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5 De frentes y cercamientos: las fronteras tecnológico-conceptuales, geográficas y políticas del extractivismo

Estudios de caso en la Argentina contemporánea

Sebastián Gómez Lende

Introducción

El objetivo de este trabajo consiste en aportar reflexiones teóricas acerca de las múltiples y complejas relaciones que el concepto de frontera guarda ̶ en sus diversas acepciones ̶con otra categoría igualmente polisémica: el extractivismo, atendiendo para ello a sus distintas dimensiones, categorías y variables de análisis. Los nexos entre ambas categorías serán ilustrados a través de referencias tangenciales a sectores extractivos de la Argentina actual, como la minería, la pesca, la agricultura y los hidrocarburos. El capítulo se estructura en cuatro apartados. Primeramente, se desarrolla un apretado marco teórico-conceptual donde se discute la definición y relación entre frontera, extractivismo y acumulación por desposesión. A continuación, se explica el modo en que las fronteras conceptuales del extractivismo van mutando conforme al avance de las fronteras tecnológicas, la redefinición del concepto de recursos y la expansión de las escalas productivas, con el consiguiente avance de las fronteras geográficas del modelo. La siguiente sección y sus correspondientes sub-acápites abordan la cuestión de las fronteras políticas del extractivismo poniendo el foco en la relación de este modelo de acumulación con las fronteras interestatales e interiores. Con respecto a este último punto, se analiza la relación entre frontera y conflicto atendiendo a cuestiones como los enclaves, las restricciones a la movilidad geográfica, los cercamientos y los movimientos insurgentes contra la acumulación por desposesión. Finalmente, se presentan las principales conclusiones del trabajo.

Frontera, frente, extractivismo y acumulación por desposesión: precisiones teórico-conceptuales

Como cualquier otra categoría que ha sido profusamente debatida en las ciencias sociales, el concepto de frontera se revela polisémico, amplio y genérico debido fundamentalmente a dos razones: su maleabilidad para asumir diferentes sentidos y significados de acuerdo a los distintos contextos históricos y geográficos; y su capacidad de subsumir, contener o condensar a otras categorías similares, como muro, borde, frente, límite y periferia (Benedetti, 2007; 2018; 2020). Sin perjuicio de sus diversas tipologías (fronteras naturales, políticas –interiores e interestatales–, de expansión, productivas, etc.), la frontera puede ser entendida como una entidad geohistórica que expresa diferencias y relaciones, continuidades y rupturas entre distintas territorialidades –dos proyectos o modelos diferentes de uso del territorio, parafraseando a Santos y Silveira (2001)– que, en virtud de su propia oposición, definen un nuevo espacio singular e inestable, esto es, un área de interfaz sujeta a permanentes redefiniciones y cambios en sus coordenadas temporales, espaciales y funcionales (Benedetti y Salizzi, 2014; Salizzi, 2015; 2017; Benedetti, 2018; 2020).

Siguiendo esa tesitura, el extractivismo encierra la misma polisemia que la frontera, toda vez que se trata de una categoría caracterizada por su falta de precisión conceptual (Portillo Riascos, 2014). Aunque tradicionalmente ha sido relacionado con la explotación de recursos naturales, el extractivismo actualmente posee –debido a su trasvase a otras esferas y campos– un sentido vago y difuso. Así pues, hoy día no falta quien hable de extractivismo hidroeléctrico, inmobiliario, turístico e incluso epistémico y ontológico (Svampa, 2011; Seoane, 2013; Grosfoguel, 2016). Ciñéndonos a una interpretación más clásica del concepto, aquí definimos al extractivismo como un modelo de acumulación basado en la conversión de bienes comunes en mercancías, la explotación intensiva de esos recursos naturales a un ritmo acelerado incompatible con los tiempos de reposición de la naturaleza, su escaso o nulo grado de procesamiento local, regional y/o nacional y su (por lo general) casi exclusiva orientación al mercado mundial. Estas dinámicas generan grandes flujos de valor de cambio que en gran medida son captados por agentes externos, y que forman y reproducen enclaves o colonias-commodities tensionadas por altos niveles de conflictividad social, política y ambiental (Giarracca y Teubal, 2013; Machado Aráoz, 2013; Seoane, 2013; Gudynas, 2014).

La relación entre extractivismo y frontera es compleja. Naturalmente, las fronteras del extractivismo son, en primera instancia, fronteras productivas. Reflejan un avance, redefinición o movimiento de flujos tendente a la ampliación del sistema capitalista a través de la valorización de aquellos espacios que la burguesía y el Estado consideran funcionales para la expansión de actividades intensivas en la explotación de recursos naturales necesarios para alimentar la acumulación del capital y abastecer al mercado mundial. Parafraseando a Reboratti (1990, citado por Braticevic, 2017) y Turner (1991, citado por Salizzi, 2017), operan como frentes donde ciertos “pioneros” (hacendados, mineros, agricultores, etc.) conquistan tierras para desarrollar ciertas actividades extractivas puntuales (minería) o extensas (extracción maderera, ganadería). Siguiendo esa tesitura, las fronteras del extractivismo constituirían entonces un momento histórica y espacialmente situado del proceso de expansión territorial del capital (Salizzi, 2015), que a su vez se encontraría íntimamente entrelazado con los dispositivos de la acumulación originaria permanente (Braticevic, 2017; 2020) o, en términos de Harvey (2004), con los mecanismos de la acumulación por desposesión.

La idea clave que articula la relación entre extractivismo, frontera, frente y acumulación por desposesión es que una de las formas en que se desplazan las fronteras de dicho modelo son los cercamientos o enclosures (Midnight Notes Collective, 1990). Estos cercamientos pueden operar (simultáneamente o no) en cuatro frentes de relevancia: a) la conversión de patrimonios de uso común en dominio exclusivo de la clase capitalista; b) la erosión, cooptación, absorción, articulación, fragmentación o destrucción de las formas de producción y de vida subalternas; c) la colonización por parte del capital de ámbitos o campos naturales, territoriales, sociales y culturales hasta entonces vírgenes o inexplorados, mercantilizándolos, monetizándolos y privatizándolos; y d) la apropiación legal o usurpación ilegal de porciones de riqueza común a través de la alianza de las élites económicas con el poder estatal o el recurso a la violencia lisa y llana. Todos ellos marcan un límite, una barrera –un afuera y un adentro– que el capital busca franquear para perpetuar su reproducción ampliada. En este trabajo destacaremos dos grandes grupos o bloques de las dimensiones del proceso: la frontera tecnológica-conceptual-geográfica del modelo; y sus fronteras políticas –tanto interestatales como interiores–, con eje en el conflicto.

Las fronteras tecnológicas, conceptuales y geográficas del extractivismo

De todas las formas de cercamiento inherentes al extractivismo, quisiéramos comenzar deteniéndonos en la cuestión de la colonización capitalista de nuevos ámbitos o campos de la naturaleza y en cómo su transformación en condiciones o factores para la producción de valores de cambio repercute en el avance de la frontera (tanto espacial como conceptualmente hablando) del extractivismo como modelo de acumulación y en la redefinición del concepto recursos naturales.

Por naturaleza, el capital tiende a mercantilizar, cercar, privatizar, monetizar, consumir y finalmente agotar o destruir distintas condiciones de producción, topándose así con los límites de lo que O’Connor (2001:216) denomina “curva de productividad” de los sistemas físico-biológicos. Cada vez que eso ocurre, el capital se ve obligado a franquear dicha barrera de tres maneras: a) continuando con la explotación del mismo recurso, pero modificando los métodos extractivos utilizados para reducir costos e impedir que tal escasez menoscabe su rentabilidad (frontera tecnológica); b) trasladando la explotación del recurso agotado en un lugar dado a otra localización donde aquel abunde para reiniciar allí el ciclo de mercantilización y degradación (frontera geográfica); c) o bien descubriendo y colonizando una nueva fuente de materias primas que sustituya a la anterior y le permita abrir nuevos campos a la acumulación (frontera natural). Cualquiera de las tres alternativas –que no son excluyentes, sino que pueden (y suelen) complementarse y combinarse– implica la expansión del sistema por la vía de la acumulación por desposesión así como la perpetuación de la segunda contradicción del capitalismo. Son, en términos de Harvey (2004), soluciones espacio-temporales que buscan implantar “zonas experimentales” en términos técnicos, sociales y económicos (Bowman, 1931, citado por Salizzi, 2017:191-192) para desplazar provisoriamente las contradicciones del capital.

En el primer caso, el avance de la frontera tecnológica conduce a la reorganización de las fronteras entre lo explotable y lo no explotable y, por consiguiente, a la redefinición de los límites entre lo que forma parte o no del modelo extractivista. Como bien sugiere Schweitzer (2020), los recursos naturales denotan historicidad. Su existencia es condición necesaria pero no suficiente para su incorporación a la lógica capitalista; también deben existir tecnologías que permitan su extracción y aprovechamiento, las cuales varían en cada época o período. Como resultado, mientras que en el pasado el sector extractivo estuvo en líneas generales casi exclusivamente circunscripto a actividades como la minería subterránea y la explotación hidrocarburífera convencional, en la actualidad aglutina también a los llamados extractivismos de nueva generación (Gudynas, 2014), esto es, formas modernas de actividades extractivas antiguas, como la mega-minería a cielo abierto de metales preciosos e industriales o la extracción de gas y petróleo por fractura hidráulica (fracking). En ambos casos, el recurso siempre existió, pero su explotación no fue viable hasta tanto el capital, espoleado por el agotamiento o disminución de los reservorios convencionales, no rebasara las fronteras tecnológicas que le impedían explotar yacimientos de baja ley mineral y alto nivel de diseminación o depósitos de hidrocarburos encerrados dentro de formaciones rocosas impermeables.[1]

Por otra parte, la frontera tecnológica redefine la escala de producción, y con ella, las fronteras conceptuales del extractivismo. Así, acaba extendiendo la fractura metabólica (Marx, 1968; Foster, 2000) –es decir, la insostenible brecha entre la velocidad de rotación del capital y los tiempos físico-biológicos de reposición de los materiales extraídos de la naturaleza– a otras actividades económicas que de ese modo pasan a formar parte del modelo. Hasta mediados de la segunda mitad del siglo XX, en Argentina tanto la agricultura como la pesca marítima fueron consideradas como actividades primarias productivas y no extractivas debido a que explotaban una biomasa teóricamente renovable dentro de ciertos límites. Hoy día, en cambio, la incorporación masiva de tecnología y los avances en química y genética permiten que en ambos casos se lleve a cabo una expoliación en la que los umbrales naturales de reproducción del recurso edáfico y la biomasa ictícola son sistemáticamente sobrepasados.

A diferencia de las prácticas conservacionistas de rotación de usos del suelo que rigieron en la pampa húmeda durante todo el modelo agroexportador, el monocultivo sojero y otras producciones agrícolas han hecho realidad la tesis marxista de que la agricultura industrial a gran escala saquea, devasta y agota los elementos constituyentes del suelo y los repone tardía e incompletamente, violando así las condiciones básicas de sostenibilidad impuestas por la naturaleza (Marx, 1968; Foster, 2000). En lo que atañe a la pesca marítima, la constante y sistemática trasgresión de los umbrales de reproducción biológica del recurso que el mundo viene sufriendo durante los últimos setenta años se ha instalado en Argentina desde principios de la década de 1980, en un contexto donde la creciente demanda internacional de pescado, la pesca ilegal, el llamado descarte[2] y el dramático incremento de la capacidad extractiva han configurado una suerte de minería pesquera (Cóccaro et al., 2000). Así pues, los sistemas de objetos (Santos, 1996) encarnados por cultivos transgénicos de exportación intensivos en agrotóxicos y buques congeladores y factoría intensivos en tecnología y artes de pesca predatorias denotan en nuestro país un avance de la frontera extractivista, convirtiendo a ambas actividades en una minería agrícola y pesquera situada en las antípodas de la situación de sub-explotación del caladero y las prácticas de conservación del suelo típicas de la primera mitad del siglo XX.

Naturalmente, las fronteras tecnológicas del extractivismo tienen su correlato geográfico. En Argentina, el modelo se profundiza no solo en las regiones donde históricamente predominó en mayor o menor medida (la Patagonia petrolera y el Noroeste minero, por solo mencionar dos ejemplos), sino que además ha avanzado (o intenta hacerlo) hacia áreas donde distintas facetas del modelo eran impensadas algunas décadas atrás. Santa Cruz, que en el pasado mostró un desarrollo minero metalífero escaso y prácticamente insignificante, es actualmente la provincia con mayor número de minas de metales preciosos en actividad del país. En los últimos años, la explotación hidrocarburífera no convencional no solo se ha propagado exitosamente en territorios especializados en la fruticultura intensiva (como Allen, Río Negro), sino que ha buscado hacer lo propio en Entre Ríos (en la provincia homónima, sobre la costa del río Uruguay) y el sur de la provincia de Buenos Aires (Claromecó) para la extracción de gas vía fracking (Bertinat et al., 2014; Novas, 2018). A raíz de este avance de la frontera extractivista, la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) hoy día incluye a todas las jurisdicciones del país. Otro tanto puede decirse de la agricultura sojera, donde la llamada pampeanización no solo se ha extendido hacia el norte argentino, sino que también insinúa su avance hacia Cuyo y la Patagonia. Así, áreas de Mendoza, Río Negro y Chubut,[3] donde años atrás el cultivo de soja era inconcebible, reúnen actualmente 1.122 hectáreas sembradas con dicha oleaginosa (SISA, 2021).

El caso de la minería del litio, por su parte, representa un claro solapamiento de las fronteras tecnológicas, geográficas y naturales del extractivismo. Si bien en Argentina esta actividad comenzó en 1936, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, realizando tempranas exportaciones a Estados Unidos, Italia y Chile, la producción doméstica era muy escasa y errática debido a que este mineral era un derivado de la explotación a cielo abierto de pegmatitas ricas en berilo o wolframio. Por esa razón, hasta la década de 1960, la minería del litio permaneció restringida a la provincia de San Luis, incorporándose a partir de esa fecha las minas de espodumeno de Córdoba y Catamarca. Sin embargo, la demanda de la industria nuclear, militar, aeroespacial, farmacéutica y de la cerámica, el esmalte, el caucho y el vidrio determinó que a partir de 1972 la frontera exploratoria para este mineral avanzara hacia los salares de la Puna, situación que se consolidó a raíz de la maduración de la revolución informática y de las telecomunicaciones de la década de 1990. Actualmente, la supuesta transición energética desde el (presuntamente agotado) paradigma energético fósil hacia un modelo verde basado en las baterías recargables y los bajos costos que supone la explotación en salmuera, han desatado una verdadera fiebre del litio en los salares de Jujuy, Salta y Catamarca, derivando en su definitiva colonización como nueva fuente de materias primas para el capitalismo contemporáneo. Esta apertura de nuevos campos a la acumulación ha determinado incluso que el capital pretenda reactivar la explotación convencional de este mineral en San Luis.

Las fronteras políticas del extractivismo

Extractivismo y fronteras interestatales

Al ampliar sus fronteras tecnológicas y geográficas, el extractivismo no solo cuestiona las fronteras naturales, sino que también pone en tela de juicio a las fronteras políticas, tanto interestatales como interiores. En el primer caso, la visión de las fronteras como un elemento de clausura y seguridad del territorio nacional (Benedetti y Salizzi, 2014) se difumina ante las dinámicas geopolíticas de un extractivismo que trasciende los límites interestatales para forjar nuevas territorialidades materiales y simbólicas. Ejemplo de estas últimas es la noción de “Repúblicas Unidas de la Soja”, interesadamente difundida por la transnacional Syngenta con motivo de la propagación de este cultivo transgénico en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, y que representó un intento por institucionalizar la realidad material que supone el espacio regional de flujos o el mapa de verticalidades (Silveira, 1999) forjado en torno a dicha oleaginosa, con la Hidrovía Paraná-Paraguay como columna vertebral.

Por su parte, el Tratado de Integración Minera entre Chile y Argentina supone un paradigmático ejemplo de cómo la dimensión material de las nuevas territorialidades asociadas al extractivismo torna porosas a las fronteras interestatales. Abarcando la tercera parte del territorio chileno y la décima parte del argentino (Giraud y Ruz, 2009), este gigantesco cercamiento de 5.400 kilómetros de longitud y más 51,7 millones de hectáreas de superficie ha creado una suerte de tercer país donde las empresas pueden reducir costos aprovechando las economías de escala y las ventajas logísticas asociadas al aprovechamiento conjunto de los recursos hídricos, la fuerza laboral y la infraestructura disponible a ambos lados de la faja cordillerana. Así, no solo se desdibujan las fronteras interestatales, sino que se vacía de significado a la Cordillera de los Andes como límite natural.

Siguiendo esa tesitura, la problemática de la pesca marítima ilegal o furtiva del calamar dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina o en la denominada milla 201 (en el límite con aguas internacionales) muestra cómo el extractivismo no solo cuestiona una vez más las fronteras interestatales; también añade mayor complejidad a esa tensión. El rígido y claro límite jurídico-territorial entre un adentro reservado para los buques con permiso de pesca legal y un afuera común donde el recurso puede ser explotado libremente por flotas de cualquier nacionalidad, se convierte en una frontera lábil no solo debido a la sistemática intromisión ilegal de barcos de origen asiático, sino también en virtud de la imposibilidad práctica de parcelar los mares para cercar o limitar el movimiento de especies migratorias, recordándonos –como plantea Harvey (2014)– que los peces extraídos de los océanos pueden ser fácilmente mercantilizados pero las aguas en las que nadan plantean un problema totalmente distinto.

Esta práctica, cuyo origen en nuestro país se remonta a mediados de la década de 1970, actualmente involucra la operación ilegal de 600 embarcaciones chinas, coreanas, españolas y taiwanesas que cada año extraen alrededor de un millón de toneladas, cifra superior a los desembarques realizados por buques habilitados. Pese a que la Prefectura Naval Argentina ha capturado e incluso hundido naves que se adentran en la ZEE, el Estado nacional ha sido impotente para poner fin a esta situación, limitándose a solicitar a la Organización Mundial del Comercio que elimine los subsidios a la pesca ilegal. Dado que el principal objetivo de la pesca ilegal es el calamar –especie clave para la cadena trófica del caladero–, la creciente sobreexplotación clandestina de dicho cefalópodo a mediano plazo agravará el paulatino agotamiento de la biomasa disponible y, por consiguiente, la crisis pesquera que Argentina arrastra desde mediados de la década de 1990.

Extractivismo y fronteras interiores

1. Fronteras en conflicto (I): enclaves, movilidad geográfica y cercamientos

El conflicto emerge como una cuestión omnipresente en la dinámica de las fronteras interiores del extractivismo. Después de todo, las actividades y cercamientos inherentes al modelo suelen ser entendidas como frentes, un concepto que en la geografía política francesa está teñido de connotaciones eminentemente militares vinculadas al establecimiento de fronteras políticas (Salizzi, 2017). Como resultado, la expansión técnico-territorial del modelo y los cercamientos sociales y espaciales que genera suelen determinar una colisión entre sentidos e imaginarios geográficos diametralmente distintos (Benedetti y Salizzi, 2014) que, al estar asociados a dos o más proyectos antagónicos de uso del territorio (Santos y Silveira, 2001), involucran una importante cuota de resistencia y conflictividad (Salizzi, 2015; 2017).

Una de las paradojas de esta dinámica es que las fronteras que el extractivismo niega o sobrepasa a nivel interestatal acaban por multiplicarse en el plano interno, oponiendo así restricciones o filtros a la movilidad geográfica (Benedetti, 2018). Mientras que, para favorecer la inversión extranjera e imprimir fluidez al movimiento interestatal del capital minero, el citado Tratado de Integración Minera y la normativa que regula al sector han desmantelado las antiguas zonas de seguridad y de frontera creadas entre 1944 y 1970 (Bruzzone, 2011; Bombal, 2020), fronteras adentro –valga el juego de palabras– los cercamientos proliferan con fuerza. Cercenando los derechos de libre transitabilidad garantizados por la Constitución Nacional, las empresas están facultadas por la legislación vigente para establecer todas las limitaciones de dominio que consideren convenientes, con lo cual, bajo el eufemismo del territorio privado minero, recursos geológicos, tierras, valles, lagos, parajes turísticos y hasta pueblos enteros (El Aguilar en Jujuy, Vis-Vis en Catamarca) han quedado bajo el estricto control de las transnacionales del sector.

Para hacer valer esa tajante línea divisoria entre el adentro y el afuera, las compañías mineras operan como enclaves que anulan las normas del territorio, vulneran la soberanía nacional y reprimen las regulaciones locales al bloquear el acceso a rutas y caminos públicos, realizar controles migratorios, imponer requisas e impedir el paso de escolares, campesinos y turistas. Siguiendo esa tesitura, dichas tareas son ejecutadas a través de sistemas militarizados integrados no solo por personal privado contratado por las propias empresas, sino también (al menos en algunos casos) por las propias fuerzas públicas de seguridad. En enclaves como el municipio jujeño de El Aguilar y la mina sanjuanina Veladero, Gendarmería Nacional ya no protege las fronteras terrestres, fluviales, migratorias, sanitarias y aduaneras para el Estado, sino para el capital extranjero, restringiendo la movilidad geográfica de pobladores y transeúntes para que el acceso a rutas, caminos y poblados quede solo sujeto a los intereses de corporaciones como Glencore y Barrick Gold.

2. Fronteras en conflicto (II): el extractivismo y los movimientos insurgentes contra la acumulación por desposesión

Como es bien sabido, el avance del extractivismo suele suponer el trastocamiento de las fronteras de la democracia y el avasallamiento de derechos humanos y mecanismos institucionales inherentes a aquella (licencia social, consulta a la población, controles ambientales, presencia del Estado, manipulación de la participación popular, violencia estatal y paraestatal, etc.). Así, la ecuación “más extractivismo = menos democracia” (Svampa, 2019:12) agudiza la naturaleza conflictiva del modelo, convirtiendo al territorio en escenario del surgimiento de movimientos insurgentes contra la desposesión (Harvey, 2004) y generando fronteras internas de raigambre económica, política e incluso institucional que devienen producto de la superposición en el lugar de acciones originadas en distintas escalas geográficas y del encuentro entre la racionalidad hegemónica y las contra-racionalidades ajenas u opuestas a la misma (Santos, 1996). Así, mientras que la visión eficientista del capital y las corporaciones y los gobiernos y su ideología fundamentalista del progreso procuran imponer el modelo dominante a cualquier costo, las comunidades situadas en las zonas vaciables y sacrificables (Sack, 1986; Svampa, 2019) rechazan esa invisibilización y desmitifican los argumentos de pobreza, atraso y crisis económica regional que legitiman el proyecto hegemónico.

Aunque quizás la dimensión más explorada y conocida sea la frontera interior entre el moderno capitalismo sojero y las formas de producción subalternas (campesinas, aborígenes, etc.) y sus correlatos de usurpación de tierras, éxodo rural y engrosamiento de asentamientos marginales en las periferias urbanas, nuestro país es pródigo en ejemplos empíricos al respecto. Aquí nos interesa particularmente focalizarnos en otra dimensión de las fronteras en conflicto del extractivismo y que se manifiesta en lo que Sández (2016:260) denomina “la batalla por los metros”, un conflicto entre sentidos y valoraciones contrapuestas que tiene como eje a lo sanitario y lo ambiental pero cuya expresión es eminentemente político-territorial.

El movimiento sinérgico de las distintas fronteras productivas ha determinado que el avance de la soja en determinadas áreas del país se concrete a expensas del desmonte del bosque nativo y/o el desplazamiento de producciones capitalistas, campesinas y aborígenes tradicionales (ganadería, cereales, cultivos intensivos, etc.), inaugurando en el norte argentino un nuevo ciclo de tensión, una nueva frontera interior entre capitalismo y subalternidad. La destrucción de 6,5 millones de hectáreas de floresta autóctona que este proceso trajo aparejado entre 1998 y 2019 determinó que, de los 258 conflictos ambientales reportados para la subregión del Chaco Seco, el 24% correspondiera a la deforestación (REDAF, 2013). Esto derivó en la sanción en 2007 y reglamentación en 2009 de la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos –vulgarmente conocida como Ley de Bosques–, la cual obligó a que los respectivos gobiernos provinciales realizaran un Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) según tres categorías: a) Categoría I (rojo), donde no se permite desmonte ni explotación alguna; b) Categoría II (amarillo), que no pueden deforestarse pero sí ser sometidos a aprovechamiento sostenible, recolección, turismo e investigación; y c) Categoría III (verde), donde se autoriza la tala parcial o total.

Bajo este criterio, la Ley de Bosques y los respectivos OTBN se han convertido en una nueva área de frontera en la que se disputa el avance de la frontera agropecuaria en el norte argentino, con la coalición constituida por el capital y los gobiernos provinciales oponiéndose a las regulaciones impuestas desde el Estado nacional. En Salta, Chaco y Santiago del Estero –las tres provincias que encarnan el corazón de la deforestación en el país– la estrategia parece haber sido exactamente la misma: resistirse a la norma invocando su derecho constitucional de autonomía para el manejo de los recursos naturales, violar las moratorias establecidas por la Secretaría de Ambiente de la Nación y el Poder Judicial,[4] rebajar los estándares de la Ley de Bosques para favorecer al sector agropecuario y forestal, excluir de sus respectivos OTBN a áreas boscosas relevadas a nivel nacional y establecer en dichos inventarios niveles nominales relativamente altos de protección de la masa boscosa (69% en Chaco, 81% en Salta, 96% en Santiago del Estero) para luego proceder a su sistemática violación.

Con respecto a este último punto, en las tres provincias mencionadas la deforestación ilegal lisa y llana pasó a coexistir con argucias jurídicas ensayadas por los propios gobiernos provinciales supuestamente encargados de velar por el cumplimiento de la Ley de Bosques. En flagrante violación de la norma nacional, el gobierno santiagueño creó una zonificación más compleja que dividió a la Categoría II (amarillo) en dos sub-categorías: II-a, donde los desmontes están prohibidos y solo se permite la explotación sustentable; y II-b, que además de autorizar esta última habilita la deforestación de puntos verdes insertados y delimitados dentro de zonas protegidas. Por su parte, Salta y Chaco se decantaron por las también prohibidas recategorizaciones prediales que, convirtiendo fraudulentamente a zonas rojas y amarillas en áreas de bajo valor de conservación, legalizaron los desmontes para impulsar el avance de la ganadería intensiva y la agricultura sojera. En el primer caso, esta práctica se ejecutó durante el período 2010-2014 para favorecer a los propietarios de 32 fincas, mientras que en el segundo viene desarrollándose desde 2016 hasta la actualidad a pedido de los titulares de 50 explotaciones agropecuarias (AGN, 2019; FARN, 2019). En Chaco, que hoy lidera el ranking nacional de deforestación, la situación se agrava debido a que el Gobierno provincial busca actualizar su OTBN –vencido desde 2014– de manera inconsulta para continuar autorizando los desmontes.[5]

Otra arista de esta frontera encarnada por “la batalla de los metros” (Sández, 2016:260) son los conflictos asociados a las fumigaciones con agrotóxicos y los daños colaterales derivados de esas raciones de envenenamiento colectivo normalizado (Beck, 1998). El uso intensivo de los eufemísticamente llamados fitosanitarios, constituidos en gran medida por herbicidas (glifosato de amonio, atrazina, 2,4-D, glufosinato de amonio, etc.) e insecticidas (clorpirifos, flubendiamida, dicamba, metsulfuron, cipermetrina, endosulfan, paraquat, etc.), genera un gigantesco negocio que en Argentina ronda los 2.800 millones de dólares anuales. Todos los plaguicidas citados son hidrofóbicos y lipofílicos,[6]disruptores endocrinos y carcinogénicos probables o probados en seres humanos, que están asociados a toxicidad neurológica, respiratoria, gastrointestinal y hematológica y nacimientos con defectos congénitos (Montenegro, 2009).

La proliferación de graves problemas sanitarios asociados a la exposición crónica ambiental a los agrotóxicos utilizados en la agricultura en general y en los cultivos transgénicos en particular,[7] ha desencadenado una aguda conflictividad en las áreas rurales y los centros urbanos próximos a los sembradíos. El ya citado relevamiento de la subregión del Chaco Seco revela que, de los 258 conflictos ambientales reportados en el área, el 49% correspondía a esta problemática (REDAF, 2013). Puesto que el glifosato es el principal agrotóxico de uso masivo en el país, desde 2015 hasta la fecha algunos municipios y provincias han decidido prohibir o limitar su uso. En ese conjunto no solo se destacan localidades ajenas o marginales a la expansión de la frontera oleaginoso-cerealera, como Bariloche, El Bolsón y Lago Puelo (Río Negro), Epuyén y Cholila (Chubut) y General Alvear (Mendoza), sino también algunos centros urbanos pertenecientes al corazón de la agricultura sojera, como Rosario y Rincón (Santa Fe) y Concordia y Gualeguaychú (Entre Ríos).[8] Algunas provincias, como San Luis y Chubut, han optado directamente por prohibir la fabricación, comercialización y uso de este plaguicida dentro de sus territorios (SciDevNet, 2018; Corso, 2020), mientras que actualmente el gobierno bonaerense evalúa un proyecto de ley para imponer una distancia mínima supuestamente segura para las fumigaciones con plaguicidas en cercanías de áreas pobladas. Este debate se replica a lo largo y a lo ancho de la geografía rural argentina, con numerosos municipios que buscan determinar (y hacer respetar) límites al uso de agrotóxicos en la periferia e interior de sus ejidos urbanos.

La batalla de los metros en tanto área de frontera supone una tensión que, por factores políticos y técnicos, es multiescalar. La cuestión trasciende la esfera meramente local/provincial –la contraposición entre los intereses de los agricultores y la seguridad sanitaria de la población– para situarse en el plano nacional y transnacional –las estrategias de acumulación de las compañías del complejo biotecnológico/químico–. Por un lado, las iniciativas municipales y provinciales de prohibición entran en conflicto con el Estado nacional, disputándole su potestad exclusiva de regular la fabricación, tránsito y comercialización de los plaguicidas en tanto mercancías. Pero por otro lado, provincias y municipios solo podrían regular su uso estableciendo distancias mínimas seguras, de ahí que sean mucho más numerosas las iniciativas de dicha índole que las prohibiciones directas. Sin embargo, se trata de tentativas vanas que desconocen un principio técnico elemental: el efecto de deriva de los plaguicidas. El hecho de que en Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba –pleno corazón de la pampa húmeda y del cultivo de soja y maíz– gran parte de las muestras de agua de lluvia contenga residuos de atrazina (entre el 60% y el 100%), glifosato (entre el 72% y el 97%) y su metabolito AMPA (entre el 23% y el 42%) (Alonso et al., 2018) permite constatar que las decenas o centenares de metros que medien entre los sembradíos y las áreas pobladas no constituyen una distancia mínima realmente segura.

Si reemplazamos bosques por glaciares y glifosato por cianuro, idéntica tesitura asume el caso de la minería metalífera. En el marco del water grabbing llevado adelante por las compañías transnacionales y sus socios vernáculos en el país, la cuestión de la protección de los glaciares –que son tanto un obstáculo como un insumo (dada su condición de reserva de aguas fósiles) para las faenas mineras– se ha convertido en un problema candente y una tensionada área de frontera para el avance del extractivismo metalífero. El caso de San Juan y de la mina Veladero, en manos de la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, es emblemático al respecto.

Con el paso del tiempo, y conforme se iban acumulando los impactos de la explotación sobre el recurso hídrico, en 2008 el Congreso Nacional sancionó la Ley 26639, o Ley de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Bajo el pretexto de que regular dicha problemática era potestad exclusiva de las provincias, no de la nación, la flamante norma fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional a solicitud del propio gobierno sanjuanino. Sin embargo, la ratificación parlamentaria no dejó más alternativa que su reglamentación y promulgación, ordenando al Estado proteger y relevar esos cuerpos de hielo y prohibir toda actividad que los pusiera en peligro. Esto determinó que el gobierno sanjuanino y Barrick Gold adujeran la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Glaciares, argumento que fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia.

Fracasada esta tentativa, el lobby de la minera canadiense se hizo sentir sobre los organismos científico-técnicos encargados de realizar el Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial que, en flagrante contravención del Artículo n.º2 de la Ley 26639, omitieron considerar como glaciares a las masas de hielo cuya superficie fuese inferior a una hectárea, invisibilizando además a buena parte del ambiente periglacial.[9] Para 2018, cuando el inventario finalizó, sus resultados arrojaron que San Juan poseía 4.572 de los 16.968 glaciares existentes en el país. Curiosamente, ninguno de ellos aparecía en la zona de Veladero y Pascua Lama, pese a que en esa área existe alrededor de una veintena de geoformas de tal índole, cercadas a su vez por 44 proyectos mineros.

En ese mismo año, el gobierno nacional presentó un proyecto de reforma del Código Penal que parecía beneficiar subrepticiamente a las compañías mineras en general y a Barrick Gold en particular. En el capítulo referido a delitos ambientales, el Artículo n.º460 presentaba una extensa definición del concepto agua, con la particularidad de que evitaba incluir en la misma al agua en estado sólido,[10] omisión de la cual se deduce que el proyecto buscaba despenalizar la afectación de los glaciares (Ross, 2019).

La destrucción de glaciares, la contaminación del agua, el aire y el suelo con agentes químicos utilizados en y/o derivados de la trituración y lixiviación de los minerales,[11] la destrucción del paisaje y el ingente consumo hídrico de las minas metalíferas –con su correlato de escasez de agua en zonas áridas y semiáridas– han desatado una oleada de resistencia contra la explotación de cobre, oro, plata y litio en gran parte del país. Casos como los de Bajo La Alumbrera y Fénix en Catamarca, Veladero y Pascua Lama en San Juan, El Aguilar y Cauchari-Olaroz en Jujuy y Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Manantial Espejo en Santa Cruz han generado la enconada oposición de numerosas organizaciones comunitarias y ambientalistas. El caso pionero de Esquel, primera localidad argentina y latinoamericana en prohibir la mega-minería, se esparció como un reguero de pólvora, y actualmente son varios los municipios que han imitado su ejemplo, como San Carlos, San Rafael y General Alvear (Mendoza), Valle de Ongamira (Córdoba), Epuyén (Chubut), Maquinchao, Ramos Mexía, Bariloche y Sierra Colorada (Río Negro) y San Martín de los Andes y Loncopué[12] (Neuquén) (Christel, 2019). Dichas prohibiciones han sido el correlato de normas similares a escala provincial en Chubut, Tucumán, Córdoba y Tierra del Fuego –que prohibieron tanto la actividad como el uso de cianuro y demás insumos peligrosos imprescindibles para su desarrollo–, así como en Mendoza, La Pampa y San Luis –que se limitaron a penalizar el uso de esas sustancias sin vedar explícitamente el desarrollo minero–.

Aun así, las resistencias parecen haberse debilitado o, al menos, desarticulado. La ley anti-minera del gobierno riojano fue derogada en 2008, apenas un año después de haber sido sancionada. En 2011, el gobierno de Río Negro derogó la ley que en 2004 había prohibido el uso de cianuro en la minería. Más recientemente, el gobierno de Chubut avanzó en un proyecto de zonificación provincial donde la subregión de meseta (Gan Gan, Gastre, Telsen) pasaba de ser área de prohibición a zona liberada para permitir el desarrollo del postergado proyecto Navidad, el yacimiento de plomo y plata más grande del mundo. En 2021, esa medida fue ratificada por el rechazo del proyecto de prohibición de la actividad que, con la firma de 30.000 ciudadanos, había sido elevado a la legislatura chubutense para su tratamiento (Boyadjián, 2021). A esto se le suma el hecho de que gran parte de las provincias que supuestamente restringen la minería firmaron el nuevo Acuerdo Federal Minero promovido en 2018/19 por el gobierno nacional, a excepción de La Rioja, Chubut, La Pampa y San Luis (Christel, 2019).

Otro caso que ilustra esta situación a la perfección es el del fracking. Difundida aceleradamente debido al presunto agotamiento de los reservorios hidrocarburíferos convencionales, esta forma de explotación es promovida por las corporaciones petroleras y el propio Estado sin reparar en costos sociales ni ambientales. A diferencia de otros países y regiones donde el fracking ha sido prohibido, frenado o cuestionado,[13] el Estado argentino temerariamente decidió iniciar la explotación de Vaca Muerta y otras formaciones de hidrocarburos no-convencionales,[14] procurando extender la frontera petrolero-gasífera a Entre Ríos, Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires[15] e impulsando la expansión de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), una institución originalmente integrada por diez provincias de tradición petrolera pero ahora formada por todas las jurisdicciones del país. Como resultado, YPF, Wintershall, Total y Tecpetrol han encarado la prospección de reservorios en regiones de escasa o nula tradición hidrocarburífera, como las cuencas Chaco-Paranaense[16] y de Tarija –compartida con Bolivia, con depósitos en Salta y Jujuy–, la Meseta de Somuncurá (Chubut y Río Negro) y la cuenca Claromecó, en el sur bonaerense (di Risio et al., 2012; Pérez Roig, 2012; Svampa et al., 2014; Pérez Roig et al., 2016; Novas, 2018).

Sin embargo, los graves impactos ambientales del fracking,[17] los escasos monitoreos ambientales, el deslinde de responsabilidades en la materia, la actividad de las petroleras dentro de los propios ejidos urbanos[18] y la operación ilegal de las empresas en el seno de comunidades aborígenes y áreas intangibles de reserva ambiental (D’Elía y Ochandio, 2014b; Obra Colectiva, 2016; Scandizzo, 2016) han impulsado la eclosión de movimientos insurgentes contra la acumulación por desposesión en todo el país.

Debido a la contaminación de napas y aguas superficiales, los accidentes ocurridos y el eventual rechazo de la fruta en los mercados de exportación, los chacareros de Allen, que antes veían con buenos ojos la llegada de las compañías para alquilarles sus tierras y así complementar los ingresos que les proporcionaba una fruticultura en decadencia, ahora observan con preocupación la inclusión de Villa Regina en las licitaciones petroleras (Rodil, 2015; Catoira, 2017). En Entre Ríos, unos 37 municipios[19] se han declarado “libres de fracking”, sentando un precedente jurídico que fue seguido por Claromecó, donde la iniciativa vecinal sembró la semilla para el blindaje de una decena de municipios bonaerenses (Scandizzo, 2016). Menos suerte tuvieron localidades neuquinas (Junín de los Andes, Aluminé, Zapala, Vista Alegre) y Río Negro (Añelo), donde la coalición formada por gobiernos provinciales, Estado central, empresas petroleras, sindicatos del sector, partidos políticos y expertos con intereses creados decretó la nulidad de las ordenanzas anti-fracking (Novas, 2018). Aun así, a la fecha son 69 los municipios argentinos que en las provincias de Mendoza, Chubut, Río Negro, Entre Ríos y Buenos Aires[20] han conseguido prohibir la explotación hidrocarburífera no-convencional en su territorio (Foro Ambiental, 2017).

Reflexiones finales

Este trabajo muestra que la relación entre extractivismo y fronteras es mucho más compleja de lo que parece. Independientemente del hecho de que ambos conceptos compartan niveles análogos de polisemia en cuanto a usos y significados, es evidente que el extractivismo argentino encierra dentro de sí múltiples fronteras de muy diversa raigambre, todas las cuales –no obstante sus diferencias– se articulan a través de un proceso de acumulación por desposesión que es inherente al modelo. Así, lo que en principio era una simple frontera productiva se ha convertido en un nutrido mosaico de categorías que abarcan la dimensión epistemológica, tecnológica, natural, territorial y política de la problemática. Tensionado por esas fronteras, el propio extractivismo se ha convertido en un área de frontera per se, operando como una entidad geohistórica singular e inestable sujeta a redefiniciones y cambios.

Con respecto a las fronteras tecnológico-conceptuales, las necesidades del capitalismo y los avances técnicos han metamorfoseado el concepto de recurso natural y, por extensión, la matriz económica y el área de influencia geográfica del propio modelo extractivista, esparciendo la fractura metabólica intrínseca al capital a cada vez más lugares y actividades. El caso argentino demuestra que, mediante un movimiento desigual y combinado, el avance generalizado de la frontera extractivista franquea simultáneamente distintas barreras, modificando los métodos extractivos para explotar recursos cuya expoliación era inviable en el pasado (mega-minería metalífera a cielo abierto y fracking), relocalizando geográficamente una actividad dada para paliar la escasez relativa de ciertas condiciones básicas de producción (agronegocio, minería, hidrocarburos convencionales y no convencionales, pesca), convirtiendo en extractivas a actividades que históricamente no lo eran (agricultura, pesca) y colonizando nuevas fuentes de materias primas que sustituyan a recursos escasos y abran nuevos campos a la acumulación (fiebre del litio en los salares de la Puna). El maridaje entre extractivismo y tecnología determina que el modelo, lejos de ser contenido dentro de límites conceptuales y territoriales precisos, barra con el concepto de frontera natural (Ferrari, 2020), penetrando todos aquellos límites físico-biológicos que se oponen a su avance y sorteando hasta cierto punto barreras asociadas a rasgos geológico-climáticos regionales.

La cuestión de las escalas y las fronteras políticas interestatales también se hace presente. La visión tradicional de las fronteras como elemento de clausura y seguridad del territorio nacional (Benedetti y Salizzi, 2014) se difumina ante las dinámicas geopolíticas de un extractivismo que cuestiona y pone en jaque –en términos de Ferrari (2020)– el proceso de naturalización de las fronteras políticas. La Hidrovía Paraná-Paraguay, las Repúblicas Unidas de la Soja, el Tratado de Integración Minera entre Chile y Argentina y la problemática de la pesca furtiva en la Zona Económica Exclusiva argentina y el límite con aguas internacionales dan pábulo a la tesis de Schweitzer (2020) de que la naturaleza de las fronteras productivas en general –y las del extractivismo en particular– exige superar al Estado-nación como unidad de estudio y focalizar el análisis en los espacios globales para la acumulación del capital y su compleja relación con los procesos fronterizos. Cabe añadir que todo esto ocurre además en un marco donde el desplazamiento de la frontera extractivista vacía, desvirtúa y corrompe la función histórica de las fuerzas públicas de seguridad que, impotentes para evitar los fenómenos reseñados, producen fluidez para el capital en los ámbitos interestatales y cercamientos, fronteras interiores y restricciones para la población en el plano doméstico.

Finalmente, el extractivismo genera nuevas fronteras políticas interiores basadas en la aceptación, profundización o rechazo de los agentes subalternos de las escalas subnacionales al modelo impuesto por las clases dominantes. Lo que durante la mal llamada Conquista del Desierto fue invocado como la necesidad de ampliar las fronteras civilizatorias para poner fin a la barbarie de los pueblos originarios, hoy día está legitimado por la idea de expandir las fronteras del desarrollo para generar divisas con las cuales (supuestamente) acabar con la pobreza. Las palabras cambian, pero su significado es el mismo, encarnando –bajo otros ropajes– la misma frontera entre acumulación originaria permanente y movimientos insurgentes a la desposesión. El debate acerca de a qué distancia de zonas pobladas es seguro fumigar con agrotóxicos, las (re)interpretaciones jurídicas para determinar hasta dónde la legislación vigente permite deforestar o explotar minerales, las zonificaciones del no a la mina y las ordenanzas anti-fracking son claros ejemplos de una tensión que gira en torno al concepto de zonas de sacrificio.

El papel de las escalas subnacionales en este proceso es ambiguo y contradictorio. Casos como los de la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares demuestran cómo los gobiernos provinciales y locales buscan evadir los tibios límites que el Estado nacional impone al avance del agronegocio y la mega-minería. Al contrario, desde el ámbito local e incluso provincial se busca paradójicamente contener la expansión de ambos modelos mediante sendas prohibiciones al uso de glifosato de amonio, cianuro de sodio y otros insumos químicos vitales para dichas actividades. Y en lo que atañe al fracking, la escala local ha quedado virtualmente abandonada a su suerte a la hora de resistir los embates que desde los ámbitos nacional y provincial pugnan por expandir a la explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales a todo el país.

Como resultado, el mismo campo jurídico se ha convertido en un área de frontera, en un campo de batalla donde desde las escalas subnacionales se cuestionan, revisan y (re)interpretan las normas y legislaciones vigentes para flexibilizar o acotar (según el caso) el avance del extractivismo en sus diversas formas o modalidades. Esto genera dos tipos de fronteras políticas interiores: por un lado, la dicotomía entre las zonas que, por imposición o aceptación, han quedado incluidas en la avanzada extractivista, y las áreas excluidas de la misma debido a su exitosa resistencia a la implantación del modelo; por otro lado, la diferenciación entre los de adentro –los agentes sociales cercados por el avance de la frontera extractivista– y los de afuera–los impulsores y beneficiarios del mismo–. Ambas fronteras mutan constantemente, (re)dibujándose en función de las victorias y derrotas obtenidas por las distintas facciones en pugna y prolongando los conflictos sin solución de continuidad hasta que –parafraseando a Salizzi (2019)–, definitivamente se impongan o extingan las fuerzas que los promueven.

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  1. Si bien la minería a cielo abierto es conocida desde la década de 1960, su predominio data de los últimos treinta años, cuando los típicos socavones, túneles y galerías subterráneas de antaño dejaron paso a las mega-explotaciones en superficie basadas en el uso intensivo de tecnología y capital, la voladura de suelos y cerros enteros, la remoción y procesamiento de ingentes volúmenes de material rocoso y al uso a gran escala de agentes químicos (ácido sulfúrico, cianuro de sodio, mercurio, sales de plomo y zinc, xantatos, etc.) y recursos energéticos e hídricos para el lixiviado del mineral mediante los métodos de separación gravitacional, lixiviación o flotación. El material estéril remanente de dichos procesos se acumula formando diques de colas o escombreras que pueden alcanzar hasta 100 metros de altura ̶ un edificio de 30 pisos ̶. En el caso del fracking, la explotación mediante la técnica de fractura hidráulica viene desarrollándose en el sector hidrocarburífero desde hace más de siete décadas. Sin embargo, adquiere relevancia en la actualidad debido a su uso masivo en las denominadas formaciones no-convencionales para prolongar la agonía del modelo energético fósil. Dichos recursos no-convencionales incluyen la explotación de esquitos y arenas bituminosas, gas en arenas compactas (tight gas), gas y petróleo de esquistos, lutitas, pelitas o pizarras (shale gas y shale oil), petróleos extra-pesados, gas de carbón (coal bed methane), hidratos de metano y gas de pantanos. Por lo general, la única posibilidad de extraer estos hidrocarburos no convencionales es fracturar la roca-madre para provocar artificialmente un canal de comunicación para que el recurso pueda desplazarse hacia el interior del pozo, siendo bombeado a la superficie mediante la inyección de millones de litros de agua a alta presión, enormes volúmenes de arena y centenares de productos químicos (muchos de ellos, extremadamente tóxicos).
  2. Por descarte se entiende la masa de peces capturados que, debido a distintas razones –prohibición de captura de la especie, pequeño tamaño, menor valor económico, etc.–, es devuelta muerta al mar.
  3. Se trata de Santa Rosa y San Rafael en Mendoza, Choele Choel en Río Negro y La Angostura y Gaiman en Chubut.
  4. En 2007, en plena discusión parlamentaria de la ley, el Gobierno salteño autorizó el desmonte de más de 400.000 hectáreas, acelerando los trámites para el otorgamiento de los permisos de deforestación de 2 años a apenas 21 días. En Chaco, los desmontes actuales registran –en flagrante violación de fallos judiciales– la pérdida de 10.329 hectáreas.
  5. Durante la cuarentena sanitaria, en Chaco se deforestaron 13.128 hectáreas, con lo cual los capitalistas del sector agropecuario-forestal y las empresas de desmonte no respetaron las restricciones de trabajo y circulación que rigieron para la gran mayoría de los ciudadanos.
  6. Esta característica facilita su bioacumulación en el organismo de los seres vivos expuestos.
  7. Por ejemplo, mareos, irritación ocular y dérmica, neumonías, cefaleas, náuseas, diarrea y convulsiones, desórdenes congénitos, nacimientos con malformaciones, abortos espontáneos, problemas hepáticos, anemia hemolítica, artritis reumatoide, lupus, púrpura, neuropatías, trastornos cerebrales, endocrinos, neurológicos y motores, esclerosis múltiple, mal de Parkinson, problemas inmunológicos, terato-génesis y distintos tipos de cáncer (Montenegro, 2009).
  8. Otros casos dignos de mención, aunque menos exitosos, son los de Montecarlo (Misiones) y Paraná (Entre Ríos), donde en ambos la prohibición impuesta por el Poder Legislativo local fue vetada por las respectivas intendencias y Gobiernos provinciales.
  9. Así, muchos de los glaciares localizados en el área de influencia de Veladero (Toro 1 y 2, Brown Inferior, etc.) fueron literalmente “borrados” del mapa. Asimismo, solo tomó en cuenta a los glaciares de escombro, excluyendo al permafrost, clave para mantener relativamente estable la temperatura del ambiente glacial y periglacial.
  10. Allí el agua era definida como aquella que forma parte del conjunto de los cursos y cuerpos de aguas naturales o artificiales, superficiales y subterráneas, así como a la contenida en los acuíferos, ríos subterráneos y las atmosféricas. En otras palabras, se evitó deliberadamente codificar al agua en estado sólido (Ross, 2019).
  11. Por ejemplo, cianuro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, xantatos, arsénico y metales pesados.
  12. Revertida a pedido del gobierno neuquino bajo el argumento de que la prohibición municipal era anticonstitucional.
  13. Por ejemplo, Francia, Bulgaria, el cantón de Vaud en Suiza, Canadá, Irlanda del Norte, Holanda, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Alemania y algunos Estados norteamericanos.
  14. Por ejemplo, Los Molles, Agrio, Lajas, Mulichinco, D-129 y Aguada Bandera, entre otras.
  15. Se estima que existen en el país 19 cuencas sedimentarias que abarcan una superficie de 1,5 millones de km2, lo cual permitiría intensificar la producción de las provincias petroleras y extender la frontera hidrocarburífera a distritos hasta entonces absolutamente ajenos al sector.
  16. La Cuenca Paranaense alberga al acuífero Guaraní (tercer reservorio de agua dulce subterránea más grande del mundo), reúne a 1.500 municipios y 23,5 millones de habitantes y tiene como principales baluartes del lado argentino a Entre Ríos, Chaco y Formosa.
  17. Por ejemplo, venteo y migración de metano al agua y la atmósfera; emanación de gases tóxicos, metales pesados y elementos radiactivos; contaminación del agua y el suelo debido al retorno de los fluidos inyectados y el contacto de hidrocarburos con los acuíferos; filtración de arsénico a aguas subterráneas; uso intensivo de agua; ascenso a la superficie de materiales radiactivos; y generación de actividad sísmica de hasta 4,4 y 5,3 grados en la escala Richter. A esto se le suma el uso de entre 600 y 996 aditivos químicos (Pérez Roig, 2012; D’Elía y Ochandio, 2014a; CHP, 2015; Novas, 2018). De todos los impactos mencionados, en Argentina ya se han verificado explosiones, incendios, escapes de gas metano y ácido sulfhídrico, movimientos sísmicos, contaminación debido a la pérdida de pastillas radiactivas para la exploración de pozos y ciertas patologías (Svampa et al., 2014; Rodil, 2015; Catoira, 2017).
  18. Incluso en la cercanía de escuelas y viviendas.
  19. La mayoría de ellos, situados en los departamentos de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Uruguay y Federación.
  20. Sobresalen en este último caso los partidos de Daireaux, Coronel Suárez, Tornquist, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Saavedra, Benito Juárez, Tandil, Rauch, Guaminí y Adolfo Alsina.


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