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2 Néstor Kirchner y Fernando De la Rúa

Transformaciones y continuidades ideológicas desde un análisis comparado del discurso

Hernán Fair[1]

1. Introducción

El presente trabajo se propone como objetivo general analizar la construcción de los liderazgos políticos de Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa desde una perspectiva de análisis comparado del discurso. El objetivo específico consiste en estudiar las transformaciones y continuidades político-ideológicas de De la Rúa y Kirchner, a partir del análisis comparado de sus discursos presidenciales de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa, durante los años 2001 y 2007. Buscamos responder a los siguientes interrogantes: ¿qué transformaciones ideológicas se pueden identificar en el contenido y en la modalidad de enunciación política de Kirchner y De la Rúa? En este sentido, ¿qué cadenas equivalenciales, fronteras políticas y tópicos expresan el contraste entre ambas presidencias, y en qué se diferencian en las estrategias de enunciación política y en el estilo de construcción discursiva de su imagen pública? Por último, pese a las diferencias, ¿en qué medida se pueden establecer algunas continuidades entre ambos discursos políticos?

2. Perspectiva teórico-metodológica

Este trabajo articula herramientas de la Teoría Política del Discurso de Ernesto Laclau y de la semiótica social de Eliseo Verón para el análisis discursivo de los liderazgos políticos. El eje se coloca en una estrategia de investigación que definimos como análisis político comparado del discurso (APCD). Esta estrategia de articulación teórico-metodológica permite comparar, desde el discurso político, tanto los aspectos de contenido y la forma enunciativa, como las decisiones y acciones sociales e institucionales de los liderazgos políticos. De este modo, contribuye a analizar desde el discurso las continuidades, cambios, reformulaciones y/o transformaciones ideológicas e histórico-políticas, en perspectiva comparada.

En primer lugar, debemos distinguir entre los líderes y los liderazgos políticos. Siguiendo a Leiras (2009), el concepto de líder político hace referencia a un “sujeto particular investido de un poder de decisión” que “ejerce su autoridad sobre los miembros de un grupo, basándose en la confianza que estos le otorgan y en el reconocimiento general de su autoridad en el conjunto de cuestiones que afectan a dicho grupo”. El liderazgo político, por su parte, se caracteriza por constituir “un tipo de relación que se activa para la resolución de una determinada cuestión o conjunto de cuestiones” (Leiras, 2009: 13).

Todo liderazgo político se construye bajo el prisma de “una relación que se desarrolla dentro de un determinado contexto institucional y en una situación histórica dada” (Leiras, 2009: 13). Esto quiere decir que las cualidades de la acción de mando ejercidas por el líder político pueden cambiar, en diverso grado y magnitud, si se modifican los contextos y las situaciones dentro de los cuales este actúa (Fabbrini, 2009: 24). Pero, tanto el contexto histórico y social como el institucional no determinan el accionar. El líder cuenta con determinados recursos simbólicos y políticos para reformular los factores contextuales e institucionales heredados. Ello implica considerar que el ejercicio del liderazgo puede adquirir diferentes niveles de representatividad política en el transcurso del tiempo. Ello contribuye tanto a construir, reformular y afianzar relaciones de confianza política con sus representados, como a desestructurar los vínculos sociales (Novaro, 2000).

Esta investigación se enfoca en el análisis discursivo de los liderazgos presidenciales. El motivo de dicha elección radica en el papel central que adquieren los presidentes como figuras representativas en la Argentina, en el marco de una pluralidad de factores:

  1. La existencia de un sistema hiper-presidencialista o de presidecentrismo, que otorga elevados poderes de prerrogativa y una amplia autonomía decisoria al presidente (capacidad de sancionar decretos de necesidad y urgencia, vetar leyes de forma parcial o total, declarar el Estado de sitio, intervenir provincias, designar y remover al jefe de gabinete y a la totalidad de los ministros, secretarios, subsecretarios y otros funcionarios de confianza, crear, reorganizar y cambiar agencias públicas u otros organismos, definir sus funciones y tomar decisiones de política exterior) y ubica a su figura, como jefe de Estado, en el núcleo central del escenario político, social e institucional.
  2. La larga tradición sedimentada de liderazgos políticos fuertes, que abusaron históricamente de sus poderes de prerrogativa y se convirtieron en el alfa y omega del sistema político, promoviendo formas movimientistas y limitando, eludiendo o excluyendo el papel institucional de los partidos políticos y del Congreso, lo que impidió la conformación de un sistema de partidos estable.
  3. La legitimidad política de origen del presidente, que se deriva de su función de representante principal de la soberanía popular, en el marco de su respaldo social mayoritario, validado mediante mecanismos de elección institucional libres, competitivos y transparentes, tipificados en el sistema electoral argentino.
  4. La personalización del vínculo político en el titular del Ejecutivo, que promueve el sistema presidencialista, que centra la legitimidad política en la figura del presidente, en tanto institución unificada en una única y suprema autoridad y con una exclusiva autoridad unipersonal.
  5. En el marco de un proceso más amplio de metamorfosis de la representación, el surgimiento de un nuevo personalismo, producto de la crisis y el debilitamiento de los partidos políticos tradicionales como instancias principales de representación y agregación de demandas, la creciente volatilidad electoral y el papel central que adquieren los medios de comunicación (en particular la televisión), que acentúan la mediatización y escenificación política de los liderazgos y el vínculo directo de los presidentes y sus interpelaciones con la opinión pública (Fair, 2017).

Desde una perspectiva construccionista social, el discurso construye socialmente la imagen pública, las decisiones, las acciones y omisiones políticas, otorga significación a los fenómenos histórico-sociales y es capaz de reformular en el tiempo las identidades políticas y la realidad social (Laclau, 1993; Aboy Carlés, 2001). En Fair (2017), propusimos distinguir analíticamente una serie de planos y niveles internos para investigar la construcción discursiva de los liderazgos presidenciales. Por un lado, un plano discursivo-lingüístico (oral y escrito), que se subdivide en el nivel de lo enunciado y el nivel de la enunciación. Por el otro, un plano discursivo no meramente lingüístico, que incluye los contextos históricos sedimentados, las tradiciones, las prácticas y acciones sociales, el sistema productivo, el marco institucional, y los mitos e imaginarios sociales. El análisis discursivo de la dinámica política en la que interactúan los factores lingüísticos (de forma y de contenido), las tradiciones, las prácticas sociales e institucionales y los recursos políticos empleados por el líder, en interacción con otros actores de poder preponderante, para modificar los condicionamientos parcialmente sedimentados, permite estudiar en toda su complejidad la construcción hegemónica y la eficacia performativa de los liderazgos políticos[2]

La estrategia metodológica de esta investigación se centra en la dimensión de la construcción hegemónica. Coloca el foco en las cadenas equivalenciales y las fronteras políticas (Laclau, 1993; Laclau y Mouffe, 2004) que escenifican los discursos de De la Rúa y Kirchner. Incluye, además, el estudio de los tópicos o temas de debate público que son problematizados por los presidentes y la escenificación de mitos políticos relativamente estructurados (Barros, 2002). Además, se analizan las modalidades, componentes y estrategias enunciativas (Verón, 1987) de los discursos presidenciales. Estas herramientas permiten complementar el análisis de contenido (lo que se enuncia) con aspectos de la enunciación política (cómo y desde dónde se enuncia). Por último, se incorporan algunas referencias cuantitativas marginales vinculadas al conteo de determinados significantes clave, lo que permite fortalecer el análisis comparado de los discursos.

Para analizar la construcción discursiva de los liderazgos, distinguimos analíticamente dos etapas históricas:

  1. La etapa previa a la llegada a la Presidencia: en esta etapa, que incluye la trayectoria histórica de los liderazgos y la campaña electoral para las presidenciales, se acentúa la importancia de la construcción de la imagen pública y las estrategias persuasivas ante la ciudadanía.
  2. La etapa de ejercicio del poder presidencial: en esta etapa, que abarca el transcurso del mandato presidencial, se incorporan recursos adicionales. Entre ellos: (a) el uso de los poderes de prerrogativa institucional en manos del titular del Ejecutivo (decretos, vetos, etc.); (b) las decisiones vinculantes sobre el manejo de los recursos económicos y la dirección de los funcionarios gubernamentales, y (c) las decisiones y responsabilidades, por acción u omisión, sobre la dirección de las funciones represivas del Estado, garantizadas, en última instancia, por el control del monopolio del uso legítimo de la fuerza física.

El empleo de estos recursos políticos por parte del titular del Ejecutivo, validados por su legitimidad de origen y reforzados por normativas institucionales tipificadas por escrito, acrecientan la fuerza performativa de las decisiones y acciones públicas del presidente frente a los principales actores de poder (funcionarios del gobierno, legisladores del Congreso, gobernadores, intendentes, empresarios locales y transnacionales, sindicalistas, movimientos sociales, organismos multilaterales de crédito, Iglesia, y fuerzas armadas y policiales).

En la etapa de ejercicio gubernamental, se incrementa, a su vez, la importancia del presidente a nivel mediático y político, ya que debe demostrar dotes atributivas de liderazgo para conservar en el tiempo el respaldo de los partidarios y votantes, y, al mismo tiempo, procurar ampliar al máximo posible el respaldo hacia otros sectores sociales (no partidarios ni votantes).

El recorte del corpus de la presente investigación se basa en los discursos presidenciales de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa. Como señalan Bercholc y Bercholc (2012)[3], estos discursos, enunciados por el presidente en ejercicio del cargo para iniciar formalmente las sesiones parlamentarias anuales, adquieren una relevancia política e institucional central, ya que representan la instancia para la formulación oficial del plan de gobierno para el período legislativo que se inaugura. Suelen ser empleados por el presidente para realizar una síntesis de los actos realizados, efectuar un diagnóstico de la situación presente y anunciar los planes de gobierno ante los parlamentarios y la ciudadanía en su conjunto (Bercholc y Bercholc, 2012: 61). Estos discursos, además, presentan un fuerte impacto político en la opinión pública, al ser transmitidos de forma directa y en cadena nacional por los principales canales de radio y televisión. Fragmentos discursivos suelen ser replicados, a su vez, por los principales medios de prensa gráfica y audiovisual, y comentados mediáticamente por los principales periodistas, editorialistas y dirigentes de los partidos políticos.

En cuanto a las elecciones de 2001 y 2007, su motivo radica en la homogeneidad metodológica de las fuentes para comparar las dos gestiones en retrospectiva. Ambas alocuciones no solo comparten escenarios similares de enunciación, sino que, además, constituyeron el último discurso de inauguración de sesiones ante la Asamblea Legislativa de los gobiernos de Fernando de la Rúa (1999-2001) y Néstor Kirchner (2003-2007).

3. Contextos de emergencia, construcción y escenificación del discurso de Fernando De la Rúa

3.1. La construcción discursiva del liderazgo de De la Rúa previo a su arribo a la Presidencia

Fernando de la Rúa es un histórico militante político del radicalismo cordobés, perteneciente al ala balbinista y más conservadora del partido. Comenzó su vida pública como asesor del Ministerio del Interior del presidente Arturo Illia, entre 1963 y 1966. En 1973, fue electo como senador nacional de la UCR por Buenos Aires (año en el que compitió, a su vez, como candidato a vicepresidente de Balbín). Luego del retorno del régimen democrático fue reelegido en dicho cargo. En 1991, fue designado presidente del Comité Capital de la UCR, y en julio de 1992, regresó a su banca de senador porteño. En 1996, fue escogido popularmente como jefe de Gobierno porteño con el apoyo del 39,9 % de los votos y consolidó una imagen pública de político honesto, austero y moderado (Incarnato y Vaccaro, 2012: 184-185).

Durante la primera Presidencia de Menem, De la Rúa construyó una frontera política que oponía la defensa de la honestidad frente a la corrupción y la frivolidad del menemismo. Al mismo tiempo, apoyaba los ejes centrales del modelo de convertibilidad, situándose (junto a referentes como Eduardo Angeloz) en el bando neoliberal del radicalismo (Fair, 2013, 2014, 2017).

A partir de 1996, se inició un debate público sobre la necesidad de conformar una coalición política para enfrentar al menemismo. Luego de diversas reuniones de los principales referentes de las fuerzas político-partidarias, entre los que se encontraba el propio De la Rúa, el 2 de agosto de 1997 se anunció la formación de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación. La Alianza amalgamaba al radicalismo con el Frente del País Solidario (FREPASO), un partido progresista y transversal, de escasa institucionalización, que se había conformado en 1994 para enfrentar al bipartidismo[4].

La primera performance de la Alianza se produjo en las elecciones legislativas de octubre de 1997. Estas constituyeron la primera victoria política frente al menemismo, a partir del triunfo de Graciela Fernández Meijide sobre Hilda “Chiche” Duhalde en la provincia de Buenos Aires[5]. En agosto de 1998, la Alianza hizo pública su “Carta a los argentinos”, un documento en el que sintetizaba los ejes de su propuesta programática para transparentar la política y resolver los problemas sociales del plan de convertibilidad, cuyos núcleos centrales (la estabilidad económica, la paridad cambiaria, y las reformas y ajustes neoliberales) se mantenían incuestionados.

En octubre de 1998, se efectuaron las elecciones internas para dirimir a los candidatos de la coalición. Enarbolando un discurso en el que destacaba la capacidad de gestión y la experiencia en la administración de la ciudad de Buenos Aires, y con el apoyo del aparato del radicalismo, De la Rúa venció a la precandidata frepasista Fernández Meijide con el 63,49 % de los votos. De este modo, fue elegido formalmente como candidato de la Alianza para las elecciones presidenciales que se realizarían en octubre del año siguiente. Carlos “Chacho” Álvarez fue designado como candidato a vicepresidente y Meijide fue elegida para competir como candidata a gobernadora de la Alianza en la provincia de Buenos Aires.

3.2. La construcción discursiva de De la Rúa durante la campaña presidencial de 1999

Durante la campaña presidencial de 1999, De la Rúa enarboló un discurso de cambio suave, que buscaba posicionar a Eduardo Duhalde, candidato del peronismo, como una continuidad de las prácticas institucionales del menemismo y como una transformación demasiado profunda y radicalizada del modelo económico. El cambio ponderado se centraba en los modos de ejercer el poder de Menem, la necesidad de incorporar honestidad en la función pública, eficacia y transparencia en la gestión de la economía, y un mayor compromiso con la cuestión social. Este discurso lo definimos como gatopardista, ya que tenía como objetivo cambiar algunas cuestiones a nivel coyuntural, para no cambiar nada a nivel estructural. Se trataba de mantener el núcleo nodal del orden neoliberal de los noventa, condensado en la estabilidad económica en torno al 1 a 1 y su encadenamiento a las reformas neoliberales, aunque complementándolo con un emprolijamiento institucional y social, y una mayor austeridad. A partir de esta estrategia, De la Rúa apoyaba la paridad cambiaria, al tiempo que delimitaba una frontera de exclusión frente a la corrupción del menemismo, su frivolidad, su control político del Poder Judicial y el deterioro de la educación y la salud públicas (Fair, 2017).

La campaña presidencial contó, además, con una novedosa y eficaz estrategia de reposicionamiento mediático de De la Rúa, basada en un asiduo empleo de recursos de marketing político. Esta estrategia comunicacional, a cargo de la agencia de publicidad Agulla & Baccetti, procuró construir una (ausente) imagen de liderazgo de De la Rúa en la opinión pública, garante de la gobernabilidad política. La recordada propaganda televisiva en la que De la Rúa señalaba “Dicen que soy aburrido”, y luego prometía acciones de transformación social frente al menemismo, como “Terminar con esta fiesta para unos pocos” (mientras las imágenes televisivas mostraban a Menem viajando en Ferrari y escenas de pobreza extrema) y luchar contra la “corrupción” y la “impunidad”, sintetizan los ejes de su discurso de cambio[6]. Al mismo tiempo, le permitían hacer de su fama de aburrido una virtud, asociada a la responsabilidad y la austeridad, frente a la obscena frivolidad, la corrupción, la impunidad y el despilfarro de los recursos públicos de la Pizza con champán del menemismo. La existencia de intensas demandas sociales en torno a la necesidad de emprolijar al modelo y terminar con la corrupción de la clase política reforzaban la legitimidad de este discurso republicano-conservador.

Junto a la dimensión discursiva de cambio, el spot y promesa de campaña “Conmigo, un peso un dólar”, sumada a aquella que sostenía que “El modelo no se toca”, denotaban la dimensión de continuidad en los fundamentos del orden neoliberal[7]. En este punto, la disputa hegemónica pretendía situar a Duhalde y su discurso de productivismo nacional como un cambio demasiado radical, que ponía en peligro la gobernabilidad del modelo y, por lo tanto, a la propia estabilidad, valorada por una porción mayoritaria de la ciudadanía. La estrategia político-comunicacional de cambio en las prácticas institucionales, emprolijamiento económico y mayor sensibilidad social, junto con la promesa de continuidad del 1 a 1, sintetizan los ejes del discurso gatopardista de De la Rúa[8]. Ello le permitía al dirigente de la Alianza presentarse como un gestor eficiente del modelo de convertibilidad.

A diferencia de De la Rúa, Duhalde asumía un discurso de fuerte cambio centrado en la cuestión económica y social, dejando el flanco de la cuestión institucional en manos de su adversario. Desde un discurso de matriz neokeynesiana, el gobernador de Buenos Aires proponía la reducción del IVA del 21 al 15 %, el fortalecimiento del compre argentino y un acuerdo con el empresariado para suspender los despidos por un año (Ollier, 2001: 110). Al mismo tiempo, pretendía posicionar a De la Rúa como un candidato conservador y del establishment, que representaba la continuidad del programa de Convertibilidad, con su lógica de especulación financiera, alta desocupación y exclusión social, y su política de ajuste y cumplimiento de las recetas del FMI (Clarín, 04/10/1999 y 11/10/1999). Mediante este discurso productivista nacional, Duhalde obtuvo el respaldo de sectores mayoritarios del sindicalismo y la estructura del justicialismo, una porción de los empresarios industriales y de los trabajadores de los centros urbanos.

Sin embargo, el candidato del PJ mantuvo una estrategia de campaña más confrontativa, que priorizó la dimensión polémica del discurso, la movilización de base territorial y la apelación a emblemas partidarios del peronismo tradicional. En contraste, De la Rúa asumía una campaña hipermediatizada que apelaba a una visión más dialoguista, persuasiva y poco confrontativa, en consonancia con la lógica televisiva de ampliación del target. A partir del empleo de estas lógicas contrapuestas, Duhalde quedaba limitado a una estrategia más particularista (básicamente, de votantes peronistas y sectores populares), que no interpelaba a los estratos medios y altos urbanos, frente a una visión más universalista y de matriz ciudadana de De la Rúa, afín a la existencia de una ciudadanía apática (Cheresky, 2003: 32-36).

El 24 de octubre de 1999, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. En una muestra de la existencia de amplias e intensas demandas sedimentadas en torno a la continuidad de las directrices generales del modelo de convertibilidad, el discurso gatopardista de De la Rúa obtuvo un 48 % de los votos y triunfó, por poco más de 10 puntos, frente a la propuesta de productivismo nacional de Duhalde[9]. La Alianza, además, obtuvo 127 bancas en la Cámara de Diputados frente a 101 del PJ, y quedó a dos escaños del quórum propio. En la Cámara de Senadores, en cambio, el justicialismo conservó un amplio dominio, con 39 senadores y quórum propio. La coalición UCR-FREPASO, además, triunfó en seis gobernaciones, frente a 14 del PJ (incluyendo a la provincia de Buenos Aires, que quedó en manos de Carlos Ruckauf)[10] (Ollier, 2001: 157).

4. El (difícil) ejercicio de gobierno de De la Rúa

El 10 de diciembre de 1999, De la Rúa asumió formalmente como presidente. En consonancia con su discurso republicano de lucha contra la corrupción y la impunidad, el mismo día de su asunción, De la Rúa sancionó ante el Congreso la Ley 25233, que creó la Oficina Anticorrupción (OA) y, a partir de la firma del Decreto 102/99, reglamentó sus competencias y facultades. En los meses siguientes, la OA inició el tratamiento de una serie de casos emblemáticos de corrupción del menemismo, como la gestión de Víctor Alderete al frente del PAMI, de María Julia Alsogaray en la Secretaría de Medio Ambiente y en la privatización de Entel, el caso de Jorge Yoma, la denuncia de sobornos en el Banco Nación y los manejos irregulares en el canal público de televisión (Charosky, 2002). Estas investigaciones reforzaron la frontera política honestidad/corrupción que enarbolaba el presidente como su principal bandera ideológica.

Desde el plano de la política económica, De la Rúa se propuso mantener en pie el régimen de convertibilidad, agregando una etapa de mayor crecimiento. Sin embargo, desde el último trimestre de 1998, y, más aún, con la devaluación de la moneda brasileña de enero de 1999, la economía se hallaba en recesión, producto del deterioro relativo del tipo de cambio y la pérdida de competitividad económica. A ello, se sumaba la masiva fuga de capitales del sector privado, el endeudamiento externo, y el déficit fiscal y comercial. En el marco de las ataduras institucionales impuestas por el 1 a 1, la escasez estructural de divisas de la economía argentina y el creciente retraso del tipo de cambio, el Gobierno optó por realizar un ajuste ortodoxo en el sector público con el objeto de equilibrar las cuentas macroeconómicas y conservar la política de endeudamiento externo para mantener la paridad, evitando a toda costa la devaluación de la moneda (Schvarzer, 2003). Sin embargo, el ajuste ortodoxo profundizó la crisis socioeconómica y potenció las protestas sociales contra el modelo.

4.1. El episodio dislocador del Senado, los efectos regresivos de las políticas de ajuste neoliberal y su impacto en la identidad delarruísta

En los primeros meses de 2000, se produjo un acontecimiento político dislocador que, junto a los efectos regresivos de la profundización del modelo de convertibilidad, fueron mermando, paulatinamente, la confianza social en la Alianza y las esperanzas depositadas en la figura presidencial. Este primer acontecimiento dislocador, que agrietó la construcción de la Alianza, nos remonta al llamado episodio en el Senado.

En el marco de los condicionamientos del FMI para liberar los préstamos financieros, necesarios para mantener en pie al 1 a 1, el 11 de mayo de 2000 el Gobierno sancionó en el Congreso un proyecto de “flexibilización” laboral[11]. Tras una nota del periodista Morales Solá en el diario La Nación, en la que dejaba entrever la posibilidad de que hubiere habido pago de coimas para aprobar la ley de reforma laboral, el senador Antonio Cafiero (PJ) presentó en el Congreso una cuestión de privilegio para investigar presuntos sobornos en el Senado por parte del Gobierno Nacional para referentes de la oposición justicialista (Incarnato y Vaccaro, 2012: 197-198).

Al mes siguiente, el vicepresidente “Chacho” Álvarez se sumó a las sospechas y reclamó profundizar la investigación, que involucraba a Fernando de Santibañez, titular de la SIDE y amigo personal del presidente; al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y a algunos senadores y referentes del bipartidismo. El 15 de agosto, Álvarez leyó en el Senado un anónimo titulado “Sobornos: la trama secreta”, que explicaba de forma detallada las supuestas coimas para aprobar la ley. El 22 de agosto, el propio vicepresidente realizó una denuncia formal. De la Rúa, sin embargo, desestimó las acusaciones y ratificó en el gabinete a los funcionarios cuestionados como un gesto de demostración de su liderazgo. Frente a la protección presidencial hacia sus figuras de confianza y la inacción para investigar las denuncias, el 6 de octubre “Chacho” Álvarez decidió renunciar a la vicepresidencia[12].

La denuncia de sobornos en el Senado generó una profunda crisis institucional e ideológica en el seno de la Alianza. Desde el plano institucional, dejó al presidente sin el acompañamiento de la figura del vicepresidente, debilitando su legitimidad. Además, provocó un cimbronazo dentro de la coalición gobernante, que acentuó las críticas del ala progresista del radicalismo, liderada por Alfonsín, y también de los integrantes del FREPASO, quienes habían construido su identidad política a través de un discurso ético y republicano que se oponía radicalmente a la corrupción. La decisión de De la Rúa de apoyarse en sus figuras más cercanas acrecentó las rispideces internas y rompió la posibilidad de conformar una coalición política propiamente dicha.

Desde el plano político-ideológico, el episodio del Senado impactó de lleno en la construcción discursiva de la Alianza y desgastó a la figura presidencial. Recordemos que De la Rúa había construido su imagen pública y había llegado al poder delimitando una frontera política frente a la corrupción e impunidad del menemismo. La creencia social en el rumor, reforzada por la denuncia judicial y la posterior renuncia de “Chacho” Álvarez, un dirigente con elevados niveles de aprobación popular, deslegitimaron al Presidente. Ello se debe a que el significante que estructuraba la frontera de exclusión de su discurso, la corrupción, ahora quedaba articulado dentro del lado interno de la cadena. En otras palabras, el elemento clave que constituía la alteridad (De la Rúa vs. corrupción), ahora pasaba a encadenarse a su propio discurso (De la Rúa = corrupción). De este modo, De la Rúa quedaba ligado simbólicamente a una continuidad de las prácticas corruptas del menemismo. El hecho de desestimar públicamente la gravedad de la acusación, y mantener a los principales acusados en el Gobierno, acentuó la pérdida de credibilidad de la Alianza y de la figura presidencial, que quedaba vinculada a un nuevo hecho de impunidad.

A la crisis político-ideológica e institucional, se le sumaba la debacle económica y social, producto de la radicalización de las políticas neoliberales. En julio de 2000, la Alianza realizó un fuerte ajuste en los salarios de los trabajadores del sector público, del 12 al 15 %, y, en diciembre de ese año, anunció la firma de un blindaje financiero con el FMI (Pucciarelli y Castellani, 2014: 17-19)[13]. Lejos de generar crecimiento, la profundización de las políticas ortodoxas acentuó la recesión, al promover una caída de la recaudación impositiva del Estado y una mayor depresión del mercado interno. El agravamiento de la crisis económica y social contribuyó a potenciar las protestas y movilizaciones sociales disruptivas contra la política económica, en particular, a través de cortes de rutas de organizaciones piqueteras (Schuster et. al, 2006) y a la pérdida de legitimidad en la figura presidencial. De la Rúa fue asociado de forma creciente a un liderazgo débil y dubitativo, que no lograba garantizar la gobernabilidad política, ni solucionar los acuciantes problemas económicos y sociales.

En condiciones de fuertes presiones de los acreedores externos para radicalizar el ajuste como condición para aprobar los préstamos financieros y evitar el doble peligro de default y devaluación, sumado a las crecientes protestas sociales contra el modelo y los conflictos internos dentro del Gobierno y con la oposición justicialista, el 1 de marzo de 2001 De la Rúa expuso su discurso de inauguración de las 119.a sesiones ordinarias del Congreso Nacional.

5. El discurso de De la Rúa ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2001

5.1. La delicada situación económica y social heredada

El discurso de apertura formal de las sesiones parlamentarias de Fernando de la Rúa del 1 de marzo de 2001 comienza situándose en los inicios de su gobierno. El presidente caracteriza a aquella etapa como una “situación muy delicada” en términos económicos y sociales: “Mi gobierno debió enfrentar una situación muy delicada desde el principio. Una situación caracterizada por el estancamiento económico, la fragilidad fiscal y la inequidad social” (p. 2).

La “difícil” y “delicada” situación heredada también se expresaba en el plano internacional, producto de la “desfavorable” coyuntura económica:

El 2000 fue un año difícil. En opinión de muchos, el contexto internacional ha sido el más desfavorable de los últimos tiempos para nuestro país. La tasa de interés internacional fue muy elevada, más del doble que la registrada en los mejores momentos de la década pasada. Los precios de los bienes de exportación siguieron en niveles deprimidos, y la competitividad de nuestros productos también fue afectada por la depreciación del euro. Por último, los mercados financieros han mostrado un fuerte rechazo a los activos de riesgo y esto afectó a las acciones y los bonos emitidos por agentes locales (pp. 2-3).

5.2. El programa económico: reforma del Estado para lograr solvencia fiscal, inserción al mundo y crecimiento sostenido con equidad

En el marco de la crisis “heredada”, De la Rúa se había propuesto como objetivo “iniciar un sendero de crecimiento sostenido con equidad” (p. 1). Los ejes del “programa económico” eran “el crecimiento, la generación de empleo y la inserción de nuestra economía en el mundo”. Las “herramientas” para cumplir con esos objetivos consistían en “el equilibrio de las cuentas públicas, la eficiencia en la asignación del gasto, las políticas pro-competitivas y la transparencia en los procedimientos” (p. 2).

A partir de ese diagnóstico y esas herramientas –inscriptas dentro de las ideas neoliberales de la Teoría de la Elección Pública (Public choice) de la Escuela de Virginia (Morresi 2007: 126)–, el Gobierno implementaba un programa de reforma del Estado para promover la “competencia”, el “crecimiento sostenido” y la “inserción” al orden internacional:

Estamos implementando un programa que parte del reconocimiento de que la única forma de revertir esta situación es construyendo una economía verdaderamente competitiva, integrada al mundo, con un Estado reformado y en crecimiento sostenido. Todos los países que se han desarrollado en las últimas décadas lo han hecho a partir de un proceso de este tipo (p. 2).

Según De la Rúa, la aplicación de estas reformas estructurales permitiría cumplir con los pilares del modelo: lograr el incremento de la competitividad, el superávit fiscal y la equidad social. Dichas medidas, además, eran consideradas como las únicas posibles para poder “crecer sin pausa”:

Tomamos medidas efectivas para aumentar la competitividad de la economía, consolidar la solvencia fiscal y fomentar la equidad social, los tres pilares de nuestro programa. Estamos convencidos que es la única manera de construir una economía más sólida, capaz de crecer sin pausa (p. 3).

En este sentido, las políticas de desregulación en el sector privado y reducción de impuestos al capital promovían un aumento de la “competencia” y la “productividad” de la economía:

Desregulamos e inyectamos competencia en numerosos sectores, como los de telecomunicaciones, gas, electricidad, combustibles y préstamos personales. Estas reformas, impensadas en la década pasada, benefician a los ciudadanos y aumentan la productividad general de la economía (…). También redujimos los impuestos al trabajo, a la inversión y al crédito, lo que constituye un fuerte aliciente para aumentar la competitividad de las empresas nacionales (p. 3).

Para De la Rúa, las políticas de reforma en el mercado de trabajo, por su parte, simplificaban los trámites burocráticos e incentivaban la creación de empleo estable en el sector privado:

En materia laboral, además de la reducción de impuestos, simplificamos los trámites laborales y se sancionó una reforma que, al descentralizar la negociación colectiva, prolongar el período de prueba y poner fin a la ultractividad, constituye un fuerte estímulo al empleo estable (p. 3).

Junto con el respaldo a las “reformas estructurales profundas” (p. 5), De la Rúa asumía una firme defensa de los ajustes macroeconómicos de corte neoliberal. Un objetivo prioritario del programa económico era alcanzar el equilibrio fiscal, razón por la cual se había establecido una fuerte reducción del gasto público. La reducción del déficit fiscal, a través del ajuste ortodoxo en la inversión pública y social, marcaba un “cambio muy fuerte” frente a la política económica de los años noventa y, según el presidente, otorgaba una mayor “solidez” al Estado. Ello se traduciría en un “beneficio” a futuro para “todos los argentinos”:

En el primer año de gestión, el Gobierno redujo el gasto primario en 1 100 millones de pesos y achicó el déficit fiscal en más de un 40 % con relación al nivel proyectado a fines de 1999. Esto marca un cambio muy fuerte con respecto a lo sucedido en la década pasada y pone al Estado en una situación de mayor solidez, que dará beneficios a todos los argentinos (p. 4).

Desde el discurso eficientista presidencial, el garantizar la “solvencia fiscal” en el tiempo constituía un eje central del programa económico, ya que permitía reducir la “incertidumbre” del sector privado. De este modo, se disminuiría el “costo” del financiamiento externo y se promovería la “inversión”, el “crecimiento” y la exportación hacia los “mercados mundiales”:

Este Gobierno adoptó como objetivo la consolidación de la solvencia fiscal de largo plazo, lo que constituye una reforma profunda del Estado para adaptarlo a las nuevas necesidades sociales […]. La solvencia fiscal es otro componente esencial de nuestro programa porque, al reducir la incertidumbre, disminuye el costo del financiamiento para todos los agentes nacionales y aumenta sus posibilidades de invertir, crecer y vender en los mercados mundiales […] (p. 4).

En el mismo sentido, la firma del blindaje era construido como un “logro” y un “aspecto fundamental” para “despejar la incertidumbre” y significaba “la oportunidad para salir del largo estancamiento” de la economía local (p. 5). De la Rúa escenificaba el acuerdo financiero con el FMI como un “logro” conseguido por el “esfuerzo de todos”, que aportaba un “fondo de garantía” para “proyectarnos al mundo como un país confiable”, promover el ingreso de inversiones y, de este modo, recuperar el crecimiento económico:

Gracias al esfuerzo realizado por una gran parte de la sociedad, por parte de la mayoría de los gobiernos provinciales y por parte de mi propio gobierno, hemos logrado el apoyo de gobiernos extranjeros, del sistema financiero internacional y de la banca argentina. Gracias al esfuerzo de todos conseguimos el blindaje, un fondo de garantía para todos los argentinos que nos permite proyectarnos al mundo como un país confiable y como una oportunidad para la inversión y el crecimiento (p. 5).

Según De la Rúa, la “solvencia fiscal”, garantizada a partir de la firma del blindaje, reforzaba la “solidez” del sistema financiero, mostraba la fortaleza del 1 a 1 y permitiría expandir el crédito a corto plazo:

Hoy, la solvencia fiscal está garantizada y el Estado cuenta con un blindaje que elimina la posibilidad de que enfrente problemas de liquidez. La convertibilidad está fuerte, y el sistema financiero es muy sólido y tiene capacidad para aumentar el crédito en el corto plazo (p. 7).

En ese marco, los “éxitos” del programa económico se centraban en cuestiones macroeconómicas vinculadas al equilibrio de las cuentas públicas y de los precios, lo que le permitía al presidente justificar el ajuste ortodoxo y preservar el modelo socialmente excluyente de la convertibilidad.

5.3. Las proyecciones a futuro: más reformas para mantener la solidez fiscal, generar crecimiento económico, eficiencia y competitividad

De la Rúa asumía el diagnóstico neoliberal, en el que el amo indiscutido era el Dios mercado y debía obedecerse a todos sus dictados para mantener la estabilidad macroeconómica y generar crecimiento, que luego se traducirían en el mítico bienestar social. A partir de este diagnóstico incuestionado, que implicaba convalidar la fantasía ideológica del 1 a 1 a través del ajuste ortodoxo y el endeudamiento externo y abandonar los factores distributivos, De la Rúa señalaba que “cumpliremos todos los compromisos asumidos” con los organismos multilaterales de crédito (p. 5).

De acuerdo al presidente, para mantener el 1 a 1 y generar crecimiento económico, se debía profundizar el camino de las reformas y ajustes estructurales, iniciando una segunda etapa consistente en “más reformas”. Esta etapa de consolidación del modelo, inscripta en el marco de las reformas de segunda generación del llamado Consenso post-Washington o Consenso de Santiago (Guiñazú, 2000), requería prestar atención al “emprolijamiento” del modelo. Ello, a través del aumento de la “competencia”, la reducción de “impuestos distorsivos” al sector privado, la “solvencia fiscal” y una prestación más eficiente y transparente de los servicios públicos: “Seguiremos realizando más reformas: promoviendo la competencia, reduciendo impuestos distorsivos, consolidando la solvencia fiscal y aumentando la equidad en la prestación de los servicios públicos, de la salud y de la educación” (p. 6).

Uno de los planes a futuro, en ese sentido, consistía en incorporar una mayor “eficiencia” en el sector público, que debía orientarse a mejorar la calidad en la prestación de los servicios y disponer de mayor rapidez para realizar los trámites administrativos: “El sector público tiene que dejar de ser una carga para la sociedad y proveer bienes y servicios de calidad” (p. 6), y “No podemos pedir a nuestra industria que aumente su productividad para competir si no tenemos una Aduana eficiente, desde la que se pueda exportar rápido y barato” (p. 6).

Junto con la crítica neoliberal a la burocracia y la búsqueda de un “Estado eficiente” (p. 18), De la Rúa sostenía que el Estado debía incrementar la “competitividad”, a través de la reducción de “costos” y el aumento de la “productividad”. Para ello, su gobierno estaba profundizando la apertura económica orientada hacia la conquista de “nuevos mercados”:

Para que los esfuerzos que se realicen desde el sector público y privado para aumentar la productividad y reducir costos se traduzcan en un incremento de la competitividad, estamos desplegando una política firme y persistente de apertura de nuevos mercados (p. 6).

Finalmente, para De la Rúa, tanto las políticas de “desregulación” y “reforma laboral”, como la “reducción impositiva”, contribuían al “desarrollo de amplias ganancias de productividad en el ámbito del trabajo”. Estas reformas, que beneficiaban centralmente al empresariado más concentrado, permitían “una importante reducción de costos” para el sector privado y “el surgimiento de nuevos sectores productivos”, por lo que contribuirían a una “inyección de competencia” que (por razones no explicadas): “Mejorará la calidad de vida de amplias capas de la sociedad, aumentará la rentabilidad de los sectores productivos, estimulará la inversión y permitirá un crecimiento significativo de las exportaciones” (p. 7).

Al mismo tiempo, las políticas de “desregulación” y “simplificación impositiva” del Estado contribuirían a afianzar la “previsibilidad” y la “transparencia” (p. 18). En el marco de esta adopción acrítica del relato neoliberal, De la Rúa se mostraba “optimista” sobre el futuro. El presidente destacaba que, “gracias a las reformas instrumentadas y a las que seguiremos instrumentando”, junto con la “consolidación de la solvencia fiscal” y el “blindaje financiero”, la economía argentina iba a alcanzar un “proceso de crecimiento sostenido”. Sin embargo, para construir hegemonía, la profundización de las reformas y ajustes ortodoxos no podía desvincularse plenamente de la cuestión social.

5.4. Las reformas neoliberales y la cuestión social: políticas de asistencia social focalizada, eficientismo y adopción del Mito del Derrame

De la Rúa asumía el diagnóstico y las premisas neoliberales, adoptando un discurso economicista y fiscalista. Sin embargo, como proyecto con vocación hegemónica, el objetivo de su gobierno no era (ni podía ser) solo macroeconómico, sino que debía incluir, de algún modo, la problemática social. Así, luego de enumerar las reformas y ajustes pendientes para generar crecimiento, el presidente sostenía que si la Argentina profundizaba ese camino (neoliberal), se iban a “solucionar los problemas del empleo y la pobreza” (p. 7).

No obstante estas referencias a la cuestión social, las mismas se situaban dentro de las premisas de la Teoría del Derrame. La Teoría del Derrame (conocida en el ámbito anglosajón como Trickle Down Effect) constituye uno de los mitos de la ideología neoliberal. Básicamente, señala que los gobiernos deben incentivar una mayor competencia y garantizar la máxima “seguridad jurídica” al empresariado local e internacional (es decir, al factor oferta), a través de ajustes fiscales y monetarios, reducciones impositivas, apertura y desregulación general de la economía. Desde esta teoría, las políticas ofertistas y de economía ortodoxa permitirían al sector privado dinamizar la inversión y, de este modo, se lograría un crecimiento del Producto Bruto Interno. Luego, en una segunda instancia histórica, el crecimiento económico se “derramaría” naturalmente (como un vaso lleno de agua que rebalsa) hacia los sectores sociales más desprotegidos (es decir, hacia los trabajadores y sectores populares), a través de la creación de empleo privado, mayores salarios y el logro del bienestar social (Vilas, 1997).

Asumiendo esta teoría mítica, De la Rúa colocaba el énfasis en los “éxitos individuales”, como condición para alcanzar los “éxitos colectivos”. En ese sentido, se trataba de promover el “esfuerzo individual” para que, como derivación espontánea, este se transformara en “progreso colectivo” (p. 18). De un modo similar, el presidente sostenía que, a partir del cumplimiento de las demandas del “mercado” vinculadas al mantenimiento de la solvencia fiscal, pronto llegaría el prometido “despegue económico” para que, finalmente, el “pueblo” comenzara a “recibir los beneficios del crecimiento” (p. 5).

De esta manera, en el discurso verbal de De la Rúa, la cuestión social (con los problemas acuciantes de desempleo, pobreza y marginalidad) adquiría relevancia, aunque se presentaba bajo las siguientes características particulares:

  1. Ocupaba un lugar subordinado y marginal frente a la importancia central de los aspectos económicos, en particular, del equilibrio de las variables macro (equilibrio fiscal).
  2. Actuaba como un factor que se derivaba secuencialmente del equilibrio fiscal, la confianza del sector privado y el crecimiento económico.
  3. Constituía un aspecto que era postergado para una etapa histórica posterior de “derrame” social del crecimiento de la riqueza del empresariado, como principal empleador y generador de inversión y trabajo.

A partir de esta lógica argumentativa, inscripta dentro del relato neoliberal, las referencias a políticas públicas vinculadas a la cuestión social eran definidas desde la misma matriz ideológica. Ello, conducía a De la Rúa a asumir verbalmente un objetivo incluyente de la política económica que se relacionaba al “progreso social”, la “eliminación de la pobreza y la marginación”, el “aumento significativo del número de empleos” y la mejora en la “calidad del trabajo”:

El fin de nuestra política económica es, como lo dije siempre, el progreso social y la eliminación de la pobreza y la marginación. Este objetivo sólo puede alcanzarse mediante un aumento significativo del número de empleos. Concentraremos los esfuerzos para lograr el aumento del índice de empleo, mejorar la calidad del trabajo y ampliar la cobertura del sistema de seguridad social. Se trata de acompañar el crecimiento de la economía con el crecimiento del empleo (p. 8).

Sin embargo, tanto el diagnóstico de estos problemas, como la respuesta a ellos, eran típicamente ortodoxos. Comenzando por el diagnóstico, desde el discurso de De la Rúa, el Gobierno había recibido una “profunda crisis social”, expresada en una “desatención específica de los problemas sociales”. Pero esa “desatención” de la cuestión social no se debía a la aplicación de las reformas y ajustes neoliberales (apertura comercial, desregulación financiera, flexibilización laboral, privatizaciones, reducción y focalización del gasto público y social), sino que era producto de la “penuria fiscal” y del “desgobierno en los procedimientos”, que habían conducido al Estado a perder “sensibilidad” y “eficacia” para “abordar los problemas sociales”. Partiendo de esas premisas eficientistas, la respuesta del Gobierno había sido “emprender una verdadera transformación en los procedimientos y en las instituciones encargadas de su aplicación” (p. 8).

Sobre la base de este diagnóstico neoliberal, la solución se enmarcaba dentro de las premisas del mismo paradigma. Así, para solucionar los problemas sociales de los “más necesitados”, la tarea central del Estado consistía en lograr una mayor eficiencia y transparencia del gasto, de manera tal que “cada peso que se invierta en ayuda a los sectores más necesitados llegue en tiempo y forma, sin la mediación del interés partidista o de grupo, o de la dispersión del costo burocrático” (p. 9).

A partir de este discurso asistencialista y eficientista, de matriz neoliberal, el problema del desempleo era reconocido como tal, pero solo lograría solucionarse a futuro profundizando el incentivo a la oferta y eliminando los costos de la burocracia política. En consonancia con estas premisas tecnocráticas y economicistas, De la Rúa promovía la sanción en el Congreso de “un subsidio de hasta $ 200 a los empleadores por cada nuevo puesto de trabajo que generen para este sector poblacional” (p. 8). El problema de la falta de seguridad social, por su parte, debía solucionarse mediante una “reestructuración de la ANSES” que generara un “reordenamiento administrativo” y una “mejora de gestión de los beneficios”, de manera tal que redujera “la litigiosidad y la conflictividad jurídica” (p. 8).

En el tema de la salud pública ocurría algo similar. Aunque el presidente se refería a la necesidad de entender a la salud desde “los principios de equidad y solidaridad, para que ningún argentino quede sin cobertura”, para alcanzar ese objetivo loable se debía profundizar la “desregulación” de las obras sociales y maximizar el “ahorro” de recursos de la obra social de los jubilados (PAMI) (p. 11). La misma concepción eficientista del Estado se expresaba en el problema de la “inseguridad”, que era vinculado a la creación de una “eficiente política carcelaria” (p. 12), sin mencionar las causas socioeconómicas de la misma.

5.5. La cuestión institucional y su encadenamiento al discurso eficientista y austero de corte neoliberal

Ya desde los años noventa, un tópico recurrente del discurso de De la Rúa eran las cuestiones de índole institucional y, en particular, la lucha moral contra la corrupción (Fair, 2014). En su discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa de 2001, la cuestión moral continuaba teniendo una importancia central. Según el presidente, para “consolidar” el poder institucional de la “República”, resultaba fundamental mantener una “dimensión moral” en el Estado, que se vinculaba al “rigor ético” (p. 17).

De la Rúa se mostraba liderando un gobierno que demostraba, en sus “actos cotidianos”, la “más firme decisión” de combatir la corrupción y realizar una transformación “moral” contra los “hechos delictivos en la administración” pública. En ese sentido, se había creado la OA y resultaba central la “recuperación de la ética republicana” y continuar el “combate contra la corrupción” (p. 17). La delimitación de la frontera honestidad-corrupción y la defensa de la “austeridad republicana” como un “compromiso” y un “deber” irrenunciable, condensan este objetivo trascendental del discurso delarruista:

Mi gobierno ha demostrado en todos sus actos la más firme decisión de combatir la corrupción, de cualquier tiempo que sea, y la honestidad de los funcionarios es un compromiso y un deber del que ningún miembro de mi equipo se habrá de apartar. Les exijo a todos el máximo rigor en este sentido, unido al ejemplo de austeridad republicana, que no es un formalismo, sino una condición del cargo (p. 17).

La lucha contra la corrupción era situada como un “mandato popular que cumplir”. En palabras del presidente, “el pueblo quiere que le demos un corte final a la corrupción y este gobierno encabeza la lucha”. Acto seguido, De la Rúa “invitaba” a “sumarse” a “todos los sectores políticos” para asumir ese “compromiso común” (p. 18).

Desde un discurso institucionalista, De la Rúa realizaba una “convocatoria” programática a la oposición para sancionar una “reforma política” que permitiese mejorar la “calidad institucional” y enfrentar las “dificultades” económicas y sociales. El objetivo del proyecto, consistente en una “reducción del gasto político y de las dietas legislativas”, era generar una “modernización” institucional para hacer más “transparente” el financiamiento de los partidos políticos y reducir los costos de las campañas electorales (p. 12). De acuerdo al diagnóstico del presidente, el sistema político era “excesivamente grande y costoso”. En ese sentido, el “ajuste” ahora debía “hacerlo la política” para “mejorar la calidad de vida de la gente” (p. 13). De este modo, al igual que en la problemática social, la cuestión institucional se ligaba a una matriz ideológica eficientista y austera, que procuraba aumentar la transparencia y generar seguridad jurídica en el mercado mediante la profundización del ajuste fiscal ortodoxo.

En el marco de esta convocatoria al diálogo político con la oposición parlamentaria, De la Rúa realizaba un llamado más general para “trabajar consensos en temas centrales para la competitividad, la inversión, la generación de empleo y el crecimiento”. Dentro de este intento de promover una democracia consociativa, que ya se encontraba presente en su discurso de apertura de sesiones ante el Congreso de 2000 (La Nación, 02/03/2000), el presidente incluía las reformas neoliberales pendientes a nivel impositivo y en las empresas de servicios (p. 18). De esta forma, al igual que en los lineamientos de las reformas de segunda generación del Consenso pos-Washington, las reformas institucionales en el Estado eran articuladas dentro del programa más amplio de reestructuración neoliberal[14].

5.6. La política exterior y el objetivo de inserción al ALCA

Uno de los ejes del discurso presidencial era la necesidad de “inserción” económica al orden internacional y la “integración” con el “mundo”, en particular, con las potencias económicas. El orden internacional era entendido desde una visión cosmopolita y despolitizada, que percibía al mundo en una etapa de “profundo cambio” y requería afianzar el proceso de “globalización” e “interdependencia” entre las naciones (p. 14). En consonancia con el discurso de Menem de los noventa, la integración regional con el Mercosur era considerado como un paso previo para cumplir con el objetivo de crear una zona de “libre comercio” en toda América Latina. Ello se inscribía en el marco del proyecto imperialista de Estados Unidos para establecer un tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA):

Continuaremos reafirmando la importancia del Mercosur como proyecto estratégico global, dando apoyo a la creación de una zona de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones […]. El fortalecimiento del Mercosur será fundamental para llevar una posición firme a las negociaciones del ALCA, de forma que nuestros países obtengan los máximos beneficios posibles con la constitución de esta área de libre comercio (p. 15).

De este modo, De la Rúa asumía una visión acrítica de la integración económica con las potencias mundiales, que solo podía traer “beneficios” para el país. A partir de la integración subordinada al “proceso de globalización”, la Argentina lograba insertarse a las “nuevas condiciones mundiales” como una nación “moderna” y “eficiente”. Según el presidente, este “camino” de inserción “universal”, vinculado a la aplicación de las reformas neoliberales, convertía a la Argentina en “un país cada vez más confiable” y “atractivo para las inversiones” extranjeras. En consonancia con el mito del derrame, la inserción acrítica al “mundo” promovía “nuevas oportunidades de progreso y bienestar” para el país y ello reforzaba la “confianza” en que “pronto se verán los frutos” de ese proceso (pp. 18-19).

6. La modalidad enunciativa del discurso de De la Rúa

Desde antes de su arribo a la primera magistratura, De la Rúa presentaba, a nivel enunciativo, una estética pública de creciente formalismo, austeridad y seriedad, visible en el lenguaje mesurado, pero también en el tono de su voz monocorde, el estilo serio y formal, y el uso de una vestimenta prolija y de colores apagados. Durante la campaña electoral de 1999, el dirigente radical había hecho gala de su fama de aburrido y austero para revalorar como una virtud esa característica y contraponerla, vis a vis, a las prácticas frívolas y exhibicionistas del menemismo. Su estilo político, tanto en el tono y la cadencia, como en la imagen pública proyectada, permitían distinguirlo claramente de la década menemista y de la figura de Menem, y lo situaban dentro de la típica sobriedad republicana. La estrategia de escenificación de campaña era afín a la imagen de seriedad, aburrimiento y austeridad que pretendía proyectar, y le permitía posicionarse ante la ciudadanía como antagónico a la “fiesta menemista” (Fair, 2017).

De manera tal que, desde el lado enunciativo, a diferencia del plano del contenido (en el que se mantenía la promesa del 1 a 1), el discurso de De la Rúa se constituyó como una clara ruptura frente al menemismo, que pretendía expresar un contraste completo en el estilo de hacer política. Durante su gestión gubernamental, se mantuvo dicha estrategia de escenificación austera, lo que le permitió conservar una coherencia entre el contenido del discurso, la imagen proyectada y la biografía-relato político históricamente construido. En el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2001, se pueden observar ciertas huellas materiales que ponen de manifiesto estas características enunciativas.

6.1. La modalidad deontológica y el imperativo moral de lucha contra la corrupción

El primer aspecto a considerar del estilo de enunciación política de De la Rúa es el empleo de una modalidad “deontológica”, en el que prima una prescripción social imperativa, desde el orden del “deber ser” (Verón, 1987: 21-22). Sin embargo, este mandato superyoico imperativo tiene la particularidad de tratarse de un deber de índole moral, antes que estrictamente político (en un sentido schmittiano). Desde el discurso oral del presidente, existía un objetivo moral trascendental, una especie de gesta personal, que consistía en fomentar y mantener rigurosamente el deber de la honestidad en la función pública. Este discurso moralista-republicano, con largos antecedentes históricos en el radicalismo que se remontan a su fundación (Aboy Carlés, 2001: 83 y ss.), es entendido como un deber ético de lucha existencial contra los actos ilícitos: “La recuperación de la ética republicana y el combate contra la corrupción son demasiado importantes […]. La honestidad de los funcionarios es un compromiso y un deber del que ningún miembro de mi equipo se habrá de apartar” (p. 17).

En el marco de este discurso, las interpelaciones de De la Rúa incluyen expresiones vinculadas a la idea de “compromiso” y de “deber moral”, a la “dimensión moral” y al “rigor ético”, obligatorio en todo dirigente político.

6.2. El ethos político austero

En el discurso de De la Rúa, la modalidad deontológica no se limita a reforzar la frontera honestidad/corrupción, sino que adquiere relación con un mandato ético más general. Este mandato apela a un imperativo superyoico, investido en su enunciación de goce (Zizek, 1992), que insta a la “responsabilidad”, la “transparencia”, el “respeto” y el “compromiso” para defender al país y consolidar las instituciones[15]: “Las instituciones se consolidan en el respeto recíproco de los poderes de la República y en la dimensión moral del Estado y el rigor ético de quienes lo integran” (p. 17); “Solo pueden existir dos lados en los momentos que el país debe jugarse al éxito o al fracaso. Y espero que nos encontremos todos del lado de la responsabilidad” (p. 5); “Hemos demostrado un uso responsable de la fuerza” (p. 14); “Soy el presidente de la nación y asumo con firmeza todas mis responsabilidades y compromisos” (p. 19).

Este mandato imperativo articula retóricamente el deber de la austeridad a nivel institucional con la austeridad fiscalista de la ideología neoliberal. Este doble juego en torno al significante “austeridad” le permite a De la Rúa legitimar su proyecto de ajuste ortodoxo del gasto público de la “clase política”: “La política debe transparentarse y ajustarse. No es admisible una clase política con privilegios, cuando el pueblo pasa privaciones” (p. 12).

El contenido, el estilo, la tonalidad y la imagen pública de De la Rúa convergen, así, en un ethos discursivo austero y responsable, que pretende delimitar, retóricamente, un cambio a nivel institucional y económico frente a la “fiesta” menemista.

6.3. El estilo dialoguista y consensualista

En el marco del énfasis en una modalidad deontológica y la escenificación de una ética de la responsabilidad, De la Rúa adopta un estilo consensualista y dialógico que apela a una idea de “necesidad nacional”, “responsabilidad pública” y “compromiso”, y relega la explicitación de la alteridad constitutiva. A partir de esta estrategia discursiva, el presidente convoca a la “colaboración”, el “diálogo” y el “consenso” amplio y “abierto” entre las diferentes fuerzas políticas del Congreso para sancionar las leyes que considera “necesarias” para el país: “Señores legisladores: cuento con su colaboración para sancionar las leyes que el país necesita” (p. 19); “Quedan abiertas las puertas del diálogo y el consenso como lo necesita la Argentina. Quiero hablar, a partir de esta misma tarde, con cada uno de ustedes, todos los que tenemos responsabilidades públicas” (p. 5); “Llamo a todos a reflexionar, participar y trabajar con una actitud responsable y positiva. Necesitamos alcanzar consensos básicos para construir un país mejor” (p. 2); “Invito a sumarse a todos, a todos los sectores políticos, en torno a un compromiso común” (p. 18). De este modo, De la Rúa abría la voz hacia otros actores políticos, con el objeto de obtener el apoyo en las reformas económicas pendientes de su gestión[16].

6.4. El optimismo positivista y decimonónico

Una última característica enunciativa de De la Rúa concierne a su optimismo decimonónico sobre el camino tomado, los beneficios de la integración económica al orden internacional y el futuro del país:“La edad de oro no está detrás, sino adelante” (p. 2); “Soy optimista sobre las posibilidades de nuestro país en la nueva dinámica mundial” (p. 18); “Mi visión del futuro es francamente positiva” (p. 19); “Estamos poniendo las bases de un país mejor, más justo y equilibrado” (p. 19); “La Argentina tiene nuevas oportunidades de progreso y bienestar” (p. 19); “Nuestro país asiste a una gran transformación, integrado como nación moderna y eficiente a las nuevas condiciones mundiales. Debemos seguir por este camino y tener confianza en que pronto se verán los frutos” (p. 19). Este optimismo, de matriz evolucionista y cosmopolita, convergía con las políticas neoliberales de apertura y desregulación económica al capital internacional. Además, actuaba en consonancia con el ethos austero y con el imperativo ético de la responsabilidad, lo que, a su vez, era coherente con la construcción biográfica y con la imagen pública escenificada. Ello le permitía a De la Rúa reforzar la gesta ética y moral que lideraba, en su lucha épica contra la corrupción menemista y el despilfarro de recursos del sector público. Y, al mismo tiempo, le permitía legitimar ante la sociedad la necesidad de profundizar las reformas y ajustes estructurales, y conservar los fundamentos del modelo de convertibilidad, en espera del mítico y fantasioso “derrame” de las riquezas de los ricos hacia los trabajadores.

7. Contextos de emergencia y construcción política del discurso de Néstor Kirchner

7.1. La construcción discursiva del liderazgo de Kirchner previo a su arribo a la Presidencia

Néstor Carlos Kirchner inició su carrera política en los años 70, en una rama de izquierda del peronismo conocida como Juventud Universitaria Peronista (JUP). Durante la última dictadura cívico-militar, Kirchner se trasladó a la provincia de Santa Cruz, de donde es oriundo, refugiándose en su actividad privada como abogado en su estudio jurídico y dedicándose a actividades comerciales y del rubro inmobiliario. En 1987 fue elegido como intendente de Río Gallegos, y en 1991 fue electo como gobernador de Santa Cruz con el 61 % de los votos. Durante su primera gobernación (1991-1995), Kirchner llevó a cabo una serie de planes de inversión pública e incentivo al consumo interno, que incrementaron el nivel de empleo (Baldioli y Leiras, 2012: 245-247). Con sus ideas heterodoxas, se fue convirtiendo en referente del ala “rebelde” del justicialismo y cuestionó al modelo neoliberal del menemismo. Ello no le impidió negociar, y luego apoyar, la privatización de YPF de 1993, que significaba cuantiosos recursos fiscales para su gobernación en términos de regalías[17].

En 1995, Kirchner fue reelecto como gobernador de Santa Cruz con un apoyo popular del 66,5 % de los votos. En esta segunda etapa, el dirigente santacruceño radicalizó su distanciamiento del menemismo y fundó su propia línea interna, conocida como “Corriente peronista” (Baldioli y Leiras, 2012: 248). En 1999, luego de reformar la Constitución provincial, el dirigente peronista fue reelecto por tercera vez consecutiva. Durante este período, Kirchner mantuvo una visión neokeynesiana, que marcaba un contraste con la política neoliberal del Gobierno Nacional.

Las circunstancias histórico-políticas en las que Kirchner llegó a la Presidencia resultan de una conjunción de disponibilidad y azar. Luego de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que concluyó en la renuncia de De la Rúa y la estrepitosa caída del gobierno de la Alianza y del régimen de convertibilidad, se produjo un vacío de poder, potenciado por la renuncia a la vicepresidencia de “Chacho” Álvarez del año anterior. En el transcurso de una semana, se sucedieron tres presidentes provisionales (Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Caamaño). El 1 de enero de 2002, la Asamblea Legislativa erigió al entonces senador peronista Eduardo Duhalde como nuevo presidente provisional. Sus principales objetivos al asumir el cargo se centraron en “reconstruir la autoridad política e institucional”, “garantizar la paz” y “sentar las bases para el cambio del modelo económico y social” (Baldioli y Leiras, 2012b: 228).

Durante su gobierno provisional, Duhalde demostró fuertes dotes de liderazgo para capear la profunda crisis. Con el apoyo del Grupo Productivo, el dirigente peronista aplicó un programa económico productivista nacional que realizó el “trabajo sucio” de devaluar la moneda para salir del esquema de Convertibilidad. La devaluación fue acompañada por una pesificación asimétrica de las deudas y depósitos en dólares del sistema financiero, a razón de 1,40 pesos por dólar. Además, su gobierno promovió un tipo de cambio alto y bajas tasas de interés para favorecer la reindustrialización, renegoció las tarifas de servicios públicos y reimplantó las retenciones a los agroexportadores. Los recursos económicos fueron dirigidos al desarrollo de la producción nacional y a la implementación de planes sociales asistenciales para disciplinar a los sectores más vulnerables (Varesi, 2013).

La feroz represión de la protesta social en el Puente Pueyrredón (Avellaneda), el 26 de junio de 2002, que concluyó en el asesinato por parte de las fuerzas policiales de los militantes políticos Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, obligó al Gobierno a convocar a elecciones anticipadas. Desde finales de los noventa, Duhalde se hallaba enfrentado políticamente con Menem y había frustrado su proyecto de presentarse como candidato del PJ en las elecciones presidenciales de 1999[18]. Sin embargo, luego de excluirse en la disputa para las presidenciales prevista para abril de 2003, Duhalde se encontró con problemas para hallar un candidato con chances de derrotar a la nueva candidatura menemista. En una primera instancia, intentó sin éxito convencer a Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe. Luego, probó con José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba. Finalmente, eligió a Néstor Kirchner para enfrentar en una interna abierta a Menem y a Adolfo Rodríguez Saá. Sin embargo, el 24 de enero de 2003, el Congreso del PJ decidió suspender la interna abierta “por única vez” y permitir que los tres precandidatos inscriptos compitieran con símbolos partidarios comunes en la elección general (Baldioli y Leiras, 2012: 235-236).

En las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003, la candidatura del Frente para la Victoria, conformada por la fórmula Néstor Kirchner–Daniel Scioli, obtuvo un 21,99 % de los sufragios. Fue derrotada por la dupla Carlos Menem–Juan Carlos Romero, del Frente por la Lealtad, que obtuvo un 24,34 % de los votos[19]. En el marco de encuestas que le pronosticaban una abultada derrota en la segunda vuelta electoral (Cheresky, 2003), Menem renunció a presentarse a competir en el ballotage y permitió que el 25 de mayo Kirchner asumiera como nuevo presidente.

7.2. La construcción discursiva durante el gobierno de Kirchner

Kirchner asumió la Presidencia en circunstancias históricas de profunda crisis política, económica, social e institucional. Esta crisis, atenuada parcialmente por la acción del gobierno anterior, se materializaba en la existencia de elevados índices de desempleo, pobreza y marginalidad social, un default no resuelto, bajo nivel de reservas monetarias y un fuerte grado de endeudamiento externo, que limitaba el margen de autonomía del Gobierno. El dirigente santacruceño, además, contaba con una escasa legitimidad de origen, producto de la mencionada renuncia al ballotage de Menem. Aunque, al mismo tiempo, su partido, el peronismo, constituía la primera minoría en la Cámara de Diputados y contaba con mayoría de bancas en el Senado[20]. En un intento de demostrar gobernabilidad y acrecentar su legitimidad social, una vez asumido, Kirchner comenzó a implementar una serie de reformas audaces y radicales en diferentes campos.

Como señalan Leiras y Baldioli (2012), tres fueron los pilares sobre los que se asentó este “nuevo tiempo histórico” de la política argentina: la puesta en marcha de un modelo de desarrollo productivo con inclusión social y redistribución del ingreso, la mejora en la calidad de las instituciones democráticas y la implementación de una política de derechos humanos, que concluyó con el ciclo de impunidad consagrado en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida del gobierno de Alfonsín, y los indultos del menemismo (Leiras y Baldioli, 2012: 252).

Desde el plano de la política económica y social, el gobierno de Kirchner desplegó un proyecto de matriz posneoliberal, que combinaba aspectos neokeynesianos y neodesarrollistas. En el marco de un tipo de cambio competitivo y favorable a la exportación, herencia de la gestión de Lavagna al frente del Ministerio de Economía, el kirchnerismo promovió el retorno de los convenios colectivos de trabajo (Decreto 392/03), derogó la ley de Reforma Laboral de la Alianza, estableció aumentos salariales periódicos por encima de la tasa de inflación, y un fuerte incremento de la inversión pública y social en ciencia y tecnología, y en infraestructura. Además, extendió la protección del mercado interno y el desarrollo de las pymes, promoviendo un proceso de reindustrialización nacional. Asimismo, realizó una renacionalización de algunas empresas estratégicas (sistema previsional, agua, petróleo, correo) y, durante el 2005, efectuó una exitosa reestructuración de la deuda externa con los organismos multilaterales de crédito, al tiempo que mantenía un sistema de flotación administrada del tipo de cambio con superávit gemelos (fiscal y comercial) (Varesi, 2013).

Las políticas económicas y sociales del kirchnerismo permitieron una fuerte reducción de los niveles de endeudamiento externo, un extendido crecimiento del PBI, la inversión y las reservas monetarias, y una notable baja de los índices de desempleo, subempleo, pobreza y marginalidad social[21]. Al mismo tiempo, promovieron el fortalecimiento político y organizativo del sindicalismo y de los trabajadores asalariados, y la incorporación social y disciplinamiento de una porción de los movimientos piqueteros, potenciado por el uso de planes asistenciales (Etchemendy, 2012; Mauro y Rossi, 2012).

Mediante la sanción de estas políticas heterodoxas, se fue estructurando un nuevo modelo de acumulación, iniciado por el duhaldismo en 2002, que se basó en un camino de reindustrialización nacional, desarrollo del mercado interno e inclusión social de los trabajadores y sectores populares. Ello marcó una ruptura, no sin importantes contratiempos y limitaciones, con el patrón de acumulación centrado en la valorización financiera del capital y las reformas neoliberales de los años noventa y comienzos de la década siguiente (Varesi, 2013: 198 y ss.; Gaggero, Wainer y Schorr, 2014)[22]. El kirchnerismo, además, realizó una alianza estratégica con los países de centroizquierda de América Latina, promovió la expansión del Mercosur para conformar la llamada “Patria grande”, y cuestionó las “relaciones carnales” con los Estados Unidos y los condicionamientos económicos del FMI, que predominaban en la década anterior (Bembi y Nemiña, 2007).

El segundo pilar de la construcción kirchnerista se produjo en el campo de los derechos humanos. En este plano, como señala Forster (2013), el fenómeno K expresó una “anomalía” dentro de la tradición peronista, al recuperar algunas banderas históricas de la izquierda democrática, el radicalismo y los nuevos movimientos sociales. En ese sentido, junto con un discurso de la “transversalidad” y en defensa de las banderas de “Verdad, Justicia y Memoria”, a partir de 2003, el gobierno de Kirchner aplicó una enérgica política de defensa de los derechos humanos, que derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y promovió el juzgamiento penal de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En el marco de estas transformaciones, el presidente realizó una alianza con los organismos de defensa de los derechos humanos y con diferentes movimientos sociales y populares. Además, revalorizó la militancia política y las convicciones de los años 70, cuestionó la “teoría de los dos demonios”, que habían defendido Alfonsín y Menem, y rechazó la represión de la protesta social que condujo a la renuncia anticipada de De la Rúa y Duhalde (Barros, 2012; Montero, 2012)[23].

Desde el plano institucional, el gobierno de Kirchner desplegó algunos lineamientos liberal-republicanos con el objeto de diferenciarse de la impunidad asociada a la década menemista, continuada durante los gobiernos de De la Rúa y Duhalde, y recuperar el lazo de representación política con la clase media. Una de sus primeras medidas consistió en realizar una reforma de la Corte Suprema (Decreto 223/03), que permitió remover a la “mayoría adicta” del menemato y conformar un nuevo tribunal de reconocido prestigio y calidad técnica. Se estableció un novedoso mecanismo de renovación de los jueces, que incluyó una clara preocupación por la transparencia y la publicidad de los procedimientos y la decisión de asegurar la pluralidad de géneros, enfoques y procedencia geográfica de los miembros del tribunal. Ello permitió una mayor independencia de los poderes del Estado (Gargarella, 2012: 63-65).

Sin embargo, durante el 2006 el kirchnerismo realizó una reforma del Consejo de la Magistratura (Ley 26080) que modificó de forma arbitraria e inconsulta la composición del organismo, redujo los miembros del Consejo de 20 a 13 y aumentó a 5 los representantes del oficialismo. Esta reforma, que fue aprobada sin ningún proceso de discusión seria en el Congreso, contribuyó a distorsionar el equilibrio constitucional. El “giro anti-liberal” se expresó también en el rechazo a aceptar o poner en práctica algunas decisiones de la Corte Suprema que consideró desfavorables (Gargarella, 2012: 66-68). Por otra parte, Kirchner sustentó el ejercicio del poder político en un estilo neodecisionista que abusó de los recursos de excepción (en particular, decretos de necesidad y urgencia) invocando la situación de emergencia. Ello actuó en detrimento de los procesos deliberativos y el respeto a la división de poderes (Baldioli y Leiras, 2012: 253-254; Leiras, 2015: 246).

La doble ruptura radical del gobierno de Kirchner

A partir de una pluralidad de gestos simbólicos y acciones discursivas concretas, Kirchner demostró fuertes dotes de liderazgo para garantizar gobernabilidad política, generar estabilidad económica y un proceso de crecimiento sostenido con inclusión social. Los éxitos en materia económica y social y las políticas públicas en el campo de los derechos humanos le permitieron delimitar una doble ruptura político-ideológica:

  1. En primer lugar, a partir de una retórica de matriz nacional-popular y de centralidad de la política y la aplicación de un conjunto de políticas económicas y sociales heterodoxas en defensa del rol regulador e inclusivo del Estado social, el gobierno de Kirchner marcó una ruptura radical frente a las ideas tecnocráticas y el modelo de acumulación neoliberal de los gobiernos de Menem y De la Rúa.
  2. En segundo término, a partir del juzgamiento penal a los encargados del terrorismo de Estado de la última dictadura, la defensa de la militancia política de los 70, el resguardo de los derechos humanos y la decisión de no reprimir la protesta social, el gobierno de Kirchner delimitó una ruptura radical frente a la impunidad (indultos, leyes de Obediencia Debida y Punto Final), la teoría de los dos demonios y la represión policial de los gobiernos democráticos anteriores (incluyendo a Alfonsín y Duhalde).

El impacto de estas transformaciones se tradujo en indicadores económicos y sociales positivos que generaron una fuerte reducción de la pobreza, la desocupación y la marginalidad social, y le permitieron a Kirchner mantener en el tiempo elevados niveles de aprobación popular, construir un nuevo orden social y recuperar el lazo de representatividad política con la ciudadanía, que se había roto tras la profunda crisis de 2001 (Fair, 2009). La eficacia hegemónica se expresó, además, en una cómoda victoria del kirchnerismo en las elecciones legislativas de 2005, que le permitió vencer al duhaldismo, sepultar al menemismo y consolidar a Kirchner como único líder del espacio peronista[24].

A comienzos de 2007, luego de casi cuatro años de gobierno kirchnerista, la Argentina transitaba por un camino de estabilidad económica, altas tasas de crecimiento y una importante mejora de los indicadores económicos y sociales. Todo ello en el marco de un liderazgo fuerte que logró revalorar el rol central de la política y la confianza en la palabra política, frente al descreimiento social que había conducido al Que se vayan todos durante el 2001. En dichas circunstancias, el 1 de marzo de 2007 Kirchner enunció su último discurso presidencial de apertura de sesiones parlamentarias.

8. El discurso de Kirchner ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2007

8.1. El camino del infierno al purgatorio

En el discurso oficial que dio inicio a las 125.a sesiones parlamentarias, Kirchner comienza rememorando las circunstancias de anomia social en las que accedió al poder. Remontándose a la crisis de 2001, simboliza esa etapa como una Nación “desbarrancada” y “en un profundo abismo”. A partir de un “esfuerzo conjunto y sostenido” del Gobierno nacional, que había permitido “reconstruir” al país y “reindustrializarlo”, la Argentina ahora se hallaba en un camino de salida de aquel “infierno”, para ubicarse “en las puertas mismas del purgatorio”: “En una nación desbarrancada en un profundo abismo, con un esfuerzo conjunto y sostenido, reconstruyendo y reindustrializando, intentamos salir del infierno para poder decir, el próximo 10 de diciembre, que nos encontramos en las puertas mismas del purgatorio.”.

El uso de la metáfora del “infierno” y la apelación a “una Argentina que estaba ardiendo” para referirse a la crisis de 2001-2002, y su contraste con la etapa actual de “purgatorio”, condensan la idea de una transición desde el caos político, económico y social, en la que estaban “todas las materias pendientes”, hacia una nueva etapa de avance del país. Kirchner metaforiza a la nueva etapa política como un “resurgir” y un “nuevo amanecer” de la “historia”:

Nosotros lo que queremos es que este tiempo de la historia sea recordado como el resurgir de un nuevo amanecer, donde la Argentina empezó a pensar que se podía soñar. Pero como se está saliendo del infierno, y esperamos salir el 10 de diciembre de 2007, hay que salir del infierno primero y ya vendrá el purgatorio […]. Pero para salir del infierno, donde se nos cae un argentino y se nos caían millones de argentinos todos los días, había que superar esa situación.

8.2. La transformación económica: la presencia de un modelo de desarrollo nacional autónomo y con un Estado activo

Desde el discurso de Kirchner, el 25 de mayo de 2003 se había iniciado una “profunda transformación” política, económica, social y cultural, que seguía en marcha. Esta transformación había “superado los peores momentos” de la crisis para conducir a la Argentina en el camino de la “integración”, el “crecimiento con equidad”, la “inclusión social” y el “desarrollo sustentable”. A partir de allí, su discurso sintetiza los logros de su gestión, que se vinculan a un “crecimiento económico sostenido”, basado en un formidable incremento de la “inversión pública y privada” en el área de infraestructura: “Una Argentina en crecimiento económico sostenido, que viene dejando atrás muchas de sus carencias de infraestructura, en base a una formidable inversión pública y privada, que a su vez aporta al crecimiento de la economía.”.

La economía mantenía, desde el 2003, un crecimiento anual del PBI cercano a las dos cifras. Este elevado y sostenido crecimiento del producto bruto mostraba un “cambio decisivo” que se contraponía a la crisis de 2001, la “más grave de la que se tenga memoria”:

La economía argentina está transitando su quinto año consecutivo de crecimiento a un fuerte ritmo que ronda entre el 8 y el 9 por ciento anual, sin mostrar signos de desaceleración y con firmes expectativas de que en el año 2007 continuará el proceso de crecimiento a una tasa todavía elevada. Se confirma que, luego de la crisis económica y financiera más grave de la que se tenga memoria, lejos de experimentar un rebote, como decían los especialistas, la economía experimentó un cambio decisivo en su modo de funcionamiento.

Kirchner incluía también, entre las transformaciones, la reprogramación “ordenada” de la deuda externa de 2005, la recuperación del “crédito interno”, el mantenimiento de los “superávits gemelos” y el apoyo al desarrollo científico, tecnológico y educacional, pilares del modelo de “desarrollo nacional”:

El fuerte desendeudamiento, la programación ordenada de sus obligaciones futuras, la recuperación del crédito interno, la subsistencia y consolidación de superávit gemelos, el apoyo a la innovación, el desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología, el financiamiento creciente en la educación, la transformación educativa, los avances en todos los aspectos, tiene que ser la mejor base para un desarrollo nacional estratégico.

En el orden internacional, la Argentina había ganado “autonomía” a partir de la política de desendeudamiento con el FMI y la persistencia de un elevado crecimiento económico: “Argentina crece y se desendeuda y afronta el pago de la crisis, ha ganado autonomía, cancelando la deuda con el Fondo Monetario Internacional y se reforma estructuralmente.”.

Además, frente a las “relaciones carnales” de los noventa, su gobierno había “replanteado estructuralmente el funcionamiento del MERCOSUR” y promovido una mayor “integración de nuestros países”. El MERCOSUR era definido como “el eje de la integración regional de nuestro país” y “una verdadera esperanza para nuestro continente” para alcanzar el objetivo de la unidad regional. En ese sentido, Kirchner asumía una concepción latinoamericanista, que destacaba que la Argentina “siempre será un país latinoamericanista, independiente, plural y amplio con todos los pueblos de América del Sur”.

En el marco de “resultados elocuentes en todos los frentes”, el presidente hacía hincapié en los indicadores macroeconómicos positivos. Kirchner articulaba el crecimiento sostenido del PBI con la política de “desendeudamiento” y la expansión del “crédito doméstico” en las pymes, pero también con el “superávit fiscal elevado”. Estos factores contribuían a la “estabilidad macroeconómica”, al incrementar las “reservas monetarias” y evitar potenciales “turbulencias” en los “mercados internacionales”:

Se mantiene un superávit fiscal elevado, consistente con la estrategia de desendeudamiento del país y con el manejo de la política económica en la fase ascendente del ciclo económico. La política monetaria acompaña al crecimiento económico y contribuye a la estabilidad macroeconómica, al apuntalar la competitividad de los sectores transables de la economía y al asegurar, vía acumulación de reservas internacionales, la cobertura necesaria frente a eventuales turbulencias en los mercados internacionales, al tiempo que se expande el crédito doméstico, especialmente el dirigido a las pymes.

A partir de las tasas de crecimiento chino del PBI y el “cuantioso superávit comercial y en cuenta corriente”, uno de los principales logros de su gestión se apoyaba en que “el crecimiento económico se produce en el marco de una solidez de las cuentas externas de la economía”, lo que “prácticamente no tiene parangón en otras etapas de la historia del país”. A diferencia de la ficticia estabilidad económica de los noventa, signada por el aumento de las reservas vía el “irresponsable” endeudamiento con el FMI para conservar la convertibilidad, el nuevo modelo de desarrollo se asentaba en el superávit comercial y en un incremento de las reservas, que eran ”absolutamente genuinas”:

El incremento del acervo de reservas internacionales se produce fundamentalmente como consecuencia de dicho superávit, y no como efecto de un proceso irresponsable de endeudamiento del exterior. Ustedes se acuerdan que en las anteriores reservas, cuando la Argentina llegó más o menos a la misma cifra, para mantener la relación Convertibilidad-emisión se tomaban créditos internacionales en el Fondo y en el Banco Mundial para mantener el nivel de reservas para poder mantener, con endeudamiento, la famosa Convertibilidad. Hoy las reservas que tenemos son absolutamente genuinas.

Uno de los ejes de la transformación consistía en la revalorización del rol activo del Estado en la gestión económica, tal como se había puesto en evidencia en la “recuperación del espacio radioeléctrico”. En contraste con las privatizaciones de los noventa, ahora “el Estado y los capitales argentinos” asumían un “protagonismo” en las áreas “críticas del interés nacional”:

Las acciones que desarrollamos en el campo de la energía suponen un Estado presente y activo, articulando y planificando. Un claro ejemplo de ello es la creación de ENARSA, como una empresa testigo que supone la recuperación de la participación del Estado en el mercado energético argentino internacional.

Junto a la recuperación del Estado como “articulador” y “planificador”, en sinergia con la inversión pública y privada, un último factor que explicaba el crecimiento con desarrollo económico sostenido era el énfasis en el consumo interno. Este se asentaba en la masiva creación de puestos de trabajo y en una política de aumento del salario real para los trabajadores:

La recuperación del consumo está asociada, principalmente, a la mayor participación en el producto de la masa salarial, que ha sido posible en virtud de la creación de nuevas oportunidades de empleo y del aumento de los salarios reales de la economía.

De este modo, el énfasis neodesarrollista en el equilibrio macroeconómico, a través de la expansión de la inversión pública y social en infraestructura, se combinaba con un discurso de incentivo a la demanda agregada de matriz neokeynesiana.

8.3. El entrelazamiento de las políticas económicas con un nuevo modelo de inclusión social para los trabajadores

A diferencia del discurso neoliberal, que reduce la cuestión social a políticas asistencialistas y focalizadas, o bien lo subordina a una etapa posterior de mítico “derrame” del crecimiento económico del sector privado (Vilas, 1997), el gobierno de Kirchner asumió desde 2003 un discurso alternativo. Si el relato neoliberal disyunta lo económico de lo social, para Kirchner lo económico se interrelaciona con la problemática social de una forma orgánica. Esta última, a su vez, asume una posición central, a través del rol clave del Estado (en lugar del énfasis en el libre mercado). Desde su arribo al gobierno, el presidente destacó los estrechos vínculos entre las reformas económicas y su impacto social, y priorizó la inclusión social de las mayorías populares en términos de derechos colectivos, garantizados por el accionar estatal.

En esta línea, en el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2007, Kirchner se refiere a la “recuperación económica” y hace hincapié en sus “efectos positivos” sobre los “indicadores sociales”. A partir del “esfuerzo enorme” de todos los argentinos, el crecimiento económico desde el 2003 había logrado reducir a menos de un dígito la tasa de desocupación:

Esta recuperación económica, después de casi 5 años, sigue mostrando efectos positivos sobre los indicadores sociales. Los argentinos hicimos un esfuerzo enorme, un número creciente de compatriotas se pudo sumar al empleo y la medición del último trimestre de 2006, cuando la esperábamos para el 2007, marcó un descenso de la desocupación, después de 14 años, a un dígito. Podemos decir que tenemos el 8,7 de desocupación, perforando la barrera de los dos dígitos, característica de la década anterior. Esta es solo un tercio de la que padecíamos al hacernos cargo de la gestión del Estado nacional.

El fuerte descenso en la tasa de desempleo actuaba como un indicador concreto de la “recuperación” nacional y le permitía a Kirchner fortalecer la ruptura política frente a la década neoliberal y, al mismo tiempo, diferenciarse del gobierno de Duhalde. Un segundo indicador que subrayaba el presidente era el incremento en el poder adquisitivo de los trabajadores y familias, producto de la “política activa de salarios” iniciada por el kirchnerismo en 2003:

Pero no solo miles de argentinos se sumaron al mercado del trabajo en 2006, además aumentó el poder adquisitivo de la familia. El salario nominal de los trabajadores registrados, que alcanzaba en promedio 949 pesos en mayo de 2003, llegó en septiembre del año pasado a 1.631 pesos, lo que representa un crecimiento del 72 por ciento […]. En el mismo período, los salarios de los trabajadores de menores ingresos aumentaron un 110 por ciento y también la remuneración de los no registrados aumentó en mayor proporción que los registrados, como respuesta a la política activa de salarios encarada por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento de los sectores trabajadores argentinos.

La firme recuperación de la masa salarial se explicaba por la política de acuerdos sociales entre empresarios y trabajadores fomentada por su gobierno, a través del retorno de los convenios colectivos de trabajo. Esta herramienta institucional permitía la “redistribución de ingresos” y la “inclusión social”:

Esta recuperación es fruto de los acuerdos entre empresarios y trabajadores, en el marco de la negociación colectiva en plena libertad, institución que había caído en desuso y que hemos recuperado como herramienta de redistribución del ingreso y de la inclusión social.

A partir de la creación activa de empleos y los aumentos salariales que “superan la línea de pobreza”, Kirchner incorporaba un nuevo logro de su gestión, que se vinculaba al incremento en la participación de los trabajadores asalariados en el PBI, cercano al famoso Fifty-fifty del peronismo histórico:

La participación de los asalariados en el PBI subió del 34,3 en 2003, al 38,6 a fines de 2005 y siguió mejorando en el 2006, estimándose que a fines de este año estaremos en el 41,1. Obviamente, todavía no estamos en el 50 por ciento de los grandes tiempos, cuando conducía el país el general Perón, pero estamos en el 41 por ciento de la participación de los ingresos.

El coeficiente de Gini, que mide el nivel de desigualdad social, mostraba también una “ostensible” mejora entre 2003 y 2006, como un nuevo indicador del avance en la distribución del ingreso[25]. Estos datos eran “realmente muy importantes” ya que, en contraposición al discurso neoliberal, que prometía un crecimiento económico que nunca lograba “derramarse” a una mejora social para las capas populares, su gobierno estaba logrando una efectiva “política de crecimiento con derrame” y alcanzaba, por medios opuestos a la ortodoxia, “ese derrame de que tanto nos hablaron en la década del 90”.

8.4. La batalla político-ideológica contra el paradigma neoliberal

a) La batalla cultural contra la ortodoxia monetarista: del gasto público a la inversión pública y del ajuste recesivo al incentivo al consumo interno

El kirchnerismo llevó a cabo desde 2003 una transformación radical en el plano ideológico, que situó como principal enemigo al paradigma neoliberal. Uno de los ejes de dicha pelea, en el “plano de las ideas”, se vinculaba al papel que debía ejercer el Estado en la economía. La disputa hegemónica se centraba en las ideas ortodoxas-monetaristas de la Escuela de Chicago, una de las más importantes escuelas neoliberales (Morresi, 2007). Desde un discurso de matriz heterodoxa, Kirchner articulaba las políticas económicas expansivas con el aumento del consumo interno y la recaudación fiscal del Estado. Estas políticas eran encadenadas a un incremento sostenido de la “inversión pública” en “infraestructura” y en “asistencia social”. De este modo, Kirchner se enfrentaba al relato neoliberal y a su habitual crítica monetarista al gasto público como causante de la inflación y el déficit fiscal. Esta disputa hegemónica se expresaba en la redefinición del “gasto” público (negativo e innecesario) como una “inversión” social (positiva y necesaria). En contraste con la ortodoxia neoliberal y su crítica al “estatismo”, su gobierno había situado como una “prioridad” de la gestión estatal una activa política de inversión en obra pública e infraestructura, ubicándola como un “motor” de la actividad económica y de la “calidad de vida” de la población:

Uno de los principales desafíos que enfrentamos, vinculados con el papel del Estado, es volver a poner a la inversión en obra pública, en infraestructura, como una de las prioridades de la gestión estatal, considerando su capacidad de mejorar la calidad de vida, de motorizar rápidamente el nivel de actividad y generar mejor competitividad económica y social. Para ello, hemos dado la pelea también en el plano de las ideas, [en la que] tuvimos que luchar contra un pensamiento muy arraigado en determinados sectores acerca de que las políticas activas en materia de infraestructura y obras públicas significan un gasto y no una inversión.

El desarrollo de “fuertes políticas activas”, a través de una consistente intervención del Estado sobre el mercado, retroalimentaba el “círculo virtuoso del crecimiento de la actividad y de la recaudación fiscal”. Ello permitía fortalecer la “política de inclusión” social, lo que, a su vez, contribuía a “mejorar la calidad del empleo” y promovía la creación de “empleo en blanco”. Siguiendo este camino heterodoxo, desde 2003 el gobierno de Kirchner había logrado crear “un millón más de empleos registrados que los que habían en el mejor momento de la década del 90”.

A través de esta fuerte revalorización del Estado como motor de desarrollo, Kirchner promovía el “fortalecimiento” de la “salud pública” y de los “hospitales públicos”, definidos como “el eje rector de nuestra salud”. Además, “dejando atrás las recetas únicas” del neoliberalismo de los años noventa, el presidente estaba: “Resolviendo problemáticas que habían sido abandonadas en materia de provisión de agua potable, de la organización de la comunidad, políticas de saneamiento, medio ambiente y viviendas.”.

En ese marco, la fuerte expansión de la “inversión social” se articulaba con una “política de derechos y de equidad territorial”. Contra los ajustes neoliberales recesivos, estas políticas heterodoxas de expansión económica desde el Estado habían logrado establecer, en 2006, “la ejecución presupuestaria más alta de la historia”.

El cambio de “paradigma” y las “profundas transformaciones” ideológicas se expresaban, a su vez, en la construcción de un “nuevo modelo” de desarrollo que “reconoce como pilares fundamentales la educación, la ciencia y la tecnología”. Estos pilares constituían una “prioridad” del Estado para alcanzar una “estrategia de crecimiento sustentable y racional” y se vinculaban a “la Argentina con inclusión y recuperación social que soñamos”.

Como una muestra de esta intensa lucha político-cultural contra el paradigma neoliberal, Kirchner se refería a la multiplicación por “diez veces” del nivel de “inversión en obras públicas”, en relación a la inversión pública de 2002. También, mencionaba el profundo y extenso desarrollo de “planes de viviendas sociales”, “obras viales”, “autopistas”, “pavimentación”, “rutas”, “construcción”, “vías de ferrocarriles” y “planes energéticos”. El presidente destacaba el “rol activo” del Estado en la “planificación en inversión e infraestructura”. Además, subrayaba la “recuperación” y la “modernización” del “sistema ferroviario”, el mismo que había sido “desarticulado” durante “los 90”[26].

En el mismo sentido, a contracorriente del relato neoliberal, Kirchner cuestionaba radicalmente la visión ortodoxa sobre la inflación. Esta perspectiva promueve la reducción de la oferta de masa monetaria como método para controlar los precios y equilibrar el presupuesto. Desde la ideología monetarista, la única forma de eliminar la inflación es ajustar el gasto público en el área social y en infraestructura. Ello supone restringir también la capacidad de consumo de los trabajadores y, eventualmente, ajustar los salarios (considerados un “costo”) hacia abajo y abrir la economía al capital internacional para equilibrar las cuentas fiscales y comerciales[27].

Kirchner inició, desde su arribo a la Presidencia, una “tarea transformadora” que construyó un “nuevo país” y asumió la defensa de “paradigmas que nos alejan de los vigentes en la década pasada”. Uno de los ejemplos de esta transformación radicalizada se hallaba en la concepción sobre la inflación. Frente a las políticas de ajuste neoliberal, a partir de 2003 el crecimiento económico se asentó sobre un modelo heterodoxo que se basó en el objetivo de aumentar el consumo popular para promover la “movilidad ascendente”. Estas políticas expansivas, desde la inversión pública del Estado, contrastaban con las políticas recesivas y socialmente excluyentes fomentadas por los referentes ortodoxos, quienes buscaban “restringir el consumo” hasta llegar a la “paz de los cementerios”, como método drástico para frenar la inflación:

Nosotros no vamos a recurrir a las medidas ortodoxas que nos dicen que hay que restringir el consumo para que los procesos inflacionarios sean menores. Es decir, caminan por el rumbo o el silencio o la paz de los cementerios, donde tratan de bajar la inflación y donde la gente no pueda consumir, no pueda evolucionar, no pueda tener movilidad ascendente. Nosotros queremos que haya una sociedad viva. Por eso, vamos a seguir siendo heterodoxos, seguimos creyendo en estos mecanismos, seguimos creyendo que hay que aumentar el consumo en la sociedad y seguimos creyendo que la Argentina puede tener un modelo que responda a la necesidad de los argentinos cada vez con más fuerza.

En el marco de esta concepción heterodoxa, el gobierno de Kirchner promovía desde el Estado la expansión del mercado interno. Ello como una forma de incentivar la demanda agregada de los sectores populares y, de este modo, generar un “efecto multiplicador” de la economía: “Hemos puesto el acento en el fortalecimiento del mercado interno, ayudando a promover la demanda de sectores de menores ingresos, con un exitoso efecto multiplicador.”. El discurso presidencial se posicionaba, así, desde de una matriz heterodoxa y expansiva de la economía que retomaba ideas típicamente keynesianas.

b) La política de desendeudamiento y las críticas a las recetas de los gerentes del FMI y la tecnocracia neoliberal

En el marco de la construcción de la alteridad política contra el neoliberalismo, Kirchner personificaba las críticas en los economistas tecnocráticos del establishment. Estos sectores de poder eran definidos, de manera irónica, como los “representantes dignos y brillantes de las escuelas económicas que nos vienen asesorando diariamente”. Los “especialistas” neoliberales, que “tienen unos títulos bárbaros”, habían cuestionado la estrategia de desendeudamiento seguida por el Gobierno nacional durante 2005, al sostener que el pago al FMI era un “locura” y que el país supuestamente se iba a quedar “sin reservas” y “expuesto a la vulnerabilidad” internacional:

¿Se acuerdan ustedes cuando los especialistas dijeron, los técnicos, los economistas, los asesores del Fondo, bueno, de todas las escuelas que tienen unos títulos bárbaros, decían: “es una locura lo que está haciendo este señor de pagarle al Fondo Monetario Internacional la deuda, porque nos vamos a quedar sin reservas y quedamos expuestos a la vulnerabilidad de cualquier crisis internacional?”.

Su gobierno había desoído estos “consejos” de los “especialistas”. Sin embargo, las reservas se habían duplicado en poco más de un año, con el alivio de no contar más con la “dictadura” del FMI “manejando los destinos” del país:

Pagamos 10 200, 10 300 millones de dólares, nos fuimos a 17 000 millones de reservas y, al cabo de un año y un poco más, tenemos el doble de reservas todos los argentinos y ya no tenemos más la dictadura del Fondo Monetario Internacional manejando los destinos de los argentinos.

La alteridad política también se personificaba en los economistas tecnocráticos. Kirchner situaba a sus “recetas” foráneas y antipatriotas como causantes de la crisis de 2001, la misma que había dejado al país con un “60 % de pobreza”, “30 % de indigencia” y “20 % de desocupación”. Delimitando una frontera de exclusión frente a estas propuestas de la tecnocracia neoliberal, el éxito de la política de desendeudamiento de su gobierno mostraba la capacidad de administración racional por parte de aquellos técnicos y políticos que amaban a la patria y asumían un sentido nacional y popular:

Déjennos en nuestra calidad primaria de administración de la economía, porque la verdad, con todo respeto y sin ignorar su capacidad intelectual y lo que han estudiado, entre lo que ustedes nos proponían y lo que hicimos nosotros hay un abismo. Lo que nos propusieron ustedes nos llevó al 60 por ciento de pobreza, 30 por ciento de indigencia, 20 por ciento de desocupación, tuvimos la deuda externa privada, la deuda del Fondo. Hemos pagado casi más de 26 000 millones de dólares, 27 000 millones de dólares en total de lo que nos han dejado. Con la actitud primaria que hemos tenido nosotros de tener un sentido racional de administrar con toda nuestra voluntad, con la gran capacidad de los técnicos y políticos con sentido nacional, argentino, popular, por amar la patria y la tierra argentinas, nosotros creo que hemos tenido un resultado distinto.

Desde la concepción nacional-popular del presidente, que reivindicaba la decisión política por sobre la “experticie” tecnocrática, el Estado no debía ser manejado por gerentes, como había ocurrido de forma fracasada en los noventa y comienzos de la década siguiente, sino por los representantes del pueblo:

Yo, el otro día decía, por algunas cuestiones de que algunos sueñan que el país sea manejado por los gerentes, que el país lo tienen que manejar los que representan al pueblo, poner la cara los que representan al pueblo y tener la iniciativa que corresponde. Ya sabemos lo que nos pasó en el país de los gerentes.

De este modo, Kirchner construía una frontera política que contraponía al modelo de Estado activo y con desendeudamiento ≡ representación del pueblo ≡ recuperación nacional ≡ éxito económico y social vs. Políticas neoliberales ≡ subordinación al FMI ≡ fracaso económico y social del país.

c) La batalla contra las políticas neoliberales desde el plano social: rentabilidad económica versus rentabilidad social

En el marco de sus intensas críticas al orden neoliberal, a partir de 2003 el kirchnerismo desplegó un paradigma alternativo a la ortodoxia, que integraba a la economía con su rol de inclusión social para las mayorías populares. Kirchner señalaba a la fallida privatización de los trenes del menemismo como un ejemplo del fracaso de este modelo gerencial, el mismo que había promovido la “desarticulación” nacional. En contraste con la lógica eficientista de “ramal que para, ramal que cierra” de los años noventa, su gobierno había construido una “red ferroviaria” similar a la que tienen los “países desarrollados del mundo”, que fomentaba la “unidad” y la “articulación territorial”. Además, asumía una racionalidad alternativa al paradigma neoliberal, que se basaba en la rentabilidad de la “integración” y la “inclusión social”, frente a la mera “rentabilidad financiera” que defiende la ortodoxia:

Hay que tener muy buena memoria, acá se desarticularon los ferrocarriles, se los remató, “ramal que para, ramal que cierra” fue la política de quienes gobernaron en los 90. Todos los argentinos queremos volver a recuperar lo que tienen los países desarrollados del mundo, que están unidos por una red ferroviaria que les permite interconectarse, no buscando la rentabilidad financiera sino la rentabilidad social, la rentabilidad de integración, la rentabilidad de inclusión social.

Los “cambios estructurales” se expresaban también en el “terreno del desarrollo social”. La cuestión social dejaba de ser entendida como mero asistencialismo y políticas focalizadas para eficientizar al Estado, como lo define el neoliberalismo, para valorar la seguridad social en su rol de “redistribución del ingreso” para los sectores populares, los “más necesitados” de la intervención estatal:

La seguridad social es el instrumento transparente que tiene un gobierno a la hora de la redistribución del ingreso, de allí nuestro esfuerzo sostenido de poner a disposición de los argentinos los mayores recursos de la economía para quienes más los necesitan.

En este sentido, su gobierno había puesto en marcha en “todo el territorio nacional” una “fuerte solidaridad social” para “reconstruir el tejido social” que había sido “destruido por la crisis” de 2001, y recuperar los “niveles de dignidad” de la “población más humilde”. Los indicadores macroeconómicos positivos del período 2003-2006 mostraban claros avances en los objetivos de reducción de la pobreza y la indigencia:

La Argentina ha realizado avances en el cumplimiento de los objetivos del milenio, apuntando a erradicar la pobreza extrema y el hambre. En 2003 y en 2006 redujo prácticamente a la mitad la población bajo el nivel de indigencia, y casi a un tercio a la que está debajo de la línea de pobreza.

A partir de estas transformaciones fácticas frente al modelo de acumulación neoliberal, Kirchner construía una alteridad implícita contra “muchos de los que ampararon políticas que nos llevaron a esta pobreza”. En esta frontera, se ubicaban también los medios concentrados de comunicación, “aquellos que no vieron o que callaron cuando se implementaban estas políticas de pobreza, que tenían que haber levantado su voz desde cada fuente de doctrina, como dicen algunos, y no lo hicieron”. Frente a estos sectores de poder del establishment, su gobierno exhibía indicadores concretos que mostraban que se había logrado “bajar a la mitad” el nivel de pobreza y “la brecha entre los ingresos de los hogares pobres”; también, un incremento notable en el nivel de “escolarización de niños” y en la “reducción de la mortalidad infantil”.

8.5. La transformación intelectual y moral: la caída de los tabúes ideológicos del neoliberalismo y la adopción de un nuevo y exitoso paradigma en favor del Pueblo

Observamos la intensa batalla político-cultural que lideró Kirchner frente a la ortodoxia neoliberal y su revalorización de un modelo heterodoxo, construido como su contraparte. A partir de los datos estadísticos positivos y la “experiencia” del fracaso del paradigma neoliberal de los noventa, el presidente edificaba una alteridad radical frente a las políticas del FMI y sus “propagandistas” políticos. Estos sectores apelaban a la necesidad de “fenomenales ajustes” para los trabajadores, con la excusa de evitar que la Argentina quedara “aislada” del orden internacional y superar la “urgencia” de la “crisis”. Las “recetas” neoliberales, sin embargo, en los hechos solo favorecían a los “poderosos”, es decir, a los “sectores más concentrados de la economía”, al tiempo que “hundían” al “pueblo”:

En las crisis, ejecutando fenomenales ajustes, los sectores más concentrados de la economía y sus propagandistas obtienen fenomenales ganancias e incrementan su participación en la distribución del ingreso. En esas crisis, la experiencia ha enseñado que las recetas aconsejadas por el Fondo Monetario Internacional no han sido sino herramientas para que esos sectores pudieran concretar las medidas que los favorecen, so pretexto de un supuesto aislamiento internacional del país. En las crisis logran medidas que no pueden ser discutidas ni demoradas […]. Pero esas recetas salvaban a los poderosos y hundían al pueblo.

En el marco de la exitosa ruptura que se inició en el 2003 frente a las políticas ortodoxas, consolidada luego de la renegociación de la deuda pública de 2005, el presidente exhibía una transformación que no solo era económica y social, sino también político-cultural. Esta transformación radical había logrado derribar los “tabúes ideológicos” que condujeron a la Argentina a sus “recurrentes crisis”. Uno de los éxitos del Gobierno, en ese sentido, era “demostrar” de forma fehaciente que se podían aplicar reformas alternativas a las defendidas por el FMI y los economistas ortodoxos del establishment; políticas heterodoxas que permitían “crecer” y, al mismo tiempo, “redistribuir” el ingreso de una forma socialmente “equitativa”.

Los indicadores económicos y sociales positivos del kirchnerismo mostraban que era posible generar una estrategia alternativa de “crecimiento sustentable” sin aplicar las políticas de ajuste y reforma estructural del Estado de corte neoliberal, con una nueva estrategia, que promovía el “trabajo”, la “producción nacional” y la “inclusión social”, e incentivaba la “inversión” pública en “infraestructura” y una mayor “competitividad”. Este programa heterodoxo de crecimiento con inclusión social ponía en evidencia que la Argentina podía tener éxito desde una estrategia autónoma y soberana. Y ello, sin tener que apelar, como en los años noventa y comienzos de la década siguiente, al fracasado “tutelaje” del FMI:

Argentina puede crecer y redistribuir, demostrando que no hay conflicto entre más equidad y más crecimiento. Argentina puede crecer e incrementar las inversiones sin el tutelaje de los organismos multilaterales. Argentina puede crecer y concretar profundas y estructurales reformas. Argentina pudo planificar y concretar obras que mejoran su infraestructura y le otorgan más competitividad, a la vez influyendo positivamente en el ciclo económico. Esta Argentina con crecimiento sustentable, trabajo, producción nacional e inclusión social, es la contracara de la Argentina de la crisis recurrente que estamos dejando atrás.

El gobierno de Kirchner había logrado superar exitosamente las “crisis recurrentes” que la “azotaban” en el pasado, que solo favorecían a los más “poderosos”. Ahora, “los sectores que menos tienen” podían acceder al derecho a un “trabajo” y eran capaces de “discutir salarios” de un modo digno, “recuperando ciudadanía” y “mejorando su participación en los ingresos”.

En el marco de esta crítica radicalizada a las recetas neoliberales y a sus efectos socialmente regresivos, y su contraste con el exitoso presente, Kirchner destacaba la “profunda transformación” que protagonizaba el país. Esta transformación radical implicaba también un “cambio cultural y moral”. El cambio se asentaba en la vigencia de un nuevo “paradigma” vinculado a la defensa del “bien común”, el respeto al “Estado de derecho” y la presencia de una “efectiva democracia”, que ahora gobernaba para el “bienestar del pueblo”:

Argentina protagoniza una profunda transformación, es hora del cambio cultural y moral. Producto del profundo cambio de paradigma que necesitamos, el éxito de la gestión tiene que ser juzgado desde las perspectivas del bien común, el funcionamiento pleno del Estado de derecho, la vigencia de una efectiva democracia, la correcta gestión de los asuntos de Gobierno y el ejercicio del poder político a favor del bienestar del pueblo.

Los ejes político-culturales de este nuevo y exitoso modelo de desarrollo nacional articulaban el “crecimiento” económico con la “inclusión” social, promovían la “creación de trabajo digno” y gobernaban para el “pueblo argentino” como actor colectivo y beneficiario principal de las políticas públicas, en lugar de pretender “copiar recetas enlatadas” ordenadas por el establishment:

Un modelo argentino con crecimiento e inclusión, a partir de la creación de trabajo digno, un modelo en que el pueblo argentino resulte el principal actor y beneficiario, sin copiar recetas enlatadas, que ponga de pie nuestra capacidad de actuar colectivamente.

Para intentar legitimar este discurso ante la ciudadanía, Kirchner apelaba a la “coherencia” entre los dichos enunciados y los hechos realizados durante su gobierno. Tomando como base los indiscutibles indicadores macroeconómicos positivos del período 2003-2006, el presidente destacaba la “ostensible” recuperación económica y social, y los avances del país desde su arribo al poder:

Nosotros siempre elegimos ponernos del lado de los intereses de la gente, y en cada solución nos desvelan los resultados que obtendremos en esta lucha por recuperar un país. Así gobernamos y los hechos demuestran que el estado de la Nación ha mejorado ostensiblemente en todos estos años.

A partir de estas ostensibles “mejoras” fácticas para la “gente”, desde “los hechos”, que mostraban que “existe otro camino” exitoso frente a la ortodoxia, el objetivo a futuro era “continuar” el mismo rumbo iniciado en mayo de 2003. De esta manera, se lograría “consolidar” un “país integrado y justo”, centrado en el “trabajo”, la “calidad de su producción”, pero también en el establecimiento de “reglas claras”, la recuperación de la cultura del “esfuerzo” y la “igualdad de oportunidades” para todos. La continuidad en esta senda exitosa hacia la recuperación nacional permitía ir “alejándose” cada vez más de lo “profundo de la crisis”, para “poder expresar, al final del mandato, que nos encontramos en las puertas mismas del purgatorio, con las esperanzas puestas en la consolidación de una nueva Argentina”.

8.6. El modelo heterodoxo y el fortalecimiento de la calidad institucional

Uno de los tópicos que aparecen en el discurso presidencial es la cuestión institucional. Lejos de situarse desde un discurso “populista” (Laclau, 2005) supuestamente anti-institucional, Kirchner recuperaba otra visión de la institucionalidad. Según el presidente, la aplicación de las “recetas” ortodoxas durante los noventa había generado una “pérdida de credibilidad” en la dirigencia política y ello “deslegitimaba a la política” y las propias “instituciones” de la democracia representativa. El recuerdo de la crisis de 2001 actuaba, en ese sentido, como un ejemplo de demostración de la ruptura del vínculo de representatividad político-institucional[28].

El gobierno de Kirchner había aplicado desde 2003 un camino alternativo a las “recetas” neoliberales, cuyo eje no consistía en satisfacer los pedidos de los “poderosos”, sino en defender los “intereses nacionales” y la “felicidad del pueblo”. Tal como lo mostraban los indicadores de amplio apoyo popular al Gobierno y al régimen democrático, con el kirchnerismo las instituciones recuperaban al mismo tiempo “legalidad” y “legitimidad”. Frente al “Que se vayan todos” los políticos de 2001, la acción de su gobierno había logrado “reconciliar” a la política con la sociedad y sortear la profunda crisis de representatividad política que había conducido a la anomia social del 19 y 20 de diciembre:

Cuando los políticos aplicaban aquellas recetas [ortodoxas], sumaban pérdida de credibilidad y deslegitimaban a la política y a las instituciones. Cuando, como hoy, se defiende los intereses nacionales y se endereza a la política a trabajar por la felicidad del pueblo, las instituciones recuperan legalidad y legitimidad, y la política se reconcilia con la sociedad.

De este modo, frente a las habituales críticas de los núcleos (neo)liberales sobre la supuesta ausencia de “calidad institucional” de su gobierno, Kirchner reformulaba hábilmente y redefinía este significante. La estrategia retórica consistía en desarticular la relativa sedimentación del significante “calidad institucional” de los elementos formales típicos del liberalismo republicano (división de poderes, respeto a los procedimientos institucionales), para luego rearticularlo, de un modo equivalente, en una concepción alternativa de la calidad institucional, que solo podía entenderse a partir de incorporar los derechos en el campo social. Esta reformulación conceptual contrastaba con el relato neoliberal, cuyas reformas, auspiciadas por el FMI, “condenaban” a “millones de argentinos” al “hambre” y a la “pobreza”, y solo favorecían a los “intereses” de los “bancos”. Frente a aquella Argentina para “unos pocos”, que se basaba en el “hambre permanente”, con el exitoso modelo de país del kirchnerismo ahora podía “educarse”, “trabajar”, “comer” y se respetaban los “derechos humanos”. Como señalaba Kirchner, no existía mayor calidad institucional que tener acceso a estos derechos sociales y humanos básicos:

Cuando algunos hablan de calidad institucional ¡Calidad institucional! Señores, para construir la calidad institucional que estamos construyendo, y claro que estamos partiendo de menos cincuenta, no hay mayor calidad institucional que poder educarse, poder trabajar, poder comer, poder tener libertad, poder tener respeto a los derechos humanos, poder tener derecho a trabajar, poder tener derecho a soñar. ¿De qué calidad institucional me hablan? ¿De esa Argentina que votaba las leyes que pedía el Fondo, de esa Argentina que condenó a millones de argentinos a la pobreza, de esa Argentina que condenó a nuestros jubilados al hambre permanente, después de haber trabajado una vida, de esa Argentina que trabajó y generó leyes para salvar a los bancos, sobre los argentinos? Todos ustedes lo saben y lo saben los argentinos. ¿Esa es la calidad institucional? ¿La calidad institucional con acuerdos entre amigos para tratar de forzar y salvar intereses de unos pocos contra los intereses de muchos?

Pero el presidente, además, incluía algunos elementos liberal-republicanos adicionales en el lado interno de la frontera política. En respuesta a las críticas de la oposición frente a la falta de calidad institucional, Kirchner recordaba que durante su gobierno se había modificado la Corte Suprema y se había concluido con la “mayoría automática” que caracterizaba a los años noventa. La modificación de la Corte Suprema de 2003 era situada por el presidente como una muestra más del fortalecimiento de la “calidad institucional” de su gestión: “¿De qué estamos hablando de calidad institucional cuando hablamos, de la Corte Suprema que teníamos o de cómo se movían las corporaciones de jueces, que todavía algunos lo siguen haciendo, esa era la calidad institucional?”. El contraste entre la Corte Suprema de los noventa, con su modo de funcionamiento “corporativo”, y la actual y prestigiosa composición, junto con la reformulación ideológica del concepto de “calidad institucional”, le permitían descalificar uno de los ejes del discurso opositor y, al mismo tiempo, relegitimarse ante la ciudadanía. Acto seguido, Kirchner destacaba como un nuevo logro de su gobierno el restablecimiento de “una Argentina plural y diversa”. Ello fortalecía la articulación de una veta liberal-republicana, a su discurso de matriz nacional-popular.

9. La modalidad enunciativa de Kirchner: el estilo informal, el ethos de la convicción y la estrategia discursiva de la coherencia entre el decir y el hacer

Desde el nivel enunciativo del discurso, Kirchner exhibía una imagen pública descontracturada, informal y rebelde, con un estilo polémico y pasional que era afín a la construcción de lo que Soledad Montero definió como un “ethos militante” setentista (Montero, 2012). Esta imagen pública era coherente con la construcción biográfica de un discurso crítico al neoliberalismo que se remontaba a los años noventa. La estética rebelde y desprolija de Kirchner se escenificó en el juego inaugural con el bastón presidencial, el uso del traje desabrochado y la relación de cercanía y proximidad con los sectores populares que habían ido a apoyarlo en su asunción presidencial de 2003.

En su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo de 2007, se observa este estilo informal, expresado en un empleo asiduo de frases del género coloquial:

Yo el día que llegué a la Casa de Gobierno, el 26 de mayo de 2003, a gobernar ya, después de 25 de mayo, ya me había pasado el 25 de mayo que, cuando cerré la puerta y me quedé con Cristina y mis hijos dije: “¿Y ahora qué?.

“Tanto dudan de los índices (de inflación) ahora. No sé si era cierto o no que bajaba el 0,2, ¡vaya a saber, qué se yo!”.

Sobre la deuda del Club de París nos dicen: “tienen que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que puedan pagar la deuda con el Club de París”. Nosotros les dijimos: “señores, nosotros somos soberanos; nosotros queremos pagar la deuda del país, pero “de acá que vamos a volver a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional; bajo ningún sentido, bajo ningún aspecto.

En el marco del ethos militante de Kirchner, otro aspecto que definía a su discurso era la recuperación de la lucha por los ideales y la militancia política de los años 70. En el discurso ante la Asamblea, se hace presente esta ética de la convicción, que valora como aspectos centrales del político la firmeza de las convicciones personales y la coherencia en defensa de los ideales y la lucha por los intereses de la patria y del pueblo: “Damos estas luchas por convicciones e ideas y ustedes lo saben bien.”.

Yo no sabía si iba a durar un día, dos, tres o cuatro, pero siempre lo dije y lo diré: nunca en mí iban a ver un presidente renunciando, claudicando o escapándose en helicóptero, sino luchando allí, desde ese sillón que me había dado el pueblo argentino para pelear por los intereses de la patria.

Un tercer elemento de la enunciación política reenvía a la transparencia de sus enunciados. En el marco de su estilo militante y sus convicciones personales, Kirchner se mostraba transparente en sus intenciones: “Es hora de que las cosas sean expresadas con absoluta claridad.”.

El recuento de los datos socioeconómicos positivos y de ciertos hechos de gobierno realizados desde su llegada al poder, en los que se había enfrentado, sin temor ni vacilación, a los poderes de turno, cumpliendo con lo expresado en su asunción presidencial, le permitían mostrar y demostrar ante su audiencia una concordancia y continuidad histórica entre sus dichos y sus hechos. La tarea de (su) gobierno era vinculada, así, a una expresión “muy fuerte de coherencia”. De este modo, mediante la interacción dialéctica del discurso enunciado, los hechos realizados y los resultados obtenidos, Kirchner reforzaba la legitimidad de su dispositivo de enunciación. Este dispositivo se centraba en el valor de mantener en el tiempo la “coherencia” ideológica entre el decir y el hacer. A partir de los hechos consumados, y más allá de los errores cometidos, Kirchner demostraba “honestidad intelectual” en defensa de los intereses de la “gente” y de la Nación:

Desde el primer discurso que pronunciamos en este recinto, cuando asumí el 25 de mayo de 2003, y mirando los hechos, me resulta evidente que en nuestro caso gobernar, más allá de los aciertos y errores propios de toda tarea humana, perfectible, ha sido una muestra muy fuerte de coherencia. Confrontar lo dicho con lo hecho exige honestidad intelectual por parte de quien lo ha dicho, pero también por parte de los que se dedican a criticar. Nosotros siempre elegimos ponernos del lado de los intereses de la gente, y en cada solución nos desvelan los resultados que obtendremos en esta lucha por recuperar un país. Así gobernamos y los hechos demuestran que el estado de la nación ha mejorado ostensiblemente en todos estos años.

Mediante esta estrategia de legitimación con base en los hechos consumados, Kirchner realizaba, implícitamente, una doble ruptura. Por un lado, a partir de la muestra de una coherencia ideológica que se mantenía en el tiempo, se alejaba de las mentiras, las promesas traicionadas y los “dobles discursos” vinculados a los gobiernos de Alfonsín (“Con la democracia se come, se cura y se educa”, “La casa está en orden”), Menem (“Revolución productiva” y “Salariazo”), De la Rúa (“Voy a terminar con esta fiesta para unos pocos”) y Duhalde (“El que depositó pesos recibirá pesos, el que depositó dólares recibirá dólares”). De este modo, luego del reclamo popular exigiendo “que se vayan todos” de 2001, procuraba revalorizar el desprestigiado papel de la palabra política y, de este modo, recuperar el lazo de confianza con la ciudadanía. Por el otro, recuperaba el valor de la militancia política, la lucha por los ideales colectivos y la rebeldía popular de la juventud, confrontando con la corrección política, la formalidad institucional, la sumisión a los poderes de turno y el desprestigio de la lucha política, que caracterizaron a los gobiernos neoliberales de Menem y De la Rúa.

10. Transformaciones y algunas continuidades político-ideológicas entre De la Rúa y Kirchner (2001-2007)

Al comparar los ejes centrales del discurso de De la Rúa y de Kirchner ante la Asamblea Legislativa, podemos observar fuertes contrastes desde el contenido y la forma enunciativa:

10.1 Contrastes en el contenido del discurso

a) Significantes y cadenas equivalenciales clave

De la Rúa presenta un discurso ortodoxo-neoliberal que se basa en el objetivo de la estabilidad macroeconómica, encadenado al crecimiento. Este discurso ortodoxo se articula a las reformas estructurales en el Estado para reducir el gasto público, generar eficiencia y transparencia, aumentar la competencia y atraer inversiones externas.

Kirchner, en cambio, presenta un discurso heterodoxo, desde una matriz nacional-popular que asume una defensa del rol activo del Estado. Este discurso articula el crecimiento económico con una activa política de inversión pública y social para promover el desarrollo nacional, incrementar los salarios, defender el trabajo, la producción nacional, el mercado interno, y fomentar la solidaridad y la inclusión social.

De la Rúa defiende las reformas y ajustes estructurales del paradigma neoliberal y relega los problemas sociales, adoptando una visión economicista y eficientista de la gestión estatal y una concepción asistencialista y focalizada de la cuestión social.

Kirchner, en contraste, critica el eficientismo neoliberal y articula de forma orgánica las políticas económicas con la problemática social, a partir del rol central del Estado.

En el marco de la fuerte crítica a la ortodoxia neoliberal, Kirchner cuestiona al mito del derrame promovido por el FMI y los economistas tecnocráticos.

De la Rúa, en cambio, adopta la mítica teoría del derrame, subordina los problemas sociales al crecimiento económico y la confianza del sector privado, y sitúa, en un futuro indefinido, el derrame de las riquezas para los sectores más humildes.

Mientras que De la Rúa asume una visión liberal-individualista en defensa de la iniciativa privada, Kirchner asume una concepción alternativa que defiende los derechos sociales y los logros colectivos.

b) Construcción de la alteridad política

Kirchner exhibe una mayor presencia y explicitación del componente de la alteridad. La alteridad se personifica en los economistas tecnocráticos y en los gerentes del FMI, encadenados a la defensa de intereses particulares, corporativos y antipopulares del establishment. Por momentos, incluye dentro de la alteridad a los periodistas de los medios de comunicación opositores.

De la Rúa, en cambio, no explicita a los contradestinatarios en términos de actores políticos concretos. La alteridad se reduce a la lucha contra la corrupción, la burocracia, la ineficiencia y la falta de transparencia del Estado.

En el marco del punto anterior, el discurso de Kirchner privilegia la dimensión constitutiva del antagonismo.

De la Rúa, en cambio, prioriza una forma más consensualista y dialoguista, que adopta un discurso típicamente institucionalista (Laclau, 2005), de matriz liberal-republicano.

c) Tópicos de debate problematizados

En el discurso de De la Rúa, adquiere centralidad la inserción al orden internacional a partir de un discurso pacifista y cosmopolita que promueve una política de inserción acrítica a la globalización, integración económica al ALCA y cumplimiento del pago de la deuda externa a los organismos multilaterales de crédito.

Kirchner, en contraste, adopta un discurso nacionalista y latinoamericanista que defiende lo nacional, prioriza las alianzas con los países del Mercosur, y cuestiona la política de endeudamiento con el FMI y las recetas neoliberales de subordinación a los intereses de los organismos multilaterales de crédito.

En consonancia con las ideas neoliberales, De la Rúa defiende una reforma fiscal para reducir el costo de la política y generar una modernización institucional que incremente la transparencia y eficiencia del sector público. Además, adopta un discurso moralista-republicano enfocado en la corrupción de la “clase política”.

Kirchner, en cambio, no incluye contenidos morales asociados a la lucha contra la corrupción, ni refiere a los temas de transparencia, recorte de gastos y modernización institucional del Estado.

d) Uso de los colectivos de identificación

Kirchner apela a colectivos de identificación como el pueblo, la patria, los trabajadores y la defensa de los intereses nacionales. También, emplea una “cita de autoridad” (Maingueneau, 1976) a la figura de Perón.

De la Rúa, en cambio, apela a metacolectivos más amplios, como los argentinos y la República, y no emplea citas de autoridad.

10.2. Contrastes en la enunciación política

De la Rúa expresa un estilo verbal y una imagen visual de carácter formal, racional, austero, serio y dialoguista. Presenta una lógica discursiva centrada en el consenso, el diálogo mesurado y el respeto a los procedimientos institucionales.

Kirchner, en contraste, expresa un estilo verbal y visual informal, descontracturado, pasional y rebelde, y apela a un género coloquial y de proximidad. Presenta un estilo confrontativo y militante que acentúa la dimensión polémica y el uso de la ironía como arma política.

De la Rúa presenta una modalidad enunciativa deontológica desde un tono moralista, antes que estrictamente político (en un sentido schmittiano).

Kirchner, en cambio, presenta una modalidad enunciativa centrada en los aspectos programáticos y con una acentuación típicamente política (en un sentido schmittiano).

De la Rúa se legitima a través de un ethos austero y responsable, y la apelación al deber moral para resguardar la república, que se articula con la defensa de políticas de austeridad fiscal y reforma del Estado.

Kirchner, en cambio, escenifica un ethos de la convicción personal, que se legitima en la permanencia temporal de una coherencia ideológica entre el decir y el hacer, y en la firmeza de las convicciones políticas en defensa de los intereses nacionales y populares.

10.3. Algunas continuidades en el contenido de los discursos presidenciales de De la Rúa y Kirchner

Junto con las profundas diferencias y contrastes en el contenido y en la forma enunciativa, hallamos también algunas continuidades parciales en el léxico de De la Rúa y Kirchner. Ambos presidentes, en primer lugar, presentan en sus alocuciones fuertes componentes económicos. En ese marco, pese a los contrastes entre el discurso ortodoxo y de matriz tecnocrática de De la Rúa y la heterodoxia kirchnerista, los dos mandatarios comparten la valoración positiva del equilibrio comercial y fiscal, la estabilidad macroeconómica y el objetivo del crecimiento.

En ambos discursos, además, aparecen mencionadas algunas cuestiones sociales similares, como la importancia de generar empleo y el objetivo de la eliminación de la pobreza, la marginalidad y la desocupación. Sin embargo, De la Rúa asume como respuesta a este problema la necesidad de profundizar las reformas y ajustes estructurales del paradigma neoliberal y una mayor eficiencia en el Estado.

Kirchner, en cambio, vincula las problemáticas sociales con el rol central del Estado en la distribución equitativa del ingreso, la creación de trabajo de calidad y el desarrollo en infraestructura, seguridad social, ciencia y tecnología, para promover la inclusión social de las mayorías populares[29]. De este modo, aunque ambos discursos comparten la importancia del equilibrio macroeconómico (estabilidad y superávits gemelos) y ciertos objetivos sociales, Kirchner realiza una articulación orgánica entre los aspectos económicos y los problemas sociales, a través del rol central del Estado, mientras que De la Rúa disyunta estos elementos, siguiendo una matriz ideológica neoliberal.

Un segundo eje en común es la defensa de la “calidad institucional”. Sin embargo, De la Rúa lo encadena a un discurso moralista de lucha contra la corrupción que se combina con la necesidad de sancionar reformas neoliberales inscriptas dentro del Consenso pos-Washington

Kirchner, en cambio, desarticula el significante calidad institucional de su relato neo-institucionalista sedimentado, para criticar a las políticas neoliberales, y luego lo rearticula a un discurso nacional-popular. Este discurso heteroglósico (Bajtín, 1982) extiende los significados de la calidad institucional de la división de poderes a la recuperación del lazo representativo entre los políticos y el pueblo y las politicas públicas del kirchnerismo tendientes a la inclusión social de las mayorías populares.

11. A modo de conclusión

Realizamos un análisis comparado de los discursos de apertura ante la Asamblea Legislativa de De la Rúa y Kirchner, entre el 2001 y el 2007, lo que nos permitió observar fuertes contrastes entre ambos discursos. Mientras que De la Rúa procuraba emprolijar institucionalmente al menemismo y radicalizar su modelo económico y social, manteniendo incuestionado el núcleo nodal de la hegemonía neoliberal asentado en la Convertibilidad, Kirchner construía un discurso alternativo, desde un paradigma heterodoxo que reivindicaba el valor transformador de la política sobre la tecnocracia neoliberal y los intereses de los poderosos, para beneficiar a las mayorías populares. En contraste con el discurso ortodoxo de De la Rúa de Estado subsidiario, ajuste fiscalista recesivo, despolitización de la economía y autonomización de la cuestión social, Kirchner asumía la primacía de la voluntad política y el rol central del Estado en la regulación del mercado y la inclusión social. De la Rúa adoptaba un discurso neoliberal que desarticulaba y desjuntaba lo político, lo económico y lo social. En cambio, para Kirchner, lo económico no podía ser entendido de forma desconexa de las problemáticas sociales más acuciantes, y ambos elementos se articulaban a la centralidad de la decisión política. En este sentido, frente al mito de la teoría del derrame y el objetivismo de los tecnócratas neoliberales, Kirchner criticaba la visión gerencial y reivindicaba la voluntad política, a través del papel activo del Estado. El Estado, en sinergia con la inversión privada, debía fomentar un crecimiento con equidad social y defender los derechos fundamentales de las mayorías populares, promoviendo la redistribución progresiva del ingreso y garantizando altos salarios para los trabajadores y pleno empleo, en lugar de priorizar los intereses particulares de los gerentes del FMI y los economistas tecnocráticos del establishment.

Desde el lado enunciativo, el contraste entre ambos discursos se potenciaba. De la Rúa presentaba un estilo formal, austero, serio y dialoguista, en defensa del consenso, el diálogo y el respeto a los procedimientos institucionales. Además, asumía una modalidad deontológica que se legitimaba desde un ethos austero y la apelación a una ética de la responsabilidad, y adoptaba un tono moralista, antes que estrictamente político (en un sentido schmittiano). Kirchner, en cambio, expresaba un estilo informal, rebelde y descontracturado y apelaba al género coloquial. El líder santacruceño asumía una estrategia hiperconfrontativa que presentaba un estilo político militante, acentuaba la dimensión polémica y el componente de la alteridad del discurso político, sin incorporar referencias de tipo moral. Este discurso se legitimaba a través de un ethos de la convicción que se apoyaba en la permanencia en el tiempo de una coherencia ideológica y la firmeza de las convicciones políticas en defensa de los intereses nacionales y populares, frente a la subordinación a los intereses corporativos y la claudicación ideológica de los gobiernos neoliberales de Menem y De la Rúa.

En el tramo final, examinamos los aspectos convergentes entre ambos discursos. Pese a sus fuertes contrastes, encontramos algunas convergencias parciales. En primer lugar, los dos mandatarios incluían en sus alocuciones numerosos tópicos económicos relacionados con la defensa de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del PBI. Sin embargo, mientras que De la Rúa asumía un discurso ortodoxo-neoliberal, Kirchner defendía un discurso heterodoxo de mixtura neodesarrollista/nacional-popular. Este discurso integraba los objetivos macroeconómicos de estabilización con el papel central del Estado en el desarrollo productivo, científico y tecnológico, y la inclusión social de las mayorías populares. Kirchner, además, presentaba una intensa batalla ideológica contra el paradigma ortodoxo que cuestionaba radicalmente su visión sobre la inflación, el rol del Estado, la inversión pública, la inserción internacional, el papel del FMI y de los economistas tecnocráticos.

En segundo término, encontramos algunas referencias convergentes en defensa de la calidad institucional, la división de poderes y el respeto a la pluralidad social. Sin embargo, mientras que De la Rúa encadenaba los aspectos institucionales a las reformas neoliberales del Consenso pos-Washington, Kirchner asumía un discurso heteroglósico en el que la defensa de la calidad institucional solo podía comprenderse en función de la intervención activa del Estado para resolver las problemáticas sociales acuciantes, proteger los intereses nacionales y populares y reconstruir el lazo representativo entre los políticos y la sociedad civil.

Los numerosos éxitos en materia económica y social, materializados en el recuento de los indicadores positivos de expansión industrial, creación de puestos de trabajo, reducción de la pobreza, la indigencia y los índices Gini de desigualdad social, fortalecían la legitimidad de este discurso K de ruptura radical frente al pasado neoliberal. En contraste, De la Rúa, en condiciones de profunda recesión económica y creciente desempleo y marginalidad social, solo podía apelar a un ethos de la responsabilidad moral para justificar un mayor ajuste de las cuentas públicas y prometer un futuro venturoso en el que, pronto, se alcanzaría el fantasioso “derrame” del crecimiento de los ricos hacia los trabajadores. Sin embargo, el único derrame que llegaría sería el de la sangre de las protestas populares del 19 y 20 de diciembre de 2001, que culminarían con la renuncia de De la Rúa y el fin del experimento neoliberal de la Alianza.

Bibliografía

Aboy Carlés, Gerardo (2001). Las dos fronteras de la democracia argentina: La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem. Rosario: Homo Sapiens.

Bajtín, Mijáil (1982). Estética de la creación verbal. México DF: Siglo XXI.

Baldioli, Alberto y Leiras, Santiago (2012a). “¿El fin de un ciclo? La Presidencia de Eduardo Alberto Duhalde (2002-2003)”. En Leiras, Santiago (comp.). Democracia y estado de excepción. Argentina, 1983-2008. Buenos Aires: Prometeo.

Baldioli, Alberto y Leiras, Santiago (2012b). “De Néstor C. Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner: ¿un cambio ideológico dentro de la continuidad?”. En Leiras, Santiago (comp.). Democracia y estado de excepción. Argentina, 1983-2008. Buenos Aires: Prometeo.

Barros, Mercedes (2012). “Los derechos humanos, entre luchas y disputas”. En Bonetto, María Susana y Martínez, Fabiana (comps.). Política y desborde. Córdoba: Eduvim.

Barros, Sebastián (2002). Orden, democracia y estabilidad: Discurso y política en la Argentina entre 1976 y 1991. Córdoba: Alción.

Bembi, Mariela y Nemiña, Pablo (2007). Neoliberalismo y desendeudamiento. La relación Argentina-FMI. Buenos Aires: Capital Intelectual.

Bercholc, Jorge y Bercholc, Diego (2012). Los discursos presidenciales en la Argentina democrática 1983/2011. Buenos Aires: Lajouane.

Charosky, Hernán (2002). “Honestos y audaces”. En AA.VV., El derrumbe político en el ocaso de la Convertibilidad. Buenos Aires: Norma.

Cheresky, Isidoro (2003). “Las elecciones nacionales de 1999 y 2001”. En Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean Marie (comps.). De la ilusión reformista al descontento ciudadano. Rosario: Homo Sapiens.

Dikenstein, Violeta y Gené, Mariana (2014). “De la creación de la Alianza a su vertiginosa implosión”. En Pucciarelli, Alfredo y Castellani, Ana (coords.). Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal. Buenos Aires: Siglo XXI, pp. 35-79.

Etchemendy, Sebastián (2012). “El sindicalismo argentino en la era postliberal”. En Malamud, Andrés y De Luca, Miguel (coords.). La política en tiempos de Kirchner. Buenos Aires: EUDEBA.

Fabbrini, Sergio (2009). El ascenso del Príncipe democrático. Buenos Aires: FCE.

Fair, Hernán (2009). “Ciudadanía, representación y liderazgo. Apuntes del caso argentino acerca de un vínculo indestructible”. Pensares, 5, 247-267.

Fair, Hernán (2012). “El discurso neodecisionista de Carlos Menem: del caos económico, político y social, a la estabilidad y la recuperación del orden público”. En Leiras, Santiago (comp.). Democracia y estado de excepción. Argentina, 1983-2008. Buenos Aires: Prometeo.

Fair, Hernán (2013). “La dinámica de la consolidación de la hegemonía neoliberal y del liderazgo menemista en la Argentina (1993-1995)”. Papel político, 18 (2), 437-477.

Fair, Hernán (2014). “Los debates en torno al núcleo central de la hegemonía neoliberal en la Argentina. Los casos de la Convertibilidad y la devaluación”. Política y Sociedad, 51(3), 725-753.

Fair, Hernán (2016). “Del peronismo nacional-popular al peronismo neoliberal. Transformaciones de las identidades políticas en la Argentina menemista”. Colombia internacional, 86, 107-136.

Fair, Hernán (2017). “La construcción político-discursiva del liderazgo de Fernando de la Rúa en la última etapa de su gobierno”. SAAP, 11 (1), 69-102.

Forster, Ricardo (2013). La anomalía kirchnerista. Buenos Aires: Planeta.

Gaggero, Alejandro; Wainer, Andrés, y Schorr, Martín (2014). Restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo. Buenos Aires: Crisis.

Gargarella, Roberto (2012). “Notas sobre kirchnerismo y justicia”. En Andres Malamud y Miguel De Luca (coords.). La política en tiempos de Kirchner. Buenos Aires: EUDEBA.

Guiñazú, María Clelia (2000). “Del consenso de Washington al consenso de Santiago”. Política y Gestión, 7, 79-95.

Incarnato, Florencia y Vaccaro, Victoria (2012). “De la Rúa: los días en el poder de un líder que no supo ser. Victoria y fracaso de la Alianza”. En Leiras, Santiago (comp.). Democracia y estado de excepción. Argentina, 1983-2008. Buenos Aires: Prometeo.

Laclau, Ernesto (1993). Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Buenos Aires: Nueva visión.

Laclau, Ernesto (2005). La razón populista. Buenos Aires: FCE.

Laclau, Ernesto y Mouffe, Chantal (2004). Hegemonía y estrategia socialista. Buenos Aires: FCE.

Leiras, Santiago (2009). El Cono Sur y sus líderes durante los años´90. Buenos Aires: Lajouane.

Leiras, Santiago (2015). “¿Continuidad o cambio? Diez años de kirchnerismo en la Argentina”. En su América del sur en los comienzos del nuevo milenio: entre la continuidad y el cambio. Buenos Aires: EUDEBA.

Maingueneau, Dominique (1976). Initiation aux méthodes de l´analyse du discours. Paris: Hachette.

Mauro, Sebastián y Rossi, Federico (2012). “Entre la plaza y la Casa Rosada. Diálogo y confrontación entre los movimientos sociales y el gobierno nacional”. En Malamud, Andrés y De Luca, Miguel (coords.). La política en tiempos de Kirchner. Buenos Aires: EUDEBA.

Montero, Ana Soledad (2012). ¡Y al final un día volvimos! Los usos de la memoria en el discurso kirchnerista. Buenos Aires: Prometeo.

Morresi, Sergio (2007). “¿Más allá del neoliberalismo? Estado y neoliberalismo en los años ´90”. En Rinesi, Eduardo et al. (eds.). Los lentes de Víctor Hugo. Buenos Aires: Prometeo-UNGS, pp. 117-150.

Novaro, Marcos (2000). Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas. Rosario: Homo Sapiens.

Novaro, Marcos (2012). “La cultura política y el sentido común bajo el kirchnerismo”. En Malamud, Andrés y De Luca, Miguel (coords.). La política en tiempos de Kirchner. Buenos Aires: EUDEBA.

Ollier, María Matilde (2001). Las coaliciones políticas en la Argentina. El caso de la Alianza. Buenos Aires: FCE.

Pucciarelli, Alfredo y Castellani, Ana (2014). “Introducción. Los años de la Alianza: transformación de la crisis de acumulación en crisis orgánica”. En Pucciarelli, Alfredo y Castellani, Ana (coords.), Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal. Buenos Aires: Siglo XXI.

Schuster Federico et.al. (2006). “Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003”. Documento de Trabajo N.° 48. Buenos Aires: IIGG.

Schvarzer, Jorge (2003). Convertibilidad y deuda externa. Buenos Aires: EUDEBA.

Thwaites Rey, Mabel (2003). La (des)ilusión privatista: El experimento neoliberal en la Argentina. Buenos Aires: EUDEBA.

Varesi, Gastón (2013). “Apuntes sobre la acumulación de capital durante la posconvertibilidad”. En Grigera, Juan (comp.). Argentina después de la Convertibilidad (2002-2011). Buenos Aires: Imago Mundi.

Verón, Eliseo (1987). “La palabra adversativa”. En AA.VV., El discurso político. Lenguaje y acontecimientos. Buenos Aires: Hachette.

Vilas, Carlos María (1997). “De ambulancias, bomberos y policías. La política social del neoliberalismo”. Desarrollo económico, 36, 931-952.

Wainer, Andrés (2013). “Cambios en el bloque en el poder a partir del abandono de la Convertibilidad. ¿Una nueva hegemonía?”. En Grigera, Juan (comp.). Argentina después de la Convertibilidad (2002-2011). Buenos Aires: Imago Mundi.

Zelaznik, Javier (2012). “Las coaliciones kirchneristas”. En Malamud, Andrés y De Luca, Miguel (coords.). La política en tiempos de Kirchner. Buenos Aires: EUDEBA.

Zizek, Slavoj (1992). El sublime objeto de la ideología. Buenos Aires: FCE.

Otras fuentes

Diarios Clarín, La Nación y Página/12.

Discurso ante la Asamblea Legislativa de Fernando de la Rúa del 1 de marzo de 2001, 119.a apertura de sesiones parlamentarias. URL: https://bit.ly/2VZniJf .

Discurso ante la Asamblea Legislativa de Néstor Kirchner del 1 de marzo de 2007, 125.a apertura de sesiones parlamentarias. URL: https://bit.ly/3bBOdle.

Spots publicitarios de De la Rúa. URL: https://bit.ly/354DBJ7 y https://bit.ly/3aE5jxe.


  1. UBA-UNQ-CONICET. Correo electrónico: hernanfair@conicet.gov.ar.
  2. Para un análisis en esta línea del liderazgo político de Menem, véase Fair (2012, 2013, 2017).
  3. Agradezco a Santiago Leiras por haberme sugerido la lectura de este texto.
  4. El FREPASO fue constituido por “Chacho” Álvarez en diciembre de 1994, a partir de una alianza con José Octavio Bordón y estaba integrado por representantes del Frente Grande, PAIS, Democracia Cristiana, el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista Democrático (Ollier, 2001: 46).
  5. Fernández Meijide obtuvo el 48,3 % de los votos, frente al 41,3 % que alcanzó la esposa del gobernador de Buenos Aires. A nivel nacional, el PJ sumó 51 diputados y la Alianza 46 (ambos con el 36,3 % de los votos), a los que se sumaban 12 diputados de la UCR y 3 diputados del Frepaso, en aquellos distritos que no habían logrado acordar listas conjuntas (Córdoba, Chubut y Río Negro) (Ollier, 2001: 76-80).
  6. El spot puede consultarse en https://bit.ly/2AlUbZw.
  7. Véase https://bit.ly/2Y1fCZD.
  8. El eje cambio/continuidad (con sus variantes semánticas que lo asocian a significados como la transformación y lo vinculan al pasado o al futuro y a diferentes grados de cambio posibles/necesarios) ha sido una constante de las campañas Presidenciales desde el retorno de la democracia hasta el presente.
  9. La fórmula De la Rúa-“Chacho” Álvarez obtuvo el 48,50 % de los votos a nivel nacional, frente a 38,09 % de la dupla conformada por Duhalde y Ramón “Palito” Ortega. En tercer lugar, se ubicó el exministro de Economía, Domingo Cavallo (Acción por la República), con el 10,09 % de los votos (Leiras, 2009: 114).
  10. Ruckauf, con el apoyo de las boletas de Acción por la República (5,8 %) y la Ucedé (5,0 %), obtuvo el 48,3 % de los votos, frente a 41,4 % de Fernández Meijide. Cabe destacar que en solo 6 casos se eligió al ejecutivo provincial el mismo día que el presidente, mientras que en otras 16, las elecciones fueron anteriores. Además, en Neuquén triunfó un partido provincial, Corrientes se hallaba intervenida, y la Ciudad de Buenos Aires recién eligió a su jefe de Gobierno en mayo de 2000 (Cheresky, 2003: 22 y 37).
  11. El proyecto de ley, enviado al Congreso el 18 de enero de 2000, modificaba la Ley de Contrato de Trabajo 20744 y las leyes de Convenciones Colectivas de Trabajo 14250, 23545 y 23546, suprimiendo el control de los sindicatos sobre el régimen de Seguridad Social (Incarnato y Vaccaro, 2012: 189 y 197).
  12. Lo seguirían en esta decisión Rodolfo Terragno, quien abandonó la Jefatura de Gabinete y Ricardo Gil Laavedra, quien se fue de su cargo de Ministro de Justicia (Incarnato y Vaccaro, 2012: 199-200).
  13. El 18 de diciembre de 2000, el gobierno de De la Rúa acordó con los organismos multilaterales de crédito un financiamiento de aproximadamente 40.000 millones de dólares, conocido como el Blindaje, para garantizar el mantenimiento del 1 a 1. El préstamo fue condicionado al congelamiento del gasto primario nacional y provincial por cinco años, la reducción del déficit fiscal, el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años y la eliminación de la Prestación Básica Universal (Dikenstein y Gené, 2014: 61-62). Según expresaba en ese entonces el presidente, el Blindaje “será el inicio del despegue de la economía” (Clarín, 18/12/2000).
  14. Estas políticas convergen con las ideas de la Teoría de la Elección Pública (Public Choice Theory) de la Escuela de Virginia (liderada por Buchanan y Tullock). Las ideas de esta escuela, a través del diagnóstico del Banco Mundial, ejercieron una notable influencia durante la segunda mitad de los años noventa y, en particular, durante la Presidencia de De la Rúa. Véase Morresi (2007: 125 y ss.).
  15. Esta modalidad deontológica también se hallaba presente en su discurso de apertura de sesiones parlamentarias de 2000, cuando De la Rúa sostenía que “No estoy aquí para hacer las cosas que me gustan, sino las necesarias” (La Nación, 02/03/2000).
  16. Este estilo dialógico y consensualista mantiene una continuidad con el discurso de apertura de sesiones de 2000, cuando De la Rúa afirmaba que “La única forma de progreso que tiene el sistema democrático es el entendimiento, la comprensión y el respeto recíproco entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Si nos enfrentamos, el sistema se paraliza” (La Nación, 02/03/2001).
  17. En el marco de deudas provinciales, por un total de 2 300 millones de dólares, por regalías mal liquidadas, Kirchner apoyó la privatización de YPF bajo la promesa del Gobierno Nacional de pagarle a Santa Cruz un porcentaje del 10 % en concepto de bonos de regalías hidrocarburíferas (Página 12, 22/04/93, p. 10).
  18. Frente al peligro que Menem se valiera del apoyo de la Corte Suprema para buscar una segunda reelección, prohibida por la Constitución Nacional, Duhalde convocó para el 13 de septiembre de 1998 a un plebiscito popular en la provincia de Buenos Aires para expresarse en torno a la posibilidad de la reelección de Menem. Frente a la amenaza de ser derrotado en las urnas, y luego de haber intentado sin éxito el apoyo a una reforma constitucional por la vía parlamentaria, Menem decidió renunciar a su presentación a una “re-reelección” Presidencial (Ollier, 2001: 103-105; Leiras 2009: 113).
  19. Los otros candidatos eran el empresario de centroderecha Ricardo López Murphy (Movimiento Federal RECREAR), quien obtuvo el 16, 35 % de los votos, la dirigente Elisa Carrió (Alternativa para una República de Iguales) que alcanzó un 14,15 % de los votos, y el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular), quien obtuvo el 14,12 % de los sufragios. Además, hubo un 7,97 % de votos para otros partidos y un 1,08 % de sufragios en blanco o impugnados (Leiras, 2015: 241).
  20. En Diputados, el PJ contaba con 114 bancas frente a 61 de la UCR, y en Senadores, 63 escaños, contra solo 16 del radicalismo.
  21. El índice salarial se incrementó casi un 200 % entre diciembre de 2003 y junio de 2007, mientras que la desocupación se redujo del 20 % al 7,5 %, y la pobreza e indigencia del 50,0 % a 29,2 % y del 24,1 % al 10 %, respectivamente (Clarín, 27/10/07). Además, durante el mismo período, la economía y el consumo privado crecieron a índices cercanos al 9 % anual, al tiempo que se crearon más de 3 millones de puestos de trabajo y se redujeron los índices de empleo informal en un 10 % (Clarín, 28/02/08 y 19/03/08; Clarín Suplemento “iEco”, 02/03/08 y 23/03/08).
  22. No nos centraremos aquí en el debate sobre si el modelo de acumulación del kirchnerismo es neokeynesiano y/o neodesarrollista, así como tampoco en sus límites y contradicciones. Al respecto, véase Wainer (2013).
  23. Otros autores, sin embargo, se han referido a la estrategia kirchnerista de cooptación política de los organismos de Derechos Humanos (Novaro, 2012). También se ha destacado la omisión del kirchnerismo de los avances realizados en este campo durante el gobierno de Alfonsín, como la creación de la CONADEP y la condena a la Junta militar (Leiras, 2015: 247).
  24. En las elecciones legislativas de 2005, el Frente para la Victoria (FPV) obtuvo el 38 % de los votos a nivel nacional. Además, sumó 108 diputados (42 %) frente a solo 31 del espacio duhaldista/menemista/adolfista (12 %), y en la provincia de Buenos Aires, la lista encabezada por Cristina Fernández (esposa del presidente) venció al PJ oficial, liderado por Hilda González de Duhalde (Zelaznik, 2012: 99-103).
  25. El índice Gini, que era del 54,7 en el año 2003, se redujo a 47,7 durante el 2006, y 47,4 en el 2007 (con base a datos de Leiras, 2015: 246).
  26. Recordemos que, durante el menemismo, se había privatizado todo el sistema de ferrocarriles. Al respecto, véase Thwaites Rey (2003).
  27. Sobre las características ideológicas de la escuela monetarista de Chicago, véase Morresi (2007).
  28. La crisis de representatividad política, que se puso de manifiesto en el denominado voto bronca de las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001, estallaría poco después, luego de que el 1 de diciembre el gobierno de De la Rúa instaurara una restricción forzada de los ahorros (corralito) que conduciría a masivas movilizaciones sociales a Plaza de Mayo exigiendo la renuncia del ministro de Economía y del propio presidente, materializadas tras las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
  29. Mientras que De la Rúa menciona el significante crecimiento 15 veces, siendo asociado con frecuencia a valores como la competitividad (8 menciones), la competencia (5 menciones) y la productividad (4 menciones), Kirchner enuncia este significante en 48 ocasiones. Sin embargo, lo adosa a otros significados, como el trabajo (29 menciones) y la inclusión social (9 menciones).


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