica y sanitaria de los aspirantes a migrar (Oliveira Conedera, 2015; Galante, 2008). Se buscaba entonces rechazar los elementos “indeseables” que pudieran resultar peligrosos para el orden interno o de enfermos que pudieran constituir una carga para el Estado o instituciones de beneficencia y la búsqueda de la mejor inmigración (jóvenes y “de trabajo”, técnicos, obreros especializados, hombres de ciencia, industriales) (Biernat, 2005; Cook Martin y Fitzgerald, 2015).

Durante la segunda posguerra hubo un incremento sustancial de la inmigración italiana, tanto en Argentina como en Brasil^[12]. Esto fue consecuencia de la multiplicidad de factores que mencionamos más arriba, entre los cuales encontramos la firma de los acuerdos. En los nuevos arribos, las mujeres alcanzaron un porcentaje significativo, mostrando una marcada tendencia a ingresar en los países sudamericanos por RF (Cacopardo, 2011; Colucci y Sanfilippo, 2010; Scarzanella, 2005)^[13]. Sin embargo, si bien la RF significó de hecho un incremento de las migraciones de mujeres italianas, es interesante pensar en el hecho de que en los acuerdos esté ausente y desdibujada la posibilidad de migración femenina para incorporarse al mercado de trabajo y como proyecto propio.

Al respecto, Frid de Silberstein (1997: 104) sostiene “en ciertos períodos de la denominada ‘inmigración de masas’, existía un porcentaje de mujeres que viajaban solas (entre el 13% y el 18%)”. Fuentes y estadísticas provocaron la “invisibilización de mujeres migrantes autónomas, con el propósito de insertarse en el mercado de trabajo”. La autora construyó estos resultados a partir de dos cuestiones: por un lado, realizó un análisis crítico sobre el tipo de fuentes utilizadas por los historiadores de la migración; y por el otro, a través de la deconstrucción de los estereotipos elaborados, tanto por las estadísticas locales como por los registros del país de origen (Mallimaci, 2012). Esto nos conduce a pensar en la historicidad del rol de acompañante con el cual se estaba pensando a la mujer en las políticas migratorias, ya que estos lugares asignados pueden ser rastreados en las legislaciones de ambos países durante el período de la denominada “inmigración masiva” de fines del siglo XIX. En Argentina, la Ley de Colonización e Inmigración (Nº 817), de 1876, consideraba inmigrante:

a todo extranjero, jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta años y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, de las provincias o de las empresas particulares protectoras de la inmigración y la colonización […] Las disposiciones del artículo anterior serán extensivas […] a las mujeres e hijos de los inmigrantes.

Queda de este modo implícita la figura del varón como trabajador, protagonista e impulsor del proyecto migratorio; y la mujer relegada al rol de acompañante.

En Brasil, La Ley de Expulsión de Extranjeros (Nº 1.641), de 1907, especificaba:

no puede ser expulsado el extranjero que reside en el territorio de la República por dos años consecutivos, o por menos tiempo, cuando: a) se haya casado con mujer brasilera; b) sea viudo con hijo brasilero.

El inmigrante, sujeto de la posible expulsión y a quien está dedicada la norma, era necesariamente un varón, y nuevamente la mujer cumplía un rol de acompañamiento. Pareciera que no hay posibilidad de que sea una mujer la inmigrante y, por un delito o sospecha, sea sujeto de expulsión.

Por su parte, la Ley de Indeseables (Nº 4.247), de 1921, “la primera norma inmigratoria brasileña que enfatizaba quiénes no podían entrar” (Cook Martin y Fitzgerald, 2015: 36), establecía que era lícito impedir la entrada:

–de todo extranjero mutilado, lisiado, ciego, loco, mendigo, portador de enfermedad incurable o […] contagiosa grave;

–de toda extranjera, que busque ingresar al país para entregarse a la prostitución;

–de todo extranjero de más de 60 años.

La ligazón conceptual del trabajo sexual con la migración femenina “tiene una larga historia en la jurisprudencia internacional, además de sus reflejos en la opinión pública y en los medios de comunicación” (Juliano, 2005: 90), y se ha mantenido con cierta estabilidad a lo largo del tiempo. Los intelectuales y políticos de fines del siglo XIX adjudicaban a las mujeres la culpa por “males” tales como la prostitución, el pecado de la avaricia por el dinero y la degeneración racial. El temor a lo extranjero funcionaba como una amenaza a la moral, y la mujer inmigrante del sur europeo era la encarnación del fracaso de los intentos por mejorar la raza (Carballo, 2006)^[14].

Retomando nuestro planteo, resulta entonces necesario —y constituirá nuestro horizonte— desandar algunos presupuestos que conlleva la categoría que nos compete en este trabajo. Dicho esto, no debemos perder de vista que desde el comienzo de la inmigración como tema público “la RF fue visualizada como una herramienta de integración de la población inmigrante y el papel de la mujer considerado como el de agente integradora” (Cárdenas Ruiz Velasco, 2014: 118).

En el sujeto deseado delineado por los acuerdos, además de los requerimientos mencionados, existía una prerrogativa insoslayable: se trataba de un trabajador varón. Lo que abona este presupuesto es la constante alusión a trabajos y lugares sociales que evocan el rol asignado tradicionalmente a lo masculino. La figura que aparece es la del modelo del “jefe de familia” (De Cristóforis, 2016). Al respecto, el Acuerdo brasilero menciona al “jefe o los miembros de la familia”:

Las Altas Partes Contrayentes se comprometerán a efectuar intercambios de informaciones, de forma tal que será considerada oportuna, de modo de definir:

a. De parte brasilera, las posibilidades de colocación en cada ramo de actividad, las condiciones de vida, de alojamiento, de trabajo, así como también los apoyos y la asistencia sobre los cuales los emigrantes podrán contar y las condiciones de salud que cada aspirante a la emigración debe satisfacer, sea éste jefe o miembro de familia […] (Accordo di Emigrazione tra l’Italia e il Brasile, Rio de Janeiro, 5 luglio 1950.)

Mientras que el Acuerdo argentino habla de “los trabajadores y sus familiares”:

El Gobierno argentino facultará al órgano argentino encargado de la emigración en Italia para autorizar el libre ingreso a la Argentina de los trabajadores y sus familiares. (Acuerdo de Inmigración entre Italia y Argentina y anexos, Buenos Aires, 26 de enero de 1948.)

El hecho de hacer alusión al “jefe de familia” o a “los trabajadores y sus familiares” implica una división de jerarquías en el seno de la familia, en la cual existe un “jefe”, cuyas decisiones y acciones serán las que determinen el destino del resto de los miembros. Como mencionamos, el arquetipo de la RF está definido por la precedencia de los lazos familiares, cuya existencia es anterior a la entrada y al establecimiento del inmigrante en el Estado de destino, quien dejó atrás a su familia como consecuencia de la decisión de migrar (García López, 2012). Según Biernat (2005: 44), “las prescripciones de los directivos de la Dirección General de Migraciones (DGM) en Argentina apuntaban a priorizar el ingreso de agricultores y obreros especializados –en especial si están acompañados de su familia–”. Esta idea acerca del rol de la familia como complemento y acompañamiento del trabajador inmigrante nos lleva a recuperar el planteo de Gregorio Gil (2003) en tanto, según este esquema, las personas que acometen la migración (en este caso los “jefes de familia”), como pasan a ser productivas toman mayor protagonismo, y quienes quedan en la comunidad de origen o son reagrupadas familiarmente pasan a ser las improductivas y dependientes. Estos papeles comportan asignaciones de género y parentesco, puesto que sobre los varones migrantes, en su papel de “productores” y “jefes” de familia, se hace recaer la obligación de la contribución económica en forma de remesas o de salario, depositando sobre las mujeres, madres, las obligaciones de la reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo. Es decir que lo que se espera de la migración de las mujeres es la reproducción social y simbólica de un orden de relaciones de dominación de género que implica el cumplimiento de roles asignados como madres y esposas (Gregorio Gil, 2003).

Aparece en este punto la cuestión de las remesas, cuyo envío debía estar garantizado por parte de los estados de destino:

A los trabajadores inmigrados en Brasil les serán asegurados el derecho y la posibilidad de transferir los propios ahorros a Italia, a favor de sus familias o de otras personas a cargo, con las condiciones más favorables previstas en la legislación brasilera vigente para sostenimiento familiar y para categorías análogas […] (Accordo di Emigrazione tra l’Italia e il Brasile, Rio de Janeiro, 5 luglio 1950.)

Cada emigrante será asesorado por el Gobierno italiano sobre la retribución mínima asignada en la Argentina a la categoría de trabajador a la cual pertenezca […]. El envío de remesas de dinero que podrá efectuar en las condiciones establecidas en el Tratado Comercial y Financiero del 13 de octubre de 1947. (Acuerdo de Inmigración entre Italia y Argentina y anexos, Buenos Aires, 26 de enero de 1948.)

Los envíos de dinero significaban un ingreso para Italia en su proceso de reconstrucción, constituyendo una de las razones para promover la emigración. Hacia fines de la década de 1940, muchos inmigrantes que habían llegado solos no estaban en condiciones de enviar remesas suficientes para mantener a sus familias, como consecuencia de los límites que los gobiernos sudamericanos habían empezado a imponer a las sumas que se podían transferir ultramar; y tampoco tenían dinero suficiente para pagarles el viaje. Aumentaba, por lo tanto, la repatriación, incluso de quienes habían sido “beneficiados”, quienes tenían la obligación de residir por lo menos durante dos años en Argentina^[15] o de ejercer su profesión durante ese mismo período en Brasil^[16]. En consecuencia, a inicios de los 50 ambos países firmaron acuerdos con el CIME y lentamente se puso en marcha la RF (Scarzanella, 2005; Oliveira Conedera, 2015). Surgieron a nivel oficial —por parte los estados europeos de origen de la población— argumentos a favor de la emigración basada en el “llamado” de un emigrante establecido en ultramar al resto de su familia o a sus paisanos. Esto significaría una renuncia importante por parte del Estado italiano, ya que el establecimiento de la familia en el país de destino significaba el fin de las remesas, pero supondría un beneficio el no asumir los costos de posibles repatriaciones (De Cristóforis, 2016). Es en esta necesidad del acto de llamada que podemos visualizar también la idea de la migración de la mujer como parte de un proyecto que le es ajeno:

las Altas Partes Contrayentes concuerdan que tal emigración se desarrolle en las siguientes condiciones:

a. el Gobierno brasilero, observadas las disposiciones relativas a la inmigración individual, concederá la visa permanente a aquellos que deseen establecerse en Brasil:

1. para encontrar a sus familiares en base a un acto de llamada que asegure a ellos la necesaria asistencia moral y económica;

2. para desarrollar, en conformidad con las leyes brasileras, una actividad laboral para la cual hayan recibido oferta de parte de una persona residente en Brasil. (Accordo tra l’Italia ed il Brasile per il regolamento delle questioni dipendenti dal Trattato di pace e l’incremento dell’immigrazione italiana in Brasile, Rio de Janeiro, 8 ottobre 1949.)

Art. 16: El Gobierno argentino facilitará la concesión de los respectivos permisos de libre desembarco a italianos que, poseyendo los requisitos que aquel considere necesarios, deseen radicarse en la Argentina: a) para reunirse con sus familiares, mediante un acta regular de llamada; b) para desarrollar en la misma República la propia actividad profesional ajustada a las leyes argentinas. (Acuerdo entre Italia y Argentina en materia de emigración, Roma, 21 de febrero de 1947.)

El acto de llamada superaba a cualquier otro requerimiento —sea de condiciones sanitarias o de calificación técnica—, ya que implicaba que quien lo necesitaba dependía de un otro que hubiese emprendido previamente el proceso migratorio. Es interesante tener en cuenta que la RF suponía el “derecho a inmigrar” —abarcando tanto el derecho de entrada como el de residencia en el país de destino— de los familiares más próximos del inmigrante, bajo un régimen jurídico más ventajoso que el que regía con carácter general la entrada y permanencia de los extranjeros en el territorio del mismo Estado. Si bien esto representaba una ventaja para quienes ingresaban a los países de destino por medio del acto de llamada, hay una cuestión solapada que requiere nuestra atención: en este esquema, el punto de partida de la inmigración laboral era una motivación fundamentalmente económica, causa que se consideraba ausente en la inmigración familiar. Como consecuencia, los inmigrantes económicos eran sometidos a pre-requisitos de entrada selectivos respondiendo a los requerimientos de la restricción migratoria; mientras que los familiares reagrupables obtenían la habilitación jurídica para entrar y residir en el país de destino en virtud de los lazos familiares que mantenían con el residente extranjero, pero no por sus capacidades, cualificaciones o habilidades laborales (García López, 2012). Se configuraba de este modo la idea de una inmigración de carácter dependiente, considerada tradicionalmente como una forma secundaria de migración, ya que era necesariamente la consecuencia del proyecto iniciado por otro que, en el caso de los acuerdos analizados, era el varón “jefe de familia”.

Sumado a esto, Scarzanella (2005) sostiene que, si bien es cierto que Argentina había adherido al CIME para reducir las remesas, no por esto los responsables de la política migratoria en Argentina dejaban de considerar a mujeres, niños y ancianos como un peso para la economía del país. La autora agrega que “en la documentación conservada en el Archivio Centrale dello Stato di Roma se encuentra la confirmación de la hostilidad argentina hacia los inmigrados casados y con familias numerosas” (Scarzanella, 2005: 10). De hecho, las esposas y los hijos de los emigrados eran considerados parte de lo que el CIME definía como “emigrados humanitarios”, a la par de los refugiados (Scarzanella, 2014: 3). Estas afirmaciones nos permiten pensar que existía desde el Estado una idea de la mujer no sólo como dependiente, sino también como un peso para la economía, desvinculada de la esfera productiva. A diferencia de las fábricas o de las oficinas, la casa era considerada el sitio destinado a la familia y al ocio, y era vista como un lugar que representaba la antítesis del trabajo (Hondagneu-Sotelo, Estrada y Ramírez, 2011)^[17].

Recuperando lo planteado a lo largo del trabajo, el rol de la familia es de crucial importancia para las estrategias de migración, por lo cual “los comportamientos de las mujeres cuando migran los varones pueden analizarse como caras del mismo fenómeno” (Cacopardo, 2011: 61). Los acuerdos, pregonando los valores familiares y la preservación de los vínculos del inmigrante, ponían a la RF como solución a la escisión de las familias^[18]. En el caso argentino, se propone la cobertura del costo del pasaje para el núcleo familiar:

Al formular los pedidos previstos en el artículo 6 el Gobierno argentino determinará, inspirándose en el principio de evitar la escisión del grupo familiar, los familiares —cónyuge, ascendientes y descendientes— incluidos con el emigrante en los beneficios del presente artículo.

Los gastos en Italia hasta el puerto de embarco de los emigrantes y sus familiares serán cubiertos por la parte italiana en la forma que determine el Gobierno italiano. (Acuerdo de Inmigración entre Italia y Argentina y anexos, Buenos Aires, 26 de enero de 1948.)

En el caso brasilero, quien se haría cargo de pagar los pasajes sería el “jefe de familia”, pero le sería reembolsado luego de dos años de ejercicio de su profesión:

Será debitado al jefe de familia el precio de los pasajes, quedando entendido que tal débito, exento de intereses, será cancelado a título de premio después de dos años consecutivos de ejercicio de la profesión resultante del certificado de inmigración. (Accordo di emigrazione tra l’Italia e il Brasile, Rio de Janeiro, 5 luglio 1950.)

De este modo, con la colaboración del CIME —tal como explicitamos— se organizaron los “barcos de las esposas”, o “le navi delle mogli”, tal como eran llamados por los periódicos italianos (Martellini, 2001; Scarzanella, 2014), nominación que conlleva la marca del vínculo con el varón para estas mujeres inmigrantes. Es necesario problematizar este imaginario, teniendo en cuenta la complejidad que suscita. Como sostiene Morokvasic (1984), las mujeres pueden unirse a los movimientos para seguir a los esposos; sin embargo, esto también puede ser o convertirse en una migración económica como estrategia para alcanzar un objetivo económico junto con el esposo. Es necesario entonces revisar y relativizar las categorías migratorias tradicionales —inmigración laboral/familiar—, en la medida en que todas ellas girarían en torno a la familia como unidad básica decisional y motivacional (García López, 2012).

A modo de cierre

A lo largo de estas páginas, intentamos dilucidar la visión estatal sobre la RF durante el período 1945-1950, problematizándola desde la perspectiva de género. Realizamos un abordaje de tipo cualitativo de los acuerdos bilaterales sobre inmigración firmados entre Argentina e Italia y entre Brasil e Italia en el período estudiado. El objetivo no era ofrecer respuestas acabadas, sino dar espacio a nuevos interrogantes para pensar las políticas migratorias y el rol de la mujer desde el punto de vista estatal en perspectiva histórica, a lo cual esperamos haber contribuido. Atender a la dimensión histórica del proceso fue uno de los aspectos más relevantes de este estudio, ya que buscamos poner en diálogo la problematización de la RF con un momento político e institucional de ruptura y reconstrucción, tanto a nivel internacional como de cada uno de las naciones latinoamericanas abordadas.

Con la intención de desandar los caminos recorridos y develar “los sesgos androcéntricos predominantes en las teorizaciones sobre las migraciones” (Gregorio Gil, 2003: s-p), buscamos revisitar la idea tradicional acerca de la RF —presente también en la mirada estatal de la categoría—, atendiendo a las dos variables que la subyacen: la concepción de la mujer y el rol de la familia. La apuesta fue entonces poner en discusión la imagen generizada de las migraciones, según la cual el varón es quien ocupa el lugar de “jefe de familia” y a quien conciernen las actividades pertenecientes a la esfera productiva, contrapuesta a una imagen de la mujer representada como pasiva y relegada a las actividades domésticas (De Cristóforis, 2016). Para esto recuperamos los aportes de los estudios de género, que cuestionan la dicotomía producción/reproducción (Gregorio Gil, 2003), de la cual se desprende la contraposición entre inmigración laboral/familiar (García López, 2012). Las motivaciones para emigrar están “profundamente vinculadas a la familia, tanto en su sentido nuclear como extenso, y a menudo proceden de estrategias familiares que trascienden las visiones clásicas puramente economicistas […] que consideran al proyecto migratorio como un proyecto individual” (García López, 2012: 20).

Echar luz sobre estas cuestiones permite complejizar el universo de las migraciones y las ideas que operan sobre ellas, a nivel estatal, social y teórico. Es necesario, por un lado, reconstruir la imagen de la mujer en los procesos migratorios, no sólo como acompañante del varón “productor” sino como protagonista de sus propios proyectos; y por otro lado, dar visibilidad a la esfera “reproductiva”, atendiendo a los significados y diferenciaciones de género y parentesco que organizan la división del trabajo y estructuran las migraciones (Gregorio Gil, 2003). Creemos que poner de manifiesto la invisibilidad de la esfera reproductiva, los roles asignados a mujeres y varones y los preconceptos acerca de la familia en las políticas estatales es dar un primer (pequeño) paso en la discusión de las desigualdades sociales y de género en las sociedades contemporáneas.

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