El escaneo del horizonte realizado sobre los procesos, las tendencias y los eventos que pueden afectar el futuro agroalimentario de la región dio lugar a la consideración de seis dimensiones. Una dimensión de comercio internacional, que a su vez es de una escala global, pero analizando los impactos de su evolución en América Latina y otras dimensiones temáticas que tomaron las escalas regional y nacional, recogiendo los aspectos económicos, político-institucionales, productivos, sociales y ambientales.

Para realizar este escaneo del horizonte, se recurrió a bases de datos de distintos organismos, como ONU, OECD, BM, FAO, CEPAL, a publicaciones de estos organismos, a bibliografía específica sobre las problemáticas agroalimentarias latinoamericanas y también a antecedentes de estudios de prospectiva, tanto referidos al nivel global como al nivel regional o subregional.

En el análisis de esta información, se identificaron 30 factores principales que inciden sobre los futuros agroalimentarios de la región (ver listado completo en la Tabla 8 en el Anexo). Se desarrolló una descripción de estos lo más sintética posible, donde se presenta la trayectoria de cada factor, el conocimiento existente sobre sus posibles evoluciones y las principales incertidumbres que se identifican respecto de su evolución futura.

Una aclaración metodológica que es necesaria aquí es que los factores críticos no son todos aquellos aspectos o dimensiones de la cuestión analizada que interesan o importan. Son los factores que se espera movilicen los diferentes futuros posibles de la cuestión. Hay otros aspectos que también aparecen en los escenarios y que importan a las narrativas planteadas y al espíritu de este estudio que no se mencionan necesariamente como factores, pero que aparecen en los escenarios porque constituyen la base de preocupación del ejercicio e incluso están presentes también en la propia narrativa de estos factores, tales como la seguridad alimentaria, la pobreza rural, la calidad del empleo rural, la diversidad cultural o la soberanía tecnológica.

Los 30 factores críticos identificados que se busca analizar para ver cómo pueden influir en los futuros agroalimentarios se presentan a continuación, organizados por dimensiones.

A. Dimensión: comercio y política internacional

1. Tendencia y volatilidad de los precios de los alimentos

Existen proyecciones a 10 años sobre los precios a los alimentos (OCDE-FAO, 2021) que prevén un descenso de los precios agrícolas reales, por mejoras en la productividad, a pesar del incremento de la demanda.

La retrospectiva muestra que las desviaciones de la tendencia general, así como el repunte de los precios durante la crisis petrolera de la década de 1970 o varios picos de precios durante el periodo 2007-2014, fueron temporales y no alteraron la tendencia descendente a largo plazo. Es importante destacar que este tipo de proyecciones tienen como supuesto un sistema de comercio mundial eficiente y sostenible (OCDE-FAO, 2021).

Gráfico 1: índice de precios de los alimentos (nominal y real)

Fuente: OCDE/FAO (2021), “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

Sin embargo, debe considerarse que el factor de incidencia no es solamente la tendencia de largo plazo, sino que es también lo que ocurre en el horizonte prospectivo de los próximos 20 años en términos de volatilidad de los precios. Es decir, aun si la tendencia en el largo plazo es a una baja relativa en los precios, pueden ocurrir eventos disruptivos en el horizonte temporal considerado, como los que se evidenciaron a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, que generan picos y volatilidad de los precios. Estos eventos disruptivos que escapan a las proyecciones lineales tienen fuertes impactos en las dimensiones sociales, económicas, institucionales y ambientales de los países productores. Es por eso por lo que en este factor se considera no solo la proyección lineal sobre los precios para los próximos 20 años, sino principalmente las posibles disrupciones que se den en el horizonte temporal considerado y que marquen un carácter volátil en el valor de los precios.

El contexto de fuertes incertidumbres que atraviesa el régimen alimentario internacional a partir de un contexto geopolítico en tensión, que tiene incidencia en la situación productiva y financiera, hace suponer que el grado de volatilidad en el precio de los alimentos será elevado. Y esto porque dicha variable es altamente sensible a eventos geopolíticos, a la evolución del precio de la energía y a otras variables financieras y económicas internacionales que pueden verse afectadas en el horizonte de los próximos 20 años, de manera que generarían volatilidad en el precio de los alimentos, tal como ha ocurrido también en los últimos 20 años (gráficos 2 y 3), en particular en el quinquenio 2005-2009.

Gráfico 2: evolución del índice de precios de los alimentos entre 2000 y 2021

Fuente: FAO.

Gráfico 3: variación de la distribución estadística del índice de precios de los alimentos entre 2000 y 2021, por períodos

Fuente: elaboración propia con base en datos de FAO.

Los mercados de commodities agrícolas en particular evidencian una alta volatilidad en contextos de crisis. El alto grado de apertura e internacionalización de los mercados financieros, apoyado cada vez más en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, le proporciona aún más incertidumbre a este factor.

2. Posición de los países de la región en el comercio internacional de commodities agrícolas

La producción agropecuaria representa el 5 % del PIB regional, el 18 % de las exportaciones de América Latina y el Caribe son alimentos, y se expanden a tasas del 5 al 7 % anual. La región representa el 13 % del valor agregado mundial de productos agropecuarios (CEPAL, 2023).

Existen distintas especializaciones en esta producción, según las subregiones de ALC. Por ejemplo, en 2020, el 70 % del volumen de exportaciones de productos de origen vegetal y animal de América del Sur estuvo representado por cuatro de los principales commodities (soja y derivados, maíz y trigo). Esta proporción se ha incrementado desde el año 2000, cuando dichos productos representaban alrededor del 63 % del volumen exportado, y se consolidaron a partir de 2015 en los porcentajes observados en la actualidad. La participación de dichos productos en el valor exportado de la subregión alcanza en la actualidad alrededor del 41 % (8 p.p. más que en 2000). El 98 % del volumen de poroto de soja y el 99 % del grano de maíz exportados por la subregión provienen de Brasil, Argentina y Paraguay.

En el caso de otros commodities como el azúcar y el café, Brasil y Colombia han consolidado su liderazgo a lo largo de los últimos 20 años, pasando de representar el 91 % del volumen exportado de la subregión (2000) al 99 % (2020), para el caso del azúcar, y del 89 % (2000) al 93 % (2020), para el del café.

En América Central, la exportación de productos de origen vegetal y animal presenta mayor diversificación y el peso relativo de los commodities es de menor importancia. No obstante, se destacan algunos productos como el banano y el azúcar, con el 15,6 % y el 5,9 % del volumen exportado respectivamente, y el café, que representa el 5,6 % del valor de las exportaciones de América Central. En la subregión del Caribe, la configuración de las exportaciones agrícolas es similar, con una marcada participación del azúcar (33,8 % del volumen y 9,2 % del valor exportado) y del banano (11,4 % del volumen exportado).

Si se analiza el destino de estos productos, pueden identificarse algunos patrones marcados. Por un lado, Estados Unidos constituye el socio principal de algunos países de Sudamérica, como Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y de América Central (subregión donde explica alrededor del 70 % de las exportaciones de productos de origen agrícola).

En Sudamérica, puede observarse una creciente consolidación de China como principal destino de las exportaciones de commodities de origen agrícola, especialmente desde los países del Cono Sur. En países del Caribe, también China viene ganando terreno como importador de productos de origen agrícola.

Gráfico 4: principales destinos de las exportaciones de productos agrícolas de América del Sur

Fuente: FAO.

Gráfico 5: principales destinos de las exportaciones de productos agrícolas de América Central

Fuente: FAO.

Gráfico 6: principales destinos de las exportaciones de productos agrícolas de los países del Caribe

Fuente: FAO.

Cabe preguntarse, dadas las tendencias de los últimos 20 años, cuál podría ser el monto total de exportación de productos agrícolas de la región en su conjunto o de sus distintas subregiones. Claro que esto dependerá de múltiples factores, que no pueden ser considerados en una proyección lineal. ¿Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea seguirán comprándole a la región en los próximos 20 años al mismo ritmo de crecimiento que lo hicieron en el pasado? Si lo hicieran, al 2040 la región en su conjunto exportaría productos agrícolas por alrededor de USD 440 mil millones de dólares. De los cuales USD 339 mil millones corresponderían a Sudamérica.

Los gráficos 7, 8, 9 y 10 muestran las proyecciones lineales de las exportaciones para el total regional y para las distintas subregiones^[1].

Gráfico 7: proyección de exportaciones de productos agrícolas de AlyC al 2030 y 2040

Fuente: elaboración propia con base en datos de FAO.

Gráfico 8: proyección de exportaciones de productos agrícolas de América del Sur al 2030 y 2040

Fuente: elaboración propia con base en datos de FAO.

Gráfico 9: proyección de exportaciones de productos agrícolas del Caribe al 2030 y 2040

Fuente: elaboración propia con base en datos de FAO.

Gráfico 10: proyección de exportaciones de productos agrícolas de América Central al 2030 y 2040

Fuente: elaboración propia con base en datos de FAO.

A futuro, existen aspectos que representan ciertos desafíos para los países de la región con relación al comercio internacional de commodities agrícolas. Las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos, el cambio climático y el cambio tecnológico, así como las estrategias que las potencias desplieguen para afrontar sus propias dificultades, repercutirán con un alto nivel de incertidumbre en el mercado internacional de commodities. Sin embargo, la proyección sirve para indagar qué podría ocurrir si se siguiera esta tendencia o qué procesos o disrupciones podrían acelerarla o ralentizarla.

La ralentización es una de las posibilidades, a partir de una retracción del comercio internacional, ya sea por la reducción en el ritmo de crecimiento económico de China y otras potencias, o por la generación de un reordenamiento de los intercambios mundiales a través de bloques, en un escenario de desglobalización, con políticas proteccionistas y estrategias hacia la autonomía alimentaria, sanitaria y energética. Esta posibilidad es avizorada también, entre otras posibles, por otros ejercicios de prospectiva global y agroalimentaria, tal como se plasma en el escenario “Communities” del ejercicio Agrimonde Terra (Le Mouël et al., 2018), en el escenario de “Atomisation globale” de Futuribles (Ségur, 2021) o en el escenario “Multitrack World” de la OCDE (Cass Beggs, 2021).

Para lograr una aceleración del incremento de las exportaciones y ganar posiciones en los mercados internacionales, será crucial la posibilidad de ampliar u obtener nuevos mercados en otras regiones de Asia y África. La dinámica demográfica analizada en el factor 22 tiene que ver con esta posibilidad. La posibilidad de incrementar las exportaciones a futuro de manera virtuosa, aportando al desarrollo sustentable de los países, se relacionará también con los impactos del cambio climático analizados en el factor 27 y con la posibilidad de introducir las transiciones energéticas y ecológicas que se analizan en los factores 28 y 29.

A su vez, es importante considerar en el análisis no solo el valor de las exportaciones, sino también el valor agregado agrícola. Es decir, qué proporción de las cadenas productivas, que son globales, se produce dentro de la región, aportando a la generación de empleo. El gráfico 11 muestra el valor agregado agrícola de cada subregión como porcentaje del PIB. Como puede observarse, esta es una variable que cuesta dinamizar mucho más que la de las exportaciones.

Gráfico 11: valor agregado agrícola de América Central, el Caribe y América del Sur (% del PIB en USD)

Fuente: FAOSTAT.

Las estrategias comerciales y el desempeño económico de los principales compradores impactarán en las tendencias de las exportaciones y, consecuentemente, en las balanzas comerciales de los países de ALyC. Muchos países de la región necesitan incrementar el valor agregado a las exportaciones agrícolas, eso también dependerá de las estrategias comerciales de las grandes potencias (EE. UU., China, Europa) y del papel de otros jugadores internacionales importantes, como las grandes farmacéuticas, las industrias químicas y las grandes empresas de telecomunicaciones.

3. Normativas ambientales y de sanidad alimentaria en los mercados internacionales

Una parte cada vez más importante de los consumidores desarrolla hábitos y preferencias hacia productos y procesos productivos amigables con el ambiente. Ello sienta las bases para la generación de nuevas normas, protocolos y certificaciones. Es esperable que, a medida que la población tome mayor conciencia y dimensión de los impactos de la acción humana en el medio ambiente y sus efectos en el cambio climático, el consumo de alimentos se encuentre mayormente determinado por este tipo de exigencias. Como ejemplo de ello, la encuesta Eurobarómetro (primavera de 2021) muestra que los ciudadanos de la UE sitúan al medio ambiente y el cambio climático entre las cuestiones más importantes a las que se enfrenta el bloque (segunda cuestión en importancia), sus países (cuarta cuestión en importancia) y los mismos ciudadanos europeos (tercera cuestión en importancia).

Los requerimientos ambientales también pueden utilizarse como medidas de protección, generando obstáculos al comercio. Los mercados de alto poder adquisitivo como los de UE, Japón y Canadá muestran una evolución creciente en los requisitos vinculados a cuestiones ambientales combinados con aspectos que aseguren la inocuidad, sanidad y calidad del producto, el uso más eficiente de los recursos naturales, la generación de información para el consumidor y, en algunos casos, el cumplimiento de salvaguardas vinculadas a la sostenibilidad o el impacto social, como las certificaciones sobre comercio justo (ALADI, 2016). Recientemente, la Comisión Europea propuso nuevas reglas que buscan minimizar la deforestación y la degradación promoviendo el consumo de productos “libres de deforestación”. Para ello, ha definido normas obligatorias de debida diligencia para quienes comercialicen en la UE productos básicos (p.e. soja, carne vacuna, aceite de palma, madera, cacao y café) y derivados (cuero, chocolate y muebles) (Comisión Europea, 2021).

En el caso de China, estas tendencias resultan difusas, aunque un giro marcado hacia el consumo de alimentos sustentables (ambiental o socialmente) puede tener grandes implicancias, dada la importancia de este destino en el volumen de comercio de varios países de la región.

En los mercados con altas exigencias sobre inocuidad y sanidad, es posible que crezcan los requisitos de trazabilidad y etiquetado ambiental sobre los productos agroalimentarios. Estos están ligados a normas que definen límites o prohibiciones en el uso de fitosanitarios u organismos genéticamente modificados, o que establecen parámetros para la producción orgánica y que, a futuro, es probable que incluyan otras exigencias. En el caso de los países exportadores de frutas, verduras y otros alimentos a EE. UU., esto será de particular importancia, dado que ese país constituye el principal mercado de consumo para productos orgánicos.

A su vez, las cuestiones ambientales se encuentran cada vez más presentes en las negociaciones comerciales entre países. Desde 1997 ha habido un aumento constante del número de notificaciones a la OMC relacionadas con el ambiente (vinculadas a leyes nacionales, reglamentos, decisiones y otras medidas gubernamentales con impacto comercial), y la proporción de este tipo de notificaciones como porcentaje del total se duplicó durante el mismo período (ver gráfico 12).

Gráfico 12: notificaciones a la OMC relacionadas con el ambiente (1997-2020)

Fuente: OMC – Base de datos ambiental.

El sector agrícola es el más afectado por las medidas comerciales vinculadas al ambiente. En el año 2020, el 32,1 % de las notificaciones a la OMC relacionadas con el ambiente impactaban en los productos de origen agrícola (ver Grpafico 13). Alrededor de la mitad de este tipo de medidas tienen que ver principalmente con reglamentos y especificaciones técnicas que son aplicadas al comercio.

Gráfico 13: sectores alcanzados por medidas notificadas a la OMC relacionadas con el ambiente durante 2020

Fuente: OMC – Base de datos ambiental.

En el ámbito multilateral, desde 2014 un grupo de 18 miembros de la OMC reconocieron la necesidad de adoptar políticas relacionadas con el comercio que reflejen cuestiones ambientales y pusieron en marcha las negociaciones del Acuerdo sobre Bienes Ambientales, para eliminar aranceles de productos que pueden ayudar a cumplir los objetivos de protección del medio ambiente y el clima (generación de energía limpia y renovable, utilización más eficiente de la energía y los recursos, lucha contra la contaminación del aire, gestión de desechos, tratamiento de las aguas residuales, vigilancia de la calidad del medio ambiente, etc.). Sin embargo, estas negociaciones avanzan lentamente. Los acuerdos comerciales bilaterales y regionales han progresado con mayor rapidez para tratar las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible. Por lo tanto, la evolución de la cuestión relativa a las normativas ambientales y de sanidad alimentaria es un aspecto crucial del comercio internacional en el futuro, aunque con un alto grado de incertidumbre sobre las formas efectivas en que se plasmarán y con qué nivel de impacto.

4. Negociaciones y financiamiento de las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático

La cuestión del cambio climático es uno de los principales desafíos de la humanidad y una de las cuestiones claves de la geopolítica internacional del futuro. Si bien la presión internacional para las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático avanza, quedan todavía negociaciones y programas por definirse, especialmente en cuanto al financiamiento de la acción climática.

En las últimas conferencias de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las COP 26 en Glasgow en 2021 y la COP 27 en Sharm El-Sheikh en 2022, los países desarrollados reconocieron que no cumplieron su compromiso tomado en la COP15 de Copenhague de movilizar 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020 para los países en vías de desarrollo, por lo que quedan en agenda de discusión la efectiva disponibilidad de estos recursos y los mecanismos y conceptos del financiamiento.

Una cuestión clave en el futuro será cómo se definan los instrumentos de la financiación climática internacional y en qué medida se cumplan los compromisos asumidos, tanto en aporte de recursos, como en el diseño y la implementación de los planes.

En los últimos años, se observa un estancamiento del financiamiento climático provisto por los países desarrollados (gráfico 14). La mayor parte de este financiamiento se destina a países de Asia, África y, en tercer lugar, las Américas (gráfico 15).

Gráfico 14: financiamiento climático provisto por los países desarrollados (en miles de millones de UDS)

Fuente: OCDE (2022).

Gráfico 15: distribución regional del financiamiento climático hacia países en desarrollo (promedio anual 2016-2019)

Fuente: OCDE (2022).

En cuanto al posicionamiento de los países de la región en las negociaciones de la agenda del cambio climático, se han asociado a distintos grupos, dando cuenta de posiciones y estrategias disímiles, que tienen que ver con sus propias configuraciones productivas, con sus estrategias internacionales, con el potencial impacto del cambio climático en sus territorios y con la centralidad de la cuestión ambiental en sus agendas.

Algunos países pertenecen a grupos regionales, otros se agrupan con países de otras regiones. Las alianzas en las que participan los países de la región son las siguientes:

• AILAC: es el grupo integrado por Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú (desde 2012).
• México integra el grupo EIG (Environmental Integrity Group, desde el 2000), con otros cinco países externos a la región.
• ALBA: es el grupo integrado por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, Antigua y Barbuda.
• ABU: es el grupo integrado por Argentina, Brasil, Uruguay. En algunas negociaciones recientes se ha incluido también a Paraguay; si esta incorporación se consolida, se configuraría como grupo Mercosur.
• AOSIS: muchos países del Caribe integran este grupo internacional de pequeños Estados isla, muy impactados por el cambio climático (Bahamas, Barbados, Belice, República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica).

Casi todos también pertenecen al grupo de negociación global G-77+China, a excepción de México.

Gráfico 16: Estados y afiliaciones a grupos en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático

Fuente: traducido de Moosman et al. (2019).

La posibilidad de realineamientos entre países latinoamericanos y de alianzas al interior de la región, así como con otros países en vías de desarrollo, en pos de mejoras en las posiciones con el fin de negociar los recursos necesarios para afrontar el cambio climático resulta un aspecto clave para hacer frente a las consecuencias que tendrá el cambio climático en la agricultura y en las cuentas nacionales de los países, así como para desarrollar las transiciones energéticas y productivas necesarias para mitigar las emisiones de CO₂.

B. Dimensión económica

5. Nivel de endeudamiento de los países

El nivel de endeudamiento externo de los países es un factor relevante porque, a mayor nivel de endeudamiento, mayor presión por incrementar sus exportaciones tienen, y al mismo tiempo tienen mayor injerencia los planes económicos ortodoxos que pueden complicar el desarrollo de políticas tendientes a una mayor sustentabilidad de la producción o a esquemas productivos más integrados entre sectores y actividades.

El nivel de endeudamiento de los países latinoamericanos incide en su nivel de autonomía para decisiones de política económica y social y en la disponibilidad de recursos para obras de infraestructura y equipamiento necesarios para el desarrollo rural y productivo, así como para las transiciones energéticas.

Actualmente, la región atraviesa un nuevo ciclo de endeudamiento, algunos países lo sufren desde fines de la década pasada, y otros más recientemente. El incremento del endeudamiento externo se destaca en Argentina, Brasil, Colombia, México, Ecuador, Perú y Costa Rica.

Gráfico 17: saldo de deuda externa total (como % del ingreso nacional bruto) para siete países seleccionados

Fuente: Banco Mundial – Estadísticas internacionales de deuda.

La posibilidad de reducir los niveles de endeudamiento en el futuro de mediano y largo plazo depende en buena medida del desempeño del sector externo (saldo de la balanza comercial) de los países, de los flujos de capitales a nivel internacional, de los balances fiscales de los gobiernos y de las negociaciones internacionales con los organismos de financiamiento. También pueden favorecer el desendeudamiento las estrategias concertadas de cooperación regional o de cooperación sur-sur.

6. Desempeño fiscal de los países

Muchos países de América Latina y el Caribe atravesaron una situación fiscal deficitaria durante la última década. En los períodos recientes, esta situación se vio agravada por la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. La región fue una de las más afectadas en ese contexto, y muchos indicadores sociales empeoraron sensiblemente. El crecimiento de la desigualdad, el escaso margen para políticas fiscales expansivas, la informalidad, la caída en los niveles de producción y otras consecuencias sociales de la crisis económica requerirán en el corto y mediano plazo de la acción y el impulso económico de los gobiernos.

Al inicio de la pandemia, el gasto y la inversión por parte del Estado estuvieron dirigidos a fortalecer los sistemas de salud pública y a sostener la economía de los sectores más vulnerables. Los efectos de estas acciones, sumados a la caída en la actividad económica y, consecuentemente, en la recaudación fiscal, están provocando una acumulación creciente de déficits y un aumento en el stock de deuda pública.

Gráfico 18: resultado fiscal –superávit o déficit– (como % del PBI)^[2] para nueve países seleccionados

Fuente: Banco Mundial.

En el escenario pospandemia, la política fiscal juega en la región un rol importante para promover el desarrollo sostenible y la inversión pública. Puede esperarse que, en las próximas décadas, la política fiscal esté destinada a cumplir sus funciones anticíclicas, redistributivas, de provisión de bienes y servicios públicos, y de generación de empleo y producción por medio de la inversión pública.

En este sentido, CEPAL (2021a) ha identificado una serie de desafíos para la recuperación futura y la transformación hacia el desarrollo sostenible:

1. la expansión del gasto público con una orientación estratégica, impulsando la inversión intensiva en empleo y sostenible desde el punto de vista ambiental en sectores estratégicos, estableciendo un ingreso básico para las personas en situación de pobreza, financiando a las MiPyMEs de sectores estratégicos, diseñando incentivos para la transformación digital y la transición hacia tecnologías limpias, y universalizando los sistemas de protección social;
2. el fortalecimiento de los ingresos públicos de forma progresiva y eficaz, atacando la evasión, orientando los gastos tributarios y los incentivos fiscales hacia los ODS, reforzando los impuestos sobre la renta de las personas físicas, los bienes inmuebles y el patrimonio, y;
3. la promoción del financiamiento para el desarrollo y la cooperación internacional.

La cuestión fiscal es fundamental también para el futuro de los servicios de innovación y extensión rural, ya que estos dependen en la región principalmente de los recursos públicos y de la cooperación internacional. Una reducción en la disponibilidad de dichos recursos podría impactar de forma negativa en la producción agrícola y en la situación de la pequeña y mediana producción en los países de la región.

7. Generación de empleo no agrícola en la ruralidad

Durante los últimos 20 años, los países de la región muestran una caída de la participación del empleo agrícola dentro del empleo total. Como contracara de ello, el sector servicios representa una proporción cada vez mayor del empleo. El sector industrial, por su parte, muestra un desempeño relativamente estable, aunque con cierta tendencia a la caída en muchos de los países. Esto muestra los cambios estructurales que el mercado de trabajo ha ido experimentando, donde el empleo agrícola pierde participación a costa de la expansión de otros sectores de la economía.

Gráfico 19: evolución de la distribución del empleo por sector en nueve países seleccionados

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial y OIT^[3].

Si se analiza por zona de residencia de los trabajadores, en las áreas rurales predomina el empleo en agricultura, y en las zonas urbanas, el empleo en el sector servicios. No obstante, las tendencias observadas impactan sobre el mercado de trabajo tanto en las ciudades como en las áreas rurales, y de manera equivalente en varones y mujeres. En las zonas urbanas, el empleo en el sector servicios crece en importancia, lo que reduce la participación del resto de los sectores, mientras que en las áreas rurales también crece el empleo industrial conjuntamente con el de servicios. El empleo agrícola muestra una tendencia a la caída en todos los ámbitos, tanto a nivel agregado como a nivel países, a nivel urbano y rural, y en varones y mujeres.

Pueden entonces destacarse dos claras tendencias. Por un lado, el crecimiento de la importancia del empleo no agrícola en las zonas rurales. En segundo lugar, una mayor importancia del sector terciario en el empleo rural no agrícola. En muchos casos, estas transformaciones son consistentes con procesos de aumento en la pluriactividad o estrategias de subsistencia, donde los ingresos no agrícolas buscan reducir los niveles de vulnerabilidad de la población rural.

En el futuro, es esperable que se incremente la tendencia a la pérdida de empleos agrícolas, a causa de una mayor mecanización y automatización de las labores. Asimismo, es posible que crezca la demanda de empleo especializado y calificado del sector servicios en la ruralidad, dados los procesos de transformación de la producción que se encuentran en marcha. La modernización del sector agrícola es un factor que contribuye a la transformación estructural del mercado de trabajo rural (Weller, 2016; FAO, Ramírez, 2019).

Estos procesos pueden derivar en una mayor heterogeneidad en los empleos rurales no agrícolas de los países de la región, y sus efectos están expuestos a ciertos riesgos, ya que es posible que se desarrollen empleos de alta calificación y valor, pero también se pueden profundizar la vulnerabilidad y los niveles de exclusión de aquellos trabajadores “expulsados” de la actividad agrícola que solo puedan incorporarse al mercado de trabajo por medio de empleos agrícolas precarios o de baja calificación.

En función de estas tendencias, resulta clave la evolución futura del tipo de empleo que se pueda generar en la ruralidad, y, en este sentido, se pueden imaginar tres alternativas. La primera y la más positiva sería la generación de empleo de alta calidad, que demande altos niveles de calificación en las zonas rurales, impulsado por el desarrollo de actividades agroindustriales basadas en la bioeconomía y en la modernización de procesos por vía de la digitalización, por la promoción de circuitos cortos de abastecimiento y por el desarrollo de capacidades en la población rural por medio de la formación y capacitación tanto de hombres como de mujeres. Como segunda posibilidad, puede considerarse una versión más tradicional del empleo rural no agrícola, con bajo nivel de generación de empleo, y en donde el que existe es mayormente impulsado por los sectores prestadores de servicios para la producción primaria tradicional, con escasas exigencias de calificación y principalmente dirigidos a la población masculina. Como tercera posibilidad, puede considerarse que existan buenos niveles de generación de empleo no agrícola en actividades agroindustriales y de servicios, pero también con un perfil tradicional, en el contexto de economías que no han avanzado en el desarrollo de la bioeconomía, de los procesos de transición energética ni de la transformación digital, lo cual resulta en ocupaciones de baja calidad y baja calificación.

C. Dimensión político-institucional

8. Procesos de integración estratégica regional de ALC (infraestructura, normativas, financiamiento, cooperación)

En América Latina la integración regional constituye un aspecto en buena medida mantenido en términos potenciales a lo largo de su historia. Si hablamos del comercio intrarregional, este explica apenas un 14 % de las exportaciones de los países, y desde 2014 es una cifra que viene descendiendo (CEPAL, 2020). Esta tendencia declinante se explica por la irrupción de China como segundo socio comercial de la región en este siglo.

Tampoco es una región en donde existan experiencias de integración política entre países extendidas en el tiempo. Sí existen algunos procesos subregionales de integración comercial y aduanera, tales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN, desde 1969), el Sistema de Integración Centroamericano (SICA, desde 1991) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR, desde 1991). En estos espacios se encuentra bien diferenciada la zona de América Central y el Caribe, con fuerte relación comercial con Estados Unidos, no solo por el comercio, sino también por el flujo de inversión extranjera directa, remesas, migración y turismo, por un lado, y la zona de Sudamérica, con menor dependencia con EE. UU. y creciente dependencia comercial con China, y menor integración relativa entre sus países, por varias razones, tales como la especialización exportadora de sus economías hacia mercados extrarregionales, su gran extensión territorial, atravesada por diversos accidentes geográficos (Amazonas, Andes, entre otros ríos, desiertos, altiplanos), una deficiente infraestructura de transporte y la fragmentación de sus mecanismos de integración económica (CEPAL, 2020).

Un avance en procesos más amplios de integración se dio en los inicios de los 2000, a través de la creación de la CELAC y de UNASUR y otras agregaciones como el ALBA. Estos procesos colaboraron con la estabilidad democrática de la región, con la resolución de algunos conflictos entre países y con la cooperación en algunos temas estratégicos. Durante su vigencia algunas de estas uniones apuntaron especialmente a estrategias de integración en el sector energético, en infraestructura (UNASUR-OLADE, 2012) y a la cuestión de la regulación y el fortalecimiento de capacidades sobre los recursos naturales (UNASUR y CEPAL, 2013; UNASUR, 2015).

Algunas experiencias alentadoras existieron también en el campo agroalimentario. Por ejemplo, la cooperación tanto a nivel de gobiernos como de actores sociales ha sido clave en las décadas de este siglo para la difusión de políticas de desarrollo rural específicas, como las políticas para la agricultura familiar o las de promoción de la agroecología (Sabourin et al., 2015).

Sin embargo, estas experiencias fueron desvalorizadas con los cambios políticos en varios de los países que las habían impulsado. Y además la cooperación que pudo darse y fortalecerse a inicios de este siglo en muchos temas quedó a mitad de camino, sin profundizar en la integración de políticas, en el desarrollo de infraestructura regional ni en estrategias conjuntas de financiamiento. En otros temas de negociación internacional agroalimentaria, ni siquiera se logró avanzar en acuerdos estratégicos ni en posiciones conjuntas en el plano internacional.

En términos de construcción de escenarios deseables y de visiones alternativas de futuro, diversos estudios recientes y no tan recientes han sostenido que un fortalecimiento de los procesos de cooperación e integración regional sería beneficioso para los países de la región, por diversos motivos, por ejemplo:

• Para incrementar la escala de sus mercados, permitiendo diversificar la producción, el desarrollo de capacidades manufactureras y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (CEPAL, 2020; 2014).
• Para afrontar dificultades y carencias estructurales de la región relacionadas con la falta de infraestructura de transporte y de logística y para los desafíos en materia de soberanía y transición energética (UNASUR y OLADE, 2012).
• Para construir agendas comunes, infraestructura y proyectos de innovación para el sector agroindustria (Patrouilleau et al., 2012).
• Para desarrollar estrategias comunes para afrontar los problemas de seguridad alimentaria y para ganar escala de mercado y mejorar posiciones en negociaciones internacionales referidas al comercio agrícola.
• Para aprovechar mejor sus oportunidades relacionadas con la gobernanza sobre los recursos naturales (UNASUR, 2015).
• Para el desarrollo de estrategias coordinadas en la negociación del financiamiento para el cambio climático.

Ciertamente, no es esperable a futuro un proceso de integración con igual intensidad en las diferentes regiones, ni la posibilidad de actuar con una sola voz en todos los foros internacionales. Lo que sí parece ser fundamental es que América Latina logre presentarse como un interlocutor único en aquellos temas que son de interés común para todos los países de la región, o al menos para subgrupos como la CAN o el Mercosur (Birle, 2008).

En un horizonte de unos 20 o 30 años, es posible que se den avances en cuestiones estratégicas de la integración regional, que brinden la posibilidad de aprovechar mejor las oportunidades y los desafíos que tienen los países en el contexto internacional, a partir de mejorar las capacidades de negociación con las potencias y de fortalecer las estrategias regionales de cooperación.

9. Gobernabilidad de los regímenes políticos

La gobernabilidad refiere a la estabilidad institucional y política y a la efectividad en la toma de decisiones. Este es un aspecto muy sensible en la región. En el pasado los sistemas políticos e institucionales de la región fueron atravesados por una gran inestabilidad institucional, con numerosos golpes de Estado que, además de generar crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, han incidido en el rumbo económico y en la política internacional de los países restringiendo o anulando la participación de vastos sectores sociales. El gráfico 20 muestra el número de golpes de Estado en los distintos países de la región durante el siglo XX.

Gráfico 20: número de golpes de Estado por país durante el siglo XX

Fuente: Moreno Velador y Figueroa Ibarra (2019).

En el conjunto de países, existe una amplia gama de situaciones, de historias y de desafíos a futuro.

Luego de las dictaduras y la militarización de las décadas del 60 al 80, la región ha atravesado un camino de relativa estabilización democrática, aunque los golpes de Estado siguen existiendo. Se encuentra también ante nuevos riesgos de golpes no tradicionales o de democracias impotentes, incapaces de desplegar las transformaciones que los países requieren para garantizar mayor bienestar a sus habitantes. En varios países existen también importantes problemas de violencia política, que dificultan la vida democrática y menguan las capacidades del Estado.

Con este factor sobre la gobernabilidad de los regímenes políticos, no se hace referencia simplemente a una estabilidad democrática. No se trata simplemente de garantizar la continuidad formal de la democracia, sino justamente de la efectividad en la toma de decisiones, y de un fortalecimiento de los procesos democráticos, garantizando la articulación entre las dirigencias y los sectores sociales, dando respuesta a las necesidades y demandas de la población y mostrando capacidad de gobierno para encarar las transformaciones necesarias que permitan brindar mejores condiciones de vida al conjunto de su población. Esto supone transformaciones productivas, mejoras en los niveles de equidad social, capacidad para gestionar las transiciones energéticas y ecológicas y para la inversión social y la efectividad de las políticas públicas.

Por otro lado, existen algunos procesos emergentes de reconstitución de las bases institucionales, como la experiencia de Chile, que aún está por definirse cómo va a resolver la cuestión de su reforma constitucional.

En la medida en que los países fortalezcan la gobernabilidad de sus sistemas políticos, en diálogo y con la participación de los distintos sectores sociales, tendrán mayor capacidad para responder al conjunto de retos ambientales, sociales y económicos que los futuros agroalimentarios plantean.

10. Orientación de la política de ciencia, tecnología e innovación (CTI) agrícola

Nos encontramos atravesando lo que se denomina “Cuarta Revolución Industrial”, caracterizada por la fusión de tecnologías y por los límites difusos entre las esferas física, digital y biológica. El contexto ofrece grandes oportunidades para los países productores de alimentos, pero es un gran desafío poder orientar las innovaciones y el desarrollo tecnológico del sector de manera que pueda generarse una elevación general del nivel de productividad de las explotaciones, al mismo tiempo que se cumplen objetivos sociales y ambientales.

En los países de la región, la inversión pública en CTI agrícola ha mostrado en general una tendencia creciente a principios de este siglo, que llegó a un pico en 2013 y luego comenzó a declinar progresivamente. El gráfico 21 presenta la inversión en dólares de seis países de la región en términos absolutos. Puede observarse que Brasil se destaca en monto invertido, pero también muestra una tendencia decreciente desde 2013. En el gráfico 22, se presentan los montos ponderados con un índice para poder comparar la evolución.

Gráfico 21: inversión de los sistemas de innovación agrícola (SIA) en millones de USD

Fuente: elaboración propia con base en OCDE.

Gráfico 22: evolución de la inversión en los SIA (índice 2000=100)

Fuente: elaboración propia con base en OCDE.

Ahora bien, más allá de esta tendencia decreciente, no es suficiente con analizar la magnitud de la inversión pública para imaginar los posibles efectos de las políticas. Es necesario tener en cuenta la orientación general que tendrán las políticas de innovación agrícola en el futuro. En ese sentido, resulta pertinente analizar los estilos tecnológicos y de innovación que se promoverán desde las políticas. Destacamos tres posibles orientaciones que tendrán diferentes consecuencias.

Una orientación clásica de las políticas de CTI, que, en un escenario tendencial, puede preverse que se mantendrá liderando la agenda agroalimentaria, es aquella que hace énfasis en la mecanización y la biotecnología. Podemos denominar a este enfoque
“tradicional productivista”.

A través de este impulso a las innovaciones biotecnológicas, es esperable que se intensifique el apoyo a la investigación básica y aplicada, así como a modos de escalamiento de las innovaciones vinculadas a modificaciones genéticas capaces de mejorar los rendimientos y la resistencia a factores de estrés en la agricultura o a la innovación genética en ganadería. Este tipo de innovaciones pueden impulsar cambios en los usos del suelo, así como mayor competitividad de las unidades productivas agrícolas.

Otro énfasis de la política científica y tecnológica en agricultura podría darse si además esa investigación biotecnológica se complementara con el impulso al desarrollo y la adopción de herramientas TIC y de digitalización, impulsando una agricultura de precisión, ofreciendo algunas soluciones favorables a una producción ambientalmente sostenible y potenciando la competitividad. Podemos denominar a este enfoque “productivista+TIC” o “productivista aggiornado”. Una diferenciación clave a su vez al interior de este estilo es si la orientación de las políticas de digitalización se restringirá a los aspectos de infraestructura y equipamiento o involucra la promoción de procesos de formación y capacitación para propiciar una efectiva incorporación de las tecnologías digitales a los procesos productivos.

Otra orientación de la política científica y de innovación agrícola es una que se aboque especialmente a equilibrar la oferta de innovación contemplando la heterogeneidad de los actores del sector y sus necesidades tecnológicas, así como los distintos desafíos (no solamente productivos) que afrontan los sistemas agrícolas. Este tercer enfoque, que podemos denominar “holístico”, es el que mejor puede afrontar los desafíos tanto productivos como ambientales y sociales que tienen por delante las políticas agrícolas.

El enfoque holístico implica un rol muy importante para los sistemas de extensión y transferencia tecnológica, desarrollando y haciendo apropiables las tecnologías requeridas por los distintos tipos de productores, estimulando esquemas tecnológicos adaptados a los diferentes territorios y usuarios, impulsando sistemas locales de innovación capaces de hacer frente no solo a las necesidades de exportación de productos, sino también al arraigo local, a la generación de empleos de calidad en los territorios, a la seguridad alimentaria local y a una producción climáticamente inteligente. Son muchos objetivos para cumplir al mismo tiempo, por lo que requiere de políticas públicas activas y coordinadas, con enfoques integrales en sus abordajes. Esto se vincula con el siguiente factor.

11. Gobernanza de las políticas públicas para las transiciones ecológicas y los sistemas alimentarios

El logro de ciertos cambios trascendentales que viene necesitando la región para tener una economía más sólida, para poder brindar mejores condiciones de vida a su población y para afrontar los desafíos ambientales y del cambio climático requiere modificar ciertas dinámicas de construcción e implementación de políticas.

Tiene aún mucho peso en la región la planificación sectorial de las políticas públicas, con lineamientos que bajan desde diagramaciones sectoriales, que tienden a segmentar problemáticas que deben abordarse de manera coordinada y desde un enfoque integral. El desarrollo sostenible requiere de la integración de arreglos institucionales entre las políticas económicas y las ambientales (Gallopín, 2003). Lo mismo rige para el concepto más reciente de “sistemas alimentarios sostenibles”.

Desde un enfoque integral, es necesario contemplar la cuestión del alineamiento entre niveles de gobierno, además de la intersectorialidad. La forma en que se articulan las políticas entre el nivel nacional y subnacional tiene impactos en la efectividad de las políticas públicas a nivel territorial. Para lograr una integración entre las distintas miradas sectoriales, se requieren mecanismos institucionales que permitan zanjar diferencias entre organismos, canales adecuados de comunicación entre los diversos sectores y también la generación de procesos técnico-políticos apoyados por ejercicios de prospectiva, que tomen en cuenta anticipadamente las interdependencias, las externalidades y los conflictos de las distintas líneas de acción (Lerda et al., 2005).

Una mejor gobernanza que apunte a la coordinación y la integralidad de las políticas en función de los grandes desafíos que afrontar es fundamental para poder transitar las transformaciones y lograr los cambios estructurales que les den sustentabilidad a las formas de producir y de alimentarse en los países de la región.

12. Efectividad y eficiencia de la política de transferencia tecnológica y de extensión rural

La mayor parte de los países cuentan con servicios de extensión agrícola con el objetivo de reducir las asimetrías de información respecto a nuevas tecnologías disponibles y oportunidades para la producción sectorial. A nivel mundial, se estima que en promedio hay un agente de extensión agrícola por cada 500 explotaciones. En América Latina y el Caribe, este promedio se reduce a 436 unidades de producción por agente de extensión. De todos modos, la inversión pública en extensión rural es de importancia, y los impactos de esta a nivel productivo son diversos.

Un sector agrícola mejor adaptado a los desafíos que presentan las transiciones actuales (verde, digital, energética, etc.) es vital para el desarrollo de los países de la región. Elevar la productividad agrícola es clave para responder a las necesidades del mundo en materia de alimentos y productos básicos. América Latina y el Caribe poseen un importante potencial productivo que debe ser acompañado por el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades productivas a nivel de las fincas.

Estudios a escala mundial sobre las tasas de retorno generadas por las inversiones en investigación agrícola aplicada y extensión sugieren que estas actividades generan altos retornos. En el caso de la extensión agropecuaria en América Latina, los indicadores de retorno de la inversión muestran altos valores promedio (46 %) por encima de la media total (41 %), lo que sugiere que la inversión tanto pública como privada en dicha actividad posee buenas condiciones para su expansión (Banco Mundial, 2006).

Durante la década de 1990, prácticamente todos los países de la región introdujeron reformas de diverso tipo en sus sistemas de extensión, buscando hacerlos más eficientes, en algunos casos en respuesta a ajustes significativos en los presupuestos del Estado. Las reformas efectuadas durante esos años determinan hoy un amplio abanico de alternativas que combinan diversos niveles de descentralización, participación del sector público o privado en la provisión de los servicios, cofinanciamiento por parte de los productores y participación de estos en el planeamiento y la gestión de los sistemas. Aunque existen similitudes, en cada país de la región, los servicios de extensión adquieren una configuración particular.

El aspecto clave que destacar con este factor es que no solo debe existir la inversión y el diseño de políticas necesarias para potenciar las innovaciones que se requieren en la producción agropecuaria, sino que deben darse los procesos institucionales, políticos y técnicos que garanticen que la inversión y las políticas tengan los efectos que se esperan y que lo harán cuidando la eficiencia de dichas inversiones, en un contexto de escasez de recursos y de desafíos múltiples a que los Estados tendrán que hacer frente.

Para garantizar la eficacia y la eficiencia de las políticas, es necesario consolidar agendas de gobierno en temas agrícolas con participación de distintos sectores sociales agrarios y contar con sistemas institucionales sólidos y estables, capaces de generar información de calidad a lo largo del proceso de implementación de la política, con el fin de monitorear e ir realizando las adaptaciones y los procesos de mejora necesarios durante la implementación.

Las crecientes preocupaciones por temas como la seguridad alimentaria en los países de la región y los desafíos vinculados a la cuestión ambiental y energética implican esfuerzos renovados en materia de extensión, con políticas que se involucren a los distintos sujetos agrarios, incluidos los sectores de la producción familiar, campesina e indígena, alcanzando a los sectores más vulnerables y mejorando la productividad agrícola y el entorno de vida rural en las diferentes regiones.

13. Permeabilidad del sistema político a la demanda de los movimientos sociales agrarios

Los movimientos sociales agrarios tienen desde hace tiempo algunas demandas puntuales que plantean a la opinión pública y al sector político, a través de movilizaciones y de la organización de la acción colectiva. Son clásicas las demandas por acceso a la tierra para producir. Tanto en términos ofensivos, planteando proyectos de producción para la soberanía alimentaria, como también como estrategia defensiva ante el avance de la propiedad empresaria en territorios ocupados por comunidades de pueblos originarios o campesinos.

En los últimos tiempos, se han intensificado las demandas por cuestiones ambientales ante el avance de la frontera agropecuaria o la degradación o competencia en el uso de recursos con las explotaciones mineras, de hidrocarburos o agroindustriales, así como ante la demanda por la soberanía sobre los recursos genéticos, el desarrollo de tecnologías apropiables y la equidad de género. Estas demandas no se circunscriben al territorio latinoamericano, sino que están presentes en las distintas regiones del mundo, articuladas por los movimientos agrarios trasnacionales, tales como Vía Campesina, y las experiencias del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) de Brasil, que también ha inspirado movimientos en otras regiones (Edelman y Borras, 2018).

Estos movimientos sociales agrarios tienen especial preocupación por la soberanía alimentaria de los pueblos y especialmente en las últimas décadas han recalado más en la lucha por la equidad de género y en políticas descolonizadoras de diverso tipo. En algunos países de la región los movimientos sociales agrarios se han encontrado o se articulan con las agendas de los gobiernos progresistas o de izquierda. La permeabilidad de estas demandas en la esfera estatal no es una invariante, sino que tiene alta dependencia de los procesos políticos que se dan en los gobiernos. Una mayor permeabilidad de las demandas campesinas en la agenda de políticas podría mejorar el acceso a derechos de vastos sectores de la ruralidad y potenciar la integración de estas organizaciones y movimientos en proyectos productivos y sociales.

14. Potenciación de las redes empresariales regionales

Los actores empresariales son fundamentales en los futuros de la producción agropecuaria y agroalimentaria de la región. De hecho, la organización en red ha sido un factor de desarrollo de la modernización de la producción agrícola en la región. Las redes empresariales pueden en el futuro articular proyectos productivos entre los distintos países y ganar escala para la innovación y también para las negociaciones internacionales. Si esto se enmarca en planes de desarrollo regional, rural y de mitigación y adaptación al cambio climático, puede resultar en un gran factor de desarrollo y agregado de valor en las regiones.

Para poder desarrollar estas estrategias, es crucial la relación que se da entre las asociaciones empresarias y las políticas públicas en los países, así como las relaciones de cooperación y los posibles proyectos estratégicos que se vieron con el factor 7. Es necesaria una acción coordinada público-privada para afrontar los desafíos productivos de agregado de valor, de innovación para ganar competitividad, y de las políticas para realizar las adaptaciones necesarias y mitigar el cambio climático.

Las acciones de cooperación entre los países serán fundamentales para fomentar las alianzas empresariales regionales, facilitando plataformas, articulando estrategias productivas, comerciales y tecnológicas, así como los proyectos de cooperación con otras regiones para la mejora de la posición latinoamericana en los procesos de innovación de las cadenas globales.

15. Impulso a la digitalización

Las tecnologías digitales son el conjunto de equipos, herramientas y sistemas basados en la informática. En los últimos años, se observa un proceso acelerado de desarrollo y difusión de estas tecnologías, de la mano de la telefonía móvil, del aumento en la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos, y de la innovación informática y electrónica. La creciente disponibilidad y accesibilidad a estas tecnologías permite transformar distintos procesos a una modalidad digital.

Entre las tecnologías digitales con posibles aplicaciones en la agricultura, están el diseño y la operación de plataformas digitales, el uso de sensores, el Internet de las cosas (IoT), los drones y robots, el big data, el uso de información en la nube, la inteligencia artificial y el blockchain.

Pueden identificarse una serie de barreras para el avance de la digitalización en agricultura que adoptan diversas formas y relevancia según territorios, cadenas o perfil de las unidades de producción. Estas pueden resumirse en facilidad de uso y utilidad de las tecnologías, disponibilidad y asequibilidad de la tecnología puntuales, disponibilidad de infraestructura tecnológica, capacidades de los usuarios, incentivos al uso, y conflictos de intereses generados por las reconfiguraciones en la forma de realizar y registrar procesos que inevitablemente afectan roles y relaciones entre los distintos actores (IICA, 2021).

Tabla 4: indicadores de aproximación al acceso y uso de tecnologías digitales en América Latina y el Caribe

Fuente: Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas (IICA, 2021).

Loukos y Arathoon (2021) y Sotomayor et al. (2021) han analizado casos piloto de digitalización y agricultura inteligente en América Latina y el Caribe, con lo que han obtenido conclusiones positivas respecto a los resultados de la aplicación de tecnología en materia de aumento de la producción y reducción de costos.

Una de las condiciones necesarias para que la agricultura de la región pueda aprovechar las oportunidades que ofrece la transformación digital es la incorporación del tema en la agenda de las políticas sectoriales y de desarrollo rural. De esta manera, podrá asegurarse el acceso a infraestructura de conectividad básica y la adopción adecuada de herramientas y servicios de recolección y uso de la información en la producción de menor escala. Sotomayor et al. (2021), a partir de un análisis de la agenda digital de 13 países, muestran que solo en cuatro casos dentro de la muestra aparecen medidas de política orientadas a la agricultura.

Resulta esperable que en las próximas décadas las brechas digitales se vuelvan más evidentes en los ámbitos rurales. Las agendas de política pública probablemente muestren una creciente atención sobre los procesos de transformación digital de la producción agrícola y los bienes públicos necesarios para su desarrollo. En ese marco, se deberán reducir las asimetrías urbanas-rurales y las brechas entre pequeños y grandes productores en términos de acceso, uso y habilidades digitales. Se deberá plasmar un enfoque amplio y complejo sobre la cuestión digital, ya que su adopción no depende meramente de la disponibilidad de la tecnología y la infraestructura tecnológica, sino también de las políticas para la alfabetización digital, marcos normativos del teletrabajo, el acceso a contenidos, el rol de la educación formal e informal en esos procesos y las posibilidades de la participación sociodigital.

16. Políticas de formación y capacitación en la ruralidad

La educación y capacitación rural debe cubrir las necesidades de formación en un cuadro amplio y diverso de temáticas, así como atender a la diversidad cultural y a las necesidades particulares de cada región.

Las alternativas de acceso a la formación también son variadas y pueden ir desde la oferta de asistencia técnica y capacitación que complemente saberes básicos, el rescate y la puesta en valor de saberes tradicionales o la oferta de nuevos conocimientos generados en ámbitos como la ciencia o la investigación. A su vez, la transmisión y consolidación de conocimientos en el ámbito rural puede darse en entornos informales o formales, en este último caso orientados principalmente desde el sector público.

Un mayor acervo de conocimientos en la población rural permite optimizar el uso de los recursos y la producción, para así mejorar los resultados económicos y las condiciones de vida. Asimismo, una mejora en las aptitudes de los pobladores rurales permite afrontar con mayores posibilidades de éxito los procesos de transformación hacia una agricultura más eficiente y amigable con el medio ambiente, más moderna y orientada a las nuevas características del consumo. Una mayor dotación de capital humano basado en el conocimiento en el ámbito rural facilita la inserción de las personas en actividades no agrícolas, mejora las posibilidades de cohesión social y sienta las bases para la acción colectiva en los ámbitos comunitarios y públicos.

Las tecnologías digitales de información y comunicación pueden ser grandes aliadas para incrementar el acceso de los pobladores rurales al conocimiento. Para ello, las formas tradicionales de capacitación y extensión deben implementar estrategias de complementación con herramientas de formación a distancia y tecnologías digitales.

Ziegler (2021) señala que hallazgos de estudios sobre adopción digital en medios rurales en América Latina y el Caribe indican que el uso de Internet es más frecuente entre quienes presentan mayores condiciones de escolarización y que los/as niños/as y jóvenes en los hogares rurales son promotores/as importantes que impulsan la adopción de tecnologías en su entorno, además de ser usuarios/as más frecuentes. El desarrollo de habilidades digitales en la ruralidad es un promotor de la mejora en el acceso al conocimiento, la capacitación y la formación.

Un gran esfuerzo debe desarrollarse en relación con la cuestión cultural de las instituciones de formación. La tradición de instituciones de formación monolingües y monoculturales reproduce dinámicas racistas y coloniales (Mato, 2022). Si bien hubo experiencias alternativas en varios países y regiones, este es un aspecto que reforzar. Una particular atención sobre la formación bilingüe y sobre la formación de formadores resulta también fundamental para potenciar los aprendizajes y la formación en el ámbito rural latinoamericano.

D. Dimensión productiva

17. Superficie con riego tecnificado y gestión integral del recurso hídrico

La inversión en riego es un importante factor de crecimiento para la producción. Estas inversiones permiten intensificar el uso de la tierra y reducir los riesgos de sequía, para incrementar los rindes por unidad de superficie y disminuir su variabilidad. En países como Argentina y Brasil, la disponibilidad de riego permite aumentar la superficie de doble ocupación, por ejemplo, combinando los cultivos de trigo y soja en una misma campaña.

América del Sur muestra una marcada tendencia hacia el aumento de la superficie equipada para riego. Entre los años 2010 y 2019, esta creció en esta subregión un 67 %, liderada por Brasil, que en 2019 registraba 8,2 millones de hectáreas equipadas para riego (un 122 % más que en el año 2000). En suma, Brasil, Perú y Argentina ostentan el 70 % de la superficie equipada con riego en Sudamérica. En América Central, por su parte, se destaca México, con 6,8 millones de hectáreas equipadas (solo un 8 % más que en 2000).

Gráfico 23: evolución de la superficie equipada para riego por regiones y principales países (en miles de hectáreas)

Fuente: FAO.

En Brasil, Argentina y Colombia, se observa también un alto potencial de crecimiento para la incorporación de equipamiento de riego en superficies con capacidad para ser irrigadas tanto por las condiciones agroecológicas de los suelos y la disponibilidad de agua, como por la existencia de equipamiento para el manejo del recurso hídrico, con control total o parcial de este o equipadas por derivación de crecidas. Según estos estudios, en el caso de Brasil, el porcentaje de estas superficies equipadas con potencial de riego alcanza el 19,23 %, mientras que en Argentina esta proporción alcanza el 14,3 %, y en Colombia, el 14,73 %.

Gráfico 24: superficie con potencial de riego en Sudamérica (en % de superficie equipada)

Fuente: FAO – AQUASTAT.

El riego es uno de los principales usos que tiene el recurso hídrico. Por ello, el fortalecimiento e incremento de la infraestructura para riego se orientará probablemente a acciones destinadas a mejorar la eficiencia en el uso del recurso y a modernizar la capacidad instalada de riego actual. El BID ha estimado que las necesidades de inversión en riego para que la región logre los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en materia de seguridad hídrica alcanzan los USD 131 mil millones para el período 2020-2030 (Bretas et al., 2020).

Es importante considerar que, si bien el aumento en la intensidad del uso de la tierra derivada de una mayor disponibilidad de infraestructura de riego conlleva mayores niveles de producción, se debe prestar atención a las implicancias ambientales en términos de escasez de recursos hídricos y del incremento en el uso de agroquímicos. En algunas regiones, la intensificación en el uso del recurso hídrico para riego para algunas producciones (aguacate o palta, kiwi, por mencionar algunos casos) pone en riesgo la disponibilidad del recurso para otras producciones e incluso para el consumo humano. Por lo cual el avance en el riego tecnificado debe darse en un contexto de gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo la gobernanza sobre el recurso y cuidando los aspectos ambientales y la equidad de acceso y utilización, y en el marco de planes de ordenamiento territorial y del uso de los recursos en las distintas regiones.

18. Canales alternativos de comercialización

La comercialización de productos agrícolas puede articularse en torno a una diversidad de modelos. En los extremos contrapuestos, podrían situarse las largas cadenas transnacionales de abastecimiento (abarcando desde la I+D hasta la distribución minorista, pasando por distintas etapas de transformación, almacenamiento y distribución) y los circuitos cortos locales, donde se apunta a reducir al mínimo las etapas de intermediación (CEPAL, 2016). Un gran número de factores puede determinar la tendencia hacia la adopción de los distintos modelos: el grado de apertura comercial de los países, las políticas de integración regional y la dinámica de los bloques, las políticas de soberanía alimentaria, las iniciativas de desarrollo local o territorial, las tendencias en el consumo de alimentos saludables, entre otros.

En la región, estos factores, a su vez, están atravesados por el nivel de dependencia de las importaciones dentro de la oferta de alimentos. En el Caribe, alrededor del 70 % de la oferta de cereales depende de las importaciones, mientras que en América Central esa dependencia alcanza el 37 %, aproximadamente. América del Sur es netamente exportadora de este tipo de productos. No obstante los altos niveles observados en el Caribe y América Central, la tendencia de las últimas décadas en toda la región ha sido la reducción en la dependencia de las importaciones en la oferta de cereales.

En cambio, en el caso de las frutas, la mayoría de los países de la región posee bajos niveles de dependencia de las importaciones como componente de la oferta. Esto da cuenta de que las estrategias en torno a las formas de comercialización también están condicionadas por el tipo de producto y las condiciones agroecológicas que permitan o no su producción y distribución en cadenas más largas.

Gráfico 25: evolución del coeficiente de dependencia de las importaciones de cereales (en % promedio de tres años)

Fuente: FAO.

La evolución futura de los canales alternativos de comercialización estará condicionada por la respuesta a algunos interrogantes fundamentales. En este sentido, una de las primeras cuestiones por resolver es la factibilidad de plantear estrategias de soberanía y seguridad alimentaria a escala local, nacional y regional, que orienten la alta capacidad de producción que poseen los países de la región hacia la demanda de la población latinoamericana.

El contexto reciente donde irrumpieron la pandemia de COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania lleva a reorientar las estrategias nacionales hacia formas de comercialización y producción diversificadas (IICA, 2021), con foco en los aspectos socioeconómicos (seguridad alimentaria, inclusión productiva, contención del precio de los alimentos) y ambientales (emisiones, uso sustentable de los recursos, resiliencia) (CEPAL, FAO, IICA, 2019).

En muchos países de la región (Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú), existen experiencias exitosas de fomento de las compras públicas como canal alternativo de comercialización para la producción de la agricultura familiar (basadas en el modelo brasilero del Programa de Adquisición de Alimentos). Es posible que, ante el aumento en los indicadores de inseguridad alimentaria, estas iniciativas se sostengan y continúen ampliándose a más países (León et al., 2020).

En este marco, la selección de estrategias para la promoción de sistemas agroalimentarios de abastecimiento local o de cadenas de valor internacional impactará tanto en la producción agrícola a nivel de la región como en el acceso a alimentos sanos en cantidades suficientes producidos y distribuidos de una forma ambientalmente sostenible.

19. Modelos de uso del suelo

La forma en que se den los usos del suelo y los cambios entre usos del suelo en el futuro serán fundamentales para responder a los retos productivos, ambientales y alimentarios.

Pueden considerarse tres tipos de modelos a futuro. Un modelo en el que las políticas de uso del suelo y diferentes incentivos puedan impactar propiciando la integración de funciones, teniendo en cuenta aspectos productivos pero también ambientales y sociales, implementando tecnologías y diseños institucionales para desarrollar un uso climáticamente inteligente y territorialmente inteligente de uso del suelo, aplicando diseños a escala de paisaje, integraciones agrícola-ganaderas, rotación de cultivos, diversificando las actividades con turismo rural y servicios, conceptos agroecológicos aplicados a distintas escalas y sistemas, corredores para prevención de incendios, entre otras herramientas.

Otro modelo más lineal es el de la expansión de la frontera agrícola en aquellas regiones en donde aún existen tierras disponibles, especialmente en Sudamérica. Esta es una tendencia actualmente. Se prevé que la expansión de la tierra de cultivo representará 6 % del crecimiento total de la producción agrícola durante esta década. Existen estimaciones para los próximos 10 años que sugieren que la tierra de cultivo aumentará principalmente en América Latina unas 5,7 millones de hectáreas (Mha). Sobre todo en América del Sur, en donde existe mayor disponibilidad de nuevas tierras en producción.

Gráfico 26: proyección sobre cambios en el uso de la tierra, de 2018-2020 a 2030

Fuente: OCDE/FAO (2021). “OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas”, Estadísticas de la OCDE sobre agricultura (base de datos).

En Sudamérica la dinámica de concentración de la estructura productiva opera avanzando sobre nuevas tierras destinadas previamente a otros usos. Otros estudios de prospectiva también coinciden en que las regiones de Argentina y Brasil son algunas de las principales áreas que pueden ampliar la producción en un horizonte incluso de más largo plazo como 2050 (Le Mouël et al., 2018).

Las políticas públicas de uso del suelo y de ordenamiento territorial, en articulación con las estrategias de extensión rural, tendrán un rol clave en la definición de estos modelos de uso del suelo.

20. Fragmentación vs. concentración de la estructura social agraria

El sector agropecuario y agroalimentario de América Latina y el Caribe ha mostrado en los últimos 20 años un crecimiento en muchos de sus indicadores de desempeño económico. No obstante, el sector ha experimentado procesos contradictorios vinculados a cambios estructurales que se manifiestan a escala territorial e individual (hogares y empresas). Existen países y territorios en donde el dinamismo de la agricultura y de la economía lleva a un proceso de concentración del suelo, mientras que en otros se observa una tendencia a la minifundización. Ambos procesos impactan en la vida de las familias y tienen consecuencias para las políticas públicas (Namdar-Irani et al., 2020), presentando desafíos vinculados con el impulso de nuevas formas de empleo, a las políticas sociales, a la inversión productiva y social y a las políticas de seguridad alimentaria (Albarracín, 2022).

Gráfico 27: variación de la superficie promedio de las explotaciones entre los dos censos más recientes

Fuente: Namdar-Irani et al. (2020).

Las complejidades generadas por estos procesos de reestructuración impactan en las políticas públicas orientadas a los sujetos agrarios, en particular a la agricultura familiar o pequeña producción campesina. En los próximos años, se requerirá un cambio de paradigma en las políticas públicas de apoyo orientadas a ampliar las oportunidades de las unidades familiares a partir de su incorporación a los procesos emergentes de digitalización y transición tecnológica, el cambio en las preferencias de consumo de alimentos, la adaptación y mitigación del cambio climático, el desarrollo de redes y el cambio en las dinámicas rurales-urbanas.

Las grandes tendencias o temas clave que abordar serán la generación de ingresos prediales y el cambio tecnológico en la producción, la diversificación y polifuncionalidad de las explotaciones productivas, la inserción de los productos locales en circuitos cortos de comercialización y la innovación en las formas asociativas y cooperativas entre las familias productoras (FAO, 2018; CEPAL, 2021b; Díaz-Bonilla y Furche, 2021).

21. Servicios de transporte para la producción y logística

Según el Índice de Desempeño Logístico publicado por el Banco Mundial, en 2018 la región América Latina y el Caribe tuvo un puntaje promedio de 2,66 sobre 5 puntos. Dicho valor se encuentra por debajo de otras regiones como Europa (3,40), Asia del Este y Pacífico (3,13), y Medio Oriente y Norte de África (2,78). De los distintos componentes que forman el índice, la calidad de la infraestructura de transporte es una de las variables que obtuvo menor puntaje. Esta cuestión tiene una importancia vital para el desarrollo de los países, dado que constituye un factor clave para el comercio interno y externo y, consecuentemente, para el crecimiento económico.

Existe una importante correlación entre el PBI per cápita y la calidad de la infraestructura de transporte. Dentro de la región, los países en peores condiciones en esta materia son Haití, Bolivia, Guyana, Guatemala, Perú y Jamaica, y el grupo que muestra una mejor performance está integrado por Argentina, México, Brasil, Panamá y Chile (Calatayud y Montes, 2021).

Gráfico 28: PIB per cápita y calidad de la infraestructura de transporte en países con ingreso medio y bajo de América Latina y el Caribe

Fuente: Calatayud y Montes (2021).

Si se realiza un análisis por modalidad, el transporte automotor de carga es predominante en la región. Más del 85 % del movimiento interno de carga (medido por peso) se realiza por carretera. Esta modalidad concentra el 30 % del comercio intrarregional en América del Sur (2 millones de toneladas, 40 % del valor) y casi la totalidad de los intercambios en Centroamérica (30 % de las exportaciones). Como sector, dentro de las economías de la región, su participación en el PBI representó el 5,7 % en promedio a nivel regional y se encuentra integrado por un gran número de micro y pequeños operadores que representan alrededor del 99 % del total de empresas del sector en países como México, Perú y Colombia.

Al considerar y comparar algunos indicadores de desempeño sobre el transporte automotor de carga, puede observarse que la ocupación no sobrepasa el 60 % y, en promedio, el rango de vehículos-km vacíos se encuentran alrededor del 40 % (en Europa este indicador alcanza el 25 %, y en América del Norte, entre el 20-25 %). En relación con la antigüedad promedio de la flota, en la región es de 15 años, llegando a los 21 años en países como Colombia y la República Dominicana. En la Unión Europea, este indicador alcanza los 11,7 años en promedio. Otro aspecto característico en la región es la alta informalidad en que se desarrollan las operaciones (se estima una incidencia de entre el 20 % y el 40 % del total). Los operadores informales, en muchos casos pequeñas y medianas empresas, se caracterizan por contar con vehículos obsoletos y por desarrollar servicios con bajos niveles de profesionalización.

La escasa inversión en infraestructura vial, por su parte, influye negativamente en la provisión de los servicios de transporte, a causa de la existencia de una red vial de baja cobertura, calidad, capacidad y conectividad, tanto en zonas rurales, interurbanas y urbanas. Esto es particularmente importante en las áreas rurales donde los caminos sin pavimentar, en mal estado o sin mantenimiento aumentan los costos de transporte para los productores, generan pérdidas de productos y cosechas o producen grandes demoras para la comercialización y la movilidad de las familias rurales. Solo el 23 % de las vías terrestres en la región se encuentran pavimentadas, mientras que en otras regiones del mundo los valores alcanzan entre el 60 % y el 80 % (excepto África subsahariana, con 14,5 %).

En relación con el transporte por ferrocarril, resulta importante su reincorporación estratégica a la matriz de carga con el objetivo de mejorar la competitividad en la distribución de los productos de la región y reducir los impactos de la actividad del transporte en el ambiente. La red ferroviaria para transporte de mercancías de América Latina y el Caribe está entre las menos extensas del mundo, y unos pocos países concentran la mayor parte del tendido. Brasil y México son los países de la región que más utilizan este modo de transporte. Argentina es el segundo país con mayor extensión de red, pero traslada menos mercadería que Chile, que posee una red que representa menos del 16 % de la extensión que posee Argentina.

Hasta 1950, el ferrocarril era el modo predominante (90 %) en el transporte de cargas en América Latina, pero la acelerada expansión de la red vial y la pérdida en la calidad de la infraestructura y los servicios ferroviarios favorecieron su reemplazo por camiones. La limitada inversión en el sector y su escasa capacidad adaptativa también impactan en la caída de su peso relativo.

Si bien la gestión y el uso eficientes del transporte por ferrocarril pueden reducir los costos de operación logística en comparación con el transporte automotor de carga, para hacer efectivo el ahorro, se requieren inversiones de gran magnitud que se orienten a mejorar la calidad y conectividad de las redes férreas, integrar el tren con otras modalidades de transporte, incorporar material rodante y mejorar la calidad y eficiencia de los servicios ferroviarios. La adopción de estrategias de transporte multimodal es particularmente importante en los productos primarios comercializados a granel (como cereales y oleaginosas), donde la integración entre transporte por ferrocarril y automotor tiene mayores posibilidades de complementarse.

Algunos proyectos que se identifican en la región son los siguientes:

• Argentina: el Plan de Inversión Ferroviaria de Cargas (PIF), con un horizonte de alcance hasta 2035, considera una inversión de USD 14.982 millones y está orientado a la derivación de cargas del transporte carretero al modo ferroviario.
• Bolivia: tiene entre sus metas terminar el tren bioceánico para el año 2025, que unirá los puertos de Santos (Brasil) pasando por Bolivia hasta llegar a Illo en Perú. Con una inversión estimada de USD 14.000 millones.
• Brasil: realizará inversiones por USD 2.580 millones en el Ferrocarril de Integración Oeste-Este (FIOL) y el Ferrocarril de Integración Centro-Oeste (FICO). El Plan Nacional de Logística prevé duplicar la red ferroviaria del país y un aumento en la participación de los ferrocarriles en la matriz de transporte de carga al 30 % para el año 2030.
• Chile: también tiene como meta alcanzar el 30 % para el transporte de carga por ferrocarril. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y las empresas portuarias están proyectando corredores ferroviarios a cada puerto (Subsecretaría de Transporte de Chile, 2018), y el gobierno aprobó un plan de inversión de USD 1.900 millones para el período 2020-2022, el cual forma parte de un plan de largo plazo por una suma de USD 5.570 millones.
• Colombia: el gobierno planea cuadruplicar la inversión en la red férrea a fin de reactivar el transporte por ferrocarril, y, entre los años 2015 y 2019, se invirtieron USD 58,69 millones en el sector ferroviario.
• México: posee un plan logístico que busca una participación del sector ferroviario del 40 % para el 2030. En este país, entre los años 2015 y 2019, el sector público invirtió USD 7.732 millones en infraestructura ferroviaria.

El transporte marítimo y fluvial resulta de gran relevancia para el comercio internacional en los países de la región (representa el 95 % de él). La tendencia en el uso de esta modalidad de transporte es creciente y consistente con la evolución de la actividad económica y del comercio exterior. No obstante, América Latina y el Caribe explican una pequeña proporción del transporte marítimo a nivel mundial. En 2019, la región representó el 12,5 % del total de toneladas métricas cargadas mundialmente, en comparación con el 40,3 % de Asia, el 16,0 % de Europa o el 14,1 % de Oceanía. Las vías fluviales, por su parte, son de gran importancia para el desarrollo de los territorios en los países de la región, principalmente alrededor de las cuencas de América del Sur. Colombia es el país con mayor densidad fluvial, seguida por Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil.

Existe una tendencia creciente hacia la integración horizontal y vertical entre las empresas de transporte marítimo, tanto en el comercio con otras regiones, como a nivel intrarregional, lo que deriva en una concentración de las operaciones en un pequeño número de líneas marítimas. Esto impacta de forma negativa en los costos de transporte, siendo los más afectados los países de Centroamérica.

Los principales desafíos para los países de la región en materia de transporte marítimo y fluvial están vinculados con velar por la competencia dentro del sector, evitando posiciones oligopólicas o monopólicas derivadas de la integración empresarial, optimizar los niveles de gobernanza en los puertos y fortalecer la institucionalidad de estos, llevar adelante políticas conjuntas a nivel regional que reduzcan las brechas de eficiencia entre los puertos, y fortalecer la intermodalidad y multimodalidad.

En lo que respecta al transporte aéreo de mercancías, el sector ha crecido en la región durante los últimos años siguiendo las tendencias globales. Brasil, Colombia y México concentran los dos tercios de las toneladas movilizadas desde la región bajo esta modalidad. Si bien se trata de una modalidad de baja importancia relativa en comparación con los volúmenes comercializados por la vía marítima, se destacan por su reciente crecimiento algunos productos específicos, como las flores y el pescado fresco. Los principales retos en este caso tienen que ver con mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios de carga en aeropuertos.

Mejorar el transporte y la logística en la región requiere un enfoque sistémico que busque fortalecer infraestructura, servicios e instituciones. Estas mejoras y su inversión asociada deben orientarse estratégicamente hacia productos y destinos que potencien las capacidades comerciales de la región, priorizando el agregado de valor. Los temas importantes para una agenda regional concertada son la reducción de las brechas en infraestructura, el desarrollo de servicios de logística especializados y la coordinación interinstitucional regional.

E. Dimensión social

22. Crecimiento demográfico y urbanización

En un horizonte de mediano plazo, hacia el 2040, la tendencia demográfica marca un crecimiento de más de mil millones de personas en el mundo, siendo África y Asia, relativamente, las regiones que más crecerán en población.

Gráfico 29: población total proyectada por región (2020-2040), en millones

Fuente: ONU (2019).

Teniendo una mirada de a más largo plazo, según el informe de la ONU Perspectivas de la Población Mundial: Aspectos destacados (2019), se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años, de 7.700 millones en la actualidad a 9.700 millones en 2050. La población de África subsahariana se duplicaría para 2050 (con un crecimiento de 99 %). Las regiones que experimentarían las menores tasas de crecimiento poblacional entre 2019 y 2050 son Oceanía, excluyendo Australia y Nueva Zelandia (56 %), África septentrional y Asia Occidental (46 %), Australia y Nueva Zelandia (28 %), Asia Central y meridional (25 %), América Latina y el Caribe (18 %), Asia Oriental y Sudoriental (3 %) y Europa y América del Norte (2 %). Estas proyecciones indican que resulta clave para los países de la región pensar en los mercados de los países africanos como espacios para incrementar las exportaciones.

Gráfico 30: crecimiento demográfico mundial proyectado a 2030, 2050 y 2100, en millones de personas

Fuente: elaboración propia con base en datos de ONU (2019).
Nota: sin Australia ni Nueva Zelandia.

Además, se prevé que las zonas urbanas absorban prácticamente todo el crecimiento futuro de la población mundial, lo que implica un desarrollo mayor de las ciudades e involucra nuevos desafíos y oportunidades para la producción de alimentos. La población rural del mundo, que ha venido creciendo lentamente desde 1950, alcanzaría su valor máximo en los próximos años. El envejecimiento de la población y el crecimiento de los niveles de urbanización seguirán siendo determinantes para las exigencias de calidad y la creciente complejidad de los alimentos consumidos.

Con respecto a la población rural mundial, esta se acerca a los 3.400 millones, y se espera que disminuya a unos 3.100 millones en 2050 (ONU, 2019).

Por otra parte, se observa que la población mundial está envejeciendo, al tiempo que el grupo de edad de 65 años o más es el que crece más rápidamente. Para 2050, una de cada seis personas en el mundo (16 % de la población) tendrá más de 65 años, en comparación con una de cada 11 en 2019 (9 %). Se proyecta que la proporción de la población de 65 años y más se duplicará entre 2019 y 2050 en África septentrional y Asia Occidental, Asia Central y meridional, Asia Oriental y Sudoriental, y América Latina y el Caribe. Para 2050, una de cada cuatro personas que vivan en Europa y América del Norte podría tener 65 años y más (ONU, 2019).

Las proyecciones muestran también un crecimiento de la población en edad de trabajar, lo que genera una mayor cantidad de mano de obra potencial e implica desafíos para el crecimiento económico y la generación de trabajo. En la mayor parte de África subsahariana, y en partes de Asia y América Latina y el Caribe, el descenso reciente de la fecundidad ha provocado que la población en edad de trabajar (25-64 años) crezca más rápido que la de otras edades (ONU, 2019).

La reducción en el ritmo del crecimiento demográfico hacia 2050 puede implicar que, en el futuro más lejano, el incremento de la demanda de los productos agrícolas se desacelere. Un informe elaborado por OCDE y FAO (2021) prevé que la demanda mundial de productos básicos agrícolas (incluidos los destinados a usos no alimentarios) a 2030 aumentará un 1,2 % anual, cifra muy por debajo del crecimiento registrado durante la década pasada (2,2 % anual). La razón principal es el menor crecimiento de la demanda que se anticipa en China (0,8 % anual en comparación con 2,7 % anual durante la década pasada) y otras economías emergentes, así como la menor demanda mundial de biocombustibles. Aun así, el crecimiento demográfico será el principal factor determinante de la demanda durante las próximas décadas. Los países de ingresos bajos y medios (donde se espera un mayor crecimiento de la población) son la fuente de la mayor parte del crecimiento de la demanda alimentaria.

23. Cambios en los patrones de consumo

A nivel mundial, la malnutrición afecta a una alta proporción de la población, ya sea por desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso u obesidad. Alrededor del 11 % de la población sufre hambre, y las carencias de micronutrientes afectan a más de dos mil millones de personas. Por otra parte, los niveles de sobrepeso y obesidad aumentan, afectando a hombres y mujeres de todas las edades, debido al consumo de alimentos altos en calorías, grasas y con azúcar o sal añadida.

El crecimiento de los ingresos, la urbanización, los cambios en los precios relativos, el cambio tecnológico, la evolución de las cadenas de valor y la globalización han contribuido a un aumento de la ingesta calórica per cápita, así como a un cambio en la composición de las dietas. El crecimiento de los ingresos en los países emergentes ha dado lugar a una “clase media mundial”, cuyas preferencias de consumo alimentario se caracterizan por una mayor demanda de carne, pescado y productos lácteos. Si bien los avances en el aumento de la disponibilidad global de calorías son positivos, ha surgido la preocupación por los cambios que acompañan a los patrones dietéticos que se alejan de los alimentos básicos como los cereales, las raíces y los tubérculos y se dirigen hacia un mayor consumo de productos ganaderos, aceites vegetales, azúcar y alimentos procesados y de rápida preparación. Esta “transición nutricional” también se ha visto como una tendencia a la convergencia de las dietas hacia el modelo europeo-occidental o norteamericano, y a su vez está vinculada a la prevalencia cada vez más extendida del sobrepeso y la obesidad.

Gráfico 31: ingesta calórica per cápita según grupo de alimentos y nivel de ingresos (1961-2050)

Fuente: FAO (2017).

Si se realiza un análisis por grupos de alimentos, puede observarse que, en los últimos 50 años, la disponibilidad calórica per cápita y la diversidad de alimentos consumidos han aumentado. Sin embargo, el suministro de energía alimentaria promedio en países de ingresos bajos y medianos sigue estando muy por debajo del de países de ingresos altos (FAO, 2017).

Se observa una tendencia a la reducción de esta brecha, si se considera que, en 1961, el suministro de energía alimentaria de los países de ingresos bajos y medianos era solo el 68 % del de los países de ingresos altos, y en 2011 llegó al 81 %. Para 2050, se espera que haya alcanzado el 86 %. Teniendo en cuenta todos los grupos de alimentos, los patrones nutricionales tanto en los países de ingresos altos como en los de ingresos bajos y medios tienden a converger, excepto en lo que respecta a las frutas y hortalizas (FAO, 2017).

Gráfico 32: ingesta calórica en países de ingresos bajos y medios comparada con países de ingresos altos

Fuente: FAO (2017).

A nivel de la región, la disponibilidad promedio de energía alimentaria supera en un 25 % el requerimiento promedio por persona. Si se realiza el análisis por subregiones, se puede observar que en Sudamérica y Centroamérica la disponibilidad promedio de energía alimentaria por persona por día es 25 y 28 % superior, respectivamente, a los requerimientos promedio, mientras que en el Caribe solo lo supera en un 5 % (con algunos casos por debajo del requerimiento promedio).

En general, se observa una caída en los carbohidratos como fuente de energía y un alza en la cantidad de grasas. Si bien los cereales siguen siendo la principal fuente de kilocalorías, la composición de las dietas en la región ha cambiado de forma importante en los últimos 60 años. Ejemplo de ello es que carnes y lácteos hoy tienen mayor presencia en las dietas, en detrimento, por ejemplo, del consumo de leguminosas y tubérculos. A su vez, las dietas han tendido a incluir alimentos con altos niveles de energía, grasas y azúcares e insuficientes niveles de frutas, hortalizas y fibra, con efectos negativos sobre la salud (Rapallo y Rivera, 2019).

En la región los problemas del hambre y la malnutrición han reaparecido con un alto nivel de prevalencia (FAO, 2020; 2018), reflejando la persistencia de estos problemas en las sociedades latinoamericanas y de la mano de crisis económicas recientes que han provocado una fuerte subida de precios, lo cual ha afectado a los países importadores de alimentos y también a los exportadores. A su vez, desde hace unas décadas, se da asimismo un incipiente desarrollo de redes alimentarias alternativas, que se traducen en distintas experiencias de agricultura urbana, de promoción de alimentos con identidad local, de alimentos agroecológicos, la aparición de consumidores coagricultores, entre otras (Le Coq et al., 2021).

En síntesis, la evolución de los patrones de consumo es en sí mismo un factor complejo, que recoge varias tendencias en distintos niveles (global, regional y local), ya que va evolucionando en función de los cambios en los mercados, en la estructura social y en la forma de vivenciar la alimentación.

24. Acceso a servicios básicos en áreas rurales (agua y saneamiento)

El acceso a recursos hídricos en la ruralidad tiene una multiplicidad de usos y funciones, y resulta vital para el desarrollo de la vida. El agua en las áreas rurales puede ser utilizada para la producción de alimentos, para la cría de ganado, para la producción acuícola o para fines domésticos (bebida, lavado, aseo e higiene general). Su uso sustentable implica trabajar en la gestión del recurso de forma adecuada conforme a los niveles de productividad, los medios de vida, la eficiencia y la sustentabilidad ambiental.

El agua también es fuente de servicios que permiten mejorar la salud humana, la higiene y la calidad de vida, reduciendo la vulnerabilidad de las poblaciones rurales. No obstante, la ineficiencia en su uso tiene implicancias económicas, sociales y ambientales, como la reducción del recurso disponible, la degradación de la tierra, el deterioro de la calidad del agua, una mayor exposición a los riesgos climáticos y otros efectos medioambientales sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

El acceso a agua potable por parte de la población rural ha tenido mejoras significativas en la región a lo largo de los últimos 20 años. Mientras que en el año 2000 solo el 70 % de la población rural tenía acceso al agua potable, las estimaciones para el año 2020 indican que el 89,8 % de la población rural de América Latina y el Caribe podía acceder a este recurso.

Gráfico 33: personas que usan servicios básicos de agua potable en zonas rurales (% de la población rural)

Fuente: Banco Mundial con base en el Programa de Seguimiento Conjunto OMS/UNICEF.

En lo referido al acceso a servicios de saneamiento, la situación actual es menos alentadora. Se estima que en 2020 alrededor del 72 % de la población rural tiene acceso a este tipo de servicios en América Latina y el Caribe. No obstante, los indicadores muestran una tendencia a la mejora a lo largo de los últimos 20 años, si se considera que en el año 2000 solo el 47,5 % de la población rural podía hacer uso de servicios básicos de saneamiento.

Gráfico 34: personas que usan servicios básicos de saneamiento en zonas rurales (% de la población rural)

Fuente: Banco Mundial con base en el Programa de Seguimiento Conjunto OMS/UNICEF.

Por otra parte, el acceso a la energía eléctrica es un factor importante de la vida moderna. Su inaccesibilidad en áreas rurales suele estar vinculada a cuestiones socioeconómicas y de dispersión territorial. Los procesos de electrificación rural están asociados a políticas públicas de desarrollo territorial, a la generación de ingresos económicos en determinadas zonas o bien a la ubicación geográfica de proximidad a grandes zonas urbanas. Los hogares rurales con mayores ingresos tienen mejor acceso a la electricidad, dado que pueden afrontar los costos de conexión, lo cual se encuentra asociado también al uso de herramientas o electrodomésticos y consecuentemente a la demanda de este tipo de servicios. La menor densidad de población rural implica menos demanda de servicios eléctricos más dispersa, con altos costos de transmisión y distribución y menores incentivos para los sistemas de provisión de energía eléctrica tradicionales. En muchos casos, fuentes alternativas como la energía solar cubren estas necesidades.

Gráfico 35: acceso a la electricidad rural (% de la población rural)

Fuente: base de datos de electrificación mundial del Banco Mundial.

Las mejoras en el acceso a la electrificación rural han sido notables durante los últimos 20 años. En el año 2000, solo el 71 % de la población rural tenía acceso a la electricidad, mientras que en 2019 se estima que dicha proporción alcanzó al 93 % de los pobladores.

Las mejoras experimentadas en la región en materia de acceso a servicios básicos en las áreas rurales implican al menos tres desafíos futuros. En primer lugar, el diseño y la aplicación de políticas territorialmente focalizadas para lograr el pleno acceso a este tipo de servicios. En segundo lugar, el fortalecimiento de las capacidades humanas y económicas para que la cobertura de las necesidades básicas pueda sostenerse en el tiempo y dé lugar a oportunidades de desarrollo humano y productivo. Por último, el cambio de paradigma en las estrategias de apoyo a los sectores vulnerables de las áreas rurales ha permitido reorientar el abordaje hacia conceptos vinculados al cambio climático, como la adaptación de las comunidades y los sistemas productivos y su resiliencia.

25. Servicios de salud en la ruralidad

Según el informe “Datos mundiales sobre las desigualdades en materia de protección de la salud rural” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015), el 56 % de las personas que viven en las zonas rurales en el mundo no tienen acceso a los servicios de salud básicos, más del doble de la cifra de las zonas urbanas, donde el 22 % no tiene cobertura. De los 37 países del mundo donde, según este informe, las desigualdades en la cobertura sanitaria legal de la población rural son extremas, más de la mitad se encuentran en África y el 24 % en América Latina y el Caribe, por lo que estas son las dos regiones con mayores desigualdades rural-urbanas en el acceso a salud.

Distintas variables muestran que en América Latina y el Caribe las brechas de acceso a la salud por parte de la población rural superan de manera significativa las de las áreas urbanas. El déficit en la cobertura de salud legal, en la disponibilidad de personal de salud y en la falta de acceso por motivos financieros y los indicadores de mortalidad materna explican las principales brechas rurales-urbanas en el acceso a la salud, tal como puede observarse en el gráfico 36.

Gráfico 36: déficit de acceso efectivo a los servicios de salud en América Latina y el Caribe para poblaciones urbanas (azul) y rurales (rojo)

Fuente: OIT (2015).

Según recomendaciones de la OIT (2015), para eliminar estas brechas, es necesario construir una agenda de política a futuro que aborde las desigualdades desde un enfoque multidimensional consistente, donde se consideren las características particulares de las formas de vida y trabajo en la ruralidad, se amplíen los derechos al acceso a servicios de salud, se desarrolle un espacio fiscal específico para el ámbito rural destinado a asignar recursos a la salud, se promueva una atención sanitaria de calidad en las zonas rurales, se garantice la disponibilidad de la asistencia sanitaria y se aborden también los determinantes socioeconómicos de las desigualdades rural-urbanas (OIT, 2015).

26. Participación de mujeres en el empleo rural y la dirección de la empresa agropecuaria

La situación del empleo rural tiene particularidades si se analizan conjuntamente sector productivo y género del/a trabajador/a. En 2020, la mayoría de los hombres con residencia rural se empleó en la agricultura (62,2 %), mientras que las mujeres trabajadoras rurales se encontraban en mayor parte empleadas en actividades no agrícolas (57,3 % si se consideran las mujeres rurales que trabajaban en la industria y los servicios). La incorporación de la mujer en empleos rurales no agrícolas muestra entonces una clara tendencia principalmente en las ramas de servicios (ver tabla 3).

Tabla 3: evolución de la distribución del empleo por sector y por género en las áreas rurales y urbanas

Fuente: elaboración propia con base en datos de la CEPAL.

Las brechas de género en términos de participación en el empleo y en la tasa de ocupación son más acentuadas en las zonas rurales que en las urbanas. A las mayores dificultades que enfrentan las mujeres al momento de conseguir un empleo en términos comparativos con los hombres, se suman las actividades familiares no remuneradas y la producción para autoconsumo, actividades que son asignadas a ellas y que dificultan su inserción en la producción comercial y el trabajo formal. De esta forma, terminan siendo consideradas trabajadoras secundarias, o, en el mejor de los casos, complementan los ingresos del hogar. Las mujeres, en general, solo logran aspirar a empleos precarios y mal pagos.

En la región se observan algunas tendencias respecto a esta cuestión. En primer lugar, se ha incrementado la proporción de hogares rurales encabezados por una jefa mujer, aunque todavía dicha proporción se mantiene baja en la mayoría de los países (25 %). Entre 2002 y 2014, la región registró un aumento del 40 % en la proporción de hogares rurales encabezados por mujeres (CEPAL-FAO-IICA, 2017). No obstante, los hogares con jefatura femenina pueden presentar mayores condiciones de vulnerabilidad, especialmente cuando el ingreso de la mujer es el único del hogar o cuando este proviene de fuentes no laborales (por ejemplo, transferencias, incluyendo remesas).

También han aumentado las tasas de empleo femenino en las áreas rurales. El aumento de la tasa de participación femenina en la fuerza de trabajo en América Latina y el Caribe fue el mayor del mundo, y dicha tendencia fue más marcada en el ámbito rural (CEPAL-FAO-IICA, 2015). Asimismo, los perfiles del empleo de las mujeres rurales por grupos de edad presentan diferencias: las más jóvenes están empleadas en su mayoría como asalariadas no agrícolas, y alrededor del 20 % se emplean como familiares no remuneradas. Las mujeres con edades de entre 35 y 60 años muestran una transición al empleo por cuenta propia, principalmente en sectores no agrícolas. Las mayores muestran una reducción del empleo asalariado no agrícola y un aumento del empleo por cuenta propia, agrícola y no agrícola. De esta manera, las oportunidades de empleo se presentan para las mujeres más jóvenes, principalmente con la inclusión del trabajo en el sector no agrícola. A medida que las mujeres envejecen, asumen roles más tradicionales con tareas de cuidado y aumentan las chances de que abandonen el mercado de trabajo formal y desarrollen actividades más informales o emprendimientos propios compatibles con las tareas de cuidado.

Otro aspecto importante a considerar es que las mujeres tienen acceso limitado a la tierra. En los países de la región, la mayor parte de los titulares de explotaciones agropecuarias son varones. Además, las condiciones de la tierra que están bajo la responsabilidad de las mujeres en la mayoría de los casos son áreas de menores extensiones y de baja calidad para la producción.

Gráfico 37: porcentaje de explotaciones agropecuarias con responsables mujeres por país

Fuente: Nobre et al. (2017).

Por otra parte, las mujeres rurales desarrollan diversas iniciativas económicas colectivas. No obstante, participan principalmente en grupos menores e intermitentes. Su participación tiende a disminuir cuanto mayor y más institucionalizadas son las organizaciones, como por ejemplo en las cooperativas. En Brasil, en 2016 había 5.945 organizaciones en el registro de la agricultura familiar, entre cuyos socios un 24 % eran mujeres. En Argentina, de las 409 organizaciones registradas en 2015, las mujeres eran el 44 % de los socios y ocupaban la presidencia en 31 % de ellas (FAO y REAF, 2016).

Para modificar esta situación, es necesario el desarrollo de políticas públicas específicas y que las políticas existentes para el desarrollo rural tengan en cuenta también este punto de partida. En la medida en que se profundice la transversalidad de las políticas de género, podrá modificarse esta situación en el futuro.

F. Dimensión ambiental

27. Impactos del cambio climático

Según los últimos informes del IPCC, América Latina se encuentra altamente expuesta a los impactos del cambio climático, a la vez que está en una condición vulnerable como para la adaptación. En Sudamérica, según el IPCC (2022), se espera que en el futuro se intensifiquen y tengan mayor frecuencia las precipitaciones extremas que provocan inundaciones, deslizamientos de tierras y sequías, que, por lo tanto, se incremente la población afectada por inundaciones, y que aumente la prevalencia de enfermedades infecciosas endémicas sensibles al clima (como el dengue, el zica y el chicunguya).

En América Central, se espera también que se intensifiquen los eventos extremos como los huracanes, a partir de los cambios en la temperatura de las corrientes marinas, lo que afectará especialmente al corredor seco centroamericano. En cuanto al nivel del mar, se anticipa que es muy probable que continúe su aumento en los océanos de América Central y del Sur, contribuyendo a un incremento de las inundaciones costeras y a retrocesos de los márgenes a lo largo de la mayoría de las costas arenosas. Esto perjudica a todas las zonas costeras y especialmente a los pequeños países isla del Caribe. Todos estos eventos extremos que serán más frecuentes afectarán también la infraestructura.

La magnitud de las inundaciones o el carácter extremo que puedan alcanzar las sequías en la región dependen de las medidas que se adopten a nivel internacional en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero. Los expertos sobre el cambio climático han proyectado cuatro escenarios futuros; aun en el más optimista (emisiones globales de dióxido de carbono se reducen a cero netos, alrededor de 2050), la temperatura del planeta alcanzaría el umbral de +1,5 ºC respecto a la era preindustrial alrededor de 2040. Los restantes cuatro escenarios proyectan un aumento de la temperatura media del planeta para fines de siglo de entre 1,8 y 4,4 ºC, en caso de que las emisiones no logren reducirse lo suficiente, o bien se dupliquen. Todos estos impactos afectarán la vida en el medio rural y la seguridad alimentaria de la población en América Latina y del mundo.

Gráfico 38: estimación de los retos para el manejo sustentable del agua agravados por la sequía, al 2050

Fuente: IPCC (2022).

El informe del IPCC también destaca que el incremento de la temperatura global y de los eventos meteorológicos y climáticos extremos significará un incremento de la inseguridad alimentaria a nivel global y especialmente en algunas regiones de África, Asia, América Central y del Sur. En América Central y del Sur, el informe también enfatiza que estas regiones enfrentarán un mayor riesgo en el acceso al agua, lo que afectará la productividad de la ganadería, y la salud de los suelos también será impactada por los cambios, lo cual perjudicará especialmente a los/as productores/as de pequeña escala.

28. Transición energética

El sistema energético actual se basa en combustibles fósiles que están teniendo un alto impacto en términos de contaminación atmosférica, emisiones de gases de efecto invernadero y cambio climático. El sector de energía es una pieza clave de la transición ecológica hacia un modelo sustentable, y además la diversificación de las fuentes de energía y sobre todo el basarse en fuentes renovables sirve a los Estados para fortalecer su seguridad y soberanía energética.

Al mismo tiempo, el sector energético es un insumo industrial clave para la producción de alimentos, y representa una parte importante de los costos de producción de las explotaciones agrícolas y de las empresas agroindustriales. Además de su rol como proveedor de energía para equipos e instalaciones agrícolas, este sector asimismo juega un rol clave en la provisión de fertilizantes, que en su gran mayoría también son de origen fósil. Es por ello por lo que la transición energética que debe ser impulsada en el sector alimentario y en el sector rural debe ser acompañada por una transición agroecológica que promueva nuevos modelos productivos mucho más sustentables. Ambas transiciones deben formar parte de una estrategia de cambio más integral, que considere otros sectores tales como el agua, la biodiversidad, la minería o los servicios vinculados al mundo rural.

Esta transición hacia una economía más sostenible debe ser caracterizada por el uso eficiente de los recursos energéticos, la utilización creciente de fuentes renovables, bajas emisiones o neutralidad de carbono, el cuidado del medio ambiente y una especial atención a la inclusión y participación social.

América Latina tiene amplias oportunidades para ir concretando una transición energética hacia economías renovables, aunque transitar ese camino requiere de políticas muy específicas y de ciertas capacidades de la gestión pública para que esas transiciones no vayan en desmedro de la capacidad productiva y el desarrollo social de los países, ya que las economías y los aparatos productivos regionales no se encuentran en las mismas condiciones que los países desarrollados para dar los saltos tecnológicos que estas transiciones plantean.

En la región, en los últimos años, la capacidad instalada en energías renovables se ha incrementado sostenidamente, y alcanzó un 26,4 % en su índice de renovabilidad 2019 (SIELAC-OLADE, 2020), aunque, en la cifra agregada de renovables, hay una alta participación de la energía hidroeléctrica.

Un mayor incremento de energía renovable supone desafíos técnicos, económicos y regulatorios para la región (Levy et al., 2021). Se requieren varias acciones por desarrollar, muchas de las cuales suponen grandes inversiones en infraestructura y un trabajo de alineamiento entre políticas.

Otro aspecto central es el fortalecimiento de la integración regional en términos energéticos. La región tiene un gran potencial de integración energética desaprovechado. Avanzar hacia la integración de algunos sistemas le permitiría tener autoabastecimiento energético y posicionarse mejor en el mercado internacional, reduciendo déficits fiscales y ganando competitividad en sus producciones. Existen varios esquemas de integración ya existentes en torno a la energía eléctrica, como el sistema eléctrico en MERCOSUR, o las conexiones entre Colombia y Ecuador y Colombia y Venezuela, y gasoductos que interconectan Bolivia con toda la costa brasileña y con Argentina, y de allí con Chile, y también Venezuela con Colombia (Fornillo, 2016). Pero otros esquemas de integración energética pueden generarse y potenciarse. Se debe ir hacia una coherencia regulatoria y el diseño de mercado para fomentar la integración regional energética y el desarrollo de las fuentes renovables.

Un rol importante en la transición energética tienen en la región la producción y el uso de bioenergía. Brasil especialmente y luego Argentina han tenido un desarrollo considerable en biocombustibles basados en producción agrícola y forestal. Estas producciones no necesariamente están basadas en esquemas productivos sustentables. Pueden aportar a la transición, pero en el marco de ciertos planes y diseños productivos específicos, que cuiden la sustentabilidad ambiental. Otros tipos de bioenergía también pueden desarrollarse para complementar las necesidades de la producción agropecuaria, reutilizar residuos y aportar a la transición energética, dependiendo de la biomasa disponible en las distintas regiones.

Varios países tienen también potencial en otras fuentes renovables como energía eólica y solar. Si a esto se le suma la dotación de litio en Sudamérica y las trayectorias en energía nuclear liderada por Brasil y Argentina, el panorama en dotación de recursos es alentador, si, como se dijo anteriormente, se desarrollan los planes estratégicos y las integraciones que les permitan a los sistemas ganar escala, eficiencia, senderos de innovación propios y también alimentar una industria energética propia demandante de tecnología y recursos humanos altamente calificados. El impulso a las energías renovables le permitiría a la región también abonar un camino de desconcentración y descentralización de la producción energética, lo cual favorecería a esquemas de propiedad pública o ciudadana (Fornillo, 2016).

29. Transición agroecológica y desarrollo de la bioeconomía

La agricultura en América Latina y el Caribe (ALC) genera 18 % del valor de las exportaciones, 4 % del PIB y 14 % del empleo. También causa externalidades ambientales negativas. Entre ellas pueden mencionarse las emisiones de efecto invernadero, con alrededor de 17,5 % de las emisiones mundiales agropecuarias, cifra que se ha mantenido constante a lo largo de las últimas dos décadas; la deforestación y la pérdida de biodiversidad; la contaminación de suelos y aguas con residuos químicos; la degradación de suelos; y la pérdida de suelo agrícola.

Algunos modelos productivos como la agroecología y la bioeconomía se proponen como alternativas posibles para reemplazar los esquemas productivos lineales y productivistas que impactan en el ambiente.

Para algunos espacios sociales y académicos, la agroecología puede aplicarse al funcionamiento de todas las cadenas productivas. Otros hablan de soluciones basadas en la naturaleza. En la definición de FAO (2018), se indica que la agroecología busca avanzar hacia “agroecosistemas diversificados, [que] imitan los sistemas naturales tan fielmente como sea posible para mejorar la producción sustentable y la independencia”. La idea de imitar a la naturaleza define un nuevo patrón productivo, sin consumo de combustibles fósiles ni de otros insumos industriales de este origen o minimizándolo lo más posible. También sugiere flexibilidad tecnológica, esto es, estructuras tecnológicas plurales en las fincas (al menos en las primeras fases), que son indispensables para que los productores puedan enfrentar sus problemas tecnológicos y ser rentables.

Por su parte, la bioeconomía abarca las partes de la economía que utilizan recursos biológicos renovables (plantas, animales, microorganismos, etc.) con el fin de reemplazar los combustibles fósiles y producir alimentos, piensos animales y otros productos biológicos (FAO, 2017b).

Ambos enfoques, el de la agroecología y la bioeconomía, son diferentes entre sí, se elaboraron y se practican desde distintas comunidades de prácticas. En la región la agroecología está más vinculada con los movimientos sociales agrarios y ambientales, y la bioeconomía se propone como una extensión, aggiornada, del paradigma productivista. Ambos enfoques suponen rediseños en esquemas productivos y en las formas sociales de producción para poder hacer efectiva la sustentabilidad que promueven y plantean.

Desde estos enfoques también se suele sugerir la idea de una transición, un proceso gradual de adaptación y desarrollo hacia el nuevo paradigma, la existencia de todo un trabajo que hacer, tanto a nivel de productor como de políticas públicas.

Como forma de construcción de modelos productivos más sustentables, estos enfoques promueven nuevos cambios tecnológicos con visión holística y biológica o ecológica, la superación de la lógica del monocultivo^[4], y, al mismo tiempo, la reducción del consumo de insumos de origen industrial, especialmente fertilizantes y agroquímicos.

Existen ejemplos, experiencias y trayectorias de varias décadas en agroecología y en producción orgánica, con adaptaciones en las distintas regiones. Algunas de estas han sido apoyadas por políticas públicas específicas, promovidas ante momentos de crisis alimentarias, crisis de insumos e incluso motivadas por distintas coaliciones de actores entre gobiernos, movimientos sociales agroecológicos y organismos internacionales especializados como FAO y CEPAL en los últimos tiempos (Sabourin et al., 2017).

Si bien en la región se ha avanzado con un desarrollo normativo y con políticas que impulsan estos enfoques, el cambio que se requiere para responder a los desafíos sociales y ambientales desde los sistemas productivos es un cambio estructural, supone múltiples transiciones para poder plasmarse en escala considerable, teniendo en cuenta no solo una transición productiva, sino también transiciones en la esfera social, cultural e institucional (Tittonell, 2019).

La posibilidad de que este cambio estructural se plasme tendrá que ver con la conjunción de distintas fuerzas sociales: de las fuerzas locales e internacionales vinculadas a la acción climática, de las fuerzas ligadas a movimientos sociales agrarios y agroecológicos en sí mismos, y de la capacidad de poner en agenda los grandes desafíos ambientales y sociales también desde los gobiernos, en la medida en que estos se apoyen en coaliciones que incluyan estos nuevos movimientos sociales.

30. Conflictividad asociada al avance de la frontera agropecuaria y otros conflictos socio-ambientales

Con la intensificación en el uso de recursos por parte de los distintos sectores productivos y el avance de la frontera agropecuaria, sumados a la preocupación internacional por el cambio climático, los conflictos socioambientales se han configurado como uno de los principales aspectos conflictivos de las sociedades latinoamericanas contemporáneas, especialmente a nivel local. Y se han multiplicado las organizaciones y los movimientos con demandas socioambientales.

América Latina es espacio de numerosos conflictos relacionados con el uso de los recursos naturales como el agua y el suelo, con conflictos por la tierra, con los impactos de la actividad minera, entre otros.

Gráfico 39: mapa mundial de conflictos socioambientales

Fuente: Environment Justice.

Una agudización de los conflictos socioambientales en la región tiene posibilidades de llegar a incidir en las agendas de gobierno y estimular políticas que garanticen el desarrollo sustentable de las actividades productivas. La falta de canalización de las preocupaciones ambientales también puede ser un factor que dificulte ciertos desarrollos productivos, dada la resistencia operada por las poblaciones locales y los movimientos sociales.

Uno de los desafíos sobre este punto es la posibilidad de los gobiernos de articular intereses con los movimientos socioambientales, promoviendo una gobernanza soberana de los recursos y con participación social activa.

Hasta aquí se ha detallado el relevamiento de factores claves que tienen la capacidad de incidir en los futuros de la cuestión agroalimentaria en América Latina y el Caribe. En los casos en que fue posible debido a la existencia de análisis, series de datos y proyecciones, se delinearon los desdoblamientos o las alternativas que se plantean tanto sobre el factor mismo como sobre su influencia sobre el foco de la cuestión. Así también se identificaron relaciones entre factores, en cuanto a desenvolvimientos vinculados.

Este material ha sido el que los analistas participantes del ejercicio han tenido como insumo al aplicar los ejercicios de evaluación y de análisis. A continuación, se muestra el resultado de estos ejercicios y otras decisiones metodológicas que sirvieron de base para la construcción de los escenarios.