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Entre la modernización y el compromiso

La regularización de la tenencia del suelo en la provincia del Chaco (1976-1981)

Adrián Alejandro Almirón

 Introducción

Mario Lattuada afirmó que la historia política y económica de nuestro país se encuentra atravesada por el acceso, dominio y el uso del suelo. Consideramos que su afirmación es precisa, permitiendo además analizar las características socio-culturales del territorio a partir de sus habitantes. Las vivencias de éstos le otorgan diversos significados lo que se evidencia en las consideraciones sobre la tenencia de la tierra. Por este motivo, la cuestión de la tierra es un tema que atraviesa distintos intereses y posibilita estudios y análisis sobre el pasado nacional, regional y local en donde se demuestran diversos actores y sujetos. Un actor fundamental es el propio Estado. Este puede comprenderse desde diferentes perspectivas y análisis, consideramos que la reconstrucción institucional y las trayectorias individuales de quienes diagraman y diseñan la política pública, nos permiten destacar y potenciar las planificaciones y las prácticas estatales. Por otro lado, los sujetos rurales, son interlocutores del Estado, beneficiados o afectados por las políticas públicas. Historiar el desarrollo de sus estrategias y resistencias nos permite comprender los cambios en el territorio.[1]De esta forma, al tratar sobre la política de tierra, abordamos el diseño, su aplicación, las representaciones y discursos sobre el territorio.[2]

La cuestión de la tierra en Chaco, fue muy relevante en la década del sesenta y setenta, los sujetos agrarios se encontraban frente un telón invisible que dividía lo viejo y lo nuevo. Por un lado, un ciclo algodonero que se había gestado durante la etapa territoriana (1872-1951), caracterizado por la agricultura familiar con explotaciones entre 25 y 100 hectáreas en su gran mayoría, caracterizando el monocultivo algodonero. Desde la década del sesenta, los planes del gobierno provincial promovieron la diversificación productiva, esto partió de diagnósticos realizados por expertos de diferentes instituciones en donde encontraban la necesidad de modificar la tenencia y los cultivos, se iniciaba un modelo agrícola basado en una alta tecnificación, siendo un modelo excluyente que afectaría a miles de familias minifundistas y tenía por requisito la legalización de la tenencia del suelo.

En cuanto a la cuestión legal de la tierra, en el Chaco durante los años del territorio, familias enteras se ubicaban en tierras fiscales, sin tener el permiso ni contrato establecido con el gobierno, estos eran conocidos como los intrusos de la tierra fiscal. Muchos de estos productores llevaban años en esta condición legal. Durante la etapa provincial, desde 1951 se aceleraron los procesos de regularización de la tenencia legal, aunque la misma por motivos de organización institucional no lograron solucionar esta problemática. Fue en 1972 con la creación del Instituto de Colonización cuando la regularización de la tenencia legal, tuvo una aceleración importante en comparación con los primeros años de la provincia. Para lograr normalizar la situación de la tenencia del suelo, se llevaron adelante inspecciones en colonias, otorgando a partir de estas visitas, las respectivas concesiones del suelo ocupado.

Con el inicio del Proceso de Reorganización Nacional (PRN) en 1976, esta cuestión fue considerada como un asunto primordial que no debía demorarse. Esta preocupación manifiesta por regularizar la tierra, se relaciona con la política de modernización agraria planificada por instituciones técnicas como el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) e instituciones técnicas de la provincia, todas coincidían en desarrollar y promover la aplicación de los adelantos y mejoras aplicados con la Revolución Verde, mejorar la producción agropecuaria a través de nuevas semillas, uso de mejores herbicidas, la completa mecanización y otros avances relacionados con esta área. La modernización agraria estuvo enfocada en erradicar el monocultivo algodonero, fomentando la diversificación productiva y la reconfiguración de los perfiles productivos. Las medidas desarrolladas y planificadas para la región buscaban consolidar una agricultura empresarial que pudiera competir en distintos mercados. De esta forma la modernización agraria, necesitó previamente la transformación del territorio, desde sus actores y sujetos agrarios hasta la ordenación en cuanto a la utilización de los recursos naturales: el agua, el bosque y la tierra.

Los estudios agrarios han puesto el foco de análisis en los cambios ocurridos a través de las medidas generadas desde el Ministerio de Economía con la comercialización y la relación de las instituciones estatales con el campo (Girbal Blacha, 1998; Lattuada 2021; Muzlera 2013). Otros aportes más enfocados y preocupados en describir el día a día de los chacareros han desarrollado estudios de larga duración sobre cómo se han modificado sus prácticas en cada una de las regiones del país. Para la provincia del Chaco la política agraria y de tierras ha sido tratada por diversas investigaciones, en las que se analizan las medidas oficiales destacando el rol del Estado en las transformaciones agrarias y sus efectos en las familias productoras (Rofman, Manzanal y Quintar, 1987; Nadal, 1987). Otras investigaciones analizan y exponen las relaciones entre las corporaciones agrarias (Girbal Blacha, 2020; Bageneta, 2015; Schaller y Almirón, 2021; Roze, 2007; Moglia, 2016). Estos enfoques permiten reconstruir la práctica del Estado, las relaciones y tensiones producidas durante estos años.

Teniendo en cuenta estos aportes, el siguiente capítulo reconstruye la práctica estatal a través del ordenamiento territorial que llevó adelante el gobierno de facto, mediante sus instituciones nacionales y provinciales. De esta forma, analizaremos previamente las representaciones que tenía el gobierno nacional en torno la política de expansión y de tierras, para en una segunda parte analizar cómo fue llevada adelante la política de regularización y control sobre el suelo a partir de dos instituciones, por un lado, el Consejo Agrario Nacional hasta 1980 y, por el otro, el Instituto de Colonización con la denominada Campaña del Centro. Las acciones de ambas instituciones nos permitirán reflexionar sobre las modificaciones en la tenencia del suelo que se aceleró durante estos años. Comprendemos que analizar los objetivos y los diagnósticos desarrollados por el gobierno permitirá reconstruir las transformaciones en cuanto a la tenencia legal del suelo durante estos años.

La expansión de la frontera, una renovada conquista territorial y simbólica

La cuestión agraria para el gobierno de facto a nivel nacional desde el 24 de marzo de 1976 sufrió un reajuste de orientación en torno a los propósitos y políticas a desarrollar. En los sistemas autoritarios las decisiones de las políticas agrarias no cuentan con negociaciones o acuerdos con sectores sociales, sino simplemente de los tecnócratas y funcionarios de confianza. En cuanto a las medidas económicas se produjo la liberalización de los mercados y la apertura económica al exterior, con ello se buscaba lograr una estabilización interna, a partir de la baja del salario real, de restricciones en la oferta monetaria y en las importaciones y con la apertura externa al sector agropecuario exportador y a las ramas industriales con capacidad para insertarse en mercados de mayor tamaño (Barsky y Gelman, 2009: 429). El proyecto de acción llevado adelante por Martínez de Hoz posibilitó que un sector capitalista del agro pudiera aumentar su renta y capacidad de concentración de capital. A esto debe señalarse que desde el Estado se promovía la tecnificación para las labores agropecuarias[3]. Las metas que se trazaron desde el Ministerio para todo el país eran: aumento de áreas explotadas e incorporación de nuevas áreas al proceso productivo, mayor rendimiento, la modernización tecnológica, rentabilidad de la explotación agropecuaria, colonización de tierras fiscales y eliminación de los minifundios.[4]

Estas medidas aplicadas forman parte de un liberalismo conservador[5] el cual era reflejo de una “nueva generación del 80”, un heterogéneo grupo civil en donde liberales y conservadores se vincularon en reuniones previas al golpe en las que desde las sombras diseñaron las políticas a desarrollar, fueron colaboradores de las fuerzas armadas al momento de la toma de poder, siendo el brazo técnico-profesional que se ubicó en las distintas áreas del Estado. Sus miembros coincidían en llevar adelante la tarea de la refundación de la república (Canelo 2016; Morresi y Vicente 2020)

El secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación, Mario Cadenas Madariaga[6] analizaba que para lograr la expansión de la frontera agropecuaria se debía llevar adelante la Segunda Conquista del Desierto, en donde cada provincia en conjunto con la nación debía coordinar programas de colonización y el reordenamiento de la tierra fiscal. La concepción de refundación circulaba como una idea fuerza que trazaba a las diferentes políticas aplicadas por los civiles, en este caso Cadenas Madariaga mencionaba

Los pueblos se motivan, en uno u otro sentido, detrás de ideas generales que son ideas-fuerzas. Creo que este atractivo tiene el de la conquista del desierto, o de la extensión de la frontera agropecuaria…En primer término, porque es un desafío de lucha, y yo creo que aquí, en la Argentina, hay muchas energías no gastadas naturalmente en obras pacíficas, pero puestas en el sentido del esfuerzo, pero un esfuerzo áspero […] vamos a establecer colonias estables, pero es tanto lo que hay que hacer que descuento que los recursos van a ser insuficientes. Pero por eso la obra del hombre es fundamental. Y es por eso que necesito una voluntad imaginativa puesta en este trabajo (…) por ahora donde están las tierras fiscales con mayores virtudes: en el Chaco, en Formosa y en Misiones, en Salta y en otras provincias como Neuquén y la Pampa. [7]

El acuerdo de estas provincias en llevar adelante programas de colonización se concretó en la firma en junio del acuerdo de Santa Rosa, este concretaba metas que implicaba la ocupación y distribución de la tierra fiscal (Borrini y Schaller 1981). A estos trabajos sobre la frontera debemos señalar la conformación de medidas que apuntaban a reorganizar la tenencia de la tierra. En la provincia de La Pampa la expansión al oeste con el Plan de Desarrollo de Ganadería, tuvo una propaganda en la sociedad (Martocci, 2020) siendo uno de los grandes desarrollos productivos de la región central durante estos años. La publicidad era parte del accionar del gobierno nacional y provincial para construir la imagen de su tarea de refundación.

En cada provincia, la intervención realizada por el gobierno nacional llevó a los gobiernos a militares retirados, en su mayoría formaban parte de las fuerzas armadas, estos eran quienes aplicaron la política de seguridad y represión, ejecutando las órdenes y objetivos propuestos por el Proceso, eran los señores de la guerra (Canelo 2013). En el caso de Chaco, el gobernador de facto fue el Gral. de Brigada (Re) Antonio Facundo Serrano, este se mostrará identificado con los objetivos del presidente de Facto. La burocracia del Estado de facto, estaba integrado por civiles, en su gran mayoría formaban parte del núcleo que acompaño y propició el golpe, pero también se encontraba compuesto por militares retirados, que mostraban y tenían alguna especialidad en las distintas direcciones o instituciones, estas eran áreas estratégicas y sensibles para la política de seguridad una de ellas fue las áreas que actuaban y diseñaba acciones para fomentar la colonización y la vigilancia en las fronteras.

En la provincia del Chaco, estas medidas se evidenciaron en cuatro políticas: 1. La conquista del Oeste (La campaña hacia el Impenetrable Chaqueño), 2. La regularización de tierras del Centro chaqueño, 3. Los Bajos Submeridionales y 4. El programa de distribución del agua “Norchaco”. Cada una de estas medidas se llevaron de forma paralela por distintas instituciones estatales (provincial-nacionales). El discurso del gobierno de Serrano planteaba y apelaba a retornar a la unidad del pueblo, el esfuerzo individual, al cristianismo, a una identidad chaqueña y hacía hincapié en los pobladores inmigrantes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Todas estas ideas se expresan en la frase la Segunda Colonización[8]y Chaco puede. La expansión de las áreas fiscales fue llevada adelante por dos instituciones, dirigidos por militares y establecerán estrategias para ordenar, y proponer nuevas formas de colonización en la provincia, en este caso la acción diseñadas desde el Consejo Agrario Nacional (CAN) y el Instituto de Colonización(IC), serán relevantes para analizar los cambios y las transformaciones.

La colonización desde el Consejo Agrario Nacional

Esta institución nacional creada en 1940, llevó adelante estudios y programas para colonizar el país. Desde el momento de su creación hasta la década del setenta tuvo diferentes marchas y contramarchas en cuanto a las políticas desarrolladas, a lo presupuestario y a las demandas de los sectores agrícolas por el diseño de planificación en la cuestión de la tierra. En 1976 al iniciarse el Proceso, el CAN fue intervenida, desde agosto de ese año fue dirigida por el General de Brigada (RE) Humberto Juan Pizzi.[9]

La acción de este se tradujo en una investigación del personal del CAN y de las acciones realizadas durante el tercer peronismo, el objetivo fue evidenciar e identificar hechos de corrupción. Como segunda acción se destacó continuar con las tareas de colonizar y ocupar tierras fiscales.[10] La ocupación del territorio respondía a dos objetivos, por un lado, la cuestión productiva de explotación y trabajo en el territorio desde un enfoque rentable, insertando tecnología y cultivos para la exportación, y lograr la ampliación de la frontera agrícola. En esta línea se organizaron y llevaron adelante las primeras Jornadas de Colonización en la provincia de Santa Fe en 1979, con distintos representantes de las provincias y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), los temas de análisis fueron enajenación de la tierra pública, colonización privada, aplicación del artículo n° 2326 del código civil[11] y corrección de minifundios. Estos temas eran relevantes dado los objetivos de aplicar una política de modernización agraria, para ello, la disposición de nuevas áreas. Asimismo Pizzi promovía un nuevo proyecto de colonización desde el CAN, en donde todo inmueble cuyas características aconsejen que formen parte del Estado, puedan ser fraccionadas y puesta en producción, teniendo en cuenta la seguridad nacional, el desarrollo socio-económico y cultural.[12] Con este intento, la idea del director fue lograr acomodarse a las políticas de ordenamiento y modernización de la producción agraria.

El segundo objetivo fue geopolítico, la creación de asentamientos y controlar el territorio, las zonas de frontera y las áreas que se encontraban sin ocupar, como el oeste de Formosa y Chaco, ambas provincias se encontraban entre las preocupaciones por parte del director para fomentar la colonización.

El CAN mantuvo su esquema de trabajo en donde continuó firmando convenios con la provincia para llevar adelante tareas como: reordenamiento parcelario, desmontes, estudios de suelo, construcción de caminos y obras programadas para las colonias bajo la competencia del consejo, estos acuerdos se coordinaban con la Secretaría de Estado y Asuntos Agropecuarios de la provincia. En Chaco había cuatro colonias que totalizaron 84.000 ha con 600 lotes, estas tierras fueron compradas a particulares y de manera progresiva fueron realizándose trabajos de subdivisión y entrega del suelo a los interesados. Las colonias eran: El Bermejo, El Cacique, El Ñandubay y Mesón de Fierro.

Un caso significativo que era evaluado por el CAN fue la colonia Ñandubay, esta se encontraba a 10 km de la localidad de Santa Sylvina, fue creada en 1954, tenía 38.508 ha y estaba compuesta de 307 lotes con una población estimada de 1800 personas, se dedicaban a la producción agrícola, destacándose los cultivos de algodón, sorgo y girasol. En cuanto al estado legal del suelo de la colonia, se destaca que se encontraba un poco más del 50 % ocupada por pequeños productores algodoneros, ubicados en lotes de subsistencia. El informe sobre la situación del campo señalaba lo siguiente:

No se ha podido encontrar una explicación clara para la subdivisión adoptada. Allí, el tamaño variado de los lotes no guarda relación con la topografía o con la proporción de monte que contienen. Se da el caso de que los lotes de menor tamaño se encuentran ubicados en las áreas de acumulación de las aguas y poseen un alto grado de cobertura vegetal. Esto conspira, evidentemente, contra una evolución estable de dichas explotaciones[13]

Estas familias fueron ocupando progresivamente las tierras consideradas libres, sin permiso previo de la oficina del CAN, esto llevó a la fragmentación de la superficie, lo cual origina para el Estado Nacional un inconveniente dado que debía buscar nuevas áreas para asentar a estas familias antes de pedir y proceder con el desalojo. Una de las propuestas generadas desde la institución fue radicarlos en una zona próxima en una nueva colonia en campo de Bajo Hondo.[14]

Hacia 1980, el gobierno nacional deroga la Ley de Colonización que creó el Consejo Agrario. Los motivos parten por un lado del acelerado proceso de titularización de la tierra que se dio en todo el país, a esto sumado a la crisis económica a nivel nacional, llevó a realizar el cierre de la institución, disolviéndose[15]. Hubo tensiones y reclamos por parte de la Federación Agraria a partir de las relaciones establecidas con el gobierno y el éxito logrado en colonias de la región pampeana (León y Rossi, 2006).

Por su parte, la provincia del Chaco, había iniciado un programa de regularización de la tenencia de la tierra en donde el IC tendrá un especial protagonismo.

El Instituto de Colonización y las inspecciones de la tierra pública

Producido el golpe en marzo de 1976, el Instituto también se vio afectado e intervenido, el gobernador Serrano, propuso como su interventor al Teniente (Re) Guillermo Jorge Berry este se encargó de llevar adelante la investigación y diseñar la política de colonización y reordenamiento de la tierra fiscal. Desde el organismo se programaron las acciones para el avance de la frontera agrícola y regularización de la tenencia del suelo. Por un lado, la campaña hacia el Oeste, este comenzó a aplicarse desde la declaración de Santa Rosa en junio de 1976, con la creación de la “Comisión de Expansión de Fronteras Agropecuarias”, las cuales establecen como objetivos lograr ocupar y reorientar las nuevas áreas, se propuso el objetivo de colonizar 4 millones de hectáreas, ubicados en los departamentos de General Güemes y Almirante Brown. La campaña iniciaba oficialmente el 9 de agosto de 1976. En vinculación a esta tarea de colonización el gobierno creó el Escuadrón de Monte en 1977, este era una policía especializada el cual tenía el objetivo de controlar, registrar y vigilar el territorio, una reseña oficial destacaba la fundamentación de su creación:

Su establecimiento responde a dos necesidades de distinto origen; pero igualdad de necesidades. En primer lugar, las inmensas extensiones de nuestro monte chaqueño, más de una tercera parte del territorio provincial, no contaba con ninguna manifestación de soberanía ni de poder nacional; en los aciagos días en que la subversión era casi dueña de extensas regiones, nuestro “Impenetrable” constituía una zona alternativa para el accionar de los delincuentes internacionales con los consabidos riesgos y peligros. Por esto, se hacía necesaria la creación de una fuerza que erradicara el peligro ya instalado y que se estableciera con firmeza y decisión […] Más allá de un proyecto de aprovechamiento pleno de nuestra capacidad productiva y de ocupación activa de nuestro espacio, la Campaña del Oeste constituye un acto de soberanía política. Y el apoyo de los hombres que paulatinamente están fecundando esas tierras también se encuentra en manos del Escuadrón de Monte[16]

De esta forma, la colonización del Impenetrable era una cuestión de Estado, desde una perspectiva productiva y desde la seguridad del territorio. Pero esta zona no era la única que debía controlarse y regularizarse. También se encontraba el centro de la provincia será escenario de una política de ordenamiento, el gobernador identificaba la regularización de la tenencia del suelo como uno de los problemas dado que era y ocasiona la improductividad económica y la diversificación de los cultivos.

Pero ¿cuántas familias eran las que se encontraban en esta situación?, de acuerdo a una publicación de 1978 señalaba que eran 5 mil familias, las cuales ocupaban un total de 1 millón de hectáreas, distribuida en distintas colonias agrícolas ubicadas en el centro de la provincia. La justificación y la relevancia de estas tareas para el gobierno era presentada a través de preguntas: ¿para qué introducir mejoras en un campo cuya ocupación no era legítima? ¿Cómo mejorar las técnicas de explotación si el futuro es incierto? El diagnóstico de sus técnicos, destacaba que regularizar la tenencia, facilita que un sector importante de productores pudiera mejorar las condiciones de producción, realizar un salto cualitativo en cuanto a la calidad de vida que podría alcanzar desde la seguridad legal y cuantitativo en cuanto a la producción diversificada que podrían llevar adelante a partir de disponer la tierra que trabajaba. En los medios locales se expresaban posiciones y reflexiones que devienen de las posturas que el gobierno transmitía para la sociedad sobre la cuestión del suelo teniendo en cuenta la conformación de minifundios y la falta de regularización de la tierra

En nuestro medio la inmensa mayoría puede ser catalogada como pequeños y medianos productores. Pero como es natural todos están sometidos al proceso generacional y muy pronto tienen hijos y nietos; y la chacra que para el productor originario tenía las hectáreas suficientes, es necesario dividir y subdividir para cumplir con los herederos-juicio sucesorio-dando lugar a la formación de parcelas que no alcanzan para producir lo que es necesario a la economía familiar […] Están las tierras fiscales. Parte de ellas se han distribuido” Que sea para los chacareros y no para los diputados”, decía un joven agricultor de Sáenz Peña. Lo que sucede es que en estas tierras no entra solamente la especulación económica, sino la política.

Esta problemática sucinta, analizada sin tecnicismo, indica claramente que necesitamos un ordenamiento integral de tierras productivas, una nueva estructura agraria[17]

El proceso de ordenamiento de la tierra fue llevado exclusivamente por el IC, en lo que se denominó como Plan Campaña del Centro. Legalizar las ocupaciones de hecho a través de concesiones, posibilitar el acceso a las tierras a productores sin tierra a través de contratos de arrendamiento y a los hijos de los productores brindarles la posibilidad de ampliar la superficie de explotación y resolver conflictos por la tenencia del suelo, fueron los objetivos. Uno de los casos que demandaba el trabajo en el terreno fue el caso de Colonias Unidas, con nuevos registros para lograr el conocimiento de quienes eran los colonos y la situación en la cual se encontraba cada uno, dadas las denuncias en torno a conflictos entre pobladores por la demarcación de cada lote[18], estas inspecciones tienen como objetivo solucionar estos conflictos realizando un estudio pormenorizado de cada caso para lograr una decisión sobre el mismo. Los inspectores se convertían en agentes claves de la organización y regularización de los conflictos. Las comisiones trabajaban en distintos puntos de la provincia concentrándose principalmente en la zona agrícola, pero esto no implicaba que no se llevaran adelante inspecciones y mensuras en colonias mixtas o pastoriles[19] en donde se evidenciaban inconvenientes con productores algodoneros que no querían trasladarse a otras zonas dado que se encontraban en colonias pastoriles.

El instrumento legal con el cual desarrollaron las tareas de regularización de la tierra fue la ley N° 2107. Los productores que se encontraban como ocupantes “intrusos”, con más de tres años en el lugar, se les otorgaba la posibilidad de poder obtener legalmente la ocupación, siempre que pudieran demostrar ser aptos económicamente para llevar adelante una producción, aunque de acuerdo a la norma, existía la posibilidad de tener en cuenta excepciones de acuerdo a cada productor si los mismos no alcanzaban a cumplir los requisitos mínimos de una empresa agropecuaria, quedando librado a las observaciones del inspector, que podía sugerir su tenencia o expulsión del campo.[20]

Para avanzar en esta tarea se trasladó personal de servicio de la sede central a las oficinas del interior, junto con los ingenieros agrónomos y técnicos contratados temporalmente que llegaban a visitar a los distintos productores. Las inspecciones eran de dos tipos: técnicas y agronómicas.

Cuadro N° 1: Inspecciones técnicas y agroeconómicas en Chaco
(en hectáreas)

Años

Inspecciones técnicas

Inspecciones agroeconómicas

1976

146.65480.031

1977

45.63272.693

1978

34.255138.276

1979

25.33276.923

1980

463.32494.999

Total

715.197462.922

Fuente: Provincia Del Chaco. Memoria de la acción de gobierno, 1976-1980, tomo II, Resistencia, 1981.

Las primeras se concentraban en identificar la situación legal de los ocupantes en cada lote, destacando además lo producido en cada área. Estas inspecciones técnicas logran conocer efectivamente quienes vivían en el territorio, y aplicar recomendaciones en torno a incentivar en los productores y racionalizar la explotación agropecuaria, en la rotación de cultivos, en la tecnificación del campo a partir de la compra de maquinaria rural. Mientras que las inspecciones agroeconómicas, se especializan en llevar adelante un estudio minucioso sobre las condiciones del territorio, junto con recomendaciones sobre el tipo de producción agropecuaria que podría llevarse adelante.

En este proceso de regularización y trasferencia la ley 2395 de 1979 introdujo la novedad de otorgar a los expertos la potestad de definir en el terreno la tenencia legal de los ocupantes. Podía decidir el otorgamiento de la tierra en venta o en arrendamiento evitando pasar a la instancia burocrática del departamento legal que hasta este entonces definía la entrega de tales títulos.

Es decir, por medio de este régimen de excepción se pueden incorporar al ámbito privado tierras fiscales en forma ágil, instrumentando la venta o arrendamiento a sus ocupantes o ampliando lotes de productores vecinos o linderos de sus titulares o a sus hijos, cuando la ubicación o calidad de la tierra, como también sus dimensiones lo hagan aconsejable, computando especialmente la calidad o aptitudes de la persona beneficiaria de la regulación[21]

Estas condiciones y calidad o aptitudes eran las que eran analizadas por los inspectores definiendo la continuidad y la permanencia en el terreno. El “compromiso” de los ocupantes con los técnicos en poder lograr una mejora en la producción se traducía en las observaciones realizadas por estos a la hora de otorgar la concesión o venta del terreno. Con estos trabajos, se consideraba que iba a lograr consolidar una nueva clase media agraria, “inédita en el país” de acuerdo al gobierno, esta se caracterizaría por tener un manejo directo de la explotación y su administración, con cultivos intensos que puedan tener una alta rentabilidad.

La explotación de la tierra en el centro Chaqueño bajo el amparo ofrecido por la normalización de su tenencia, es un cambio de forma que ha modificado el fondo; porque es la situación legal del hombre ante el Estado, la sociedad y su familia la que se ha modificado.

Y la nueva situación, en la que se siente respetado y amparado, el hombre y su familia florecerán en plenitud, aportando una creatividad y una capacidad productiva realmente revolucionaria.

La creación de una nueva clase media agraria en el centro chaqueño será uno de los aportes más significativos al desarrollo socio-económico del Chaco[22]

Otra operación fundamental que permite comprender la reconstrucción de este proceso fue el trabajo de mensura que se llevó adelante en estos espacios. La realización de esta práctica posibilita cerrar legalmente el circuito administrativo. Dado el volumen de trabajo que demandaba este tipo de actividad en el centro del Chaco, se acudió al personal de planta y también se contrató a agrimensores particulares, los cuales eran distribuidos con tareas específicas en cada colonia para acelerar el proceso de mensura.

Se está trabajando en la detención de lotes libres, es decir, que se encuentren baldíos, o en las subdivisiones que permitirán la ubicación de parcelas para el llamado público, por el que se establecerá el orden por el que se realizará la adjudicación en venta o en arrendamiento a aquellos productores que logren mayor puntaje. De esta forma, en los próximos meses y durante el transcursos del año se realizará tantos concursos como sean necesarios para lograr que todos aquellos productos o hijos de estos que no tengan tierra, puedan tener acceso a los predios fiscales [23]

El registro y el avance de la campaña del Centro entre los años 1976 y 1980 es considerable, el proceso de titulación del suelo fue acelerado.

Cuadro N° 2: Campaña del Centro

Años

Ventas

Arrendamiento

Escriturados

CantidadHectáreasCantidadHectáreasCantidadHectáreas

1976

1871309.06130635.06631060.515

1977

1899329.52723473.09333149.330

1978

903

361.60926733.199625107.890

1979

808184.11916024.96253987.790

1980

37272.123658.58429957.975

Total

589313735101032176.1822104363.402

Fuentes: Instituto de Colonización, Sección Estadística. Departamento legal, 10 de marzo de 1981.

La aceleración que se vio durante estos años fue en términos comparativos excepcional, logrando consolidar a sectores medios de la producción agrícola con unidades productivas que iban desde los 200 ha en adelante. Estos fueron quienes se vieron beneficiados en la ampliación de la tierra, créditos y posibilidad de acceso a maquinaria agrícola, mientras que los productores algodoneros que disponían de una superficie menor a 100 ha se encontraban ciertamente limitados a las posibilidades de diversificarse, más bien continuaron con el cultivo del algodón. Muchos durante esta etapa deciden alquilar sus campos e ir a prestarse a buscar trabajo en campos grandes como mano de obra calificada para el manejo de maquinaria[24]. La nueva tenencia de la tierra será caracterizada por concentrarse en un alto número de propietarios y productores que habían obtenido concesiones (Nadal, 1987: 65).

La regularización de la tenencia del suelo permitió una nueva concentración de la tierra, una nueva clase propietaria, esa nueva clase media agraria, la cual tuvo la posibilidad de la implementación de cultivos de tipo pampeanos dada la nueva superficie que lograba diversificarse. Estos cambios no pudieron haberse desarrollado sin el cambio en el proceso de la concentración de la tierra que se logró a partir de estos trabajos de inspecciones.

En cuanto a la tierra que restaba por regularizar se estimaba que la misma era de 566.350 ha que eran de lenta resolución dado que las mismas se encontraban en situaciones litigiosas entre sus ocupantes[25] o sus pobladores eran de escasa solvencia económica como para diagramar el funcionamiento de unidades económicas rentables.

Al finalizar el gobierno de Serrano se había resuelto la cuestión legal de la tierra y llevado adelante un cambio en torno a la gestión del suelo. El costo social de estos cambios se traducirá en la migración del campo a la ciudad y el aumento de desempleo de familias que no lograron adaptarse o tenían escasa posibilidad de poder disponer de los recursos para el nuevo orden productivo. La modernización del agro excluyente había llegado al Chaco.

Consideraciones finales

Durante los años setenta en la región se dieron diversas políticas de expansión de la frontera y colonización agraria, las cuales se insertaron dentro de las políticas de modernización agraria. Las medidas aplicadas durante los gobiernos buscaban lograr la mecanización y la diversificación productiva en todo el país. Para el caso de Chaco para que estas medidas tuvieran el deseado efecto en la producción debía previamente lograrse la regularización de la tenencia legal del suelo y la modificación del tamaño de las parcelas

De esta forma la política de tierras durante estos años se caracteriza por una transferencia masiva de terrenos al dominio privado. Esto se evidencia en los planes de colonización que se llevan adelante en los espacios considerados fiscales, y por otro lado en las medidas tendientes a la regularización de la tenencia con un plan de ordenamiento territorial denominado la Campaña del Centro. A esto debemos relacionar los trabajos desarrollados por el Consejo Agrario Nacional el cual continuó realizando trabajos de colonización en los campos comprados a particulares. En tal sentido, el rol de los técnicos a la hora de realizar el proceso de regularización de la tierra como acompañar a los productores en estas colonias fue central. Los cambios en el territorio, se realizaron a través de la regularización de la tenencia del suelo, paso indispensable para dinamizar el mercado de tierras que hasta ese momento se encontraba con límites por la falta de regularización.

De esta forma, la modernización y la expansión de la frontera agrícola para el Chaco implicó regularizar el suelo fiscal en los principales departamentos agrícolas, a través de inspecciones que fueron realizadas en las colonias, asimismo acompañado a estas tareas se realizaron mensuras en los terrenos que no habían sido medidos. Como resultados de estos trabajos, podemos evidenciar las transformaciones en cuanto a la reestructuración de la propiedad de la tierra, que serán motivo de conflicto y tensión durante los primeros años de la democracia.

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  1. En el Nordeste en la década del setenta se organizan y toman fuerza las Ligas Agrarias integrada por pequeños productores, se extendieron en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre Ríos. Existe un nutrido conjunto de aportes que dialogan y reconstruyen las memorias de los liguistas, para el caso chaqueño nos parece relevante destacar los aportes de Ferrara Francisco, Galaffassi Guido, Roze Jorge y Calvo Claudia. Asimismo, destacamos el aporte documental realizado en la década del noventa por Czombos Marcel y González Martín con el trabajo “El campo de Pie”.
  2. Comprendemos por territorio, un espacio en donde se circunscribe y se construye un proceso histórico de relaciones y tensiones entre distintos actores, en donde operan un conjunto de normativas y construcciones simbólicas (nombres, memorias, relatos, historias) junto con la territorialidad que ejercen y llevan adelante los sujetos. Ver Barriera, Dario, 2012; Benedetti Alejandro, 2011.
  3. Ministerio de Economía. Información económica de la Argentina, N° 62, Julio 1976, Buenos Aires, p. 7.
  4. Ibid, p. 9.
  5. Las características de este tipo de liberalismo conservador de acuerdo a Morresi se caracterizó por ser: anticomunista, anti peronista, anti desarrollista; propulsor del libre mercado; contrario a la democracia, abierto al pluralismo político; reivindica tradiciones políticas, morales y culturales. Morresi, 2010.
  6. Mercedes(Corriente), 1930. Abogado. Dirigente agropecuario, miembro de la Sociedad Rural de la provincia, integró entidades nacionales agrarias. Formó parte del grupo colaboracionista al golpe, fue secretario de Agricultura entre 1976 y 1979. En 2013 escribió el libro Argentina, la Gran Transformación Necesaria, en donde hace un repaso parcial sobre su acción en la secretaría.
  7. Crisol, 16 de junio de 1976, Resistencia, p. 10.
  8. Revista Redacción N° 82, 1979, Buenos Aires, p. 4.
  9. Formó parte del Ejército, entre 1967 y 1968 fue jefe de la Comisión del Arma de Caballería. En 1972 se retira con el grado de General.
  10. Campo Moderno y Chacra. Diciembre de 1976. Año XLV, N° 553. Buenos Aires, pp. 103-104.
  11. Este artículo sostiene: “Son cosas divisibles, aquellas que sin ser destruidas enteramente pueden ser divididas en porciones reales, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a las otras partes como a la misma cosa. No podrán dividirse las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentar, en materia de inmuebles, la superficie mínima de la unidad económica”.
  12. Campo Moderno y Chacra. Diciembre de 1976. Año XLV, N° 553. Buenos Aires, pp. 103-104.
  13. Consejo Agrario Nacional. La Colonización Nacional en la República Argentina. Buenos Aires, julio de 1977, p. 30.
  14. IICA. Informe de la I reunión de la comisión asesora del programa cooperativo. Escrito por programa cooperativo regional de reforma agraria y colonización. Comisión asesora. Reunión, Costa Rica, 1978, p. 68.
  15. Memoria del Ministerio de Economía 1976-1981, Buenos Aires.
  16. Provincia del Chaco. Memoria de la acción de gobierno, 1976-1980, tomo II, Resistencia, 1981, p. 401.
  17. Crisol, 3 de mayo de 1976, Resistencia, p. 3.
  18. Crisol, 26 de mayo de 1976, Resistencia, p. 14; Crisol, 28 de mayo de 1976, Resistencia, p. 6.
  19. “En distintos puntos de la provincia continúan trabajando intensamente las comisiones destacadas por el Instituto de Colonización para la concreción de tareas de índole técnico-. administrativo. Entre las zonas donde están operando dichas delegaciones figuran las localidades de Pampa del Infierno, Charata, Sáenz Peña, Juan José Castelli y Quitilipi. Asimismo, una de ellas se encuentra en estos momentos efectuando tareas de relevamiento y censo poblacional en la reserva general obligada en el departamento General Donovan. Del mismo modo, otra comisión está desarrollando una activa labor administrativa y de mensura en los lotes 112, 113 y 120 y 121 de la Colonia Pastoril, jurisdicción de Selva de Oro. Particularmente a la labor de esta última se le asigna singular importancia, ya que está orientada a regularizar la situación de los pobladores de esas zonas fiscales- algunos con más de veinte años de residencia en las mismas- para la iniciación posterior de gestiones que les posibilite tomar posesión definitiva de esas tierras mediante adjudicaciones en venta” Crisol 22 de mayo de 1976, Resistencia, p. 13.
  20. Provincia del Chaco. Memoria de la acción de gobierno, 1976-1980, tomo II, Resistencia, 1981, p. 236.
  21. Provincia del Chaco. Ley 22395, 1979.
  22. Esto es Chaco, 1978, Resistencia, p. 370.
  23. Revista Chaco Rural, Resistencia, 1979, p. 2.
  24. Revista Ya, septiembre de 1980, p. 14.
  25. Uno de los casos que fue un conflicto difícil de poder resolver fue la regularización de la tierra de la colonia General Vedia. La misma formó parte de una colonia creada a finales del siglo XIX y la cual a partir del paso de la administración del Estado nacional y provincial, se produjo un conflicto en torno a la resolución de quiénes eran los efectivos dueños de cada lote. Esta situación fue abordada por el gobierno de facto e intentó llevar adelante la expropiación de los terrenos a los herederos de Rodolfo Taurel quien era el concesionario. Tal situación generó marchas y contramarchas en torno a la legalidad del suelo, siendo finalmente resuelto en la década del noventa. Almirón, 2019b.


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