Ambientalistas

La posición ambiental se da a partir de una serie de cambios en la cultura política latinoamericana, con el despertar de la sociedad civil. Los factores de cambio son: 1. Inseguridad, relacionada sobre todo con los procesos económicos, Giddens (1994) le da el nombre de “incertidumbre manufacturada”. 2. Mayor conciencia y crítica de la población, a partir de la reflexión sobre metas comunes y valores, además crítica por la “televisión global”. 3. Nuevos valores; los DDHH, la democracia, el medio ambiente, las identidades relacionadas con un territorio, más la felicidad y vivir el presente como un juego, fenómenos de tiempos de crisis, marcado en la juventud, también en la asistencia a los estadios y los carnavales. 4. Debilitamiento de ideologías políticas, con una representación fragmentada. 5. Preocupación en asuntos coyunturales, como la pobreza, la salud, el medio ambiente, la delincuencia.

De estos factores además se desprenden tres procesos de cambio: 1. Retroceso de concepciones instrumentales de la democracia, hacia una concepción minimalista: elecciones, participación y opinión. 2. Desarticulación de la vieja matriz política, el Estado con base en la sustitución de importaciones, proteccionista e impulsor de los “derechos sociales” deja lugar al neoliberal, basado en la acción del mercado y alejado de la industrialización y las clases asalariadas. 3. Pérdida del contenido social de la política formal y su distancia respecto de los intereses de la gente, los “contenidos propositivos” de la política ya no hablan de superar la pobreza y las desigualdades sociales, signo de que estas se acentuaron (Sabatini, 1997).

Los estudios de viabilidad de las empresas no contaban con la acción de los ambientalistas y la tendencia a la toma de posición en zonas subdesarrolladas. Esta podría asociarse con lo que Martínez Alier (2005) llamó ecologismo de los pobres o ecologismo de los medios de vida, interesados en la calidad y accesibilidad de los recursos (Bebbington, 2009), por el cual en las zonas marginales no se pierden de vista los derechos ciudadanos. En el año 2005 se revalorizó mediáticamente este actor social, el ambientalista, en contra de las pasteras pero, más importante, dando alerta del modelo productivo, si bien habían podido impedir la instalación de otra pastera (Transpapel en FrayBentos en 1999, de capitales austríacos y estadounidenses, luego de que se evaluara su afectación al medioambiente y al turismo), su accionar no había estado en boca de los medios de comunicación.

En la misma posición de los ambientalistas también hubo divisiones. Se debe a que existieron diferentes visiones acerca de lo que se denomina desarrollo sustentable, “distintas maneras de entender la relación entre medio ambiente, sociedad y mercado” (op. cit.: 122).

Moreira (2008) señala que existen tres etapas en el movimiento ambientalista del Uruguay: en una primera etapa, a mediados de los 80, el movimiento era de autodefensa y conservacionista, se opuso a la construcción del Canal Andreoni y su impacto en los.bañados.de.Rocha. Luego de la cumbre de Río en el 2000 se abrió la segunda etapa, cuando el grupo de las ONG incluyó perspectivas políticas y económicas indagando en el modelo productivo y el movimiento Eco Tacuarembó tuvo éxito en el freno a la construcción de una central nuclear en Paso de los toros. Finalmente, al asumir el gobierno del Frente Amplio, en 2004, se inició la tercera etapa, en la que los principales enemigos fueron las plantas de celulosa (en un principio los ambientalistas habían pensado que el nuevo gobierno de corte socialista daría marcha atrás con los proyectos). Esta facción fue la que alertó a las asociaciones de defensa del Río Uruguay sobre la próxima construcción de las pasteras, sin embargo se produjo una nueva división al acoplarse un grupo (ala radical) a la Asamblea de Gualeguaychú mientras otros permanecieron cerca de la órbita del gobierno (ala moderada).

La vertiente radical se alió a la Asamblea Ambientalista Regional, que se reúne todos los años para disertar sobre el impacto de las pasteras y sus principales exponentes son: el Movitdes (Fray Bentos), los productores rurales de Cerro Alegre (Soriano y Mercedes), el Movimiento 10.9.1815 (Tacuarembó), ocupantes de tierra en el departamento más forestado del país, el sindicato de los trabajadores de la forestación (Rivera), el Grupo Sierras de Rocha y la Asamblea Callejón (Montevideo). Dentro de este grupo presionaron a la Asamblea de Gualeguaychú para que incluyera propósitos de interés regional.

Podríamos decir que existieron las divisiones por controversias socio-ambientales. Llamamos, en este marco, controversias socio-ambientales a las disputas por el impacto en el medio ambiente de ciertos procesos productivos y sus consecuencias en colectivos sociales. Se desprenden de este concepto las controversias socio-técnicas, producidas por distintas apreciaciones de un factor ambiental^[1].

La posición de los ambientalistas puede enmarcarse en la justicia ambiental o el ecologismo profundo, según la clasificación que propone Bebbington, por cuanto no atiende a la compensación sino que “cuestionan de una manera profunda el concepto de desarrollo e insisten en la importancia de mantener un debate público sobre el tipo de desarrollo que la sociedad quiere. En términos específicos, plantean la necesidad de pensar el desarrollo desde un concepto de derechos inalienables tanto de las personas como del medio ambiente. Esto los diferencia radicalmente del sector capitalista y del gobierno para quienes el principio fundamental es el crecimiento económico” (op. cit., 2009:124), mientras que, por el otro, radicaría en lo que se denominó la “suma cero”, un primer ambientalismo, dado por el conservacionismo de ecosistemas y especies, centrado en los pedidos históricos y los aportes científicos, pero que llega a acuerdos con los capitalistas, por asesorías y servicios por contrato.

La unión de los ambientalistas uruguayos con los de Gualeguaychú se dio en forma de red en una primera etapa, siguiendo la línea de “las redes transnacionales de Advocaty” (Merlinsky, op. cit.:117); el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) y Greenpeace Argentina pasaron a protagonizar el reclamo luego. El primero operando para trabar los créditos para las empresas apelando a lobbies empresarios, mientras que la segunda ayudó a la causa ambiental con medidas de impacto mediático. Además, los ambientalistas contaron con el apoyo del gobierno municipal de Gualeguaychú, del provincial de Entre Ríos y del gobierno nacional.

Conflicto

El conflicto del río Uruguay, cuyas partes beligerantes fueron los Estados de Argentina y Uruguay, se dio a partir de la denuncia argentina por el incumplimiento de las obligaciones procesales del Tratado del Río Uruguay por parte de Uruguay, específicamente de los artículos del 7 al 12. La demanda radicaba en que no se había consultado a Argentina para el uso del río por parte de las nuevas empresas, esta denuncia había comenzado con protestas en el Uruguay y luego en Argentina.

El río Uruguay, con un caudal de 365 mil km2 de cuenca es parte territorial de Argentina en un 33,5 %, de Uruguay en un 15,5 %, y la porción restante es de Brasil. En las orillas del río las actividades son similares en los dos países: la pesca, la navegación y el turismo. Se comparten dialectos y gustos culturales, el más importante es el carnaval. La actividad de una pastera no estaba prevista como actividad viable para la zona.

La primera manifestación de los ambientalistas tiene su génesis en “La declaración del pueblo” de 2003, firmada por los vecinos de ambas orillas. En 2004, con el cambio a un gobierno de izquierda en Uruguay, los asambleístas estaban expectantes de que se pudieran revertir los contratos, sin embargo, se dio otra demostración de que “el Estado representa todos los intentos de cristalizar permanentemente una determinada fase de desarrollo capitalista, una determinada situación” (Gramsci, 1951:82) y el gobierno de Tabaré Vázquez siguió adelante con los proyectos.

El inicio de las publicaciones en los diarios fue el 30/4/05, cuando 40 mil personas se concentraron en el Puente General San Martín. El problema ambiental es una de las etapas de un conflicto ambiental, basado en el cuadro de conflicto ambiental. El cuadro de génesis y evolución de un conflicto ambiental es revelador del proceso de disputa social, ya que organiza el proceso que va desde el “impacto ambiental” hasta la “acción ambiental negociada”, pasando por el “problema ambiental”, el “conflicto ambiental”, la “negociación informal”, la “mediación legítima” y la “negociación formal” (Sabatini, 1997). Sabatini señala además, contradiciendo de algún modo a la teoría neoclásica^[2], que en las zonas pobres el reclamo por la distribución es mayor. “Las comunidades pobres tienen economías e identidades territoriales que defender, las que pueden ser avasalladas por las grandes empresas. El ecologismo practicado por los pobres en muchas partes de América Latina es prueba de ello” (Sabatini, 1997:86).

En 2006 se dio el punto más álgido del conflicto, con el comienzo del corte y el apoyo político del gobierno argentino. Tiempo después, Tabaré Vázquez confesó a la prensa que pensó en una escalada bélica contra Argentina. Incluso en algunos periodos los tres pasos fronterizos estuvieron cerrados y, según una clausula del contrato, el gobierno uruguayo debía indemnizar a la empresa si no podía desempeñar su producción.

Otros datos fueron conocidos recientemente, como se señala en wikileaks^[3], a partir de un cable de la encargada de Negocios de la Embajada de Finlandia en Argentina, Petra Theman, a un oficial del sector económico de la representación de Washington en Buenos Aires, que informaba que hubo apoyo a los piqueteros por parte de autoridades argentinas; el 11 de octubre de 2011 Tabaré Vázquez declaró que había planteado a los comandantes militares de su país una hipótesis de guerra con Argentina y estos le respondieron que podían hacer una guerra de guerrillas y que contaban con cinco aviones y combustible para 24 horas, los que si salían no iban a regresar.

En 2007, el 7 de octubre, 300 ambientalistas de Argentina y Uruguay crearon en Nueva Palmira (ciudad portuaria uruguaya donde luego llegaría la manufactura de Botnia para exportar a Europa y Asia) la Asamblea Regional Ambiental del Río Uruguay. El 1 de noviembre se puso en funcionamiento la planta de Botnia, pero luego de tres horas fue frenada por Tabaré Vázquez, a razón de la espera de la XVII Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Santiago de Chile una semana después, y una reunión en la que mediarían el presidente español, Rodríguez Zapatero, y el rey de España, Juan Carlos. Sin embargo, la reunión no obtuvo la conciliación, incluso se conoció -según la agencia oficial de noticias argentina- que el presidente argentino, Néstor Kirchner, le habría dicho a su par uruguayo, “le diste una puñalada al pueblo argentino”^[4]. El 9 de noviembre Vázquez autorizó el funcionamiento definitivo de la planta.

En 2008, con el cambio de gobierno en Argentina, comenzó un distanciamiento entre el Ejecutivo Nacional y los ambientalistas de Gualeguaychú. Mientras tanto, la ONG Cross daba crédito a Botnia mediante un estudio de impacto ambiental que la clasificaba como no contaminante. En 2009, el gobierno se distanció definitivamente de los ambientalistas y expresó públicamente estar en contra del corte de ruta, arremetiendo con 18 denuncias penales contra integrantes de la Asamblea de Gualeguaychú.

El 14 de noviembre de 2010, en Montevideo, los cancilleres de Argentina y Uruguay llegaron a un acuerdo con los grupos científicos sobre el plan de monitoreo del río Uruguay. El acuerdo incluyó 12 ingresos anuales a la planta de UPM, así como también la instalación de sensores especiales. Se seleccionaría un laboratorio internacional para que estudiara las muestras que se tomaran. A pesar de la satisfacción oficial, algunos representantes de la Asamblea de Gualeguaychú, que concentra la protesta de los vecinos de esa localidad, criticaron la propuesta, por considerar que limita el control ambiental al establecer que serán 12 las inspecciones anuales en UPM en lugar de controles semanales.

Desprestigio

Las consignas de “fuera Botnia”, “Botnia mata” y “No a las papeleras” se extendieron desde Zárate hasta el cruce fronterizo. Las temáticas eran claras, y tenían sus fundamentos en la contaminación cuya prueba no era necesaria, ya que estaba dada por la materialidad del discurso (Williams, 1977), es decir, se había diseminado el mensaje y era verosímil para los agentes de la comunicación.

Desde el lado argentino, informes televisivos, como los del programa Informe central conducido por Rolando Graña, sobre la contaminación en Pontevedra (Vigo, España) -a raíz de la producción de ENCE (Empresa Nacional de Celulosa española)-, aportaban al imaginario de la contaminación y se generaban ideas acerca de las enfermedades producidas por los contaminantes, sobre todo cáncer. También se difundieron las razones de por qué ENCE se trasladó al Uruguay: en Europa habrían ajustado los controles sobre contaminantes.

Otro informe daba cuenta de la situación en Valdivia (Chile), donde la planta de Arauco era acusada de delito ambiental. Arauco es la empresa más grande de Latinoamérica, dato desconocido para la opinión pública, pero no para los pobladores misioneros aledaños a la pastera Alto Paraná, si bien en el informe se omitía que había una pastera de estas características en Argentina.

Cierto es que de las propias papeleras de Argentina no se hablaba demasiado, y es de lo que se valieron del lado uruguayo para redireccionar la polémica. No solamente las pasteras, también la contaminación del Riachuelo, fue el foco de atención, siendo parte de los argumentos de Uruguay contra Argentina.

Merlinsky atribuye a los medios de comunicación el cambio en el alcance de la propuesta, y al “piquete” el haber sido el señuelo para estos medios, lo que posibilitó la presión para con el gobierno argentino. (Merlinsky, 2009). Recordemos que Uruguay denunció luego al gobierno argentino de financiar el corte.

Desde el lado uruguayo, el diario principal es El país, el análogo de Clarín en Argentina. Es el medio que dicta la agenda mediática. Las noticias más importantes señaladas por el diario con respecto al conflicto fueron, ordenadas por las etapas del conflicto, las siguientes:

– Primera marcha de ambientalistas. El país, el 30/4/05, recogió una nota de la agencia EFE y tituló “Argentina pedirá a Uruguay la no instalación de las plantas de celulosa”. Aludió que “dañara el medio ambiente y la economía de la zona, según aseguraron”. Pero también que “prometen emplear a más de 4.000 personas e inversiones por más de 1.200 millones de dólares”^[5]. Aquí se plantean por primera vez los dos ideas centrales: la denuncia de contaminación y la promesa de empleo.

– El 5/5/2006 el presidente Néstor Kirchner realizó un acto en el corsódromo de Gualeguaychú, donde aseguró que el medio ambiente era una cuestión de Estado, responsabilizó a Uruguay y anunció que se iba a presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El país, el día siguiente titulaba en portada “Kirchner subió el tono del litigio a “causa nacional”” y en el cuerpo de la nota dice “el presidente argentino desafió a Uruguay al encabezar el acto”. Si en la primera nota el tono era neutral, en está afloró el nacionalismo y la confrontación, la pelea abierta entre Argentina y Uruguay.

– Respecto al aumento en la producción, el diario decía: “En septiembre de 2006, una autorización extendió el límite a 2 metros cúbicos por segundo, lo que generó una protesta de la Cancillería Argentina. Se estima que la planta utilizará anualmente un caudal de 60 millones de metros cúbicos de agua (2 de noviembre de 2006)”. El diario daba cuenta de la protesta argentina, pero que las acciones de Botnia las autorizaba el ejecutivo uruguayo. Esta autorización fue vista como una provocación por parte de los ambientalistas y como una clara señal del gobierno uruguayo. Tanto en el traslado de ENCE como en la posterior venta de Botnia nunca se admitió la influencia de los cortes. El Uruguay sentó su posición de soberanía y conceptualizó de amenaza las acciones de asambleístas y del gobierno argentino.

En tanto, desde el grupo Movitdes se advertía mediante informes técnicos las condiciones nocivas de la forestación. En el libro Maquillaje verde (2006) se concluye que los certificados dados a las forestadoras estaban viciados de nulidad. También el grupo Guayabirá es un impulsor de informes públicos sobre forestación.

Las intervenciones de Greenpeace fueron otras de las fuentes de desprestigio de las pasteras. La organización realizó cinco medidas que fueron ampliamente mediatizadas:

– El desembarco en el muelle de Botnia el 17 de enero de 2006, lo cual fue tomado en Uruguay como “una agresión a la soberanía uruguaya” (Merlinsky, 2009:121).

– El 19 de enero interrumpió el paso de camiones con materiales para la planta en Colón.

– El 2 de marzo interrumpió por dos horas un barco en el puerto de Talcahuano, Chile, con los mismos materiales para la planta.

– El Artic Sunrise, uno de los barcos emblema de la organización, fue instalado frente a la planta.

– La reina del carnaval de Gualeguaychú, con su atuendo de carnaval, irrumpió posando con una pancarta de “No a las papeleras” en la cumbre de presidentes de Europa y Latinoamérica celebrada en Viena el 11 de mayo de 2006. Sin embargo, luego de 2006, Greenpeace se retiró del conflicto ya que la planta cumplía con su pedido de modernización.

Las acciones de desprestigio dirigidas hacia las papeleras (que no eran papeleras sino pasteras) las puso al descubierto. Debía surgir luego una respuesta, de fuerte contenido simbólico, para contrarrestar los efectos en el imaginario. Fueron los ejercicios de mediación que continuaron.

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