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3 El terrorismo internacional y la paz

El 11 de septiembre de 2001 se derrumbó la llamada “Pax Americana”. Esta situación de “no-guerra” –o “paz negativa”– había perdurado todo el período de la Guerra Fría, desde 1945 hasta la caída del muro de Berlín, en 1989. El terrible atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington puso en estado de alerta no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Curiosamente, pocos días antes –el lunes 3 de septiembre de 2001– se habían retirado abruptamente de la III Conferencia contra el Racismo, organizada por Naciones Unidas en la ciudad de Durban (Sudáfrica), los delegados tanto de Estados Unidos como de Israel, porque algunos representantes del Medio Oriente habían comparado el sionismo con el racismo. Es posible que estos dos hechos no estén relacionados, pero en ambos casos se advierte que en los debates internacionales comenzaban a predominar la incomprensión y el odio por sobre el diálogo y la tolerancia.

La reacción del “imperio” herido en los símbolos más representativos de su poderío económico y militar no se hizo esperar. Los enemigos (Osama Bin Laden y sus cómplices, en particular su supuesto protector Sadam Husein de Irak, posible fuente de armas de destrucción masiva) serían perseguidos y castigados severamente. Sin embargo, el presidente George W. Bush buscó, en primera instancia, obtener apoyo internacional a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y efectivamente lo logró. El Consejo de Seguridad convocó a una reunión de urgencia donde se aprobó por unanimidad la resolución propuesta por Estados Unidos, y exigió a Irak plena colaboración con los inspectores enviados por la ONU con el objeto de controlar la existencia de armas de destrucción masiva; de lo contrario, tendría que atenerse a graves consecuencias.

Muchos opinaban, sin embargo, que para Bush, la inspección era solo una excusa para justificar la invasión con el único objetivo de cambiar el régimen. Por lo tanto, no importaba que Sadam Husein aceptara, o por lo menos tolerara la inspección. La invasión ya estaba decidida, con el acuerdo de Naciones Unidas o sin él. Por eso el mundo entero experimentó una sensación de alivio y esperanza cuando los voceros de la Casa Blanca se apresuraron a declarar que el presidente Bush consideraba el uso de la fuerza como el último recurso. Claro que esta declaración –que por otra parte contradecía, por lo menos implícitamente, el concepto tantas veces esgrimido de la guerra preventiva– venía después de un rechazo mayoritario de los miembros del Consejo de Seguridad a un ataque armado contra Irak, y de una imponente manifestación de millones de personas, en todo el mundo, que condenaban la voluntad belicista norteamericana claramente expuesta en la nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. Como se expresó el entonces canciller de Francia, Dominique de Villepin:

El uso de la fuerza militar no está hoy justificado; lo que estamos buscando no es el aniquilamiento de Irak, sino el desarme del régimen iraquí; pero además, un ataque en las actuales circunstancias agravaría las fracturas culturales de las que se nutre el terrorismo.

Algo similar escribió el director del Corrière Della Sera cuando se preguntaba: ¿Estamos seguros de que una presión internacional constante, una inspección prolongada, una vigilancia férrea, no obtendría mejores resultados que un conflicto de consecuencias imprevisibles, especialmente en los países árabes limítrofes?… ¿Es éste (la guerra) el mejor modo de dialogar con los árabes moderados? (La Nación,14 de febrero de 2002).

Parecía que la humanidad se había desorientado desde el fatídico 11 de septiembre de 2001. Las Naciones Unidas no pudieron impedir la arbitraria y unilateral intervención militar del gobierno norteamericano contra Irak, en represalia por el ataque terrorista atribuido a Bin Laden. Según Kegan (2003),

Estados Unidos continúa atascado en la historia, ejerciendo el poder en un anárquico mundo hobbesiano en el que las leyes y las normas internacionales no merecen confianza, y en el que la auténtica seguridad, junto con la defensa y la promoción de un orden liberal, aún depende de la posesión y del uso del poderío militar.

Quizás estuvimos al borde de la “tercera guerra mundial”, preanunciada por Wright Mills poco más de cincuenta años antes; o quizás las elites del poder mundial estaban –sin pretenderlo– iniciando un nuevo conflicto entre oriente y occidente, o “una guerra de los cruzados y los sionistas contra el islam”, como afirmó Bin Laden en una grabación, invitando a los fieles musulmanes a unirse “para luchar contra los ladrones que quieren ocupar la tierra de Mahoma y robar su petróleo”.

Después de la invasión a Irak, cuando se produjeron otros dos atentados terroristas atribuidos también a Al-Qaeda –en Madrid y en Londres, la reacción de ambos gobiernos no se hizo esperar: había que garantizar la seguridad del ciudadano común frente a posibles ataques irracionales de enemigos imprevisibles, aun a costa de restringir ciertas garantías individuales. De hecho, existía una generalizada opinión en los Estados Unidos de que el gobierno, por intermedio de la Agencia Nacional de Seguridad y con la cooperación de algunas importantes empresas de comunicaciones, había tenido acceso a información confidencial de millones de norteamericanos. Antes del 11 de septiembre dicha información podía obtenerse solo con autorización judicial. El imperio de la razón, de la ley y de las libertades individuales, que había sido la gran conquista de la humanidad a través de los siglos, parecía ceder terreno frente al nuevo escenario del terrorismo internacional.

Más aún, a mediados de 2005 las noticias periodísticas daban cuenta de un indefenso ciudadano brasileño que, yendo a su lugar de trabajo, había sido asesinado por la policía británica, que lo confundió con un posible terrorista. Este error, o “accidente lamentable” que conmovió al mundo, sumado a la sospecha –luego confirmada– de numerosas violaciones de los derechos humanos perpetradas por las tropas norteamericanas contra los prisioneros tanto en Irak como en otras prisiones “clandestinas” en Europa, y contra presuntos terroristas detenidos en Guantánamo, son hechos que, según dictamen del 29 de junio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, “podrían haber violado los derechos humanos”. Lejos de combatir al terrorismo, probablemente lo alimentaban provocando más odio, resentimiento y sed de venganza. Como escribió a mediados del año pasado Álvaro de Vasconcelos, director del Instituto Portugués de Asuntos Estratégicos e Internacionales (La Nación, 22 de agosto de 2005): “Sería un error creer que la muerte de miles de civiles, los encarcelamientos arbitrarios y las torturas no contribuyen a propagar el terrorismo en Irak. Después de todo, los torturados son la mejor propaganda posible para el reclutamiento terrorista”.

La ética y las leyes de la democracia están basadas en el respeto a la dignidad del ser humano y a las libertades individuales. Éstas son las armas con las cuales la democracia debiera combatir al terrorismo. Por otra parte, es un error considerar que todos los musulmanes son terroristas. Más aún, la inmensa mayoría de ellos no lo son, y rechazan las prácticas violentas de los terroristas. La finalidad de la jihad o guerra santa que predica el islam bien puede interpretarse como la lucha interna del creyente para combatir el mal que hay dentro de cada uno. Por consiguiente, no estamos en una guerra de Oriente contra Occidente, ni de cristianos contra el Islam, como de hecho sucedió en épocas pasadas, durante la lejana Edad Media, sino de una minoría de fundamentalistas fanáticos y violentos contra los que no piensan como ellos.

El sentir mayoritario dentro de la Unión Europea era que, de producirse una acción bélica unilateral de los Estados Unidos, al margen de la opinión mundial, no solo provocaría un mayor debilitamiento de la ya débil Organización de Naciones Unidas, sino que podría desencadenar una guerra sin fin para derrotar al terrorismo. Por eso el papa Juan Pablo II trató de persuadir a las partes en conflicto de que agotaran todos los medios con el fin de evitar una guerra de impredecibles consecuencias.

Terrorismo es un término que ha entrado a formar parte del vocabulario cotidiano a nivel mundial, sobre todo a partir del 11 de septiembre. Sin embargo, su concepto no es fácil de definir con precisión. La principal razón de esta dificultad consiste en que la acción terrorista puede tener diversos orígenes y objetivos; puede estar motivada por razones políticas o ser la obra de criminales comunes o, simplemente, de enfermos mentales o psicópatas.

En este trabajo nos referimos al terrorismo político, que consiste en el uso de acciones violentas o “antisociales” –como la muerte de inocentes o la destrucción indiscriminada–, ejercido por individuos o pequeños grupos, que tratan de infundir el terror en la población civil a fin de lograr determinados objetivos políticos. Por consiguiente, el terrorismo se caracteriza por la violencia, tanto física como psicológica, que los terroristas utilizan para conseguir un objetivo táctico: la desestabilización de la autoridad política. Este terrorismo político, de cualquier signo que sea, interrumpe el diálogo, que es el marco institucional dentro del cual se debiera llevar a cabo el debate político.

Antiguamente, el terrorismo político estaba circunscrito dentro de los límites de un Estado. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre fueron acciones provocadas por un terrorismo internacional, al cual no estábamos acostumbrados. Después de la incertidumbre y el pánico que lograron paralizar momentáneamente al mundo entero por las impresionantes imágenes mil veces trasmitidas por la televisión, el gobierno del presidente Bush decidió plantear su nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos para combatir al terrorismo internacional: la guerra preventiva. Es decir que el gobierno de los Estados Unidos estaba decidido a intervenir “preventivamente” contra cualquier Estado que significara una amenaza potencial o que protegiera a un grupo considerado una amenaza real o potencial contra los Estados Unidos, hasta lograr, si fuera necesario, un cambio de régimen.

Con el Tratado de Westfalia (1648) las relaciones internacionales –salvo raras excepciones– se habían regido por los principios de la soberanía e igualdad de todos los Estados. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, estas normas centenarias del derecho internacional, fueron adoptadas por las Naciones Unidas. Desde entonces rige la prohibición a los Estados del “uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado”. En efecto, los artículos 2 y 51 de la Carta de Naciones Unidas, que expresan el sentir unánime y la conciencia moral de la humanidad, declaran que es “ilegal que un país ataque a otro”, y que los conflictos internacionales deben resolverse, no por la fuerza, sino a través del diálogo. Admite al mismo tiempo

el derecho natural de legítima defensa individual o colectiva, en el caso en que un miembro del organismo fuera objeto de una agresión armada, hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.

Solo el Consejo de Seguridad puede decidir si el rearme de un país constituye, o no, una amenaza o motivo de intervención. Más aún, en los juicios de Nüremberg se ha equiparado la guerra preventiva a la guerra de agresión y, por consiguiente, se la ha declarado “crimen de lesa humanidad”.

Para los especialistas, la “guerra preventiva” del presidente Bush pretendió introducir una nueva doctrina en las relaciones internacionales: la seguridad del pueblo norteamericano está por encima del Consejo de Seguridad y de los tratados internacionales; por consiguiente, el gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho a la acción preventiva para su legítima defensa. Dicha doctrina, sin embargo, encontró muchos opositores, no solo en la Unión Europea y en otras partes del mundo, sino también dentro de los Estados Unidos. Así, por ejemplo, Bill Clinton se lamentó de que su país actuara con prepotencia “como si el resto del mundo no nos importara […] En lugar de apoyar la labor de los inspectores de la ONU hemos invadido a Irak y dividido al mundo. Debiéramos aprender a vivir juntos, y a optar por la cooperación, no por el conflicto”.

El objetivo del presidente Bush era, no solo lograr un cambio de régimen en Irak, sino al mismo tiempo, advertir a “los integrantes del eje del mal” –Irak, Irán y Corea del Norte– que Estados Unidos tenía la decisión y el poder suficiente para hacerse respetar, y que no estaba dispuesto a tolerar que ningún país tuviera armas de destrucción masiva. Pasados ya varios años del atentado terrorista en territorio norteamericano y de la guerra contra Irak, muchos analistas siguen preguntándose si el medio utilizado unilateralmente por Estados Unidos para derrotar al terrorismo internacional fue el más adecuado. Como escribió Abel Posse (La Nación, 1 de abril de 2003),

Estados Unidos, hasta ahora una relativamente benigna república imperial, ingresa visiblemente en la etapa terminal de la sinrazón imperial. Identifica el poder militar con la razón misma, y dispone crear una nueva circunstancia internacional basada en códigos nacidos de la fuerza.

Lamentablemente, la guerra de Irak y, sobre todo, las ulteriores amenazas de ataques nucleares preventivos lanzadas por el Pentágono para disuadir a los integrantes del eje del mal, y a cualquier otro país que tenga la intención de usar armas de destrucción masiva, provocaron más terrorismo y, en especial, una reacción violenta de Oriente contra Occidente, que reavivó las luchas religiosas de épocas lejanas entre el islam y el cristianismo. Por eso la Unión Europea –que tanto sabe de violencia, muerte y destrucción después de la dolorosa experiencia de dos guerras mundiales ocurridas durante el siglo XX– había llegado a un consenso general sobre la necesidad de una convivencia pluralista y pacífica.

Por esta razón la mayoría de los líderes políticos y religiosos del mundo adhirieron al mensaje de Juan Pablo II que convocaba al diálogo a las partes en conflicto en Irak, para que “las conciencias no cedan a la tentación del egoísmo, la mentira y la violencia”, y para que se arbitren todos los medios para evitar una guerra cuyas consecuencias son impredecibles. Por eso también, cuando el presidente Bush decidió unilateralmente invadir Irak, ignorando el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que desde hacía 50 años era el ámbito legítimamente aceptado para solucionar los conflictos internacionales, millones de ciudadanos del mundo entero salieron a las calles para manifestar su desacuerdo y preocupación por los peligros que esta decisión implicaba, no solo porque se estaba violando impunemente el sistema de las reglas internacionales adoptadas desde la Segunda Guerra Mundial, sino por temor a una escalada del terrorismo internacional, ya que la violencia destruye el marco racional dentro del cual se debate la política.

El motivo declarado por el presidente Bush de la guerra contra Irak fue la protección del pueblo norteamericano y del mundo en general de futuros ataques terroristas. Sin embargo, nunca el mundo entero se ha sentido más aterrorizado e inseguro que a partir de la invasión a Irak. Al-Qaeda advirtió que habría más atentados y destrucción mientras las tropas occidentales no se retirasen de la tierra de Mahoma. Y frente a sucesivas advertencias del presidente Bush de que estaba “dispuesto a usar la fuerza para impedir el desarrollo del plan nuclear de Teherán”, el gobierno iraní reaccionó violentamente contra lo que denominó “una guerra psicológica”, aduciendo que el objetivo de su programa atómico era pacífico –la generación de energía eléctrica– y por lo tanto “no-negociable”.

¿Prevalecerá finalmente la doctrina, no ya de la “guerra justa” –que quedó obsoleta con el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas sino de la “guerra preventiva” anunciada “contra el eje del mal” por el presidente Bush? Conviene recordar que, en un momento dado, frente a la “advertencia” del gobierno de los Estados Unidos de que estaba dispuesto a usar la fuerza contra Irán en caso de continuar con la producción de uranio enriquecido, el gobierno iraní respondió con una violenta amenaza: “Si Estados Unidos comete un error tan grande, Irán tendrá más opciones para defenderse”. ¿Contribuye a la seguridad del planeta que las democracias occidentales estén dispuestas a pasar de las amenazas verbales a los hechos, sabiendo que, muy probablemente, la próxima será una guerra nuclear o con armas de destrucción masiva? ¿No habrá llegado el momento de que el imperio de la fuerza y de las amenazas ceda el paso al imperio de la razón y la paz?



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