Etapas

A modo descriptivo se dividen las etapas de producción de celulosa cronológicamente para conocer cómo se llega a la etapa más potencialmente contaminante y abarcativa de la industria foresto-celulósica global. Para ello también debemos comprender los cambios sociales y en las industrias derivadas, así como la búsqueda de nichos de nuevas inversiones por parte de las empresas. El modelo forestal celulósico data de principios de siglo y se pueden diferenciar en su desarrollo tres fases según las características de su producción:

– Fase previa al uso de cloro para el blanqueo de papel

Se basó en la producción con cultivos de trigo y la demanda de papel sepia (sin blanquear). El trigo se daba del excedente de la cosecha y el impacto social era considerado positivamente. Los principales países en producción fueron Estados Unidos, Japón y Finlandia y la zona forestal, planta de celulosa y papelera se situaban en destinos cercanos.

Un caso latinoamericano de principios de siglo es el de Celulosa Argentina, ubicada en el cordón industrial de San Lorenzo, Gran Rosario, Santa Fe, a la vera del río Paraná. Este emprendimiento surgió de dos inmigrantes italianos que habían ganado la lotería en su país y alrededor de esta planta se constituyó la ciudad de Capitán Bermúdez.

– Fase de uso de cloro y demanda de papel blanco

El cambio en la producción se relacionó con la explosión demográfica de mediados de siglo XX y la demanda de papel blanco (sobre todo para el uso de los diarios) y en mayor cantidad, esto acarreó el uso de cloro, con sus consecuencias contaminantes, y la siembra de otros tipos de cultivos de mayor crecimiento. En esta etapa, el modelo forestal se separó del agrícola.

A mediados de la década del 80 se comenzó a discutir el uso de cloro en la producción, con componentes de AOX y dioxinas^[1], lo cual culminaría en 2004 con el Convenio de Estocolmo^[2] y la obsolescencia de compuestos altamente tóxicos.

– Fase de modernización ecológica y expansión transnacional

Se enmarcó en la revitalización del modelo forestal como negocio transnacional, con prácticas de industrialización a gran escala y expansionismo territorial; los organismos internacionales, como el Banco Mundial, financiaron diversos proyectos y con la expansión se quitaron áreas a la agricultura, sobre todo de cítricos, a raíz de la necesidad de plantar cultivos de alto rendimiento, tal es el caso del eucalipto.

Con el advenimiento del neoliberalismo se produjo la reconversión en el proceso de acumulación capitalista, dada la incapacidad de acumular a través de la reproducción ampliada sobre una base sustentable, este nuevo proceso se conceptualizó como acumulación por desposesión (Harvey, 2004). Se dio entonces un “ajuste espacio-temporal”, dado que “la sobreacumulación en un determinado sistema territorial supone un excedente de trabajo (creciente desempleo) y un excedente de capital (con la sobreabundancia de mercancías en el mercado)”, entonces las soluciones estuvieron dadas por “(a) el desplazamiento temporal a través de las inversiones de capital en proyectos de largo plazo o gastos sociales (tales como educación e investigación), los cuales difieren hacia el futuro la entrada en circulación de los excedentes de capital actuales; (b) desplazamientos espaciales a través de la apertura de nuevos mercados, nuevas capacidades productivas y nuevas posibilidades de recursos y de trabajo en otros lugares; o (c) alguna combinación de (a) y (b)” (op. cit.: 101).

El principal obstáculo de la industria foresto-celulósica fue y es la denuncia de contaminación, y la piedra de la discordia en el impacto ambiental es el llamado “proceso kraft”, donde se cocina la madera con la combinación de sulfuro de sodio y soda cáustica que separa la lignina de la celulosa. En esta etapa se genera la materia contaminante, el residuo o licor negro por la utilización de compuestos organoclorados (AOX) de toxicidad peligrosa por contener agentes cancerígenos.

Por otro lado, un primer estudio de impacto ambiental en Uruguay develó que la forestación seca las capas freáticas (Panario y Gutiérrez, 2007), ocasionando la perdida de agua, recurso vital cuando quedan pocas reservas de agua dulce.

Sabido es que la fuerza del capitalismo no da demasiado lugar a consideraciones ambientales, pero, sin embargo, planteado el debate, las empresas han debido acatar la renovación de su tecnología a una menos contaminante, actuando el Estado como contralor de los demandados cambios. La llamada modernización ecológica (Hajer, 2000) se refiere al tema abordando que “el discurso de la modernización ecológica reconoce el carácter estructural de la problemática ambiental, sin embargo asume que las instituciones políticas y económicas actuales pueden internalizar el cuidado ambiental” (op. cit.: 15).

La modernización ha servido para reposicionar a las empresas: ser una empresa no contaminante reditúa en inversiones y repele la resistencia social, lo que cabría aclarar es de qué se trata “no contaminar”. “No contaminar” desde 2004, a partir del Convenio de Estocolmo, se trata del no uso de cloro elemental, por ser altamente contaminante -si bien no todas las empresas han cumplido con su eliminación (véase las pasteras argentinas desde 2006^[3])- además de minimizar otros factores contaminantes, como las antes señaladas dioxinas y el licor negro. Con lo antedicho, la modernización ha sido la “mejor idea” de los Estados para enfrentar el problema de la contaminación, incluso Greenpeace sigue esta línea y las pasteras, mientras se modernicen, ya no están en su primera línea de emergencia en contaminación, por lo que se podría suponer que sus acciones contra la planta de Botnia durante el conflicto del río Uruguay tuvieron más un fin propagandístico que una denuncia de contaminación.

La relación Estado-empresas

En el marco de la industria foresto-celulósica los Estados Latinoamericanos construyeron una base legal para el advenimiento de las multinacionales del sector. El objetivo fue que las empresas se sintieran seguras para invertir en un mercado con amplio margen de ganancia y utilidades. Según Sassen “la competencia que se da entre los países periféricos para ofrecer menores restricciones a estas inversiones operaría conformando un sistema territorial complementario a la actividad de servicios avanzados de la ciudad global en los países centrales” (cit. en Merlinsky, 2009:123).

En los años 60 el Banco Mundial realizó gestiones para la inversión de empresas de los países centrales en suelos fértiles de Latinoamérica para la plantación de monocultivos, principalmente eucalipto, que sirvieran luego de materia prima para la producción de pasta de celulosa. Estas inversiones precisaron del acuerdo con los gobiernos a partir de leyes que permitieran la expansión del modelo forestal:

– En Brasil, el Código Forestal de 1965 posibilitó que la producción brasileña de celulosa “pase de 73 mil toneladas en 1955 a 8 millones de toneladas en 2002 (52% de esa producción es exportada, siendo el Brasil el primer exportador mundial)” (Alimonda, 2005:36-37).

– En Chile, la Ley de Fomento Forestal de 1974 (decreto ley Nro. 701) posibilitó la catalogación del área forestada. La principal empresa del sector es la multinacional Arauco (o también CELCO) –de origen chileno, fundada en 1977- que posee en territorio chileno tres megaplantas: Arauco, Valdivia y Nueva Aldea, más dos plantas mas pequeñas, Nueva Constitución y Licancel, con un total de áreas forestadas de 1 millón de hectáreas en la región de Maule y de los Ríos, y es la empresa más cotizada en la bolsa de valores chileno.

– En Argentina, las leyes son las más actuales de la región, todas aprobadas bajo la presidencia de Carlos Menem. La ley 13.273 de 1995 (de Riqueza Forestal) proyectó el crecimiento de la actividad y otorgó zonas prioritarias, la ley 24.857 de 1997 (de Estabilidad Fiscal para la Actividad Forestal) en su Art. 1 estableció que habría “estabilidad fiscal por el término de treinta y tres (33) años contados a partir de la fecha de presentación del estudio de factibilidad del proyecto respectivo” y, finalmente, la ley 25.080 de 1999 (de inversiones para Bosques Cultivados) concedió garantías de inversión para las empresas. Un caso emblemático de la libre inversión extranjera se dio en 1996 cuando Arauco (Chile) compró la totalidad de las acciones de Alto Paraná (Corrientes).

En Uruguay, en 1960 se contrató a un grupo de profesionales para una propuesta de plan de desarrollo denominado CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico), este realizó la primera carta de suelos con el apoyo de un ente tripartito (OEA, BID, CEPAL) y en 1979, a través de las políticas del Banco Mundial, se llevó adelante el relevamiento de suelos a escala predial de todo el país con fines tributarios (impuesto a la productividad mínima exigible). Inversores “podían ubicar las tierras de su interés y adquirirlas sin siquiera visitarlas a través de www.prenader.gub.uy/coneat” (Panario y Gutiérrez, 2007: 2). Desde diciembre de 2011 existe la Ley de Tierras (Nro. 26.737), con reglamentación en febrero de 2012 a través del decreto 27/2012. El decreto establece que, en un plazo de 60 días, las provincias deberán informar “la superficie total de cada una de ellas, sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes, discriminando las correspondientes a tierras rurales y urbanas”. La medida pretende restringir a quien quiera comprar más de mil hectáreas –luego de la aprobación de la ley- como extranjero o con menos de diez años de permanencia en el país. Pero nada dice de las zonas con riquezas públicas, ni de las zonas ya ocupadas donde se discute soberanía.

Las plantaciones en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay representan el 40% de los diez millones de hectáreas de plantaciones de rápido crecimiento en el mundo (Robles y Sanguinetti, 2006:1). Además, la producción de celulosa dejó de estar concentrada en Estados Unidos, Japón y Finlandia para concentrarse en los llamados países forestales emergentes. Existen dos razones para que esto suceda: la deslocalización y la modernización.

El caso uruguayo

Cuando el 28 de diciembre de 1986 el gobierno uruguayo, durante la presidencia del representante del partido colorado Julio María Sanguinetti, promulgó la Ley Forestal, Nro. 15.939, signó que el proyecto económico nacional iría en ese sentido. Principalmente, la ley destinó zonas prioritarias para la forestación, exenciones fiscales y financiamiento. En el Art. 5, inciso B, se declararon las tierras de “prioridad forestal” en “función de la aptitud forestal del suelo o razones de utilidad pública”, mientras en el Art. 39 se declararon “beneficios tributarios” para “las zonas de prioridad forestal”, el inciso 1 establece que “Estarán exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural” y el Art. 44 fijó que el “financiamiento” sería a partir del “Fondo forestal”, salido de las arcas.del.Estado.

En la ley se omite que las zonas de prioridad forestal son también las más aptas para la plantación de cítricos y el pasaje de aguas. Claramente, la desviación de la producción agrícola a la forestal es una de las proyecciones de esta ley. La liberalización de la venta de tierra es casi absoluta, ya que no existe ley de tierras, solamente en 2012 se han reservado límites fronterizos, pero también cuenta con excepciones.

El modelo forestal tiene más impacto en el Uruguay que en otros países por ser una zona más pequeña (176.400 km2) y con limitada industria, tanto así que la manufactura más exportada es la pasta de celulosa. En este país “hubo una vinculación entre estas políticas (leyes) y las estrategias de los bancos a partir de un estudio detallado de suelos y la definición de áreas prioritarias para la forestación” (Merlinsky, 2009:124).

En 1990 desembarcaron las multinacionales, la empresa Shell en asociación con Kymmene ensayó una prueba piloto en dos campos de Río Negro con plantaciones de eucaliptus, y luego de un año continuaron con su desarrollo genético. En 1997 fue la primera cosecha de madera, se comenzó con la compra de montes en pie, venta de rolos y, sobre todo, se diseñó la infraestructura para ser líder del mercado. En 1998, la ley de inversiones, Nro. 16.906, igualó a los inversores nacionales con los extranjeros: su Art. 1 declara que “El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales”. En el Art. 5 se estableció que “El Estado otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”.

Botnia^[4], en 2003, compró el 60% del paquete accionario de Shell en Forestal Oriental, y se convirtió así en la principal proveedora de la planta de celulosa a construirse. Fue el momento de mayor expansión de la empresa, de “la ampliación de las áreas forestadas; incorporación de contratistas en todas las tareas; incrementación del personal técnico; y creación de nuevos departamentos. Además, se comenzó a operar en campos propios y de terceros” (Panario y Gutiérrez, 2007:7). Para la exportación, en 2004, Forestal Oriental hizo un acuerdo con Tile, formando Tile Forestal y dos años después compró el 50% de las acciones.

Diecisiete años después del primer ensayo, en las postrimerías de la segunda cosecha, la controvertida -tras el conflicto del río Uruguay- planta de pulpa de celulosa Botnia comenzó a funcionar. Finalmente, en 2009, UPM, uno de los principales grupos forestales a nivel mundial, compró el 100% de las acciones de Forestal Oriental con sus 200 mil hectáreas y la planta de celulosa. Las empresas tienen el usufructo de las tierras, las plantas y las zonas francas donde se exporta el producto sin ningún tipo de gravamen, es decir, no pagan impuestos ni tampoco las sociedades anónimas instaladas en las zonas francas. Es decir, “más allá de unos 200 empleos nacionales que aportarán a la seguridad social, todo funciona como si se donaran 400.000 ha y su producción a los estados finlandés y español” (op. cit.: 7).

Propaganda

La propaganda se diferencia de la publicidad en que no tiene objetivos comerciales directos sino de concientización, y se da en el marco del Estado, partidos políticos u otras asociaciones civiles. Actualmente la instalación de Uruguay forestal a partir de marcas como Uruguay sustentable, cuyo slogan es “por un país productivo y sustentable”; portales como Forestal web y Guía forestal, con noticias y empresas del mercado; y asociaciones como la Sociedad de Productores Forestales, que dan cuenta de su actividad, fomentan la imagen de Uruguay como nuevo país forestal emergente.

Existió un primer momento en la propaganda del modelo forestal a partir de los manuales entregados en las escuelas. Estos manuales detallaban las virtudes de la forestación y la posibilidad de que Uruguay se convierta en un país forestal (Panario y Gutiérrez, op. cit.). La concepción de la educación como formadora de la visión del mundo estaba presente.

Dentro de los dispositivos comunicacionales de la industria se puede rastrear una propaganda en 1989^[5], previa a la elección presidencial, cuyo protagonista, Julio María Sanguinetti, Presidente que apoyaba al candidato del partido colorado, afirmaba que el futuro estaba determinado por la forestación. La frase final era “para volver a vivir”, esta frase tiene un sentido metafórico, los significantes “volver” y “vivir” representan recuperar el estatus pasado de empleo, producción y bienestar de la población.

En el nivel enunciativo, el que hablaba era el presidente Julio María Sanguinetti, es decir que la construcción de narrativas se daba a partir del Estado. En las imágenes se ve un aserradero y a los 4 segundos a Sanguinetti vestido de traje diciendo: “La Ley Forestal ha sido aprobada, este ha sido un importante logro, pero las leyes en sí mismas no generan riqueza”. Aquí, en diez segundos, se muestran imágenes de una persona sembrando, dos hombres talando un árbol, una línea de montaje, mientras la voz del Sanguinetti se mantiene en off diciendo: “En los próximos cinco años forestaremos cien mil hectáreas para poder generar energía, para exportar la madera, para poder transformarla y así generar riqueza para el país y trabajo para nuestra gente”. Termina la voz en off, en treinta segundos, y se eleva la música, con la vista en una frondosa plantación de eucaliptus y finalmente aparece la bandera del partido colorado (de angostas rayas horizontales blancas y rojas) y la inscripción en mayúsculas “Batlle presidente”, debajo “para volver a vivir”.

Esta pieza, la única hallable de la época de la instalación del modelo forestal, no da cuenta de las empresas, ya que las corporaciones no participaban como enunciadores todavía. Inclusive Panario y Gutiérrez (op. cit.) señalan que primero hubo operadores que procuraban comprar las concesiones para luego venderlas a las empresas. Por el contrario, los avisos de campaña del Frente Amplio, cuyos candidatos eran Seregni y Astori, hablan de la agricultura y no de la forestación.

Lo cierto es que Batlle no fue elegido presidente sino Lacalle, del Partido Nacional. Sin embargo, durante el gobierno de Luis Lacalle (1990-1995) se continuó con la política forestal y se generó el slogan “una hectárea de forestación” para pequeños ahorristas, como una suerte de gesto patriótico, y se instaló la forestación como negocio familiar. Es decir, aunque ganó el candidato del partido opositor al de la Ley Forestal, ésta fue impulsada de todos modos.

Lacalle, como sus colegas de Argentina y Brasil, Menem y Collor de Melo, impulsó la apertura al capital extranjero. En esta apertura se inscribieron inevitablemente las multinacionales forestales, ya que Uruguay no tenía capacidad propia de colocación de su producción forestal. Shell-Kymmene fue la primera en llegar en 1990.

La promesa del empleo fue de lo más relevante del nuevo modelo, pero la forestación se practica “con la mínima utilización de mano de obra, incluso menor por hectárea a la generada por la ganadería tradicional” (Carrere, 2006: 10).

---