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El Territorio Nacional del Chaco
durante el primer peronismo[1]

Una mirada preliminar a los gobiernos locales

Mayra Maggio

A modo de introducción

El 11 de noviembre de 1951, los habitantes del entonces Territorio Nacional del Chaco- convertido en provincia tres meses antes- votaron por primera vez para elegir presidente y vicepresidente de la nación, además de convencionales constituyentes. El resultado que obtuvo la fórmula peronista Perón-Quijano convirtió al distrito en el espacio donde el partido gobernante había alcanzado el porcentaje más alto en su favor. Este arrasador éxito electoral y la masiva adhesión al peronismo por parte de los chaqueños no pasaron inadvertidos para los contemporáneos y en la mayoría de las obras históricas se observa un mayor interés en reconstruir el proceso de provincialización, la sanción de la primera Constitución y el primer gobierno provincial surgido en 1953 (Altamirano y otros, 1987; Farias de Foulkes, 1997, Leoni, 1992; Maeder, 2012). Esta situación contrasta con la etapa anterior, según las escasas investigaciones disponibles la expansión del peronismo se dio en medio de tensiones y conflictos suscitados entre los pobladores, funcionarios locales y territoriales, los dirigentes de partidos políticos y sindicatos.

En este capítulo pretendemos indagar sobre la situación que atravesaron los municipios chaqueños durante los primeros años de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, que en el Chaco coincidió con la gestión del gobernador Antenor Farías (1946-1949). Al analizar de manera aproximativa el funcionamiento de la política en el territorio en un contexto donde las elecciones estuvieron suspendidas, se nos plantearon algunos interrogantes: ¿en qué condiciones funcionaron los gobiernos locales? ¿A quiénes se designaron como autoridades? ¿Qué iniciativas surgieron para dar respuesta a las demandas e intereses particulares existentes en las poblaciones? A nuestro modo de entender, las nuevas formas de concebir y hacer política que propuso el peronismo tendrán un impacto en los intereses locales/comunales del territorio, como lo manifiesta la controversia en torno a la designación de los comisionados y las críticas al cercenamiento de la autonomía municipal.

Si bien del periodo previo a 1951 aún sabemos poco -ya que la historiografía chaqueña escasamente ha abordado los procesos políticos posteriores al golpe de Estado de 1943- los avances más significativos provienen desde la historiografía dedicada a analizar el primer peronismo en el sur del país -producida en muchos casos por historiadores residentes en los ex Territorios Nacionales de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia (Arias Buciarelli, Mases y Rafart, 2003; Bona y Vilaboa, 2007; Alonso, 2015 Carrizo, 2016, entre otros).

Se ha sostenido que el periodo que transcurre durante el primer peronismo se presentó como una etapa de transición, tanto en los aspectos organizativos de la política territoriana como de “captación y de formación de dirigentes y clientelas que van a ser incorporados a nuevas prácticas después de la provincialización de los mismos” (Bona y Vilaboa, 2007). El tenor de los cambios y transformaciones que se produjeron en los espacios no provincializados tuvo que ver -entre otros aspectos- con la afirmación de la presencia estatal, que se amplió y consolidó “objetivando mediante novedosos mecanismos una serie de políticas orientadas a homogeneizar e integrar a los territorios a la problemática nacional”, en el plano social además se favoreció un fenómeno de agremiación, se activó la politización de la sociedad y se concretó “un conjunto de obras y realizaciones materiales que dan respuesta a reclamos persistentemente relegados” (Arias Bucciarelli, 2011). Ahora bien, como se sabe, la participación política directa en los territorios nacionales se restringía al ámbito municipal, por lo que su análisis es y ha sido considerado un elemento central para entender la historia política de estos espacios organizados a fines del siglo XIX, cuestión de la que también la historiografía se ha ocupado (Leoni, 2002 y 2004; Ruffini, 2004, Arias Bucciarelli, 2012). Como única instancia de gobierno electivo, fueron considerados “núcleos germinales de las provincias en embrión”, “escuelas de gobierno propio” y también “cajas de resonancia” de los problemas que aquejaban a esos espacios subnacionales (Leoni, 2004). Por ello mismo, a lo largo de la existencia del modelo territoriano surgieron variadas instancias de participación política plasmadas en conferencias, reuniones, congresos, entre otras, donde expusieron sus demandas e inquietudes a las autoridades nacionales.

Aún contamos con pocos trabajos que aborden específicamente la situación de los municipios en las provincias y Territorios Nacionales durante la primera década del peronismo en el poder. En los últimos años aparecieron algunas contribuciones que se dedicaron a analizar casos específicos de localidades de las provincias de Buenos Aires y Córdoba. En el primer espacio los trabajos examinaron la etapa de emergencia del peronismo atendiendo al progresivo intervencionismo del gobierno provincial bonaerense sobre las administraciones comunales, tendencia que colaboró en la centralización del aparato estatal, en la limitación de las autonomías de los gobiernos comunales y en la desvalorización del rol político de los intendentes, de larga tradición en esa provincia. Muy interesante ha sido la reconstrucción de la trayectoria de los dirigentes peronistas bonaerenses que asumieron cargos electivos comunales, lo que nos permitió conocer cuáles fueron los criterios que orientaron la selección de los candidatos peronistas en la escala local, matizando la participación de raigambre obrerista sostenida desde el discurso oficialista (Marcilese, 2009 y 2018). Además, desde una perspectiva que privilegió el abordaje local y rural para analizar la génesis del peronismo, se estudiaron casos específicos de localidades del interior bonaerense como Chascomús, Pergamino y Coronel Pringles. Uno de los ejes puestos en discusión ha sido la práctica de designación y constante recambio de comisionados al frente de los municipios como un recurso cooptativo que le permitió al peronismo lograr adhesiones políticas y resolver discrepancias internas (Salomón, 2012 y 2016). Los trabajos para localidades como Río Cuarto y Córdoba dan cuenta del proceso de centralización político-administrativa en el ámbito provincial y los conflictos suscitados dado el mantenimiento prolongado del régimen de intervención a las comunas (Camaño Semprini, 2014, Tcach y Camaño Semprini 2019).

Los municipios en el Chaco y la coyuntura abierta tras el golpe de Estado de 1943

Desde que la vida política local comenzó a manifestarse en el Chaco y a lo largo de casi setenta años el sistema funcionó sin demasiadas alteraciones según lo previsto en la ley N° 1532[2]. La elección del primer concejo municipal se realizó en Resistencia, capital del territorio y hacia la década de 1920 otros dos municipios realizaban elecciones con cierta periodicidad (se habían agregado las localidades de Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Ángela, ubicadas en el sudoeste chaqueño). En la década de 1930, el territorio contaba con cinco comunas donde las autoridades eran electivas: Resistencia, Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata y Quitilipi (Maeder, 2012). Si bien existieron otras localidades que superaban el mínimo de habitantes requeridos para instalar comunas electivas, su constitución formal frecuentemente era postergada hasta la llegada de una coyuntura política o económica más favorable. Las localidades de Machagai, General Pinedo, El Zapallar, Presidencia de la Plaza y Puerto Bermejo se fueron sumando en los años siguientes hasta completar diez municipios en 1943, un número que se mantendría sin modificaciones hasta la provincialización del territorio. Paralelamente, a partir del año 1907 en las poblaciones que no alcanzaban los 1000 habitantes se fueron constituyendo las denominadas Comisiones de Fomento, cuyos integrantes eran designados por el Ministerio del Interior a propuesta del gobernador entre los vecinos del lugar. En algunos casos la autoridad quedaba provisoriamente en manos de los jueces de paz, de los jefes del Registro Civil o del jefe de la policía local.

Distintas agrupaciones políticas se disputaron el control de los municipios. La competencia electoral estuvo dada principalmente entre partidos con presencia y organización nacional como la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, agrupaciones vecinales y en la década de 1930, con la irrupción de la Concordancia, también los conservadores lograron conquistar el poder local (Mari, 1999; Leoni y Ruzich, 2009 y 2010). Con frecuencia en las localidades compitieron listas de candidatos del mismo partido divididos en facciones armadas al calor de los comicios, que luego no tenían continuidad. Esta práctica contribuía a la fragmentación y a la escasa unicidad y proyección de los partidos políticos a nivel territorial, solo actuaban durante el breve periodo de elecciones (Leoni, 2004).

¿Cuáles eran los principales conflictos que podían suscitarse en los municipios? La mayor parte de ellos giraba en torno al empadronamiento de los habitantes en condiciones de votar (según la ley la confección de los padrones estaba a cargo de los concejos municipales), las irregularidades cometidas en las elecciones, denuncias por la mala administración de los recursos y por las intervenciones del gobierno territorial que dejaba sin efecto la autonomía de los municipios. Leoni sostiene que, a pesar de los numerosos conflictos e intervenciones por parte de las autoridades territoriales, los gobiernos municipales “fueron considerados por el gobierno nacional interlocutores válidos en los territorios, en su carácter de representantes de la ciudadanía, como lo demuestra la consulta que se les efectuara sobre los proyectos de reforma de la Ley 1532 y de provincialización que se manejaron en esos años” (Leoni, 2004).

En el mes de abril de 1943 se celebraron las últimas elecciones municipales antes del golpe de Estado. Las mismas se realizaron en medio de grandes cuestionamientos por las numerosas denuncias de corrupción y mala administración por parte de los funcionarios y dirigentes políticos sobre todo dirigidas a los conservadores. Los resultados comprobaron que el radicalismo y el socialismo mantenían su supremacía electoral pese al avance de la Concordancia (Ruzich, 2012).

En junio de 1943, el gobierno militar derivado de la llamada “Revolución del 4 de junio”, dispuso la interrupción de los gobiernos provinciales y el cese de gobernadores territoriales en todo el país. Esta medida incluyó a los concejos municipales electos. Si bien esta situación ya se había producido anteriormente, como lo sucedido tras el golpe de 1930, en esa oportunidad se había retornado a la normalidad institucional en un lapso de dos años[3]. La prensa y los partidos políticos apoyaron de buen modo la intervención, aunque esta confianza inicial tuvo que ver con la ambigüedad que manifestó el gobierno militar ante la situación de los partidos y con las investigaciones que se impulsaron en torno a las denuncias de incompatibilidad, corrupción y malversación de fondos por parte de los concejos municipales chaqueños, algo que venían reclamando en los últimos años[4]. En la coyuntura abierta tras el golpe, ante el cese de autoridades y la suspensión de actividades políticas, tanto el coronel retirado Alberto Castro (1943-1944) como el mayor Martin Martínez (1944-1946) -designados sucesivamente como gobernadores del Chaco- fueron los encargados de velar por el funcionamiento de los gobiernos locales. Como sabemos, el intervencionismo sobre los gobiernos comunales no será una característica exclusiva de esta etapa, ya que existieron numerosos antecedentes en donde los gobiernos nacionales y territoriales intercedieron en la gestión de los mismos. La novedad de la etapa inaugurada en 1943 reside particularmente en el sostenimiento casi indefinido de esta situación de intervención por más de ocho años.

Al poco tiempo de asumir las autoridades militares del gobierno provisional el proceso de designación de nuevos comisionados comenzó a instrumentarse rápidamente. El mecanismo incluía la solicitud de informes a la división de Investigaciones de la policía territorial y por su intermedio a los jefes de policía locales. Los antecedentes recabados eran elevados al gobernador para que éste propusiera una terna a partir de la cual el general Alberto Gilbert (ministro del Interior) pudiese elegir uno de los candidatos. Los requerimientos principales eran ser argentino nativo y residir en el lugar donde desempeñaría sus funciones, contar con cierta capacidad intelectual y solvencia económica probada -dado que el cargo era ad honorem- y sobre todo, no poseer trayectoria política partidaria en la etapa previa[5]. Con frecuencia en los informes oficiales se dejaba constancia de las dificultades que conllevaba la infructuosa tarea: “esta gobernación se abocó a la búsqueda de los candidatos que reunieran las condiciones indispensables para que desempeñaran con corrección y honestidad las funciones de comisionados municipales, este primer aspecto resultó un tanto delicado por cuanto las pasiones políticas absorbían a los hombres y las personas alejadas de esas especulaciones no aceptaban el referido cargo”[6]. Si bien es imposible reconstruir todas las trayectorias, observamos que algunas designaciones de comisionados recayeron en personas dedicadas a las actividades comerciales, profesionales, otros eran pequeños industriales, es decir quienes poseían cierto poder económico y prestigio social en los pueblos o los que podría decirse comúnmente los personajes “notables” de la sociedad local[7].

Las perspectivas que el gobierno militar sostuvo en materia de gobierno local estuvieron en algún modo contenidas en la convocatoria de la Primera Reunión Nacional de Municipios, organizada por el Consejo Nacional de Posguerra en el mes de marzo de 1945, durante el gobierno de Edelmiro Farrell. Esta iniciativa tuvo gran repercusión en el Chaco y las reuniones preparatorias fueron ampliamente publicitadas en la prensa. Un extenso memorial fue elaborado por los comisionados municipales para ser presentado y discutido en la reunión, entre los principales puntos se pueden citar aquellos que estaban relacionados con los problemas económicos y sociales. En ellos sugerían que los reclamos por la especulación de las empresas comerciales y establecimientos industriales, los costos de producción que se traducían en la carestía de los productos básicos, el aumento de salarios mínimos y la baja del consumo de productos básicos por parte de los trabajadores rurales y urbanos, eran problemas que podían resolverse con la mejora en la producción agrícola y una “vuelta al campo” por ser el “estado promisorio de fortuna y bienestar y de superación y dignificación individual”[8]. En las cuestiones políticas, los petitorios resaltaban la urgencia de la reforma de la ley N° 1532 que regía sobre los Territorios Nacionales. La ley era considerada obsoleta para los tiempos que corrían y resaltaban que “lo anacrónico de su estructura retarda todo progreso”[9].

Desde la prensa, especialmente el diario El Territorio, aparecían reclamos de una mayor presencia del Estado nacional que propiciara a su vez la creación de infraestructura básica y la mejora de las condiciones de vida de la población del territorio. Asimismo, se cuestionaba que los asuntos relevantes de la política local fueran propuestos y discutidos por figuras que en muchos casos ignoraban los fundamentos elementales del régimen municipal, por “no haber sido colocados en ellos a mérito de una designación de sus vecinos con los procedimientos que son habituales en un régimen democrático”, sino que eran designados a dedo por el gobierno territorial. [10]

Por otro lado, desde comienzos del año 1945 se puso nuevamente en debate la posibilidad de reactivar las actividades de los partidos, así como avanzar en un nuevo reclamo para el proceso de provincialización. Desde diferentes sectores, sobre todo el político se criticaba las dilaciones que en la materia habían tenido los gobiernos anteriores, pero también se dejaba entrever la falacia que representaba el funcionamiento de los gobiernos comunales durante el gobierno militar: “Debemos reducirnos a los supuestos campos de experimentación de las municipalidades que muchas veces no solo son por la propia gravitación de la forma en que son enviados los gobernadores, los cuales suelen malograr hasta estos modestos instrumentos para el ejercicio de los derechos cívicos en los territorios nacionales”.[11]

Con los sucesos del 17 de octubre de 1945 y el posterior llamado a elecciones nacionales para el 24 de febrero de 1946, la movilización política generada en Buenos Aires se trasladó a los demás espacios replicando una cierta intensidad. Las actividades propias de la campaña electoral quedaron reflejadas en los discursos en la prensa y las giras emprendidas por los candidatos generaron un clima tenso donde no faltaron las críticas y escaramuzas entre los adherentes de la Unión Democrática y los seguidores del coronel Perón.

La llegada del peronismo: reclamos y demandas de participación en los espacios locales

Con la nueva convocatoria a elecciones, los habitantes de los territorios renovaron una vez más la esperanza de que pronto podría restablecerse la autonomía de los municipios y producirse un retorno a las prácticas electorales. El conocido resultado de las elecciones nacionales de febrero de 1946 no cambió el rumbo trazado por el gobierno militar para el funcionamiento de los gobiernos locales, por lo pronto el gobernador del territorio retuvo la atribución de elevar al gobierno nacional las ternas de candidatos para designar a las autoridades locales, tanto a los comisionados municipales como a los miembros de las comisiones de fomento.

Este nuevo periodo de gobierno constitucional supuso un recambio de las autoridades territoriales chaqueñas, aunque primó cierta continuidad. Como cada vez que se producían renovaciones en la estructura del gobierno, diferentes sectores reclamaron el nombramiento de un gobernador nativo del territorio o bien que conociera las demandas e intereses de sus habitantes. Esta vez a esos pedidos se sumaban los grupos nucleados en torno al emergente peronismo chaqueño que trataron de intervenir para posicionar a un candidato que saliese de sus filas (Maggio, 2012). Tras el alejamiento del coronel Martínez, el gobierno peronista designó finalmente como gobernador al abogado chaqueño Antenor Farías, quien desempeñaba por entonces el cargo de secretario de la gobernación[12]. El nombramiento de Farías supuso, por un lado, la continuidad de la gestión militar y por el otro respondió a la demanda de considerar para el cargo a una persona nativa del territorio.

En los primeros meses de gestión y luego de la confirmación oficial de la suspensión de las elecciones municipales, el sostenimiento del cese de las autonomías locales empezaba a tornarse crítico por parte de la oposición y las críticas eran dirigidas con crudeza al gobierno territorial. Con el titular “Continuarán un tiempo más los comisionados. Hasta fin de año no habría convocatoria a elecciones”, la revista resistenciana Boreal editada por el periodista Raúl Berneri, se lamentaba por la dilación en el retorno a la autonomía, que alcanzaba ya los cuatro años: “la presencia de comisionados vale decir, la ausencia de gobierno propio, legal, emanando del pueblo se registrará un tiempo más”[13]. Además los reclamos por la irregular constitución de las comisiones de fomento se reflejaban en el editorial publicada por El Territorio: “la manera equivocada como se procedió recientemente a la designación de miembros de algunas comisiones de fomento, ha hecho que en corto plazo se produjeran serias divergencias entre los mismos”, más delante alegaban que “la gobernación, que no ignora la existencia de dicha anormalidad, las lesiones que provoca y los motivos que la determinaron, debe accionar sin demora para ponerle fin. Y debe hacerlo de forma que en esos organismos vecinales se coloquen los más capaces, con prescindencia de cuestiones políticas y al margen de las desorbitaciones personales”.[14]

También al interior de las filas del nuevo partido de gobierno surgieron voces discrepantes en torno a las designaciones de autoridades locales, ya que mientras el gobernador Farías intentaba además consolidar su posición y aparecía ante la prensa como principal impulsor del peronismo en el territorio chaqueño, los miembros de la Junta Territorial del Partido Peronista, organizado desde principios de 1947, intentaban también mediar en las ternas. En un memorial presentado ante las autoridades nacionales en Buenos Aires, se pronunciaban al respecto de la situación caótica que consideraban que existía en las instituciones de gobierno locales:

El Partido Peronista constituido en el Chaco, está lejos de obedecer a los propósitos y finalidades que inspiraron la creación del citado partido en la república Argentina, porque desde su constitución se ha excluido de él a los partidos esencialmente revolucionarios […] ésta exclusión obedece al deliberado propósito de crear una fuerza política que, al amparo del prestigio de la revolución nacional y de nuestro líder, general Perón, favorezca la continuación de un estado de cosas en el que prima el interés particular del Dr. Antenor Farías, gobernador del Chaco, y que se caracteriza muy particularmente con la total entrega de las instituciones públicas (intendencias, juzgados de paz, comisiones de fomento) a enemigos de la revolución.[15]

En este reclamo claramente exponían que las designaciones de comisionados seguían recayendo en figuras de las cuales se sospechaba no solo un colaboracionismo con la oposición, sino que además no representaban por su extracción social a los nuevos sectores visibilizados tras la movilización del 17 de octubre. Tal como revelan trabajos para otros espacios, en el entramado diverso de dirigentes que ocuparon cargos en los gobiernos locales hubo quienes pertenecían al mundo de los notables de cada pueblo que no acreditaban participación evidente en las jornadas políticas previas al golpe de junio de 1943, pero que no estaban dispuestos perder esa autoridad política (Rafart, 2003: 136).

Por otro lado, tras las elecciones de 1946 se visibilizaron diversas iniciativas encaradas por parte de agrupaciones políticas y organizaciones sindicales afines al peronismo, que lejos de responder a una acción coordinada a nivel territorial actuaban por su cuenta. A través de la documentación disponible, observamos que aparecen identificados por el partido gobernante y con el liderazgo de Perón un conjunto social heterogéneo compuesto por obreros sindicalizados, hacheros, pequeños productores rurales, trabajadores fabriles que afirmaban representar fielmente a los ideales del peronismo y pretendían depurar los gobiernos comunales de todo aquello que fuera contrario a los postulados vertidos desde el gobierno nacional. Si bien las formulaciones de demandas y petitorios elevados a los funcionarios del gobierno nacional y del territorio no fueron prácticas exclusivas de esta etapa, entendemos que aquí estos actores asumieron que, dado que históricamente habían tenido escasa gravitación en la política y en las decisiones públicas y la acción transformadora del peronismo venía a reparar esa situación, desde ahora podían entonces reclamar los canales y los espacios para la participación.

Encontramos notas de diverso tenor enviados desde diferentes localidades chaqueñas. En líneas generales los escritos planteaban la difícil situación económica y social de sus respectivos pueblos, se enumeraban las necesidades de la población, la carestía de los productos básicos, la falta de caminos transitables, la deficiente provisión de agua potable, la precariedad de los servicios de salud, educación y la creciente falta de trabajo. En otro plano, las acusaciones más encarnizadas estaban dirigidas a los comerciantes y a los miembros de las Juntas de Abastecimientos. Desde Pampa del Infierno eran calificados de saboteadores porque contradecían abiertamente “los mandatos del excelentísimo señor presidente de la República, por lo cual solicitamos el cambio de los miembros de la comisión de control y abastecimiento” y pedían una nueva designación en la que “se incluya elementos obreros”.[16] En Charata, los comerciantes, por su rol de expendedores de los productos básicos, eran identificados íntegramente con los sectores de la oposición.[17]

Uno de los puntos más reiterativos en las notas y cartas tenía que ver con la composición de los gobiernos locales. Las propuestas de designaciones y pedidos de remoción comisionados municipales y los jueces de paz fueron frecuente y a continuación mencionamos unos casos que hemos relevado. En Machagai, una agrupación vecinal integrada por delegados sindicales y miembros de los partidos políticos afines al peronismo (laboristas y radicales renovadores) convocó varias asambleas generales, donde luego de adjudicarse la “representación del pueblo laborioso” discutieron listas de candidatos a comisionado municipal, juez de paz titular y suplente en la que figuraban personas surgidas de sus filas. Luego esas listas fueron elevadas al gobernador con la sugerencia expresa de que fueran tenidas en cuenta en la elección[18]. Del mismo modo, las filiales del Partido Laborista y de la Unión Cívica Radical (Junta Renovadora) de Las Breñas organizaron reuniones y elevaron notas para solicitar al gobernador un lugar en la discusión los asuntos comunales[19]. Desde Charadai se informaba la situación que atravesaba la localidad y respecto a la comisión de fomento vigente, se sostenía que la misma debía ser removida porque estaba integrada por “enemigos de la “revolución”[20]. Por su parte, el Partido Laborista de Juan José Castelli, requería al gobernador que “el nombramiento del futuro comisionado municipal recaiga en un vecino honesto y capacitado, capas (sic) de imitar a nuestro presidente general Perón y emprender una obra de progreso para este pueblo y sus colonias”[21].

En ocasiones las notas se remitían directamente al Ministerio del Interior, donde llegaban las acusaciones no solo sobre el accionar de los comisionados sino también de los funcionarios territoriales. Un ejemplo es la denuncia al comisionado de Presidencia de la Plaza, Pedro Arce por defraudación de fondos públicos y estafas en complicidad de funcionarios territoriales[22]. O bien cuando vecinos de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña enviaron una nota promoviendo la candidatura de un militar afín al peronismo para nuevo gobernador del territorio: “entendiendo que con esta designación la obra de la revolución llegará a este territorio que necesita imperiosamente un gobernante que sepa inspirase en la doctrina peronista propugnada por V.E.”.[23]

En otros territorios vemos que ocurrió una situación similar. En el caso de Río Negro, en octubre de 1946 el laborismo local exigió al gobernador el reemplazo del candidato al puesto de Comisionado de la localidad de San Carlos de Bariloche por un candidato proveniente de sus filas y el sindicalismo local intentó presionar para imponer candidatos “auténticamente peronistas” en las Comisiones de Fomento (Rafart, 2003: 136-138) Para Hudson, quien analizó la etapa peronista en el territorio de Santa Cruz las designaciones de autoridades locales (comisionados y jueces de paz) quedaron subordinadas a la influencia del aparato político del peronismo, es decir que el partido en forma directa o a través de sus unidades básicas fue el intermediario ante el gobernador y el ministerio del Interior y sugirió a los candidatos. (Hudson, 2007: 38). Para el caso del territorio de La Pampa, el aparato partidario presionaba para que otros criterios fueran considerados en las designaciones, no ya el “notable” de la localidad, vinculado estrechamente al gobernador sino a otros sectores (Alonso, 2015: 119).

Si bien podemos inferir que, pese a los reclamos, la situación política formal de los municipios no sufrió mayores modificaciones y que estas peticiones escasamente hayan sido tenidas en cuenta, si es cierto que estas iniciativas, propuestas y demandas de participación, demuestran que en el contexto social y político abierto intentaba ser aprovechado para canalizar demandas concretas de los espacios comunitarios. Esta autopercepción es la que tendrán principalmente amplios sectores populares organizados en incipientes sindicatos y formaciones políticas que consideraban que hasta la llegada de Perón a la presidencia no habían sido parte activa en los gobiernos locales. Y si bien no cuestionaban abiertamente el mantenimiento de la suspensión de las elecciones, si entendían que debían incidir en las ternas.

Entre la crítica y la búsqueda de consensos: iniciativas y reuniones

Durante el primer peronismo, el gobierno nacional impulsó el desarrollo material de los Territorios Nacionales, lo que se concretaría en distintos proyectos de ley sobre obras públicas, instrucción, higiene y asistencia social, a la vez que enfatizaría que el perfeccionamiento del poder ejecutivo local, régimen municipal y legislaturas “constituían las condiciones requeridas para lograr la autonomía” (Ruffini, 2005). Si bien existía un consenso en ampliar la participación política de los territorianos había diferencias en el ritmo en que este proceso debía darse, sobre todo con la reclamada provincialización. Finalmente se impuso la gradualidad y se privilegiaron otros mecanismos como el incremento de las facultades de los gobernadores y de otorgamiento de nuevas atribuciones para los municipios[24]. De modo que lograr el bienestar económico-social y perfeccionar el gobierno local eran condiciones necesarias e ineludibles para alcanzar el máximo estatus jurídico:

Es indudable que algunos territorios han alcanzado alguno de los factores que les permite esta transformación, pero es imposible realizarla en forma inmediata y simultánea. Por eso el Poder Ejecutivo encara la posibilidad de ir paulatinamente preparando los territorios para poder sufrir esa transformación; y esa preparación es de dos órdenes: de bienestar económico, con el desarrollo de obras públicas; de su sanidad; de su enseñanza y de un mejoramiento jurídico-político en el orden gubernativo, legislativo y municipal.[25]

La necesidad de difusión de los lineamientos esbozados en el Primer Plan Quinquenal y de las obras de gobierno, impulsó la creación de la Oficina local de Informaciones y Prensa. Desde allí se realizaría una intensa labor para dar a conocer el programa de gobierno y de las obras públicas previstas para las localidades se del Chaco. Además, se instaló la oficina de Distribución de Materiales del ministerio del Interior para dar cuso al Plan de Fomento de los Territorios Nacionales.

Desde la gobernación se estudió la redefinición del número de localidades en condiciones de alcanzar el estatus de municipios y Comisiones de Fomento según lo estipulado por la ley N° 1532, dado que los datos del Censo Nacional de 1947 habían arrojado un crecimiento demográfico exponencial (Chaco era el Territorio Nacional más poblado, superando incluso a algunas provincias) lo que exigía revisar esta cuestión. Entre 1947 y 1949 se produjo la creación de 11 nuevas Comisiones de Fomento que se agregaban a las ya existentes[26]. El número de municipios no se modificó pese a que según el censo unas 14 localidades constituían los principales núcleos urbanos y albergaban la mayor parte de la población del territorio chaqueño. Al final de la gestión de Farias seguían siendo diez las localidades consideradas formalmente municipios por lo que incumplía lo previsto en la norma con el requisito de los 1.000 habitantes.

Localidades más pobladas

Número de habitantes

Resistencia

52.385

Sáenz Peña

23.100

Barranqueras

12.315

Villa Ángela

7.375

Puerto Tirol

4.478

Las Palmas

4.358

Presidencia de la Plaza

4.305

Machagai

3.956

Charata

3.457

Quitilipi

3.288

Puerto Bermejo

3.063

El Zapallar

2.659

Las Breñas

2.652

General Pinedo

2.198

Fuente: Elaboración propia con base en datos extraídos del IV Censo Nacional de Población. 1947. Tomo 1.

Tal como puede observarse en el discurso transcripto a continuación, para fines de 1947 el gobierno territorial revelaba plena confianza en que los municipios y las Comisiones de Fomento chaqueños habían encontrado un punto de equilibrio entre las funciones sociales y políticas que el peronismo aspiraba a que cumplieran en el nuevo marco institucional:

Los municipios también desarrollan una labor que no es desconocida para nadie. Tienen los organismos comunales atribuciones cada vez más amplias y ello es conveniente cada vez que se sirvan con fidelidad los verdaderos intereses de los pueblos, con prescindencia de otros móviles ajenos a su función específica […]La reorganización de las comisiones de fomento es reciente, de manera que esta experiencia sufrirá más comprobaciones a breve término y confío en que desde allí ha de salir fortalecida la fe que el gobierno deposita en los hombres humildes que por primera vez ascienden a funciones de responsabilidad en el orden de los intereses colectivos.[27]

Para favorecer la articulación entre el gobierno territorial y el local, la gobernación se propuso avanzar en la organización de reuniones plenarias que contaran con la participación de delegados de los distintos pueblos y ciudades del Chaco. En la circular enviada en la convocatoria a la primera reunión se congregó a todas las municipalidades y Comisiones de Fomento, incluso las que habían sido creadas recientemente por “la importancia que reviste para este gobierno la acción y cometido de las comunas como expresión más directa de las inquietudes y requerimientos del pueblo”.[28] La necesidad de contar con apoyo a la gestión era considerada imprescindible no solo para garantizar el orden y una administración sin sobresaltos en el gobierno territorial, sino que también debía servir a los fines políticos propuestos por el gobierno nacional:

Comprende el subscripto que la acción comunal es la que más directamente llega a los pobladores y la que principalmente juzgan los vecindarios para apreciar el conjunto de las tareas gubernativas. Fundamentalmente en las actuales circunstancias en que por razones obvias toda incomprensión de los problemas que requieran solución, trasciende el orden local, para proyectarse sobre la acción del Poder Ejecutivo de la Nación.[29]

Durante los días de la reunión, celebrada los primeros días de agosto de 1947, los delegados trabajaron en comisiones que debían elevar sus resoluciones a las autoridades territoriales y nacionales. Las comisiones estaban organizadas según distintos asuntos que revestían interés para las poblaciones: “Régimen Económico Municipal”, “Obras Públicas y particulares”, “Asistencia Social”, “Atribuciones y deberes de orden municipal”, “Cultura” y “Cooperación Comunal a la Acción Económico-Social del Gobierno”. En cada una de ellas, se elaboraron propuestas sobre el mejoramiento de los edificios escolares, la salud pública, la construcción y mantenimiento de caminos y calles públicas, creación de asilos de ancianos y patronatos de menores, entre otros aspectos. Además, se pidió actualizar el sistema de percepción de impuestos, tasas y multas, la creación de nuevos servicios municipales, agilizar el mecanismo de aprobación de los presupuestos anuales y elevar el estatus de los empleados municipales.[30]

Una de las consecuencias de la reunión fue propiciar la regulación de la situación financiera de las comunas, la ampliación del presupuesto y la distribución de materiales provistos por el Ministerio del Interior para encarar obras de infraestructura (vehículos y maquinarias), destinadas a satisfacer -en no en pocos casos- demandas largamente anheladas:

El actual estado económico de las municipalidades y comisiones de fomento permitió a sus autoridades contemplar mejoras en los sueldos del personal, alcanzando este beneficio por igual a obreros y empleados de la administración […] El afianzamiento de esta situación, permitió igualmente a las comunas del Chaco disponerse de lleno a prestar su cooperación en el logro de los propósitos enunciados por el superior Gobierno de la Nación, tendiente a facilitar su valiosísimo concurso material para el desarrollo de un Plan de Fomento de Municipalidades y comisiones de fomento de los territorios nacionales.[31]

El éxito que para las autoridades de gobernación supuso la reunión, habilitó la organización de una segunda, realizada en octubre de 1948, que tendría por objetivo inicial evaluar el grado de cumplimiento de lo estipulado en el año anterior. El contexto del proceso de reforma de la Constitucional Nacional marcó el ritmo de la segunda Reunión de Comunas, por lo que los 48 delegados de las localidades dispusieron que los presidentes y secretarios de la misma fueran los representantes de Resistencia, Presidencia Roque Sáenz Peña y Las Palmas, quienes serían a su vez los encargados de enviar los telegramas correspondientes de salutación al presidente y a su esposa y al ministro del Interior Ángel Borlengui para expresar su apoyo a la iniciativa de gobierno. Desde la gobernación se requirió el apoyo incondicional de las poblaciones del Chaco al proyecto reformista argumentando que la propuesta de ampliación de los derechos políticos para los territorios nacionales redundaría en un beneficio inaudito y en un pronto retorno a la autonomía municipal: “Fundamentales razones de gobierno nos han llevado a disponer esta segunda reunión de comunas […] hemos intentado una empresa de aliento para atender el desarrollo potencial de los pueblos chaqueños […] entendiendo que así mejor servíamos los ideales patrióticos que inspiran la obra magnífica del Excmo. señor presidente de la Nación”.[32] Como resultado final fue aprobada por unanimidad una resolución a favor de la reforma constitucional. Entre los puntos más destacados del texto se pronunciaban por “exigencia del pueblo laborioso la inclusión en la Carta Magna de los derechos genéricamente llamados de Justicia Social” y “que es imperioso que se acuerden a los Territorios Nacionales los derechos acordados a las provincias”.[33]

Mientras las instancias de cooperación entre el gobierno territoriano y las comunas parecían marchar a un ritmo sostenido, paralelamente desde la prensa, especialmente el diario El Territorio, se seguía haciendo foco en las deficiencias e inconstancias que presentaba el sistema de designación de comisionados y de miembros de las Comisiones de Fomento. Cada designación, cada acefalía, cada nuevo reemplazo reactivaba las críticas y los cuestionamientos. Encontramos numerosos pedidos de remoción y denuncias por mala administración e irregularidades en el accionar de los funcionarios. En notas muchas veces encabezadas por dirigentes de la oposición radical y socialista se exponían los casos de Presidencia de la Plaza y El Zapallar, donde se le requirió la renuncia al comisionado por ser acusado de consumar estafas durante el desempeño de sus funciones[34], o el de General Pinedo, donde la comuna quedó acéfala por tiempo indeterminado con el consiguiente perjuicio de la población: “El sistema de comisionados, además de ser atentatorio a elementales mandatos de la Constitución Nacional, afecta por otra parte a los intereses de las poblaciones a quienes se despojó cinco años atrás de su gobierno propio, pues ha quedado demostrado hasta el cansancio y de manera irrefutable que los funcionarios mencionados se limitan a una acción puramente burocrática y política” [35]. Como vemos, se criticaba el abuso del mecanismo de remoción constante y arbitrario de comisionados municipales, ya que decían obedecer a objetivos partidarios del peronismo o a intereses particulares de la gobernación: “las remociones de que son objeto esos funcionarios, en la mayoría de las veces no responden a motivos de interés general ni a incorrecciones en sus cometidos, sino a rencillas entre los grupos de oficialistas o aspirantes a integrar esos grupos, y cuya política es la de usufructo exclusivo de los beneficios”.[36] Esta práctica, según la prensa, en nada contribuía a los intereses de progreso y contradecía el alcance de bienestar material y económico de los habitantes de las comunas, que tanto se ocupaban de pregonar desde la gobernación:

Ya van cinco años de las declaraciones y compromisos con que los autores del movimiento militar del 4 de junio aseguraron al país que realizaban ese acto a efectos de devolver a la pureza del sistema político que establece la Carta Magna […] es hora entonces de realizar esa devolución, dando fin al sistema de los comisionados que está creando en los territorios nacionales una era caótica, plena de vicios administrativos y políticos.[37]

Pero estas críticas también eran moneda corriente en las propias filas peronistas. En este marco nos interesa reseñar brevemente la situación de la capital del territorio chaqueño que significó el inicio de intensos conflictos desatados entre el gobernador Farias y los radicales renovadores y laboristas, que entre los años 1947 y 1948 se encontraban en un momento de disciplinamiento de sus fuerzas adherentes. Entre 1943 y 1949 al frente del municipio de Resistencia se sucedieron más de 13 comisionados (Alberto Peredo, Anatole Eisenstein, Euclides Ventura Cardozo, Pedro Sanchís, Francisco Carrió, José del Valle Pardo, René C. Beveraggi, Oscar A. Cerrutti, Desiderio M. Sosa, Carlos F. García, Higinio González, Lelio A. Balbiani y Teófilo Robles)[38]. Al desorden generado por las acefalias, renuncias, ausentismo y las constantes intervenciones del gobernador, se sumaban la sospecha de malversación de la administración de los bienes de la comuna: “A cinco años de haber sido intervenida, la municipalidad de esta ciudad quedará por séptima vez sin comisionado […] a lo largo de un lustro de cercenamiento de la autonomía comunal, el pueblo de Resistencia ha colocado en las arcas municipales por concepto de impuestos no menos de 12 millones de pesos, que no le ha reportado ningún beneficio visible”.[39]

La designación de Higinio González (un comerciante local) en el cargo de comisionado de la ciudad a mediados de 1947 produjo hondas críticas en el laborismo:

Dada la posición desleal del gobernador del Chaco, doctor Antenor Farías, quien desde sus funciones está favoreciendo la acción de nuestros adversarios, al entregar las posiciones públicas a enemigos declarados del peronismo, situación que culmina ahora con la propuesta elevada ahora al ministerio del Interior, para que el señor Higinio González ocupe el cargo de Comisionado Municipal en esta capital. No obstante, dicho señor fue afiliado del Partido Socialista hasta hace muy poco tiempo. [40]

Las condenas a las actitudes arribistas no eran solamente reservadas para el caso de González, sino que por lo general eran extensivas a toda figura de las que se tenía desconfianza por su trayectoria política previa como de su origen social y que era ubicada en puestos relevantes de las esferas de gobierno tanto local como territorial. Sin embargo, como se ha demostrado en otros territorios, esto fue muy común en los espacios donde el peronismo debió recurrir a personas con experiencia, con prestigio o con cierto reconocimiento en la sociedad para garantizar el funcionamiento de las instituciones. Para el caso del peronismo neuquino, Lvovich identificó a una capa de líderes considerados por su posición social y económica como “notables” quienes conducirían los destinos del partido, aunque ello no significaría que aflorara también un tipo de identidad política distinta en los sectores populares (Lvovich, 2003: 107). En el peronismo emergente en Santa Cruz, ante la dificultad de encontrar funcionarios idóneos, se “negoció la incorporación de figuras vinculadas a los elencos tradicionales de gobierno” (Vilaboa y Bona, 2003).

A los peronistas no se les escapaba el hecho no menor de que la ciudad de Resistencia concentraba la mayor parte del electorado radical y socialista que habían ocupado los cargos electivos hasta 1943, por lo tanto, la veían como un reducto del enemigo que debía ser intervenido y conveniente depurado antes de propiciar la apertura democrática. Los dirigentes del sindicato que nucleaba a los trabajadores del municipio resistenciano también sumaron sus propios pedidos de remoción y propuestas de nombramiento de personas pertenecientes a las “filas obreras” o consustanciadas con sus intereses en los cargos de comisionado cada vez que se conocía la posibilidad de designación de un nuevo funcionario [41]. Pero a pesar de los reclamos y conflictos que tuvieron lugar hasta el último año de gestión de Antenor Farías, en la documentación que disponemos observamos que se siguió nombrando, salvo muy contadas excepciones (como es el caso del sindicalista Felipe Gallardo quien en 1948 es designado comisionado municipal en El Zapallar) a figuras representativas, profesionales, comerciantes para ocupar los puestos de Comisionados Municipales, por entenderse que con ello se atendían más cabalmente los intereses de sus poblaciones locales.[42]

Más allá de las expectativas creadas sobre el retorno a las elecciones municipales y una nueva perspectiva en la elección de comisionados, en líneas generales el ascenso del peronismo al poder no planteó cambios significativos al escenario impuesto desde el gobierno militar. En las elecciones nacionales de 1951 al contrario de otros espacios territoriales, en el Chaco por ser provincializado junto a La Pampa, sus habitantes solo pudieron votar a autoridades nacionales y convencionales constituyentes. Los municipios chaqueños tendrían que esperar hasta los comicios legislativos del 25 de abril de 1954 para dotarse de autoridades electivas, con excepción de Resistencia, la capital, cuyo comisionado siguió siendo nombrado por el Poder Ejecutivo.

Reflexiones finales

En este capítulo nos propusimos indagar sobre la situación que atravesaron los municipios del Territorio Nacional del Chaco durante los momentos iniciales de la primera presidencia de Juan Domingo Perón, etapa que coincidió a nivel territorial con la designación de Antenor Farías como gobernador (1946-1949). A lo largo del trabajo, destacamos la importancia y centralidad que tuvo el régimen municipal en el contexto de los Territorios Nacionales, ya que constituía el único ámbito de gobierno electivo. Por lo tanto, su atención y fortalecimiento fue objeto de preocupación por parte del gobierno nacional y territorial. Desde las primeras décadas del siglo XX hasta el golpe de Estado de junio de 1943, el incremento de la población chaqueña permitió que cada vez más localidades alcanzaran el estatus de municipio.

La llegada de Perón al poder después de las elecciones presidenciales de 1946, significó la puesta en marcha de una nueva concepción de la política que debió ser reinterpretada por los gobernantes de los territorios y los habitantes de los pueblos. Como sabemos, a diferencia de la mayoría de las provincias donde los municipios volvieron a ser electivos en el transcurso de la primera presidencia peronista, en los Territorios esta situación no se modificó. Durante la etapa los habitantes del territorio chaqueño – sobre todo para quienes se sentían parte del movimiento peronista- la conquista del poder comunal se planteó como una meta concreta e inevitable. De modo que el sostenimiento del proceso de interrupción de las autonomías municipales coincidió con la mayor visibilidad que adquirieron nuevos actores (sindicatos y partidos políticos afines al peronismo) lo cual sumó un elemento de mayor complejidad a la lucha por el poder comunal que otrora tenía como ámbito de privilegiado de actuación a los radicales y socialistas.

La intervención en la escena pública tomó la forma de notas y petitorios elevados al gobernador y a las autoridades nacionales reclamando en primer lugar el recambio de las autoridades locales (la remoción de los comisionados y jueces de paz) y por otro la puesta en conocimiento de las necesidades económicas y sociales básicas de las poblaciones. Contrario a lo que opinaba la oposición al peronismo, para los delegados sindicales y miembros de partidos políticos oficialistas la “adscripción al peronismo” o al menos la consustanciación con el espíritu emanado del gobierno nacional eran requisitos indispensables para el acceso al poder local en esta nueva etapa. Y esta condición era reclamada por su “incumplimiento” hasta al propio gobernador.

Por último, un ejemplo concreto de la articulación de las instancias nacionales/territoriales/locales fue la realización de las reuniones de municipios y comisiones de fomento del Chaco. Las reuniones de comunas permitieron a sus representantes exponer sus propuestas de mejoramiento de numerosos problemas largamente arraigados como la falta de infraestructura escolar y sanitaria, de caminos, vivienda, asistencia social, entre otros. También pudimos observar que lo expresado en esas reuniones no significó el cese de las demandas de mayor participación en el control del poder local y no anularon el viejo anhelo de la recuperación de la autonomía municipal.

Pese al optimismo esbozado en las declaraciones y documentos oficiales del gobierno de Farias, lo analizado nos hace inferir que la incertidumbre fue una contante a juzgar por las frecuentes demandas por los nombramientos y remociones de funcionarios. A su vez, la inestabilidad política producto del reacomodamiento de fuerzas dentro del peronismo territoriano generó un panorama bastante conflictivo y tendría su impacto en el desempeño de los municipios y comisiones del fomento del Chaco entre 1946 y 1949. Más allá de los pocos resultados que pudimos obtener hasta el momento, múltiples interrogantes aún quedan pendientes tras nuestra reconstrucción, como la tensión evidente que presenta la noción de ciudadanía esbozada por el peronismo, la expansión de la participación política hacia sectores previamente marginados y su contraste con prácticas asociadas al verticalismo y centralización, que buscaban más bien mantener el control antes que abrir el juego político de la competencia electoral.

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  1. Un avance preliminar relativo a los temas que plantea este capítulo lo hemos trabajado en “Los municipios del Chaco durante el primer peronismo. Conflictos durante la gestión de Antenor Farías (1946-1949)”. En: XXXVI Encuentro de Geohistoria Regional. Instituto de Investigaciones Geohistóricas, UNNE- CONICET. Resistencia, Chaco, año 2017.
  2. La ley establecía que cada poblado que reuniese un número de más de 1000 habitantes estaba en condiciones de elegir su propio gobierno. En los municipios el gobierno era ejercido por un concejo compuesto por cinco miembros de carácter electivo, que duraban dos años en sus funciones. En el caso de producirse una vacante por renuncia, terminación de mandato o acefalía era cubierta por un comisionado designado por el gobernador. Esta última cuestión según Leoni, “se convirtió en una verdadera fuente de conflictos, ya que éste fue un instrumento utilizado con asiduidad por los gobernadores para intervenir en la política municipal” (Leoni, 2002).
  3. Tras el golpe de Estado de 1930, los comicios de los municipios chaqueños se reanudaron en noviembre de 1932 (Mari, 1999).
  4. El Territorio, 19 de agosto de 1943, p. 5.
  5. AHPCh (Archivo Histórico de la provincia del Chaco). Sección Asuntos Políticos. Nota e informe del comisario policial de El Zapallar, Martin Carasa, al jefe de Policía del territorio Carlos M. Gallo, del 11 de agosto de 1943.
  6. AHPCh. Memorias del Gobernador Alberto Castro (1943-1944), p. IX.
  7. AHPCh. Boletín Oficial de la Gobernación del Chaco. Año: 1944. pp. 12-13. Los Comisionados municipales designados en 1944 fueron: Euclides Ventura Cardozo (Resistencia), Mauricio Rueda (Sáenz Peña), Ramón Freire (Villa Ángela), Roberto Andrés Sein (Presidencia de la Plaza), Justo Sánchez Ortiz (Machagai), Manuel Fernández (Charata), Eduardo Ruiz Villasuso (Quitilipi), Oscar Gatti (Puerto Bermejo), Pedro Leale (El Zapallar) y Juan Carlos Mingo (General Pinedo).
  8. El Territorio, 1 de marzo de 1945, p. 7.
  9. El Territorio, 1 de marzo de 1945, p. 7.
  10. El Territorio, 2 de marzo de 1945, p. 3.
  11. El Territorio, 26 de febrero de 1945, p. 3.
  12. Farias ejerció el cargo de secretario de gobernación entre octubre de 1944 hasta junio de 1946. Fue gobernador del territorio desde el 19 de octubre de 1946 hasta el 19 de octubre de 1949. Desempeñó el cargo de ministro de Asuntos Técnicos durante el gobierno de Felipe Gallardo, entre 1953 y 1955 (Borchichi, 1997).
  13. Boreal, año 1, N° 1, abril 1947.
  14. El Territorio, 15 de noviembre de 1947. “Comisiones de fomento desintegradas”.
  15. El Territorio, 17 de junio de 1947, p. 3.
  16. AHPCh. Asuntos Laborales. Memorial enviado al Gobernador Antenor Farías el 13 de octubre de 1946, por el Sindicato Obrero de Oficios Varios de Pampa del Infierno.
  17. AHPCh. Asuntos Laborales. Nota enviada al presidente Perón por parte del Sindicato Obrero General de Charata, con fecha del 4 de enero de 1947.
  18. AHPCh. Asuntos Políticos, Caja 1. Acta de la reunión efectuada por la asociación “Vecinos Peronistas” el 1 de noviembre de 1946, en Machagai.
  19. AHPCh. Asuntos Políticos. Nota de la Unión Cívica Radical (Junta Renovadora) de Las Breñas enviado al gobernador Farías el 8 de diciembre de 1946, s/ N°, S/F.
  20. AHPCh. Caja Asuntos Políticos. Nota del Partido Laborista Centro J. D. Perón enviado al gobernador Farías el 20 de diciembre de 1946. Folio 90, N° 4306.
  21. AHPCh. Asuntos Políticos. Nota del Partido Laborista de Castelli, enviada al gobernador Farías el 28 de diciembre de 1946. Folio 323, N° 31.
  22. AGN (Archivo General de la Nación). Departamento de Archivo intermedio. Expedientes secretos, confidenciales y reservados. Caja 78, Doc. 113. Informe sobre estafa en el municipio Presidencia de la Plaza. 4 de diciembre de 1948 y 10 de enero de 1949.
  23. AGN. Departamento de Archivo intermedio. Expedientes secretos, confidenciales y reservados. Caja 90. Doc. 70948. Nota al presidente Perón por parte de integrantes de la comisión Pro- Candidatura de Ramón Ubieto de Roque Sáenz Peña del 5 de septiembre de 1949.
  24. En 1948 se sancionó la ley N° 13.494. En su artículo 6 establecía que: “las municipalidades de territorios estarán facultadas para disponer la construcción de pavimentos, afirmados, cercas y aceras, por cuenta de vecinos, con sujeción a la reglamentación que al efecto dicte el Poder Ejecutivo nacional. Dichas municipalidades podrán exigir el pago de contribuciones de mejoras, derechos de inspección, tasas por retribución de servicios públicos de cualquier índole que presten al vecindario o impuestos de carácter municipal. Tendrán, en materia tributaria, las mismas fuentes que las leyes en vigor acuerdan a la Municipalidad de Buenos Aires y las que se le asignen por leyes futuras pero todo nuevo gravamen que establezcan en uso de las facultades otorgadas por este artículo o cualquier aumento ulterior deberá ser previamente autorizado por el Ministerio del Interior”.
  25. Plan de Gobierno 1947-1951, Presidencia de la Nación, Secretaría Técnica, Tomo I, p. 33.
  26. Las localidades y su categoría en orden alfabético: Avia Terai (Comisión de Fomento), Basail (Comisión de Fomento); Campo Largo (Comisión de Fomento); Charadai (Comisión de Fomento); Charata (Municipio); Ciervo Petiso (Comisión de Fomento); Colonia Benítez (Comisión de Fomento); Colonia Elisa (Comisión de Fomento); Colonia Popular (Comisión de Fomento); Colonias Unidas (Comisión de Fomento); Concepción del Bermejo (Comisión de Fomento); Coronel Du Graty (Comisión de Fomento); Corzuela (Comisión de Fomento); Cote Lai (Comisión de Fomento), El Palmar (Comisión de Fomento); El Pintado (Comisión de Fomento); El Zapallar (Municipio); Enrique Urien (Comisión de Fomento); Gancedo (Comisión de Fomento); General Capdevila (Comisión de Fomento); General Pinedo (Municipio); General Vedia (Comisión de Fomento); Juan José Castelli (Comisión de Fomento); La Clotilde (Comisión de Fomento); La Eduvigis (Comisión de Fomento); La Escondida (Comisión de Fomento), La Leonesa (Comisión de Fomento); La Sabana (Comisión de Fomento); La Tigra (Comisión de Fomento); Laguna Blanca (Comisión de Fomento); Laguna Limpia (Comisión de Fomento); Lapachito (Comisión de Fomento); Las Breñas (Comisión de Fomento); Las Garcitas (Comisión de Fomento); Las Palmas (Comisión de Fomento); Machagai (Municipio), Makallé (Comisión de Fomento), Margarita Belén (Comisión de Fomento); Napalpí (Comisión de Fomento); Napenay (Comisión de Fomento); Pampa Almirón (Comisión de Fomento); Pampa del Indio (Comisión de Fomento); Pampa del Infierno (Comisión de Fomento), Presidencia de la Plaza (Municipio) Presidencia Roca (Comisión de Fomento); Puerto Bermejo (Municipio); Puerto Tirol (Comisión de Fomento); Quitilipi (Municipio); Resistencia (Municipio); Roque Sáenz Peña (Municipio); Samuhú (Comisión de Fomento), San Bernardo (Comisión de Fomento); Santa Silvina (Comisión de Fomento), Taco Pozo (Comisión de Fomento); Tres Isletas (Comisión de Fomento); Villa Angela (Municipio); Villa Berthet (Comisión de Fomento). Fuente: AHPCh. Boletín Oficial Informativo. Gobernación del Chaco. abril-junio 1949. pp. 6-8 cit. por Borchichi, 1997.
  27. Discurso del gobernador Antenor Farias reproducido en Revista Administrativa. Órgano de Informaciones Generales de la Administración nacional y provincial. Buenos Aires, Año X, N° 88. diciembre de 1947.
  28. AHPCh. Copiadores de la Secretaría de la Gobernación. Libro 162. Años: 1946-1947. Transcripción de la circular N° 334 – Ministerio del Interior- del 16 de diciembre de 1946.
  29. AHPCh. Fondo: Periodo Territoriano. Documentos de Municipalidades-pueblos. Resistencia. Años: 1945-1947. Nota del gobernador Antenor Farías enviada al ministro del Interior Ángel Borlenghi, con fecha del 30 de julio de 1947.
  30. AHPCh. Fondo: Periodo Territoriano. Documentos de Municipalidades-pueblos. Boletín Interno de la Reunión de comunas del Territorio. N° 4 y 5. 9 de agosto de 1947.
  31. AHPCh. Memorias de la Gobernación del Chaco. Gobierno del Dr. Antenor Farías (1948). p. 212.
  32. El Territorio, 14 de octubre de 1948, p. 2. Extracto del discurso del gobernador Farías.
  33. El Territorio, 15 de octubre de 1948, p. 3.
  34. El Territorio, 22 de noviembre de 1947, p. 3.
  35. El Territorio, 16 de diciembre de 1947, p. 3.
  36. El Territorio, 26 de noviembre de 1947, p. 3.
  37. El Territorio, 26 de noviembre de 1947, p. 3.
  38. Cámara de Diputados de la provincia del Chaco. Biblioteca Legislativa digital. Nómina de intendentes y comisionados de la ciudad de Resistencia.
  39. El Territorio, 21 de agosto de 1948, p. 3.
  40. AHPCh. Fondo: Periodo Territoriano. Documentos de Municipalidades-pueblos. Resistencia. Años: 1945-1947. Nota enviada al ministro del Interior el 14 de mayo de 1947, por Bartolomé Ramírez, Eusebio Mansilla y Luis Vacca, representantes de la Junta de Emergencia del laborismo y radicalismo renovador de Resistencia.
  41. AHPCh. Fondo: Periodo Territoriano. Documentos de Municipalidades-pueblos. Resistencia. Años: 1945-1947. Nota del Sindicato Unión de Obreros Municipales de Resistencia, enviada al ministro del Interior, proponiendo al secretario general del sindicato como comisionado municipal de la ciudad, 7 de noviembre de 1948.
  42. AHPCh. Boletín Informativo de la Gobernación del Chaco. N° 97. Enero, febrero y marzo 1949. Los comisionados designados por el gobernador para el año 1949 fueron: Higinio González (Resistencia); Quintín Nardelli (Roque Sáenz Peña); Eduardo Battioni (Villa Ángela); Pedro Arce (Presidencia de la Plaza); Roberto Barboza (Machagai); Manuel S. Salvador (Charata); Isabelino Arce (Quitilipi); Roberto Gatti (Puerto Bermejo); Felipe Gallardo (El Zapallar) y Andrés Yedro (General Pinedo).


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