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4 ¿Continuidad o cambio?[1]

La pretensión fundacional del kirchnerismo

Santiago C. Leiras[2]

1. Introducción

Uno de los ejes principales de la discusión política argentina en los últimos años ha girado en torno al carácter de ruptura o continuidad del proyecto kirchnerista con relación a aquel encarnado por el menemismo durante la década de 1990. La radicalización del conflicto político, cuyas expresiones más emblemáticas han sido, entre otras, el conflicto con el sector agropecuario en 2008 y la dura confrontación entre el poder ejecutivo nacional y el grupo mediático Clarín a partir de dicho 2008[3], generó condiciones para la propia radicalización del debate intelectual y político siendo el eje cambio/continuidad uno de los tópicos principales en la discusión.

En dicho debate, han sido participes, entre otros, destacados intelectuales afines al oficialismo como los filósofos Ricardo Forster (2010a, 2010b), vocero principal del colectivo Carta Abierta, Horacio González (2011) y José Pablo Feinmann (2011), como así también importantes voces críticas, por ejemplo la socióloga Maristella Svampa (2007) y la ensayista Beatriz Sarlo (2011), quien presentara esta visión en la publicación de su autoría Entre la audacia y el cálculo. Kirchner 2003-2010.

Por cierto que, más allá de la rica discusión planteada en torno de este tema, está presente en la política argentina una pretensión de refundación del Estado y la sociedad en los inicios de cada nueva etapa política: aquello que bien podría representar un proceso de alternancia política entre diferentes actores es percibido como el comienzo de un nuevo ciclo histórico de la republica que viene a constituir una verdadera bisagra de la historia.

En una obra publicada en 2012, el filósofo Tomás Abraham reflexionaba: “Estamos acostumbrados a los mitos de fundación. El punto regenerativo es un lugar común repetido luego de cada una de las crisis nacionales.” (Abraham, 2012). Así, también se interrogaba el filósofo argentino sobre peculiaridad de la cultura política criolla:

¿Puede ser que en nuestro país cada vez que asume la Presidencia un personal gubernamental se anuncie una mutación del sistema de valores?[….] Como si existiera un grado cero de la cultura. Santos, mártires, excomulgados, Una nueva epifanía consagra al poder de turno y se proclama al reciente victorioso de una batalla cultural (Abraham, 2012: 246-247).

Así es, entonces, como durante el gobierno de Raúl Alfonsín, estuvo presente esa pretensión fundacional, estableciendo 1983 como frontera entre la democracia y la dictadura, en las postrimerías de un régimen militar en franca y desordenada retirada tras la debacle militar de Malvinas en 1982.

Con la asunción de Carlos Menem en 1989, en medio de la vorágine hiperinflacionaria que obligó a la entrega anticipada del poder por parte de Raúl Alfonsín, el propio 1989 se constituyó en la nueva bisagra de la política argentina, y estableció, de hecho, una continuidad entre gobiernos civiles, militares, democráticos o pseudodemocráticos en tanto expresiones de un mismo modelo de Estado desde la segunda posguerra (Leiras, 2012; 2015a; 2015b).

Esta inclinación a inaugurar un nuevo tiempo histórico no estará ausente durante las experiencias de Néstor y Cristina Kirchner, siendo 2003 el momento de quiebre de la historia hasta entonces vivida. La construcción de este nuevo relato político tuvo como marco de fondo la crisis terminal de la Argentina entre finales de 2001 y comienzos de 2002.

Es propósito del presente trabajo abordar la pretensión fundacional en el relato político del kirchnerismo, entendiendo como central, para cumplir con este cometido, analizar los cambios que acontecieron durante las experiencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el poder, como así también las continuidades en relación a la década de 1990.

El presente trabajo procurará dar respuestas al interrogante siguiente:

¿Hubo realmente un cambio trascendental frente a las políticas de la década del 90, o existe una continuidad de la matriz política noventista durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner?

Dado que resulta difícil comprender el surgimiento del kirchnerismo sin hacer referencia al telón de fondo de la crisis terminal de la Argentina entre finales de 2001 y comienzos de 2002, abordaremos, en primer lugar, los aspectos centrales de dicha etapa de la política argentina, tomando como punto de partida el colapso de la experiencia aliancista entre los años 1999 y 2001, y la experiencia de Eduardo Duhalde, a partir de 2002, para luego abordar las experiencias de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner.

2. La génesis del kirchnerismo

El doctor Fernando de la Rúa había sido elegido en las elecciones presidenciales de octubre de 1999 con un porcentaje cercano al 49 por ciento de los votos, siendo el doctor De la Rúa candidato presidencial de una coalición electoral –La Alianza por la Educación la Justicia y el Trabajo– entre el Frente por un País Solidario (FREPASO), agrupación constituida a comienzos de la década de 1990, a partir de núcleos disidentes del peronismo, y la Unión Cívica Radical (UCR), un partido de tradición centenaria.

La experiencia de Fernando de la Rúa se inició en un contexto de severas restricciones en materia económica, pero también de penuria de recursos políticos y organizacionales: a comienzos del mes de agosto de 1997, la UCR y el FREPASO conformaron una coalición electoral con el propósito de derrotar en las urnas al menemismo –en aquel entonces, expresión del peronismo de la década del 90–. El éxito acompañó en forma inmediata a dicha alianza, que triunfó en las elecciones de diputados nacionales de 1997 y, luego, en los comicios presidenciales de 1999 (Novaro y Palermo, 1998; Ollier, 2001).

Las desavenencias internas producidas en el seno de la coalición fueron resultado de, por una parte, la ausencia de reglas claras para el procesamiento de los naturales conflictos que podían surgir entre los socios electorales (Serrafero, 2002), como así también de un debate interno destinado a sentar las bases de una coalición de gobierno, y, por otra, la brecha entre un liderazgo de carácter “formal” como el del expresidente Fernando de la Rúa y el real de Raúl Alfonsín, en la UCR, y Carlos “Chacho” Álvarez en el FREPASO.

La consecuencia de dichas desavenencias fue la existencia de crisis crónicas en el gobierno aliancista, siendo las más emblemáticas:

  1. La crisis por el caso de los sobornos en el Senado Nacional, que llevaría a un enfrentamiento público entre el entonces presidente Fernando de la Rúa y el vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, episodio que culminaría con la renuncia de este último el 6 de octubre de 2000.
  2. La crisis económica, que derivó en la llegada de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía en marzo de 2001.
  3. Los desfavorables resultados electorales en las elecciones legislativas de octubre de 2001 para el oficialismo, como expresión de un fenómeno más profundo de creciente apatía política en el terreno electoral.
  4. Los sucesos políticos de diciembre de 2001, que derivaron en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, en medio de un trágico saldo de 30 muertos y centenares de heridos en todo el país, y la más profunda crisis institucional vivida hasta entonces, en medio de un clima generalizado de repudio de la clase política que tenía su expresión en el lema Que se vayan todos.

A partir de la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez en octubre de 2000 hasta el desenlace de la renuncia de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, en medio de una severa crisis social y económica, la Alianza vivió en un contexto de crisis de gobernabilidad permanente (Leiras, 2003; Novaro, 2002).

A la debilidad organizativa de la coalición electoral –y su fracaso en la conformación de una coalición de gobierno–, se sumó una compleja herencia económica en materia fiscal y cambiaria: debemos destacar, respecto de esto último, el compromiso del candidato Fernando de la Rúa en la preservación de la convertibilidad, vigente desde comienzos 1991, en tiempos de la Presidencia de Carlos Menem, aun cuando las condiciones económicas, a nivel nacional e internacional, tornaban inviable la preservación del esquema de conversión cambiaria (Pérez Liñán, 2013).

Así también, el relevo producido en el funcionariado de los organismos internacionales –a tono con el cambio de administración en los Estados Unidos y la llegada a la Presidencia del republicano George W. Bush en el año 2001– implicó una redefinición de la estrategia de los organismos internacionales en relación con la problemática de la deuda externa, imponiéndose una perspectiva poco proclive a la proliferación de programas de rescate de países endeudados como aquellos producidos durante la década de 1990 y la tesitura de la quiebra de los estados deudores como mensaje aleccionador.

La combinación, entonces, de una coalición electoral frágil, sustentada en acuerdos inestables, un contexto económico interno de recesión, restricción fiscal y rigidez cambiaria, y un ambiente financiero poco disponible para la cooperación en un marco de severas dificultades constituyeron los principales factores desencadenantes de la más grave crisis vivida en la Argentina, en los comienzos del siglo xxi (Leiras, 2011).

Luego de la renuncia de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001, tras una brevísima Presidencia interina de Adolfo Rodríguez Saá –quien declararía el default argentino al suspender el pago de la deuda externa– y luego de sucesivos ajetreos institucionales, es elegido, por la Asamblea Legislativa, como presidente interino, Eduardo Alberto Duhalde el 1 de enero de 2002, con el propósito de completar el mandato de Fernando de la Rúa. El máximo dirigente del justicialismo bonaerense en aquel entonces, aceptó el bastón presidencial de sus pares en el Congreso, ese mismo que le negara el voto ciudadano apenas dos años antes (Abós, 2011)[4], teniendo que resolver desde cuestiones económico-financieras hasta político-sociales de suma complejidad.

No obstante los esfuerzos en materia de estabilización económica e institucional, en el marco de la emergencia pública, la crisis social no dejó de tener su manifestación a través de los sucesos de Avellaneda, con serias consecuencias desde el punto de vista político[5].

El 26 de junio de 2002, las principales organizaciones de desocupados del país se plantearon desarrollar una jornada de protesta para conseguir un aumento general del salario y una duplicación de 150 a 300 pesos en el monto de los subsidios para los desocupados, alimentos para los comedores populares, mejoras en salud y educación, y desprocesamiento de los luchadores sociales, en solidaridad con la fábrica de cerámica Zanón ante el peligro de ser desalojada. Los movimientos piqueteros habían programado, como forma de expresión de protesta, cortar los principales puentes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.

El reclamo piquetero, que cortó varios accesos a la ciudad de Buenos Aires, fue severamente reprimido con balas de goma y plomo por un operativo conjunto entre la policía federal, la policía bonaerense, la gendarmería y la prefectura. Además de los piqueteros asesinados, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hubo 34 personas con heridas con balas de plomo que pudieron ser debidamente comprobadas.

Tras los hechos acontecidos en la ciudad de Avellaneda, y en el marco de una amplia reorganización de su gabinete ante la gravedad de la situación institucional, el presidente Duhalde, habiendo sido designado para completar el mandato de Fernando de la Rúa, decidió adelantar la realización de las elecciones presidenciales para el domingo 27 de abril de 2003 y el traspaso de mando para el 25 de mayo del mismo año, además de renunciar a toda pretensión de participar en el proceso electoral como candidato a presidente.

Ante dicha situación, el desafío principal pasaba a ser culminar el último tramo de la transición en forma exitosa, y garantizar adecuación de la ingeniería electoral mediante, el triunfo de un candidato afín a la gestión de esta transición (Baldioli y Leiras, 2012a).

Pese a que el bastión electoral del Dr. Duhalde en aquel entonces, la provincia de Buenos Aires, concentraba casi la mitad de los electores del país, para las elecciones presidenciales Eduardo Duhalde tropezó con grandes dificultades para poder encontrar un candidato, dentro y fuera de su propia línea interna, en condiciones de enfrentar al expresidente Carlos Menem.

Así es que, en una primera instancia, se iniciaron diferentes gestiones con Carlos Alberto Reutemann, entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, con vistas a su posible designación como candidato a presidente por el justicialismo para los comicios de 2003. Luego de sucesivas idas y vueltas en torno de su posible candidatura presidencial, Carlos Reutemann decidió no aceptar competir en las elecciones convocadas para ese año; entre los motivos esgrimidos para fundamentar su declinación, Reutemann sostenía haber percibido: “Algunas señales que dejan incógnitas sobre si serán internas limpias, claras, transparentes, con las reglas bien claras, en cuanto a ética…”. (Clarín, 11/07/2002). En otro momento de la declaración del entonces gobernador de la provincia de Santa Fe, aparece el verdadero motivo de su renuncia: el temor a quedar prisionero de la lucha abierta desatada entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde: “No pensemos en cosas raras, extrañas, pero sé que hay un eterno pleito, como que no se hubiese terminado, entre [el expresidente, Carlos] Menem y [el actual mandatario, Eduardo] Duhalde” (Clarín, 11/07/2002)

Tras la negativa de Carlos Reutemann, Duhalde impulsó la precandidatura del entonces gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota pero la misma no prosperó desde el inicio: la falta de apoyo a De la Sota, evidenciada en diferentes encuestas de opinión, como así también el escaso entusiasmo que despertó su candidatura entre los actores políticos más relevantes constituyeron los factores principales del fracaso en la instalación política del hombre fuerte de la docta.

Tras las fallidas operaciones de instalación de las candidaturas presidenciales de Carlos Reutemann y José Manuel de la Sota, Eduardo Duhalde terminó dando su apoyo al entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, como candidato a presidente, para enfrentar a Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá, en una “interna abierta” del justicialismo, en la propia elección presidencial.

En efecto, el 24 de enero de 2003, y con el argumento de que los tres aspirantes presentaban programas contrapuestos, el congreso del partido justicialista tomó una decisión inédita: suspender la elección interna “por única vez” y permitir a todos los precandidatos el uso de los símbolos partidarios comunes para presentarse a la elección general. En la práctica, esto significaba que iban a enfrentarse como si perteneciesen a partidos distintos.

Kirchner arrancó su campaña en una posición desfavorable. Las encuestas de intención de voto lo ubicaban por detrás de los otros candidatos justicialistas y de Ricardo López Murphy –exministro de Fernando de la Rúa y candidato de un conjunto de fuerzas de centroderecha–. Sin embargo, la popularidad de Kirchner comenzó a crecer impulsando un programa de perfil “socialdemócrata” con el que buscaba diferenciarse de las políticas aplicadas durante los gobiernos de Menem y De la Rúa, poniendo el acento en priorizar la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud. No fue desdeñable tampoco el aporte que significaron, tanto su compromiso de mantener al ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, con una imagen positiva en la sociedad por su gestión anticrisis, como la participación de su esposa, Cristina Fernández, diputada y senadora por la provincia de Santa Cruz desde 1995.

Todo ello contribuyó, sin duda, al ingreso de Kirchner a la segunda vuelta. En efecto, en las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003, el Frente para la Victoria, de Néstor Kirchner, obtuvo un 21,99 % de los votos, y obtuvo en segundo lugar detrás de la Alianza Frente por la Lealtad-UCEDE, de Carlos Menem, que obtuvo el 24,34 % (Cuadro I).

Finalizada la primera ronda electoral, el candidato Néstor Kirchner visitó a los entonces presidentes del Brasil, Luís Ignacio “Lula” da Silva, y de Chile, Ricardo Lagos Escobar, ante quienes ratificó sus intenciones de fortalecer el MERCOSUR.

El ballotage debía llevarse a cabo el 18 de mayo de 2003. Los sondeos previos indicaban entre un 60 y 70 % de intención de voto para el gobernador de Santa Cruz. Ello significaba no tanto apoyo explícito a los méritos propios de Néstor Kirchner, como rechazo a la posibilidad de que Carlos Menem presidiera nuevamente el país. Sin embargo, el ballotage no tendría lugar: el 14 de mayo el expresidente Menem, después de una larga cadena de rumores y desmentidos, anunció su decisión de renunciar a su candidatura, lo que, automáticamente, convirtió a Kirchner en presidente electo. Muchos analistas señalan que la maniobra de Menem tuvo como propósito evitar una derrota estentórea, y, al mismo tiempo, condicionar a Kirchner, que accedió a la Presidencia con el nivel más bajo de votos registrado en la historia Argentina.

Un interesante balance de las consecuencias del proceso electoral fue realizado en su oportunidad por el historiador Luis Romero:

Luego de la rabia, el jacobinismo y el regeneracionismo, predominantes en 2002, la elección de 2003 concedió un nuevo crédito a la democracia. Los votos fueron positivos y meditados, y la frustrada segunda vuelta hubiera conferido sin dudas un claro mandato al presidente electo. En el ciclo de elecciones concluido a fines de ese año, la reelección de una gran mayoría de los integrantes de la clase política muestra por una parte que aquel clima regeneracionista, que parecía dominar la escena, no tenía tanto arraigo como aparentaba. Probablemente se circunscribía al segmento de la civilidad movilizada. Al igual que en 1983, no eran tantos como parecía (Romero, 2004).

3. ¿Cambio o continuidad? El debate en tiempos del kirchnerismo

La repuesta a la crisis durante los años del menemismo, como verdadero intento de elaboración de una nueva matriz ideológica, adquirió su expresión a través de un discurso de legitimación de alta eficacia simbólica (Bosoer y Leiras, 2001). Dicha eficacia se pondría de manifiesto en el hecho de que el relevo gubernamental producido en diciembre de 1999 no implicó una sustantiva reformulación de los presupuestos ideológicos, jurídico-políticos y organizacionales contenidos en dicha matriz, y presentes a lo largo de la década de 1990, sino más bien una ratificación de dichos contenidos programáticos, los cuales se han mantenido vigentes hasta la fecha inclusive, aún contextos de carácter terminal como la crisis de 2001.

No obstante, la llegada al poder de Néstor Kirchner a la Presidencia de la nación ha sido definida como “una fisura impredecible e imprevista en el devenir de la historia argentina” por parte de intelectuales afines al oficialismo, como el filósofo Ricardo Forster, dado que la misma había sido precedida y se constituía como resultado de los traumáticos acontecimientos de diciembre de 2001 y el derrumbe del gobierno de la Alianza.

Forster sostiene que las fisuras de la historia:

Constituyen momentos que, por lo general, suelen tomarnos desprevenidos o poco atentos para leer sus características y lo que abren en el horizonte de una sociedad. Pocos imaginaron las consecuencias que traería el ya famoso discurso de Raúl Alfonsín durante los días de semana santa del 87, cuando, ante una multitud congregada en Plaza de Mayo para defender la democracia contra la rebelión golpista de los carapintadas comandados por el entonces ignoto oficial Aldo Rico, lejos de apuntalar el ánimo movilizado de gran parte de los argentinos, congeló su entusiasmo hablando de “héroes de las Malvinas” y de que “la casa está en orden”, inaugurando la etapa de las leyes de la impunidad que, como todos ya sabemos, y unido al deterioro económico y a la hiperinflación, allanaron el camino para la llegada de Menem y su “revolución” neoliberal de la mano de Cavallo y su convertibilidad […]. Esa “fisura”, no inmediatamente perceptible de aquella Semana Santa del 87, vino a clausurar las ilusiones del alfonsinismo (Forster, 2010a).

En este registro, se plantea la existencia de una nueva etapa con ribetes históricos a partir del 25 de mayo de 2003: “Lo que es importante señalar con todas las palabras, que como destacaba Horacio González, estamos delante de una [fisura en la historia], de esas que nos ofrece la oportunidad de ser contemporáneos de un proceso de transformaciones.” (Forster, 2010a).

Cuatro serían los pilares sobre los cuales se plantearía la existencia de este nuevo tiempo histórico de la política argentina: en primer lugar, la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo productivo, con inclusión social y radical redistribución del ingreso; segundo, la mejora en la calidad de las instituciones democráticas; tercero, la puesta en marcha de una política en el terreno de los derechos humanos que llegaba para finalizar con un ciclo de impunidad consagrado en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos de Carlos Menem, y, en cuarto término, la recuperación del rol del Estado, ausente durante los años 90.

Merece ser destacado que el inicio de un nuevo ciclo productivo data de finales de 2001 y de 2002 cuando, en el marco de la más grave crisis de la historia política argentina, los expresidentes Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Duhalde adoptaron estrategias drásticas de ajuste, en el comienzo de este nuevo ciclo, declarando la cesación de pagos de la deuda externa, el primero, y devaluando la moneda argentina y pesificando la economía, el segundo, para llevar a cabo la tarea sucia de la implementación del nuevo modelo. Tras el drástico ajuste inicial, la economía argentina ha tenido, hasta por lo menos 2011, elevadas tasas de recuperación de su producto bruto interno (Cuadro II).

Por otra parte, y a pesar de las elevadas tasas de recuperación de la economía argentina, la evidencia empírica no acompaña las referencias a la mejora de la distribución del ingreso y la inclusión social proclamada, manteniéndose patrones de naturaleza similar a los de la década de 1990 (Cuadro III).

En relación a la mejora de la calidad democrática, resulta difícil sostener esta afirmación dado que, siguiendo lineamientos definidos por sus antecesores, el expresidente Néstor Kirchner ha sustentado el ejercicio de su gestión gubernamental sobre la base de la invocación de la emergencia (Bercholc, 2007; Botana, 2004; Quiroga, 2005, 2010; Serrafero, 2005) como principio de legitimidad, con la correspondiente apelación a la utilización de recursos de excepción, en detrimento de los procesos deliberativos propios de la democracia representativa.

Pese a controlar la mayoría de ambas cámaras del Congreso, Néstor Kirchner ha elegido en reiteradas ocasiones hacer uso de las facultades legislativas del Poder Ejecutivo, a través de decretos de necesidad y urgencia, en vez de seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes; aunque ha sido escasa, en el caso de Cristina Fernández, la recurrencia a los decretos de necesidad y urgencia como herramienta para la decisión política. Desde su asunción, y hasta abril de 2006, Kirchner firmó 176 decretos de necesidad y urgencia –48 en 2003, 63 en 2004, 46 en 2005, y 19 en los primeros cuatro meses de 2006 (Zommer, 2006)–. La estadística arroja, así, un promedio de 58,66 decretos por año, con frecuencia comparados con los 54,50 decretos por año de Carlos Menem —quien firmó un total de 545 durante sus diez años de gobierno- (Ferreira Rubio y Goretti, 1996; Molinelli, Palanza y Zin, 1999; Serrafero, 2005: 136)[6]–.De todas maneras, el balance resulta “favorable” comparado con los primeros cuatro años del gobierno del expresidente Carlos Menem, período en el cual el expresidente dictó 230 medidas de excepción (Baldioli, 2003).

La Ley 26122, reglamentaria de la intervención del Congreso nacional en el tratamiento y monitoreo de la utilización de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo nacional, fue recién aprobada en el Senado de la Nación y luego en la Cámara de Diputados el 19 de julio de 2006. Se estableció, como condición para la aprobación de los DNU, que podían ser aprobados con el solo concurso de una de las dos cámaras del congreso, haciendo del decretismo una herramienta más expeditiva que el proceso regular de sanción legislativa.

En agosto de 2006, el Poder Ejecutivo nacional envió al parlamento un proyecto de ley, a través del cual, se propuso la modificación del artículo 37 de la Ley 24156 de Administración Financiera, otorgando al jefe de gabinete de ministros la facultad permanente, antes excepcional, de disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto.

Estas facultades, conocidas como superpoderes, sumadas a la reiterada utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia y a las sucesivas declaraciones de emergencia, que justificaron una concentración cada vez mayor de facultades en la figura presidencial en detrimento de otros actores políticos en la toma de decisiones, produjeron un debilitamiento de los procesos deliberativos, como así también del sistema de pesos y contrapesos, fundamentales para la calidad de las instituciones democráticas.

En el terreno de los derechos humanos, Néstor Kirchner ha dado lugar a la reapertura de los juicios a los integrantes de las fuerzas armadas, iniciativa clausurada durante los años del gobierno de Raúl Alfonsín, a través de las denominadas “leyes de la impunidad”[7], estableciéndose, en la narrativa kirchnerista, una continuidad entre aquellas disposiciones legales con los indultos presidenciales en tiempos de Carlos Menem, a fin destacar la ruptura producida a partir de 2003.

Merece ser destacado que la pérdida de relevancia de las fuerzas armadas como factor de poder durante la Presidencia de Carlos Menem, resultado de políticas tales como la satisfacción de reivindicaciones históricas del sector militar –la lucha contra la subversión–, combinadas con iniciativas como la supresión del servicio militar obligatorio, severas restricciones presupuestarias y una mayor presencia militar argentina en misiones internacionales, generó condiciones muy favorables para el reinicio de los procesos judiciales sin la presencia de un actor con capacidad de bloqueo institucional.

También merece ser destacado que, en esta reapertura y su relato correspondiente, se ha hecho omisión de hitos centrales en la búsqueda de justicia, como la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984, la investigación realizada por dicha comisión, que sirvió de insumo para la sustanciación de los históricos juicios a las juntas militares de 1985, en el complejo escenario descrito, y el juicio a los responsables de la dirección política de la guerra de las islas Malvinas en 1986.

Esta visión se manifestó de manera elocuente durante el discurso de Néstor Kirchner, con motivo de la inauguración del Museo de la Memoria en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el 24 de marzo de 2004:

Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades (Kirchner, 2004)

En relación a la recuperación del papel del Estado en la economía nacional, el mismo se ha advertido a través de la recuperación de empresas y servicios transferidos al sector privado durante los años 90.

En este marco, podemos destacar la creación en 2004 de la empresa Enarsa (Energía Argentina S.A.), dedicada a la exploración, explotación, destilación y venta del petróleo y sus productos derivados, así como la comercialización de gas natural y electricidad. La titularidad de la empresa está repartida en un 53 % perteneciente al Estado nacional, un 12 % en manos de las provincias, y el resto, a comerciarse en la bolsa de comercio. Enarsa cuenta entre sus activos el monopolio legal sobre de la exploración y explotación de la plataforma submarina del mar argentino.

Luego de años de incumplimientos del contrato de concesión por parte de la empresa Correo Argentino e incumplimientos en el pago del canon acordado con el Estado, la concesión fue revocada y la empresa volvió a la órbita estatal a fines de 2003 como Correo Oficial de la República Argentina S.A. (CORASA), manteniendo la denominación comercial de Correo Argentino.

Asimismo, el 21 de marzo de 2006, el presidente Néstor Kirchner anuló por decreto la concesión que ligaba al Estado con Aguas Argentinas. Se creó, para reemplazarla, una nueva empresa estatal, Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), por medio de un decreto de necesidad y urgencia, luego refrendado por el Congreso Nacional. La empresa quedó bajo el control operativo de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, reteniendo los trabajadores el 10 % de los activos que les corresponden, según el Programa de Propiedad Participada implementado al privatizarse Obras Sanitarias de la Nación.

Esta política adquirió continuidad durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner a través de emblemáticas iniciativas como la estatización de los recursos de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensiones (AFJP) en 2008, la empresa Aerolíneas Argentinas en el mismo año, y la adquisición del 51 por ciento del paquete accionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012.

No obstante, podemos advertir los límites de dicha recuperación a través de hechos representativos como la tragedia de Once[8], producto de la conjunción de un esquema de rent seeking empresarial vía subsidios, ausencia de rendición de cuentas en la asignación de dichos fondos y debilidad de las agencias estatales encargadas de la regulación de los servicios privatizados o concesionados.

Cabe destacar que, durante la Presidencia de Carlos Menem (1989-1999), se llevó a cabo un proceso de reforma del Estado en la Argentina, en medio del consenso social generado por la traumática experiencia hiperinflacionaria de finales de los años 80 y el colapso de la prestación de los servicios públicos, en ese entonces, en manos del Estado nacional. Sus principales consecuencias fueron la reducción del alcance (“tamaño”, como se decía en la época) del Estado en la provisión de bienes públicos y/o semipúblicos, como así también el debilitamiento de su capacidad institucional en materia regulatoria, a diferencia de lo sucedido en otra experiencias de privatización, como la de Brasil, donde se destaca el papel desarrollado por las agencias reguladoras en los procesos posprivatización.

Este proceso no se vio sustantivamente alterado aún en el contexto de la peor crisis vivida por la Argentina en el período 2001-2002: en el contexto de esa emergencia, y con el propósito de atemperar los efectos de la salida del régimen de convertibilidad, se estableció, durante la Presidencia de Eduardo Duhalde, un mecanismo de congelamiento de las tarifas de los servicios públicos privatizados y/o concesionados (como en el caso del ferrocarril) y, al mismo tiempo, un sistema de subsidios a las grandes empresas como medida compensatoria de las consecuencias del congelamiento de tarifas y la devaluación del peso argentino, extensivo a la mayoría de los grandes grupos económicos (viejos y nuevos).

Estas políticas fueron no solo ratificadas, sino profundizadas a partir de 2003, durante las Presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, reproduciéndose a lo largo de la última década el esquema precedentemente expuesto de rent seeking empresarial vía subsidios, ausencia de rendición de cuentas en la asignación de dichos fondos y debilidad (¿complicidad?) de las agencias estatales encargadas de la regulación de los servicios privatizados o concesionados (Leiras, 2013).

4. La continuidad dentro del cambio: la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner

Durante las elecciones presidenciales de 2007, la entonces candidata a presidente Cristina Fernández de Kirchner basó su propuesta de campaña en la idea de la “continuidad dentro del cambio”, que se manifestaría a partir de tres “promesas” centrales: la primera de ellas, la reinserción de la Argentina en el contexto internacional; la segunda, la inauguración de un nuevo tiempo político que diera lugar al diálogo y la mejoría de la calidad institucional de la democracia argentina, dejando atrás el ciclo de emergencia permanente inaugurado en la última década, y la tercera, la inauguración de una Presidencia que establecería un cambio en relación a la de su antecesor Néstor Kirchner.

De alguna manera ese final de época se encontraba presente en el ánimo de algunos intelectuales, aunque la mirada fuera ciertamente crítica respecto del giro que aparentaba materializarse:

Y hacia el final del artículo, que recuerdo al amigo lector fue escrito durante la jornada electoral de 2007, me lanzaba con cierta temeridad a desplegar algunas anticipaciones que serían magníficamente refutadas por la realidad venidera y, claro, por la decisión de la propia Cristina Fernández. Cito lo escrito en ese umbral de época que vendría a reforzar lo inaugurado en mayo de 2003: ‘nos preparábamos para despedirnos de la larga primavera camporista que, en muchos aspectos, caracterizó el tiempo de Kirchner; es probable que lo que vendrá se asemejará más a un gobierno a lo Bachelet, con mayores dosis de prolijidad institucional y mejores vínculos con el insaciable mundo empresarial. Hay, y eso se percibe más allá del resultado electoral, una atmósfera por la que circulan mejor los aires de la derecha, esos mecanismos de producción de sentido tan astutamente desplegados por los medios de comunicación que, insisto con esta idea, constituyen hoy el espacio más decisivo y poderoso de la derecha. No hay en el discurso de Cristina una vocación genuinamente distribucionista ni una retórica que la pueda asociar al espectro del populismo’”. (Forster, 2010b)

La propuesta tuvo un acompañamiento electoral masivo: la fórmula presidencial encabezada por Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos, representando a la Alianza Frente para la Victoria, se impuso en la primera vuelta obteniendo un 44,92 % de los sufragios frente al 22,95 % de su más inmediata competidora, Elisa Carrió y Rubén Giustiniani de la Confederación Coalición Cívica –Cuadro IV (Baldioli y Leiras, 2012b).

La expectativa del cambio pareció diluirse de manera casi inmediata, a partir del momento de darse a conocer el gabinete de ministros para el nuevo gobierno. De los 12 integrantes designados, siete ya ocupaban carteras en el gobierno de Néstor Kirchner y solo 5 de ellos asumieron por primera vez un ministerio[9].

La promesa de un nuevo tiempo político fundando en el diálogo quedó sepultada por la continuidad de una estrategia de “confrontación calibrada”, muy característica del gobierno de Néstor Kirchner, contra actores que se percibían en condiciones de poder ser derrotados o estigmatizados como el expresidente Carlos Menem, los jueces de la desprestigiada corte menemista, los militares genocidas del proceso, y, entre los meses de marzo y julio de 2008, ya durante la gestión de Cristina Fernández, contra la “oligarquía agropecuaria”, luego los “monopolios mediáticos”, encarnados en particular por el grupo Clarín e, incluso, el Poder Judicial, definido como “La Corporación Judicial”.

El caso particular del conflicto con el campo marcó buena parte del primer año del primer período presidencial de CFK. Un rasgo característico de todo este proceso fue la ausencia desde el Gobierno –también desde los sectores agropecuarios– de propuestas de negociación que otorgaran racionalidad al conflicto, predominando la descalificación de la protesta.

Cabe recordar que el 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de Economía y Producción, Martín Lousteau, anunció el establecimiento de un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación de trigo, maíz, soja y girasol por un lapso de cuatro años, disponiendo que la variación de la alícuota correspondiente estuviera sujeta al incremento o disminución del precio internacional del grano.

Las repercusiones de la medida no tardaron en manifestarse dado que, al día siguiente, las entidades agropecuarias Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentina (CRA) unificaron sus esfuerzos a partir de la constitución de la denominada Mesa de Enlace e iniciaron un paro de 48 horas exigiéndole al gobierno nacional dejar sin efecto el sistema de retenciones móviles, considerado como fiscalista y recaudatorio.

En medio de un clima de tensión en aumento, el paro y las asambleas en las rutas continuaron prolongándose hasta que el 25 de marzo los productores agropecuarios extendieron la protesta por tiempo indeterminado. Ese mismo día, la presidenta pronunció el primer discurso en relación al conflicto, no solo cuestionando el lock out patronal sino también calificándolo de “piquete de la abundancia”, intentando compararlo con los piquetes ocurridos durante la crisis económica de 2001:

Recuerdo esa Argentina de los años 2003, 2002, 2001, miles de argentinos en piquetes, cortando calles, rutas porque les faltaba trabajo, porque hacía años que habían perdido su trabajo o, tal vez, en el 2001, porque se habían apropiado de los depósitos de pequeños ahorristas de la clase media. Eran los piquetes de la miseria y la tragedia de los argentinos […].Estos piquetes son casi un paso de comedia. Los lleva adelante el sector que mayor rentabilidad consiguió en los últimos cuatro o cinco años. Es una conducta rara, cuando hay pérdidas debemos socializarlas cuando las vacas vienen gordas, las ganancias para ellos y las penitas para los demás (Kirchner, 2008)

La virulencia adquirida por el conflicto entre el Gobierno y el campo tuvo su expresión en definiciones de carácter político de ese tenor, como aquellas formuladas por el colectivo Carta Abierta[10]: así, en su primera comunicación pública, definía el clima político de aquellos días en los siguientes términos:

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos, históricamente dominantes, y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones –comprensible objeto de litigio– dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad.

Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental (Espacio Carta Abierta, 2008).

La repercusión que adquiere el término “destituyente” es analizada en una obra de la ensayista Beatriz Sarlo:

Durante el conflicto con el campo, los intelectuales de Carta Abierta propusieron un adjetivo para calificar a los opositores y sus acciones: destituyente, clima destituyente. Adoptado de inmediato por el gobierno, tuvo gran éxito. Fue el primer gran aporte de Carta Abierta al discurso kirchnerista y, al señalarlo, no estoy disminuyendo la importancia del grupo, sino, por el contrario, mostrando de qué modo el hecho de caracterizar una situación y un antagonista tiene una importancia capital. Se usaron muchas otras palabras (oligarquía, clases dominantes entre las más repetidas) pero “destituyente” alcanzó la máxima capacidad descriptiva y valorativa entre quienes apoyaban al gobierno y obligó a los demás a discutir su exactitud.

[…] El éxito de la caracterización “destituyente” no estuvo sostenido porque se la usara en el campo kirchnerista; tal limitación habría significado que solo una de las partes en conflicto reconociera su poder descriptivo. El éxito fue también que los opositores a la resolución 125 discutieron sobre el sentido del adjetivo, y rechazaron que se los identificase con una práctica política que evocaba una agresión debilitante del orden democrático, aunque no significara un golpe. “Destituyente” entro en el lenguaje político (Sarlo, 2011).

Así, también resulta interesante destacar el rol que el grupo Carta Abierta asigna a los medios de comunicación en relación a la presentación del conflicto por parte de los mismos:

En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente “la realidad” de los hechos, que generan “el sentido” y las interpretaciones y definen “la verdad” sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente, ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan.

Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva. Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil anti política, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales (Espacio Carta Abierta, 2008).

Luego de meses de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sector agropecuario, representado por la Mesa de Enlace, la presidente Cristina Fernández de Kirchner decide enviar al Congreso nacional, el 19 de junio de 2008, un proyecto de ley ratificatorio de la resolución 125 del Ministerio de Economía del 11 de marzo firmada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Martín Lousteau, y sus modificatorias (141/08, 64/96, 284/08 y 285/08) por medio del cual se redefinía el sistema de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, soja y girasol, creando un sistema móvil que dependía de la evolución del precio internacional del grano.

A través de ese proyecto, se establecía la creación de un fondo de redistribución social destinando un 60 % a la construcción de hospitales públicos y centros de salud, un 20 % a viviendas populares urbanas o rurales, y el 20 % restante a la construcción de caminos rurales, cuya ejecución estaría descentralizada quedando, en consecuencia, a cargo de las provincias.

El proyecto de ley ratificatorio de la resolución 125 fue tratado y aprobado en la sesión del 4 de julio de 2008, por 129 votos afirmativos, 122 negativos, 2 abstenciones y 3 ausencias, siendo, luego de la media sanción, el proyecto enviado al Senado nacional. Los días 16 y 17 de julio fue tratado el dictamen de la mayoría para quedar la votación empatada: 36 votos por la opción afirmativa, 36 votos negativos.

De acuerdo al artículo 57 de la Constitución Nacional, en caso de empate en una votación desarrollada en la Cámara Alta, corresponde al presidente de la cámara, el vicepresidente de la nación, ejercer el voto. El ingeniero Julio Cobos propuso a los presidentes de los bloques legislativos con mayor representación pasar a un cuarto intermedio para intentar arribar a una solución de consenso, entendiendo el entonces vicepresidente que el empate era reflejo de la división social existente como resultado del conflicto agropecuario. Esta propuesta de cuarto intermedio fue rechazada tanto por el presidente del bloque oficialista, Miguel Pìchetto, como así también por el entonces jefe del principal bloque opositor en el senado, la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz. Julio Cobos terminó votando en forma no positiva y quedó rechazado el proyecto de ley (Geada, 2010).

En el marco de la confrontación con el grupo Clarín, se inscribe la aprobación de la ley de medios de comunicación audiovisual sobre la base de tres argumentos, que entendemos principales, esgrimidos desde el oficialismo para sustentar la relevancia y la necesidad de la sanción de esta propuesta legislativa.

El primero de ellos sostiene que la sanción de esta iniciativa está destinada a saldar una deuda de la democracia argentina instaurada en 1983, siendo esta la primera presentada a lo largo de estos 26 años transcurridos en democracia. El segundo argumento se basa en la necesidad de una auténtica democratización de la propiedad de los medios de comunicación, amenazada por la existencia de organizaciones empresariales con presencia predominante en el mercado audiovisual. El tercer y último, vinculado con el anterior, permite plantear la necesidad de una auténtica libertad informativa acicateada por la presencia de carteles y grupos mediáticos de carácter concentrado que han transformado la libertad de prensa en libertad de empresa.

El 16 de septiembre de 2009 se desarrolló una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar los cinco dictámenes (uno por la mayoría y cuatro por la minoría) que surgieron del plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda, y de Libertad de Expresión.

Los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Propuesta Republicana y del peronismo disidente expresaron objeciones reglamentarias y luego abandonaron la sesión. Finalmente, tras 14 horas de debate, a la 1:20 de la mañana del 17 de septiembre, el proyecto fue aprobado en general por 147 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

El 10 de octubre de 2009, con 44 votos a favor y 24 en contra, el Senado argentino aprobó la ley de servicios audiovisuales que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión que duró casi 20 horas.

Luego de una larga batalla de 4 años en el terreno judicial, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de la Ley 26522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual) en un fallo con fecha del 29 de octubre de 2013, con una mayoría de seis miembros a favor de la constitucionalidad de la ley –Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni– y una disidencia –Carlos Fayt–.

Los principales argumentos esgrimidos por la mayoría han sido los siguientes:

  1. La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos.
  2. La Corte Suprema ha dicho que la libertad de expresión es, entre las libertades que la Constitución consagra, una de las que posee mayor entidad, al extremo que, sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia nominal.
  3. La libertad de expresión, en su faz individual, admite una casi mínima actividad regulatoria estatal, y ha sido fuertemente protegida por esta Corte en numerosos precedentes.
  4. La protección constitucional no se limita a ello, sino que también incluye el derecho a la información de todos los individuos que viven en un estado democrático.
  5. La libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público, con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representantes de la sociedad. Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos pueden, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes.
  6. Que la ley es coherente con el derecho de los consumidores a la información (Art. 42 CN) lo que significa el acceso a distintas fuentes plurales.
  7. Que también lo es con la defensa de la competencia, como bien de incidencia colectiva (Art. 43 CN). En la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, solo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente al debate público y la pluralidad de opiniones.
  8. Todo ello exige una protección activa por parte del Estado, por lo que su intervención aquí de intensifica.
  9. Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable.
  10. En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado.
  11. Los jueces consideran que este tipo de regulaciones es una práctica internacionalmente difundida y aceptada. Citan numerosos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como fallo nacionales e internacionales[11]

De todas maneras, merece ser destacado el carácter épico que han adquirido las batallas políticas que ha encarnado el gobierno de Cristina Fernández[12], siendo más importante mantener en alto determinadas banderas –la lucha contra los monopolios mediáticos o la democratización de la justicia– que las propias consecuencias de la puesta en marcha de dichas contiendas políticas.

Así también, la permanencia en el tiempo de iniciativas como la ley de emergencia económica no nos permite afirmar que se ha inaugurado una nueva etapa en lo referente a la calidad de las instituciones democráticas, aunque, como sostuviéramos precedentemente, ha sido escasa en esta etapa la recurrencia a los decretos de necesidad y urgencia como herramienta para la decisión política durante las Presidencias de Cristina Fernández (Cuadro V).

En función de lo expuesto, podemos afirmar que, en definitiva, el “kirchnerismo”, en sus diferentes etapas, representa la continuación por otros fines –más que por otros medios– del estilo decisionista de gobierno instaurado durante los años de Carlos Menem, ratificado y profundizado durante las gestiones de Fernando de la Rúa (1999-2001), Alberto Rodríguez Saá (2001), y Eduardo Duhalde (2002-2003) que lo sucedieron.

5. Conclusiones

Ha sido el propósito del presente trabajo abordar la pretensión fundacional en el relato político del kirchnerismo, entendiendo central, para cumplir con este cometido, analizar los cambios que acontecieron durante las experiencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en el poder, como así también las continuidades en relación a la década de 1990.

Cuatro han sido los pilares sobre los cuales se ha planteado la existencia de este “nuevo tiempo histórico” de la política argentina: la puesta en marcha de un nuevo modelo de desarrollo productivo con inclusión social y radical redistribución del ingreso; la mejora en la calidad de las instituciones democráticas; la puesta en marcha de una política en el terreno de los derechos humanos, que viene a finalizar con un ciclo de impunidad consagrado en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y los indultos de Carlos Menem, y la recuperación del rol del Estado, ausente durante los años 90.

El presente trabajo ha procurado dar respuestas al interrogante siguiente:

¿Hubo realmente un cambio trascendental frente a las políticas de la década del 90, o existe una continuidad de la matriz política noventista durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner?

Luego de un examen pormenorizado de los ejes principales del relato político kirchnerista y con base en la evidencia bibliográfica, discursiva, documental y estadística presentada, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

  1. En relación al modelo de desarrollo, el kirchnerismo constituye un resultado de las políticas de shock implementadas durante el comienzo del milenio y una recuperación posterior en un contexto de un ciclo ascendente de la economía internacional, no advirtiéndose sustantivas mejoras en relación a la distribución del ingreso de acuerdo a la información disponible a comienzos de esta última década.
  2. Respecto de la calidad democrática, la utilización recurrente de recursos de excepción, a través del alto grado de decretos de necesidad y urgencia, en forma particular, durante la Presidencia de Néstor Kirchner, y la prolongación en el tiempo de leyes como las de emergencia económica en vigencia desde el 2002 a la fecha, no permiten sostener la idea de una sustancial mejora de la calidad institucional de la democracia argentina a partir de 2003.
  3. En el terreno de los derechos humanos, y siendo auspiciosa la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos, las omisiones relacionadas con iniciativas históricas como el juicio a la juntas militares o la creación de comisiones de la verdad como la CONADEP, destinadas a reforzar la idea de un 2003 como nueva bisagra de la historia, empañan sin duda la auspiciosa búsqueda de la verdad. Por otra parte, y como consecuencia no prevista por el reformador, la pérdida de gravitación política de las fuerzas armadas durante el menemismo generó, a la postre, condiciones muy favorables para reimpulsar los juicios por la verdad.
  4. Finalmente, el discurso sobre la recuperación del papel del Estado durante la última década es puesto en cuestión en situaciones críticas que, como la Tragedia de Once, ponen en evidencia la persistencia de esquemas de connivencia entre los sectores público y privado en la provisión de bienes y servicios privatizados y/o concesionados.

Más allá de la continuidades detectadas, hay una característica que no ha estado ausente durante las experiencias de Néstor y Cristina Kirchner, que han compartido con Raúl Alfonsín y Carlos Menem, y esta ha sido la inclinación a definirse como aquellos actores destinados a inaugurar un nuevo tiempo histórico y clausurar el tiempo precedente, siendo, en el caso particular del kirchnerismo, el 2003 definido como el momento de quiebre de la historia. La construcción de este nuevo relato político tuvo como marco de fondo la crisis terminal de la Argentina entre finales de 2001 y comienzos de 2002.

Por cierto, y como sostuviéramos en la introducción, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, estuvo presente esa pretensión fundacional, estableciendo 1983 como frontera entre la democracia y la dictadura, en las postrimerías de un régimen militar en franca y desordenada retirada tras la debacle militar de Malvinas de 1982. Con la asunción de Carlos Menem en 1989, en medio de la vorágine hiperinflacionaria, que obligó a la entrega anticipada del poder por parte de Raúl Alfonsín, el propio 1989 se constituyó en la nueva bisagra de la política argentina.

Así, el círculo “no virtuoso” Crisis-Emergencia-Refundación Política aparece de manera recurrente: con la profundización de la crisis, la apelación a la definición de la crisis como emergencia (institucional, económica y/o social) encuentra su oportunidad más propicia de producción/circulación y también el resurgimiento de propuestas que vienen a reinterpretar un nuevo ciclo político como la oportunidad para la transformación radical del Estado y la sociedad; agotado el mismo se abre la puerta hacia una nueva crisis y reinicio del ciclo.

El gran desafío entonces es intentar evitar la reedición del círculo. El inicio de un nuevo ciclo político el 10 de diciembre del 2019, tras el interregno de la coalición Cambiemos (Leiras,2018), nos ayudará a develar esta incógnita.

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Cuadros

Cuadro I. Elecciones presidenciales de Argentina, 27 de abril de 2003

CANDIDATO y PARTIDO

VOTOS PORCENTAJE

Carlos Menem
Frente por la Lealtad

4.677.213 24,34

Néstor Kirchner
Frente para la Victoria

4.227.141 21,99

Ricardo López Murphy
Movimiento Federal Recrear

3.142.848 16,35

Elisa Carrió
Alternativa por una República de Iguales

2.720.143 14,15

Adolfo Rodríguez Saa
Frente Nacional y Popular

2.714.760 14,12

Otros candidatos

1.531.527 7,97

Votos blancos e impugnados

214.294 1,08

Fuente: Universidad de Georgetown. Political Database of America (PDBA).

Cuadro II. Producto interno bruto (PIB) – Tasa de crecimiento real (%)

cuadro-2-cap-4_c

Fuente: Indexmundi, https://bit.ly/3cQdwjz.

Cuadro III. Índice Gini de medición de la distribución del ingreso en Argentina, 1991-2011
Año Resultados índice
1991 46,6
1992 46,5
1993 44,9
1994 46,0
1995 48,9
1996 49,5
1997 49,1
1998 50,7
1999 49,8
2000 51,1
2001 53,3
2002 53,8
2003 53,5
2004 50,2
2005 49,3
2006 47,7
2007 47,4
2008 46,3
2009 46,1
2010 44.5
2011 43,6
Promedio 1991-2001 48.77

Promedio 2002-2011

48,24

Fuente: Elaboración propia en base Series Banco Mundial, https://bit.ly/2VGGo8d.

Cuadro IV. Elecciones presidenciales de Argentina, 28 de octubre de 2007
Candidatos /
Candidates
Partidos políticos / Political Parties  de votos válidos /
 of valid votes
%
Cristina E. Fernández de Kirchner / Julio C.C. Cobos Alianza Frente para la Victoria 8.204.624 44,92%
Elisa M.A. Carrió / Rubén Héctor Giustiniani Confederación Coalición Cívica 4.191.361 22,95%
Roberto Lavagna / Gerardo R. Morales Alianza Concertación UNA 3.083.577 16,88%
Alberto Rodríguez Saa / Héctor M. Maya Alianza Frente Justicia, Unión y Libertad 1.408.736 7,71%
Fernando “Pino” Solanas / Ángel F. Cadelli Partido Socialista Auténtico 39.577 2,44%
Jorge Omar Sobish / Jorge Asis Movimiento de las Provincias Únicas; Unión Popular; Movimiento de Acción Vecinal; Movimiento por la Dignidad y por la Independencia 248.161 1,56%
Ricardo López Murphy / Esteban Bullrich Recrear para el Crecimiento 264.746 1,45%
Vilma Rippol / Héctor Bidonde Movimiento Socialista de los Trabajadores 138.601 0,76%
Néstor A. Pitrola / Gabriela A. Arroyo Partido Obrero 113.004 0,62%
José A. Montes / Hector A. Heberling Alianza Frente PTS-MAS Izquierda Socialista 94.777 0,52%
Luís Alberto Ammann / Rogelio Deleonardi Alianza F.R.A.L, Frente amplio Hacia la Unidad 75.692 0,41

Raúl Aníbal Castells / “Nina” Pelozo

Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados 54.893 0,30%

Gustavo L. Breide Obeid / Héctor R. Vergara

Partido Popular de la Reconstrucción

45.113

0,25%

Juan Ricardo Mussa / Bernardo Nespral

Confederación Lealtad Popular

12.832

0,07%

Total Votos Válidos /
Total Valid Votes

18.265.050 93,90%

Votos Válidos / Valid Votes

18.265.050 93,90%

Votos Nulos / Invalid Votes

217.744 1,12%

Votos Blancos / Blank Votes

934.739 4.81%

Votos Impugnados

35.061 0,18%

Total / Total Votes

19.452.594 100%

Fuente: Universidad de Georgetown. Political Database of America (PDBA).

Cuadro V. Decretos de Necesidad y Urgencia por presidente, 1983-2011
Presidencia

Períodos

DNU Meses DNU por mes
Raúl Alfonsín

10-12-83/08-07-89

10 67 0,1
Carlos Menem

08-07-89/10-12-99

545 125 4,4
Fernando De La Rúa

10-12-99/20-12-01

73 24 3,0
Eduardo Duhalde

01-01-02/25-05-03

158 17 9,3
Néstor Kirchner

25-05-03/10-12-07

270 53 5,1
Cristina Fernández

10-12-07

29

42

0,7

Fuente: Zelaznik Javier (2011).


  1. Una versión original, bajo el mismo título, ha sido presentada en el XII Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Anális Político y la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 12 al 15 de Agosto de 2015.
  2. UBA.
  3. En este marco, se lleva a cabo el debate sobre el rol de los medios de comunicación y la aprobación en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
  4. En una nota publicada en el diario La Nación, Álvaro Abós describe la denominada “maldición bonaerense”, que comenzó con la historia moderna de la provincia de Buenos Aires, consistente en la imposibilidad de que un gobernador de la provincia de Buenos Aires llegara a ser presidente. Inauguró la “maldición” Dardo Rocha, el creador de la ciudad de La Plata, gobernador entre 1881 y 1884, postergado por Julio Roca al elegir a su cuñado. Miguel Juárez Celman y otros políticos de la época. Otro político conservador de relieve fue Marcelino Ugarte quien gobernó a la provincia entre 1902 y 1906, y luego, entre 1914 y 1917. También sucedió lo mismo con Manuel Fresco, quien gobernó entre 1935 y 1940 a través del “fraude patriótico”. Así también sucedió con Domingo Mercante, gobernador de Bs. As. en tiempos de la primera y segunda Presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1955); Oscar Alende, durante la Presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962); Anselmo Marini, durante la Presidencia de Arturo Illía (1963-1966); Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991, quien, siendo el “candidato natural” del peronismo para competir por la sucesión de Raúl Alfonsín, fue derrotado, en forma sorpresiva, en elecciones internas por el entonces gobernador de la provincia de La Rioja Carlos Menem. Otros, como José Cantilo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre 1992 y 1926, o Alejandro Armendáriz, entre 1983 y 1987, no aspiraron a la Presidencia. Eduardo Duhalde representa el primer caso de un gobernador de la provincia que accede a la primera magistratura, aunque su llegada a la Presidencia se produjera como resultado de la elección por parte de una asamblea legislativa producto de la crisis institucional de 2001 y no por elección de la ciudadanía.
  5. Se denominó “Masacre de Avellaneda” al suceso que tuvo lugar el 26 de junio de 2002, en las inmediaciones de la estación ferroviaria de la ciudad de Avellaneda, en la zona sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires. En la persecución, fueron asesinados los jóvenes activistas Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, pertenecientes al “Movimiento de Trabajadores Desocupados” (MTD) Aníbal VerónEl 17 de mayo de 2005 tuvo inicio el juicio en el Tribunal Oral N.º 7, de Lomas de Zamora, resultado del cual siete policías, entre ellos, el comisario inspector Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, fueron condenados a cadena perpetua.
  6. Las publicaciones de Mario Serrafero y Guillermo Molinelli reflejan los disensos existentes en relación al número de decretos de necesidad y urgencia, reconocidos y no reconocidos como tales. Así, ambos autores plantean que el número de DNU reconocidos en el período ronda los 224. En relación con la Presidencia de Néstor Kirchner versiones más actualizadas nos dan cuenta de 270 decretos de necesidad y urgencia a lo largo del período 2003-2007.
  7. Se hace referencia aquí a las leyes 23492/86, de Punto Final, y 23521/87, de Obediencia Debida, respectivamente. Las mismas fueron dictadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, en un contexto de fuerte presión corporativa y mayor capacidad para el ejercicio de dicha presión por parte de las fuerzas armadas que el actualmente presente.
  8. Accidente ferroviario ocurrido en el Ferrocarril Sarmiento, en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, con un saldo de 51 personas muertas (más una por nacer) y alrededor de 700 heridos de diferente gravedad. Tras 22 meses de juicio, 138 audiencias y más de 200 testigos, el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue condenado a 6 años de prisión efectiva, unificadas todas sus condenas, durante la sentencia del juicio de Once; Juan Pablo Schiavi, en tanto, recibió una pena de 8 años de cárcel por el choque de trenes. El empresario de TBA, Claudio Cirigliano, fue condenado a 9 años de prisión, y el maquinista Marcos Córdoba fue sentenciado a tres años y medio de cárcel.
  9. Continuaron integrando el gabinete Julio De Vido, en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Públicos, Alberto Fernández en la Jefatura de Gabinete, Aníbal Fernández en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo, Jorge Taiana en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asumieron funciones en aquel primer gabinete Lino Barañao como ministro de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, Martín Lousteau en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Graciela Ocaña como ministra de Salud y Ambiente, Florencio Randazzo en el Ministerio del Interior, y Juan Carlos Tedesco en el Ministerio de Educación.
  10. En su blog, Carta Abierta es definido como “un espacio de participación para la discusión y la intervención en las políticas públicas, en defensa de un gobierno democrático popular amenazado, preservando siempre la libertad de crítica”. Aquella primera carta fue firmada por más de 750 intelectuales, entre los que se cuentan decanos de la Universidad de Buenos Aires, e intelectuales como David Viñas, Norberto Galasso, Noé Jitrik, Eduardo Grüner, Horacio González y José Pablo Feinmann, entre otros.
  11. Ver versión sintética en Centro de Información Judicial: “La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios”, https://bit.ly/2xPKLVv. También puede consultarse la versión completa del fallo en Corte Suprema de Justicia: “Grupo Clarín y otros c/Poder Ejecutivo Nacional y otros/acción meramente declarativa”. Buenos Aires, 29 de Octubre de 2013.
  12. Impronta más presente a partir del fallecimiento de Néstor Kirchner (27 de octubre de 2010) y la unificación de la jefatura política e institucional en Cristina Fernández. Por cierto, el sello de Cristina se encuentra presente en otras iniciativas políticas consideradas clave, por ejemplo el apartamiento del círculo político de la presidente de figuras con vínculos estratégicos con el expresidente como Hugo Moyano.


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