Silvia Maria Fávero Arend

Introducción

Desde el período de la dictadura militar brasileña, iniciada en 1964, niños, niñas y adolescentes se convirtieron en figuras destacadas de los debates realizados en el parlamento brasileño. A diferencia de otros países latinoamericanos, durante el mencionado régimen dictatorial el parlamento brasileño continuó realizando actividades legislativas ante la acción de dos partidos políticos. El partido político Alianza Renovadora Nacional (ARENA) fue formado por políticos que apoyaban al régimen político dictatorial, mientras que el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) fue formado por personas que hacían una crítica moderada al escenario político establecido. Entre los temas debatidos por los parlamentarios federales en esa ocasión, se destacaron la reducción de la edad de responsabilidad penal y las formas para que una mayor porción de la población infantil y juvenil pobre brasileña pudiera acceder a la educación escolar pública.

Ante una serie de denuncias sobre violaciones de derechos humanos y la ineficacia de las políticas sociales implementadas principalmente por la Fundación Nacional de Bienestar del Menor (FUNABEM), en 1975 la Cámara de Diputados realizó una gran encuesta en 3953 municipios brasileños, según el historiador Daniel Alves Boeira (2014). El resultado de esa encuesta dio origen al documento “La Realidad Brasileña de los Menores”, que buscó identificar los principales problemas que enfrentaban más de 25 millones de niños y adolescentes pobres. Entre junio de 1975 y abril de 1976, en vista del documento citado, se creó la Comisión Parlamentaria de Investigación para el Problema de los Niños y Menores Necesitados en Brasil, que pasó a denominarse CPI do Menor. Las sesiones parlamentarias de la CPI do Menor estuvieron plagadas de tensiones, porque se disputaban visiones consideradas antagónicas en relación con la garantía de derechos a niños, niñas y adolescentes. El principal resultado de la CPI do Menor fue la aprobación por el parlamento brasileño de la Ley n.° 6697, el 10 de octubre de 1979, llamada Código del Menor de 1979. En esas discusiones triunfó el grupo político que rechazaba cualquier cambio a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que argumentaba que el Código del Menor de 1979 era mucho más duro con la población infantil y adolescente (especialmente con los que estaban en conflicto con la ley) que el anterior Código del Menor de 1927.

Al inicio del período de redemocratización, la cuestión de la infancia pobre brasileña estuvo presente en los debates realizados durante muchas sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que tuvo lugar entre 1987 y 1988 (Miranda, 2022). En este período de retorno al multipartidismo, la cuestión de las pésimas condiciones de vida de una parte significativa de los niños y adolescentes brasileños, así como el problema de la escolarización, estuvo presente en los programas de los partidos políticos, especialmente de los situados más a la izquierda. El movimiento Niños y Asamblea Constituyente, llevado adelante por movimientos sociales (con énfasis en el trabajo del Movimiento de Niños y Niñas de la Calle), partidos políticos de izquierda e instituciones civiles, resultó en la introducción de los artículos 227 y 228 en la ley federal. El artículo 227 dispone en la letra de la ley que el Estado brasileño, junto con la familia y la sociedad civil, debe garantizar los derechos de los niños y adolescentes a la vida, la salud, la alimentación, la educación, el ocio, la formación profesional, la cultura, la dignidad, el respeto, la libertad y la vida familiar y comunitaria. El artículo 228 reafirmó que las personas menores de 18 años de ambos sexos no eran penalmente responsables, tal como lo prescribía la legislación penal sancionada en 1940.

El escenario democrático de la década de 1980 en la sociedad brasileña fue escenario del movimiento que dio origen al Estatuto del Niño y del Adolescente, legislación aprobada el 13 de julio de 1990 que buscó reglamentar lo dispuesto en el citado artículo 227 de la Constitución Federal. Durante varios meses, parlamentarios federales de diferentes espectros políticos, bajo la supervisión de la diputada federal Rita Camata (Partido del Movimiento Democrático Brasileño [PMDB], Espírito Santo), debatieron las características de los derechos de los niños y adolescentes brasileños que debían ser garantizados, así como la forma en que estos serían implementados por el Estado y la sociedad civil. Posiblemente, desde la instauración del régimen republicano en 1889, este fue el momento histórico en que el tema de la infancia fue discutido con mayor énfasis por los diputados federales y senadores.

La referida legislación fue entendida en la época como un documento de carácter casi utópico, cuya aplicabilidad estaba condicionada a un conjunto de cambios sociopolíticos de gran escala en la sociedad brasileña que tardarían décadas en producirse. La jurista Ellen Rodrigues afirma lo siguiente sobre la legislación antes mencionada:

Cuando se publicó en 1990, la propuesta del ECA era romper con la noción de irregularidad y garantizar a todos los menores de dieciocho años la igualdad de oportunidades para ejercer su ciudadanía. El Estatuto fue elaborado como resultado del imperativo de detallar el sistema especial de protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, otorgándoles la condición de ciudadanos especiales, de conformidad con la Constitución de 1988, en razón de las peculiaridades de la personalidad infantil y adolescente. Además de regular las cuestiones relacionadas con los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las definiciones de los temas familiares (familia sustitutiva, guarda, adopción, tutela, entre otros temas importantes en el ámbito civil), el ECA regula la política social de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y familiar, estableciendo, para tal efecto, medidas de protección. En el caso de delitos penales, el ECA establece medidas socioeducativas que pueden combinarse con medidas de protección. (Rodrigues, 2021, p. 653)

En mayo de 1991, la cuestión de los niños y adolescentes pobres que viven en los grandes centros urbanos de Brasil fue nuevamente debatida por los miembros de la Cámara de Diputados. Denuncias realizadas por el Movimiento de Niños y Niñas de la Calle y otras entidades de la sociedad civil llevaron a la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación para investigar el exterminio de niños y adolescentes con base en una propuesta hecha por la diputada federal Benedita da Silva (Partido de los Trabajadores [PT], Río de Janeiro). Las investigaciones de parlamentarios federales sobre los “escuadrones” (generalmente formados por expolicías) que asesinaron a niños y adolescentes en las calles de las ciudades de Recife, Río de Janeiro, São Paulo y otras localidades del país tuvieron lugar entre 1991 y 1992 (Cardoso, 2020). La creación de una Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados de Brasil fue una de las recomendaciones realizadas por los parlamentarios federales que formaron parte de la citada CPI. Tres años después, en 1995, la Comisión de Derechos Humanos del parlamento brasileño se convirtió en una realidad.

Este capítulo busca analizar los cinco primeros informes emitidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil respecto a niños, niñas y adolescentes. Entendemos que el discurso sobre los derechos humanos relativos a la infancia tiene una gran significación en Brasil a raíz de las graves desigualdades sociales presentes en la sociedad desde hace mucho tiempo. Entendemos que esta significación temática contribuyó a que las acciones destinadas a la implementación de los derechos humanos en Brasil ocurrieran de forma más lenta. Entendemos también que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, junto con otras instituciones nacionales e internacionales, jugó un papel destacado en este proceso histórico.

Una Comisión de Derechos Humanos en el parlamento brasileño

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil fue creada el 31 de enero de 1995, con base en un proyecto de resolución propuesto por el diputado Nilmário Miranda, del Partido de los Trabajadores (PT), de Minas Gerais. Aunque fue creada en esa fecha, la comisión recién comenzó a operar en marzo del mismo año. Su creación está vinculada a acontecimientos importantes tanto en el ámbito internacional como nacional, lo que refleja la creciente preocupación por los derechos humanos en ese momento.

En el plano internacional, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados fue el resultado de las discusiones sostenidas en la Segunda Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Viena entre el 14 y el 25 de junio de 1993. El evento, que fue el más grande en el período pos Guerra Fría hasta ese momento, contó con la participación de 171 delegaciones diplomáticas y más de 2800 organizaciones no gubernamentales (ONG). Según el jurista José Augusto Lindgren Alves (1994), los debates sobre los nuevos rumbos que tomaría el paradigma jurídico de los derechos humanos tras el fin de la Unión Soviética y de otros países socialistas de Europa del Este fueron bastante acalorados en el evento internacional. Delegaciones de países africanos y asiáticos y algunas ONG feministas protestaron con frecuencia contra las propuestas jurídicas universalizantes de las representaciones diplomáticas de los países occidentales (Moyn, 2015).

La Declaración y Programa de Acción de Viena, norma internacional integrada por más de 100 artículos, se movió principalmente en tres direcciones en ese momento histórico de auge del neoliberalismo: la salvaguarda de los derechos individuales adquirió un énfasis similar o mucho mayor en comparación con los llamados derechos sociales; la necesidad de crear instituciones que implementen las disposiciones del ideal de los derechos humanos a nivel nacional; y la coordinación a nivel internacional de la difusión de los discursos relativos a los derechos humanos estaría a cargo de órganos de las Naciones Unidas. En relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la Declaración y Programa de Acción de Viena ratificó los supuestos jurídicos presentes en la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por las Naciones Unidas en 1989 (Arend, 2020). Según el jurista José Augusto Lindgren Alves (1994), la cuestión de los derechos de los niños, niñas y jóvenes estaba presente en el tratado internacional promulgado en Austria:

Siguiendo en la parte declaratoria conceptual, son elementos importantes del documento del gobierno de Viena la condena de todas las formas y manifestaciones del terrorismo, incluida su asociación en algunos países con el narcotráfico, como violaciones de los derechos humanos; la atención prestada al racismo y a la xenofobia, que se han manifestado tan virulentamente en Europa hoy en día; la importancia que se concede a los derechos de la mujer, que ahora son objeto de atención específica en todas las actividades de las Naciones Unidas; las secciones dedicadas a los niños, las minorías, los pueblos indígenas y los refugiados; la enérgica condena y la exigencia de castigo para los responsables de violaciones masivas de los derechos humanos, incluidas prácticas de “limpieza étnica” y violaciones sistemáticas de mujeres en situaciones de guerra, equiparables al genocidio; reconocimiento de la importancia del papel de las ONG en la lucha por el respeto de los derechos humanos. (p. 175, traducción propia)

Según el jurista Carlos David Carneiro Bichara (2020), desde principios de la década de 1990 se ha intentado crear una comisión en la Cámara de Diputados de Brasil donde se puedan debatir de forma más adecuada cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Al igual que la citada CPI sobre el exterminio de niños, otras comisiones de investigación parlamentarias investigaron violaciones de derechos humanos ocurridas en áreas rurales (trabajo esclavo) y urbanas (violencia contra las mujeres y violaciones en el sistema penitenciario brasileño) durante la primera década de la redemocratización brasileña. El autor afirma que, en momentos anteriores, la diputada federal Benedita da Silva (Partido de los Trabajadores [PT], Río de Janeiro) había intentado crear una comisión con contenido similar, pero sin éxito.

La justificación central presentada en el primer informe para la creación de la Comisión de Derechos Humanos fue la siguiente: las comisiones de investigación parlamentarias (CPI) eran demasiado lentas y los parlamentarios necesitaban dar “respuestas” más rápidamente a los problemas que estaban creciendo en el país. Esto es lo que decía el informe de 1999 sobre este tema:

En 1999, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) reafirmó y amplió su espacio en la lucha por la ciudadanía y los derechos humanos en Brasil. El CDH se ha consolidado definitivamente como una institución habilitada para evaluar, de primera mano, episodios de impacto nacional en materia de derechos humanos, incluso sin las atribuciones de los CPI. En varios casos, la sociedad encontró en el CDH las primeras respuestas a hechos que la indignaron y que no podían esperar la incierta y lenta creación de CPI, las largas investigaciones judiciales o las poco fiables investigaciones policiales. (Câmara dos Deputados, 1999, p. 6)

Sin embargo, a diferencia de otras comisiones del parlamento brasileño, la Comisión de Derechos Humanos no tenía poderes deliberativos en relación con los proyectos de ley. En la década de 1990, la comisión estaba integrada por 46 diputados federales, 24 miembros titulares y 22 miembros suplentes. La presidencia de la comisión, a su vez, fue ejercida por 4 miembros, un presidente y tres vicepresidentes. La presidencia de la comisión, en sus años iniciales de funcionamiento, fue ejercida principalmente por diputados federales vinculados al Partido de los Trabajadores (PT). Sus integrantes, en los primeros cinco años, fueron mayoritariamente hombres y actuaron a través de audiencias públicas, visitas a lugares denunciados, seminarios y la producción de material informativo para el público en general sobre los problemas investigados, así como sobre la temática de derechos humanos. Según informes, dos parlamentarios federales vinculados a partidos políticos de derecha y centro se destacaron en la lucha contra las violaciones de derechos humanos contra niños, niñas y adolescentes. Marilu Guimarães, vinculada al Partido del Frente Liberal (PFL), que representaba al estado de Mato Grosso, y Rita Camata, perteneciente al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), representante de Espírito Santo, fueron muy activas en la comisión. Las jerarquías presentes en la sociedad brasileña respecto a las relaciones de género estaban presentes en el parlamento brasileño, ya que los casos que trataban sobre la infancia y la adolescencia eran delegados a las mujeres.

La Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo con su reglamento, debía elaborar un informe social sobre las actividades realizadas a lo largo del año. Los informes sociales anuales generalmente tienen la siguiente estructura: una introducción, con un mensaje del presidente del comité; la lista de proyectos de ley en trámite en materia de derechos humanos; la lista de quejas recibidas por la comisión; cuestiones presupuestarias; y las acciones realizadas por la comisión, como audiencias públicas y seminarios, con énfasis en las Conferencias Nacionales de Derechos Humanos. En 1995, el informe tenía 44 páginas, mientras que en 1999 el número de páginas había aumentado a 148. A continuación, analizaremos los datos presentes sobre violaciones de derechos humanos en los primeros cinco informes elaborados por el parlamento.

Los niños, niñas y adolescentes en los informes de la Comisión de Derechos Humanos de la década de 1990

El diputado federal Pedro Wilson Guimarães (Partido de los Trabajadores [PT], Goiás) afirmó lo siguiente sobre las denuncias recibidas por la Comisión de Derechos Humanos y sus derivaciones en el informe social de 1997:

Las 388 denuncias tramitadas durante el año contribuyeron a la búsqueda de soluciones concretas en casos específicos, siendo tratadas con la debida prioridad las más emblemáticas. En cuanto al seguimiento del proceso legislativo, la CDH, aunque no es una comisión deliberante, ofreció sugerencias encaminadas a mejorar el texto del proyecto mediante la creación de un programa de protección a víctimas y testigos amenazados, remitió sugerencias al Presidente de la República e hizo seguimiento a la tramitación en el Congreso Nacional de decenas de propuestas de interés para el área de Derechos Humanos. (Câmara dos Deputados do Brasil, 1997, p. 10, traducción propia).

En la década de 1990, los parlamentarios trabajaron para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en Brasil en las siguientes áreas: violencia en el campo, especialmente en la región norte de Brasil; violencia contra los grupos indígenas; violencia cometida por agentes de policía en zonas urbanas y rurales; violencia cometida por cuerpos represivos y otros durante la dictadura militar; violencia contra niños, niñas y adolescentes; cuestiones relativas a la migración internacional y la trata de personas; cuestiones relativas a las relaciones laborales en el campo y en la ciudad; violencia contra las mujeres y aquellas personas consideradas homosexuales; y crímenes de racismo. Los datos de los dos últimos ámbitos se citan únicamente en los informes sociales de 1998 y 1999. Es importante aclarar que esta clasificación de la violencia la elaboramos con base en las denuncias reportadas en los informes sociales anuales. Estas quejas cobraron consistencia en gran medida porque daban cuenta de lo prescrito en la Declaración y Programa de Acción de Viena, mencionados anteriormente. A continuación, se presenta un ejemplo de una queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos en 1999. Esto es lo que decía el informe social:

CDH escucha testimonios sobre tortura
El 16 de junio, la Comisión de Derechos Humanos realizó una audiencia pública para escuchar el testimonio de José Antônio de Magalhães Monteiro, quien presentó una denuncia por tortura de la que fue víctima a manos de agentes de la Policía Federal en 1970, con la participación del delegado João Batista Campelo, quien acababa de ser nombrado por el Presidente de la República como director general de la Policía Federal. El exsacerdote José de Magalhães Monteiro acusó al recién nombrado director general de la Policía Federal de haber participado en torturas contra él en la comisaría de la institución en São Luiz-MA, habiendo incluso ayudado a atarlo a lo “pau-de-arara”. (Câmara dos Deputados do Brasil, 1999, p. 69, traducción propia)

Según los informes sociales analizados, en la década de 1990, la comisión recibió 1481 denuncias por violaciones a los derechos humanos, atendiendo a la clasificación antes mencionada. En relación a niños, niñas y adolescentes, durante el período se recibieron 65 denuncias. Es decir, el 4,38 % de las denuncias recibidas por la institución corresponden a casos relacionados con la infancia y la adolescencia. Consideramos que esta cifra es pequeña en comparación con los problemas de distinta índole que enfrentaba el país en esta materia. Sin embargo, los datos presentes en los informes no permiten inferir por qué ocurre este escenario. A continuación, en la Tabla I, presentamos el número de denuncias sobre niños, niñas y adolescentes recibidas por la comisión cada año.

Tabla I

Informe social	Número total de quejas	Número de quejas sobre niños, niñas y adolescentes
1995	283	12
1996	318	13
1997	388	18
1998	324	12
1999	168	10

Fuente: informes de la Comisión de Derechos Humanos de la Câmara dos Deputados do Brasil (1995, 1996, 1997, 1998 y 1999).

Observamos que el número de denuncias relativas a niños, niñas y adolescentes a lo largo de los cinco años varió poco. Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes versaron sobre los siguientes temas: trabajo infantil, adopciones ilegales, llamados malos tratos, explotación sexual, violencia policial e institucional, arbitrariedad judicial, violencia sexual, desapariciones, secuestros y asesinatos. El público objetivo de las denuncias estaba constituido, en su mayoría, por niños y niñas pobres residentes en zonas rurales y en ciudades brasileñas pequeñas, medianas y grandes de diferentes regiones del país, con énfasis en el norte y nordeste. En los informes sociales solo tenemos una denuncia que trata sobre estudiantes de clases medias. En 1999, la comisión celebró una audiencia pública sobre un incidente de novatadas que tuvo lugar en la Universidad de São Paulo y que resultó en la muerte de un estudiante de medicina de primer año (Câmara dos Deputados do Brasil, 1999, p. 39).

Es importante destacar que las dos leyes brasileñas sobre infancia anteriores al Estatuto del Niño y del Adolescente, el Código del Menor de 1927 y el Código del Menor de 1979, así como el Código Penal de 1940, hacían referencia a infracciones y delitos que abarcarían estos casos. Este hecho demuestra que la sociedad brasileña toleraba algunas de estas prácticas sociales, como el trabajo infantil y la explotación sexual. Verificamos entonces que en la década de 1990 se estaban produciendo cambios en Brasil, cuando estas prácticas sociales empezaron a ser entendidas como violaciones de los derechos humanos. En la justificación presupuestaria para la concesión de una beca “ciudadana” a los hijos e hijas de familias pobres en el informe social de 1999, vemos este cambio en marcha:

En Brasil, el trabajo de millones de niños es una dolorosa realidad, sumada al desempleo de millones de adultos. En muchos casos las condiciones de trabajo son altamente insalubres y peligrosas. Los niños en vertederos, minas de carbón, plantaciones, ladrilleras y talleres son una ocurrencia común y ya no sorprenden a la población. Los niños en Brasil todavía son vistos por muchos como mano de obra barata y, en esa condición, dejan de asistir a la escuela para ayudar a generar ingresos familiares. El Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público del Trabajo han instaurado múltiples acciones legales para poner fin a los brotes de trabajo infantil. Pero se necesita mucho más: hay que eliminar las causas que exigen el trabajo infantil. (Câmara dos Deputados do Brasil, 1999, p. 46, traducción propia)

Según informes sociales, entre el conjunto de violaciones ocurridas durante el período, los parlamentarios federales actuaron de manera más incisiva en cinco problemas sociales, dada la gravedad de los casos. Los informes sociales de 1995 y 1996 contienen información sobre la masacre de Altamira, ocurrida en el estado de Pará entre 1989 y 1993. Según los informes sociales, 18 niños entre 10 y 14 años fueron asesinados después de sufrir abusos sexuales (emasculaciones). La masacre, por el número de muertos y la gravedad del incidente, había sido reportada internacionalmente. En la comisión se celebraron debates y audiencias públicas con el objetivo de esclarecer los hechos. A diferencia de los exterminios de niños y adolescentes ocurridos a principios de la década de 1990, como el impactante episodio de la masacre de la Candelaria, los asesinatos de Altamira habían ocurrido en una zona rural y estuvieron acompañados de violencia sexual. La garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales del país se convirtió en un punto importante en la agenda de derechos humanos del período.

La cuestión del trabajo infantil, que en ese momento se convirtió en una preocupación importante para el Poder Ejecutivo federal, también fue ampliamente discutida en la Comisión de Derechos Humanos. El Programa de Erradicación del Trabajo Infantil (PETI) fue creado en 1996 por el gobierno federal, de acuerdo con las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (Ballestrin, 2008). En los informes sociales analizados se presentaron datos estadísticos y se reportaron los lugares donde trabajaban niños, niñas y adolescentes pobres de todo el país, como en carboneras, ladrilleras y en la agricultura. Cabe señalar que en ninguno de los documentos se menciona el trabajo de niños, niñas y adolescentes en el tráfico de drogas, que ocurría con frecuencia en ciudades medianas y grandes del país.

Para el problema del trabajo infantil, la Comisión de Derechos Humanos presentó como “solución” el programa social Bolsa Escola, inicialmente implementado en el Distrito Federal y que estaba siendo instalado en otra ciudad del país. De hecho, en el informe social de 1999 tenemos información de que los parlamentarios federales de la comisión habían solicitado 20 millones de reales del presupuesto federal para financiar el mencionado programa social. Cabe señalar que el lema que abrió el informe social de 1999 fue el siguiente: “No hay derechos humanos sin derechos sociales”. En otras palabras, para garantizar los derechos humanos en un régimen democrático era necesario implementar políticas sociales compensatorias con el objetivo de combatir la desigualdad social. También en el informe de 1999, esta discusión incluyó la justificación de la asignación presupuestaria destinada a la creación de la beca ciudadana:

Una acción importante para erradicar el trabajo infantil es el otorgamiento de becas de ciudadanía infantil, o las llamadas becas escolares, que han facilitado el ejercicio efectivo del derecho al estudio. A través de ella, la familia recibe un aporte mensual y se compromete a mantener al niño en la escuela. Esta acción ha mostrado excelentes resultados allí donde se ha implementado, ayudando eficientemente a reducir las tasas de trabajo infantil. Pero los recursos previstos en el proyecto de presupuesto para el año 2000 son completamente insuficientes. Es en este sentido que presentamos una propuesta para incrementar esta asignación, ampliando el alcance de esta política a un mayor número de niños que dependen de esta política pública para garantizar un mejor futuro para ellos y para nuestro país. (Câmara dos Deputados do Brasil, 1999, p. 46, traducción propia)

Otro tema abordado en los cinco informes sociales fue la explotación sexual de niñas brasileñas. El debate sobre esta problemática social se dio en dos direcciones: el trabajo realizado por estos adolescentes pobres en las ciudades turísticas de Brasil, especialmente en la región nordeste; y el tráfico de niñas que se producía hacia las minas de oro situadas en el norte del país (principalmente en el estado de Pará) y hacia Guyana. La “solución” que propugnaban los parlamentarios federales para este tema era una mayor supervisión de las autoridades estatales y federales sobre la explotación sexual de niñas, un mayor rigor en la aplicación de la legislación penal vigente en el país para estos casos y la reducción de la desigualdad social que llevaría a las niñas a permanecer con sus familias de sangre. Según informes sociales, la diputada federal Marilu Guimarães actuó de forma destacada en relación a esta problemática social, realizando audiencias públicas y visitando lugares donde niñas pobres trabajaban como prostitutas.

El tema de la adopción internacional también fue mencionado con gran énfasis en los informes sociales de la década de 1990. El caso tomado como ejemplo ocurrió en el municipio de Jundiaí, situado en el interior del estado de São Paulo, donde un juez estadual, con la connivencia del representante del Ministerio Público, realizó la remoción de la patria potestad de madres pobres y transfirió sus hijos e hijas, a través del instituto legal de la adopción internacional, a familias europeas. El caso ganó repercusión nacional e internacional debido al movimiento social de madres del Foro de Jundiaí, que lucharon por recuperar la custodia de sus hijos e hijas consanguíneos. La Comisión de Derechos Humanos utilizó lo que prescribe el Estatuto de Niñas, Niños y Adolescentes para las Comisiones Judiciales Estatales de Adopción (CEJAS) que se instalaban en los Tribunales de Justicia de los estados de la federación con la función de regular y gestionar los procesos legales relacionados con la adopción internacional. CEJAS debe actuar para prevenir estos procesos de migración ilegal, entendidos por la justicia brasileña como trata de personas.

Solo en el informe social de 1999 tenemos información sobre la crisis de las Fundaciones de Bienestar del Menor (FEBEM) en todo el país. Esta “crisis” fue sinónimo de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en las unidades de detención de adolescentes en conflicto con la ley, especialmente en el Estado de São Paulo (Costa Júnior y Daminelli, 2023). Las grandes unidades de detención fueron construidas en general durante la dictadura militar y fueron gestionadas mediante metodologías de atención y recursos humanos forjadas en el discurso jurídico juvenil presente en el Código del Menor de 1927 y el Código del Menor de 1979. Los castigos corporales y psicológicos y la ausencia de educación escolar todavía constituyen la “rutina” de muchos centros de detención repartidos por todo el país. El establecimiento de medidas socioeducativas en un entorno abierto para adolescentes en conflicto con la ley requirió la creación de programas sociales a nivel municipal. Las unidades de hospitalización también deberían ser remodeladas en gran medida por los gobiernos estatales en términos de infraestructura y capacitación de recursos humanos para cumplir con los requisitos de la nueva legislación. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizó seminarios y audiencias públicas que tuvieron como objetivo debatir el problema social presente en la sociedad brasileña desde hace mucho tiempo. A continuación, se describe un seminario celebrado en octubre de 1999 sobre el tema mencionado:

La Comisión de Derechos Humanos realizó, junto al Frente Parlamentario de la Infancia y la Adolescencia, el Foro de la Infancia y la Adolescencia, INESC y UNICEF, los días 13 y 14 de octubre, en el auditorio del Espacio Cultural de la Cámara, el Encuentro Nacional de Medidas Socioeducativas. El objetivo del evento fue buscar soluciones a la crisis de las FEBEM, en línea con el Estatuto del Niño, Niña y Adolescente. La reunión se inició con un debate sobre las dificultades en la implementación de medidas socioeducativas. […] Al día siguiente se celebró el panel “El proyecto de implementación de medidas socioeducativas”. Participaron los siguientes expositores: Dr. Antônio Amaral e Silva, juez de Santa Catarina; Dr. Gersino Gomes Neto, fiscal de la Niñez de Santa Catarina, y Dr. Olímpio de Sá Sotto Maior, abogado de Paraná. El Dr. Cláudio Luiz Galvão, fiscal de la infancia de Alagoas, actuó como polemista. Al final del seminario se finalizaron las propuestas que fueron enviadas al Ministerio de Justicia y a los Gobernadores de los Estados, visando una mejor aplicación de las medidas propuestas en el Estatuto del Niño y del Adolescente. (Câmara dos Deputados do Brasil, 1999, pp. 58-59, traducción propia)

Además de otros casos mencionados, esta grave problemática social puso de relieve la dificultad de implementar lo prescrito en el Estatuto del Niño y del Adolescente en los niveles federal, estatal y municipal, especialmente en lo relacionado con los programas sociales que deberían crearse. En 1999, los parlamentarios federales fueron informados de que un número significativo de ciudades brasileñas aún no contaba con Consejos Tutelares y Consejos Municipales de Derechos instalados, a pesar de que el Estatuto del Niño y del Adolescente estaba en vigor hacía casi 10 años en la sociedad brasileña. Diputados federales solicitaron fondos para instalar estos organismos en los municipios más pobres del país, lo cual fue negado por la Cámara de Diputados. La resistencia por parte de las autoridades municipales, estatales y federales (incluidos los profesionales del derecho), así como de los políticos, siguió siendo fuerte en relación con la nueva legislación.

Entendemos que este “capítulo” de la historia de los derechos de la niñez y la adolescencia necesita ser contado para poder deconstruir visiones muchas veces edulcoradas sobre la implementación del Estatuto del Niño y del Adolescente. El sistema de garantías de derechos de la infancia y la adolescencia, guiado por el ideal de los derechos humanos, fue construido lentamente en Brasil y por muchos actores sociales, incluida la Cámara de Diputados, durante el período en cuestión.

Consideraciones finales

Los informes sociales producidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados son una fuente de gran importancia para la escritura de una historia de los derechos humanos en Brasil durante el período de redemocratización. Como demostramos en este capítulo, la información allí contenida permite al historiador conocer el escenario de los debates sociojurídicos realizados durante el período en materia de derechos humanos, así como las posibles “soluciones” sugeridas para los problemas sociales investigados por los parlamentarios federales.

En las dos décadas siguientes se crearon políticas sociales y diversas leyes dirigidas a la más efectiva implementación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes brasileños. Los debates y acciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ciertamente contribuyeron a la implementación de algunas de estas iniciativas, recabando el apoyo de los partidos políticos y de la sociedad civil. No pretendemos agotar el tema, por lo que vale la pena mencionar, a modo de conclusión, dos programas sociales y una pieza legislativa que son tributarios de las discusiones realizadas en la década de 1990.

En el contexto del trabajo infantil, además del PETI, que adquirió alcance nacional, el gobierno federal, en el primer gobierno del Partido de los Trabajadores en 2003, instituyó el programa social Bolsa Família. Esta iniciativa, también de alcance nacional, a través de la transferencia de ingresos a las familias, buscó combatir el trabajo infantil y garantizar la escolarización de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, el Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), aprobado en 2012 bajo otro gobierno del mismo partido, proponía algunas vías para resolver las “crisis” de la FEBEM ocurridas desde el fin de la dictadura militar. Finalmente, la nueva ley de adopción, instituida en 2009, buscó regular la vida familiar en función de los intereses de los niños, niñas y adolescentes y del derecho a la memoria.

Referencias bibliográficas

Alves, J. A. L. (1994). Direitos humanos: o significado político da conferência de Viena. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, (32), 170-180.

Arend, S. M. F. (2020). Direitos humanos e infância: construindo a Convenção sobre os Direitos da Criança (1978-1989). Tempo, 26(3), 605-623.

Ballestrin, L. (2008). Direitos humanos, Estado e sociedade civil nos governos de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). Teoria & Sociedade, 16(2), 10-33.

Bichara, C. D. C. (2020). 25 anos da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. 1995-2020. Uma história tecida por múltiplas vozes. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações.

Boeira, D. A. (2014). Menoridade em pauta em tempos de ditadura: A CPI do Menor (Brasil, 1975-1976). Revista Angelus Novos, 5(8), 179-198.

Cardoso, L. R. (2020). Justiça com as próprias mãos: a figura do justiceiro na CPI destinada a investigar o extermínio de crianças e adolescentes. Fênis (UFU. Online), 17(1), 376-396.

Costa Júnior, J. dos S. y Daminelli, C. S. (2023). Relatos dissidentes, cenários da discórdia: (auto)biografias de um ex-interno e dois funcionários da Febem/SP. História (São Paulo), 42, e2023020.

Miranda, H. (2022). Meninas da “vida”: a Funabem e as artes de governar crianças e adolescentes em situação de rua. Revista Tempo e Argumento, 14(36), e0204.

Moyn, S. (2015). A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, na história do cosmopolitismo. Meritum, 10(2), 225-263.

Rodrigues, E. (2021). Os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente e os horizontes possíveis a partir da Justiça Restaurativa: influxos abolicionistas em tempos de expansão punitiva a partir da extensão acadêmica. Revista Direito e Praxis, 12(1), 642-686.

Fuentes

Câmara dos Deputados do Brasil (1995). Relatório de Atividades da Comissão de Direitos Humanos. https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/relatorios-de-atividades/relatorios-anuais.

Câmara dos Deputados do Brasil (1996). Relatório de Atividades da Comissão de Direitos Humanos. https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/relatorios-de-atividades/relatorios-anuais.

Câmara dos Deputados do Brasil (1997). Relatório de Atividades da Comissão de Direitos Humanos. https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/relatorios-de-atividades/relatorios-anuais.

Câmara dos Deputados do Brasil (1998). Relatório de Atividades da Comissão de Direitos Humanos. https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/relatorios-de-atividades/relatorios-anuais.

Câmara dos Deputados do Brasil (1999). Relatório de Atividades da Comissão de Direitos Humanos. https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/relatorios-de-atividades/relatorios-anuais.

Constituição da República Federativa do Brasil. 5 de octubre de 1988 (Brasil).

Decreto-lei número 17.943-A de 1927 [Brasil]. 12 de octubre de 1927.

Decreto-lei número 2848 de 1940 [Brasil]. 7 de diciembre de 1940.

Lei 12010 de 2009. Brasil. 3 de agosto de 2009.

Lei 12594 de 2012. Brasil. 18 de enero de 2012.

Lei 6697 de 1979. Brasil. 10 de octubre de 1979.

Organização das Nações Unidas (14 de junio de 1993). Declaração e Programa de Ação de Viena.

Organização das Nações Unidas (20 de noviembre de 1989). Resolução número 44, de 20 de novembro de 1989.

---