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5 La vejez en el marco del neoliberalismo: la legitimación de la desigualdad

Privatización, focalización e intervención ligada a la emergencia

El presente capítulo comienza con el desarrollo de las características generales del período con los cambios producidos por la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, y las transformaciones en la matriz productiva y en la estructura social llevadas adelante por los gobiernos neoliberales.

Se analiza la remercantilización de las prestaciones sociales y la introducción de la conceptualización de la vejez como un asunto privado a partir de los cambios producidos en el sistema previsional como consecuencia de la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La seguridad social vuelve a ser pensada como un derecho privado.

Se desarrolla la relación entre vejez y pobreza en el marco de las políticas focalizadas y de emergencia en lo social, a partir del abordaje del Programa Pro-Bienestar del PAMI.

De igual modo, se analizan los movimientos de mayores en reclamo por sus derechos a través de marchas y diversas formas de protesta ante los problemas concretos como consecuencia de las políticas neoliberales implementadas a lo largo del período.

Asimismo, se abordan los movimientos contradictorios entre los avances legislativos en materia de derechos para los mayores y las acciones concretas de políticas económicas y sociales que pensaron a la población como una variable de ajuste conceptualizada desde la lógica financiera.

Se describen los fundamentos teóricos y éticos políticos presentes en la Reforma Previsional de 1994 y las distintas propuestas de reforma del sistema de salud y específicamente del PAMI presentadas por diversas Fundaciones afines a la lógica neoliberal, entre ellas destacamos la Fundación FIEL (de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), la Fundación Novum Milenium y una publicación del CIEPP (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas).

5.1 Características generales del período

Desde el inicio de la dictadura cívico militar en nuestro país y específicamente en la década del 90, con el gobierno de Carlos Saúl Menem se desarrollan una serie de políticas económicas y sociales de corte neoliberal, justificadas a partir de un diagnóstico de indisciplina fiscal y fracaso del estatismo que dio origen a las reformas económicas y estructurales del Estado con una marcada tendencia hacia el mercado. Los pilares formales del proceso de reforma se materializaron en la Leyes de Reforma del Estado N° 23.696/89, con énfasis en las privatizaciones, y la, Ley N° 24.629/96, con atribución de facultades al Ejecutivo para disponer en materia tributaria. (Pautassi, 2004; Gimenez, Nadal, 2011).

Desde el discurso de los organismos internacionales se planteó la eficiencia y racionalización de las políticas sociales por medio de la focalización y descentralización.

La defensa del rol de la sociedad sobre la amenaza de la intervención estatista, así como la justificación de la acción descentralizada por su eficacia y potencial democratizador formaron parte del discurso normalizador de los organismos (Arias, 2012,122).

Las políticas impuestas por los organismos internacionales sintetizadas en el Consenso de Washington; implicaban una serie de reformas que impactaron en la estructura social.  Entre ellas se destacan la reforma fiscal, el ajuste del gasto público, descentralizaciones, privatizaciones, desregulación financiera, libre comercio y flujos de inversión extranjera directa.

El año 1976 abre un nuevo capítulo en la historia de las políticas sociales. La desindustrialización generada por las políticas del gobierno militar provocó un aumento del desempleo y extendió la informalidad. Con la recuperación de la democracia se pudieron observar los efectos de esta política: el mapa social de la Argentina delataba la presencia de una amplia población de pobres y de trabajadores expulsados del sistema de seguridad social. Años más tarde, la política laboral (…) agudizó el proceso de pauperización y expulsión del mercado de trabajo. La estrategia elegida para enfrentar la nueva cuestión social no contribuyó a mejorar la situación. Por el contrario, profundizó aún más las brechas sociales y económicas (Golbert, 2010, 128).

Con respecto a los cambios demográficos ocurridos durante el período se destaca la consolidación del envejecimiento poblacional en el país, producto del descenso de la fecundidad que contribuyó a afianzar el cambio de la estructura etaria: a principios del siglo XX había casi diez niños por cada adulto mayor de 65 años, en el final del siglo la proporción se había reducido a dos.

En materia de seguridad social se destaca la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones (AFJP), generando una ruptura del entramado social intergeneracional instalando una lógica individualista y mercantilista con un fuerte impacto en las condiciones de vida de la población envejecida que legitimó y profundizó las desigualdades sociales.

Las medidas económicas tomadas desde la lógica neoliberal tuvieron gran impacto a nivel general y específicamente en la población mayor, los niveles de desempleo y precarización laboral impactaron en las personas envejecidas y en sus hogares. En muchos casos los mayores cedieron espacios y parte de sus ingresos a su grupo familiar que vivía en situación de pobreza.

En muchos casos, las personas mayores que no se encontraban en condiciones de cumplir con las nuevas exigencias del sistema previsional debieron continuar trabajando, con frecuencias en condiciones de precariedad e informalidad laboral. Las pensiones no contributivas eran parte de un sistema acotado de otorgamiento, sólo podía accederse a ellas tras el fallecimiento de un beneficiario. Para quienes accedían a una jubilación o pensión “a principios del 2000 los haberes previsionales arrastraban más de una década de inmovilidad, llegando a ubicarse por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) estimada para un adulto” (Alergui, 2009, 2).

Las personas mayores se organizan y movilizan en defensa de sus derechos y para reclamar  mejoras en sus condiciones de vida, en este sentido es importante señalar las marchas que se realizaban los días miércoles de cada semana lideradas por Norma Pla;  quien fue una referente en la lucha de las personas mayores en este período en el reclamo por un haber mínimo de 450 pesos para la población jubilada y pensionada, por una conducción del PAMI a través de sus afiliados y afiliadas, y por la efectivización de las sentencias que reconocían la actualización de los haberes jubilatorios.

Las marchas de jubilados llegaron a reunir miles de personas, sus referentes se presentan en los medios de comunicación.

Los viejos vuelven a tener un rostro y sus palabras son escuchadas, pero ya no con el respeto y la consideración de antaño. Ya no es su experiencia la que se venera, sino que se acompaña su lucha como una lucha más de la sociedad (Mariluz, 2010, 48).

Durante la década del 80 se consolidan y crecen en número las Organizaciones de Personas de Edad, entre ellas se destacan los centros de jubilados, promovidas por el Estado, especialmente desde la obra social de los jubilados el INSSJP y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, estas organizaciones son entendidas como mecanismo de fortalecimiento de la sociedad civil y a su vez como espacios de clientelismo político (Fassio, 2001).

Asimismo, se observa un incremento de organizaciones nacionales, regionales e internacionales, como la Mesa de Jubilados y Pensionados, la Red Interamericana de Asociaciones de Adultos Mayores entre otras. Al mismo tiempo los partidos políticos intentan captar los votos de estas organizaciones entendiendo a los mayores como un actor social en consolidación y expansión.

5.2 La salud en el neoliberalismo. Desmantelamiento y propuestas de reformas del PAMI

Durante este período las acciones del Ministerio de Salud en el nivel nacional fueron reducidas a determinados programas focalizados, los cuales representaban en 1996 sólo el 2,5% del gasto público total de salud (Cortés y Marshall, 1999; En Golbert 2010). Este ajuste se desarrolló en un marco de desempleo y precarización laboral, momento en el que muchos trabajadores recurrían al hospital público al haber quedado excluidos del sistema de seguridad social.

Con respecto al INSSJP, se produjo durante este período un desmantelamiento de los servicios que brindaba el Programa de Atención Médico Integral (Mariluz 2010). Durante los años del proceso militar del Programa del Tercer Nivel solo funcionaba la internación en residencias y la política de subsidios. La intervención relacionada con la prevención era acotada.

Lo primero que hace el proceso militar cuando entra al PAMI es prohibir el trabajo social de grupos, que se venía realizando en las agencias convocando a los jubilados del barrio (M. A. Arlegui, comunicación personal, 8 de mayo de 2018).

Asimismo, se desmantela el servicio de Atención a Domicilio creado en el marco del Programa del Tercer Nivel, que había funcionado por varios años, conservando solamente algunas enfermeras que trabajaban originalmente en domicilio.

En un segundo momento de la dictadura militar fue designado Santiago de Estrada como secretario de Seguridad Social y simultáneamente de 1979 hasta la llegada de la democracia como interventor del Instituto. Estrada rescata la idea de participación de los jubilados y pensionados a través de la figura de los consejeros asesores, que eran afiliados que ocupaban el lugar de auditores informales del servicio y daban su opinión acerca de las decisiones del instituto.

Con la vuelta de la democracia tienen un mayor desarrollo las organizaciones de personas mayores impulsadas por el PAMI, con un crecimiento exponencial en número de los centros de jubilados y se crea dentro del instituto el área específica de relación con las organizaciones o relación con los beneficiarios. Entre 1989 y 1991 durante el gobierno de Carlos Menem, Estrada vuelve a ser interventor del PAMI y ve como uno de los actores relevantes a los centros de jubilados e intenta recuperar la capacidad que habían tenido los trabajadores sociales durante los inicios del instituto. Crea una gerencia de vivienda y propone un plan de créditos, que tuvo vigencia durante algunos años. Luego se dejan de dar los créditos y con el remanente se construyen los barrios propios.

Ese proyecto de un gueto casi residual no tuvo desarrollo y terminaron siendo viviendas ocupadas por los que luego fueron los herederos, fue un proyecto que, si bien en su momento fue gigantesco, luego fue perdiendo vigencia y convirtiéndose en un problema legal (M. A. Arlegui, comunicación personal, 8 de mayo de 2018).

Con los diferentes gobiernos e intervenciones del PAMI el elemento que va variando es el abordaje social. En términos generales el área médica continuó con el desarrollo de los médicos de cabecera en el primer, segundo y tercer nivel de atención.

Con Matilde Menéndez durante su intervención entre los años 1992 y 1994 se crea el Programa Pro-Bienestar con la Resolución N° 1517/D/92 con el propósito de “elevar la calidad de vida y el bienestar de los afiliados del Instituto, en particular de aquellos que viven en situación de desamparo”. El programa presenta las siguientes actividades:

a) Proporcionar asistencia para alimentación y vivienda a beneficiarios en condiciones de pobreza extrema. b) Construir salones sociales y brindar equipamiento y apoyo institucional a los Centros de Jubilados. c) Organizar actividades recreativas y educativas que faciliten la comunicación e integración de los mayores. d) Promover la valoración social de los ancianos y discapacitados favoreciendo su participación en ámbitos de decisión de la comunidad (Resolución N° 1517/D/92).  

En un principio, las comisiones directivas de los centros de jubilados y pensionados recibían el subsidio y debían realizar las compras, preparar y servir la comida, así como rendir cuentas. En el año 1999 cubrían a 477.000 afiliados a través de 2.744 centros. Esta iniciativa implicó, la conformación de aproximadamente 600 nuevos centros de jubilados (Paola, Samter, Manes, 2011).

Este programa se establece en el contexto de precarización laboral y vulneración de los derechos, como consecuencia de las políticas económicas y sociales, como un dispositivo focalizado de complemento alimentario. En palabras de Arias (2012, 133) “es desde el mismo sistema de protecciones al empleo que se produjo el empobrecimiento y la correlativa necesidad de asistencia entrando profundamente en crisis la función del sistema previsional como un garante de la manutención de los trabajadores finalizada la etapa laboral”. Por otro lado, en el período de la reelección estos comedores fueron herramientas políticas y la entrega de bolsones se transforma en la estrategia principal del dispositivo.

En este sentido, este tipo de acciones fueron cuestionadas debido a que las personas jubiladas y pensionadas cuentan con un ingreso, que en la mayoría de los momentos históricos se encontró por encima de la línea de la pobreza. Al mismo tiempo, muchos mayores con su ingreso mínimo, pero fijo y sostenible en el tiempo, se convirtieron en jefes y jefas de familias en caso de desempleo o precariedad laboral de los integrantes más jóvenes.

Entonces el trabajo que hacemos en nuestra área (en referencia al PAMI) es la visibilización de los adultos mayores no como individuos, sino como personas que forman parte de hogares intergeneracionales, donde en realidad todo lo que le sucede al viejo impacta sobre otras generaciones. Pero por sobre todas las cosas se ha invertido el supuesto teórico de que los jóvenes sostienen a los viejos, en la práctica diaria es este jubilado que seguridad social, con obra social, el que empezó hacerse cargo de los problemas económicos de sus hijos y de sus nietos. (M. A. Arlegui, comunicación personal, 8 de mayo de 2018).

En este sentido, el trabajo de investigación de Arlegui (2009) muestra que durante la crisis del 2001 los hogares con personas mayores tenían menor nivel de pobreza, demostrando así la importancia de la seguridad social como derecho y en su plano redistributivo. La jubilación y pensión es sumamente importante sobre todo en las poblaciones vulnerables. En el estudio realizado a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2004-2006 la pobreza promedio de los hogares fue del 26.5%, presentando un menor impacto en los hogares con personas mayores (18.5%), en relación a los hogares sin adultos mayores (30.7%). “Los hogares con adultos mayores mejoraron su situación de bienestar en mayor medida que los hogares sin adultos mayores” (Arlegui, 2009, 6). Al interior de los hogares con personas mayores, los multigeneracionales fueron los que más sufrieron la pobreza y la vulnerabilidad, seguidos de los hogares unigeneracionales. El estudio muestra que los hogares con adultos mayores conforman un tercio del total de hogares urbanos y que el bienestar de la población mayor está relacionado con su inclusión en el sistema de protección social.

Podemos concluir que, con frecuencia, en épocas de crisis, los mayores con ingresos previsionales son el principal sustento de los hogares. Asimismo, las mujeres se encuentran más expuestas a la vulnerabilidad durante la vejez debido al menor acceso al sistema previsional y a los ingresos suficientes y los varones mayores que se encuentran más expuestos a la vulnerabilidad son quienes deben contribuir al sostenimiento de miembros vulnerables laborales con o sin cobertura previsional.

5.3 Propuestas de Reforma del PAMI

Durante el período estudiado circularon una serie de propuestas de reformas del PAMI en las que se plasma ciertos elementos de la lógica neoliberal aplicada a la salud en general y al INSSJP en tanto principal efector de políticas sociosanitarias para mayores en nuestro país. Varias de esas propuestas plantean la desaparición del instituto como uno de los componentes del “fracaso” de lo público, otras plantean su reconversión y transformación. No obstante, todas las propuestas analizadas coinciden en la “racionalización” de los servicios y las prestaciones del PAMI y en la escisión de los aspectos biológicos y sociales.

Consideramos que más allá de que los planteos que en un plano discursivo ponderan la igualdad y la libertad de elección, en la práctica llevan a un ajuste y privatización de los derechos de los mayores que el instituto desde su creación garantizó, aún con sus dificultades y contradicciones.

A continuación, analizaremos las propuestas de la Fundación FIEL (de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), la Fundación Novum Milenium y el CIEPP (Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas).

En los documentos analizados en el diagnóstico acerca de la situación del Instituto el presupuesto es definido como “gasto”, por lo tanto, las propuestas tienden a reducirlo por el carácter regresivo. Asimismo, vinculan los problemas financieros del instituto con el clientelismo político.

5.3.1. Fundación FIEL: el fracaso del estatismo en la salud

En los años 1996 y 1997 con la intervención del Instituto de Alejandro Bramer Markovich circularon una serie de Propuestas de Reformas del PAMI, complementarias a la reforma previsional llevada a cabo en el año 1994. En estas propuestas con pretensión de cientificismo y neutralidad se plantea el postulado de privatización y desmantelamiento del Instituto.

La salud es pensada como un gasto y la reforma del sistema de salud está basada en el logro de una mejor redistribución de los servicios asistenciales. En el diagnóstico del sistema de salud se destacan las deficiencias: demoras frecuentes y prolongadas en obtener la atención en los hospitales, con “cuellos de botella” en algunos servicios y “capacidad ociosa” en otros.

Se trata de evitar redistribuciones regresivas de recursos que se producen cuando los servicios gratuitos ofrecidos por los hospitales públicos son utilizados por personas que pueden financiar el costo de tales servicios, en general por encontrarse cubiertos por alguna obra social o seguro de salud (FIEL, 1987, 207).

Se plantea la necesidad de lograr mayor eficiencia en la administración y prestación de los servicios sanitarios, con un nivel de asistencia “mínimo” para toda la población. Junto con la obligatoriedad de contar con algún tipo de cobertura en cuanto a salud se refiere, se dejaría a cada ciudadano la libre elección de la institución o empresa que preste el servicio.

La publicación del año 1995 de la Fundación FIEL propone la creación de un sistema “eficiente y justo”, sin corrupción y que fomente y permita la libre competencia en el mercado de la salud, a partir de la eliminación de la “demanda cautiva” a una determinada entidad.  Las reformas propuestas se basan en la focalización y la “racionalización” y en consiguiente reducción de gastos y la legitimación de la desigualdad.

La propuesta comprende la libre elección de la entidad y, a su vez, la competencia entre ellas con libertad para fijación de las tarifas. La competencia reducirá drásticamente las oportunidades de corrupción del sistema y producirá una disminución de costos, con el consecuente efecto sobre el peso de las cargas sociales (FIEL, 1995, 14).

La focalización está presente en la propuesta del Fondo de Seguro Redistributivo, definido como el componente “solidario” del sistema, que atenderá el pago de las tarifas para las familias de más bajos ingresos, para proveer un plan de salud mínimo. Desde esta lógica el PAMI es considerado un elemento particular, ya que se enfoca en la denominada “clase pasiva, que no puede generar corrientemente los aportes necesarios para cubrir el alto costo medio de salud de las edades elevadas” (FIEL, 1995, 14). En este sentido, el documento señala que la cobertura del sistema es insuficiente y agrava el déficit fiscal, frente a una institución ineficiente.

En el diagnóstico de la situación del PAMI, el informe destaca la existencia de un conjunto de subsidios cruzados que fomentan la evasión en el pago de aportes y contribuciones, y es considerado como una institución que no establece los mecanismos adecuados para tender al equilibrio financiero. Asimismo, en el documento se critica la “política generosa” en lo referido a la incorporación de población beneficiaria y a la existencia de una cantidad importante de prestaciones sociales, que “dificultan” el financiamiento de la atención médica.

La propuesta de este trabajo implica una transformación sustancial. El actual régimen de reparto se cambiaría a uno de capitalización. Durante su vida activa, una persona aportará a una cuenta individual una suma fija, que luego de 30 años de capitalización lograría un fondo suficiente para adquirir un seguro de salud para el jubilado y su cónyuge (FIEL, 1995, 15).

Asimismo, en el caso del PAMI se prevé un régimen de competencia y libre elección, y un fondo compensador que subsidie a los aportes de los trabajadores de más bajos ingresos, eliminando la afiliación compulsiva que es entendida como una característica que resta incentivos para un manejo transparente y eficiente de la institución.

Desde esta lógica el régimen de reparto es considerado inequitativo, ya que los fondos se distribuyen en forma independiente de los aportes realizados durante la etapa activa y no se contempla la posibilidad de realizar un desembolso voluntario adicional para acceder a una cobertura más amplia que la que ofrece el PAMI; la única alternativa es constatar un servicio médico privado con la consecuente duplicación de gastos.

En este sentido, la propuesta presenta una predominancia del enfoque médico sobre el social, equiparando al envejecimiento y la atención de la salud únicamente con la variable biológica. Desde esta mirada los problemas financieros del sistema se resuelven recortando y eliminando las prestaciones sociales, disociando aspectos centrales de la salud de las personas mayores.

Tanto en el régimen de capitalización como en lo que respecta al PAMI residual, se han eliminado de este sistema el conjunto de prestaciones sociales, así como también la cobertura a grupos poblacionales ajenos a los cotizantes al régimen previsional (FIEL, 1995, 68).

La reforma propone la descentralización como estrategia de transferencia a las provincias de las acciones vinculadas a lo social y a la atención a la pobreza.

La lógica individualista de la propuesta deja en manos de cada trabajador la obligación de costear su seguro de salud, sin contemplar las condiciones de contexto que pueden imposibilitar este ahorro; la informalidad, la precarización laboral y la explotación no son variables problematizadas en esta reforma.

La población que cotiza en el régimen nacional de previsión debe obligatoriamente efectuar un ahorro en etapa activa con el objeto de contratar un plan de salud para sí y su cónyuge a partir del retiro del titular (FIEL, 1995, 63).

La reforma del sistema de salud propone la libre elección del plan de salud y la institución prestadora. En teoría “un esquema de este tipo, al introducir competencia en un mercado hoy cerrado a la misma, genera fuertes incentivos para reducir costos y mejorar la calidad de los servicios médicos prestados a la clase pasiva” (FIEL, 1995, 67).

Podemos concluir que, en el documento, desde esta mirada neoliberal de la vejez, el envejecimiento demográfico de la población argentina “se torna crítico”, y justifica el aumento de los aportes y contribuciones sobre los ingresos laborales como única forma de sostener un sistema que promueva la solidaridad intergeneracional. Activos y pasivos se transforman en una ecuación actuarial sin adquirir categoría de personas con derecho a un servicio de salud a lo largo de toda la vida.

5.3.2 Fundación Novum Millenium: entre el salvataje y la reforma del PAMI

La Fundación Novum Millenium publica dos documentos referidos a la salud y específicamente al INSSJP en los años 2000 y 2001, en los que se describe la situación del PAMI y se propone una reforma que logre cortar con la cadena de “salvatajes” que según su mirada, ha realizado con regularidad el Estado Nacional, que termina siendo en la práctica el financiador de la institución.

Para esta fundación el instituto es definido como

[…]uno de los factores que distorsiona la oferta de prestaciones médicas (…) en la medida que constituye un comprador que no incentiva la calidad, no genera condiciones transparentes para las contrataciones, ni es riguroso con el cumplimiento de los acuerdos preestablecidos” (Fundación Novum Milenium, 2001, 6).

En síntesis, es considerado como uno de los focos más importantes de corrupción y una institución que perturba el desarrollo de la oferta de prestaciones médicas en nuestro país.

Se vuelve a hacer énfasis, como en el resto de los documentos analizados, en el PAMI como un prestador monopólico con cautividad de los afiliados, en la ineficiencia e inequidad de la institución, los actos de corrupción y en el déficit que el documento califica de “colapso financiero”. Según la Fundación “el INSSJP es un caso extremo de degradación promovida por una estructura de incentivos que estimulan la ineficiencia y la corrupción” (Fundación Novum Milenium, 2000, 8). Desde esta mirada las causas del fracaso sanitario están en la “deficiente organización”, no en las carencias financieras. La atención médica está degradada por la cautividad y la falta de competencia en las obras sociales y el INSSJP, por la competencia sin regulación entre las empresas de medicina prepaga y por el subsidio a la oferta con procedimientos públicos con el que se asigna el presupuesto a los hospitales.

En la propuesta del nuevo sistema de salud unificado presenta las siguientes características: libertad de competencia, regulación procompetitiva, separación de la atención médica de los aspectos sociales, libertad de elección, titularidad de los afiliados y subsidio a la demanda.

Por un lado, se presenta la idea de los usuarios como “agentes activos” con libertad para elegir entre las denominadas entidades especializadas en la administración de prestaciones médicas inscriptas en el registro. La propuesta determina que cada entidad registrada es responsable de suministrar integralmente el programa de atención médica regulado por el Estado y como contraprestación recibirá un valor mensual capitado. Por otro lado, se postula que la asistencia social se desarrollará únicamente a través de un organismo centralizado y se propone la creación de la Agencia Social con los objetivos de evitar la superposición y multiplicidad de criterios, “reducir costos administrativos, mejorar la focalización de la inversión social y atacar el clientelismo político” (Fundación Novum Milenium, 2001, 15). Desde este marco, se considera urgente la transferencia de las prestaciones sociales del PAMI al Ministerio de Desarrollo Social, bajo la pretensión de generar entidades especializadas en la cobertura de atención médica, con estándares de calidad más rigurosos.

A los fines de establecer un mecanismo de financiamiento consistente del sistema de salud para los jubilados se establece la cápita solidaria portable, que se define como el total de recursos unitarios por mes destinado a la cobertura de salud de cada uno de los beneficiarios. De esta manera, se instrumenta un concepto de trascendental importancia: que la titularidad de los recursos pertenece al beneficiario y no al organismo responsable de administrarlo. (Fundación Novum Milenium, 2001,17).

De esta forma, con respecto a la titularidad de los recursos por parte de los afiliados, en la propuesta se plantean dos implicancias: un rol más activo de los afiliados a través del ejercicio de la libre elección y un rol más estratégico del Estado, con funciones de supervisión y regulación en lugar de ser administrador “discrecional y monopólico”.

En este contexto, el nuevo PAMI sería una de las tantas instituciones inscriptas en el registro de entidades, se le aplicarían las mismas reglas de juego que al resto de las organizaciones, debiendo garantizar el programa médico a quienes elijan mantener su afiliación y operaría con los recursos que le generen las cápitas solidarias portables de sus afiliados. En esta propuesta se destaca la independencia de gestión y financiera del Estado. El PAMI es un componente clave de la propuesta, de esta forma, el instituto dejaría de actuar como un proveedor directo de servicios de salud.

En lugar de administrar centenas de contratos con muchos prestadores monopólicos, los servicios deberían ser provistos a través de entidades constituidas como seguros de salud operando en un ambiente competitivo. A cambio de un valor capitado, estas entidades serían responsables de la cobertura integral de las personas que opten por sus servicios (Fundación Novum Milenium, 2001).

 

Como crítica a estas medidas podemos señalar que las mismas propician un sistema de salud que facilite a las aseguradoras privadas la hegemonía del mercado de la inversión sanitaria y su apertura a las empresas transnacionales y en la práctica podrían devenir en el cierre de las obras sociales y del PAMI en particular.

Más allá de estas denuncias de índole ética, el “Proyecto Giordano” abre severos interrogantes sobre el establecimiento de un sistema nacional de salud que priorizará la competitividad –y por tanto el lucro y la sagrada primacía de la tasa de ganancia– por sobre las necesidades de la población” (Bonasso, 2001).

Podemos concluir que, en épocas de neoliberalismo, como característica del periodo analizado observamos el diseño de políticas excluyentes, desreguladoras y destructivas del patrimonio público. Los documentos analizados tienen como objetivo priorizar la rentabilidad y la competitividad por sobre las condiciones de vida y los derechos de la población.

5.3.3 Informe CIEPP: restructuración del PAMI

El informe elaborado por Peter Lloyd-Sherlock en el 2002 analiza el funcionamiento del PAMI como una agencia de bienestar social en comparación con Medicare (seguro de salud administrado por el gobierno de Estados Unidos, que brinda atención médica a las personas mayores de 65 años). El autor plantea la salvedad de que la información sobre los servicios del Instituto es escasa y con frecuencia poco fiable. PAMI y Medicare son los únicos sistemas de salud social en el mundo que están dirigidos específicamente a jubilados.

Como elementos positivos del PAMI señala que continúa siendo un factor importante de los sistemas de salud en el país. Sin embargo, su cobertura es definida como menos universal de lo planteado en el plano discursivo, abarcando a las personas mayores que habían participado en el sistema de seguridad social, es decir, casi a la mitad de las personas mayores de 60 años al comienzo de los 70.

Las posibilidades teóricas de prestaciones de salud y de otros servicios sociales que ofrece el PAMI son asombrosas. Estas posibilidades incluyen nuevos programas que se añadieron a los servicios centrales del Programa durante los años ochenta y comienzos de los noventa. La variedad de servicios médicos va mucho más allá de la ofrecida por Medicare, que gasta unas 10 veces más que el PAMI per cápita (Peter Lloyd-Sherlock, 2002, 3).

No obstante, el autor señala que existen desajustes entre el plano teórico y el práctico y que existen indicadores de que la calidad del servicio es desigual con variaciones geográficas.

En el informe el INSSJP es definido como “uno de los problemas de política pública más serios a los que se enfrenta Argentina”. En el diagnóstico inicial se plantea que “el PAMI tiene deudas de casi 1 billón y medio de dólares y recibió subsidios federales por valor de 200 millones de dólares solamente en 1997”. El informe sentencia que “la falta de resolución de la deficitaria situación financiera del PAMI es un serio motivo de puesta en duda de la capacidad estatal para cumplir este compromiso”. Asimismo, señala corrupción y manipulación política del presupuesto, definiendo al PAMI como “una herramienta de mecenazgo político más que una agencia de bienestar” (2002, 6).

Según el informe de las reformas realizadas durante la década del 90 en el PAMI, con apoyo técnico y financiero del Banco Mundial, tuvieron como meta: reducir el personal, restringir sus servicios, reestructurar los contratos y desarrollar sistemas internos de control e información. En el plano práctico el impacto de estas modificaciones fue la reducción de los servicios. El autor señala que el Instituto tuvo dos “éxitos” desde su creación: el desarrollo de una red de médicos de cabecera, con un papel preponderante en la atención y el desarrollo de una red de centros de jubilados, que brindan servicios médicos y sociales a una cantidad significativa de afiliados y “tienen el potencial de formar una plataforma para programas de cuidados comunitarios para gente mayor. Si se integraran con los otros servicios del PAMI, tendrían mucha capacidad de mejorar el alcance del Programa” (Peter Lloyd-Sherlock, 2002, 22).

Con respecto a los servicios sociales que brinda el instituto el autor destaca que existen dificultades en la transferencia de los servicios relacionados con el Programa Pro-Bienestar, los subsidios, las residencias y sepelios a otros órganos oficiales.

Una vez separados de los programas más amplios del PAMI, la probabilidad de continuación y desarrollo de estos servicios sería casi nula (…) El PAMI todavía constituye un elemento muy importante, aunque muy imperfecto del sistema de bienestar social argentino (Peter Lloyd-Sherlock, 2002, 24).

En el informe del CIEPP (2002) se propone una reforma del PAMI, en lugar de su desintegración. Esta reforma debería incluir: la concentración de recursos para financiar la red de médicos de cabecera y el desarrollo de sistemas de derivación entre los niveles de atención “para evitar el uso abusivo de servicios especializados”. Integrar la red de centros de jubilados en programas actualizados de promoción, prevención y asistencia dentro de la comunidad, racionalizar los programas de medicamentos. Transferir los programas sociales a pequeña escala como los subsidios económicos a otros proveedores. La reforma central consiste en el desarrollo de sistemas de información y capacidad reguladora. Para la concreción de estas reformas se plantea como necesario un cambio en el panorama político argentino.

Lamentablemente el autor duda mucho que sea posible el éxito de estas reformas sin que haya un cambio muy profundo en el panorama político argentino. Los problemas de gobernabilidad del PAMI están tan arraigados y vinculados a estructuras políticas más amplias que una transformación progresiva parece muy lejana. Por eso, es más probable que el PAMI siga en decadencia o que se desmantele abruptamente. Esto significaría una fuerte caída en la calidad y cantidad de los servicios para los jubilados y otros afiliados que no pueden conseguir seguros privados (Peter Lloyd-Sherlock, 2002, 27).

Se puede concluir que los tres documentos analizados presentan elementos comunes que se corresponden con la lógica imperante en el período. Si bien en la práctica estas propuestas no fueron implementadas, de todas maneras, el análisis permite identificar los componentes neoliberales que tensionaron el Modelo de Intervención de Derechos de las Personas Mayores Trabajadoras en lo referente a la salud, específicamente en las propuestas de racionalización, reducción y ajuste de los servicios y las prestaciones del PAMI y en la escisión de los aspectos biológicos y sociales en la atención de salud de las personas mayores.

Los documentos de la Fundación Fiel y de Novum Millenium presentan una explícita lógica neoliberal que tiene como objetivo la crítica a la acción del Estado y la propuesta de privatización del PAMI. Observamos que con sus variaciones y particularidades las ideas planteadas en estos documentos están en consonancia con las exigencias de la época del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Por otro lado, el Informe del CIEPP si bien presenta elementos comunes al período relacionados con la “racionalización” de los servicios y la trasferencia de ciertos elementos sociales del Instituto a otras dependencias, propone una reforma estructural que preserva el carácter público de la institución, modificación que para ser viable debe estar en consonancia con una serie de transformaciones políticas más amplias en el país.

5.4 Políticas sociales: focalización y atención de la emergencia

En cuanto a las políticas sociales con el retorno de la democracia a partir de 1983, el Servicio Nacional del Anciano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, se transforma en Subdirección de Ancianidad, que solo logra mantener las residencias existentes para adultos mayores de corte pabellonal, creadas por la Sociedad de Beneficencia y la Fundación Eva Perón.

En 1994 se crea la Secretaría de Desarrollo Social como un desprendimiento del entonces Ministerio de Salud y Acción Social. Las políticas de la Secretaría de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se desarrollaron con las siguientes características: “multiplicidad de programas, de tiempo limitado que no daban acceso a ningún derecho y sin articulación entre los distintos organismos de Estado que permitiera diseñar una estrategia en común” (Golbert y Roca, 2010, 142). En este contexto, los recursos financieros eran fluctuantes y la continuidad del presupuesto estaba sujeta a la voluntad política de los funcionarios.

En la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la Municipalidad se crean en 1977 las unidades de geriatría en los hospitales de agudos a través del “Programa Médico Asistencial”. Por otro lado, en 1989, se establece la Dirección de la Tercera Edad en el ámbito del Instituto Municipal de Previsión Social. A su vez, y dependiendo de la Subsecretaría de Acción Social de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad, funcionaba la Dirección de Ancianidad, En el año 1994 adquiere identidad propia y pasa a ser Dirección General de Tercera Edad hasta el año 2008. (Paola, Samter, Manes, 2011).

En este período en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a desarrollarse una serie de políticas sociales destinadas a las personas mayores. Se crearon y fortalecieron los siguientes programas: Proteger, con el objetivo de prevenir e intervenir en situaciones de maltrato; Cuidadores Domiciliarios; Hogares de Día, con actividades socioculturales y prestación alimentaria, y los cuatro Hogares de Residencia Permanente para mayores.

Durante el período las políticas sociales desarrolladas para personas mayores estuvieron regidas por la lógica de la focalización y la territorialización. Las mismas siguieron las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito, sin lograr reducir las desigualdades sociales y las condiciones de exclusión de la población mayor en nuestro país.

El carácter asistencialista de las políticas focalizadas no se deriva de la ‘focalización’ como técnica de implementación de una acción política, sino de la sustitución de un marco de derechos y ‘garantías’ que obligue a asistir a los grupos sociales con necesidades específicas y a los sectores sociales con condiciones de máxima explotación y excluidos del mercado por acciones volátiles y focalizadas en las carencias (Grassi 2003, 31).

Como ejemplo de este tipo de políticas podemos mencionar los siguientes Programas: Programa Nacional de Promoción del Empleo (PRONAPE), el Programa de Solidaridad (PROSOL), Programa Social Agropecuario, Programa para la Tercera Edad que incluye los programas: Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA) y el Programa Abuelos Integrados (PAIS). El Programa ASOMA tenía como objetivo responder a las necesidades de los mayores en situación de vulnerabilidad social, facilitando el acceso a bienes y servicios, como alimentación, medicación y recreación, la gestión se desarrollaba a través de ministerios provinciales, municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Esta lógica de la focalización se observa en el ámbito de la salud en los Programas Pro-Bienestar y en la Creación del Programa Federal de Salud. El Pro-Bienestar dependiente del PAMI como se señaló anteriormente, estaba destinado a los afiliados mayores de 70 años con ingresos mínimos que no contaran con ayudas familiares, a quienes en el caso de cumplir con estos requisitos se les hacía entrega de bolsones de comida, en los Centros de Jubilados. El Programa Federal de Salud (PROFE) estaba dirigido las personas que accedían a las pensiones no contributivas por la situación de vulnerabilidad socioeconómica, contemplándose únicamente la prestación médica en el marco del Plan Médico Obligatorio (PMO) y luego el Plan Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE).

La implementación de estas políticas generó una transformación de la lógica de intervención del Estado en materia social.

La irrupción de los jubilados y pensionados como beneficiarios de políticas de tipo asistencial focalizadas territorialmente mostró una fractura con la función central de las formas previsión social (Arias, 2012, 136).

Con respecto al Programa Pro-Bienestar su implementación implicó una serie de acuerdos territoriales e institucionales que no estaban presentes en el sistema previsional y consistieron en la implementación de recursos de emergencia, dadas las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social propias de este período que no eran cubiertas por la seguridad social, situación que da cuenta de la fragilidad de los derechos garantizados por el sistema ante las crisis económicas.

5.5 Seguridad social: AFJP el futuro de la población mayor en manos del mercado

En lo referente a la seguridad social, durante la dictadura cívico-militar las medidas económicas tomadas por parte del gobierno de facto tuvieron una incidencia directa en este sistema. Fueron eliminadas las contribuciones patronales a la seguridad social como fuente de financiamiento propia del sistema, estos ingresos se sustituyeron por impuestos indirectos como el IVA, de carácter regresivo. De esta forma el financiamiento de la seguridad social quedó a cargo de los ciudadanos, particularmente los trabajadores e inclusive por quienes no tenían un trabajo formal y habían quedado fuera del sistema. Estas acciones intentaron disolver el principio de justicia distributiva al consolidar las desigualdades intra e intergeneracionales. En este contexto se produjo una fuerte caída del poder adquisitivo, de las remuneraciones y de los haberes del sistema previsional, como consecuencia del congelamiento de los salarios y el aumento de la inflación. De esta forma, se consolidó una redistribución del ingreso en favor de los sectores más privilegiados y en detrimento de los trabajadores activos y jubilados.

El gobierno de Raúl Alfonsín repuso las contribuciones patronales eliminadas por Martínez de Hoz. Sin embargo, este incremento no fue suficiente para generar los recursos necesarios que permitieran dar respuesta a las demandas de los jubilados y pensionados.

Recuperada la democracia, el presidente Raúl Alfonsín encontró un país devastado en el plano político, social y económico. Los niveles de pobreza habían subido dramáticamente y eran muchos los que habían perdido su empleo y que, en consecuencia, habían sido expulsados del sistema de seguridad social (Golbert, 2011, 132).

En 1986 el Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia del sistema previsional, entre otros factores debido al reconocimiento de la Justicia acerca de la legitimidad de los juicios realizados por los reclamos de adecuaciones de los haberes. Es importante destacar, que luego de la dictadura los haberes habían sufrido notables pérdidas en su poder adquisitivo, cerca del 80 % de las jubilaciones y pensiones rondaban el haber mínimo. Se observa una marcada disminución del haber de las prestaciones, a fines de la década de 1980 el haber promedio, representaba menos del 40% de la remuneración promedio que percibían los activos (Libro Blanco de la Previsión, 2003).

A pesar de las medidas tomadas en el retorno de la democracia el desequilibrio del sistema era tan profundo que estaba en duda la capacidad de autosostenimiento, ya que continuó dependiendo de la transferencia de recursos fiscales para cubrir los déficits: se transfirió parte de los ingresos del programa de asignaciones familiares y se crearon nuevos impuestos sobre el gas, la electricidad y los servicios telefónicos.

La historia del sistema previsional argentino fue atravesada desde muy temprano por constantes modificaciones, muchas veces contrapuestas, en las políticas públicas respecto de la seguridad social. Resulta claro también que dichas transformaciones fueron delineando, sobre todo a partir de 1968, una tendencia cada vez más regresiva en términos de distribución del ingreso entre la población pasiva y en la forma de enfrentar los problemas financieros estructurales del régimen previsional, se fue socavando la credibilidad del conjunto de la población sobre el régimen previsional público, generando el consenso social necesario para que, unos años más tarde, la reforma neoliberal avanzara sobre el régimen previsional (CIFRA, 2009, 9).

En el año 1989 asume el gobierno Carlos Menem quien lleva adelante una serie de políticas de corte neoliberal con fuerte orientación al mercado. Dentro de las reformas estructurales más significativas se puede mencionar la privatización de la seguridad social, a partir de la Ley N° 24.241 en consonancia con los postulados del Consenso de Washington.

La reforma previsional se basó en un sistema con dos pilares: el sistema de reparto estatal administrado por el Estado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y de un sistema de capitalización de gestión privada a través de empresas Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esta reforma introdujo las siguientes modificaciones: en primer lugar, el aumento de la edad de retiro llevándola a 60 años para las mujeres y 65 para los varones; en segundo lugar la modificación de cómputo para la determinación del haber en las prestaciones públicas: el promedio de los tres mejores salarios anuales de los últimos diez de trabajo fue reemplazado por el promedio de los últimos diez años antes de la jubilación y en tercer lugar ,el incremento de veinte a treinta de los años requeridos de aportes para acceder al beneficio  (Cetrángolo, Grushka, 2008).

Es importante destacar que esta reforma se llevó a cabo en consonancia con modificaciones en la legislación laboral realizadas para reducir el “costo” que los trabajadores ocasionaban a sus empleadores y que era considerado excesivo. Entre ellas se destacan la reducción de los aportes patronales y la flexibilización de los contratos laborales, que introdujo modalidades de contratación por tiempo determinado.

Como se señaló a lo largo del libro, las políticas previsionales están ligadas a las políticas económicas generales y los modelos de Estado presentes en cada período. La caída del salario, el aumento del empleo informal y la precarización laboral minaron las posibilidades de financiamiento del sistema previsional y de las obras sociales, que obtienen sus recursos de los aportes realizan los trabajadores y empleadores. Durante este período se redujo el número de personas que estaban en condiciones de cumplir con los requisitos para acceder a una jubilación, en la década del 90 la población potencialmente jubilable alcanzaba prácticamente a 5 millones de personas mientras que los beneficios otorgados por la seguridad social apenas superaron los 3 millones (Jáuregui, 1994).

Más allá de las promesas de eficiencia y crecimiento económico de la reforma previsional “la evolución del estado de situación financiera del esquema de capitalización fue marcadamente inestable (…) Durante la crisis de 2001-2002, los haberes jubilatorios sufrieron un derrumbe en términos reales” (Banco Mundial, 2010, 12).

Con respecto a las pensiones a la vejez para los mayores de 70 años sin otras fuentes de ingreso, en este período sólo lograron cubrir a unas cuarenta mil personas, y el monto de los beneficios correspondía a un 66% respecto de la jubilación mínima. Las pensiones fueron limitadas en sus condiciones efectivas de obtención y en la calidad de las prestaciones ofrecidas.

Las medidas socioeconómicas de corte neoliberal y la reforma previsional reprodujeron las desigualdades en las trayectorias laborales, ya que sus consecuencias impactaron en forma diferenciada en el primer y quinto quintil de ingresos per cápita.

Mientras que el deterioro general en la cobertura sufrido durante los ´90, e incluso durante el peor momento de la crisis, prácticamente no afectó al segmento de mayores ingresos, resultó ser catastrófico para el quintil de menores ingresos relativos. Durante 1992 y 2003, este último grupo observó una impactante caída de 40 puntos porcentuales en los niveles de cobertura (Banco Mundial, 2010, 10).

Como proyección para el futuro previsional de los trabajadores activos durante el período se observa una alta dispersión en la densidad contributiva de los trabajadores desde 1992 hasta 2002, una gran mayoría de los trabajadores presentaba “historias contributivas fragmentadas e incompletas, implicando un eventual panorama de exclusión futura de los beneficios jubilatorios. (…) los aportantes de mayores ingresos tienen una probabilidad de tener una densidad de aportes alta muy superior a la de los de ingresos bajos”.  (Banco Mundial, 2010, 12).

Según este informe la desigualdad a lo largo de toda la trayectoria vital se expresa nuevamente en la vejez. En 1992 en nuestro país el 80 % de los mayores de 65 años tenía cobertura previsional, en 2003 el porcentaje había bajado a 68 %, con una desigual distribución e impacto en la reducción de aquellos mayores que podían ingresar a la seguridad social. La población perteneciente al veinte por ciento más rico mantuvo los niveles de cobertura cerca del 80% mientras que el grupo más empobrecido pasó de una cobertura del 63% en 1992 a una del 43% en 2003.

Asimismo, la crisis de 2001 impactó en el sistema previsional en su conjunto: los jubilados del régimen de reparto sufrieron un recorte del 13% en sus haberes y, los afiliados de las AFJP tuvieron una contracción en sus fondos.

Cabe señalar que la mirada neoliberal, está ligada a una idea “según la cual protección y seguridad son colectivamente indeseables e individualmente vergonzantes (por ineficiencia y por expresar la incapacidad personal de auto-valerse, respectivamente)” (Danani, Hintze 2013, 46). Como muestran los documentos del período analizados, la seguridad social estaba destinada a los imprevisores, aquellos que no cumplen con los esperado y se convierten en un gasto y una carga para la sociedad. Esta idea conlleva una individualización de los riesgos y autoprotección individual con una retracción de la solidaridad y la distribución propias del sistema de seguridad social.

La crisis del sistema previsional muestra la relevancia de la política pública en la regulación de los impactos negativos del riesgo de inversión del régimen de capitalización y la necesidad de contar con un sistema previsional que se base en la solidaridad intergeneracional como lógica de distribución con mecanismos capaces de paliar los efectos regresivos presentes en el elemento contribucionista que, en un contexto de crisis del mercado formal de trabajo, dejó a amplias capas de la población en un estado de desprotección total. (CIFRA, 2009,19).

En la práctica la reforma previsional de 1994 implicó un cambio sustancial en el patrón distributivo del sistema, implementando un régimen de individualización de los derechos, y un traspaso del riego previsional a cada trabajador en forma individual y  la exclusión de amplias franjas de la población, proceso que profundizó la brecha entre trabajadores formales e informales, reforzando las desigualdades en la distribución de los ingresos.

5.5.1 Propuestas de Reforma de la Fundación FIEL

A continuación, se analizan las propuestas de la Fundación FIEL en relación con la seguridad social, como datos que muestran el sustento teórico y con pretensión de cientificidad de las políticas previsionales neoliberales en nuestro país.

Las propuestas presentadas en el documento “El Fracaso del Estatismo” tienen como objetivo reducir el gasto público, concentrar la acción del Estado a las funciones que le son inherentes y destrabar el crecimiento de la economía del país a través de la desregulación, privatización y descentralización de la actividad económica. El capítulo de Seguridad Social comienza con el siguiente diagnóstico desfavorable del sistema responsabilizando al Estado por esta situación.

El Sistema Nacional de Previsión se desenvuelve en una crisis estructural, cuya profundidad ha sido percibida por toda la sociedad argentina. Los jubilados y pensionados reciben haberes insignificantes que nada tienen que ver con sus expectativas ni con los compromisos asumidos por la legislación. Los trabajadores, aún los más humildes, se ven privados de una porción importante de sus ingresos sin advertir una contrapartida razonable por el sacrificio que se les exige. Los empleadores que se mueven en la economía formal sufren en sus costos que les quita competitividad, sin que ello se vea compensado por una mayor motivación de sus trabajadores o por una renovación menos conflictiva de aquellos que se van acercando a la edad de jubilación (FIEL, 1987, 211).

Desde esta mirada el deterioro del actual régimen previsional es irreversible y su reformulación debe ser total con un replanteo del rol del Estado. La participación del Estado debe reducirse a una función de “control, orientador de las inversiones y garante de un nivel mínimo de subsistencia para los pasivos que han sido imprevisores” (FIEL, 1987, 248).

Se justifican las propuestas en el déficit e inviabilidad del sistema, definiendo a las jubilaciones y pensiones como un gasto social que debe ser regulado y racionalizado. El análisis se basa en las siguientes variables económicas: relaciones cotizantes/beneficios y monto jubilatorio/salarios, sin contemplar los aspectos sociales propios de la seguridad social. En el documento aparece una mirada individualista que deja en manos de las personas, la responsabilidad de gestión la previsión, culpabilizando a aquellos “imprevisores” por su situación.

Como la seguridad social es un gasto se describen los siguientes factores económicos y operativos. Los primeros se relacionan a la relación entre cotizantes y beneficios, el subempleo, el desempleo, y el cuentapropismo. En referencia a los factores operativos se detallan la evasión, una legislación “permisiva y de fácil acceso”, otorgamiento irregular de beneficios, regímenes privilegiados y de envejecimiento prematuro, moratorias para deudores previsionales, “duplicación de beneficios” en el caso de las mujeres viudas que perciben jubilación y pensión y la “perpetuidad” de las prestaciones en el caso de fallecimiento.

Los elementos señalados como dificultades del sistema por la Fundación FIEL son justamente los componentes de redistribución del sistema y las medidas favorables para el conjunto de la población mayor. La seguridad social queda reducida a una ecuación actuarial y los factores vinculados a los derechos de las personas mayores quedan invisibilizados. En el documento se concluye que “las condiciones generales de la economía y de la pirámide poblacional tornan imposible mantener el objetivo que fija implícitamente nuestra actual legislación previsional: garantizar a todos los pasivos un nivel de vida similar al que gozaban en actividad” (FIEL, 1987, 224) En su lugar, se propone como meta la garantía de un haber mínimo para la satisfacción de las necesidades básicas. Desde esta perspectiva, el haber mínimo uniforme es la única “carga” asumida por la sociedad financiada a través de la solidaridad intergeneracional para aquellos mayores que cumplan con los requisitos establecidos. Por encima de este nivel se completan los haberes con el sistema de capitalización.

En la propuesta se da por sentado una supuesta igualdad de condiciones para la acumulación del capital, sin poner en discusión los factores contextuales que reproducen la desigualdad de condiciones tanto en vida laboral activa como durante la vejez.

Entre las acciones tendientes a mejorar la relación costo/ beneficiarios se menciona la reducción de la evasión y la equiparación de la edad jubilatoria de la mujer con el hombre.

El sistema de capitalización es entendido como la forma de reducir la evasión “la adhesión individual que se obtiene cuando los aportes dejan de ser impuesto y se asocian a los haberes es el único medio de ampliar la masa de contribuyentes (225).

Con respecto a la edad jubilatoria el incremento y la equiparación se fundamenta en el aumento de la esperanza de vida y de la participación de las mujeres en la población económicamente activa. Se destaca la prohibición de que una persona concentre en su cabeza más de un haber, haciendo referencia a las mujeres viudas, “que tienden a generar explosión en la cantidad de beneficiarios (…) Esta modificación justamente con un mecanismo más estricto para el otorgamiento de beneficios a otros familiares (hijos, nietos, etc.), permitirá terminar con la cadena perpetua de prestaciones que distorsionan la relación entre activos y pasivos” (FIEL 1987, 227).

Estas medidas junto con el establecimiento de un haber mínimo, implican terminar con la “perversidad” de un sistema que fomenta distorsiones entre la base recaudatoria y la base del cálculo jubilatorio.

Así como el reparto, por su naturaleza solidaria y redistributiva, debe estar a cargo del Estado, la capitalización, en cambio, sólo puede hallarse a cargo del sector privado como único modo de evitar las apetencias políticas y de respetar el principio de subsidiaridad (FIEL 1997, 218).  

En el documento se muestran los supuestos beneficios del sistema de capitalización señalando que el sistema se alimenta no solo de aportes y contribuciones sino también de los intereses que pagan los sectores, evita los abusos relacionados con las “sobrevaluaciones” de los ingresos y la “competencia desleal” con las empresas que cumplen con sus obligaciones previsionales, reduce los gastos de gestión al transferirle gran parte de las tareas del sistema a las entidades aseguradoras, es equitativo y puede convertirse en una herramienta de captación de fondos a largo plazo.

La propuesta publicada en 1995 plasma del análisis el Sistema de Seguridad Social entendido por la Cámara de Comercio Argentina, como uno los “obstáculos para el logro de un desarrollo armónico y sostenido de la economía nacional” (1995, 11), junto con las limitaciones del sistema financiero y la falta de eficiencia de la estructura administrativa del Estado Nacional.

La seguridad social es definida como parte del “gasto público”, no se encuentran referencias a la misma como un mecanismo de generación de mejores condiciones de vida ni como una inversión para la población. Desde esta mirada el gasto social está relacionado con las necesidades elementales (educación, salud, vivienda, minoridad y familia, el alivio de la pobreza y del desempleo, y la previsión) y conforman parte del problema fiscal.

El documento plantea como diagnóstico que el deterioro financiero de corto y largo plazo del sistema previsional de reparto fue el sustento para la promulgación de la ley 24.241 que creó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Esta reforma previsional conlleva un cambio en los principios orientadores de la organización de la previsión en el país.

Se pasó de una previsión fundada en un compromiso público, a otra fundada en el ahorro, al introducir la capitalización de aportes previsionales en Cuentas de Capitalización Individuales. Se abandonó parcialmente la idea del Estado paternalista, para realzar en su lugar, el rol del ahorro individual en las perspectivas para el retiro y la vejez (FIEL, 1995, 79).

En el documento se describe al anterior sistema de reparto como “tan solo un sistema de redistribución del ingreso” con prestaciones jubilatorias independientes del monto de los aportes realizados por el individuo a lo largo de su etapa activa, iguales a un porcentaje de las remuneraciones de los mejores últimos años trabajados. Afirmando que el Estado otorgaba a los afiliados el servicio de una Compañía de Seguro de Retiro, con la diferencia de que no tomaba en cuenta el sexo, el estado civil, su grupo familiar, la tasa de interés real, expectativa de vida, ni tampoco cobraba comisión alguna.

Más aún, el Estado proveía gratuitamente y sin diferenciación alguna, la garantía de una cobertura adicional, ya que protegía a los afiliados al sistema de las contingencias de invalidez y muerte en etapa activa (FIEL, 1995, 80).

Por el contrario, el nuevo sistema de capitalización está basado en las ideas de ahorro individual y “equidad”, ya que las prestaciones dependen de la magnitud de todos los aportes que hayan realizado a lo largo de su vida activa. De esta forma se proponen como operadores a las compañías de seguro, ya que los aportes se determinan actuarialmente, existe un interés asegurable y riesgo tanto en la etapa activa y pasiva.

El ahorro con fines previsionales desplaza así al contrato intergeneracional como herramienta de financiamiento de las prestaciones (FIEL, 1995, 80).

El nuevo sistema se sostiene en los pilares de ahorro, redistribución y seguro.

Según esta lógica el ahorro, hace referencia la necesidad que los individuos destinen parte de sus ingresos presentes para mantener su nivel de vida en el momento del retiro laboral, la redistribución, alude a la garantía de una prestación mínima para los individuos de bajos ingresos y con escasa capacidad de ahorro, para obtener remuneración cercana a los niveles de subsistencia. El seguro refiere a las contingencias tales como la invalidez o la muerte en etapa activa. De acuerdo con esta postura la redistribución sigue la lógica de la focalización, ya que se refiere a un sector de la población que a lo largo de su vida estuvo en condiciones de vulnerabilidad y precariedad laboral, con un ingreso mínimo cercano a la subsistencia. Es entonces, el mercado el que regula y legitima las desigualdades sociales.

Luego del diagnóstico en el documento se plantean las siguientes propuestas que continúan en la misma línea y profundizan las medidas tomadas en la reforma previsional: el aumento de la edad jubilatoria mínima para la mujer llevándola a 65 años, y la reducción de aportes patronales a una tasa del 11 %. La primera propuesta se justifica en el aumento de la esperanza de vida y en el cuestionamiento al privilegio del retiro a edad temprana para mujeres debido a la doble tarea, el trabajo y el hogar; se prevé eventualmente el retiro anticipado a los 60 años, pero sin derecho a recibir prestación alguna hasta el momento de cumplir los 65 años. La segunda propuesta se justifica en el supuesto incentivo de precio relativo en favor del trabajo como forma de combatir la situación del desempleo.

Desde esta lógica la persona mayor es entendida únicamente como un cotizante al sistema, en el que priman la rentabilidad y los valores financieros por sobre el impacto social de las transformaciones propuestas.

Se puede concluir que como señalamos anteriormente más allá de las pretensiones discursivas de equidad, igualdad y libre elección estas medidas tuvieron como consecuencia directa la legitimación y profundización de las desigualdades en la población mayor. Ya se advertía en el mismo año de la implementación de la reforma previsional lo siguiente:

Las propuestas de capitalización que suenan en el horizonte responden más a las necesidades de un modelo económico para el cual la reducción de costos laborales y la consolidación del mercado de capitales se transformen en claves para su futuro, que a los objetivos elementales de la Previsión Social de universalizar la cobertura y garantizar haberes dignos para los jubilados (Jáuregui 1994, 2).

Los documentos analizados entienden a la seguridad social como una política económica, por lo tanto, centran su mirada en los aspectos financieros, sin dar cuenta de las condiciones desiguales de ingreso a este sistema, ni de las desigualdades de género que atraviesan las mujeres a su largo de su trayectoria laboral, que luego se traducen en desiguales formas de envejecer. Por el contrario, es importante destacar que la previsión social es una política social y por lo tanto sus recursos deben garantizar los derechos humanos en las situaciones de contingencias sociales relacionadas con la vejez, la invalidez y la muerte.

La crisis del sistema previsional planteada en los documentos analizados no es consecuencia del envejecimiento de la población, sino que se deriva de una situación macroeconómica basada en la recesión y la falta de crecimiento sostenidos, producto de políticas económicas que se centran en el mercado y recortan derechos para la mayoría. La sostenibilidad del sistema de reparto se vio afectada por las variables socioeconómicas: el deterioro salarial, el aumento del desempleo, la informalidad y la precarización salarial.

Es importante recordar que el modelo productivo de la década ’40 caracterizado por una economía de base industrial, crecimiento económico, fortalecimiento del mercado interno favorecía el desarrollo del sistema de seguridad social. En este período a partir del modelo económico aplicado desde la dictadura cívico militar tomaron centralidad la valorización financiera del capital, la transferencia de recursos al exterior, la desindustrialización, el aumento del desempleo y la caída de los salarios. En este marco, el haber jubilatorio se constituyó en la variable de ajuste del régimen previsional, en 1994 el haber mínimo, que cobraba el 70% de los jubilados apenas superaba el 30% del magro salario medio (Jáuregui, 1994).

Los problemas centrales del sistema previsional que deberían discutirse en las propuestas de reforma son: la distribución del ingreso, la igualdad de oportunidades, y los derechos sociales y económicos de la población mayor, para lograr que el sistema previsional cumpla con sus objetivos de universalidad de la cobertura y un nivel digno en sus haberes.

El sistema de capitalización no toma en cuenta el principio de solidaridad, en este marco, la persona se convierte en un cotizante que solamente establece una relación comercial con una empresa “más allá de la pensión mínima garantizada por el Estado, en el resto del sistema no existe redistribución de ingresos por lo que la estratificación y diferencias que registra la población activa se mantiene inalterada en la población pasiva” (Jáuregui, 1994, 25). Para generar una respuesta que permita garantizar los objetivos del sistema como política social la autora plantea la necesidad de “atacar los puntos críticos que hoy presenta el sistema mientras se recomponen las bases para recuperar un esquema de reparto autofinanciado, recomponiendo su capacidad financiera a partir de la reorientación del patrón de crecimiento de la Argentina” (43).

En la práctica, la reforma lejos de impulsar el crecimiento económico y el mejoramiento de los ingresos de las personas jubilados tuvo consecuencias negativas para los ingresos del Estado y regresivas para los trabajadores, y a su vez, grandes beneficios para el sector financiero y el capital concentrado local e internacional a través de los negocios derivados de la creación de las AFJP. Las promesas de ampliación de la afiliación, expansión de la cobertura el incremento de los haberes la reforma no fue cumplidas y en muchos casos generaron los efectos inversos (CIFRA, 2009).

En lugar de ampliarse, la cobertura del sistema se redujo significativamente. En 1992 el sistema alcanzaba al 84,4% de los hombres y el 73,9% de las mujeres de 65 años y más, en 2004 este número había descendido a 71,0% y 62,1%, respectivamente. La reforma pronosticaba un incentivo a la afiliación voluntaria por la supuesta transparencia del sistema de capitalización, por el contrario, la proporción de aportantes voluntarios fue muy baja a lo largo de la totalidad del período, entre 1995 y 2006 fue solo del 1% de la recaudación total.  

El comportamiento de los trabajadores, lejos de estar guiado por la búsqueda de la AFJP que garantizase la maximización de su jubilación futura, estuvo ligado sobre todo a la falta de información, la arbitrariedad o la indiferencia (CIFRA 2009, 13).

Por otro lado, el mercado presentó altos niveles de concentración en pocas empresas y no facilitó la “competencia” prometida, la tendencia de oligopolización fue reforzada por la asignación desigual de los indecisos que eran derivados a las AFJP según su participación en el mercado.

Tampoco fue cumplida la promesa de reducción de costos del sistema, ya que las AFJP cobraban comisiones en concepto de prestación de servicios. El régimen de capitalización superaba en costos al del sistema de reparto. En 2001, a partir del decreto 1495, las AFJP consiguieron asegurarse el cobro aún sin registrarse nuevos aportes, a través comisiones deducidas de la cuenta de capitalización (Cetrángolo y Grushka, 2004).

A pesar de ser presentado como un sistema mixto, la reforma previsional tuvo un carácter privatizador con el objetivo de desarticular el sistema público de reparto basado en los principios de redistribución y justicia social. El déficit provocado por introducción del sistema privado generó la necesidad de financiamiento público, es decir que el Estado terminó pidiendo prestado a las aseguradoras recursos que, tiempo antes, les transfirió en la privatización del sistema.

Entre los determinantes del déficit previsional se destacan la transferencia de fondos al sistema de capitalización (responsable del 45,9% del déficit total) y la reducción de las contribuciones patronales (40,6%) (CIFRA, 2009, 25).

Las consecuencias de la reforma previsional de 1994 fueron beneficiarias del sector financiero y el capital nacional y transnacional, pero claramente negativas para el Estado y los trabajadores activos y jubilados. Se puede destacar por todo expuesto la importancia de la redistribución de recursos a través de la solidaridad intergeneracional y de un sistema de seguridad social que pueda garantizar los derechos de las personas mayores, como parte de la sociedad.

5.6 Movimientos contradictorios. Avances legislativos en relación con los derechos de los mayores

En el plano normativo y discursivo, en esta década de los 90 se realizan avances legislativos tendientes a garantizar los derechos de las personas mayores. A partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, que preservan los derechos de determinados sectores sociales, incluida la población mayor. Como se enuncia en el Artículo 73

Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. (Inc. 23).

En el año 1994 se sanciona la Ley Nacional N° 24.417/94 sobre violencia familiar, en la misma se hace referencia a la población mayor a la vez que se la equipara con los menores, los incapaces y los discapacitados.

Si bien esta Ley contribuye a garantizar la seguridad física, económica y psicológica del adulto mayor, también refuerza el lugar social que se otorga en esta década al mismo, desde el paradigma del viejísimo (Giménez, Nadal, 2011, 7).

Asimismo, desde el marco formal en el año 1997 se crea la Secretaría de Tercera Edad en el ámbito de Presidencia de la Nación del Consejo Federal de los Mayores, a través del decreto N° 457, el mismo es reglamentado en el año 2002. Dentro de la Secretaría de Tercera Edad se incluyen la Dirección Nacional de Políticas para la Tercera Edad y la Dirección de Asuntos Jurídicos. La primera presenta las siguientes acciones: asistir al secretario en la coordinación de tareas con los organismos gubernamentales y no gubernamentales vinculados a la temática de la Tercera Edad, diseñar y administrar información relativa a los programas y proyectos en ejecución relativos a la Tercera Edad y evaluar la implementación de políticas y programas. La segunda cuenta con la responsabilidad primaria de representar y asesorar en todos los asuntos de carácter jurídico de competencia de la secretaria e instruir los sumarios correspondientes. En el Decreto se establece que el Consejo Federal se crea “con el objeto de institucionalizar la colaboración y participación de los gobiernos provinciales y de las organizaciones representativas de las personas mayores, en la planificación, ejecución y control de los programas sociales dirigidos a dicho sector de la población” (Art. 4).

Por otro lado, a partir de la reforma de la Constitución Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, se sanciona la Constitución de la Ciudad el 1º de octubre de 1996, en la misma se incorporan derechos específicos para las personas mayores, como se establece en el Artículo 41.

La Ciudad garantiza a las personas mayores la igualdad de oportunidades y trato y el pleno goce de sus derechos. Vela por su protección y por su integración económica y sociocultural, y promueve la potencialidad de sus habilidades y experiencias. Para ello desarrolla políticas sociales que atienden sus necesidades específicas y elevan su calidad de vida; las ampara frente a situaciones de desprotección y brinda adecuado apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia; promueve alternativas a la institucionalización.

Asimismo, se establecen en el Artículo 44 derechos vinculadas al trabajo y seguridad social:

La Ciudad reafirma los principios y derechos de la seguridad social de la Constitución Nacional y puede crear organismos de seguridad social para los empleados públicos. La ley no contempla regímenes de privilegio. Ejerce el poder de policía del trabajo en forma irrenunciable, e interviene en la solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores. Genera políticas y emprendimientos destinados a la creación de empleo, teniendo en cuenta la capacitación y promoción profesional con respeto de los derechos y demás garantías de los trabajadores.

Por otro lado, en el año 2001, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó el Marco Regulatorio para el funcionamiento de los establecimientos residenciales y se crea el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, se establecen los siguientes derechos de las personas que viven en estas instituciones: a la comunicación e información permanente; a la intimidad y no divulgación de datos personales; a considerar la residencia como domicilio propio; a la continuidad en las prestaciones; a la tutela del Estado; a no ser discriminados; a ser escuchadas sus quejas y reclamos; a mantener vínculos afectivos, familiares y sociales; a entrar y salir libremente, respetando las normas de convivencia del establecimiento.

Por iniciativa de las organizaciones profesionales gerontológicas se declaran de interés nacional o parlamentario diversas actividades y jornadas, entre ellas podemos destacar las Olimpíadas Nacionales de la Tercera Edad (Resolución 281/96),  las Primeras Jornadas Nacionales del Plan Nacional de la Tercera Edad (Resolución 78/96), la V Conferencia Global sobre Envejecimiento (Resolución 1038/98. SGPN), se realizan los actos por el Año Internacional de las Personas de Edad (Resolución 1052/98 SGPN) y se establece el 1 de octubre como el Día de las personas de edad (Decreto 903/01) (Mariluz, 2009).

Respecto de este período podemos decir que, si bien los avances en el estudio del envejecimiento a nivel mundial, y las definiciones planteadas por organismos internacionales resultaron en relevantes aportes al conocimiento y obtención de derechos para los mayores, en nuestro país estos avances contrastaron con la situación concreta de las personas mayores (Paola, Samter, Manes, 2011).

Podemos concluir que en la década de los 90 el Estado otorgó jerarquía constitucional a documentos y tratados internacionales que incluían la garantía a la igualdad ciudadana y a la protección de derechos, y al mismo tiempo muchas de las políticas económicas y sociales implementadas estaban en contradicción con los principios enunciados en el marco legal.

En el período 1990-1999, se observa desde lo empírico que las intervenciones que puntualmente se llevaron adelante dirigidas al sector se limitaron a intenciones que en su mayoría quedaron en postulados y normas, es decir, como un hecho legal, político y formal pero no real, que además repercutieron muy negativamente en la cotidianeidad de nuestros mayores (Giménez, Nadal, 2011, 9).

En el transcurso de esta década el Estado Nacional redujo en forma progresiva históricas responsabilidades y obligaciones con la población en general y las personas mayores en particular, en un marco de legitimidad política y social, se acrecentó la desigualdad y las vulneraron los derechos enunciados y reconocidos en el marco legal.

5.7 El pensamiento gerontológico durante el período

El periodo del gobierno de la dictadura cívico militar fue denominado por Liliana Gastrón como gerontología latente (2011) debido a las condiciones de represión y persecución por parte del gobierno hacia profesionales, intelectuales y estudiantes de todos los campos y asimismo de la gerontología. Muchos profesionales se vieron obligados a exiliarse a otros países o a recluirse en un “autoexilio”, varios trabajadores sociales y sociólogos dedicados al envejecimiento y que hubieran desarrollado su trabajo en instituciones públicas y en el INSSJP fueron forzados a renunciar, varios de ellos migraron hacia instituciones privadas. El desarrollo universitario y la formación académica se vieron restringidas por las censuras propias de la época.

En 1976 se realiza el Primer Congreso Argentino de la especialidad organizado por la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, a partir de ese momento y con regularidad se realizan los congresos que nuclean a profesionales de diversas disciplinas, cada vez con más presencia de referentes de las Ciencias Sociales que trabajan en el campo gerontológico.

En la década del 80 en nuestro país, se crean diferentes asociaciones de profesionales relacionadas con la temática, entre ellas se puede señalar: la Asociación Gerontológica de Buenos Aires (AGEBA), la Asociación Gerontológica de La Plata y la Asociación Gerontológica de Mendoza. En 1987 se funda la Asociación Gerontológica Argentina (A.G.A.) “con el propósito de promover la capacitación, la docencia y la investigación sobre la temática del envejecimiento, fomentar la difusión e intercambio nacional e internacional y promover una política sectorial, en una atmósfera caracterizada por el pluralismo ideológico que asegure la libre expresión de ideas” (Monk, 1997; 5).

En el ámbito universitario con el retorno de la democracia se fundaron distintas cátedras que trabajaron la temática gerontológica: entre ellas se destacan en la Universidad de Buenos Aires la Materia Optativa “Psicología de la Tercera edad y Vejez”, de la Facultad de Psicología, y los Seminarios “Sociedad y envejecimiento” de la Carrera de Sociología y “Trabajo Social y Tercera Edad” de la Carrera de Trabajo Social, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales. En la Universidad Nacional de Luján se abre la asignatura “Gerontología Social” en la Carrera de Trabajo Social. En 1984 se crea el Departamento de “Mediana Edad y Tercera Edad” en la Universidad Nacional de Entre Ríos.

En 1990, se abre la “Maestría de Gerontología” en la Universidad Nacional de Córdoba que fue pionera de otros cursos de posgrados sobre la temática. En lo referente a investigación comenzaron a presentarse becas de CONICET para construir conocimiento científico en relación con el envejecimiento y la vejez.

Desde este período la producción académica y científica en relación con la temática fue en aumento consolidándose como uno de los temas de interés de diversas disciplinas.

5.8 Transformaciones neoliberales en el Modelo de Derechos de las Personas Mayores Trabajadoras en tiempos de neoliberalismo

Las transformaciones en el Modelo de Protección de los Derechos de las Personas Mayores Trabajadoras en marco del Estado Neoliberal se plasman en los diversos documentos históricos que permiten caracterizar las dimensiones ideal o teórica, institucional y ético política. En este sentido se analizaron las principales modificaciones en la seguridad social, la salud haciendo hincapié en el PAMI y sus propuestas de reestructuración y privatización y en las políticas sociales destinadas a los mayores.

La centralidad del trabajo continúa vigente, en este período en un contexto de precarización laboral y aumento del desempleo que intensifica las desigualdades sociales en la vejez, ya que las políticas centrales de previsión social y salud están claramente dirigidas a los trabajadores y pueden acceder a ellas aquellos que cumplen con los requisitos de permanencia en el mercado de trabajo formal. Para el resto de los mayores en situación de vulnerabilidad social se presentan una serie de políticas sociales que en este período adquieren la forma de acciones focalizadas y atravesadas por el clientelismo político.

Aparece el mercado como figura central reguladora de la economía y de los derechos sociales, y se configura una nueva dimensión de un derecho privado posible de ser adquirido a través del consumo. La seguridad y la salud comienzan a ser productos y la vejez es conceptualizada como un gasto. Al mismo tiempo, el mercado funciona como legitimador de condiciones de desigualdad en la población mayor, que son originadas a lo largo de la trayectoria vital y laboral.

A nivel contextual se consolida el envejecimiento poblacional y continúa el ascenso en la esperanza de vida que en este período alcanza los años 65,5 años en 1980 y 68,4 años en 1990 (Grushka, 2014).

Desde la lógica neoliberal, plasmada en los documentos analizados a lo largo del capítulo, el aumento de la población mayor es pensado como un riesgo y una situación crítica La seguridad social, la salud y las políticas sociales destinadas a los mayores se rigen principalmente por ecuaciones actuariales.

A continuación, se presenta el siguiente cuadro donde están plasmadas las principales trasformaciones del período.

Cuadro Nro. 3 Transformaciones neoliberales en el Modelo de intervención de Protección de los Derechos de los Trabajadores Mayores

Variable

Dimensiones

Subdimensiones

Valores

Transformaciones neoliberales en el

Modelo de Protección de Derechos de las Personas Mayores Trabajadoras

Dimensión Teórica

Definición del envejecimiento y la vejez

El mercado como legitimador de condiciones de desigualdad en la vejez

Vejez como gasto

Derechos individuales a partir de la capacidad de compra

Idea de sujeto de la intervención

Personas mayores como consumidores de bienes y servicios previsionales y de salud

Carenciados en caso de no acceder a la seguridad social

Dimensión Institucional

Definición de la intervención social

El fracaso del Estado

Privatización, focalización, intervención en la emergencia

Propuesta de escisión de las políticas sanitarias y sociales

Equidad y legitimación de la desigualdad en las prestaciones

Técnicas e instrumentos de intervención

Seguridad social:

Creación de las AFJP

Recorte en el haber jubilatorio

Congelamiento de los haberes

Salud: PAMI: recorte de servicios

Proyectos de Reforma PAMI

Políticas sociales: focalización y territorialización

Organización de los mayores: marchas, y diversos reclamos por sus derechos.

Creación de AGEBA y AGA

Dimensión Ético-política

Definición de los derechos de la población mayor

Tensión entre legislaciones que avanzan en los derechos de los mayores y acciones que tienden a cercenarlos

Derechos individuales adquiridos en el mercado a partir de la capacidad de consumo

Fuente: elaboración propia

En lo referente a la idea de sujeto de la intervención las personas mayores son consideradas consumidores de bienes y servicios, entre estos se ubican los servicios previsionales y de salud, para el caso de aquellos que puedan disponer de los medios económicos para su acceso. El resto de la población envejecida que no puede acceder a la seguridad social queda por fuera del sistema de derechos, para este sector se implementan políticas sociales focalizadas y enfocadas en la urgencia y los servicios básicos.

Con respecto a las características de la intervención social se destacan la privatización, la focalización, y la intervención en la emergencia basadas “en el fracaso del Estado”. En este período se elaboran diversas propuestas de escisión de las políticas sanitarias y sociales, que a su vez legitimación de la desigualdad en las prestaciones.

En la seguridad social la lógica neoliberal se expresa a través de la creación de las AFJP, y una fuerte crítica al régimen solidario. En este período se registran congelamiento y recortes en el haber jubilatorio con un impacto en el poder adquisitivo de los mayores. Asimismo en el PAMI se realizan ajustes de los servicios y se presentan diversos debates y propuestas de reformas y privatización del instituto que no llegan a consolidarse.

Las políticas sociales para mayores durante este período se caracterizan por la focalización, el trabajo con la emergencia y la territorialización. Se establece e Programa Pro- Bienestar del PAMI en el contexto de precarización laboral y vulneración de los derechos, como consecuencia de las políticas económicas y sociales, como un dispositivo focalizado de complemento alimentario, que se establece desde el propio sistema de salud relacionado con la seguridad social y muestra la profunda crisis la función del sistema en su función de garante de la manutención de los trabajadores finalizada la etapa laboral.

Ante estas modificaciones y como formas de reclamo por los derechos vulnerados se conforma diversas organizaciones de mayores que hacen se expresan mediante marchas, y diversos reclamos por sus derechos. En el ámbito profesional se destaca en este período la creación de AGEBA y AGA.

En lo referente a la Dimensión Ético-Política se produce una tensión entre legislaciones que avanzan en los derechos de los mayores, de acuerdo con plantes o debates que se realizan a nivel mundial y acciones que tienden a cercenarlos.

Para concluir se puede señalar que la lógica neoliberal tiñe las diferentes dimensiones del modelo en este período, tensionando en la práctica los derechos de los mayores, sin embargo, el trabajo sigue siendo el eje rector durante este periodo y la falta y precarización del empleo tiene fuerte impacto sobre la población en general, tanto trabajadores activos como jubilados y pensionados.



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