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La represión institucionalizada[1]

Comisiones investigadoras en Corrientes durante la Revolución Libertadora (1955-1956)

Nahuel Castelo

Introducción

El golpe de Estado de septiembre de 1955 que provocó el derrocamiento de Juan Domingo Perón comprendió uno de los episodios más conflictivos y violentos del enfrentamiento entre antiperonistas y peronistas. La “Revolución Libertadora”, denominación otorgada por los propios actores, no fue la primera sino la última de una serie de intentonas como el bombardeo a la Plaza de Mayo en junio de ese mismo año o el levantamiento del general Benjamín Menéndez en 1951. El movimiento, encabezado por las Fuerzas Armadas y apoyado por grupos civiles, portaba un diagnóstico en el que Perón era el principal responsable de la decadencia del sistema político argentino, lo que justificó tanto el accionar por fuera de los mecanismos institucionales para llegar al poder como la posterior decisión de excluirlo de la realidad política nacional. En este sentido, en los meses siguientes, el gobierno cívico-militar constituido llevó adelante un ambicioso proyecto que buscó “desperonizar” el país a través de medidas como la proscripción partidaria del peronismo –que se extendería con matices hasta 1973– y el cercenamiento de sus bases sociales y culturales. En la lógica de sus protagonistas, la “desperonización” era la condición necesaria para el restablecimiento del orden político, democrático e institucional, e implicó el despliegue de un dispositivo represivo caracterizado por la persecución política sistemática a exfuncionarios, partidarios y sindicalistas –cuyos rasgos más radicalizados fueron visibles durante la presidencia del general Pedro Aramburu–, y la complementación de este con una estrategia pedagógica que apuntó a crear el antimito y demostrar a la sociedad lo que había sucedido durante el “régimen” (Spinelli, 2005).

Gran parte de lo que conocemos hoy sobre la “Revolución Libertadora” se debe al desarrollo historiográfico impulsado por distintos investigadores en las últimas décadas, quienes a partir de variados enfoques han ampliado y enriquecido considerablemente las miradas sobre el período. Luego de los tempranos aportes de trabajos provenientes de otras disciplinas[2] y las ya consolidadas investigaciones de Estela Spinelli o César Tcach,[3] se han publicado análisis que han puesto en el centro la dimensión local y regional del proceso, como los artículos reunidos en el dossier coordinado por Fernando Castillo (2016)[4] o la compilación realizada por Valeria Galván y Florencia Osuna (2018) en las que se pensó al golpe de Estado en el marco internacional de la Guerra Fría, entre otros. Para el trabajo que aquí presentamos han sido fundamentales las investigaciones realizadas por Martha Ruffini (2012 y 2016) y Silvana Ferreyra (2016 y 2018), en tanto se centran en las comisiones investigadoras como instituciones que fueron centrales para la construcción de representaciones sobre el peronismo que, al definirlo como “enemigo de la nación” y asociarlo intrínsecamente a actos de corrupción, justificaron la proscripción a partir de 1956.

En efecto, para Ruffini (2016) el proyecto de “desperonización” del país consistió en un ejercicio violento y represivo que excedió la mera declamación; las detenciones, persecuciones y fusilamientos fueron visibles manifestaciones de esa violencia impulsada por el Estado, que actuó como tutor de un “orden deseado” y donde la decisión de la proscripción aparece como expresión de la exclusión política. Así, el gobierno de facto tuvo la necesidad de justificar esta acción y el objetivo de mostrar a la Nación aquello que “realmente” fue el peronismo precipitó la creación de las mencionadas comisiones (Ruffini, 2016). Además del trabajo antes mencionado, Ferreyra (2018) se enfoca en la Comisión Nacional de Investigaciones (CNI) y enfatiza la idea de que el Decreto N° 4161[5] se apoyó en un imaginario sobre el peronismo como inherentemente corrupto. Si bien considera que la “desperonización” fracasó en términos generales –ya que no logró erradicar al movimiento de la vida política nacional– si consiguió instalar una estructura conceptual que lo vinculó a la corrupción (Ferreyra, 2018). La construcción de ese imaginario, deslegitimador a la vez que justificador, se apoyó en gran medida en el trabajo de las comisiones investigadoras, dado que los informes de estos organismos fueron sistematizados, publicados y difundidos por diversas vías.

En el presente capítulo abordaremos el despliegue que tuvo la Comisión Investigadora que actuó en la provincia de Corrientes (CIPC) entre octubre de 1955 y abril de 1956. Este organismo, homólogo y subsidiario del que funcionó en el orden nacional formó parte de la estructura represiva y pedagógica de la “Libertadora” en tanto sus integrantes se encargaron de realizar allanamientos, detenciones, dictar incomunicaciones, entre otras acciones, sobre los exfuncionarios y adeptos del gobierno depuesto. En las próximas páginas buscaremos analizar la conformación, funcionamiento y el modo en que llevaron a cabo algunas de las investigaciones durante su existencia. Planteamos que, en el ámbito provincial, estas instituciones fueron espacios de disputa por parte de los partidos políticos antiperonistas que se interesaron por ocupar cargos de poder en el dispositivo de persecución contra el peronismo. En este marco, además, con el objetivo de difundir las investigaciones iniciadas, los comisionados impulsaron –y presionaron– a la prensa local para que publicaran periódicamente sus informes. El estudio de los aspectos propuestos posibilita el acercamiento al conflicto entre peronistas y antiperonistas desde un enfoque institucional en clave local.

El corpus documental que hemos analizado está conformado por fuentes oficiales –informes, expedientes y notas de la CIPC, decretos de la Intervención Federal y libros de sentencias de los juzgados que tomaron algunas de las causas–, la prensa escrita publicada en Corrientes –particularmente los diarios El Liberal, La Mañana y La Calle durante el período que transcurrió entre setiembre de 1955 y abril de 1956– y una publicación del gobierno provisional que salió a la luz en 1958 donde se reúnen las memorias de las distintas comisiones investigadoras titulada Documentación, Autores y Cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía (Comisión Nacional de Investigaciones, 1958) cuyo tomo V recupera algunos hechos ocurridos en la provincia. Este conjunto de documentos se encuentra distribuido entre el Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Provincia de Corrientes, el Archivo Histórico de la Legislatura de Corrientes y el Archivo Histórico del Poder Judicial local.

La Revolución Libertadora: el imperio de la paz, la libertad y la justicia

El levantamiento armado iniciado el 16 de septiembre de 1955 fue llevado a cabo en distintos puntos del país. Este episodio contó con un pasaje particular en Corrientes, donde la sublevación coordinada con otros focos golpistas tuvo lugar –aunque de manera fallida– en un destacamento militar de la ciudad de Curuzú Cuatiá, al sureste provincial, y contó en este espacio con un importante apoyo civil (Solís Carnicer, 2017). Dirigentes del radicalismo y del autonomismo local, entre otros, participaron de actividades conspirativas y algunos militantes formaron parte de los comandos civiles que actuaron en ese mismo día. Pero aquel escenario asumió particularidades que se habían ido germinando desde hacía casi una década. Para María del Mar Solís Carnicer (2017) el punto de partida en el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas a nivel local se encuentra en las elecciones provinciales de 1946, que consagró a la fórmula de la UCR encabezada por Blas Benjamín de la Vega y convirtió a Corrientes en el único distrito del país donde el peronismo no triunfó en los comicios para la gobernación. Sin embargo, antes de cumplirse un año y medio de mandato, de la Vega fue destituido por medio de una intervención federal, lo que marcó el inicio de una relación entre gobierno y oposición atravesada por el conflicto (Solís Carnicer, 2017).

El interventor designado por Perón fue el general Juan Filomeno Velazco, quien se consolidó en el cargo en elecciones posteriores. En 1951 Velazco fue sucedido por el Dr. Raúl Castillo, su exministro de salud. Durante esta etapa el peronismo logró rediseñar el aparato institucional mediante reformas que incluyeron la modificación del régimen electoral, una nueva constitución provincial y la reglamentación de una ley de partidos políticos (Solís Carnicer, 2017). El mecanismo implementado determinó el control sobre las demás fuerzas políticas, lo que le permitió evitar conflictos al interior del propio peronismo a la vez que limitó la actuación de la oposición. Hasta el momento de la intervención, los actores de peso en la escena política local fueron el partido Liberal, el Demócrata Autonomista y la UCR. Llegado el peronismo, los dos primeros atravesaron sucesivas crisis de representación y se vieron severamente afectados por la pérdida de votos, ya que muchos electores y partidarios fueron atraídos por la nueva fuerza.

No obstante, a partir de 1952, las confrontaciones y la polarización entre oficialismo y oposición tuvieron su réplica en la provincia y las medidas mencionadas contribuyeron a tensionar más la situación. El peronismo había alcanzado una representación legislativa casi absoluta que limitó a la oposición a una participación minoritaria, compuesta únicamente por el radicalismo, y desplazó al resto de los partidos de la política institucional. La estrategia ejercida consistió en no suprimir ni negarles la representación a sus adversarios, pero en cambio los mantuvo fuertemente controlados (Solís Carnicer, 2017). Luego de varios fracasos electorales, algunos partidos como el Demócrata Autonomista ejercieron su disputa con el gobierno activamente a través otros canales. Este fue el caso del diario La Mañana, dirigido por el presidente del autonomismo, Elías Abad. Sin embargo, luego de las elecciones de 1954 en que el peronismo volvió a triunfar, algunos sectores opositores empezaron a involucrarse en actividades conspirativas que los llevarían al frente de los comandos cívicos que se organizaron en 1955.

El crecimiento de las conspiraciones y la idea de un levantamiento empezaron a tomar forma a través de la organización entre actores antiperonistas del ámbito político, militar y religioso. Los sucesos de junio –la masiva procesión de Corpus Christi y el intento de derrocar y asesinar a Perón– grafican el nivel de confrontación que continuó hasta su desenlace. El 16 de septiembre, el control de la guarnición militar de Curuzú Cuatiá fue en uno de los objetivos de la sublevación. Esta y otras áreas estratégicas de la provincia debían ser aseguradas por los oficiales y suboficiales “rebeldes” para luego aguardar la llegada del general Aramburu. Sin embargo, la falta de coordinación y la eficaz resistencia de los militares “leales” al gobierno neutralizaron momentáneamente la acción.

Luego del golpe de Estado, durante un breve lapso, la “Revolución Libertadora” fue presidida por el general Eduardo Lonardi, cuyo gobierno estuvo caracterizado por el intento de pacificar el país. Este objetivo, vinculado en la literatura académica al lema “ni vencedores, ni vencidos” implicó además un acotado avance sobre el sindicalismo –núcleo duro peronista– y la reticencia a la participación político partidaria en el gobierno provisional, elementos que, en conjunto, fueron determinantes en las tensiones que provocaron su desplazamiento hacia el mes de noviembre (Potash, 1994; Spinelli, 2005). La posterior asunción de Aramburu y la continuidad del vicepresidente Isaac Rojas marcaron el viraje hacia una versión más radicalizada del antiperonismo y, con ello, además de la integración efectiva de los partidos políticos,[6] se profundizaron las políticas de “desperonización” y los mecanismos represivos (Spinelli, 2005).

En Corrientes, luego de una serie de interventores interinos entre los que se encuentran el general Esteban Font y el coronel Oscar Dumas, fue designado en el cargo Manuel Norman Bianchi, un capitán de navío que estuvo en la gobernación hasta el retorno democrático en 1958, lo que demuestra cierta estabilidad respecto de los episodios sucedidos en la cúpula presidencial. Para algunos sectores, la gestión de la transición por parte del general Font implicó un “retraso en la llegada de la Revolución”. Se trataba de un hombre de amplia trayectoria que había dirigido una división del Ejército con asiento en la provincia y estuvo a cargo de la represión del levantamiento en Curuzú. Además, se lo acusaba de haber garantizado la huida del gobernador depuesto, Raúl Castillo, hacia la frontera brasileña.[7] De todos modos, los principios que rigieron las primeras semanas de gobierno estuvieron en sintonía con los objetivos de alcanzar la pacificación y normalización del país. En su primer discurso, Bianchi expresó:

Mi misión es la de asegurar el imperio de la paz, la libertad y la justicia […] comprometo a la patriótica colaboración del pueblo correntino, sin distinción de ideología política. Este pueblo que fue el primer defensor de la libertad en las provincias del Plata y que escribió en Pago Largo una de las páginas más memorables, gloriosas y tristes de la Historia Nacional, no puede ceder ese puesto de vanguardia, ganada con tantos sacrificios, en la hora presente. […] vengo con el decidido propósito de cumplir fielmente los postulados del Gobierno de la Nación, para reencausar los destinos de la provincia dentro del orden, de la legalidad y de la justicia, para que, a todos por igual, alcancen los efectos de esta acción renovadora, que ha de marcar nuevos rumbos en los derroteros de la Patria […] [8]

Tanto Bianchi como sus predecesores, Font y Dumas, tuvieron mensajes similares. Atrás había quedado el enfrentamiento armado entre argentinos, ahora era momento de “asegurar el orden y la tranquilidad de todas las personas de la provincia” sin distinción ideológica. No obstante, el interventor agregaría que su postura sería firme en la represión de “todo aquello que importe perturbar la tranquilidad pública o desvirtuar los propósitos de gobierno”. Las resoluciones tomadas desde la jefatura de policía días previos apuntaban en la misma dirección. El 22 de septiembre se había dictado la prohibición de manifestaciones populares en espacios públicos y se había establecido el toque de queda en horario nocturno.[9]

Desde sus inicios, el gobierno de Bianchi estuvo orientado a establecer un diálogo con los distintos partidos políticos locales. Al poco tiempo de asumir, convocó reuniones y llevó adelante entrevistas con dirigentes de las principales fuerzas con el objetivo de contar con el asesoramiento de quienes representaban los intereses de la ciudadanía, aunque es claro que solo de un sector de ella. Para este momento los partidos antiperonistas que gravitaban en Corrientes eran el Demócrata Autonomista, el Liberal, el Demócrata Cristiano, la Unión Cívica Radical, el Radicalismo Antipersonalista, el Demócrata Progresista, el Comunista y el Socialista, no obstante, no todos poseían las mismas bases de apoyo. De los citados, solo los cuatro primeros tenían capacidad electoral para disputar espacios y el resto tenía escasa llegada a la sociedad en cuanto a votos se refiere. A su vez, a pesar de que la mayoría de estas fuerzas manifestaron su adhesión y apoyo abierto a la causa “Libertadora”, la distribución de los cargos y las exclusiones evidencian dinámicas de selección, sobre todo a partir de la creación de la Comisión Investigadora y de la Junta Consultiva Provincial.

Hacia noviembre de 1955, en medio de las presiones internas y de manera previa a su separación, el presidente Lonardi decretó la implementación de la Junta Consultiva Nacional. Su creación implicó la institucionalización de la participación de los partidos políticos en el gobierno. La misma estuvo compuesta –aunque con exclusiones– por representantes de las fuerzas antiperonistas (Spinelli, 2005). La apertura de juntas homólogas a nivel provincial se impulsó tiempo después. En Corrientes no será hasta enero del año siguiente cuando Bianchi firmó el decreto, señalando lo siguiente entre los considerandos:

[…] es conveniente para la orientación de los problemas de Estado la institución en el orden provincial de un órgano similar al establecido por el gobierno de la Nación, con el objeto de prestarle su asesoramiento en los problemas y actividades de toda índole.[10]

La junta local se constituyó con veinte miembros, cuatro de cada uno de los siguientes partidos políticos: Autonomista, Liberal, Demócrata Progresista, Unión Cívica Radical Antipersonalista y del recientemente creado partido Demócrata Cristiano. Resulta llamativa la ausencia de representantes del radicalismo alineado al Comité Nacional, que sí integraba la Junta Nacional y que contaba con el caudal mayoritario de votos si tomamos como referencia las últimas elecciones del período peronista. Por otro lado, el hecho de que hayan estado como consultivos los representantes del antipersonalismo, un partido prácticamente desaparecido de la escena política nacional y provincial, nos obliga a un análisis que considere las posibles tensiones y conflictos que se habían planteado entre la UCR y el interventor. En ese sentido parecen apuntar algunas notas enviadas por Bianchi al vicepresidente Rojas, en las que expone el conflicto con el radicalismo frondicista debido a las medidas de prescindencia política para el personal policial, algo que fue visto como un ataque por los miembros de esa fuerza política. A pesar de la aparente unidad inicial, el funcionamiento de la Junta estuvo sujeto a las dinámicas partidarias.

En el marco de las acciones “desperonizadoras”, la Intervención emitió numerosos decretos y medidas entre las que se destacan la reestructuración de la justicia,[11] el restablecimiento de atribuciones anteriormente quitadas a la Iglesia Católica[12] y el recambio masivo de trabajadores de la administración provincial, hecho que implicó la cesantía y despido de personas vinculadas al peronismo. A esto se suman la revisión de los nombres asignados a calles, espacios públicos, edificios estatales, legislaciones o jurisdicciones del territorio provincial que pudieran referir al “régimen” derrocado, pues se pretendía despojar del “tono demagógico” que invocaban “personas de reciente actuación en el acontecer político del país”. La excesiva propaganda, para los defensores de la “Revolución”, no correspondía con estándares éticos y la falta de austeridad corrompía directamente a la República.[13]

Las reformas también alcanzaron el plano educativo. El reforzamiento del ideal democrático como parte de la faceta pedagógica incorporó las cátedras de Educación Democrática en la escuela secundaria y, más allá de la renovación de los planes de estudio, también se revisaron los planteles docentes y –sobre todo– directivos (Spinelli, 1997). En efecto, se llevó adelante el nombramiento de interventores para numerosos establecimientos como la Escuela Normal de Maestras “Dr. Juan Pujol”, el Colegio Nacional “General San Martín”, la Escuela Nacional de Comercio y la Escuela Normal de Maestros “José Manuel Estrada”.[14] Las instituciones escolares fueron espacios donde los mismos docentes, estudiantes o tutores realizaron denuncias en las que acusaban de adherir al “régimen” a sus pares con motivo de provocar su alejamiento de las mismas.

La dimensión coercitiva de este conjunto de operaciones estuvo conformada por las numerosas detenciones, allanamientos e incomunicaciones dictadas por el ejecutivo provincial que afectaron sobre todo a militantes peronistas, exfuncionarios, sindicalistas o personas vinculadas al movimiento. Más allá de la legitimidad de los argumentos esgrimidos para estas determinaciones, su utilización se transformó en un instrumento sistemático de persecución, en la que una misma persona podía ser llevada por la fuerza pública en reiteradas ocasiones. Se incluye también en el listado las disoluciones de entidades peronistas como la UES y la Fundación Eva Perón[15] o la propia quita de la personería jurídica y política al partido en sus dos ramas.[16] Uno de los momentos más álgidos de este conjunto de resoluciones se alcanzó en el plano nacional en marzo de 1956 con la sanción del Decreto N° 4161 que, mediante inhabilitaciones y prohibiciones, apuntó a excluir definitivamente al peronismo de la vida nacional. Este proceso de exclusión constituido por un conjunto amplio de medidas fue posible debido al consenso que brindaron los diferentes partidos políticos opositores y gran parte de la sociedad. La construcción de este imaginario, si bien es parte de un proceso más extenso que se remonta a etapas previas, debe mucho de su consolidación a la apertura y difusión sistemática de las investigaciones llevadas a cabo por los organismos encargados de revisar los posibles actos irregulares del peronismo.

Las instituciones para la represión y la persecución política

En octubre de 1955 se crearon en todo el territorio nacional distintas comisiones encargadas de investigar las posibles irregularidades del “régimen” peronista. El Decreto N° 479 que dio origen a la Comisión Nacional de Investigaciones estableció para estos organismos numerosas atribuciones que permiten comprender con mayor profundidad las estrategias de “desperonización” que los sectores antiperonistas llevaron a cabo desde el poder. La exclusión política del peronismo se apoyó en el argumento de que el movimiento, por su propia naturaleza, representaba la corrupción, la inmoralidad, el totalitarismo y una práctica ajena a las tradiciones políticas de la nación. Sin embargo, esta no se concretaría hasta marzo de 1956 y en los meses previos se desplegó un conjunto de acciones que buscaron exponer y difundir las razones por las cuales la proscripción era necesaria. Cabe aclarar que las investigaciones y las denuncias no se inauguraron a partir de los decretos que dieron origen a los organismos aquí estudiados, ya que desde los días inmediatamente posteriores al golpe se habían formado comisiones que relevaron el estado de situación en distintos niveles y áreas del Estado. En Corrientes, por ejemplo, esto sucedió en la dirección de vialidad provincial y en la municipalidad de la Capital, pero casos así se dieron a lo largo de todo el país. De lo recabado en estos relevamientos –sobre todo a partir de algunos hallazgos del ámbito metropolitano– derivó la necesidad de crear un organismo como la CNI.

El volumen de los recursos requeridos para esta empresa implicó la expansión y federalización del proceso, que habilitó no solamente la creación de comisiones especiales como las que se constituyeron para investigar a la Confederación General del Trabajo (CGT) o al Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública de la Nación, también impulsó la creación de comisiones provinciales y municipales que, a su vez, contaron con atribuciones semejantes para crear subcomisiones por departamentos o para investigaciones de envergadura que lo requieran, conformando un gran dispositivo caracterizado por su capilaridad. Silvana Ferreyra (2018) estima que existieron alrededor de 600 comisiones, 70.000 expedientes y miles de personas integrándolas en todo el país, de las cuales 2.500 colaboraron solamente en la Capital Federal. Estos números no consideran datos de algunas provincias –entre ellas Corrientes– por lo que se trata de una apreciación que puede ampliarse.

La Comisión Investigadora de la provincia de Corrientes fue creada el 14 de octubre de 1955 mediante el Decreto N° 131 y en sus primeros artículos se estableció el objetivo de investigar las irregularidades de todas las ramas de la administración. El organismo estuvo bajo el control del interventor federal y se conformó una Comisión Central que funcionó más tarde en el edificio de la Legislatura. En sus inicios estuvo integrada por nueve miembros, de los cuales por reglamento uno debía actuar como presidente y otro como secretario. A su vez, la norma posibilitaba la actuación en conjunto o la designación de uno o más de sus integrantes para realizar los procedimientos que puedan surgir en las investigaciones y, en teoría, todas debían contar con un asesor letrado y con personal estatal encargado de las labores administrativas.

En cuanto a las facultades de la CIPC, fueron semejantes a las de la CNI, ya que sus integrantes contaron con la habilitación para tomar declaraciones indagatorias a las personas investigadas y a los testigos; disponer y mantener incomunicaciones y detenciones; allanar domicilios privados; dictar medidas precautorias sobre bienes de procedencia ilegítima; solicitar información a entidades públicas o privadas tales como los registros de escribanos, direcciones impositivas o bancos. Estas últimas instituciones estaban obligadas a brindar los informes pedidos por los comisionados y, de ser necesario, los procedimientos podían contar con el auxilio de la fuerza pública. No obstante, estaban abocados exclusivamente a la etapa de investigación por lo que no podían dictar sentencias definitivas y si un caso revelaba la presunción de delitos, los expedientes y las comprobaciones eran derivados a la justicia competente. Todo ello, como señala Ferreyra (2018), implicó un traslado de las investigaciones judiciales al ámbito del poder ejecutivo.

El análisis del personal que formó parte de estas comisiones arroja datos de relevancia que permiten comprender que el golpe de Estado de 1955 tuvo auténticas connotaciones cívico-militares (Ferreyra, 2016). En Corrientes, estos espacios fueron un terreno de disputa en el que los distintos partidos políticos antiperonistas buscaron ubicar a sus integrantes y las diversas renuncias y reemplazos demuestran que no se trató de un organismo homogéneo exento de conflictos internos o con otras dependencias del Estado.[17] La correspondencia circulada entre la CNI y la CIPC[18] nos permite conocer algunos datos acerca de las lógicas de reclutamiento de estas instituciones y de la cantidad de personas empleadas. Si atendemos a la lista de los primeros nueve comisionados designados en su creación, ocho de ellos provenían del ámbito civil, de los cuales al menos cuatro pertenecían o habían pertenecido a un partido político; solamente uno procedía del ejército, el mayor Alfredo Vara, aunque fue quien ocupó la presidencia. Esta es una diferencia respecto de la CNI, ya que en el organismo nacional las Fuerzas Armadas tuvieron mayor peso y dentro de ellas hubo una presencia destacada de la marina, antes bien, se asemeja a la composición de otras comisiones provinciales donde la procedencia de los integrantes fue más diversa (Ferreyra, 2018).

Además de Vara, el resto de los integrantes fueron César Arballo, que ocupó el rol de secretario, los doctores Pedro Gómez de la Fuente, Pedro de la Vega, José J. Contte, Alberto Gutnisky, Luis Mansutti y los señores Juan Bruzera y Laureano Ortíz. De ellos, tres pertenecían a la Unión Cívica Radical y uno, De la Fuente, había tenido participación en el partido Demócrata, del que se alejó –al menos oficialmente– luego de iniciar su carrera como juez. El volumen de miembros procedentes de partidos políticos nos hace pensar en las necesarias negociaciones que el interventor Bianchi debió llevar a cabo para mantener un equilibrio de fuerzas con los dirigentes partidarios para los diferentes cargos –situación que también se planteó en la administración pública e instituciones como la policía provincial. Las cartas entre el mandatario provincial y el vicepresidente Rojas revelan algunos obstáculos de la comisión local, como la falta de profesionales idóneos para ser designados[19] y las demoras en el nombramiento de nuevos miembros, lo que motivó el reclamo de los comisionados.[20]

Tabla 1. Integrantes de la Comisión Central. Comisión Investigadora de la Provincia de Corrientes

COMISIÓN INVESTIGADORA PROVINCIAL

COMISIÓN CENTRAL

Nombre y apellido

Profesión

Cargo

Alfredo Vara*

Militar (Ejército)Presidente

Roberto A. Billinghurst**

AbogadoPresidente

Alberto V. Gutnisky

AbogadoPresidente

César Arballo

AbogadoSecretario

Pedro G. de la Fuente

AbogadoMiembro de Comisión

Pedro B. de la Vega

AbogadoMiembro de Comisión

José Jorge Contte

AbogadoMiembro de Comisión

Luis T. Mansutti

AbogadoMiembro de Comisión

Juan Mauricio Bruzera

AbogadoMiembro de Comisión

Laureano Luis Ortiz

ContadorMiembro de Comisión

* Renuncia el 24 de octubre de 1955. ** Renuncia el 22 de febrero y asume Gutnisky.

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo Nacional de Recuperación Patrimonial. Sección. Clasificación y custodia de actuaciones. Comisiones provinciales. Corrientes. Carpeta 1. (AGN-DAI).

A excepción de Laureano Ortíz, que era contador público, el resto eran profesionales del derecho. Las características de esta institución que funcionaba como un poder judicial de facto, motivó que la presencia de abogados y contadores sea predominante (Ferreyra, 2018). A los días de iniciadas las actividades, el presidente de la comisión presentó su renuncia por haber sido destinado a cumplir funciones militares en una guarnición de Paso de los Libres y la presidencia recayó en un nuevo integrante, Ricardo A. Billinghurst, otro miembro de la UCR. Bajo esta dirección, que se mantuvo hasta el 22 de febrero del año siguiente, se llevaron a cabo la mayoría de las investigaciones.

Siguiendo el modelo de la CNI, cada una de las comisiones o subcomisiones que podían ser creadas dependerían de la Comisión Central y las conclusiones arribadas en cada procedimiento debían centralizarse en esta. Oportunamente, las comisiones provinciales harían lo propio con el organismo ubicado en la Capital Federal. Si bien el ámbito de trabajo de la CIPC se restringía a la provincia, los funcionarios estaban facultados para realizar procedimientos aún en instituciones que se encuentren bajo jurisdicción nacional y tanto las autoridades nacionales como las provinciales, municipales o autárquicas debían prestar colaboración.

Al mes de marzo de 1956, una nómina enviada por la CIPC a la CNI detalla que existieron en total, sumadas al ente central, diez comisiones especiales.[21] Como vemos en la siguiente tabla, las mismas estuvieron repartidas para el estudio de las actividades en organismos ministeriales, direcciones o institutos, bienes de ex funcionarios y empresas privadas que tuvieron vínculos con el Estado provincial. Una particularidad de las comisiones especiales es que aparte de contar con nuevos miembros, en la mayoría de ellas actuaron integrantes de la Comisión Central. Estos, en algunos casos, estuvieron en más de una de ellas.

Tabla 2. Comisiones Especiales. Comisión Investigadora de la Provincia de Corrientes

COMISIONES ESPECIALES

Nombre

Cant. de miembros

1

Ministerio de Asuntos Sociales

2

2

Ministerio de Asuntos Económicos

4

3

Dirección Provincial de Vialidad

7

4

Editorial Corrientes y Diario “La Calle”

3

5

Ministerio de Salud Pública de la Nación (Delegación Corrientes)

4

6

Baggini, Gerding, Bellora S.R.L. (Empresa Constructora)

6

7

Dirección Provincial de Industria y Comercio

3

8

Instituto Inversor de la Provincia

3

9

Bienes ex Gobernador Dr. Castillo y de su señora esposa

1

10

Ministerio de Asuntos Sociales (Secretaría Técnica de Educación)

3

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo Nacional de Recuperación Patrimonial. Sección. Clasificación y custodia de actuaciones. Comisiones provinciales. Corrientes. Carpeta 1. (AGN-DAI).

En cuanto a las subcomisiones departamentales, tenemos conocimiento de la existencia de al menos dieciocho organismos que funcionaron en el interior provincial. Cabe destacar que no todas fueron creadas al mismo tiempo, su apertura respondió más bien a situaciones que se develaron conforme avanzaron las semanas.[22]

Tabla 3. Subcomisiones Investigadoras Departamentales. Comisión Investigadora de la Provincia de Corrientes

SUBCOMISIONES DEPARTAMENTALES

Departamento

Cant. de miembros

1

Bella Vista

5

2

Concepción

4

3

Curuzú Cuatiá

5

4

Empedrado

5

5

Esquina

7

6

General Paz

6

7

Goya

14

8

Itatí

5

9

Lavalle

5

10

Mburucuyá

6

11

Mercedes

7

12

Paso de los Libres

6

13

San Martín (Alvear)

5

14

San Martín (La Cruz)

5

15

San Roque

4

16

San Miguel

5

17

Santo Tomé

4

18

Sauce

6

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo Nacional de Recuperación Patrimonial. Sección. Clasificación y custodia de actuaciones. Comisiones provinciales. Corrientes. Carpeta 1. (AGN-DAI).

De los datos analizados, se detalla un aproximado de 166 hombres empleados en las investigaciones durante los meses de actividad. El trabajo implicó una demanda de tiempo sumamente elevada, aunque los cargos eran ad honorem –al menos en el aspecto formal– y los integrantes debieron continuar con sus profesiones o labores particulares. Otros aspectos del funcionamiento disponían que las comisiones debían adoptar en cada investigación “las formas procesales que estimen convenientes, tratando en lo posible de adaptarlas al Código Criminal y Correccional vigente”. A su vez, el reglamento interno lo dictaba la propia comisión, nombraba su propio personal y podía disponer de los elementos materiales necesarios, tales como vehículos para el traslado. La institución contó para la puesta en marcha de sus objetivos con una partida especial del presupuesto provincial.

Sin embargo, las comisiones investigadoras no actuaron en solitario. Avanzado el mes de diciembre se creó la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial (JNRP), un organismo complementario con atribuciones para disponer el embargo, secuestro, inhibición, realizar tareas preventivas, entre otras medidas sobre los bienes y activos de funcionarios públicos o personas vinculadas a ellos, que estén sospechados de tener un origen ilícito. Las interdicciones se establecían por decreto y buscaron asegurar el buen curso de las investigaciones. Con la misma finalidad, se creó en Corrientes una junta de carácter provincial (JPRP).[23]

Si atendemos a los considerandos que dan origen al decreto, los argumentos ponen énfasis en “la existencia de personas físicas o jurídicas cuyo acrecentamiento de bienes no guarda relación con el capital que tenían con anterioridad al 4 de junio de 1943”. En el mismo texto se presenta a la etapa peronista como un momento corrupto, donde el negociado “ha sido escuela cívica” y se reclama la necesaria “reparación moral y material de la sociedad argentina”, misión asumida por la causa revolucionaria. En este sentido, el antiperonismo sostenía que los exfuncionarios habían generado cuantiosas fortunas a partir de la función pública, en contraposición a los contribuyentes, quienes “se vieron avasallados por la voracidad fiscal que asumió carácter confiscatorio”. En lo profundo, sostenían la idea de que el objetivo inconfesable de la “tiranía” era “crear una nueva oligarquía argentina producto del peculado directo o indirecto como sistema orgánico en la función de gobierno”.

Tabla 4. Integrantes de la Junta Provincial de Recuperación Patrimonial

JUNTA PROVINCIAL DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL

Nombre y apellido

Cargo

Alfredo Nalda

Presidente

Fernando Miranda Gallino

Vocal

Félix Contreras González

Vocal

Tomas Ameghino Arbo

Vocal

Bernabé Marambio Ballesteros

Vocal

Horacio León Gutnisky

Vocal

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo Nacional de Recuperación Patrimonial. Sección. Clasificación y custodia de actuaciones. Comisiones provinciales. Corrientes. Carpeta 1. (AGN-DAI).

En lo referente a la composición de la Junta Provincial de Recuperación Patrimonial, la misma siguió una lógica similar a la de las comisiones. Un dato a tener en cuenta es que, si bien fue creada en diciembre del 1955, sus miembros no se integraron hasta mediados de enero siguiente. En este caso, la totalidad de las personas designadas pertenecían o estaban vinculadas a un partido político. La presidencia estuvo a cargo de Alfredo Nalda, referente del partido Demócrata Progresista, y cinco vocales, Fernando Miranda Gallino y Félix Contreras Gómez, del partido Demócrata Autonomista, Tomás Ameghino Arbo y Bernabé Marambio Ballesteros, ambos del partido Liberal y, por último, Horacio León Gutnisky, también vinculado a la democracia progresista. La Junta también constituyó un espacio de poder, esto se debe a que las atribuciones dadas por el Ejecutivo fueron sumamente relevantes. Aquí los partidos políticos antiperonistas tuvieron mucha incidencia y complementaron la labor de las comisiones en la persecución de su adversario ideológico.

Hacia fines de enero de 1956, la Intervención Federal hizo uso del Decreto N° 959/55 y ordenó la interdicción de bienes de un elevado número de personas y sociedades.[24] A raíz de la medida, el organismo se vio involucrado en reclamos que tomaron estado público mediante solicitadas que aparecieron en la prensa local. Este fue el caso del referente peronista Pablo Politis, quien en defensa de su “buen nombre” expresó que su patrimonio era fruto del trabajo profesional y se manifestó contra lo que consideró un “inmerecido agravio”,[25] o del empresario Marcelino Ros, quien fue investigado por sus numerosos bienes y aseguró que estos habían sido conseguidos por su labor en emprendimientos que precedían a los años del gobierno peronista. Ros esgrimió además que el crecimiento del valor de su capital se había dado por la depreciación de la moneda que había ocurrido durante aquella presidencia.[26] Otros ejemplos de reclamos se dieron por parte de la firma “Baggini, Gerding, Bellora, SRL” y por la empresa “Arnaldo Martitegui y Cía.”, casos que terminaron –luego de solicitar intervención a la propia Comisión Nacional de Investigaciones– con el desbloqueo de fondos y el otorgamiento de permisos para desenvolverse normalmente.[27] Los medios formales de reclamo, no obstante, fueron recibidos en la dependencia donde funcionaba la junta. Algunos expedientes de la CIPC revelan el cruce de notas entre los organismos investigadores provinciales con pedidos para disponer de fondos y/o bienes interdictos.[28] A su vez, las declaraciones de bienes personales presentadas a la JPRP por parte de las personas o sociedades investigadas evidencian parte del proceso que debían atravesar para demostrar la legalidad de sus propiedades.

El despliegue de las investigaciones en Corrientes

La CIPC inició sus actividades el 18 de octubre en la sede del Poder Legislativo de la ciudad. Este hecho fue ampliamente cubierto por la prensa, que incluso se encargó de publicar los horarios en los que la institución funcionaba para recibir denuncias o declaraciones. Esta era una cuestión central, ya que el gobierno provisional consideraba al compromiso ciudadano como factor clave para extender el alcance de la “desperonización”. En este contexto, los medios de comunicación se constituyeron como otro actor de relevancia. La prensa escrita, aunque sin restar el alcance de la radiodifusión,[29] fue uno de los soportes más utilizados para transmitir el discurso oficial a la sociedad. Los periódicos locales –en sintonía con sus pares nacionales– informaron los avances de las investigaciones sucedidas tanto en el ámbito provincial como en otros espacios. Los comunicados, publicados con una frecuencia casi diaria, detallaban minuciosamente los procedimientos, especificaban ilícitos y, en caso de haberlos, listaban detenidos.

Hacia la última semana de octubre de 1955, el traslado del mayor Vara motivó la designación de Billinghurst en la presidencia del organismo central. El diario El Liberal refleja sus primeras declaraciones, donde detalló que:

[…] la naturaleza y la complejidad de los asuntos que están a su consideración […] exige proceder sin apresuramiento para que los resultados de las investigaciones sean fruto de una acción ordenada y responsable. […] los hechos que se lleven a conocimiento público –ya que es propósito de la Comisión mantenerla debidamente informada– tendrán el valor de estar avalados por comprobaciones terminantes. Para el cumplimiento de su misión, los representantes de la prensa contarán con todas las facilidades. Esperamos de ella su contribución en la tarea en que estamos empeñados.[30]

Las palabras del presidente son explícitas en cuanto a la intencionalidad de que la prensa sea parte de la labor. Este fue un propósito asumido por las comisiones y ello tuvo incidencia directa en la construcción de un discurso difamatorio sobre el peronismo. En el proceso, las denuncias dejaron de ser meras acusaciones y pasaron a comprobar “la realidad” que hace tiempo manifestaban los antiperonistas. La difusión, a su vez, obtuvo respuestas, ya que en diversas oportunidades los familiares y representantes legales de los acusados enviaron solicitadas a los diarios para “aclarar asuntos” o “limpiar el nombre” de sus allegados. Por momentos, la prensa pareció ser un espacio de intercambio, tal como se percibe en las notas cruzadas entre la Confederación General Económica (CGE) y el presidente Billinghurst,[31] en los reclamos del hermano y abogado de Politis,[32] o en las impugnaciones presentadas por la firma “Baggini, Gerding, Bellora” a dos comisionados, en las que tuvo que tomar parte el interventor Bianchi.[33]

Una cuestión a tener presente es que, si bien los diarios manifestaron adhesión a la causa “Libertadora”, su actuación no fue homogénea y es posible vislumbrar algunos matices. Los directores de los periódicos locales estaban vinculados a partidos e identidades políticas. Tales son los casos de Horacio Traynor de El Liberal, quien había representado al peronismo en la legislatura provincial, del director de La Mañana, Elías Abad, que había sido funcionario del autonomismo y ocupaba la presidencia del partido Demócrata (Autonomista) o de La Calle, cuya gestión estuvo estrechamente vinculada con el gobierno de Raúl Castillo. Estos antecedentes motivaron allanamientos en la Editorial El Liberal, donde se imprimía el diario homónimo, que culminaron con las detenciones de sus directores Horacio Traynor y Enrique Jasid[34] y en la Editorial Corrientes, propietaria de La Calle, cuyo caso motivó una investigación más amplia que implicó su intervención con el objetivo de estudiar la documentación de la entidad y corroborar situaciones irregulares que habían sido denunciadas.[35]

Otra consecuencia evidente en El Liberal fue la aparición de una serie de aclaraciones en las que el medio ratificó su compromiso con la “Revolución” y, sobre todo, con la labor de los comisionados. Las notas anunciaron que de allí en adelante publicarían todas las conclusiones a las cuales llegara la CIPC “sin emitir opiniones sobre las causas hasta tanto se expida la justicia”.[36] La particularidad de la situación es que los pronunciamientos se dieron luego de la detención –y liberación– de sus directores.[37] Estos sucesos permiten comprender el contexto en el cual actuaron las comisiones y el modo en que ejercieron la difusión de sus actividades.

En cuanto a las investigaciones propiamente dichas, tenemos conocimiento de unos 47 informes sobre irregularidades sucedidas en la provincia (ver tabla 5). Si consideramos que cada uno de los procedimientos involucró generalmente a dos o más personas acusadas, la cantidad de investigados supera con creces al centenar. Los hechos delictivos que motivaron la actuación de los organismos fueron diversos, entre ellos predominaron los vinculados a irregularidades en la obra pública, al pago de sueldos a personal que figuraba en la administración estatal y prestaba servicios en otros lugares –como la CGT o entidades afines al peronismo– y a la utilización de bienes, insumos y trabajadores del Estado con fines particulares. Los ilícitos se consignaron frecuentemente bajo las figuras de “defraudación”,[38] “asociación ilícita”,[39] “violación de los deberes de funcionario público”,[40] “malversación de fondos públicos”,[41] “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”[42] y “exacciones ilegales”[43]. Estos presuntos delitos penales, evaluados luego por la justicia, fueron los argumentos que justificaron las excesivas detenciones. Situaciones semejantes se daban en todo el país. Al respecto, Ferreyra (2018) menciona que sólo un porcentaje mínimo de las causas iniciadas tomaban curso judicial y las prisiones preventivas eran sostenidas bajo distintos recursos legales. La autora ilustra este hecho con los datos de la Capital Federal, donde de los aproximadamente 15 mil expedientes iniciados sólo 300 llegaron al juzgado pertinente.

Al momento de rastrear las causas en los libros de sentencias del juzgado provincial, de aquellas que llegaron a la Cámara de Apelaciones, ninguna cuenta con sentencia firme al menos hasta 1959, incluso las que mayor repercusión mediática representaron –como aquellas que involucraron casos de obra pública– y muchas terminaron en sobreseimiento.[44] En este punto coincidimos con Ferreyra (2018) en tanto creemos que el legado de las comisiones no puede medirse solamente en términos de las causas que efectivamente llevaron adelante ya que es fundamental entender su función como parte de un andamiaje institucional que implementó la persecución política y que buscó cristalizar estereotipos de corrupción sobre el peronismo. De hecho, si consideramos las medidas posteriores como la propia proscripción política del movimiento, la construcción de la justificación fue efectiva y sostenida por un extenso período.

Tabla 5. Listado de investigaciones realizadas por la Comisión Investigadora de la Provincia de Corrientes

INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Título de expediente o causa

Hecho consignado

1

Actuaciones giros de partidas y gastos de homenajes

Pagos a entidades peronistas

2

Adquisición de un yatch por el Gobierno Provincial

Irregularidades varias

3

Adquisición y posterior venta de automóviles y camiones

Irregularidades varias

4

Alvear – Recaudaciones obligatorias para el ex partido peronista 1951-1954

Pagos a entidades peronistas

5

Baggini, Gerding Bellora SRL – Construcción Barrio 315 viviendas

Obra pública

6

Baggini, Gerding, Bellora – Balneario Municipal – Irregularidades

Obra pública

7

Baggini, Gerding, Bellora SRL – Obras Barrio Berón de Astrada

Obra pública

8

Baggini, Gerding, Bellora SRL – Pavimentación en Esquina

Obra pública

9

Bella Vista – Comandos o brigadas civiles de represión

Irregularidades varias

10

Bella Vista – Empleados municipales en la sede del Partido Peronista

Pagos sin prestar servicio

11

Bella Vista – Gastos bajo intendencia de Dr. Héctor A. Risso

Pagos a entidades peronistas

12

Bella Vista – Gastos de entidades peronistas por la comuna

Pagos a entidades peronistas

13

Bella Vista – Obras Nichos del cementerio

Obra pública

14

Bella Vista – Pago a entidades peronistas

Pagos a entidades peronistas

15

Callejas – Desaparición de máquina de escribir

Uso de lo estatal con fines priv.

16

Callejas – Mejoras realizadas en domicilio particular

Uso de lo estatal con fines priv.

17

Castillo, Emilce E. Arriaga de – Adquisición casa al Estado

Irregularidades varias

18

Dirección de Industria y Comercio – Personal en la CGT

Pagos sin prestar servicio

19

Dirección Provincial de Vialidad – Irregularidades

Irregularidades varias

20

Dirección de Arquitectura y Vivienda – Construcción particulares y malversación

Uso de lo estatal con fines priv.

21

Dirección General de Rentas – Reparación de automóvil

Irregularidades varias

22

Dirección General de Rentas – Sucesión de Juan Agustín Torrent

Irregularidades varias

23

Editorial Corrientes y Diario La Calle

Irregularidades varias

24

Empedrado – Investigaciones en el campo El Sombrerito

Uso de lo estatal con fines priv.

25

Empedrado – Jornales a personal que no prestó servicios

Pagos sin prestar servicio

26

Esquina – Irregularidades administrativas

Irregularidades varias

27

Ex funcionarios – Irregularidades y actos dolosos en la adquisición de medicamentos

Irregularidades varias

28

Fagetti Pedro – Malversación de caudales públicos

Irregularidades varias

29

Geppel y Pinasco construcción barrio 200 viviendas

Obra pública

30

Goya – Catafalco velatorio Eva Perón

Pagos a entidades peronistas

31

Goya – Conexión teléfono municipal a consejo del partido peronista

Uso de lo estatal con fines priv.

32

Goya – Gastos Jornadas Doctrinarias

Pagos a entidades peronistas

33

Juan Filomeno Velazco (sucesión)

Investigados

34

Mercedes – Denuncias por torturas policiales

Irregularidades varias

35

Municipalidad de Corrientes – Adquisición de ladrillos

Irregularidades varias

36

Municipalidad de Corrientes – Construcción Ferias Francas – Irregularidades

Obra pública

37

Municipalidad de Corrientes – Consumo discrecional de nafta

Uso de lo estatal con fines priv.

38

Personal del Estado que no trabajaba en Registro Provincial. de las Personas

Pagos sin prestar servicio

39

Personal del Estado que no trabajó en el Ministerio de Asuntos Sociales

Pagos sin prestar servicio

40

Presuntas irregularidades en el ex Ministerio de Educación – Escuela Taller Artes Gráficos

Irregularidades varias

41

San Miguel – Actuaciones del ex comisionado Miguel Piñeyro

Irregularidades varias

42

San Miguel – Obra Ruta 17 – Martitegui y Cía.

Obra pública

43

Santo Tomé – Cesantía de Maestros – Maestras de Sauce envían antecedentes

Irregularidades varias

44

Santo Tomé – Licitación irregular en Municipalidad

Obra pública

45

Taller de automotores del Estado – Incumplimiento de rendición

Irregularidades varias

46

Trabajos efectuados por personal de Vialidad con equipos en Tipoití y propiedad particular

Uso de lo estatal con fines priv.

47

Yofre – Investigaciones en Escuela Nacional 8

Irregularidades varias

Fuente: Elaboración propia con base en Fondo Nacional de Recuperación Patrimonial. Sección. Clasificación y custodia de actuaciones. Comisiones provinciales. Corrientes. Carpeta 1. (AGN-DAI).

Ahora bien, en lo que respecta a las irregularidades investigadas, Ferreyra (2018) hace referencia a la amplitud interpretativa sobre la noción misma de irregularidades y presenta algunas de las figuraciones observadas en las denuncias tales como los “gestos totalitarios del peronismo”, la vinculación del movimiento a la “corrupción moral” y, por último, los “negociados ilegales” en el marco de la función pública. Si pensamos algunas de estas asociaciones para los hechos indagados por la CIPC, podemos identificar ciertas continuidades de un discurso que parece replicarse. En primer lugar, bajo la noción de “totalitarismo” como parte constitutiva de las acciones del peronismo se encuentran aquellas causas donde la frontera entre partido y Estado se vuelven difusas. Un ejemplo que grafica esta situación se halla en el caso 10 iniciado por la Comisión actuante en el Departamento de Bella Vista, que detectó la presencia de tres personas que prestaban servicios en la sede del comando peronista de esa localidad pero que percibían sueldos abonados por los fondos de la comuna.[45] Acusaciones semejantes se reiteran en la división que investigó el caso 18 en la Dirección de Industria y Comercio provincial. En esta oportunidad la denuncia giró en torno a empleados de dicha área del Ministerio de Asuntos Económicos que se hallaban cumpliendo tareas en la delegación regional de la CGT. Las detenciones en el marco de esta investigación llegaron a las altas jerarquías de esa dependencia.[46]

Otras pesquisas que continuaron en un sentido similar implementaron títulos como “malversación de fondos del Estado”, “fraude al fisco” y “violación de los deberes de funcionario” o el “pago a entidades peronistas”, todas referencias a una imagen de un peronismo que hizo uso y abuso del dinero público. En el conjunto de expedientes que analizan estos ilícitos resultaron involucrados –entre otros– el propio ex vicegobernador Clementino Forte. Este tipo de gastos, de distintos importes, estuvo vinculado en ocasiones al financiamiento de jornadas doctrinarias peronistas, subsidios otorgados a estudiantes de la UES, homenajes a Eva Perón y el pago para publicidad en diarios locales.

Un tercer grupo de ilícitos se encuadra bajo el concepto de “utilización de bienes y trabajadores estatales con fines particulares”. Algunas de las causas más relevantes en este sentido fueron las que responsabilizaron al ex intendente de la capital, Bernardo Callejas. La Comisión de la Municipalidad correntina identificó obras realizadas en el domicilio donde residía el propio Callejas y lo acusó de que las mismas fueron realizadas con personal estatal y con materiales que pertenecían a la comuna.[47] Una situación parecida encontró al mismo exfuncionario como responsable por el “consumo discrecional de combustible por parte de vehículos que no estaban habilitados para tal fin”.[48] Se agrega a este conjunto, un ilícito vinculado a la ausencia de una máquina de escribir. Este último informe relataba de manera detallada que el artefacto faltante debía estar en la Municipalidad pero que había sido entregado a una persona por orden del ex gobernador Castillo, de la cual Callejas acusaba no recordar el nombre. Estos sucesos pusieron el foco en la concepción del peronismo como totalitario a la vez que asociaban la gestión con actitudes poco cuidadosas del patrimonio estatal.

Párrafo aparte merece la cuestión de la obra pública. Los casos más resonantes involucran a la empresa “Baggini, Gerding, Bellora SRL” y a diversos funcionarios del ámbito municipal y provincial. Una de las figuras más señaladas en este conjunto de hechos fue la de “negociados incompatibles”. Esta noción, en palabras de Ferreyra (2018), establecía la relación entre la corrupción política y el mundo privado. Las investigaciones que contemplaron la relación Estado-empresas privadas fueron numerosas en todo el país. Los contratos por obra pública, construcciones sanitarias y otros proyectos motivaban la sospecha de la existencia de negociados millonarios de los cuales eran beneficiados tanto particulares como funcionarios. La detección de irregularidades administrativas en las licitaciones o la documentación presuntamente adulterada, abrió el camino a los procedimientos. No obstante, cabe mencionar que la voluntad del gobierno manifestó posturas encontradas respecto a esta situación. Si en un principio las comisiones avanzaron con todo el impulso para demostrar la responsabilidad de los privados en las asociaciones ilícitas y los casos de fraude, pronto Aramburu se encargaría de poner fin a tal situación.

Siguiendo a Ferreyra (2018), al principio las comisiones investigadoras llevaron a cabo sus actividades considerando al empresariado como partícipe en cohecho de los delitos. Sin embargo, con el avance de las semanas, esta mirada fue cambiando hasta culminar en la interpretación de los privados como víctimas de la extorsión y el apriete de funcionarios corruptos. Para ilustrar los motivos de este viraje, debemos considerar el contexto económico con el que se toparon las pretensiones de la política “desperonizadora” del gobierno. Como mencionamos anteriormente, las comisiones funcionaron en colaboración con las juntas de recuperación patrimonial. Las interdicciones establecidas por los dictámenes de los organismos establecían muchas veces el congelamiento de los fondos depositados en cuentas bancarias, así como la confiscación de bienes que podían proceder de orígenes fraudulentos. Muchas de estas medidas fueron tomadas contra legisladores y particulares, sin embargo, cuando el alcance de las mismas llegó a sectores de poder económico la cuestión tomó un giro rotundo.

Ferreyra (2018) menciona un artículo del diario New York Times del 24 de febrero de 1956, donde queda en evidencia el modo en que operaron las presiones internacionales sobre este proceso. En este sentido, la autora describe la mmolestia con que los representantes estadounidenses veían la interdicción de firmas internacionales y el correspondiente congelamiento de fondos por parte del gobierno. Sin bien no se trataba de gestos nacionalistas, señala que delegados de Industrias Kaiser –empresa que había contraído varios acuerdos durante el peronismo– presionaron al gobierno nacional para que cesen las medidas de interdicción, a riesgo de no concretar inversiones pactadas en la Argentina. De esta forma, estas y otras investigaciones que involucraron a los sectores económicamente más poderosos fueron paralizadas por el gobierno provisional. Los intereses puestos en la desperonización se enfrentaron con una situación que ponía en riesgo la actividad económica, sellando el destino estéril de muchas causas abiertas.

En este marco de procedimientos que indagaron los vínculos entre Estado y empresarios, las investigaciones llevadas adelante por la Comisión actuante en Corrientes contra la mencionada firma “Baggini, Gerding, Bellora SRL” adquirieron relevancia nacional. Ésta había tomado compromisos con el gobierno provincial durante el mandato de Castillo para realizar diversos proyectos de obra pública, entre ellos, la pavimentación de calles en la ciudad de Esquina y la construcción de casas con fines sociales en el barrio Berón de Astrada. El hecho de mayor repercusión estuvo dado por un préstamo que la firma recibió en el marco del inicio de las obras del barrio “315 viviendas” en la Capital. El expediente acusaba a la empresa y funcionarios de no haber seguido los procedimientos administrativos adecuados para el otorgamiento del dinero, puesto que antes debía demostrar haber recibido un crédito del Banco Hipotecario, trámite que aún no estaba aprobado al momento de habilitar el dinero provincial. Ello motivó la interdicción de los representantes de la firma en la provincia y de uno de los propietarios de la empresa, Juan Carlos Baggini. En todo momento, la constructora negó las acusaciones que la señalaban como partícipe del delito de fraude al fisco. Cabe decir que la investigación se había llevado a cabo entre los meses de octubre y noviembre y, por entonces, la prensa ya había dado a conocer otras causas que involucraban a la firma.[49] Sin embargo, los titulares del 1 de diciembre anunciaban la visita del ministro de Hacienda de la Nación a la planta industrial Sigma. La visita oficial a la entidad que también presidía Baggini se constituyó en un gesto que priorizaba la importancia de este grupo para la economía. Tanto es así que la nota periodística hacía referencia a que el ministro en sus palabras “destacó la personalidad industrial del presidente de la empresa […] por la labor que realiza en bien de los altos intereses industriales del país”.[50]

Las semanas siguientes apareció en los medios locales la noticia de que los representantes de “Baggini, Gerding Bellora SRL” habían enviado telegramas al interventor Bianchi donde pedían la impugnación del Dr. Gutnisky y otros dos miembros de la Comisión Investigadora de Corrientes.[51] La firma acusaba que los integrantes tenían intereses particulares en otra causa contra la empresa que podían perjudicar la investigación. No obstante, Bianchi se mantuvo firme y no desafectó del procedimiento a los comisionados. Los expedientes de la CIPC revelan que paralelamente la compañía había acudido con reclamos al organismo investigador en el orden nacional (CNI), denunciando irregularidades en comisión provincial y, además, la difusión difamatoria en medios nacionales de hechos no comprobados. En su descargo, también solicitaron el desbloqueo de las cuentas que la firma tenía en el Banco Nación[52] y argumentaron que estas medidas provocarían el cese de actividades, el “despido en masa” de los empleados y obreros, e impactarían en otras obras de la empresa, “entre ellas, cuatro elevadores de granos que en estos momentos estamos construyendo para el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en Coronel Pringles, Indio Rico, Copetonas y San Francisco Bellocq, Provincia de Buenos Aires”.[53] Si bien el gobierno de la Intervención en principio no cedió ante tales maniobras, al analizar el curso que tomó el expediente, la causa terminó con el sobreseimiento de Baggini y del apoderado de la empresa en Corrientes, ambos involucrados en las acusaciones, y las interdicciones a sus fondos fueron levantadas hacia febrero de 1956. Es evidente, como afirma Ferreyra (2018), que la decisión política tuvo que intervenir en el alcance de las culpas cuando estas pusieron en jaque intereses superiores.

Palabras finales

A lo largo de este trabajo hemos presentado los aspectos centrales de la Comisión Investigadora de la Provincia de Corrientes que actuó entre los meses de septiembre de 1955 y abril de 1956. En consonancia con otras investigaciones (Ferreyra, 2018 y Ruffini 2016), planteamos que estas instituciones fueron un factor determinante en la cristalización de representaciones que, posteriormente, justificaron su exclusión como fuerza política. Consideramos que, en el ámbito provincial, las comisiones fueron espacios de disputa por parte de los partidos políticos antiperonistas que se interesaron y, además, estuvieron a cargo del dispositivo que se ocupó de investigar y perseguir sistemáticamente a exfuncionarios, sindicalistas y partidarios del peronismo. En tanto lugar de poder, a la hora de la conformación de los miembros de la CIPC, la Intervención Federal debió elaborar estrategias que le garanticen un equilibrio respecto de la totalidad de los partidos políticos locales. Situación similar se planteó en el organismo complementario que actuó sobre los bienes y fondos de las personas o entidades investigadas, la Junta de Recuperación Patrimonial. Ambas conformaron una importante estructura y su sostenimiento recayó en las arcas del Estado provincial.

El proyecto de “desperonización” que buscó erradicar al peronismo de la vida nacional, como hemos visto, asumió diversas medidas. Entre ellas, se destacan algunas acciones administrativas como las cesantías o los despidos y las reformas en la composición de la justicia, pero, sobre todo, cobró centralidad la institución que aquí hemos analizado, no solo por las atribuciones que le permitieron llevar a cabo detenciones, allanamientos e investigaciones propias de la esfera judicial, sino porque estas fueron importantes en la dimensión pedagógica que implicó la “desperonización”. Esto se debió a la tarea de difusión de los hechos ilícitos y los procedimientos que contribuyeron así a la formación de una estructura conceptual que asoció al peronismo con la corrupción. La importante labor de los medios periodísticos también quedó evidenciada, pues la cobertura de las investigaciones, ya sea de manera voluntaria o por coerción, fue fundamental.

En lo que respecta a las investigaciones emprendidas por la CIPC, el análisis de algunas causas abiertas demuestra la disparidad entre algunos hechos de gran envergadura, como los vinculados a la obra pública, frente a otros, que investigaron cuestiones aparentemente menores –como el caso de la desaparición de una máquina de escribir–. Sin embargo, el énfasis puesto en la difusión posterior de todos los casos sirvió para alimentar la idea del peronismo como inherentemente corrupto. El seguimiento de algunas causas, a su vez, permitió detectar que muchos de los acusados no recibieron condenas firmes o fueron finalmente sobreseídos. En este sentido, como dice Ferreyra (2018), el legado de las comisiones investigadoras no se sostiene en la cantidad o la calidad de las causas iniciadas, sino en el efecto causado por los imaginarios sobre el peronismo que contribuyó a consolidar y la posterior proscripción partidaria.

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  1. Este capítulo es una versión revisada y adaptada para esta publicación del trabajo de tesis correspondiente a la carrera de Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades de la UNNE, defendido y aprobado en julio del año 2020.
  2. Algunas de las interpretaciones más clásicas sobre la etapa 1955-1966 las podemos encontrar en Guillermo O’Donnell (1972), quien calificó a la misma como “un juego imposible” debido a las dificultades de ganar elecciones sin contar con el voto peronista y de conservarse en el gobierno sin el apoyo del Ejército que proscribía al peronismo. Catalina Smulovitz (1991), señaló –a diferencia de O’Donnell– que en realidad los partidos jugaban “juegos múltiples y yuxtapuestos” y la cuestión fundamental que se plantearon resolver fue la “cuestión peronista”; Marcelo Cavarozzi (1983) identificó a la etapa como una “semidemocracia” por estar el peronismo proscripto; José Nun (1973) utilizó la metáfora del “parlamentarismo negro” por el ejercicio de la política fuera de los canales institucionales y Juan Carlos Portantiero (1973) utilizó la idea de “empate hegemónico” porque cada uno de los actores tenía capacidad para bloquear los proyectos de sus adversarios pero era incapaz de realizar los propios.
  3. Ambos autores vienen realizando investigaciones importantes para comprender el período desde la década de 1990. El trabajo de Spinelli (2005) resulta fundamental para conocer la trayectoria del conglomerado antiperonista que triunfó en septiembre, entendido este como una identidad heterogénea con elementos ideológicos, proyectos y experiencias diversos y a veces contrapuestos. Tcach (1994 y 2012), por su parte, se ha enfocado en el estudio de los partidos políticos antiperonistas en Córdoba, anticipando la riqueza de la mirada extracéntrica para analizar las dinámicas políticas.
  4. El dossier coordinado por Fernando Castillo en la Revista Páginas, titulado “La Revolución Libertadora en espacios regionales: actores, prácticas y discursos” cuenta con las contribuciones Yamile Álvarez (2016), quien aborda el panorama del estallido de septiembre en Mendoza; de Leandro Lichtmajer (2016), que se concentra en la experiencia del radicalismo tucumano entre 1955-1958; de Silvana Ferreyra (2016), que se enfoca en dos instituciones clave del gobierno cívico-militar, las juntas consultivas y las comisiones investigadoras en Buenos Aires; de Martha Ruffini (2016) que también se enfoca en las comisiones investigadoras pero para el caso patagónico; y del propio Castillo (2016), que se enfoca en la experiencia “desperonizadora” y las representaciones del antiperonismo en la provincia de Jujuy.
  5. Boletín Oficial de la República Argentina. Buenos Aires, 9 de marzo de 1956. “Prohíbese el Uso de Elementos y Nombres que Lesionaban la Democracia Argentina”.
  6. Dada por la creación de la Junta Consultiva y la designación de sus referentes en cargos de relevancia.
  7. Archivo General de la Provincia de Corrientes (en adelante AGPC). Corrientes. La Mañana, 9 de noviembre de 1955, p. 1. “Revolución, pero poca”.
  8. AGPC. Corrientes. El Liberal, 3 de octubre de 1955, pp. 1 y 3. “El pueblo y Fuerzas Armadas en comunión de ideales integrarán la normalización del país, dijo el Interventor”.
  9. AGPC. Corrientes. El Liberal, 22 de septiembre de 1955, p. 3. “Habló al pueblo de la provincia el Jefe de Policía del Gobierno Provincial”.
  10. AGPC. Corrientes. El Liberal, 11 de enero de 1956, p. 1. “El P.E. creó la Junta Consultiva Provincial”.
  11. AGPC. Corrientes. El Liberal, 10 de octubre de 1955, p. 2. “Conceptos Expresados Sobre la Justicia por el Interventor Federal Capitán de Navío Bianchi”.
  12. AGPC. Corrientes. El Liberal, 11 de octubre de 1955, p. 3. “Devúelvese (sic) Personería Jurídica A Varias Asociaciones Católicas”. Con esta medida se procedió a la derogación del Decreto N°  2263, dictado en junio de ese mismo año, mediante el cual se había privado a varias asociaciones católicas de la provincia de su personería jurídica.
  13. AGPC. Corrientes. El Liberal, 4 de noviembre de 1955, p. 3. “Suprímese (sic) Nombres de Personas en Leyes de la Provincia”.
  14. AGPC. Corrientes. El Liberal, 24 de noviembre de 1955 p. 3. “Las Intervenciones para los Establecimientos Educacionales”.
  15. AGPC. Corrientes. El Liberal, 2 de enero de 1956, p. 1. “Por decreto fue disuelta la Fundación ‘Eva Perón’”.
  16. AGPC. Corrientes. El Liberal, 2 de diciembre de 1955, p. 2. “Ha sido disuelto el Partido Peronista en todo el territorio de la Provincia”.
  17. Archivo Histórico de la Legislatura de Corrientes (AHLC). Corrientes. Honorable Cámara de Diputados (HCD). Destaca una nota enviada por la CIPC al interventor Bianchi donde se reclama una medida tomada sobre los vehículos asignados al organismo, que afectarían su normal desempeño. Exptes. 385 a 404 y Documentos Varios. 1955.
  18. Archivo General de la Nación (AGN). División de Archivo Intermedio (DAI) – Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial (FNRP). Comisión Nacional de Investigaciones (CNI). Clasificación y custodia de actuaciones (CCA). Comisiones Provinciales (CP). Corrientes. Archivo 55. Correspondencia.
  19. Archivo Histórico (AH). Departamento de Estudios Históricos Navales (DEHN)-Fondo Isaac Francisco Rojas (FIFR). Documentos. Correspondencia oficial.
  20. AHLC. Corrientes. HCD. Exptes. 385 a 404 y Documentos Varios. 1955.
  21. AGN.DAI-FNRP.CNI.CCA.CP Corrientes. Archivo 55. Correspondencia.
  22. AGN.DAI-FNRP.CNI.CCA.CP Corrientes. Archivo 55. Correspondencia.
  23. AGPC. Corrientes. Secretaría General de la Gobernación. Decreto N° 959/55.
  24. El diario El Liberal del 31 de enero de 1956, publica la nómina de las siguientes personas y sociedades interdictas: José María Alonso, Juan Carlos Baggini, Antonio J. Benítez, Justo Castillo, Raúl Benito Castillo, Emilce Arriaga de Castillo, Hercilio Castillo, Dardo Centanaro, Manuel Cunha Ferré, Bernardo Callejas, Manuel Cerviño, Mateo Caronía, Constantino Degliuomini, Juan Carlos De Gasperi, Joaquín Díaz de Vivar, Saturnino Erro, Ítalo Esquerro, Saturnino Fa, Perdo C. Fagetti, Clementino Forte, Enrique Genta, Remy Lautín Hope, Jorge Kaindl, Andrés Hermenegildo López, Aramando Muñoz, Arnaldo Martitegui, Armando Morales, Daniel Mendiondo, José O. Must, Oscar Nelly, Antonio Nelly, Juan de la Cruz Pavón, Julio Palmeiro, Rubén Leopoldo Palmeiro, Pablo Edgardo Politis, Floriano Pomarada. Eloísa Garrido de Pomarada, Pablo Rizutti, Marcelino Ros, Amalio Ruiz, Juan Soloaga, Carlos Sánchez Ávalos, Raúl Tasada, Marcelino Torres, Mateo Tous, Jaime Viudes, Filomeno Velázco (sucesión), Guillermina Pascarella de Velázco, Carlos Velázco, Cora Velázco, Porfirio Zappa, Orestes Zucchi, Cerámica Correntina Anahia, Baggini, Gerding y Bellora S.R.L, Baggini Vellora S.A., Martitegui y Compañía S.R.L. AGPC. Corrientes. El Liberal, Corrientes, 31 de enero de 1956, p. 2.
  25. AGPC. Corrientes. El Liberal, 1 de febrero de 1956, p. 7. “Solicitada”.
  26. AGPC. Corrientes. El Liberal, 3 de febrero de 1956, p. 2. “Solicitada”. Cabe destacar que luego el caso de Marcelino Ros sería desestimado por la misma Comisión Investigadora de la provincia.
  27. AGPC. Corrientes. El Liberal, 2 de febrero de 1956, p. 1. “Importante Resolución de la Junta Provincial de Recuperación Patrimonial”; y AR-AGN.DAI-FNRP.CNI.CCA.CP Corrientes. Expte. N°12.895.
  28. AGN.DAI-FNRP.CNI.CCA.CP Corrientes. Expte. N° 9.567 y Expte. N° 52.599.
  29. En este sentido es importante mencionar que la emisora provincial “LT7 Radio Corrientes”, contaba con una programación semanal denominada “La Hora de los Partidos Políticos”. En este espacio, dirigentes de la escena local exponían con frecuencia sus posicionamientos y declaraciones.
  30. AGPC. Corrientes. El Liberal, 26 de octubre de 1955, p. 1. “Declaraciones del presidente de la Comisión Provincial de Investigaciones Doctor Billinghurst”.
  31. AGPC. Corrientes. El Liberal, 3 de noviembre de 1955, p. 3. “Renovado empeño de contribuir a la prosperidad y grandeza de la economía de la provincia”. Este intercambio contó con varios episodios en los que la Confederación General Económica y los empresarios que la integraban buscaron distanciarse de posibles asociaciones y complicidades con el gobierno depuesto debido a su participación en reuniones convocadas en el marco de proyectos que ahora eran investigados por la Comisión Investigadora Provincial.
  32. AGPC. Corrientes. El Liberal, 3 de noviembre de 1955, p. 3. En el artículo titulado “Contestó el Interventor Federal a Una Reclamación del Doctor Polítis” se publicaron dos telegramas. En el primero, el hermano y abogado del dirigente peronista denunciaba un allanamiento hecho sobre su domicilio que no contaba con orden judicial y aseveraba que su detención se había realizado “sin causa”, por lo que solicitaba “urgentes garantías de integridad física y personal”. A lo que el interventor Bianchi respondió: “Revolución Libertadora triunfante asegura garantías individuales y separación de poderes. Su reclamo es facultad privativa de la justicia cuyo mandato no interfiero para superar época de oprobio. Diríjase donde corresponda…”.
  33. AGPC. Corrientes. El Liberal, 14 de diciembre de 1955, p. 1. “Fueron impugnados, un miembro y dos colaboradores de una subcomisión investigadora. Pleno imperio de la justicia asegura el Interventor Capitán Bianchi. La comisión rechaza impugnaciones” y “La digna posición”. También AGN.DAI-FNRP.CNI.CCA.CP Corrientes. Expte. N°12.895. Según María del Mar Solís Carnicer (2020), la firma “Baggini, Gerding Bellora” creada en la Capital Federal en octubre de 1946, “tuvo a cargo la mayor parte de las obras públicas realizadas durante los gobiernos peronistas de Corrientes” (p. 169). El estudio realizado por la autora, enfocado en la creación de los tribunales de trabajo en esta provincia, revela que la empresa había atravesado varios procesos judiciales por demandas laborales. En efecto, la impugnación por parte de la sociedad hacia los miembros de la subcomisión que los investigaba estaba justamente vinculada a la participación en la misma de Alberto Cazaubón y el arquitecto Armando Vieyra, ex empleados de la compañía, con los que ésta se encontraba en litigio, y el Dr. Alberto Gutnisky, abogado patrocinador de dichos juicios laborales –por entonces aún en proceso–, a la vez encargado del procedimiento de la CIPC sobre la constructora. Si bien la firma Baggini protestó ante la CNI, tanto el interventor Bianchi como el presidente de la CIPC, Billinghurst, respaldaron al comisionado y aseguraron la objetividad de las actuaciones.
  34. AGPC. Corrientes. El Liberal, 27 de octubre de 1955, p. 1. “Fue allanada la Editorial El Liberal”.
  35. AGPC. Corrientes. Secretaría General de la Gobernación. Decreto N° 266. 26 de octubre de 1955.
  36. AGPC. Corrientes. El Liberal, 28 de octubre de 1955, p. 1. “El cumplimiento del deber”.
  37. AGPC. Corrientes. La Mañana, 28 de octubre de 1955, p. 1. La nota titulada “Fue allanada la Imprenta ‘El Liberal’” afirma que la Jefatura de Policía había tomado conocimiento de que en el lugar se habrían impreso libelos.
  38. Código Penal Argentino (1921). Art. 174.
  39. Código Penal Argentino (1921). Art. 210.
  40. Código Penal Argentino (1921). Art. 248.
  41. Código Penal Argentino (1921). Art. 260.
  42. Código Penal Argentino (1921). Art. 265.
  43. Código Penal Argentino (1921). Arts. 266; 267; y 268.
  44. Archivo Histórico del Poder Judicial (AHPJ). Corrientes. Libro de sentencias de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Laboral y Correccional. Año 1959.
  45. CNI, Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía, tomo IV, p. 370.
  46. CNI, Documentación, autores y cómplices de las irregularidades cometidas durante la segunda tiranía, tomo IV, p. 371.
  47. AGN.DAI-FNRP.CNI.CCA.CP Corrientes. Expte. N°6.505.
  48. AGN.DAI-FNRP.CNI.CCA.CP Corrientes. Expte. N°102.605.
  49. AGPC. Corrientes. El Liberal, 27 de octubre de 1955, p. 2. “Conócese (sic) un informe de la Comisión Investigadora de la Provincia”.
  50. AGPC. Corrientes. El Liberal, Corrientes, 1 de diciembre de 1955, p. 3. “El ministro de Hacienda de la Nación visitó la planta industrial Sigma. Destacó el Dr. Blanco la personalidad productora del Señor Juan P. Baggini”.
  51. AGPC. Corrientes. El Liberal, 14 de diciembre de 1955, p. 1. “Fueron impugnados, un miembro y dos colaboradores de una subcomisión investigadora. Pleno imperio de la justicia asegura el Interventor Capitán Bianchi. La comisión rechaza impugnaciones” y “La digna posición”. Para mayor detalle ver la nota 33.
  52. AGN.DAI-FNRP.CNI.CCA.CP Corrientes. Expte. N° 9.899.
  53. AGN.DAI-FNRP.CNI.CCA.CP Corrientes. Expte. N° 12.895.


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