Mariela Leguizamón

Nos ocupamos aquí de realizar una reconstrucción historiográfica de la provincia de Formosa en el contexto dictatorial de 1976-1983 a partir de una dimensión: “el rostro humano del estado.” Ello no alude al sentido humanitario otorgado tradicionalmente al término, sino a los hombres y mujeres que cumplieron funciones en los más altos cargos de la burocracia estatal en el nivel provincial durante dicho período. En términos de Bohoslavsky y Soprano, son “los sujetos concretos que habitan y dan vida al estado, que ´son´ el estado.” (2010: 30). Nos detenemos, por un lado, en la conformación de los gabinetes ministeriales de los cuatro gobernadores designados en la provincia, y por otro, en la selección de los ejecutivos municipales.

Existen estudios que abordan el período desde distintas perspectivas y escalas de análisis revelado aspectos sobre la actitud de los partidos políticos y sus referentes; el diálogo entre militares y civiles; la continuidad o la incorporación temprana de muchos civiles en las diferentes áreas de la administración nacional y provincial; o en los gobiernos municipales y comunales, el diálogo fluido con instituciones; organizaciones intermedias y hombres de “reconocida trayectoria” y acreditada pertenencia política partidaria como forma de legitimación política. Tcach (1996a, 1996b) Quiroga (2004, 2005), Novaro y Palermo (2013) Lvovich (2010), Canelo (2008, 2011, 2015, 2016), Águila (2008, 2010, 2019), Urquiza (2010), Rodríguez (2012), entre otros. Abrevando en esa lectura, y en el relevamiento empírico de un conjunto de documentos (decretos de gobierno, leyes, boletines oficiales y la prensa) indagamos sobre ¿quiénes fueron el estado en Formosa en el contexto del gobierno autoritario de 1976-1983?, ¿con qué criterios se decidió la entrada, salida o permanencia de quienes conformaron el estado provincial?, ¿qué metodologías se pusieron en práctica para reclutar a los funcionarios que integraron el aparato estatal en la provincia?, ¿cuál fue el nivel de militarización que alcanzó el estado provincial en este contexto?^[2] Para dar respuesta a estos interrogantes, empezaremos presentando aspectos vinculados a la designación de gobernadores de Formosa a lo largo del período 1976-1983, y luego nos detendremos en los gabinetes ministeriales y la designación de intendentes.

Los gobernadores

De acuerdo al estatuto elaborado por los militares que tomaron el poder en 1976, los gobernadores debían ejercer sus facultades observando los principios trazados por la Junta Militar (JM), cuyo ambicioso objetivo era “reorganizar” la Nación. El trabajo pionero de Quiroga (2004) revela el desigual poder compartido de las tres fuerzas en la composición del gobierno de facto. La observación de los gabinetes y la designación de gobernadores permite ver la relación de fuerzas y su grado de compromiso frente al golpe militar. En igual sentido, Canelo (2011), quien se interroga sobre el rol que la dictadura asignó a los gobernadores dentro de su complejo esquema de poder, muestra que para los primeros nombramientos se tuvo en cuenta el esquema represivo previo cuyo diseño otorgaba responsabilidad primaria al ejército, mientras las otras armas, denominadas “fuerzas conjuntas”, actuaban como elementos de apoyo. De allí que, el primer grupo de gobernadores fueran en su mayoría militares pertenecientes al Ejército. En su finísimo análisis, la autora observa que “algunas jurisdicciones estuvieron más militarizadas que otras, ya que nunca estuvieron gobernadas por un civil durante toda la dictadura.” (Canelo, 2011: 334). El perfil castrense del primer grupo de gobernadores nombrados por la JM estaba vinculado a la primacía que adquiere “la lucha contra la subversión.” No obstante, durante la presidencia del general Viola (1981), se produce la designación de civiles en algunas gobernaciones. Aunque estos “fueron una estrecha minoría frente a los funcionarios militares: 24 de los 98 individuos que ocuparon los ejecutivos provinciales entre 1976-1983.” (Canelo, 2011: 335).

Formosa, a diferencia de las otras provincias que integran el nordeste, fue una de las jurisdicciones que contó con gobernadores civiles. En 1976 esta provincia se encontraba bajo control federal, ya que fue la primera de las jurisdicciones que intervino el peronismo antes del golpe. En un lapso de tres años (1973-1976), se habían sucedido cuatro interventores designados por el gobierno peronista.^[3] El último de ellos, Horacio “Papucho” Gorleri (PJ), fue desplazado en la madrugada del 24 de marzo por el primer interventor militar de la dictadura el Coronel Reinaldo Martín Alturria, designado como Jefe de Área de defensa 234 en diciembre de 1975, en la lucha contra la subversión con sede en el RIM 29 (reemplazando al Coronel Dardo Oliva). Ocupó esa jefatura por tres años (1975-1977)^[4] y la Gobernación desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 23 de abril de 1976.

En la distribución de provincias entre las Fuerzas Armadas, a Formosa le tocó depender del Ejército. En abril, asumió el Coronel retirado (luego ascendido a General de Brigada)^[5] Juan Carlos Colombo, quien acompañó a Videla durante sus dos presidencias (1976-1981)^[6]. Según sus declaraciones, el criterio de selección adoptado por la JM fue con base en su experiencia en el manejo de tropa. En su indagatoria sostuvo:

[…] yo pregunté por qué nos eligieron, y me dijeron que estuvieron buscando oficiales superiores de las tres fuerzas que hayan tenido práctica de manejo de unidades, para poder manejar una provincia, buscaron oficiales superiores con práctica […] los cargos que ocupé me enseñaron manejo de tropa, fui jefe del Regimiento de Formosa, del 6º cuerpo de Infantería de Mercedes, Director de la Escuela Lemos junto al Colegio Militar, de la Escuela de Suboficiales, es decir, unidades con mucha gente. Llegué a tener cuatro mil aspirantes y trescientos setenta profesores entre hombres y mujeres, me imagino que me eligieron porque sabía manejar una unidad.^[7]

En marzo de 1981 se nombró al escribano Rodolfo Emilio Rhiner, quien construyó un vínculo estrecho con su antecesor en el marco de sus funciones en la Subsecretaría de Asistencia Social, luego elevada a Secretaría de Acción Social (SAS), y su acompañamiento como funcionario de esa cartera en las reiteradas giras hacia el interior provincial de donde fue convocado por Colombo para colaborar con el gobierno. La confianza del gobernador saliente y la presión que ejercieron diversas entidades del medio a través de la prensa local, concretaron su designación que, al principio, generó desacuerdos^[8]. Tras su renuncia, en 1983, fue nombrado el empresario Ezio Massa, un hombre de su confianza que se desempeñó como ministro de Economía (1981-1983), y previamente había sido interventor de la Federación Económica de Formosa (FEF). Massa fue el encargado de entregar el poder a Floro Eleuterio Bogado luego de las elecciones de octubre de 1983 que restauraron la democracia formal en el país después de siete años de dictadura.

Los gobernadores militares y sus gabinetes

Alturria asumió la gobernación conservando la jefatura del RIM 29 y el área 234. Los primeros comunicados que transmitió a la población fueron reproducidos por el diario La Mañana, que informó sobre “la normalidad”, “absoluta calma” e incluso “indiferencia” con que los formoseños vivieron el acontecimiento. A la par de las acciones represivas realizadas por las fuerzas coordinadas de seguridad como detenciones, exoneraciones y cesantías en la administración pública sobre las que se guardaba reserva,^[9] el interventor militar nombró a los primeros ministros y anunció la intervención de la totalidad de las municipalidades y algunas comisiones de fomento del interior en tanto que, en las subsecretarías, había solicitado a quienes ocupaban esos cargos que permanecieran en sus funciones, lo que –según informaba la prensa- había sido aceptado por la mayoría.

El estudio de Canelo (2016), sobre la composición del gabinete ministerial de la última dictadura en el nivel nacional, enseña que hubo algunas áreas más militarizadas que otras, y carteras que inicialmente estuvieron bajo control de los militares pero, luego de los primeros años, fueron cedidas de manera progresiva a los civiles hasta que, a partir de 1981, se inició un proceso de desmilitarización creciente en vistas a sumar apoyos frente a un régimen que ya mostraba signos de descomposición.

En Formosa el nivel superior de la estructura gubernamental estaba compuesto por las siguientes carteras con rango ministerial: cinco ministerios (Gobierno, Economía Hacienda y Finanzas, Agricultura y Ganadería, Obras y Servicios Públicos, y Bienestar Social). A los que se sumaban el secretario general de Gobierno, secretario privado y la Asesoría de Planeamiento y Desarrollo. Esta estructura se completaba con un conjunto de subsecretarías y direcciones pertenecientes al segundo y tercer nivel de la estructura estatal. En las designaciones ministeriales de su breve gobierno, Alturria privilegió las credenciales militares, particularmente comandantes y generales, salvo la Asesoría de Desarrollo y Planeamiento que quedó en manos de un civil, el ingeniero Romeo Raúl Cotorruelo.

Los primeros en ser nombrados fueron el secretario General (Mayor Fernando Octavio Soria), secretario Privado (Capitán Roberto Esteban Sotelo), fiscal de Estado (Segundo Comandante de Justicia Doctor David Gregorio Guicovsky), ministro de Gobierno (Comandante Mayor Héctor Domingo Yemmi), ministro de Economía Hacienda y Finanzas (Teniente Primero Marcos Rodríguez)^[10], ministro de Agricultura y Ganadería (Coronel (re) Oigimer Nereo Silva Ballbé), ministro de Obras y Servicios Públicos (Prefecto Principal Miguel Ángel Hunot), ministro de Bienestar Social (Teniente Primero odontólogo Hugo Eduardo Abbene). En ese contexto, los primeros Municipios en ser intervenidos fueron el de Formosa, Clorinda, Pirané y El Colorado que estuvieron a cargo de los militares Teniente Coronel Juan Carlos Leiva, Comandante Principal Felix Sosa, Comandante Principal Juan José Sartori, y Comandante de Gendarmería Nacional Horacio Rafael Domato respectivamente.

Las subsecretarías en cambio quedaron en manos de civiles. Las primeras carteras en cubrirse fueron las de Educación, un área poco desarrollada que se jerarquizó en el contexto dictatorial. Contaba con una Subsecretaría de Educación y Cultura^[11] (Profesor Odilio Luis Occello), la Presidencia del Consejo General de Educación^[12] (Profesor Emilio Ramón Lugo)^[13], la Dirección de Cultura (José Antonio Sosa Taboada)^[14] y la Dirección de Enseñanza Media y Superior (Betty Noren de Karten). A mediados de abril asumieron las Subsecretarías de Hacienda y Finanzas (contador Julio Cesar Rojas), Industria y de Comercio (contador Vicente Aromi)^[15], Obras y Servicios Públicos (maestro mayor de Obras Luis Diez),^[16] y la de Recursos Naturales (doctor Marcelo José Silva).

Diversos autores señalan con acierto que militares y civiles no son necesariamente “colectivos sociales diferenciados y opuestos” (Rodríguez, 2012: 17). Por el contrario, muchos civiles sustentaban valores similares a sus pares militares. En efecto, el profesor Emilio Lugo, por ejemplo, al poco de asumir, dirigió un mensaje a la docencia formoseña señalando el “importante papel que le toca cumplir en estos momentos a la escuela”, los docentes tenían la responsabilidad de afianzar “la conciencia nacional.” Consideraba, que había una “confusión reinante” [producida] por un cúmulo de ideas totalmente extrañas al ser argentino y que se desplomara sobre la mente de los niños y jóvenes en estos últimos tiempos.” Por ello, el presidente del CGE proponía la enseñanza de “la historia nacional, tan rica en vivencias no solo épicas sino también de solidaridad y justicia.” Para Lugo, era un deber: “retomar con urgencia el camino que conduzca a una limpieza ideológica que nos devuelva el verdadero sentido de argentinidad, de trabajo y orden.”^[17]

El 23 de abril de 1976 se anunció que el ministro del Interior pondría en sus funciones a los gobernadores militares de Chaco, Formosa y Misiones, y que al día siguiente tomarían posesión de sus cargos los gobernadores castrenses de Chubut, Santa Cruz y el Territorio Nacional de Tierra del fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Con ello se completaba –salvo Catamarca, cuyo mandatario faltaba designar – la “etapa de normalización institucional en las provincias” luego de su interrupción del 24 de marzo. El reemplazante de Alturria, Coronel Juan Carlos Colombo, era presentado como “un ejecutivo nato, con gran capacidad de trabajo y especiales dotes de conducción”^[18]. Durante su gestión, se produjo un proceso de “desmilitarización” del gabinete provincial. ¿Cuál fue el criterio de esa selección y cuál la metodología utilizada? En abril, en el marco de la noticia de su posible nombramiento, circuló la versión de que Colombo se había contactado con personas del medio local –a través de un enviado especial- con el objetivo de “sondear” las posibilidades de colaboración con su gobierno.^[19]

El criterio anunciado para el reclutamiento de los funcionarios además de la “idoneidad, honorabilidad, capacidad de trabajo y patriotismo” fue el sentido identitario o de pertenencia, arraigo y sensibilidad local. Esta cuestión había generado fricciones en 1975, cuando volantes firmados por la CGT local y las 62 organizaciones reclamaban la designación de un interventor formoseño que viviera “la sensibilidad de la provincia”^[20] proponiendo una terna de posibles candidatos. Colombo prometió elegir a sus colaboradores sin miramientos de su filiación política, “con la sola excepción de aquellos que tuvieran ideas extrañas a nuestro ser nacional” y que sean o no formoseños, “sientan y conozcan los problemas de la provincia”.

De las ocho carteras ministeriales, tres se cubrieron con militares, y cinco con civiles. Los primeros fueron en su mayoría militares retirados egresados del Colegio Militar en el arma de Infantería y Artillería. Algunos de ellos se habían desempeñado en Formosa durante la intervención de Augusto Sosa Laprida (1966-1973) o habían acompañado a Colombo cuando éste ocupó la jefatura del Regimiento de Monte 29 (1965-1966), como el caso de Alfonso Ruggiero (ministro de Gobierno), Alberto Pedrazzini (secretario General de la Gobernación) y Mario Giralda (secretario Privado)^[21]. En el caso de los civiles, la mayor parte de ellos, salvo Néstor R. Maglietti^[22] (ministro de Agricultura y Ganadería); quienes asumieron tenían experiencia en la administración pública, como el doctor Tournemine que había sido ministro de Bienestar Social y actuó como el asesor de Colombo,^[23] los ingenieros Luis Diez (ministro de Obras y Servicios Públicos) y Romeo Raúl Cotorruelo (asesor de Desarrollo y Planeamiento). Los dos últimos venían de ocupar carteras durante la breve gestión de Alturria, en tanto Diez ascendió de subsecretario a ministro, mientras que Cotorruelo fue separado del cargo en 1978 por presuntas irregularidades y reemplazado por la ingeniera Elba Nelly Rodríguez Rey.^[24] Entre 1977 y 1979, se renovaron los funcionarios en varias carteras, salvo los de Bienestar Social y Economía, Hacienda y Finanzas.

Cuadro Nº 1. Ministros 1976-1981

Ministerios	Años	Ministros
Mtro. de Gobierno	1976-1979	Coronel (r) Alfonso Ruggiero
	1979-1981	Tcnel. (r) Rómulo R. Hernández Otaño
Mtro. de Econ. Hacienda y Finanzas	1976-1981	Ramón Ángel Barberís
Mtro. de Agr. y Ganadería	1976-1978	Empresario Raúl Néstor Maglietti
	1978-1981	Médico Veterinario José Andrés Carrazzoni
Mtro. de Obras y Servicios Públicos	1976-1979	Maestro Mayor de Obras Luis Diez
	1979-1981	Tcnel. (r) Juan Alberto Tisnes
Mtro. de Bienestar Social	1976-1981	Doctor Víctor H. Tournemine
Asesoría de Desarrollo y Planeamiento	1976-1978	Ingeniero Romeo Raúl Cotorruelo
	1978-1981	Ingeniera Elba Nelly Rodríguez Rey
Secretario Gral. de la Gobernación	1976-1978	Mayor Alberto Pedrazzini
	1978-1981	Capitán (r) Roberto Antonio Rusconi
Secretario Privado de Gobierno	1976 1976-1981	Mayor Héctor Mario Giralda Ramón Antonio Soto (h)

Elaboración propia.

Desde la óptica del diario La Mañana –cuya propiedad estaba en manos de Enrique Read- ^[25] los nombramientos tuvieron consenso en la opinión pública. El editorial “La hora de los Formoseños” hizo notar que Colombo había cumplido con lo anticipado respecto de la elección de sus “colaboradores” puesto que cubrió los cargos con “hombres oriundos de la provincia o quienes, sin serlo, conocían suficientemente a Formosa” y asumieron “la responsabilidad de compartir los manejos de los negocios públicos”, además, eran “personas de conocida trayectoria e intachable conducta”^[26]. En relación con la metodología utilizada para completar la formación del nuevo gobierno, decía que:

[…] cada secretario de estado, tenía ante sí la tarea de conformar su propio equipo regido también por las mismas pautas y exigencias. La convocatoria a colaborar debía necesariamente multiplicarse […] Esta tarea de captación selectiva, recaía de ahí en adelante en la órbita de acción de los ministros, como en su momento, cupo al propio gobernador convocar a quienes son ya sus directos colaboradores.^[27]

A principios de 1980, frente al rumor que se produjo por los cambios operados en algunas áreas del gobierno, la prensa informó que no se trataba de “deserciones” ni de “inconformismos particulares”, sino del regreso de estos funcionarios a sus anteriores actividades o bien, porque consideraban haber “cumplido con su cuota de apoyo al Proceso de Reorganización Nacional.”^[28]

El segundo nivel de la estructura gubernamental, las subsecretarías, fue cubierto en su totalidad por civiles de variadas profesiones y títulos universitarios. En la subsecretaría de Gobierno (Julio Cesar Brau, luego reemplazado por el profesor José María Anchea), en Hacienda y Finanza (licenciado en Administración de Empresas, Augusto Juan Margueirot, luego el contador Oscar Rodríguez), en Industria y Comercio (Federico Alberto Paulina y el abogado Ricardo Alberto Cabrera), en Obras Públicos (el ingeniero Raúl Edgardo Noriega y el técnico Néstor Gil Carranza), en Recursos Naturales (el ingeniero Agrónomo Amílcar Aguirre), en Producción (Osvaldo Roberto Díaz). Por la subsecretaría de Servicios Públicos pasaron cuatro funcionarios, todos ingenieros (Miguel Ángel Bárbaro, Aaron Fogueiman, Cristino Caballero y Ángel Miguel Zaiz)^[29]. La mayoría de ellos fueron confirmados por Rhiner, ya sea en las mismas funciones o en otras carteras.

De todas las subsecretarías, la de Asistencia Social, a cargo del doctor Juan Carlos Candia (1976-1977)^[30] y luego de Rhiner (1977-1981), pasó a tener un rol relevante. En 1979 fue elevada a secretaría de Acción Social (SAS) y a Ministerio en 1982. En el área educativa se creó la secretaría de Cultura y Educación (Italo Mettini 1979-1981)^[31] quedando bajo su dependencia la subsecretaría de Educación y Cultura en la que continuó Odilio Luis Occello, reemplazado por Emilio Ramón Lugo en 1980, y la subsecretaria de Planeamiento Cultural y Educativo que estuvo a cargo de la profesora Ana María del Riccio desde 1980^[32]. En las direcciones de Cultura y de Enseñanza Media y Superior continuaban José Antonio Sosa Taboada y Betty Norem de Kastern.

Si para el diario La Mañana “los formoseños [entendieron] con meridiana claridad cuál [era] su deber en la emergencia, [dejando] de lado incluso sus propias urgencias personales en beneficio del interés superior de la comunidad […] [participando sin distingos de color político] en el proceso de reorganización puesto en marcha”.^[33]

Daniel Altamiranda (director de Personal), de la secretaría General de la Gobernación, exponía con orgullo la “ardua y compleja tarea” que se acometió con “firmeza” para “superar con inteligencia y serenidad la silenciosa pero tenaz resistencia de aquellos sectores y grupos que no querían resignar posiciones y privilegios, ante el profundo cambio que la hora actual y el proceso lo imponían.”^[34] En el término de tres años y con la aplicación de las más variadas medidas, fueron dejando cesantes y exonerados alrededor de 340 agentes estatales^[35]. La reducción del aparato estatal, el ordenamiento y la eficacia de la administración pública era uno de los temas que formaba parte de la agenda de gobierno. En ese sentido, se festejaban algunas acciones como la “victoria en el plano militar contra la subversión”, “las privatizaciones de las empresas estatales y la reducción de personal en algunos organismos”, pero, se advertía que, “reducir las dimensiones del aparato estatal” era “una lucha o más exactamente una guerra, en la que aún no [había] sido posible anunciar una victoria final”.^[36]

Formosa era una provincia marginal y fronteriza, su organización institucional fue tardía e inconclusa, dado los golpes militares producidos luego de su provincialización en 1955. En los años setenta eran alrededor de 16 las comisiones de fomento y 14 las municipalidades. Muchas de ellas eran de reciente creación. Varios trabajos dan cuenta de la presencia de intendentes civiles pertenecientes a distintos partidos políticos al frente de los municipios, y de la importancia que adquirió este nivel tanto para la participación controlada como para el ejercicio de una “micropolítica local”. En este sentido, Yolanda Urquiza (2010) señala que, de una primera lista de 46 intendentes designados para Misiones solo siete eran militares y el resto (39) eran civiles.^[37] Por su parte, Daniel Lvovich (2010) tomando un informe publicado por la prensa en 1979 revela que, de 1697 municipios, solo 170 eran militares. Los restantes eran civiles, de los cuales, 649 no tenían militancia política, mientras que el resto (870), pertenecía a los partidos políticos tradicionales. Cesar Tcach (1996) también alude a la presencia de intendentes civiles de filiación radical que aceptaron colaborar a título personal o sin el aval del aparato partidario (Tcach 1996: 47).

El análisis de las fuentes consultadas nos indica que todos los municipios estuvieron a cargo de civiles, salvo en Clorinda donde el Comandante Principal (r) Tulio Enrique Clara (1978-1981) reemplazó a Germán Cancio (1976-1978), y en Pirané se designó al Comandante (r) Silfredo Armando Spinelli, pero en un breve tiempo fue reemplazado por contador General del Municipio, Waldimiro García Boselli (1976-1982)^[38]. La mitad de los intendentes designados por Colombo, lograron una notable estabilidad e incluso, algunos de ellos, fueron confirmados por Rhiner como Boselli en Pirané. Otros, como Carlos Méndez en Fontana, Estanislao Tracha^[39] en Ibarreta, Aurelio Boggiano en Laguna Blanca cumplieron sus funciones hasta 1981. El municipio capitalino fue el más inestable de todos, tuvo tres intendentes desde la asunción de Colombo: Raymundo Motter (h), Julio Ernesto Tillard y Jorge Eduardo Chichizola.

Algunos de estos civiles, habían sido electos en 1973 o habían ocupado cargos durante la intervención de Sosa Laprida (1966-1973), como el licenciado en Farmacia y Bioquímica, Raymundo Motter (UCR) y el comerciante Miguel Federico Nordmann. El primero fue designado en el municipio capitalino, del que había sido concejal electo por la UCR en 1973^[40]. El segundo había ocupado la intendencia de El Colorado durante la dictadura de 1966-1972^[41]. En una entrevista dada a la prensa en 1969 reveló: “¿sabe cómo me enteré que era intendente? Recibí un radiograma cuando me encontraba en una fiesta. Lógicamente algo sabía, porque de aquí surgió una terna con tres nombres, pero en verdad no lo esperaba”.^[42]

Esta forma de reclutamiento se puso en práctica nuevamente en 1976. En efecto, tras la renuencia de Nordamnn en diciembre de 1979, Ismael Gonzales (Suboficial (r) de la Policía Federal),^[43] que hasta entonces se desempeñaba como secretario general de la comuna, cubrió interinamente el cargo que luego fue ocupado por Adolfo Galván desde abril de 1980 hasta mayo de 1981.^[44] El diario El Territorio, quien consideraba El Colorado como una de las localidades “más importantes de la provincia”, preguntó a Galván sobre el inicio de sus gestiones al frente del municipio. Este explicaba:

[…] el 17 de abril; en oportunidad del diálogo político el gobernador invitó a los participantes a expresar quien a su juicio propondría para ser el Intendente de El Colorado. Ya en otras oportunidades mi nombre había figurado entre los candidatos, pero nunca antes se había hecho una consulta de este tipo. El gobernador expuso que si había coincidencia con las ideas del gobierno ese mismo día se firmaría el decreto respectivo designandome intendente. Y desde el 22 me puse al frente de este organismo.^[45]

Teniendo en cuenta los testimonios orales, es posible suponer que Colombo dejaba la gobernación con una imagen relativamente positiva. Si bien, algunos lo recuerdan como un gobernador autoritario, para otros fue un “buen gobernador”. Rhiner sostuvo: “era un buen gobernador, era todo lo que vos quieras, pero era correcto, ni los gastos reservados tocó y eso que podía haberlo tocado.” ^[46] Alberto Maglietti consideraba que el gobierno militar “devolvió el orden y restituyó la tranquilidad”, aunque para el dirigente radical esto no era suficiente, pues no se había resuelto la crisis económica “a pesar de todas las promesas y del tiempo trascurrido.”^[47] Años después, escribió en sus memorias:

Colombo fue un buen gobernador. Formó un equipo de gobierno con muchos radicales y a mi hermano Raúl Néstor Maglietti lo designó Ministro de Agricultura. Fue un buen gobierno, salvo en la Dirección de Tierras Fiscales, donde le puso al Coronel López, que cometió muchos abusos [sic] ^[48]

En similar sentido, el presidente de la Comisión de Fomento de Siete Palmas, Enrique Enríquez, y los intendentes Aurelio Boggiano de Laguna Blanca y el comandante principal (r) Servio Tulio Clara de Clorinda, manifestaron su agradecimiento a Colombo por los logros alcanzados en sus localidades durante su gestión, a la que calificaban de “fructífera” y “sensible.” Entre los logros mencionados señalaron los avances en la infraestructura local, equipamiento en materia educativa, sanitaria y de servicios de agua potable y cloacales.^[49]

Los gobernadores civiles y sus gabinetes

En marzo de 1981, Rhiner dejó la SAS y asumió la Gobernación. Como señalamos en Leguizamón (2016, 2019), este chaqueño, militante del radicalismo primero y del MID después, reclutado en el interior de la provincia, fue un hombre clave de la gestión, Colombo lo calificó como un “hombre del proceso.” Durante su gobierno se elevaron a siete los ministerios (de Gobierno, de Economía, Hacienda y Finanzas, de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, de Obras y Servicios Públicos, de Salud Pública, de Acción Social, de Cultura y Educación), tres secretarías (de Estado de Planeamiento y Desarrollo, General y Privada) a las que se sumaban la Escribanía Mayor de Gobierno y el Comisionado de Área de Frontera, ambas en el nivel de subsecretarías.^[50]

Igual que su antecesor, unas semanas antes de asumir, mantuvo reuniones con quienes luego serían sus colaboradores. El diálogo incluyó a referentes de organismos empresariales, gremiales y de distintos partidos políticos. Según Rhiner, él encarnaba la segunda etapa del Proceso, caracterizada de mayor diálogo y en esa instancia resultaba oportuno “renovar los niveles de conducción política” incorporando personas que además de su apoyo al gobierno estuvieran “consustanciadas con los problemas de las distintas áreas en que [debían] desenvolverse.” A juzgar por su discurso, las designaciones responden al presente y al futuro pues, además del nombramiento de “gente nativa o radicada en Formosa”, puntualizó en “la edad cronológica que signifique una esperanza para el futuro institucional de la provincia.” Según sus palabras, las personas que se incorporaran en los niveles políticos de conducción, serían –además de eficaces y eficientes- las que conducirán “las expectativas políticas del futuro provincial.”^[51]

En consonancia con el nivel nacional, en cuya etapa aumentaron los funcionarios civiles, el gabinete provincial se desmilitarizó en su totalidad y, sólo en 1983, un militar volvió a ocupar el Ministerio de Gobierno, una de las primeras carteras en ser cubiertas y la más militarizada a lo largo de todo el periodo estudiado. Economía y Educación fueron los más estables de todos los ministerios. La primera cartera recayó en Ezio Massa (1981-1983), un joven empresario del medio local que desde 1979 se venía desempeñando como interventor de la Federación Económica de Formosa (FEF) y fue designado en 1981 como titular de la Unión Industrial Argentina. Para Massa, “la empresa privada [representaba] en nuestro sistema de vida occidental y cristiano, la barrera infranqueable para extrañas ideologías.”^[52] En la segunda fue nombrado el profesor José Zacarías Baigorri (1981-1983).^[53]

En los restantes ministerios hubo dos y hasta tres hombres a lo largo de los 23 meses del gobierno de Rhiner, y en muchos casos se produjo una superposición de funciones. Ello estaba relacionado con la reorganización ministerial producida por la ley Nº 1255 cuyo decreto reglamentario se conoció a finales de 1982. Según La Mañana, “la anunciada ley de ministerios” se había convertido varias veces en un “borrador” y “los recortes y tachaduras se [multiplican] al compás de las opiniones que sobre el funcionamiento y estructuración de las áreas interesadas [producían] los sectores interesados.”^[54] La nota informaba que una de las áreas más discutidas era el Ministerio de Obras y Servicios Públicos (MOSP). Se barajaba la idea de convertirlo en subsecretaría dependiente directamente del Ministerio de Economía, lo que según el diario había afectado al “temperamental ingeniero Bárbaro”, a cargo de esa cartera desde abril de 1981 hasta marzo de 1982.^[55] Tras la renuncia de Bárbaro, Cristóbal Ferraresi,^[56] entonces subsecretario de Obras Públicas, cubrió interinamente el cargo hasta finales de 1982 en que fue nombrado titular. Para Bárbaro este joven de 30 años sería “un ministro de lujo” por su “capacidad profesional”, su “moral y perfiles personales íntegros.”

Cuadro N° 2. Ministros 1981-1983

Ministerios	Años	Ministros
Mtro. de Gobierno	1981-1983	Empresario Adolfo Antonio Martina
	1983	Comte. Gral. (RE) de G.N Héctor Domingo Yemi
Mtro. de Econ. Hacienda y Finanzas	1981-1983	Empresario Ezio José Massa
Mtro. de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales	1981-1982	Doctor Marcelo J. A. Silva
	1982	Aníbal Valentín Bonas (interino)[57]
	1982	Ing. Roberto Eduardo Drueta[58]
Mtro. de Obras y Servicios Públicos	1981	Ing. Miguel Ángel Gabriel Bárbaro
	1982-1983	Ing. Néstor A. Cristobal Ferraresi
Secretario Gral. de la Gobernación	1981	Ramón Antonio Soto (h)
Mtro. de Salud Pública	1981	Doctor Joaquín Rave
	1982	Jesús Reynaldo Montiel
Mtro. de Cultura y Educ.	1981-1983	Profesor José Zacarías Baigorri
Mtro. de Acción Social	1981	Doctor Joaquín Rave
	1981-1982	Eduardo Di Nasso
	1982-1983	Gremialista Luis Tapia Leoni
Secretario de Planeamiento y Desarrollo	1981	Ing. Agrónomo Amílcar Aguirre

*Elaboración propia.

Si bien, en el ámbito ministerial se renovaron todas las carteras, no eran hombres ajenos al proceso, sino que, igual que el gobernador, venían de la gestión anterior y fueron reclutados por sus “antecedentes profesionales, su experiencia y trayectoria en la función pública de la provincia.”^[59] El doctor Marcelo José Silva, que ascendió de subsecretario a ministro, manifestó que aceptó el cargo “porque como argentino jamás dejó de prestar su colaboración a todos los gobiernos que se sucedieron” y porque la nueva etapa abría “una expectativa optimista al pueblo argentino.”^[60]

En igual sentido, Amílcar Aguirre pasó de subsecretario a secretario. El doctor Montiel fue confirmado en la subsecretaría de Medicina Preventiva y Sanitaria y, por la Ley de reestructuración de ministerios, fue nombrado en el Ministerio de Salud Pública. En el ámbito de las subsecretarías, el contador Oscar Rodríguez fue confirmado en la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas y luego, durante la gestión de Massa, ascendió como ministro de Economía. En la subsecretaría de Industria y Comercio fue confirmado el abogado Ricardo Alberto Cabrera, reemplazado por Federico Alberto Paulina en diciembre de 1982.^[61] En la subsecretaría de Servicios Públicos fue confirmado Ángel Miguel Saiz, reemplazado en diciembre de 1982 por Eduardo Alberto Cammisa. En la subsecretaría de Gobierno (doctor Raúl Francisco Copes^[62] y Carlos Cesar Medina) en la de Recursos Naturales y Ecología (ing. Agrónomo Juan Guillermo Morgan y luego la Ing. Agrónoma Susana G. Ronco), en la de Agricultura y Ganadería (Aníbal Valentín Bonas), y en la de Educación (profesor Mario Antonio Olmedo).^[63]

La SAS fue elevada a Ministerio (1982), y luego de los primeros meses en manos de dos desarrollistas fue entregada al justicialista Luis Tapia Leoni, quien estuvo a cargo de la cartera desde mayo de 1982 hasta junio de 1983. Tapia Leoni, considerado un peronista de la primera hora, era secretario general del Centro de Empleados de Comercio, cuestiones de salud lo obligaron a alejarse, no obstante, su nombramiento y breve gestión recibió el apoyo de sectores católicos y conservadores.^[64]

Es oportuno recordar que el Plan del Ejército de febrero de 1976, definía y caracterizaba a un “enemigo subversivo” en términos muy amplios dejando un espacio poroso en cuanto a algunas de las organizaciones políticas. Éstas eran clasificadas como enemigas “activas y/o potenciales” según niveles de prioridad, estimaban al Movimiento Nacional Justicialista y al MID como “enemigos potenciales” y de “Prioridad IV” mientras que, la UCR y el Partido Federalista, no fueron incluidos en la lista de organizaciones políticas consideradas oponentes pues, se barajaba la probabilidad de que no objetaran al “proceso y hasta lleguen a apoyarlo por vía del silencio o no participación.”^[65]

Por otro lado, Rhiner asumió en el contexto en que la Junta Militar había aprobado el documento secreto y reservado “Orientación Complementaria Nº 2 de las Bases Instrumentales para la Acción de Gobierno”,^[66] cuyo propósito era orientar al presidente de la nación, y a través de él a los gobernadores, en los pasos a seguir para la institucionalización política. El extenso documento planteaba, entre otras cosas, la adopción de una decidida “actitud intervencionista”, esto es que no sería “prescindente” y apoyaría a los partidos políticos identificados con el Proceso.

La institucionalización política implicaba un gradualismo que se daría a través de dos etapas. La primera, propiciaba el diálogo para que los “ciudadanos más idóneos y consustanciados con el proceso puedan alcanzar cargos relevantes” en vistas a consolidar el Movimiento de Opinión Nacional. La segunda etapa, referente a la recomposición de los partidos políticos, otorgaba un rol a los partidos tradicionales como al radicalismo y al peronismo. En ambos casos eran considerados como “una oposición moderada” e incluso “posibles aliados.” Con el radicalismo aconsejaba mantener “buenas relaciones” y si bien consideraba que los sectores radicalizados del peronismo podrían “constituirse en adversarios del PRN”, la fracción moderada podrían “integrarse al MON.”^[67]

La mayoría de los peronistas de izquierda estaban presos, desaparecidos o bajo libertad vigilada, en tanto que los sectores moderados, algunos de los cuales sufrieron detención y cárcel al inicio del régimen fueron liberados al cabo de algunas semanas, en este nuevo contexto algunos de ellos fueron consultados. Pedro Romero, uno de los gremialistas que asistió al diálogo convocado por Rhiner e integrante de la mesa provisoria de la regional Formosa de la CGT, acordaba con el gobernador en la necesidad de solucionar los problemas concurriendo a “esfuerzos y voluntades, sin sectarismos ni apetencias personales y con la mira puesta únicamente en la provincia y el país.”^[68] Sostenía que “a este país lo arreglamos todos o no lo arregla nadie” y que la “subversión” no provenía de los sindicatos sino de la universidad^[69]. Floro Eleuterio Bogado, quien solía frecuentar junto con Vicente Joga la casa de Beatriz Nasif y Manuel Flores en La Lomitas, donde – previo paso por el Escuadrón 18 de Gendarmería- se destinó a Carlos Menem, diría ya en democracia y siendo gobernador “no aceptamos […] ninguna ideología extraña al ser nacional, al ser argentino.”^[70]

En lo que respecta a los municipios, el número de estos ascendió^[71] y todos fueron presididos por civiles, salvo Clorinda que estuvo a cargo del Comandante (r) de Gendarmería Nacional Sigfredo Armando Spinelli en 1981. Cinco intendentes fueron confirmados en sus cargos, los restantes fueron designados. El reclutamiento de los intendentes incluye a hombres pertenecientes al socialismo como José Salomón y Reinaldo Munizt en el municipio capitalino;^[72] al MID como Jorge Lesbergueris y José Vera en Pirané y Estanislao del Campo respectivamente^[73]; a la UCR como Diego H. Muller Misión Lahisí, así como aquellos que no poseían “antecedentes judiciales” ni “datos políticos e ideológicos desfavorables,” como reza el informe secreto que acompañó la designación de Lorenzo Gutierrez^[74] en Misión Lahisí. Gutierrez de todos modos fue criticado por convertir al municipio en un “comité” del MID violando la supuesta prescindencia política.^[75]

El elenco estable estuvo compuesto por Waldimiro García Boselli, Tomás Ramón Montanaro Adorno, Juan Tocarchuk, Ricardo Francisco Sbardella y Senen Rufino Gómez de Pirané, El Espinillo, Villa Dos Trece, Mayor Edmundo Villafañe y Teniente General Juan José Sánchez (ex Riacho He He) respectivamente. Algunos de los funcionarios confirmados o designados por Rhiner renunciaron a fines de 1982 y principios de 1983,^[76] para dedicarse a la política partidaria, unos cuantos obtuvieron bancas en la legislatura u ocuparon cargos de relevancia gubernamental en la posdictadura.

La asunción de Ezio Massa, prevista para el 2 de marzo, se adelantó al 28 de febrero de 1983,^[77] y fue opacada por la despedida al exgobernador. En efecto, la prensa señalaba que “centenares de personas integrantes en gran parte por jóvenes del MID y una caravana de taxis” fueron a despedirlo, que se lo vio “emocionado” y que “aceptó encabezar un improvisado desfile de adictos a su gestión.”^[78] El nombramiento de Massa fue bien recibido por la FEF, institución en la que había actuado como interventor (1979-1981). El contador Ángel Luis Bigatti, presidente de la entidad, afirmaba: “Massa es un hombre que goza de nuestra confianza y aprecio” ^[79]. En su primer mensaje a la ciudadanía formoseña, explicaba las razones por las que aceptó el cargo, decía entre otras cosas:

Esta decisión se funda en el reconocimiento de que las presentes circunstancias, a pesar de los hechos condicionantes de carácter climatológico y financiero, resulta indispensable proseguir con las acciones orientadas a la modificación de la estructura económica provincial, dentro del marco programático establecido a partir del año 1981.^[80]

Massa prometió llevar a cabo “una gestión ordenada”. En lo que respecta a los funcionarios que lo acompañaron, no hubo cambios fundamentales en el equipo de Gobierno, salvo en el ministerio de Economía que quedaba vacante por su asunción, el ministerio de Educación y de Obras y Servicios Públicos que fueron ocupados por el contador Oscar Rodríguez, Oscar Medina y Carlos Alberto Alloi^[81] respectivamente; en el resto de los ministerios y subsecretarías continuaban las mismas personas.

A modo de cierre

El registro empírico que realizamos en este trabajo revela un escaso nivel de militarización del estado provincial en el período analizado. Formosa, a diferencia de las otras provincias del nordeste, tuvo dos civiles en la gobernación, ambos se desempeñaron en la gestión del militar Colombo. Eran hombres muy jóvenes que con poco más de 30 años empezaron a actuar en la administración pública, Rhiner como secretario de la SAS y Massa como interventor de la FEF; luego Rhiner ascendió a la gobernación y Massa al ministerio de Economía, finalmente Massa a la Gobernación. Esta lógica de carácter endogámico parece haberse aplicado en la selección de los gabinetes ministeriales a lo largo del período.

El funcionariado de la dictadura en Formosa, estuvo compuesto principalmente por hombres que nacieron entre 1930-1950. Muchos de ellos eran de provincias vecinas, y emigraron a Formosa en el marco de la organización institucional que se emprendió entre los años 1950-1960. Otros eran hombres locales que, tras emigrar a otras provincias para realizar sus estudios universitarios, regresaron con sus títulos para ejercer sus profesiones y ocupar puestos en la burocracia estatal. Si bien, las mujeres no estuvieron ausentes, su presencia es menor y los cargos que ocuparon están relacionados con la Educación, un área feminizada. Finalmente, algunos de los hombres y mujeres del funcionariado en este contexto ocuparon importantes cargos en el gobierno peronista posdictadura. Tanto en lo que respecta al gabinete ministerial como en la selección de los intendentes, no hubo un alto nivel de militarización, salvo en la gestión de Alturria, pero incluso durante su breve gobierno no fue total, puesto que en las subsecretarías permanecieron los civiles.

La forma de reclutamiento se nutrió de experiencias anteriores, como la consulta a referentes de las instituciones intermedias y la proposición de ternas con personas consideradas de “prestigio” o “representativas” para una parte de la sociedad. Si bien, esta práctica fue una de las estrategias de la dictadura, también, respondía a las características de una sociedad marginal y poco desarrollada que, “consultada”, confiaba en el nombramiento de funcionarios cuyo sentido de pertenencia o arraigo local, constituía una posibilidad para resolver los históricos problemas de atraso, quizás sea aquí donde haya que buscar para comprender el recuerdo positivo y de realizaciones que muchas personas guardan de esta etapa, más allá de que muchos funcionarios y sectores sociales compartieron el análisis quirúrgico de la sociedad planteada por los militares.

En ese sentido, los gobernadores, aún con las limitaciones impuestas por el estatuto del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, cumplían un rol relevante, pues eran los encargados de construir el consenso social y evitar el aislamiento. En busca del mismo, desplegaron un conjunto de estrategias, una de ellas fue la designación de funcionarios que respondieran al régimen, y al mismo tiempo no lesionaran los deseos de la opinión pública local.

La pertenencia política partidaria de quienes ocuparon cargos y dialogaron con el gobierno, es una de las cuestiones que no asoma con facilidad en las fuentes consultadas, no obstante, los datos obtenidos hasta el momento nos indican que, el MID y la UCR fueron los partidos que más funcionarios aportaron al gobierno autoritario; en tanto los peronistas estaban presos, bajo libertad vigilada o replegados en cargos menores. Ello es algo lógico dado la denuncia que pesaba sobre este sector. Sin embargo, quienes asumieron el gobierno posdictadura, tuvieron un discurso similar a los militares respecto de las exclusiones en la participación política.

En el marco de esta complejización sobre el pasado reciente autoritario, se fue imponiendo la noción de dictadura “cívico-militar” para referir al gobierno que tomó el poder en argentina entre 1976-1983. Esta noción se impuso, como “resultado de procesos políticos, memoriales, judiciales e intelectuales para llenar vacíos y reparar silencios de décadas, en general silencios que se constituyeron en los procesos de las llamadas “transiciones democráticas…” Franco (2016, p. 70). En ese contexto, señala la autora, se pensaron las dictaduras como un “paréntesis histórico” y no como “procesos complejos y de largo plazo”, a la par que se circunscribieron las dictaduras a las fuerzas armadas y los militares y se sustrajo de responsabilidades a la civilidad, no obstante, en los últimos años, esta noción empezó a ser discutida. Aún faltan estudios que analicen “el rostro humano del estado” en las distintas provincias y, si bien, resulta inadecuado poner en el mismo plano a los actores militares y civiles, la reconstrucción historiográfica que realizamos aquí, muestran de manera contundente las particularidades de quienes fueron el Estado en esta provincia fronteriza.

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Actas de la Dictadura: documentos de la Junta Militar encontrados en el Edificio Cóndor . 1º ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomo 4

Decretos de Gobierno

Fundamentos de la sentencia 417 sobre la Causa Nº 2333 (2009). Caratulada “Colombo Juan Carlos sobre asociación ilícita en calidad de jefe, privación ilegítima de la libertad reiterada y agravada, tormento agravado, reiterado, desaparición forzada de personas en función del delito de homicidio.”

Maglietti R. Alberto (2007) Autobiografía. Recordando mi vida y mis actividades como político.

Entrevista a Rodolfo Emilio Rhiner, realizada por González, Paola Yanet; Ruiz, Rosmeri Damiana y Cabrera Ruiz Díaz, Patricia Claudia. Para la cátedra Historia y Política de la Educación Argentina, de la Carrera Profesorado en Lengua y Literatura, del ISFD “República Federal de Alemania” de El Colorado Formosa. En la ciudad de Formosa en noviembre de 2014.

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