Claudia Fonseca

El lugar que ocupan los niños y su entorno en las políticas gubernamentales es un tema que ha sido ampliamente estudiado desde hace tiempo (Cosse et al., 2011; Llobet, 2013; Lionetti et al., 2018; Villalta y Martínez, 2022). Mi contribución en este capítulo se inscribe en el diálogo con una larga línea de antropólogas feministas que hablan de “gobernanza reproductiva”. Desde la década de 1990, a diferencia de los análisis clásicos, estas investigadoras insisten en separar los temas de la familia y el parentesco de la “historia natural” y optan, en cambio, por explorar las prácticas y los valores relacionados con la vida reproductiva como construcciones históricamente contextualizadas y políticamente relevantes (Ginsburg y Rapp, 1995; Morgan y Roberts, 2012; Fonseca et al., 2021).

Las primeras investigaciones sobre gobernanza reproductiva tendían a centrarse en las tecnologías médico-legales que rodeaban la vida conceptiva y anticonceptiva hasta el embarazo y el parto de las mujeres, haciendo hincapié en el control del cuerpo femenino y la privación de los derechos reproductivos, particularmente en las poblaciones minoritarias o discriminadas. Sin embargo, las investigadoras no tardaron en darse cuenta de la importancia de estudiar el conjunto de esfuerzos dirigidos a regular la siguiente etapa del ciclo reproductivo: el tratamiento y la socialización de los niños. Por un lado, la investigación se centró en la parafernalia de intervenciones en las familias pobres (incluyendo las acusaciones de “maltrato” y “negligencia” de los niños en situaciones “desestructuradas”), poniendo en tela de juicio los criterios utilizados para definir una familia “normal”. Por otro lado, hacia finales de los años 1990, la propia familia nuclear conyugal –modelo hegemónico a partir del cual se evaluaba a las familias “desorganizadas” o incluso “alternativas”– también estaba siendo abordada por estas analistas.

Siguiendo esta línea de investigación, proponemos aquí reflexionar sobre la “parentalidad”, un tema que surge hoy en día de forma recurrente en las políticas familiares. Al yuxtaponer nociones tan diversas como el maltrato y la parentalidad positiva, nuestra intención no es reforzar los tropos evolucionistas sobre el progreso de la civilización frente a las formas bárbaras de criar a los hijos. Por el contrario, se trata de provocar una reflexión sobre dónde y quién crea estas nociones y, además, cómo se complementan, reforzándose mutuamente por el contraste. En nuestro razonamiento, la parentalidad positiva es para las familias pobres y discriminadas lo que la blanquitud es para las razas marginadas. Mientras reine el silencio sobre este “patrón de referencia” y los criterios de su definición (en muchos casos basados no tanto en evidencias científicas como en prejuicios de clase y color), no avanzaremos mucho en la comprensión de las problemáticas clasificaciones incorporadas en las infraestructuras jerárquicas y desiguales del gobierno de la infancia, ni en la apreciación de las formas plurales de ser y estar en el mundo.

Nuestro punto de partida: la parentalidad positiva

La “parentalidad positiva” es un término que ha aparecido recientemente en los discursos gubernamentales, aunque tardó aún más en aparecer en América Latina y Brasil.

Es significativo que en Brasil recién en mayo de 2022 el Congreso Nacional inscribe el concepto en el lenguaje oficial, en forma de ley (14344), con el objetivo de promover “el fortalecimiento de la crianza positiva, la educación sin castigos físicos y las acciones de prevención y lucha contra la violencia doméstica y familiar contra los niños y adolescentes”. El término cobra nuevo protagonismo a principios de 2024, en la Ley 14826, en la que la “parentalidad positiva” junto con el “derecho al juego” se instituyen como estrategia intersectorial de prevención de la violencia contra los niños. Sin embargo, otros gobiernos del mundo incorporaron este concepto hace más tiempo. Por ejemplo, el propio Consejo de Europa, que desde la primera década de este siglo, a través de conferencias e informes (2009), ha llevado a que el neologismo adquiera una definición consagrada. Aunque originalmente se identificaba con campañas contra los castigos corporales, la noción inspira ahora recomendaciones de amplio alcance, incluso para la mejora de los servicios públicos de salud y educación, con el fin de proporcionar las condiciones para que las familias puedan garantizar el desarrollo integral de los niños a su cargo.

A decir verdad, si nos fijamos en una serie de estudios realizados especialmente por investigadores europeos, veremos que el concepto de parentalidad positiva se remonta a una historia mucho más larga. El sustantivo “parentalidad”, que todavía suena un poco extraño para los ciudadanos del sur global, comienza, como muchas ideas globalizadas, en los países anglosajones y se extiende gradualmente al resto del mundo. A partir de los años 70, el sustantivo parent, utilizado habitualmente para designar a la madre o al padre, inspira el uso cada vez más común del verbo to parent (ser padre/madre). Al mismo tiempo, parenthood –término que se utiliza normalmente para referirse al estatus, las funciones y las responsabilidades de cualquier persona encargada del cuidado de los niños– se extiende al gerundio –parenting–, poniendo el énfasis en las habilidades, prácticas y valores particulares de quien cuida (Neyrand, 2015).

No es casualidad que muchos de los primeros investigadores sobre la parentalidad se encuentren en Inglaterra, donde, desde hace más de veinte años, equipos multidisciplinares de investigación elaboran estudios sobre la “cultura de la parentalidad”. Basan sus reflexiones en los trabajos pioneros de Frank Furedi y Sharon Hays, que llamaron la atención sobre la creciente idealización de un cierto tipo de familia, típica de las clases medias y medias-altas del contexto europeo. En este, el comportamiento de los padres estaría centrado en los hijos, guiado por especialistas, emocionalmente absorbente, económicamente costoso y laborioso (S. Hays, 1996, como se citó en Lee et al., 2014). Lejos de ser una idea surgida “espontáneamente” de los padres, sería en gran medida un modelo forjado bajo la influencia de corporaciones profesionales y políticas públicas. Sin embargo, con pretensiones de estar respaldado por la ciencia moderna y alimentado por una moral familiar conservadora, el modelo ha encontrado terreno fértil, incluso a través de la exportación de programas del Banco Mundial, precisamente porque actúa en sintonía con los menguados presupuestos nacionales de los planificadores políticos cuya agenda política se ha desplazado hacia la derecha (Gillies et al., 2017; Kjørholt y Penn, 2019).

Al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, los analistas llaman la atención sobre la forma en que, a lo largo de la década de 1990, con la aparición de especialistas procedentes de múltiples disciplinas (derecho, psicología), el poder público francés comienza a dar cuerpo a la noción de parentalidad a través, por ejemplo, de programas vecinales dirigidos específicamente a escuchar y acompañar a los padres (Neyrand, 2022; Pothet, 2024; véase también Martin y Leloup, 2020). Más de veinte años después, vemos indicios de que las políticas sociales del país se están acercando a las de sus vecinos británicos. El Ministerio de Salud y Solidaridad, por ejemplo, insiste en subrayar el papel de los expertos y los conocimientos científicos de vanguardia en su “Carta nacional de apoyo a la paternidad” (2022). Si, por un lado, las recomendaciones de la carta se presentan como universalistas, dirigidas “a todas las familias, independientemente de su situación familiar o entorno social”, por otro lado, el mensaje, al referirse siempre a los padres como “primeros educadores” y a la distribución equitativa de responsabilidades entre hombres y mujeres, parece presuponer una audiencia de personas que viven en núcleos familiares conyugales. Apuntando a una orientación más centrada, las campañas complementarias sobre “los primeros mil días” recurren a la neuropsiquiatría, destacando una visión transmitida desde 2000 en programas del Banco Mundial orientados específicamente a poblaciones en situación de gran vulnerabilidad social y económica (Kjørholt y Penn, 2019).

No pretendemos aquí entrar en detalle sobre los ricos y variados análisis que existen sobre el tema de la parentalidad. No obstante, vale la pena subrayar un cierto consenso al que parece adherirse la mayoría de los pensadores críticos: que la “crianza”, en su versión contemporánea, ha obtenido el apoyo de los gobernantes con relativa facilidad gracias a su compatibilidad con ciertas características de la era neoliberal (véase Martin y Leloup, 2020). La primera característica sería la individualización de la responsabilidad del cuidado, en este caso, el cuidado de los niños. Como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial florecieron los regímenes de bienestar social, especialmente en Europa occidental. En la filosofía política de entonces, el poder público debía articular medidas para apoyar a las familias, compartiendo la responsabilidad de la reproducción a través de una serie de servicios de calidad y accesibles para todos: guarderías, escuelas de tiempo completo, salud familiar, etc. Sin embargo, con la llegada de las políticas económicas de austeridad y la consiguiente reducción de los salarios, las mujeres entraron en masa en el mercado laboral. Aumentó la demanda de servicios públicos al mismo tiempo que se arraigaba la filosofía del Estado mínimo, lo que hizo que el poder público se mostrara menos favorable a las inversiones en este ámbito (Faur, 2014; Briggs, 2021). En este contexto, la parentalidad cobra protagonismo casi como una corrección a los excesos del modelo de bienestar social, situando el cuidado infantil menos como una responsabilidad colectiva –una cuestión estructural que debe afrontar la sociedad en su conjunto– y más como una cuestión personal. Tener más hijos de los que se pueden mantener se convierte en una falta moral típica de los pobres.

El segundo pilar de esta “cultura de la paternidad” sería la creencia de que ser madre o padre no debe considerarse un proceso “natural”, y mucho menos una cuestión de simple intuición. Ahora hay que aprender a ser padre o madre, y para ello es necesario consultar a los expertos (véase Drotbohm y N’Guessan, en prensa). En los años 60 y 70, las madres contaban con el Dr. Spock, pero desde entonces ha habido una proliferación de artículos en la prensa popular e innumerables libros de autoayuda. Esta novedad de finales del siglo pasado surge de la creciente convicción de que los padres necesitan orientación no de las fuentes tradicionales (abuelas, comadres), sino de autoridades reconocidas. En una versión exacerbada de la “maternidad científica” de los primeros años del siglo XX (Freire, 2008), se citan fuentes “científicas” de diversas orientaciones disciplinarias para transmitir el mensaje: si los padres no adquieren las competencias adecuadas, junto con los profesionales indicados, corren el riesgo de perjudicar a sus hijos, con consecuencias que durarán toda la vida.

Esta perspectiva va de la mano de un tercer elemento que viene incorporado en este modelo de parentalidad: la radicalización de la noción del determinismo infantil, ahora anclada en el sitio crucial de la fisiología humana: el cerebro. Mientras que algunos sectores de la ciencia promueven la idea de un cerebro flexible y la posibilidad de aprendizaje a lo largo de la vida, la línea de la primera infancia enfatiza la posibilidad de daños (o, al menos, limitaciones) irreversibles, ya que están arraigados en el propio organismo físico. Con la atención centrada en la primera infancia, los términos del discurso pasan de la “educación” al “desarrollo” infantil. Los especialistas más relevantes para mejorar los procesos de aprendizaje ya no son los pedagogos que trabajan en espacios públicos y colectivos, sino médicos con alguna referencia a las neurociencias y, eventualmente, psicólogos y psiquiatras que pueden dar orientaciones sobre el contenido emocional del vínculo madre-bebé. Con el resurgimiento de las teorías del apego, los padres (y especialmente las madres) se convierten en rehenes de su enorme responsabilidad: no solo cuidar en el presente, sino garantizar el bienestar, el carácter moral y el éxito profesional de sus hijos como futuros adultos y, así, construir la prosperidad de la nación.

Según el razonamiento de los entusiastas, la noción de crianza positiva sería universal, aplicable en todos los contextos, sirviendo por igual a ricos y pobres. Así, además de las políticas públicas que promueven intervenciones educativas para padres en situación de vulnerabilidad social, también encontramos abundante material sobre mujeres de clase media y alta que buscan el consejo de especialistas –terapeutas y libros de autoayuda– para lidiar con las frustraciones y la sensación de agotamiento que experimentan en su batalla diaria por estar a la altura del modelo (Hernández y Víctora, 2021).

Pero, pensándolo bien, podemos preguntarnos: ¿la “parentalidad positiva” se materializa de la misma manera, tiene los mismos efectos entre las personas con muchos recursos y las que tienen pocos? ¿Cómo lo hacen aquellas que no tienen las condiciones mínimas para poner en práctica un programa de comportamiento parental “financieramente costoso y emocionalmente agotador”?

Llegamos a la hipótesis central de este capítulo: que la “parentalidad positiva” se refiere a una santificación de la familia de clase media como institución privada, proporcionando así el contexto necesario para la censura y la intervención estatal en las familias de las poblaciones inmigrantes, pobres y racialmente discriminadas (Lee et al., 2014, p. 59). Las supuestas pruebas científicas de la superioridad de un modelo sobre otro están filtradas por moralidades claramente clasistas que atribuyen a las propias familias la responsabilidad de las condiciones miserables en las que viven sus hijos, eximiendo al Estado de la carga política y financieramente costosa de encontrar soluciones colectivas para combatir la miseria.

La intervención en familias pobres: ¿evidencia científica o censura moral?

Como mi trabajo se basa en gran medida en etnografías realizadas con familias de grupos populares, me he preguntado sobre el tipo de intervención que llevan a cabo las autoridades en estos lugares. Desde la pandemia, gracias al diálogo con una red de investigadoras-activistas, gran parte de mi atención se ha centrado en comprender cómo y por qué las autoridades públicas retiran a los niños de determinadas familias, incluso (como suele ser el caso) contra las protestas vehementes de sus padres, familiares y vecinos (Fonseca y Scalco, 2023). Estas retiradas compulsivas son, en general, consecuencia de toda una infraestructura gubernamental que involucra a especialistas de diversos tipos, burocracias, argumentos “científicos” y juicios morales sobre quién califica como padre o madre adecuado. De este modo, presentan un rico material para un análisis de la parentalidad en el contexto de la gobernanza reproductiva.

Para contextualizar mejor estos procesos, propongo ahora retroceder brevemente hasta mediados del siglo pasado, tratando de rastrear algo de la evolución histórica –desde Estados Unidos hasta Argentina y Brasil– de las justificaciones dadas para intervenir en familias de bajos recursos.

Al parecer, hasta principios del siglo XX, los especialistas (en general médicos) dedicados a las relaciones familiares centraban sus esfuerzos en las mujeres de la élite (a las que se aconsejaba despedir a las nodrizas, amamantar ellas mismas a sus hijos y asumir su función como formadoras de la futura generación) (Freire, 2008). Solo con el avance de los aparatos del Estado –nuevas disciplinas científicas, categorías profesionales e instrumentos útiles para administrar las poblaciones– la parentalidad en las familias pobres (por ejemplo, los castigos corporales y otros comportamientos problemáticos) comenzó a despertar más interés. Lo que había comenzado como una preocupación moral (la lucha contra la crueldad hacia los niños y los animales) se convirtió entonces en un tema de investigación científica, que requería la participación de expertos. Los tres escenarios siguientes, centrados en la pediatría en los Estados Unidos, el psicoanálisis en Argentina y las neurociencias en Brasil, fueron elegidos precisamente para ilustrar la forma en que los estilos particulares de gobierno van acompañados de clasificaciones científicas, categorías profesionales e instrumentos tecnológicos que actúan para coproducir, según el lugar y la época, nuevas fronteras entre la buena y la mala crianza de los hijos.

EE. UU.: médicos y trabajadores sociales avalan el “síndrome del niño maltratado”

Comencemos por el clásico estudio de Ian Hacking (1999) sobre la forma en que la idea del maltrato infantil se afianzó en el imaginario del público estadounidense a principios de la década de 1960. Gracias al equipo de un pediatra, el Dr. Kempe, que citó los resultados de las radiografías realizadas en un hospital infantil de Denver, Colorado, surgió un nuevo tipo de mal: “El síndrome del niño maltratado”. En esos exámenes se habían detectado, además de la fractura que motivó la visita al hospital, lesiones antiguas que no habían sido denunciadas ni tratadas anteriormente. Los médicos argumentaron que las radiografías tenían el poder de hacer visible la crueldad que los niños (muchos de ellos menores de tres años) aún no tenían voz ni palabras para denunciar: un “patrón” de abusos físicos perpetrados por sus cuidadores. En poco tiempo, difundida a través de congresos y publicaciones académicas, la noción del niño maltratado se daría a conocer en los principales medios de comunicación populares, introduciendo en el Index Medicus una nueva categoría: el maltrato infantil. Finalmente, sería adoptada por el sector público encargado del bienestar infantil (Children’s Bureau), equipado por la ya consolidada clase profesional de trabajadores sociales. 

Sin negar nunca la gravedad de los actos de violencia cometidos contra los niños, el objetivo de Hacking es llamar la atención sobre la forma en la que, gracias a la convergencia de una serie de elementos (tecnología médica, medios de comunicación populares, administración pública en busca de popularidad entre la opinión pública), la noción de abuso adquirió dimensiones que superaron con creces las circunstancias de su creación original. Sucesivas encuestas nacionales parecían revelar una “epidemia” de abuso infantil: de 7000 casos a finales de los años 1960 a 60 000 casos en 1974 (cuando los registros aún incluían solo el abuso físico y la negligencia); de 1 200 000 casos en 1982 (incluyendo ya el abuso sexual sin contacto y los abusos emocionales) al doble de esa cifra siete años más tarde –cuando el “abuso” ya abarcaba desde la negativa a proporcionar los cuidados necesarios a los recién nacidos con discapacidades potencialmente mortales hasta “cualquier cosa que obstaculizara el desarrollo óptimo al que los niños deberían tener derecho” (Hacking, 2013, p. 36)–.

El objetivo de Hacking es demostrar no solo la maleabilidad de la categoría de “abuso”, sino también lo productiva que es. Se trata de una categoría que engendra nuevos métodos, nuevas agencias, nuevas leyes, nuevas enseñanzas para los niños, nueva información para los padres y nuevas terapias que, en un proceso casi tautológico, acaban validando la ampliación de la categoría. Este nuevo tipo de abuso, producido en la intersección de fuerzas históricas específicas, ayudó a apretar los tornillos de una máquina pública que discriminaba a las formas familiares –particularmente en las poblaciones pobres y marginadas– que se alejaban de la norma prevista.

A raíz del descubrimiento de Kempe, se recomendó que los niños diagnosticados con signos del síndrome fueran hospitalizados, incluso sin necesidad de atención médica inmediata, ya que debían ser separados de sus padres abusadores: “Los médicos no verían con buenos ojos el regreso de los niños a un entorno en el que existe un riesgo, aunque sea moderado, [de abuso]” (Kempe, 1962, como se citó en Hacking 1991, p. 268). Y, a pesar de la insistencia de Kempe en que la violencia podía existir en cualquier grupo socioeconómico, la historiadora feminista Laura Briggs (2021) sitúa precisamente en ese momento una acción acelerada de los servicios sociales estadounidenses que dio lugar a la separación de 150 000 niños de sus familias negras y pobres.

En cada nueva generación, las narrativas que conectan la pobreza con las denuncias de abuso infantil adquieren nuevos contornos. A finales de los años 1980, los escándalos periodísticos se centraban en los bebés del crack (crack babies), “abusados” cuando aún eran fetos en el vientre de su madre. Tal acusación justificaba la contención por la fuerza de la mujer embarazada (es decir, embarazadas encadenadas a la camilla del hospital), seguida de la retirada forzosa del recién nacido. No por casualidad, para justificar la necesidad de medidas tan drásticas, la “evidencia médica” apuntaba al uso de una sustancia típica de las clases bajas: el crack. Veinte años después, numerosas investigaciones y metaanálisis llegaron a la conclusión de que los bebés gestados en condiciones adversas (desnutrición, alcoholismo, etc.) pueden, sin duda, sufrir consecuencias negativas. Sin embargo, no se ha localizado ni un solo trastorno que pueda atribuirse al consumo de crack por parte de la madre embarazada. Y nadie ha podido presentar estadísticas que respalden la afirmación tan publicitada en la gran prensa que relaciona la “epidemia” del crack con un aumento del número de bebés con lesiones (Briggs, 2021; Frank et al., 2001; Winerip, 2013). Una vez más, sin negar la existencia de situaciones dramáticas que requieren enérgicas medidas de intervención, el objetivo de Briggs y otros observadores críticos es mostrar cómo las preocupaciones inicialmente legítimas se deslizan con mucha facilidad hacia usos discriminatorios, lo que da lugar al abuso de la autoridad pública y a la desintegración injustificada de familias ya debilitadas por la violencia estructural.

Argentina: el giro “psi”

Cambiemos ahora de escenario y centrémonos en el contexto argentino, donde la evolución de los debates científicos y morales en el ámbito de las políticas sobre la infancia “vulnerable” sigue un camino distinto.

Como hemos visto anteriormente, alrededor de la década de 1960, el niño –ya reconocido por los moralistas de principios de siglo como dotado de un gran valor sentimental– comienza a ser objeto de interés de una amplia gama de especialistas, entre los que destacan los de las ciencias “psi”. Los psicólogos y psicoanalistas del país comienzan a ocupar puestos en las instituciones gubernamentales que antes ocupaban profesionales del trabajo social y la medicina (Llobet, 2013).

Julieta Grinberg, abordando directamente la cuestión del maltrato, cuenta cómo, precisamente en esa época, las ideas de Kempe sobre los niños maltratados llegaron a Argentina a través del filtro de cierto médico-psicoanalista. Este, aportando su propia interpretación a lo que observaba en su consulta, acuñó la idea de “mortificación”, un síndrome que incluiría una amplia gama de formas de “crueldad destructiva” perpetrada por los padres: “la circuncisión, el abandono temprano y/o reiterado, el castigo, la prohibición instintiva, la amenaza, la castración, las penalidades y vejaciones, la crueldad, los ataques físicos o verbales, las negaciones despóticas” (Rascovsky, 1970, como se citó en Grinberg, 2015, p. 80).

A lo largo de los años siguientes, a medida que el abuso sexual y el incesto entraban en el punto de mira de los especialistas, se fue imponiendo la idea de que los malos tratos en la infancia producen heridas profundas en la psique de las personas, lo que puede dar lugar en la edad adulta al suicidio y a otras formas de autodestrucción, al crimen y a la perversión. En esta variante del determinismo infantil, el niño corría el riesgo de quedar “destruido” a menos que recibiera el tratamiento adecuado para que la experiencia traumática no contaminara su futuro, empujándolo a repetir el patrón de comportamiento abusivo con sus propios hijos. Al mismo tiempo, el considerar a los abusadores como enfermos que necesitaban intervención terapéutica representaba un claro intento de alejar las situaciones problemáticas del espíritu punitivo de la justicia penal.

Durante la época de la dictadura (1976-1983), al igual que ocurría a escala mundial, se profundizó el discurso familiarista de los gobernantes, atribuyendo a los padres incompetentes o abusivos una parte cada vez mayor de la responsabilidad por los problemas emocionales, cognitivos y conductuales de sus hijos (Llobet, 2013). También en esa época las campañas contra la mortalidad infantil que se extendían por todo el mundo cobraron un nuevo impulso. Promovidas por agencias de ayuda humanitaria, las campañas se habían centrado, en un primer momento, en la salud física de los bebés, con especial atención a la nutrición, el aumento de peso regular y las vacunas. Sin embargo, poco a poco, el enfoque se desplazó de la salud de los niños al comportamiento y las actitudes de los propios padres. Particularmente, en el caso de adolescentes en conflicto con la ley o niños sometidos a medidas de protección surgieron cursos que consistían principalmente en consejos sobre la relación entre padres e hijos.

Estos programas, que pronto se extendieron a los centros comunitarios de las localidades de bajos ingresos y que ahora se han incorporado a las propias políticas sociales, tenían por objeto enseñar a los padres los gestos afectivos, las formas de comunicación y las estrategias pedagógicas adecuadas para una paternidad satisfactoria (Schuch, 2009; Fonseca, 2012; Larrea, 2021; Llobet, 2013).

Volviendo al caso argentino, Grinberg recuerda cómo, a lo largo de los años 1980, surgieron en los hospitales, sectores del poder judicial y otros organismos públicos actividades orientadas al trabajo con familias “maltratadoras”. En esta empresa, los especialistas de las disciplinas “psi” se convirtieron en sólidos aliados del poder judicial en un intento por transformar a los padres en “cuidadores aptos” (Grinberg, 2015, p. 87). Para aquellos padres que no respondían al tratamiento, es decir, que seguían exponiendo a sus hijos “a graves riesgos físicos y morales”, una cláusula añadida a la ley civil en 1981 abría la posibilidad de una destitución de la custodia.

Valeria Llobet (2013), al explorar el lugar que ocupaban los conocimientos “psi” en la era de los derechos (inaugurada por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989), destaca el proyecto emancipador compartido por muchos profesionales argentinos a finales de la década de 1980, en particular en relación con los niños en situación de gran vulnerabilidad. Los defensores de los derechos del niño celebraban el declive de la influencia de la Ley del Patronato del Menor (1919), con sus connotaciones punitivas, en favor de un enfoque más terapéutico, impulsado por la justicia civil, que privilegiaría la idea de ayudar a las familias desfavorecidas. Sin embargo, no tardaron en surgir voces escépticas sobre este uso de las ciencias psíquicas, que cuestionaban las intervenciones “terapéuticas” llevadas a cabo por la justicia civil (y que fácilmente desembocaban en la retirada compulsiva de los hijos). Por un lado, existía el riesgo de despolitizar los problemas de abuso, haciendo que el énfasis en la patología individual eclipsara la relevancia de factores estructurales como la violencia de género, los prejuicios raciales y la discriminación socioeconómica. Por otro lado, los críticos alegaban que el traslado de los casos de abuso infantil de la justicia penal a la civil, lejos de aliviar el riesgo de intervenciones abusivas, provocaba una enorme ampliación del abanico de comportamientos perseguidos, propiciando la “capilarización del control” sobre sectores enteros de la población (Llobet, 2013).

Las teorías “psi”, por universalistas y emancipadoras que sean en su origen, son rápidamente capturadas y dirigidas hacia un uso discriminatorio contra los sectores más vulnerables de la población. Este sería el caso, por ejemplo, cuando se considera que las viviendas precarias de la población pobre, caracterizadas por “hacinamiento, promiscuidad, analfabetismo y desorganización familiar”, son particularmente propicias para diferentes formas de abuso y abandono (Romano, 1985, como se citó en Grinberg, 2015, p. 84). Con este razonamiento, hay un paso muy corto hasta llegar a una versión renovada del determinismo infantil, en la que los niños de familias en situaciones de gran vulnerabilidad están fatalmente “destruidos” y, por lo tanto, destinados a un futuro, si no trágico, al menos muy limitado.

En Brasil: recurso a las neurociencias

En lo que respecta a las políticas de intervención en familias pobres, Brasil y Argentina experimentaron a lo largo del siglo XX muchas de las mismas influencias (desde los médicos higienistas hasta la Convención sobre los Derechos del Niño y las políticas de UNICEF, el Banco Mundial, etc.). También en Brasil, con el fin de la dictadura y la llegada de la reapertura democrática (con la Constitución de 1988), las leyes y políticas sobre la infancia proponían un salto hacia una nueva era. Se rechazó el modelo minorista que había prevalecido desde el Código de Menores de 1927, así como los términos cargados de connotaciones de patología social (por ejemplo, jóvenes “en situación irregular” del Código de Menores de 1977), buscando imprimir como norte de las políticas sobre la infancia los principios de protección integral y del niño como sujeto de derechos (Schuch, 2009). De acuerdo con el espíritu de la época, se reconocía la necesidad de invertir fuertemente en la ayuda a las familias pobres, dando prioridad a la convivencia familiar y comunitaria por encima de cualquier forma de adopción (todavía asociada al tráfico de niños por parte de adoptantes del norte global), que sería una medida excepcional, justificable solo como último recurso.

Muchos profesionales, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales y juristas, acogieron con entusiasmo la nueva orientación, buscando formas de encajar los conocimientos de sus respectivas áreas en una colaboración de esfuerzos. La psicología individual y los psicólogos no dejaron de ser influyentes, especialmente en las unidades de acogida y en el seguimiento de adolescentes en conflicto con la ley (por ejemplo, con los PIA, planes individuales de atención). Y, después de la década de 2000, los cursos de formación dirigidos a los profesionales de los tribunales de menores llegaron a incluir una gama de terapias variadas, algunas con cierta inspiración psicoanalítica (Schuch, 2009). Pero, en comparación con el caso argentino, el psicoanálisis nunca llegó a ejercer la misma fuerza, ni en la sociedad civil ni en las instituciones gubernamentales. En general, era el lenguaje de las ciencias jurídicas, y no el de las ciencias psíquicas, el que dominaba los debates sobre los derechos.

Fue entonces, a finales de la primera década de los años 2000, cuando una nueva ciencia capturó la imaginación de gran parte de los gestores del ámbito de la infancia, una ciencia que parecía combinar los “avances” del conocimiento tanto del cuerpo como de la mente: la neurociencia. Presentada generalmente a través de imágenes de cerebros infantiles, el mensaje era sencillo: hay “períodos críticos” en el desarrollo cerebral en los que el niño aprende con facilidad. Si el bebé no recibe el “estímulo” adecuado en sus tres primeros años de vida, estas “ventanas de aprendizaje” se cierran y puede quedar irreparablemente perjudicado (“atrasado”), con secuelas que durarán toda la vida (McCain y Mustard, 1999). A pesar de las numerosas controversias que rodean (todavía hoy) las aplicaciones poco fundamentadas de esta área del conocimiento, esta línea de razonamiento se manifestó con fuerza en los debates de las altas esferas del Gobierno brasileño (Fonseca, 2019a, 2022), figurando como uno de los principales pilares del Marco Legal de la Primera Infancia (Cámara de Diputados, 2013).

Cabe recordar que, al igual que en otros países, la economía brasileña estaba sufriendo las consecuencias de más de dos décadas de agenda neoliberal global, además de estar aumentando la influencia del giro político hacia la derecha (Llobet, 2018; Featherstone y Morris, 2013; Fonseca, 2021). A pesar de la instauración de ayudas económicas para las familias pobres, las políticas de austeridad agravaban la miseria en el país, al tiempo que alimentaban un número persistente de niños y adolescentes que necesitaban acogida institucional. Las insistentes denuncias sobre los efectos perjudiciales de la experiencia de acogida exigían soluciones rápidas: las familias debían “organizarse” lo suficiente para reintegrar a sus hijos, o bien los niños serían puestos en adopción. Así, desde finales de la primera década del nuevo milenio, la necesidad de rapidez en los procesos domina los debates sobre los niños acogidos, contraponiendo “el tiempo de los procesos” y “el tiempo de las familias” al “tiempo de los niños”, este último definido según los supuestos de las neurociencias en boga. Con el Estado liberado así de un compromiso a largo plazo, el papel de las instituciones públicas parecía cada vez más orientado a la mediación de adopciones. No es casualidad que la celeridad también coincidiera con la disponibilidad de niños para la adopción a una edad más temprana, cuando aún se ajustaban al perfil más buscado por los posibles adoptantes.

En el contexto de estas preocupaciones, las neurociencias resultaron muy oportunas. En medio de múltiples medidas orientadas al desarrollo integral de los niños, el Marco Legal de la Primera Infancia (Ley 13257 de 2016) inscribe por primera vez en la legislación brasileña sobre la infancia el concepto de “riesgo”. Con el Marco y sus enmiendas, en 2017 se convierte en una responsabilidad obligatoria para todos los profesionales que trabajan en el cuidado de niños pequeños (0 a 18 meses) participar en formaciones orientadas a la detección de “señales de riesgo para el desarrollo psíquico, así como para el seguimiento que sea necesario” (art. 21, párrafo 3). La nueva disposición legal llega justo en un momento en que, gracias a los movimientos sociales progresistas, se eliminó finalmente del Estatuto del Niño y del Adolescente cualquier mención a “sustancias estupefacientes en el entorno” como justificación para retirar a un niño de su familia. Pero quienes buscan justificar el retiro de un niño tienen ahora una acusación, en cierto modo incluso más eficaz que las anteriores (violencia física, negligencia o abuso emocional). La noción de “riesgo para el desarrollo psíquico” se refiere a algo que ningún instrumento puede medir, precisamente porque el objetivo es intervenir antes de que se produzca el daño.

En resumen, las ciencias del cerebro respaldan los nuevos vientos que soplan en todo el mundo a favor de la adopción como solución para los niños en situación de gran vulnerabilidad (Fonseca, 2019b, 2021). Por un lado, al poner el acento en el vínculo madre-bebé, la narrativa neurocientífica garantiza la individualización de las responsabilidades, acentuando la culpa o la negligencia de la familia de origen, así como la esperanza de salvación por parte de una familia adoptiva. Por otro lado, la necesidad de un “estímulo” temprano añade un sentido de urgencia en la búsqueda de una solución definitiva, lo que justifica los plazos cada vez más cortos para la tramitación de los procesos de adopción (es decir, para el tiempo máximo de acogida, las evaluaciones sociopsicológicas de las familias de origen, la búsqueda de cuidadores en la familia ampliada y las etapas de convivencia, etc.). Según la “ciencia de vanguardia”, la adopción, aunque lejos de ser ideal, se presenta ahora como una buena, si no la mejor, solución para los niños que viven en la pobreza extrema.

La parentalidad en una sociedad desigual

En resumen, con la aparición de médicos que detectan niños maltratados en los Estados Unidos, psicoanalistas que diagnostican síntomas de daños emocionales en Argentina y gestores brasileños preocupados por los riesgos para el desarrollo psíquico del bebé, el gobierno de la infancia deja de buscar legitimidad en principios morales o religiosos y sí en lo que se presenta como evidencia científica. A medida que los gobernantes comienzan a justificar sus políticas de intervención en bases “científicas”, las categorías aparentemente descriptivas de la ciencia se vuelven cada vez más prescriptivas, materializándose en forma de nuevas normalidades, es decir, nuevas jerarquías de crianza más y menos adecuadas (Llobet, 2013, p. 214).

Hablar de jerarquías nos alerta sobre el hecho de que, a pesar de que el “dispositivo de la parentalidad” (Neyrand, 2012) haya ocupado el imaginario público en general desde los años 1990 –lo que ha llevado a muchas mujeres con un alto nivel de escolarización y carreras profesionales a quejarse de las presiones imposibles de la maternidad–, los efectos de este dispositivo se viven de forma muy diferente según la situación socioeconómica y racial de la familia. El estudio de Annette Lareau (2007) nos ayuda a comprender esta diferencia.

Realizada en Estados Unidos a principios de la década de 1990, la investigación analiza los valores y las rutinas que rodean la relación entre padres e hijos en familias de diferentes clases y razas. A partir de visitas repetidas a casi 50 familias, así como de observaciones en el aula, su equipo llevó a cabo una etnografía detallada de la experiencia de niños de entre 8 y 10 años matriculados en la escuela pública. Lo interesante es que la hipótesis original del equipo, de una diferencia en los estilos parentales según el color de los padres, se vio frustrada. Llegaron a la conclusión de que la línea divisoria se establecía ante todo en términos de clase, medida por los ingresos, el nivel de educación y la autoridad gerencial en el empleo de los padres.

Los resultados del estudio sugirieron que, en las familias de “clase trabajadora” y “pobres”, los adultos consideraban la infancia como una etapa natural de la vida en la que los niños se beneficiaban, sin una gran planificación, de la sociabilidad informal, especialmente de la familia extensa. En las familias de clase media, por otro lado, la infancia se consideraba un período crucial de la vida que exigía a los padres una dedicación intensiva, denominada por la autora como “cultivo orquestado” (concerted cultivation). En este estilo de crianza, era fundamental que los hijos participaran en actividades organizadas bajo la supervisión de adultos (por ejemplo, scouts, clases de baile, terapias psicológicas) y que adquirieran experiencias de vida variadas (a través de viajes, prácticas, etc.). El equipo de investigadores también observó un uso diferente del lenguaje en las familias más acomodadas, donde los temas, las decisiones e incluso las medidas disciplinarias se debatían con razonamientos argumentativos. En estas familias, los propios padres utilizaban el mismo estilo dialógico cuando se ponían en contacto con las autoridades escolares. Las diversas experiencias de afirmación daban lugar a una evidente actitud de entitlement tanto por parte de los padres como de sus hijos, junto con una alta autoestima, facilidad de palabra y cierta disposición al liderazgo.

Según Lareau, los niños que se inscriben en el “cultivo orquestado” siguen un ritmo frenético de aprendizaje, con poco tiempo libre, lo que activa un “culto al individualismo” centrado en su rendimiento en entornos extrafamiliares, presentes y futuros. Los niños de familias más modestas, por su parte, participan mucho menos en actividades organizadas y mucho más en las obligaciones familiares. En su tiempo libre, se involucran en grupos espontáneos de juego, pudiendo en muchas situaciones “seguir la corriente de sus propios intereses”. Su aprendizaje se adquiere en la convivencia con personas de todas las edades dentro de las redes de la familia extensa y la comunidad, siendo estos lazos sociales más regulares y profundos que en las familias acomodadas. En cambio, el contacto con las autoridades institucionales tiende a ser un reto para ellos, y llegan a provocar comportamientos de timidez y vergüenza.

Las conclusiones de esta investigación llevan a creer que, para poner en práctica un régimen de crianza como el que se lleva a cabo en las familias de clase media estadounidense, es necesario tener un automóvil, además de tiempo y dinero en relativa abundancia, para garantizar la presencia de los hijos preadolescentes en sus múltiples actividades socializadoras.

Irónicamente, al observar los cursos de educación parental creados para compensar las “lagunas” en la relación entre padres e hijos que supuestamente estarían frenando el desarrollo de los niños en familias pobres, generalmente no se hace mención alguna de estos elementos. A pesar de las diversas versiones, la mayoría de estos cursos tienen un diseño similar al programa que citaremos a modo de ejemplo aquí: “Positive Parenting”, de la fundación Zero to Three, con sede en Washington D. C.

En primer lugar, se hace hincapié sistemáticamente en los niños muy pequeños (de 0 a 3 años), con relativamente pocos programas para un público más allá de esa edad. En la página de inicio de la organización en cuestión, en respuesta a la pregunta “¿Por qué 0-3?” (destacada en el propio nombre de la asociación), encontramos elementos vistos anteriormente en los discursos sobre el desarrollo infantil y las neurociencias: cerebros, neuronas y períodos sensibles. En consonancia con las políticas sociales de diferentes países que hoy en día tienden a concentrar los recursos y la atención de apoyo a las familias en los “primeros 1000 días”, el sitio web afirma que: “Durante los tres primeros años de vida, las relaciones emocionalmente enriquecedoras sientan las bases para la salud y el bienestar a lo largo de toda la vida”.

Sin duda, la organización muestra una clara preocupación por las desigualdades socioeconómicas, haciendo hincapié en principios como la “inclusión”. Se cuida de mencionar los retos particulares a los que se enfrentan las personas de color y sus bebés “debido al trauma intergeneracional y a las experiencias vividas con el racismo institucional e interpersonal”. Sin embargo, las soluciones propuestas, basadas en la psicología individual, apuestan ante todo por el “bienestar materno, incluso antes de la concepción” y la mejora de la relación madre-bebé. En el folleto de la organización sobre la parentalidad positiva, predominan consejos como: ser sensible a los deseos del niño, intentar comprender su punto de vista, elogiar sus cualidades, aprovechar los momentos de conexión, etc. También hay algo sobre los inevitables momentos de estrés, recomendaciones para encontrar un equilibrio entre las necesidades de los padres y las de los hijos y, si es necesario, la ayuda de especialistas. Sin embargo, no se mencionan las condiciones materiales necesarias para lidiar con el estrés o buscar ayuda profesional, y mucho menos los diferentes aportes materiales que las clases medias altas utilizan para llevar a cabo satisfactoriamente su estilo particular de crianza. El guion de los cursos refuerza la idea de que, como todos somos iguales, el futuro de los hijos depende de la determinación de los padres.

Para comprender mejor la naturalidad con la que se borra cualquier referencia a la desigualdad estructural, pasemos ahora a un ángulo de análisis completamente diferente, centrado en las élites latinoamericanas. En sus estudios etnográficos con familias de los barrios nobles de El Condado (San Juan, Puerto Rico) e Ipanema (Río de Janeiro, Brasil), Ana Ramos-Zayas (2020) nos ofrece escenas provocativas. Describe a mujeres como muchas de nosotras, con un alto nivel de educación, algunas con carrera profesional.

Son personas que rechazan el consumo ostentoso de generaciones anteriores, que se identifican con filosofías liberales, promueven la participación cívica en la vida del barrio, defienden una retórica antirracista y cultivan sus “riquezas interiores” (a través del yoga, las espiritualidades de la nueva era, la meditación, etc.).

Los hijos, concebidos y criados según ideales naturalistas (parto humanitario, portabebés, lactancia materna a demanda, etc.), son un elemento de suma importancia en este estilo de vida. Es a través de ellos que los padres, navegando entre escuelas privadas, consultorios terapéuticos, academias de judo y otros “nodos” de una sociabilidad centrada en los niños, tejen una red de relaciones que resulta importante tanto para las actividades de ocio como para los avances en la vida profesional. En una odisea autorreflexiva, la madre, convencida de las enormes consecuencias de sus prácticas y ansiosa por criar hijos que puedan competir con éxito en la sociedad de mercado, se dedica al consumo de libros de autoayuda y a la consulta de especialistas (en general, de psicología infantil). Se trata de una “parentalidad intensiva”, que implica todo un conjunto de valores y prácticas que, al mismo tiempo, organizan el tiempo, moldean proyectos para el futuro y dictan los contornos de la subjetividad de los padres.

Sin embargo, para que sus hijos disfruten de la infancia “ideal” imaginada a partir de la literatura, el apoyo moral y las aportaciones económicas de los abuelos de los niños son fundamentales. Sin esta presencia, de una generación anterior con capital financiero y cultural en relativa abundancia, no habría forma de buscar la infraestructura necesaria para este estilo de vida: desde niñeras hasta colegios privados, desde juguetes educativos hasta terapias individuales, desde viviendas situadas en barrios verdes y seguros hasta la posibilidad de que los padres reduzcan su jornada laboral para disfrutar de más tiempo para invertir en la relación padre-hijo.

Es también en nombre del proyecto parental que los padres toleran cierta ambigüedad en sus prácticas, por ejemplo, cuando inspeccionan y seleccionan niñeras para cuidar a sus hijos o cuando solicitan una vigilancia más estricta de las playas para que sus hijos puedan disfrutar de la naturaleza en espacios públicos y abiertos sin miedo. En esos momentos, las exigencias de la responsabilidad parental sustituyen a las preocupaciones por la desigualdad estructural, proyectando la virtud individual (o su falta) como la causa y la solución de los males de la sociedad. Ramos-Zayas sugiere que es precisamente en este ambiente de aparente armonía doméstica donde este estilo de parentalidad se convierte en una especie de entitlement que legitima el estatus privilegiado de la familia:

La paternidad [intensiva] ha producido una esfera pública íntima en la que la soberanía se ha convertido en la suma de los actos y valores privados de los sujetos individuales; ha situado efectivamente la acción social en torno a la desigualdad lejos de la concentración de la riqueza y más cerca de la cultura y la conducta íntima, los sentimientos y la moralidad. El declive del Estado del bienestar y las draconianas medidas de austeridad se tornaron moralmente justificadas mediante nuevas posiciones de ciudadanía activa y responsable, incluidas formas de parentalidad. (2020, p. 12)

Para la élite, los diversos elementos del menú de la parentalidad intensiva son, sin duda, importantes para producir un hijo “exitoso”, capaz de competir en el futuro mercado laboral y que garantice la transmisión intergeneracional del estatus social de la familia. Es decir, el estilo de crianza parece muy relevante para la reproducción de su situación de clase. Sin embargo, al observar el conjunto de elementos que componen la infraestructura de este estilo de crianza, no se puede ignorar la temeridad de aislar un solo elemento –el contenido emocional de la relación padre/madre-hijos– como buque insignia de la competencia parental. De ahí las dudas en relación con los cursos de educación parental dirigidos a familias en situación de vulnerabilidad y su insistente énfasis en el vínculo madre-hijo, como si el aprendizaje de ciertas técnicas amorosas, por sí solo, fuera suficiente para operar (no una reproducción, sino) una conversión de clase, catapultando a los niños criados en la extrema escasez a los estratos medios y altos de la sociedad.

En resumen, la yuxtaposición de los diferentes estilos de parentalidad –desde las acusaciones de “maltrato” dirigidas a las familias “en situación de vulnerabilidad social” hasta la parentalidad intensiva conscientemente adoptada por las parejas de las clases medias y altas– revela una compleja economía moral. Por un lado, los gobernantes promueven un modelo “positivo” de crianza como si fuera la clave para la prosperidad futura de la nación, anunciando su preocupación por la “renuncia de los padres” o los “padres irresponsables” que se resisten a cumplir su misión. Por otro lado, los observadores críticos señalan la “renuncia del Estado” en relación con las políticas solidarias de épocas anteriores, una renuncia acompañada de un discurso que apuesta por la moralización de los comportamientos familiares antes que por la resolución de la crisis en las instituciones clásicas de cosocialización (escuela, medios de comunicación, etc.) (Neyrand, 2022). A nivel de subjetividades, tenemos, por un lado, mujeres acomodadas que acogen la maternidad como un compromiso exigente, pero que proporciona una satisfacción emocional insustituible; por otro, madres obligadas a defenderse de persistentes acusaciones de abandono y negligencia. En lo que respecta a la orientación por parte de expertos, a medida que descendemos en la escala del estatus socioeconómico, pasamos de una élite cosmopolita, cuya búsqueda de ayuda terapéutica se deriva de una autorreflexión ansiosa, a familias con bajos ingresos, escasa escolaridad y, a menudo, étnicamente diferenciadas, que se ven coaccionadas por la amenaza de sanciones oficiales a recibir intervenciones externas. Al parecer, el dispositivo de la parentalidad no se materializa de manera uniforme en toda la sociedad, sino que, siguiendo la desigualdad producida por la economía política actual, refuerza la desigualdad en las posibilidades de vida reproductiva.

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