El Partido Radical y las formas de oposición política entre 1948 y 1955

María del Mar Solís Carnicer

Corrientes fue la única provincia argentina en la que el peronismo no consiguió llegar al gobierno en las elecciones de 1946. La particular ingeniería institucional y la tradicional práctica de la política del acuerdo por parte de los partidos conservadores, fueron las principales causas de esa situación excepcional. De ese modo, en 1946, el radicalismo consiguió llegar al gobierno de la provincia por primera vez con el apoyo de esos partidos que hasta ese momento habían sido sus principales adversarios. Esta experiencia particular en el contexto de la política nacional culminará en septiembre de 1947 con una intervención federal que dio inicio al período de predominio peronista en la provincia de Corrientes. A partir de allí, los partidos conservadores provinciales –autonomista y liberal- y el partido radical, pasarán a ocupar el rol de la oposición. Tras las elecciones de diciembre de 1948 que permitieron el retorno institucional y, como consecuencia de las reformas electorales planteadas, el radicalismo se convirtió en el único partido opositor con representación legislativa, situación que se mantuvo hasta 1955. Las Cámaras de Diputados y Senadores fueron, entonces, los lugares privilegiados –aunque no los únicos- en los que ejercerá su rol de opositor.

La oposición cumple un papel fundamental en un sistema democrático, lo que ha sido reconocido por numerosos estudios provenientes de la ciencia política. Sin embargo, aún son escasos los trabajos que se preocuparon específicamente en estudiar las características, condicionantes y consecuencias de su actuación. Esta misma situación se repite en la historiografía política argentina en la que resulta llamativo que frente a la enorme producción sobre el peronismo sean aún escasos los estudios que se refieran al papel de los partidos de oposición durante esos años^[1]. Silvana Ferreyra (2021) en un artículo en el que analiza la producción historiográfica referida al antiperonismo agrupó a estos trabajos en tres ejes incluyendo en el primero a aquellos que se concentran en la dicotomía continuidad/ruptura respecto de los orígenes del antiperonismo como prolongación del antifascismo de los años treinta. En el segundo eje incluye a aquellos trabajos que abordaron el enfrentamiento peronismo-antiperonismo ya sea como identidades contrapuestas con límites inexpugnables o bien, con fronteras porosas que se superponen. Por último, en el tercer eje, incluye a aquellos trabajos que estudian al antiperonismo haciendo foco en la heterogeneidad al interior del mismo. En el balance final, destaca la potencialidad que ofrece su estudio a escala local para pensar los vínculos del antiperonismo y el peronismo a partir de lógicas extracéntricas.

En este trabajo pretendemos avanzar en el análisis del papel del radicalismo correntino como partido de oposición en el contexto de una política provincial marcada por una tradición multipartidista con predominio de los sectores conservadores, sistema que se verá completamente afectado a partir de la irrupción del peronismo. Nos concentraremos especialmente en indagar acerca de los diferentes espacios y formas en que el radicalismo ejerció la oposición durante las primeras experiencias de gobiernos peronistas en la provincia.

Sobre el papel del partido radical en esta etapa contamos con algunos trabajos importantes como los de Virginia Persello (2007), César Tcach (2006) -que focaliza el estudio en Córdoba- y Leandro Lichtmajer (2016), que hace lo propio para Tucumán. Estos fueron años complejos para el radicalismo ya que no pudo convertirse en una alternativa de recambio político tanto por el desgaste que le provocaron las propias disputas internas como por la pérdida de apoyo por parte de la sociedad. Las posiciones en su interior se dividieron entre los que estaban a favor de participar o de abstenerse en las elecciones y apostar al deterioro del gobierno, o promover un golpe militar. Estas disputas –aunque moderadas- también estuvieron presentes al interior del radicalismo de Corrientes.

En este capítulo presentamos, en primer lugar, el diseño institucional provincial de toda la etapa y los rasgos del radicalismo correntino por esos años. Posteriormente, realizamos una breve caracterización del partido en la provincia y al final, nos concentramos en su rol de opositor en el marco de las elecciones, en la legislatura provincial y en el golpe de 1955.

Las fuentes sobre las cuales apoyamos nuestro estudio fueron, por un lado, los Diarios de Sesiones de la Legislatura Provincial y por otro, la prensa, tanto oficialista como opositora. Sobre ésta última, cabe señalar que para el período que aquí nos ocupa sólo contamos con la posibilidad de acceso a un periódico opositor^[2], el diario La Mañana, representante del Partido Demócrata Nacional (PDN) –ex autonomista-. En los Diarios de Sesiones de la legislatura provincial, analizamos los debates parlamentarios y especialmente el papel del radicalismo en ellos y a través de los periódicos, intentamos identificar otras estrategias de la oposición radical en algunos momentos claves del período, tales como las elecciones de 1948, 1951 y 1954, la reforma constitucional de 1949 y la denominada Revolución Libertadora en 1955.

Diseño institucional y sistema político en Corrientes entre 1949 y 1955

La provincia de Corrientes se había caracterizado históricamente por el predominio de una política de estilo conservador dominada por los partidos provinciales -autonomista y liberal- y por la institucionalización de algunas prácticas como la política del acuerdo^[3]. Esta práctica, combinada con el sistema de representación proporcional, una particular distribución de las secciones electorales y la elección indirecta del gobernador, habían permitido -y facilitado- la permanencia de los partidos conservadores en el gobierno de la provincia desde fines del siglo XIX hasta 1943. Como consecuencia de la aplicación de este sistema, el radicalismo -a excepción de la rama antipersonalista que conformó junto al autonomismo la Concordancia en la década de 1930- nunca pudo convertirse en partido de gobierno en Corrientes (Solís Carnicer, 2001).

Las agrupaciones que fueron protagonistas de la política provincial hasta la década de 1940 fueron, entonces, estos dos partidos provinciales de corte liberal – conservador denominados Autonomista (aunque para estos años había adquirido el nombre de Partido Demócrata Nacional)^[4] y Liberal, el radicalismo antipersonalista y el radcalismo (CN), que ocupó tradicionalmente el lugar de la oposición. Además de estos cuatro, actuaron en la arena política provincial otros partidos minoritarios que, en diferentes momentos, presentaron candidatos a las elecciones; ellos fueron el Socialista, el Comunista y el Demócrata Progresista, pero sus actuaciones no fueron constantes, ni tampoco alcanzaron un apoyo significativo de la ciudadanía correntina.

Tras las elecciones de 1946, se produjo un reacomodamiento de las fuerzas políticas. El radicalismo, por primera vez accedió al gobierno provincial; el peronismo, triunfante en todo el país, en Corrientes se convirtió en la principal fuerza opositora y los conservadores, que hasta ese momento habían sido quienes gobernaron la provincia, se encontraban en una situación incómoda puesto que habían colaborado con el triunfo del radicalismo -sus tradicionales adversarios- pero no formaban parte del gobierno^[5]. Apenas un año más tarde, en septiembre de 1947 y tras muchas tratativas llevadas adelante por el peronismo, se dispuso la intervención federal a la provincia. Se inicia allí un nuevo período de la historia política provincial.

Durante el tiempo que duró la intervención (septiembre de 1947- marzo de 1949) el peronismo logró organizarse en la provincia, disolvió los dos partidos originales (Laborista y UCR – Junta Renovadora), sancionó su carta orgánica y estableció sus liderazgos. Juan Filomeno Velazco, el interventor federal, se convirtió en el principal referente del partido en la provincia, y fue el encargado de reformar el diseño institucional provincial. A través de un decreto aprobado en 1948 se decidió reemplazar el sistema de representación proporcional por cociente establecido en la Constitución Provincial desde 1889 por el sistema de lista incompleta para las elecciones legislativas y de lista completa para las ejecutivas, se agregó una sección electoral más a la división de circunscripciones de la provincia y se aumentó el número de integrantes de ambas cámaras. Todo ello derivó en otorgar un lugar muy limitado a la oposición pues, por un lado, no tenía posibilidades de conseguir representación en el Colegio Electoral y por otro, sólo uno de los partidos opositores podía acceder a la Legislatura (Solis Carnicer, 2012).

Luego de las elecciones de diciembre de 1948, las Cámaras Legislativas provinciales cambiaron completamente su conformación con respecto a períodos anteriores. La reforma electoral instrumentada en esa oportunidad, -que modificó el sistema de representación proporcional por el de mayoría y minoría- la nueva distribución de las secciones electorales y el aumento en el número de los representantes, planteó un escenario legislativo muy diferente. De los ahora 32 diputados que componían la Cámara, 20 eran peronistas y 12 radicales y de los 16 senadores, 12 eran peronistas y 4 radicales. Los partidos tradicionales de Corrientes (Autonomista y Liberal) que hasta hacía pocos años habían dominado la política provincial, perdieron todo tipo de representación. En el caso del liberalismo, por la propia decisión de abstenerse de participar en las elecciones; y del autonomismo, por la importante reducción de votos que experimentó a partir de la aparición del peronismo y la aplicación del nuevo sistema de representación por mayoría y minoría.^[6].

En 1949, una vez restablecidas las instituciones provinciales, se reformó la constitución provincial y se sancionó una ley de partidos políticos y en 1951, por medio de una ley se modificó el sistema electoral vigente. Se estableció un sistema mixto: elección directa del gobernador, con la provincia como distrito único y a simple pluralidad de sufragios y elección por listas con representación de 2/3 para la mayoría y 1/3 para la minoría para la elección legislativa, para lo que se dividió a la provincia en cuatro secciones electorales. Asimismo, se amplió la representación a 18 senadores y 36 diputados. Con esta distribución, la representación tenía un sesgo favorable a la mayoría en la conformación final de las Cámaras pues obtenía un diputado y dos senadores más. Los electores de cada sección debían votar a una lista compuesta por las dos terceras partes de los candidatos que correspondía a cada sección y la que obtenía mayor número de votos se adjudicaba la lista completa y la fracción restante era para la lista que le hubiera seguido en cantidad de votos. Las demás listas carecían de representación (Solís Carnicer, 2012, pp. 201- 220).

El radicalismo correntino y las disputas hacia el interior del partido

Hacia 1948 existían al interior del radicalismo dos líneas claramente distinguibles, la intransigencia y el unionismo. La “Declaración de Avellaneda” de 1945 es considerada el documento fundador del Movimiento de Instransigencia y Renovación cuyo credo conjugó elementos del humanitarismo espiritualista de Yrigoyen, del antiimperialismo de orientación aprista y del socialismo laborista (Altamirano, 2002: 247). Los unionistas, por su parte, adquirieron esa denominación a partir de su posición a favor de la conformación de la Unión Democrática. El triunfo del peronismo en 1946 posicionó a los intransigentes en el seno del radicalismo, el partido inició un proceso de reorganización y en diciembre de 1946 el sector intransigente dio a conocer un manifiesto que más tarde se aprobará como Profesión de fe doctrinaria en el que se dejaba planteada la posición que debía adoptar el radicalismo en el nuevo escenario político nacional recordando que éste debía “recuperar su auténtica tradición y mostrar que era la única fuerza capaz de encausar la nación y dar cumplimiento a la justicia social” (Altamirano, 2002: 249-250).

Roberto Parry, dirigente intransigente, fue elegido presidente del Comité Nacional en 1948 y Ricardo Rojas ocupó ese lugar en la Convención Nacional que adoptó como sustento partidario tanto la Profesión de Fe doctrinaria como Las bases de Acción Política, dos documentos que habían sintetizado la posición de la intransigencia. En septiembre del año siguiente, luego de la muerte del presidente del CN se entabló una disputa por la sucesión entre el dirigente intransigente bonaerense, Ricardo Balbín y el sabattinista cordobés, Santiago del Castillo quien resultó triunfante gracias al apoyo que recibió de los unionistas. Castillo, entonces, condujo el partido hasta 1954, pero en ese período las divisiones al interior del sector intransigente se profundizaron entre los que estaban a favor de la participación electoral liderados por Arturo Frondizi y los que propiciaban la abstención y el abandono de las bancas, liderados por Sabattini.

En 1954, y en medio de una disputa interna importante, la presidencia del Comité Nacional, recayó en Frondizi luego de unas elecciones cargadas de tensión y en las que los delegados unionistas y sabattinistas abandonaron el recinto y no participaron. A partir de allí el sector intransigente se dividió definitivamente entre el MIR (Movimiento de Intransigencia y Renovación) y el MIN (Movimiento de Intransigencia Nacional) que actuaba en consonancia con los unionistas. Las tensiones internas del partido derivaron en la división del pequeño bloque radical del Congreso y en la adopción de diferentes estrategias de oposición llegando incluso el sector del unionismo y del sabattinismo a involucrarse en actividades conspirativas colaborando tanto en el intento frustrado de golpe de junio de 1955 como en el de septiembre de ese mismo año, que finalmente consiguió derrocar al gobierno de Perón.

En el radicalismo correntino, si bien también existían estas diferentes líneas internas, el sector instransigente siempre constituyó la mayoría, por lo que los conflictos se vivieron allí con menor intensidad. Además, el hecho de haber ganado las elecciones de 1946 lo había fortalecido. Sin embargo, como ya señalamos, esa experiencia novedosa duró muy poco tiempo ya que apenas un año y tres meses después, una intervención federal llegó a la provincia. A partir de allí, se convirtió en el principal partido de oposición y único con representación legislativa luego del retorno institucional en 1949 y hasta 1955 (Solís Carnicer, 2009).

El Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR) -liderado a nivel provincial por Fernando Piragine Niveyro- logró retener la presidencia del Comité Central de Corrientes durante todo el período. Sin embargo, era posible identificar diferentes sectores en el interior del partido. Dentro del MIR se distinguían tres fracciones: una línea del comité central provincial, encabezada por Piragine Niveyro, el bloque Hipólito Yrigoyen y el Movimiento Leandro N. Alem. Por otra parte, se constituyó el Movimiento de Intransigencia y Renovación Argentinista (MIRA) que seguía los lineamientos de la figura del cordobés Amadeo Sabattini, líder del Movimiento Intransigencia Nacional (MIN), que a su vez tenía a Desiderio Dante como referente provincial. Por último, existía un sector crítico del ala frondizista y más cercano al unionismo cuyos principales referentes eran Roberto Billinghurst y Jorge Benchetrit Medina (Solís Carnicer y Castelo, 2020).

En general, la actividad del radicalismo como partido opositor en la provincia se mantuvo mayormente circunscripta al ámbito legislativo. No contaban con un periódico propio, por lo que no tenían un espacio más allá de las Cámaras para hacer oír su voz y su descontento con el gobierno. Es posible suponer que el radicalismo provincial no se vio involucrado institucionalmente en actividades conspirativas a favor de un levantamiento armado, en consonancia con la pertenencia al MIR de la mayoría de sus dirigentes (Tcach, 2006 y Persello, 2007). Sin embargo, cabe mencionar el importante papel que tuvieron algunos dirigentes del partido en el apoyo civil al levantamiento de Curuzú Cuatiá en septiembre de 1955 (Solís Carnicer, 2017).

El Partido Radical ante las elecciones: campañas electorales y resultados (1948, 1951 y 1954)

El 5 de diciembre de 1948, se realizaron las elecciones que reorganizaron institucionalmente a la provincia de Corrientes y permitieron la llegada del peronismo a su gobierno por primera vez. Previamente, la intervención federal había modificado el sistema electoral provincial generando una reglamentación más propicia a sus intereses. Sólo tres partidos participaron de esas elecciones, -peronismo, radicalismo y autonomismo mientras que el partido Liberal se mantuvo en la abstención- y el peronismo obtuvo un amplio triunfo con un 61% de los votos^[7]. Tras los comicios, Juan Filomeno Velazco -interventor entre 1947 y 1948- se convirtió en gobernador.

El radicalismo correntino, dominado por el sector intransigente, había realizado desde fines de 1947 una intensa actividad para conseguir su reorganización. Luego de las elecciones internas de diciembre de ese año se había reafirmado el predominio de ese sector, y en la Convención Provincial se eligió a Desiderio Q. Dante como presidente del partido (Harvey, 2008: 177-179). A fines de octubre de 1948 el partido reunió nuevamente su convención y allí aprobó una nueva Carta Orgánica y decidió -por una amplia mayoría- participar en las futuras elecciones. En esa misma oportunidad se eligió como candidato a la gobernación a Héctor Lomónaco y como compañero de fórmula al esquinense Cándido Quiroz^[8]. Durante el mes de noviembre se realizaron actos de campaña en los diferentes departamentos de la provincia.

Más allá de algunas denuncias del PDN acerca de la cooptación de la radiodifusión y la prensa asalariada para la propaganda política oficialista^[9], la campaña transcurrió con normalidad, lo mismo que las elecciones. El triunfo del peronismo fue contundente, al igual que la disminución de votantes demócratas, que ni siquiera alcanzó a los 10.000 sufragios^[10]. Como consecuencia de estos resultados, el único partido opositor que consiguió representación legislativa fue el radicalismo, por primera vez en la historia política de Corrientes las Cámaras de diputados y senadores provinciales no contaban entre sus miembros a ningún conservador.

Tres años más tarde, en septiembre de 1951 y ante la convocatoria a elecciones generales nacionales y provinciales para el 11 de noviembre, los diferentes partidos políticos iniciaron nuevamente su preparación para participar. Durante el mes de julio, el partido radical abrió la inscripción en los registros partidarios para confeccionar los padrones con los cuales se realizarían las elecciones internas. A mediados de septiembre se reunió una convención en Mercedes donde proclamó la fórmula a gobernador y vice compuesta por Justo Villar- Aníbal Dávila y convocaron a elecciones internas para el resto de las candidaturas. Las mismas se llevaron a cabo el 30 de septiembre de 1951^[11]. Se presentaron dos listas: Intransigencia Radical -que resultó triunfadora- y Movimiento Intransigente y Renovador^[12]. Este hecho fue presentado con orgullo por sus correligionarios contraponiéndolo al estilo centralista y verticalista del peronismo. En octubre llegó de gira de campaña Arturo Frondizi, candidato a vicepresidente, motivo por el cual realizaron un importante acto en la plaza Cabral de la Capital.^[13] Durante la campaña electoral el partido denunció una serie de irregularidades tales como la prohibición de que funcionen los comités partidarios durante el día de los comicios o que el peronismo había obligado a propietarios de camiones a ponerlos a disposición para el traslado de votantes de ese partido en desmedro de los demás^[14]. Asimismo, denunció algunos hechos de violencia contra los participantes de un acto proselitista en la ciudad de Bella Vista en el que se encontraba el candidato a presidente Ricardo Balbín. En dicho mitin se habían arrojado piedras a los asistentes y quemado intencionalmente los banderines radicales y el palco que se había armado especialmente para esa ocasión^[15]. Los peronistas, mientras tanto, a través de su prensa se burlaban de las suspensiones de algunos actos partidarios del radicalismo por “falta de público”.^[16]

Los resultados electorales de 1951 muestran un importante crecimiento del voto peronista al tiempo que el PDN evidenció una consecuente pérdida de sufragios, obteniendo, en conjunto, un 61,39% menos que en la elección de 1948^[17]. Los peronistas no solo triunfaron ampliamente en las elecciones provinciales –obteniendo la mayoría en todos los departamentos- sino que, al mismo tiempo, fueron electos todos sus candidatos para los cargos nacionales^[18]. Debido a esos resultados y a las reformas electorales implementadas, solo consiguieron acceder a la Legislatura provincial los peronistas y los radicales ocupando los espacios de oficialismo y oposición respectivamente. El peronismo obtuvo un triunfo muy importante con el 65% de los votos, seguido de los radicales con un 26,4% y mucho más atrás, el autonomismo con un 8,8%. La misma proporción se reflejó en cada una de las secciones, por lo cual el autonomismo se mantuvo sin representación en las Cámaras Legislativas que por ese motivo quedaron conformadas con once diputados radicales y veinticinco peronistas y cuatro senadores radicales y catorce peronistas.

En abril de 1954 se realizaron las elecciones para cubrir el cargo de vicepresidente, que había quedado vacante con la muerte de Hortensio Quijano antes de asumir, además de renovar a las cámaras de diputados y senadores nacionales y provinciales. El radicalismo participó activamente en dichas elecciones y realizó una intensa campaña proselitista, cuyo acto central fue el realizado con motivo de la gira del candidato a vicepresidente por el partido, Crisólogo Larrade. Para las elecciones provinciales se presentaron nuevamente los tres partidos (peronista, radical y demócrata) y si bien la participación se redujo considerablemente debido a las malas condiciones climáticas, los resultados volvieron a mostrar una fuerte mayoría peronista (67,7%), seguida del radicalismo (23,4%) y muy por detrás los demócratas (8,8%)^[19]. Se renovaban dieciocho bancas en la Cámara de Diputados y nueve en la de Senadores. Los radicales obtuvieron dos bancas en diputados por lo que su bloque perdió un miembro y la cámara quedó conformada con diez radicales y veintiséis peronistas^[20]. En la de Senadores dos bancas fueron para los radicales y las siete restantes para los peronistas manteniéndose la misma proporción en la composición general de cuatro radicales y catorce peronistas (Harvey, 2011: 172-174).

“Si Yrigoyen viviera sería peronista”. El papel del radicalismo como único partido opositor con representación parlamentaria

Las relaciones entre oficialismo y oposición en la legislatura provincial no empezaron de la mejor manera. Una de las primeras tareas que le tocó cumplir a la nueva legislatura fue la de instituirse en Asamblea Constituyente para reformar la Constitución provincial y adaptarla a la recientemente aprobada Constitución Nacional. Justamente, una disposición transitoria de ésta, otorgaba a todas las Legislaturas provinciales esta autorización. En la sesión preparatoria de dicha Asamblea los representantes radicales plantearon la ilegitimidad de dicho procedimiento pues lo consideraron violatorio de las disposiciones del derecho público provincial. Se expresaron a favor de una reforma constitucional, pero creyeron que no podía realizarse de esa manera^[21]. La negativa del sector oficialista a discutir sobre esa cuestión y una inmediata solicitud para “cerrar el debate” provocó el retiro del bloque radical en pleno que no participó, entonces, de la Convención. Al momento de retirarse uno de los legisladores radicales expresó: “están rezando el responso del federalismo argentino”^[22]. De ese modo, la nueva Constitución fue aprobada, sin mediar ningún tipo de discusión y por unanimidad, por todos los constituyentes peronistas.

A pesar de la actitud inicial del radicalismo de abandonar la Convención Constituyente, posteriormente se integrará a las Cámaras y trabajará en ella sin mayores dificultades y contratiempos, apoyando incluso algunas iniciativas de la bancada oficialista. Así describió el rol de la oposición el senador Roberto Billinghurst:

[…] nosotros no colaboramos con el gobierno ni hacemos oposición sistemática, sino que cumplimos simplemente con nuestro deber de representantes del pueblo de la provincia y ajustando nuestra conducta política a disposiciones claras y públicas hechas por nuestro partido, no solamente en su plataforma de gobierno sino en sus estatutos partidarios en los que se dispone que si bien es cierto que el partido no debe formar pactos ni alianzas con ninguna otra agrupación política, no debe sin embargo restar su apoyo a todo proyecto de ley que contemple el interés público y que pueda resultar beneficioso para la provincia.^[23]

La actividad legislativa fue muy intensa, caracterizándose por el ritmo acelerado de la sanción de numerosos proyectos que dieron marco legal a las transformaciones político- institucionales que el peronismo imprimió en todo el país y que produjo una gran expansión del aparato estatal. Como parte de ese proceso, se sancionaron leyes que incidieron directamente sobre la actividad política provincial, como la ley N° 1511 de Partidos Políticos y la ley Electoral N° 1623.

El proyecto de ley de partidos políticos fue presentado por el PE a fines de 1949, y fue tratado sobre tablas. Eso motivó el rechazo inmediato por parte del bloque opositor que consideró que una ley de semejante envergadura necesitaba de un tiempo de estudio mayor. “Llama la atención […] que se haya elegido el último día de sesión […] para enviar a la consideración y sanción de la H. Legislatura, un proyecto de las proporciones, de la importancia del que se trata […]”, se quejaba el senador Desiderio Dante cuando iniciaba su argumentación en contra del tratamiento y de la sanción de dicha ley^[24]. En realidad, el proyecto que se presentó en la legislatura provincial era una copia casi textual de la ley nacional que se había aprobado recientemente y apuntaba a poner un veto legal a dos de las tácticas que generalmente empleaba la oposición: la abstención y la coalición electoral.^[25]

Los radicales reconocieron la importancia de sancionar una ley de partidos políticos en la provincia, pero consideraban que ésta debía incluir la elección directa de los candidatos, la periodicidad de los mandatos de las autoridades partidarias, la incompatibilidad y descentralización de las mismas y la obligación de los candidatos de todos los partidos de hacer un manifiesto de bienes antes y después de haber desempeñado un cargo público ante un registro oficial.^[26]

Esta rotunda y completa oposición del radicalismo a la ley de partidos políticos no se replicó en el debate de reforma de la ley electoral, presentada por un grupo de diputados peronistas en septiembre de 1951 y que también recibió un tratamiento sobre tablas^[27]. En este caso, la UCR adoptó actitudes diferentes en cada una de las Cámaras, mientras que sus diputados decidieron votar a favor de esa forma de tratamiento “por ser una ley fundamental para el ejercicio de la vida cívica de la provincia y la renovación de sus poderes”, sus pares senadores optaron por votar en contra, explicando que esa actitud respondía a una decisión adoptada por el sector radical en esa Cámara y no a una resolución partidaria. Esta diferencia de posición está mostrando, al mismo tiempo, que no existía unanimidad en el seno del radicalismo provincial.

En cuanto al contenido general de la ley, los radicales se mostraron a favor porque “[…] da a la mayoría la fuerza necesaria para gobernar y otorga a las minorías el derecho necesario para hacer escuchar su opinión en los recintos legislativos”^[28]. Ambos sectores compartían también la idea de que con ella se buscaba que las autoridades provinciales que surgieran de las elecciones, especialmente el PE, fueran el fiel reflejo de la voluntad de los ciudadanos, dejando atrás los años de conflicto permanente generados por la aplicación del sistema de elección indirecta del gobernador. Los artículos con los cuales los radicales disintieron fueron únicamente los que establecían la división en secciones electorales para las elecciones legislativas y el que otorgaba al PE provincial la facultad para elegir entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia a quienes constituirían la Junta Electoral que presidiría los comicios. En realidad, no resulta extraña la posición favorable del radicalismo con respecto a los rasgos generales de la ley porque muchas de las reformas que se introdujeron en ella recogían cuestiones sobre las cuales ya existía un amplio consenso entre las diferentes fuerzas políticas (la eliminación del Colegio Electoral, la redistribución de las secciones electorales, el sistema de lista incompleta y el voto femenino).

Tanto con la ley de partidos políticos como con la ley electoral se manifestó el propósito de que en la Argentina solo existieran dos fuerzas políticas fuertes, una mayoría gobernante y una minoría opositora, que ejerciera el papel de contralor. Estas disposiciones afectaron claramente el sistema de partidos provincial que se había caracterizado tradicionalmente por su pluralidad y que en estos años se redujo solo a tres en las competencias electorales y a dos en la representación legislativa. Había también detrás de esta reforma una clara estrategia política pues el permitir, al menos, un lugar acotado a la oposición dentro del sistema, se disminuían las probabilidades de la participación de ésta en actividades conspirativas.

Otro rasgo de la dinámica parlamentaria en este período fue el tratamiento sobre tablas de los proyectos, la mayoría de ellos presentados por el PE y avalados por los representantes peronistas de las diversas comisiones. En la mayoría de estos casos la UCR votó en contra o se abstuvo alegando falta de tiempo para interiorizarse acerca de su contenido. Los debates, casi siempre, fueron extensos y minuciosos, derivándose las discusiones hacia terrenos no específicamente relacionados con el tema en tratamiento. En general, los intercambios se desarrollaron en un tono cordial, aunque firme, rasgo que era destacado permanentemente por los representantes de los dos bloques.

Entre los proyectos más discutidos estuvieron la creación del Consejo Federal de Seguridad, la Ley Orgánica Municipal, la reestructuración de la Dirección de Asuntos Municipales, la creación de la Dirección de Cultura, la reestructuración de la Inspección General de Justicia, la creación del fuero laboral, el Código de procedimientos penal policial, las leyes de presupuesto y de nuevas tarifarias y las relativas al segundo plan quinquenal. Los legisladores radicales cuestionaron el carácter centralista de esos proyectos al permitir la intromisión de organismos nacionales en la administración provincial. Pensaban que afectaban la división de poderes pues se otorgaban cada vez mayores atribuciones al poder ejecutivo en desmedro del legislativo. Por otro lado, creían que con ellos se limitaba la autonomía provincial y municipal, y se abandonaba el federalismo al centralizar en el gobierno provincial o nacional funciones que les competían a los municipios o a los gobiernos provinciales. En otros casos, criticaron el mal manejo de los fondos públicos y la corrupción administrativa. Estaban convencidos de que con las diferentes leyes que fueron modificando el diseño institucional de la provincia se había afectado el sistema democrático de gobierno y las libertades individuales.

Con sólo algunas contadas excepciones, los radicales se opusieron sistemáticamente a todas las reformas político-administrativas plateadas por el oficialismo, argumentando que estas disposiciones delegaban en el PE funciones y atribuciones propias de la Legislatura, el concepto de centralismo absorbente aparece en forma reiterada como principal fundamento para la oposición del bloque radical a los proyectos oficialistas.

No hubo en este período proyectos originados en el bloque opositor, a excepción de algunos pedidos de informes al PE por las detenciones a dirigentes partidarios comunistas, autonomistas y radicales (1952 y 1955)^[29]; por las denuncias de torturas a las que fueron sometidos los detenidos luego del acto que se realizó con motivo de la visita del presidente a la ciudad de Corrientes en octubre de 1953; por los descuentos que se les realizaba a los salarios de la administración pública en favor del peronismo (1952); por el incumplimiento de la ley de empréstito y el retraso en la realización de obras públicas (1952); y por la intromisión del gobierno nacional en diferentes asuntos correspondientes a la política provincial. Ninguno de estos pedidos de informes fue aceptado por los legisladores peronistas.

Esta falta de iniciativa por parte del bloque radical era motivo de cuestionamientos por parte del peronismo. En el transcurso de un debate en el que se estaba discutiendo esa poca actividad, el senador radical Roberto Billinghurst señaló:

¿Qué estímulo pueden tener, señor presidente, los legisladores de la minoría en trabajar en la estructura de un cuerpo orgánico de leyes, […] cuando sabido es que su sanción ni siquiera depende del criterio propio de los legisladores de la mayoría sino que depende de la consulta previa que éstos deben hacer al Poder Ejecutivo?^[30]

En los debates, y como forma de oposición al partido gobernante, el radicalismo siempre intentaba resaltar sus cualidades de partido democrático, defensor del liberalismo, del federalismo y de la autonomía provincial. Asimismo, se consideraban defensores “del porvenir espiritual de la república” y “la expresión más genuina del alma argentina”^[31]. El radicalismo criticaba especialmente el estilo de gobierno del oficialismo marcado por el avasallamiento a las libertades individuales y por las persecuciones a los opositores:

Los hombres que militamos en la oposición estamos cansados de oír a obreros, maestros y empleados, en las conversaciones privadas cuando con toda clase de recomendaciones para que no trasciendan sus palabras, nos comunican sus temores y repudio al régimen en que viven, la forma en que se los trata, obligándolos a concurrir y a batir palmas como a un circo, a todas las fantochadas que realiza el oficialismo.^[32]

Sin embargo, cabe destacar que, ambos partidos (peronista y radical) se percibían como revolucionarios, y como los auténticos representantes de la clase obrera y defensores del intervencionismo estatal en la economía. En un debate en el que se discutía la expropiación de un terreno para donarlo a la Fundación Eva Perón con el fin de construir un hospital se puso de relieve esta cuestión, pues el radicalismo se opuso al proyecto por no estar de acuerdo con la organización de la Fundación y por la forma en que se pensaba hacer el trámite. En ese debate surge el intercambio acerca de los alcances revolucionarios de los programas de cada partido, mientras los peronistas consideraban que el suyo había superado a las plataformas revolucionarias de los radicales y hasta de los partidos de izquierda, los radicales respondieron:

hablando del radicalismo ha dicho el señor Monzón que tenía su programa de gobierno que ha sido revolucionario y que hoy ha sido superado por el peronismo. […] debo significar […] que el radicalismo es un partido tradicionalmente popular que ha representado y representa, con sus altibajos propio de todo partido, el sentir a veces de la mayoría y a veces de un vasto sector del pueblo de la república, que tiene su programa de gobierno, no en forma estática ni anquilosada, sino que se va renovando en forma paulatina y de acuerdo al devenir de los años, porque lógicamente, principios incorporados a su programa de los últimos años no pueden haber estado en los del año 95, 900 o primeros años de nuestro siglo.^[33]

En esta cita también se pone de manifiesto una transformación en la construcción identitaria del partido, pues pareciera haberse resignado a representar solo una parte de la sociedad y no ya a toda la nación, como había sido fundamentalmente la prédica yrigoyenista.

En otra oportunidad en que estaban discutiendo nuevamente el carácter revolucionario del radicalismo, un senador peronista expresó “si Yrigoyen viviera sería peronista”^[34] haciendo referencia a que los postulados originales del radicalismo habían sido retomados por el peronismo e incluso avanzado sobre ellos. Expresión que fue rechazada por sus pares radicales. Otro tema que apareció recurrentemente en la discusión fue el lugar de la religión católica. Los peronistas se sentían los verdaderos representantes del espíritu del catolicismo mientras que los radicales, a pesar de señalar permanentemente su respeto por dicha religión se manifestaban a favor de la existencia de un estado laico. Así lo mostraron en una oportunidad en que votaron en contra del otorgamiento de un subsidio para la construcción de una capilla y especialmente cuando se debatió la ley de educación provincial que estableció la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas.^[35]

Finalmente, una situación en la que se planteó una fuerte tensión en el seno de la legislatura fue como consecuencia del pedido de desafuero del diputado Eudoro Vargas Gómez en julio de 1950. Esto respondía a una práctica bastante generalizada por parte del gobierno, la persecución y encarcelamiento a dirigentes opositores. En Corrientes, fueron varios los referentes partidarios encarcelados –especialmente del partido demócrata- pero en este caso se trataba de un legislador provincial, lo que generó mayores controversias. El motivo del pedido de desafuero fue una denuncia por desacato por el contenido de un discurso que éste había pronunciado a principios de 1949 en la ciudad de Resistencia. El bloque oficialista pidió el tratamiento sobre tablas de esa cuestión que se hizo en una sesión secreta. Los bloques radicales de ambas cámaras dieron a conocer sendos comunicados de repudio sobre dicho procedimiento que consideraron violatorio de las normas parlamentarias y del derecho de defensa. Finalmente, y luego del juicio que se le llevó adelante a Vargas Gómez éste resultó sobreseído y retornó a la cámara en mayo de 1951.^[36] Cabe destacar aquí que este tipo de medidas, que tendían a poner límites a la oposición, no generaron en el seno de las cámaras correntinas mayores inconvenientes pues, a pesar del reclamo radical por este hecho, la actividad parlamentaria continuó normalmente y no se hizo referencia al asunto en ningún debate posterior.

En síntesis, consideramos que, en el transcurso de estos años, las diversas reformas institucionales e incluso las prácticas y estrategias políticas llevadas a cabo por el PE y el partido gobernante, se orientaron hacia la construcción de un sistema que lo legitimara al mismo tiempo que definía el espacio que le correspondía a la oposición dentro de los marcos institucionales. En ese contexto, el radicalismo ejerció lealmente la función de opositor^[37], puesto que al participar de las elecciones y luego ejercer su función activamente en las cámaras demostró su aceptación de las normas impuestas por el oficialismo, a pesar de que pueda percibirse en su discurso el propósito de ubicarse en el lugar de guardianes de las instituciones democráticas que consideraban usurpadas por el peronismo.^[38]

Polarización y oposición conspirativa. La participación del radicalismo en el golpe de 1955

1955 fue un año en el que las posiciones se radicalizaron, con el apoyo de la Iglesia Católica, que le dio un fuerte impulso a la oposición, los enfrentamientos y las persecuciones aumentaron en número. En Corrientes el hecho más importante se dio el 29 de mayo, día en el que se decidió oficiar una misa en la Iglesia Catedral presidida por el obispo con el supuesto propósito de desagraviar a la institución y sus fieles por las medidas adoptadas por el gobierno en contra de la Iglesia. Al término de la ceremonia, algunos concurrentes resolvieron realizar una manifestación callejera. La policía se opuso a su realización; hubo algunos forcejeos y finalmente no pudo llevarse a cabo. Varias personas fueron detenidas ese día y otras al día siguiente, en sus domicilios. Se trató de diecisiete importantes dirigentes políticos demócratas y radicales que participaron en la manifestación y del sacerdote que los acompañaba^[39]. Los dieciséis varones fueron alojados en la Jefatura de Policía y las dos mujeres en el Instituto del “Buen Pastor”; a todos se les aplicó veinticinco días de arresto insustituibles por multa. Las condiciones de detención, -según el periódico opositor- fueron muy duras recuperando su libertad recién un mes más tarde. Este suceso, que fue muy comentado en la prensa opositora y oficialista -ésta última desmintiendo los malos tratos denunciados y justificando la actitud policial- motivó un fuerte debate en las cámaras de la legislatura en la que los representantes del radicalismo solicitaron informes al Poder Ejecutivo por esas detenciones, pedido que no fue aceptado por los peronistas.^[40]

Luego de los trágicos hechos de junio de 1955 en Buenos Aires, hubo cientos de militantes detenidos en todo el país. En la provincia de Corrientes fueron encarcelados tres dirigentes radicales, los abogados Jorge Benchetrit Medina y Víctor Guerrero, que fueron detenidos en el ejercicio de su profesión cuando intentaron informarse de la situación de los presos políticos y Juan Carlos Lértora, a quien se detuvo luego de visitar al ex gobernador radical Blas Benjamín de la Vega^[41]. Este hecho generó un fuerte debate en las cámaras legislativas.

A posteriori, y en un intento por calmar el conflicto, Perón hizo un llamamiento a la pacificación nacional y planteó una cierta apertura con los partidos opositores, permitiéndoles utilizar –aunque de manera acotada- los medios de comunicación oficiales. El partido peronista de Corrientes publicó un documento político en el que señalaba “Queremos oposición, no obstrucción; queremos adversarios no enemigos”,^[42] en un llamado a apaciguar los ánimos y moderar el conflicto. Pero para ese entonces, las posiciones estaban demasiado radicalizadas y los dirigentes políticos opositores plantearon que la única solución posible era la renuncia del presidente, quien la rechazó de plano en un fuerte discurso que pronunció el 31 de agosto.

Si la persecución a los dirigentes políticos opositores había sido bastante común antes de junio de 1955, a partir de allí se intensificó. La Mañana, diariamente informaba sobre detenciones a dirigentes o simpatizantes políticos, pero paralelamente, se venía preparando un movimiento en contra del gobierno. Había tratativas entre grupos del ejército y diferentes sectores de la oposición, en Corrientes el partido demócrata es el que estuvo más especialmente involucrado en conspiraciones, aunque también hubo participación de sectores radicales, en particular en el levantamiento de Curuzú Cuatiá en septiembre de 1955.

En esta ciudad, de acuerdo con lo planificado, la revolución debía estallar el 16 de septiembre en forma paralela con Córdoba, bajo el mando de los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu, respectivamente. La noche del 15 de septiembre los conspiradores comenzaron a poner en pie de guerra a la tropa de todos los regimientos de Curuzú Cuatiá. Una importante cantidad de civiles acompañó el levantamiento y fueron destinados a tareas de patrullaje y conservación del orden, liderados por los radicales Enrique Jorge Arballo y José Rafael Cáceres Monié y el escribano Rogelio Niella que venía trabajando en la oposición desde 1952 y tenía importantes contactos políticos.^[43] A este grupo se le encargó, además, arrestar a los oficiales. Luego, tomaron la municipalidad, el banco, el correo y la estación de ferrocarril.

Desinteligencias en la organización y enfrentamientos entre los diferentes sectores y el posterior abandono de la mayoría del Ejército de la zona del bando revolucionario, hicieron que Aramburu decidiera rendirse y marcharse, por lo que la sublevación de Curuzú Cuatiá estuvo completamente vencida la noche del 16 de septiembre (Solís Carnicer, 2017).

En la ciudad de Corrientes los revolucionarios no tuvieron mejor suerte, ya que todos los preparativos que se habían planificado para apoyar el movimiento en esa ciudad, a través de los comandos civiles liderados mayoritariamente por demócratas, finalmente no se produjeron. Según Gabriel Feris, se debió a un error de cálculo en la coordinación de los distintos grupos. El General Esteban Font, a cargo del Ejército, descubrió la conspiración y la desbarató. Algunos de los oficiales complotados en esa oportunidad fueron detenidos, lo mismo que sus dirigentes políticos como los autonomistas Gabriel Feris, Pedro de la Fuente, Fernando Miranda Gallino, Pedro Estigarribia, el ex gobernador radical Blas Benjamín de la Vega y el comunista Shilma, quienes recuperaron la libertad una semana más tarde (Feris, 1992, pp. 131-132).

Algunas consideraciones finales

A partir de lo desarrollado a lo largo del capítulo estamos en condiciones de establecer algunos rasgos que adquirió la oposición política del radicalismo en la provincia de Corrientes entre 1948 y 1955.

En primer lugar, debemos señalar que más allá de la existencia de otros partidos políticos, la oposición estuvo representada principalmente por dos: el PDN y el radicalismo. El liberalismo –el otro partido importante de la oposición- al decidirse por la abstención electoral perdió el protagonismo que había tenido en otras épocas en la política correntina y su participación en el debate público fue de menor intensidad. Ahora bien, los espacios y formas de oposición del radicalismo y del PDN fueron diferentes. La UCR fue el único partido opositor que consiguió representación legislativa y eso le permitió ejercer ese rol en las cámaras de diputados y senadores de la provincia, un lugar privilegiado para llevar adelante esta función que permite la discusión y el debate de ideas.

En cuanto al papel desempeñado por el radicalismo en la Legislatura provincial, debe señalarse -en primer lugar- que el número de representantes de la oposición estaba muy por debajo del oficialismo. Esta situación ponía algunos límites a su acción en el seno de las cámaras puesto que no había manera de que pudieran reunir los votos necesarios para aprobar un proyecto propio. Además, tampoco estaban en condiciones de bloquear el funcionamiento de la Legislatura (una forma tradicional de ejercicio de la oposición), pues ni siquiera con la ausencia entera del bloque se alcanzaba a perder el quórum necesario para sesionar.

Sin embargo, hemos podido establecer que pese a la fuerte oposición inicial que se manifestó en la decisión de no participar de las sesiones de la Convención Constituyente y en el abierto rechazo a la ley de partidos políticos, la actitud radical se irá moderando paulatinamente. Más allá de algunos mecanismos de control parlamentario implementado por el peronismo (como el recurrente tratamiento de los proyectos sobre tablas, las mociones para cerrar el debate y el juicio por desacato contra un legislador), el radicalismo pudo ejercer su oposición en el seno de la Legislatura expresando sus posiciones y argumentos. Sin embargo, su trabajo parlamentario se redujo a la discusión de los proyectos presentados por el gobierno, apoyándolos en algunos casos y rechazándolos en muchos otros. No hubo iniciativas propias originadas en la oposición.

Por otra parte, cabe destacar que las diferencias internas entre las distintas líneas del partido, aunque aparecieron en alguna oportunidad en los debates (durante el tratamiento de la ley electoral, por ejemplo) no afectaron su actuación en las cámaras donde primó la obediencia a las resoluciones partidarias. La apropiación por parte del peronismo de algunas banderas tradicionalmente defendidas por el partido radical obligó a sus legisladores a buscar argumentos para diferenciarse del oficialismo apelando fundamentalmente al principismo, al respeto por las libertades individuales, el federalismo y la democracia. Al peronismo le cuestionaron fundamentalmente su desprecio por las instituciones liberales y el carácter centralista del partido y de su gobierno.

La llegada de un nuevo gobierno en 1952 trajo importantes cambios tanto al interior del peronismo provincial como en las relaciones que se establecieron entre el oficialismo y la oposición. La intensificación de los conflictos y la polarización de las posiciones plantearon nuevos desafíos y horizontes. Si bien el radicalismo provincial no se involucró institucionalmente en prácticas conspirativas –como sí sucedió con el partido demócrata- hubo sectores que lo hicieron, especialmente en el levantamiento que se dio en Curuzú Cuatiá en septiembre de 1955.

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