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De víctimas de trata
a madres entregadoras

Cuando la expectativa de rol esperado
conduce a la sospecha del delito

Jessica Gutiérrez Gómez

Introducción

Desde 2014, analizo cómo opera la industria del rescate (Agustín, 2009) en Argentina. Este concepto se usa como analogía del término industria del sexo y hace referencia al despliegue de fondos económicos nacionales y transnacionales que se disputan los servicios asistenciales gubernamentales y de ONG’s para “salvar mujeres” de las redes de trata. Estos servicios introducen relaciones jerárquicas entre “víctimas rescatadas” y profesionales que las rescatan[1]. En este trabajo me interesa, en primer lugar, describir la política anti-trata y cómo funciona en Argentina. En segundo lugar, pretendo identificar algunas de las principales críticas que se le han hecho, en especial aquellas que han planteado el modo en que el uso de la política de combate a la trata ha servido como justificación para controlar las fronteras nacionales y deportar o criminalizar migrantes. Finalmente, propongo analizar un caso en concreto que ilustra cómo, a partir de una denuncia en el nordeste argentino, un operativo de “rescate” y la “opinión” experta de las rescatistas que participaron, colaboraron en la producción de una sentencia condenatoria contra una migrante paraguaya, arguyendo la sospecha de que estaba preparando a sus hijas para la prostitución. Para ello, explicaré de manera breve en qué consisten las escenas de salvación (Vianna, 2010) de supuestas víctimas de trata e indagaré en el caso de María Elena[2], la mujer paraguaya sentenciada, a través de la categoría nativa “madre entregadora”.

El corpus de documentos utilizados para este trabajo consiste en el análisis de entrevistas realizadas a operadoras de rescate (o “rescatistas”) que participan o participaron entre 2008 y 2015 en una burocracia estatal argentina de “rescate” de víctimas de trata. Para la reconstrucción del caso, utilicé una entrevista realizada con una de las psicólogas y analicé los siguientes documentos: el acta de procesamiento (2008), la sentencia (2010), el fallo del recurso de casación[3] (2011), y el informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX, 2016) que reseña los fallos de trata y ayuda como herramienta para las futuras sentencias.

La política anti-trata como cuestión global. Algunos apuntes sobre su surgimiento y sus críticas

Si bien las discusiones políticas y académicas sobre la articulación entre trabajo sexual y trata de personas han adquirido un importante dinamismo en las últimas décadas, los debates en torno a la sexualidad se instauran en Estados Unidos a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, influenciando los debates políticos contemporáneos acerca del sexo comercial. De las llamadas sexwars se desprenden dos posturas encontradas acerca de la pornografía y la prostitución (Ferguson, 1984; Piscitelli, 2008; Prada, 2010). El feminismo radical considera que el matrimonio, la prostitución y la pornografía contribuyen a la dominación masculina en tanto se cosifica el cuerpo de las mujeres, ocasionando desigualdades, supremacía masculina y violencia sexual (Dworkin, 1979; Pateman, 1988; Barry, 1996). Esta postura concuerda con el planteo general de los feminismos radicales, que argumentan que la dominación y la opresión de las mujeres responden fundamentalmente al ejercicio del poder masculino que se encuentra presente en todos los contextos de la vida, públicos y privados. A partir de la noción de patriarcado denuncian esa opresión, en tanto sistema de dominación masculina que determina la subordinación de las mujeres (Jaiven, 2017).

En contraposición a este planteo, otro grupo de feministas concibe a la sexualidad como un terreno de exploración, alejándola de aquellas visiones que la vinculan directamente con la reproducción y la procreación. Además, ese mismo grupo critica los discursos que distinguen entre lo normal-legítimo-sano y lo anormal-ilegítimo-insano, en tanto binomio configurador de una institucionalización sexual represiva (Rubin, 1975). Este segundo posicionamiento ha contribuido a la elaboración de perspectivas feministas que consideran a la prostitución como un trabajo y reconoce o incluso es aliado en las luchas por el reconocimiento de derechos laborales a las trabajadoras sexuales (Lamas, 2016)[4].

La importancia de estos debates ha influido en los discursos y prácticas no solo entre feministas, sino en la producción de conocimiento académico y en la planeación y elaboración de las políticas públicas. Desde finales de los 80, los temas relacionados con la violencia hacia las mujeres y, específicamente, con la trata de personas han ido incorporándose cada vez más en la agenda política nacional, regional y global. En este marco, en 2000, la Organización de las Naciones Unidas adoptó el “Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños” (Protocolo de Palermo), ratificado por más de 170 países, entre ellos Argentina.

Existen varios elementos que contribuyeron a la aparición de un instrumento que combatiera la trata de personas, entre los cuales cabe destacar la reactualización de los debates feministas antes citados y la alianza entre los políticos republicanos en los Estados Unidos y la derecha religiosa. Con respecto a este punto, fueron principalmente los cristianos evangélicos quienes, aprehendiendo el lenguaje de los derechos humanos y uniendo fuerzas con el feminismo radical, buscaron vincular la prostitución como forma de violencia contra las mujeres a través de las políticas contra la trata de personas (Bernstein, 2010). Otro elemento que influenció la aparición de un protocolo para luchar contra la trata de personas fue el conjunto de medidas de ley, orden y “tolerancia cero” impulsadas en la era Bush[5]; medidas en las que se basó la cruzada contra la prostitución a través de leyes de “mano dura” (Weitzer, 2014).

Por otro lado, un tercer elemento importante para la creación del Protocolo de Palermo fue la vinculación entre migración irregular, inseguridad y trata, en un escenario de creciente “securitización” del debate político, lo cual supone que cuando “algo” se define como problema y amenaza, requiere que se tomen medidas de seguridad para combatirlo (Lara [2008], en Magliano y Clavijo, 2011). En este escenario, a finales de los 90, comenzó a construirse fuertemente el vínculo entre migración irregular e inseguridad, representando a los y las migrantes como un problema, sentando las bases para el desarrollo de un modelo de política migratoria que tuviera como eje combatir la migración irregular y la delincuencia organizada transnacional. En este sentido, resulta iluminador notar que el Protocolo contra la trata de personas fue impulsado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en el marco de un programa para el control de las fronteras que contemplaba otros dos acuerdos: el Protocolo contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; y el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego. El objetivo del programa, implementado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, era controlar la criminalidad en las fronteras. Es decir, fue creado para prevenir y castigar principalmente delitos concebidos como transnacionales. Según Magliano y Clavijo (2011: 151), es bajo esta “idea de la ‘amenaza’ a la seguridad nacional e internacional que la trata de personas es incorporada a nivel de espacios políticos globales y regionales como un problema migratorio”.

Desde las ciencias sociales, existen trabajos teóricos y empíricos que realizan una serie de críticas a esta y otras políticas anti-trata y muestran cómo algunos estereotipos en los que se sustentan fomentan la criminalización del trabajo sexual (Weitzer, 2014; Bernstein, 2014; Varela, 2016). En primer lugar, estos estudios han observado cómo cada vez más se utiliza el término prostitución y trata de manera indistinta (Agustín, 2009; Weitzer, 2014; Saunders, 2005; Lamas, 2016). En este sentido, O’Connell (2014) explica que el término trata se utiliza socialmente como sinónimo de un acto (servicios sexuales forzados) cuando en realidad el tipo penal hacía referencia originalmente a un proceso (captación, transporte y acogida). En segundo lugar, las retóricas de las políticas anti-trata representan a las trabajadoras sexuales como víctimas pasivas, inocentes, vulnerables e indefensas, incapaces de decidir, sin autonomía, equiparándolas con los/las niños/as que necesitan protección y tutela (Aradau, 2009; Doezema, 2004; Miller, 2004; O’Connell, 2014). En tercer lugar, existen estudios que interpretan el discurso de dichas políticas como justificación para controlar la migración irregular (es decir, aquella que ingresa sin documentos oficiales a los países de destino) y así legitimar las intervenciones policiales y judiciales para controlar la migración y el sexo comercial (Juliano, 2002; Kempadoo, 2005; Piscitelli, 2008). En este sentido, diversas producciones académicas dieron cuenta del modo en que la operacionalización de la política anti-trata introdujo también componentes antimigratorios (Magliano y Clavijo, 2011 y 2013; Pacecca, 2011; Dalmasso, 2016) y de combate contra el comercio sexual (Varela, 2012; Daich y Varela, 2014).

Contexto local: el funcionamiento de la política anti-trata en Argentina

En el caso de Argentina en particular, la política pública contra la trata de personas deriva de la Ley 26.364, sancionada en 2008 y modificada en 2012 por la Ley 26.842. Esta legislación no realiza una diferencia entre prostitución, explotación sexual y trata de personas; tampoco entre personas mayores y menores de edad. Los medios comisivos se quitaron en la ley vigente y no son necesarios para acreditar el delito[6]. Además, uno de sus artículos dice explícitamente que no será tomado en cuenta el consentimiento de las personas involucradas. En Argentina, la política anti-trata está integrada por diversas burocracias estatales. Particularmente, la que analizo se encarga, entre otras cosas, del rescate a víctimas en todo el país (entre sus funciones, se encuentra la de acudir a operativos para identificarlas, asistirlas y rescatarlas).

Las operadoras de rescate (usualmente psicólogas o trabajadoras sociales) describen sus procedimientos de la siguiente manera: los allanamientos se producen cuando la autoridad judicial tiene la sospecha de la existencia de un delito de trata (sexual) y ordenan el ingreso en algún local o domicilio[7]. Al lugar ingresan, en un primer momento, policías armados, quienes realizan una primera separación entre mujeres y varones; después hacen otra separación entre mujeres presuntas víctimas y encargadas del lugar (sobre todo se basan en factores subjetivos como la edad o tipo de vestimenta que tienen las mujeres, es decir, quiénes parecen trabajadoras sexuales). Las operadoras de rescate realizan entrevistas individuales sólo a aquellas mujeres que consideran víctimas y tienen una duración de 20 a 40 minutos, aproximadamente, según lo que refirieron. Algunas de las cuestiones que exploran en las entrevistas son la edad, nivel socioeconómico, historia de vida y también indicadores del delito de trata, tales como su situación migratoria, quién las ayudó a migrar, si las mujeres viven en el mismo lugar en el que realizan trabajo sexual, si tienen acceso a su documentación, cuánto cobran, si dejan un porcentaje de lo ganado a alguien y datos sobre los encargados del lugar, entre otras.

Curiosamente, las psicólogas no indagan sobre ningún factor psicoemocional y todas las mujeres entrevistadas en los operativos son contabilizadas como “víctimas”, es decir que no hay una distinción entre víctimas y no víctimas, incluso si ya fueron contabilizadas previamente en otros allanamientos. Esta burocracia reporta un total de 4.813 víctimas de explotación sexual rescatadas entre 2008 y 2015 de las cuales el 54 por ciento eran extranjeras.

Posteriormente, las operadoras dan un informe a la autoridad judicial sobre sus observaciones durante los operativos. Esto lo realizan mediante tres formas: una llamada telefónica con el juez durante del allanamiento; una conversación personal en caso de que la autoridad se encuentre ahí o mediante la redacción de un documento que entregan días más tarde. Las psicólogas que entrevisté indicaron que los jueces suelen tomar en consideración sus informes para decidir las sentencias. Lo saben porque en esas sentencias son retomados párrafos textuales de sus informes.

Cabe mencionar que en un trabajo previo di cuenta del contenido de los informes producidos por las psicólogas, los cuales incluyen una descripción socioeconómica de las “víctimas” y los indicadores relacionados a su “situación de vulnerabilidad”, la cual se describe en términos de desigualdades sociales más que en términos psicologizantes. Los informes también incluyen la descripción del lugar y las pertenencias de las mujeres, así como elementos relacionados con la configuración del delito (si hubo recepción, acogida y traslado). He denominado a este tipo de informe sumario psicológico ya que cumple una función similar a la de un sumario policial[8]. Es decir, no se describen características psicoemocionales de las personas encontradas, sólo elementos que sirven para acreditar el delito. Tampoco se les pregunta acerca de las negociaciones que establecen con los clientes, sino que se asume que no existen, ya que parten del supuesto de que “ninguna quiere”[9]. La característica principal de estos sumarios psicológicos es que son realizados por profesionales psi que tienen un saber más legitimado en comparación con los policías, y además que sus integrantes se reivindican feministas y “expertas en el tema”. Cuando las operadoras del rescate (o “rescatistas”) no encuentran relatos sufrientes de las trabajadoras sexuales, los traducen al informe como sospechas de veracidad, naturalización de la violencia o ignorancia e invisibilización de su propia situación de violencia y explotación (Gutiérrez, 2017)[10].

Las operadoras de rescate que actúan en estos procedimientos son mujeres blancas, jóvenes, universitarias, de clase media, que residen en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que trabajan o trabajaron en esa burocracia estatal de rescate en el periodo 2008-2015. Todas, sin excepción, aprendieron teórica y empíricamente cómo intervenir en los allanamientos y cómo identificar a las víctimas en la burocracia en la que trabajan. Posteriormente, las que tienen más antigüedad se encargaron de capacitar a las nuevas operadoras. De esta manera, han construido una epistemología del rescate, que consiste en crear su propio proceso de enseñanza por medio de varios elementos: darles a leer textos sobre la normativa de trata de personas, mostrarles los informes que hicieron previamente sus otras compañeras y, finalmente, comenzar a acudir a operativos para observar el procedimiento hasta que están listas para ir solas. Otra de sus funciones consiste en brindar capacitaciones a funcionarios y empleados públicos de diversas dependencias gubernamentales acerca de la importancia de detectar posibles víctimas de trata.

Para la burocracia y las agentes psi, todas las mujeres son víctimas independientemente del lugar donde realizan la actividad, las motivaciones que las impulsan a hacerlo, las condiciones en las que trabajan y la clase social a la que pertenecen. Lo anterior reproduce una lógica jerárquica intragenérica entre rescatistas: feministas proteccionistas, que al querer salvar a las mujeres se tornan maternalistas (Agustin, 2009); son mujeres que tienen control sobre sus ingresos, sus cuerpos y su sexualidad. Las rescatadas, por su parte, son personas etiquetadas como víctimas: mujeres pobres a las que se describe como ingenuas y que, por tanto, hay que explicarles su situación de explotación porque no son capaces de reconocerla. De allí que, desde la perspectiva de las agentes psi, las operaciones de rescate sean interpretadas como escenas de salvación (Vianna, 2010).

Esta lógica jerárquica que opera entre las rescatistas y las mujeres “rescatadas” puede comprenderse a la luz de las críticas que la teoría feminista iberoamericana viene realizando desde los 90. Esta corriente teórica ha documentado y conceptualizado la participación de mujeres que trabajan para burocracias u ONG’s con objetivos y agendas concretas, impuestas tanto por organismos transnacionales como por las políticas públicas planeadas por y desde los estados nacionales. Algunas de las formas en las que se denomina a este grupo son: feminismo profesionalizado (Álvarez, 1998), feminismo institucional (Lovenduski, 2007 y 2008) o feminismo estatal (Matos y Paradis, 2013). El objetivo de sus integrantes, por lo menos discursivamente, es generar condiciones de igualdad y justicia social para las mujeres. Sin embargo, en la búsqueda del cumplimiento de dichos objetivos terminan vaciando de contenido crítico las acciones implementadas y generando relaciones jerárquicas de poder que poco benefician a las mujeres o que incluso tienen efectos colaterales como su criminalización.

En cuanto al caso específico de las políticas anti-trata, Bernstein (2014) implementa el término feminismo carcelario para explicar que anteriormente la política feminista estadounidense promovía la liberación personal y la justicia humana, mientras que ahora está comprometida con la agenda carcelaria. La crítica principal es que bajo este modelo se piensa en una lógica reduccionista entre actores: víctimas y victimarios. Esta lógica brinda la ilusión de que mientras los segundos se encuentren presos, el problema quedará solucionado, lo cual no necesariamente ocurre en la práctica.

Víctimas vs. criminales

El combate a la trata en Argentina fue pensado desde una perspectiva criminal a través de la actuación de la justicia penal y la intervención policial, lo que propició que las diferencias entre las acciones de las fuerzas de seguridad y de las operadoras de rescate estén difuminadas, pues ambas se concentran en encontrar elementos del delito. Este tipo de perspectivas requieren de dos elementos importantes: la presencia de víctimas y de victimarios/as.

Las operadoras de rescate que entrevisté brindan algunas explicaciones dicotómicas que responden a estereotipos de género sobre la participación de varones y mujeres en el comercio sexual. Los varones siempre son representados como proxenetas, clientes/prostituyentes y “abusadores de la situación de vulnerabilidad”, mientras que las mujeres son representadas discursivamente como víctimas sin poder de decisión ni acción, sin agencia de ningún tipo (Piscitelli, 2013)[11]. Durante una capacitación para psicólogos, la directora de esta burocracia explicaba de este modo cuál es el concepto de víctima con el que trabajan:

Nosotros trabajamos con un concepto de víctima […] tomado desde la victimología, en relación con la asimetría de poder respecto de un otro, siempre en relación con un victimario. O sea, si hay una víctima es porque hay un victimario. También una víctima que está en situación de objeto. Sea una víctima de explotación sexual o de explotación laboral, es una víctima que está avasallada, que no tiene posibilidades de elegir, que no tiene posibilidades de pensar cuáles son sus planes a futuro porque hay un otro que está decidiendo por ella en forma permanente. Este es el momento en el que nosotros tomamos contacto con una víctima. (Sara, psicóloga, Conferencia a psicólogos, 2015.)

En las entrevistas con las rescatistas, indagué cuáles piensan que son las causas por las que las mujeres participan del comercio sexual y qué características tienen las víctimas. Sus respuestas hacían referencia a factores de diferentes tipos: (1) circunstanciales: por su rol de género de cuidadoras que tienen a su cargo hijos, familiares o enfermos. También porque tienen una situación de migración irregular (paraguayas, dominicanas, algunas peruanas, uruguayas, algunas brasileñas) y no pueden trabajar de otra cosa; (2) coacción: porque pueden ser engañadas o amenazadas; (3) ingenuidad y normalización: porque no pueden darse cuenta de que son violentadas o porque están acostumbradas a vivir violencia; y (4) para cambiar sus circunstancias: porque quieren independizarse económicamente o están huyendo de la violencia conyugal.

Acerca de las migrantes, las rescatistas refieren que las mujeres hacen muchas cosas para obtener recursos y salir de sus contextos como “vender todo, endeudarse o sacar créditos” (Laura, psicóloga, agosto 2014), pero estos elementos no son interpretados como estrategias, sino que los atribuyen a su “situación de vulnerabilidad”, que no es otra cosa que condiciones de desigualdad socioeconómicas. No son reconocidos los esfuerzos de estas mujeres por mejorar sus condiciones de vida a través de la realización de esta actividad, ni siquiera en aquellas que lo hicieron para huir de una experiencia de violencia por parte de sus parejas: “Una mujer había escapado de su país porque su pareja la maltrataba, ella tenía miedo de que la mate. Tuvo que viajar en situaciones pésimas, sin dinero, sin tener nada en Argentina” (Laura, psicóloga, agosto 2014).

Otro factor relacionado a las migrantes que suele utilizarse en los informes para demostrar la “situación de vulnerabilidad” es el “desarraigo”. Con esta categoría nativa explican que las mujeres, al salir de sus contextos, se encuentran vulnerables porque se enfrentan con experiencias desconocidas que no pueden entender: “Los procesos migratorios siempre suponen contacto con diferentes hábitos y costumbres, y la ruptura o debilitamiento de lazos familiares y sociales, reduciendo, muchas veces, las posibilidades de pedir ayuda o de solicitar asistencia en caso de necesitarlo” (Documento realizado por psicólogas, dirigido a una institución judicial, 2014).

Analizar estos casos pensando en el factor de clase es importante porque sólo relacionan el desarraigo a mujeres pobres que se dedican al trabajo sexual. Sería muy difícil pensar, en este marco, que la categoría desarraigo se vincule a mujeres que van a trabajar en otro tipo de industrias o bien que migran con otros propósitos, como estudiar.

Esta manera de ver a las mujeres siempre como vulnerables coincide con lo que algunos estudios críticos del feminismo occidental cuestionan sobre cómo son representadas las mujeres pobres o del “tercer mundo”: de manera homogénea, como sujetos sin poder, explotadas, oprimidas y como víctimas (Kapur, 2002; Mohanthy, 2008). Debido a que la actividad que realizan en los lugares de destino está relacionada con el comercio sexual, no se ve a estas mujeres como personas que se movilizan por medio de cadenas migratorias[12] o redes migratorias[13] (Pedone, 2010), que salen de sus contextos y posteriormente llevan a sus familias con ellas.

Por otro lado, en cuanto a las características que tienen las mujeres “rescatadas”, hay una división entre víctimas inocentes y culpables que ya ha sido previamente trabajada en la literatura. Las primeras son aquellas que manifiestan haber sido forzadas y aceptan la protección. Las culpables, en cambio, expresan saber lo que hacen, querer hacerlo, seguir a su “proxeneta” (a veces su pareja), y tener una participación activa en una migración irregular (Doezema, 2004; Laínez, 2009). En el caso que analizo, esta división (basada en el comportamiento que las mujeres “rescatadas” tienen durante los operativos) se expresa discursivamente bajo las categorías nativas de “víctimas maravilla” vs. “víctimas rebeldes”. Aquellas que son sumisas y expresan emociones de culpa, arrepentimiento, vergüenza y miedo al estigma son consideradas “víctimas maravilla”: son descritas como aquellas a las que no les gusta su trabajo y están ahí porque no tienen otra alternativa, pero su principal característica es que no oponen resistencia al ser “rescatadas”; son, según las rescatistas, las más autorizadas para hablar de sus experiencias.

En contraparte, están las “víctimas aguerridas” o “víctimas rebeldes”, aquellas que defienden la actividad como un trabajo, manifiestan querer hacerlo, se muestran defensivas en los allanamientos y, en algunos casos, oponen resistencia a ser llevadas al refugio para víctimas de trata. Una de las psicólogas da un ejemplo: “Una vez estaba en un privado, la chica se acuesta en la cama y me dice: este es mi trabajo, mi marido lo sabe, mi familia lo sabe, yo estoy feliz acá, así que no sé qué querés anotar en tu cuaderno” (Laura, psicóloga, agosto 2014).

Las rescatistas se performan como poseedoras de un saber psi y ofrecen ayuda y confidencialidad a cambio de información (la cual posteriormente será entregada a la autoridad judicial). Estas relaciones jerárquicas recrean visiones neocolonialistas que reproducen estereotipos de feminidad, clase, raza y nacionalidad, lugar de residencia, edad, etc. Por ello, las acciones que llevan a cabo son recibidas de diversas maneras por las mujeres consideradas “víctimas”.

“Madres entregadoras”

Hay un grupo de mujeres que queda por fuera de la clasificación de víctimas, las psicólogas las definen como aquellas que se llevan un porcentaje del trabajo de sus compañeras o administran los espacios en los que se ejerce el comercio sexual. También están aquellas que son parejas de los proxenetas o las trabajadoras sexuales que tienen viviendo con ellas a sus hijas/os en los lugares en los que realizan la actividad. Las operadoras del rescate consideran que estas mujeres “son poco protectoras” y sospechan que puedan ser “entregadoras”. Es decir, estas mujeres son sospechadas y criminalizadas por no cumplir adecuadamente su rol de madres en tanto no mantienen en la clandestinidad su actividad. Para las psicólogas, esas mujeres están exponiendo a sus hijas y automáticamente pasan a ser sospechosas de querer “entregarlas” al “circuito prostituyente”[14]. Hago la acotación en este punto que con madre o familia entregadora no sólo se refieren a las madres que entregan o que sospechan que entregan a sus hijas/os para intercambios sexuales; también se refieren a situaciones en las que encuentran a más de un miembro familiar en algún espacio donde se realiza trabajo sexual. En estos casos, entregadoras serían también las mujeres mayores del grupo familiar, ya sean hermanas, tías o la propia madre.

Juliano (2008) explica que algunas mujeres (sobre todo migrantes) resuelven sus necesidades económicas a través de la elección de ilegalidades distintas a las de los varones (quienes eligen en un porcentaje mayor robar o traficar droga). Las mujeres, en cambio, escogen el trabajo sexual porque no irían presas, o no por mucho tiempo, y de esta manera no está en riesgo que puedan continuar cumpliendo su rol de cuidadoras ya que en muchos casos son el único sostén económico familiar.

Durante el trabajo de campo, dos psicólogas me dijeron que habían sido citadas a juicios orales para dar su “opinión” sobre casos en los que las imputadas eran acusadas de ser “madres entregadoras”. En ambos, las rescatistas creían que las acusadas tenían responsabilidad penal en el delito de trata; sin embargo, habían tenido sentencias diferentes. El primer caso era una mujer de República Dominicana que recibió una sentencia absolutoria, aunque la psicóloga no se mostraba conforme pues le parecía que la madre no había protegido a sus hijas al traerlas a la Argentina.

Vania: Me pasó que, justamente, la mamá las había traído y era novia del dueño del lugar, y en el juicio oral nos preguntaban la opinión, de hecho, mi [directora] pensaba una cosa y yo pensaba otra y resolvieron ellos no imputarla, pero yo…

Yo: ¿Eran niñas sus hijas?

Vania: 18 años, algo así, muy jovencitas, de Dominicana.

Yo: ¿Cuál era tu postura, por qué dices que era diferente?

Vania: Para mí, si la madre las trajo a sabiendas de lo que se estaba ofreciendo, no era la súper explotadora, pero para mí no las protegió de lo que ella había sufrido[15]. Ahí está la naturalización, ella no visualizó que estaba mal dónde las estaba trayendo. Las chicas no la juzgaban, eh. Jamás estuvieron en contra de su mamá, al contrario, lo que me decía [mi directora] era: ella es víctima y se trajo a sus hijas porque de esa forma iban a comer todos. Lo dejamos en manos de la Justicia que decidió que no era responsable. Que está bien, yo coincidía, pero… también dejaba abierto a bueeeeeeno… les pago el pasaje… holaaaa! (Vania, psicóloga, julio 2015.)

Smart (2000) retoma el concepto de tecnología de género de De Laurentis (1989) para explicar que el derecho, a través de las leyes, utiliza estrategias que producen roles de género. Describe los casos de muertes de bebés en Inglaterra, en 1623, en los que se implementó el término madre soltera para poder presumir la culpabilidad de las madres si sus hijos morían. Este término permitía señalar a las malas madres: aquellas que no cumplían con el rol aceptado de la época, es decir, no tenían pareja, eran pobres y sin recursos para criar hijos. Aun en los casos donde sus hijos morían por causas naturales o producto del efecto de la pobreza en el parto, estas mujeres recibían una pena que en ocasiones implicaba la muerte (Smart, 2000).

Recupero el ejemplo de Smart porque lo usa para explicar los elementos sociales relacionados con las maternidades peligrosas, lo cual servía para reforzar culturalmente qué significa una maternidad correcta. El argumento propuesto por Smart ofrece herramientas para explicar la categoría nativa “madres entregadoras” en los casos donde las rescatistas tienen que justificar la criminalidad de las trabajadoras sexuales, a partir de concebir que esas maternidades no se encuadran dentro de normativas hegemónicas. Describiré a continuación un caso para observar cómo una madre inapropiada (Darré, 2008) es juzgada por trata de personas.

El caso de María Elena

María Elena es una migrante paraguaya que recibió una sentencia condenatoria a 10 años tras la sospecha de estar preparando a sus hijas para el comercio sexual. El primer contacto que tuve con su caso el relato de una psicóloga durante una entrevista que le realicé en 2015. Llamó mi atención en dos sentidos: porque la psicóloga mencionó que esta migrante no era víctima, pues tenía conocimiento de la situación, además de una supuesta relación con el proxeneta; y porque las psicólogas tuvieron que dar contención a las niñas ya que estaban muy mal emocionalmente producto de la separación con la madre.

En el ámbito de la antropología jurídica, existen investigaciones que documentan cómo algunas burocracias intervienen y toman decisiones sobre la vida de mujeres, niñas y niños bajo el argumento de protegerlas, pero basadas en factores morales que criminalizan las maternidades riesgosas o las familias que no son consideran adecuadas (Daich, 2004; Villalta, 2010; Grinberg, 2008).

Yo: ¿Ha pasado un poco que sean ellas víctimas y que los/as tratantes sean familiares?

Sara: Sí…

Yo: Y ¿qué pasa?

Sara: Es un proceso, o sea, lo que pasa es que es difícil porque esa chica [la hija] termina en un hogar. El caso más grave que tuvimos fue una vez de dos hermanitas de 11 y 13 años, que las había traído la madre desde [una provincia del norte del país] y la verdad que fue complicado. A la madre le dieron, cuando llegó al juicio, una condena altísima porque las había traído para… A ellas dos y a su hermana mayor de 16, que fue la que denunció. El padre era un buen tipo, pero tenía problemas de alcohol y la verdad es ¡que se chupaba todo! Fue muy complejo porque cuando se hizo el allanamiento había que trabajar con esas nenas, ¡¿qué implicaba que a la mamá se la estén llevando presa?! Las nenas querían ver a la madre. Todavía no habían entrado en el circuito de la explotación, se las estaba como preparando…

Yo: ¿A qué te refieres con eso?

Sara: Y… la madre las había traído [de esa provincia] y rápidamente se pudo hacer el rescate, entonces ellas estaban en un ambiente que no era adecuado para una nena de 11 y de 13 años. No estaban yendo a la escuela, pero todavía no las habían entregado…

Yo: Pero ¿no eran prostituidas?

Sara: No, no habían llegado, pero sabemos que el fin era ese porque él, el tipo que había traído a su madre, era un proxeneta que prostituía a su madre, que había prostituido a la chica de 16 y que el destino de estas dos nenas era ese…

Yo: ¿Y la madre no era víctima de este proxeneta?

Sara: ¡No! O sea, ella no era víctima, sino que era cómplice, era pareja de él y era cómplice. O sea, ella sabía, ella estaba en conocimiento de la situación.

Yo: ¿Y qué paso con ellas, se fueron a un hogar las tres?

Sara: Ellas se fueron a un hogar, la hermana mayor no porque después cumplió los 18 y se quedó con su padre. Las nenas, las dos chiquitas, sí. Ellas eran de [una provincia del norte], así que volvieron y quedaron alojadas… no sé ahora, porque esto te estoy hablando del 2009, creo, y no sé ahora en qué situación están. (Sara, psicóloga, agosto 2015.)

Previamente a esta conversación, yo había participado de una experiencia de investigación en la que sistematizamos 101 causas judiciales de todo el país que habían recibido sentencias condenatorias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual (Varela y Gutiérrez, 2015). De esas causas, 44 por ciento eran condenas para mujeres[16] y 56 por ciento para varones (Varela, 2016). Al ser las causas de acceso público, busqué y rápidamente di con el caso de María Elena. A continuación, describo brevemente lo que dice el acta procesal.

La denuncia fue interpuesta, en el nordeste argentino (NEA), por un padre (que después se aclara tiene una adicción al alcohol) y su hija Carolina, de 16 años, acompañados por la coordinadora de una ONG anti-trata. Los denunciantes aseguran que la joven fue entregada por su madre al dueño de un prostíbulo en Buenos Aires, en el que la madre trabajaba y el cual “se sospecha” [sic] también regenteaba. La joven (Carolina) logró escapar, pero la madre se llevó con ella a sus otras dos hijas de 13 y 11 años. Por ello, la hermana mayor decidió realizar una denuncia, frente al temor de que ellas fueran prostituidas.

En la descripción cronológica de los hechos, se menciona más adelante que María Elena se había separado de su marido y había “abandonado” a sus hijas porque su vida corría peligro: él la había amenazado de muerte y había intentado matarla en una ocasión, arrojándole una piedra de tres kilos. Por eso huyó y se fue a vivir a Buenos Aires, en donde comenzó a trabajar en un prostíbulo. Tras varias quejas de su hijo mayor respecto del comportamiento de Carolina y la petición de la joven de que la llevase con ella porque había terminado su relación de noviazgo, María Elena la invitó[17] a vivir a Buenos Aires. Antes de que fuera, le explicó que ella trabajaba en un prostíbulo, pero le pidió no decir nada al respecto y contarle al padre que trabajaría como niñera. Es así que Carolina viajó hacia una terminal en el centro del país.

María Elena le pidió a una compañera de trabajo de 19 años y a su pareja, Alejandro, que la acompañaran. La trasladan a la casa en la que trabajaba su mamá. Carolina permaneció ahí cuatro días, “sintiéndose muy mal y llorando mucho”, pero no fue explotada sexualmente. Alejandro la llevó a trabajar como mesera a un restaurante que tenía en otra provincia argentina. Durante su estancia en ese lugar, Carolina viajó con Alejandro a una ciudad turística en la que se hospedaron en una habitación de dos camas. Sin embargo, la joven narra que Alejandro se metió en su cama durante la noche y le dijo que se callara y que no contara nada, culminando la acción en un abuso. La joven también dijo que Alejandro la obligó a hacerse un tatuaje con su nombre y que ella ahorró el dinero que ganaba como mesera para volver con su padre y sus hermanas al norte del país. Cinco días después de volver, apareció nuevamente su madre, esta vez acompañada por Alejandro, e intentaron convencerla de quedarse con ellos pero no lo lograron, por lo que hablaron con el padre de llevarse a las otras dos hijas de 13 y 11 años.

Los testimonios varían y María Elena dice que Carolina era adicta a las drogas y que por eso había aceptado llevarla a Buenos Aires. Sin embargo, dijo que no sabía de la “violación” [sic]. Este término es interesante porque María Elena es la única en utilizarlo. El procesamiento judicial se realiza por el delito de trata de personas, no por agresión sexual. El testimonio y la revisión médica de las niñas de 13 y 11 certificaron que no fueron sometidas a abuso sexual; no obstante, el documento dice textualmente: “[L]a doctrina ha sido constante en remarcar que el tipo penal bajo estudio no requiere la demostración de la efectiva explotación de la víctima, sino que basta que el imputado haya tenido esa finalidad” (Sentencia, 2010).

María Elena declaró que ella sería incapaz de “prostituir” a sus hijas y que los medios de comunicación dijeron que encontraron a las niñas en el burdel, lo cual no era verdad porque las encontraron en el lugar donde residía. Alejandro presentó como pruebas fotos del paseo que hicieron, además de decir que él pagó dos tatuajes que se realizó Carolina, no sólo el que decía su nombre. Uno de los argumentos del juez en la sentencia fue el siguiente:

La vulnerabilidad [de la joven de 16 años] surge de la ambivalencia de los factores padre alcohólico, madre prostituida, violencia familiar, luego abuso y reclutamiento de la hija mayor y, finalmente, traslado de las hermanas menores. Inmediatamente se observa una desintegración de la familia, urgencias económicas, confusión, crisis de las lealtades y de las emociones. (Sentencia, 2010.)

La sentencia de María Elena es resuelta de la siguiente manera:

Con respecto a la imputada se observa que es analfabeta, no posee instrucción y en un primer momento decide trabajar como prostituta, cediendo a causa del maltrato y la relación con su esposo, alcohólico y la falta de recursos económicos, que en ese contexto resulta un atenuante. Sin embargo, el hecho de involucrar a sus hijas en su mismo trabajo, relacionado con la prostitución, aparece como una agravante. De tal manera que su conducta debe apreciarse desde dos situaciones, la primera de indefensión y desesperación de qué hacer con su vida, y la segunda de atraer a sus hijas al mismo camino, valiéndose de su calidad de madre y de la propia confianza que le tenían. Por todo lo cual estimo ajustado a derecho imponerle la pena de diez años de prisión como autora penalmente responsable del delito de trata de personas en las modalidades de ofrecimiento, captación, traslado, recepción y acogimiento con fines de explotación sexual agravados por el vínculo de parentesco. (Sentencia, 2010[18].)

Alejandro recibió una pena de 12 años de prisión. Entre la denuncia (2008) y el proceso en que se dicta sentencia condenatoria (2010), María Elena estuvo embarazada producto de una nueva relación afectiva y permaneció encarcelada durante el parto y hasta que su hija tuvo 14 meses. Por tal motivo, la sentencia —dictada dos años después— contemplaba cumplir el resto de la pena en prisión domiciliaria, por lo menos hasta que la niña cumpliera cinco años.

Por otro lado, cabe señalar que en ningún momento del proceso penal María Elena fue considerada “víctima”, aun cuando da cuenta de los elementos que en otros casos son asociados a la “situación de vulnerabilidad” de las víctimas de trata, tal como se abordó en uno de los apartados anteriores. María Elena bien pudo haber encajado en la descripción de víctima por sus características: pobreza, migración, violencia conyugal, incluso el embarazo que presentaba al momento del allanamiento. Cabe resaltar que la Ley 26.842 menciona en uno de sus artículos un tratamiento especial de no punibilidad en estos casos:

Las víctimas de trata de personas no son punibles por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de trata. Tampoco les serán aplicables las sanciones o impedimentos establecidos en la legislación migratoria cuando las infracciones sean consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito que las damnificara. (Ley 26.842, art. 5, 2012.)

Sin embargo, el caso de María Elena fue interpretado diferente por el hecho de ser configurada como mala madre por haber “expuesto” a sus hijas al llevarlas a vivir con ella y representar una maternidad riesgosa, debido a la cual sus hijas no se encontraban en “condiciones adecuadas”. Después de leer los documentos, advertí que la manera en que la psicóloga me había presentado el caso de esta mujer la hacía aparecer como “cómplice”: por ser la pareja del proxeneta (pese a que esto no era así, porque María Elena tenía otra pareja de la cual estaba embarazada); por no enviar a sus hijas a la escuela; y por “prostituir” a su hija mayor (esto no es declarado por ninguna de las partes en los documentos). Por otro lado, en su relato, la psicóloga se presentaba a sí misma como la salvadora que impidió que la madre entregara a sus hijas al “circuito prostituyente”, gracias a haber hecho el rescate oportunamente.

Esta asociación con una “maternidad riesgosa” e “inapropiada” que realizan las rescatistas implica un juicio de valor, o quizás un desconocimiento acerca del hecho de que muchas trabajadoras sexuales migrantes tienen hijos/as, quienes en ocasiones resultan la principal motivación para aumentar sus ingresos económicos y así brindarles una mejor calidad de vida en comparación con la que ellas tuvieron (Agustín, 2002; Lamas, 2017). La migración de María Elena desde Paraguay hacia Argentina puede encuadrarse en ese marco: ella es el primer eslabón en una “cadena migratoria” (Pedone, 2004 y 2008). Sin embargo, lo que la diferencia de otras mujeres migrantes que salen de sus contextos, dejan a sus hijos y después intentan agruparlos es que su principal actividad de manutención es el trabajo sexual. Esto fue interpretado por las encargadas de “opinar” sobre su situación como un peligro para sus hijas.

Reflexiones finales

En este artículo, se expuso el modo en que es pensada y tratada políticamente la trata de personas por parte de las operadoras encargadas de “rescatar” a las “víctimas”. Cuando las psicólogas se performan como “rescatistas”, se pone en juego una jerarquía intragenérica que, en ocasiones, las posiciona como parámetro para evaluar si las condiciones personales, sociales y laborales de las mujeres son adecuadas o no. En el marco de esa relación jerárquica, las operadoras se adjudican el deber de “rescatarlas”, lo cual consiste básicamente en clausurar los lugares donde se ejerce el trabajo sexual. Independientemente de que las “rescatistas” sean trabajadoras sociales o psicólogas, he mostrado que las acciones que realizan en los allanamientos no se corresponden con un saber psi sino policial; es decir, no buscan síntomas psico-emocionales sino elementos que acrediten el delito de la trata de personas. Las evaluaciones u opiniones de las rescatistas tienen incidencia en el ámbito penal para la toma de decisiones sobre las sentencias. La expertise que portan las autoriza para dar una “opinión válida” por medio de testimonio oral o escrito (con documentos que he llamado sumarios psicológicos).

La reconstrucción del caso de María Elena, una migrante paraguaya que se dedica al trabajo sexual en Buenos Aires, muestra cómo diferentes enfoques pueden producir diversos efectos en la vida de las trabajadoras sexuales migrantes. Desde el enfoque migratorio, ya se ha analizado la relación entre madres migrantes y sus hijos/as. En muchos casos, las mujeres se movilizan para buscar insertarse en mercados de trabajo, incluido el comercio sexual, dejando al cuidado de otras personas a sus hijos/as. Les envían dinero o buscan estrategias para reunificar a sus familias. María Elena sería, en este sentido, el primer eslabón en la cadena migratoria, dejando su país de origen para trabajar en el comercio sexual, y luego intentar la reunificación familiar con sus hijas. Esto fue interpretado por las encargadas de “opinar” sobre su situación como un peligro para ellas.

Juliano lo explica con claridad cuando sostiene que la distancia de clase entre las trabajadoras sexuales y las mujeres que las evalúan hace que sean mal comprendidas. Para esta autora, las trabajadoras sexuales han sido el blanco de discursos moralizantes o de interpretaciones patologizadoras por ser transgresoras de los deberes familiares y sexuales asignados. De manera que la descarga de la ira social “es para servir de escarmiento a las restantes mujeres, para mostrar que por mal que les vaya dentro de los modelos de género establecidos, aún podría irles peor si se apartan de ellos” (Juliano, 2008: 84).

En este contexto, se buscó poner en discusión cómo un caso que puede ser leído como reagrupación familiar, al ser observado bajo el lente criminal de la trata, define a una madre como “riesgosa” e “inapropiada” en tanto presupone que está preparando a sus hijas para entregarlas al “sistema prostituyente”, agravando las potenciales penas por “vínculo de parentesco”. De esta manera, la voz de las involucradas (la madre y las hijas) es silenciada y se justifica la intervención del Estado sobre sus vidas, en nombre del combate contra la trata. Mi intención no fue buscar la “verdad” del caso sino poder reflexionar sobre lo que el feminismo carcelario ha conseguido: un efecto bumerang sobre la vida de las mujeres, en este caso de análisis, trabajadoras sexuales migrantes.

Bibliografía

Agustín, Laura (2002) “Mujeres migrantes ocupadas en servicios sexuales”. En Colectivo Ioé, Mujer, inmigración y trabajo, pp. 647-716. Madrid: IMSERMO.

(2009) Sexo y marginalidad. Emigración, mercado de trabajo e industria del rescate. Madrid: Editorial Popular.

Álvarez, Sonia (1998) “Neoliberalismos y trayectorias de los feminismos latinoamericanos”. América Latina en Movimiento, 2-6, 265-284.

AMMAR (2016) Trabajo sexual y violencia institucional: vulneración de derechos y abuso de poder hacia mujeres trabajadoras sexuales. Buenos Aires: Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina.

Amnistía Internacional (2016) “Lo que hago no es un delito”. El Coste humano de penalizar el trabajo sexual en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires: Amnistía Internacional.

Aradau, Claudia (2009) “Vida, derechos y riesgos: las paradojas del tráfico de personas”. En Encarnación Bodelon y Gemma Nicolás (comps.), Críticas feministas del derecho y el poder, pp. 233-246. Barcelona: Anthropos.

Barry, Kathleen (1996) The Prostitution of Sexuality. New York: New York University Press.

Bernstein, Elizabeth (2010) “Militarized humanitarianism meets carceral feminism: the politics of sex, rights, and freedom in contemporary antitrafficking campaigns”. Signs, 36-1, 45-72.

(2014) “Sexual Economies and New Regimes of Governance”. Social Politics: International Studies in Gender, State, & Society, 22-3, 345-354.

Daich, Deborah (2004) “Los procedimientos judiciales en los casos de violencia familiar”. En Sofía Tiscornia (comp.), Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica, pp. 327-380. Buenos Aires: Antropofagia.

—y Varela, Cecilia (2014) “Entre el combate a la trata y la criminalización del trabajo sexual: las formas de gobierno de la prostitución”. Delito y sociedad, 23-38, 63-86.

Dalmasso, Clara (2016) Migración, terrorismo y seguridad: El migrante como amenaza terrorista en el discurso estatal argentino y en los discursos internacionales. Tesis de Maestría, Maestría en Gestión Política, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba, Córdoba.

Darré, Silvana (2008) Maternidades inapropiadas. La construcción de lo “inapropiado” y sus transformaciones en cinco dispositivos pedagógicos. Buenos Aires 1920-1980. Tesis de doctorado, Doctorado en Ciencias Sociales. FLACSO, Buenos Aires.

De Laurentis, Teresa (1989) Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction. London: Macmillan Press.

Doezema, Jo (2004) “A crecer! La infantilización de las mujeres en los debates sobre ‘tráfico de mujeres’”. En Raquel Osborne (comp.), Trabajador@s del sexo. Derechos, migraciones y tráfico en el siglo XXI, pp. 151-166. Madrid: Belaterra.

Dworkin, Andrea (1979) Pornography: Men Possessing Women. New York: Perigee Books.

Ferguson, Ann (1984) “Sex War: The debate between Radical and Libertarian Feminists”. Signs 10, 106-112.

Grinberg, Julieta (2008) “Transformaciones en el tratamiento de la niñez en riesgo: reflexiones sobre un dispositivo de protección a la infancia en la ciudad de Buenos Aires”. Cuadernos de Antropología Social, 27, 155-174.

Gutiérrez, Jessica (2017) “El sujeto víctima y el papel de las políticas carcelarias en el contexto de los dispositivos de rescate a víctimas de trata”. En Helena López y Adriana Arreola (eds.), Condiciones de la globalización, políticas neoliberales y dinámicas de género. Aproximaciones desde el sur, pp. 23-42. México: UNAM.

Jaiven, Ana Lau (2017) “Feminismos”. En Hortensia Moreno y Eva Alcántara (coords.), Conceptos clave en los estudios de género, pp.139-154. México: Editorial Centro de Investigaciones y Estudios de Género UNAM.

Juliano, Dolores (2002) “La inmigración sospechosa y las mujeres globalizadas”. En Mujeres de un solo mundo: globalización y multiculturalismo, pp.123-134. Granada: Universidad de Granada.

(2008) “El pánico moral y la criminalización del trabajo sexual”. En Isabel Holgado Fernández (coord.), Prostituciones. Diálogos sobre el sexo de pago, pp. 111-122. Barcelona: Icaria.

Kapur, Ratna (2002) “The Tragedy of Victimization Rhetoric: Resurrecting the ‘Native’ Subject in International/Postcolonial Feminist Legal Politics”. Harvard Human Rights Law Journal, 15-1, 1-38.

Kempadoo, Kamala (2005) “Mudando o debate sobre o tráfico de mulheres”. Cadernos Pagú, 25, 55-78.

Laínez, Nicolás (2009) “¿Representar la explotación sexual? La víctima puesta en escena”. Revista de Antropología Social, 18, 297-316.

Lamas, Marta (2016) “Feminismo y prostitución: la persistencia de una amarga disputa”. Debate Feminista, 51, 18-35.

(2017) “¿Un trabajo como cualquier otro?”. En Marta Lamas (comp.), Fulgor de la noche: el comercio sexual en las calles de la ciudad de México, pp. 162-187. México: Océano.

Lovenduski, Joni (2007) The New Politics of Gender Equality. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

(2008) “State Feminism and Women’s Movements”. West European Politics, 31, 169-194.

Magliano, María José y Clavijo, Janneth (2011) “La trata de persona en la agenda política sudamericana sobre migraciones: la securitización del debate migratorio”. Análisis Político, 24-71, 149-163.

(2013) “La OIM como trafficking solver para la región sudamericana: sentidos de las nuevas estrategias de control migratorio”. En Gabriela Karasik (coord.), Migraciones internacionales: reflexiones y estudios sobre movilidad territorial contemporánea, pp. 129-148. Buenos Aires: CICCUS.

Matos, Marlise y Paradis, Clarisse (2013) “Los feminismos latinoamericanos y su compleja relación con el Estado: debates actuales”. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 45, 91-107.

Miller, Alice (2004) “Sexuality, violence against women, and human rights: women make demands and ladies get protection”. Health and Human Rights, 2, 16-48.

Mohanthy, Chandra (2008) “Bajo los ojos de occidente. Academia feminista y discurso colonial”. En Liliana Suárez Navaz y Aída Hernández (eds.), Descolonizando el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes, pp. 112-161. Madrid: Cátedra.

Morcillo, Santiago y Varela, Cecilia (2016) “Trabajo sexual y feminismo, una filiación borrada”. La ventana. Revista de Estudios de Género, 44, 7-23.

O’Connell, Julia (2014) “¿Podría la verdadera esclava dar un paso hacia delante?”. Debate Feminista, 50, 256-279.

Pacecca, María Inés (2011) “Trabajo, explotación laboral, trata de personas. Categorías en cuestión en las trayectorias migratorias”. Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana – REMHU, 19-37, 147-174.

Pateman, Carole (1988) The Sexual Contract. Stanford, CA: Stanford University Press.

Pedone, Claudia (2004) Tú siempre jalas a los tuyos”. Cadenas y redes migratorias de las familias ecuatorianas hacia España. Tesis doctoral, Doctorado en Geografía Humana, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

(2008) “‘Varones aventureros’ vs. ‘Madres que abandonan’: reconstrucción de las relaciones familiares a partir de la migración ecuatoriana”. Revista Interdisciplinar de Mobilidade HumanaREMHU, 30, 45-64.

(2010) “Cadenas y redes migratorias: propuesta metodológica para el análisis diacrónico-temporal de los procesos migratorios”. Empiria. Revista de Metodología en Ciencias Sociales, 20, 101-132.

Piscitelli, Adriana (2008) “Entre as ‘máfias’ e a ‘ajuda’: a construção de conhecimento sobre tráfico de pessoas”. Cadernos Pagu, 31, 29-63.

(2013) Trânsitos: brasileiras nos mercados transnacionais do sexo. Rio de Janeiro: EdUERJ.

Pisoni, Carlos Enrique y Saavedra, Lila (2015) Ninguna quiere. Trata con fines de explotación sexual. Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Buenos Aires.

Prada, Nancy (2010) “¿Qué decimos las feministas sobre la pornografía? Los orígenes de un debate”.La manzana de la discordia, 5, 7-26.

PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) (2016) Resumen ejecutivo del informe anual 2016. Ministerio Público Fiscal, Procuración General de la Nación, Buenos Aires.

Rubin, Gayle (1975) “The Traffic in Women: Notes on the ‘Political Economy’ of Sex”. En Ryana Reiter (ed.), Toward an Anthropology of Women, pp. 157-210. New York: Monthly Review Press.

Saunders, Penelope (2005) “Traffic Violations: Determining the Meaning of Violence in Sexual Trafficking Versus Sex Work”. Journal Interpersonal Violence, 20, 343-360.

Smart, Carol (2000) La teoría feminista y el discurso jurídico. Buenos Aires: Biblos.

Varela, Cecilia (2012) “Del tráfico de las mujeres al tráfico de las políticas. Apuntes para una historia del movimiento anti-trata en la Argentina (1998-2008)”. PUBLICAR. En Antropología y Ciencias Sociales, 12, 35-64.

(2016) “Entre el mercado y el sistema punitivo. Trayectorias, proyectos de movilidad social y criminalización de mujeres en el contexto de la campaña anti-trata”. Zona Franca, 24, 7-37.

—y Gutiérrez, Jessica (2015) “Comercio sexual y efectos de las políticas anti-trata: un análisis a partir los procesos judiciales de la Ley 26.364 (2008-2010)”. Ponencia presentada en las XII Jornadas de Historia de las Mujeres y VII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Neuquén, Argentina, 5-7 de marzo.

Vianna, Adriana (2010) “Derechos, moralidades y desigualdades. Consideraciones acerca de procesos de guarda de niños”. En Carla Villalta (comp.), Infancia, justicia y derechos humanos, pp. 21-72. Bernal, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Villalta, Carla (comp.) (2010) Infancia, justicia y derechos humanos. Bernal, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Weitzer, Ronald (2014) “El movimiento para criminalizar el trabajo sexual en Estados Unidos”. Debate Feminista, 50, 187-219.


  1. En este texto, dichas profesionales aparecen nombradas indistintamente como psicólogas, rescatistas, agentes psi u operadoras psi.
  2. Los nombres de las personas involucradas en el caso han sido modificados para preservar su anonimato.
  3. Recurso que se interpone ante la Justicia para anular o corregir una sentencia judicial. En el caso de María Elena, el único cambio que hubo fue el lugar donde se cumplirá la sentencia. El recurso concedió que permaneciera en prisión domiciliaria hasta que su hija tuviese cinco años.
  4. El término “trabajo sexual” surge de distintas organizaciones de trabajadores sexuales alrededor del mundo y es un concepto que Carol Leigh implementó en los 70 para contrarrestar el estigma implícito en el término prostitución. Además, es una contribución al lenguaje feminista y denomina un movimiento social que reivindica derechos laborales (Morcillo y Varela, 2016).
  5. George W. Bush fue presidente de los Estados Unidos durante el período 2001-2009.
  6. Los medios comisivos son: engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de alguien que tenga autoridad sobre la víctima.
  7. El allanamiento se nombra también, y de manera indistinta, como procedimiento/intervención. No quiero generalizar diciendo que todas las intervenciones son iguales, sólo doy cuenta de cómo las describieron los integrantes de varias instituciones participantes (personal de Gendarmería, Prefectura y la burocracia de rescate) y cómo está descrito el procedimiento en la normativa oficial de la burocracia de rescate.
  8. El sumario policial es una parte pre-procesal de la investigación en la que los policías realizan un relato resumido sobre su interpretación de los hechos ocurridos e investigados como delictivos.
  9. Ninguna quiere es también el nombre de un libro con perspectiva abolicionista producido por la Secretaría de Derechos Humanos argentina, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el cual “se propone ser una herramienta para profundizar las políticas públicas destinadas a la erradicación de la trata de personas, contribuir a la concreción de cambios culturales y fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos desde un Estado nacional comprometido con un concepto de Patria, cuyas bases se construyen en la igualdad” (Pisoni y Saavedra, 2015: 7).
  10. El grado de violencia institucional con el que se llevan a cabo los allanamientos en Argentina ha sido documentado por informes de organizaciones de trabajadoras sexuales (AMMAR, 2016), organismos de derechos humanos (Amnistía Internacional, 2016) y artículos académicos (Daich y Varela, 2014).
  11. La agencia, en un sentido antropológico, es la capacidad de acción, mediada social y culturalmente (Piscitelli, 2013).
  12. Las cadenas migratorias “son apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen a los potenciales migrantes para decidir, o eventualmente, concretar su viaje. También en ellas se produce un intercambio de información sobre los aspectos económicos, sociales y políticos de la sociedad de llegada” (Pedone, 2010: 107).
  13. Las redes migratorias son estructuras sociales mayores que trascienden los límites geográficos y tienen un carácter eminentemente transnacional, e involucran a todas aquellas personas e instituciones que están vinculadas al hecho migratorio: políticas de estado (origen y destino), migrantes, empleadores y empleadoras, ONG’s, personal de servicios sociales (preferentemente educación y salud), instituciones religiosas, asociaciones de migrantes. Las redes difieren en función según se traten de redes internas o internacionales (Pedone, 2010).
  14. Las psicólogas han adoptado e introducido en sus prácticas institucionales categorías retomadas de la militancia abolicionista sobre el tema. Tal es el caso de “circuito prostituyente” (mercados sexuales); “proxeneta” (cliente); “víctima” (cualquier mujer que realiza trabajo sexual).
  15. Las mayúsculas son utilizadas para expresar el aumento en el tono de voz de la persona entrevistada.
  16. La mayoría de las mujeres son argentinas (64 por ciento), seguidas de paraguayas (29 por ciento) (Varela, 2016); una de estas últimas es María Elena.
  17. Las palabras que destaco en cursiva aparecen en el original en mayúsculas y son los elementos que se tomaron en cuenta para relacionarlos con algunos medios comisivos del delito de trata de personas: captación, traslado, acogida.
  18. Destacados en el original.


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