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9 Las Naciones Unidas
y la utopía de la paz

A principios de octubre de 2005 se anunció desde Noruega que el Premio Nobel de la Paz había sido otorgado al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a su director Mohammed El-Baradei “por sus esfuerzos dedicados a impedir que la energía nuclear se utilice con fines militares”. Sin duda fue una merecida recompensa a un organismo internacional dependiente de la ONU, cuyos técnicos habían trabajado incansablemente en Irak para evitar la guerra, convencidos de que ese país no poseía armas de destrucción masiva, como posteriormente –ya demasiado tarde–, después de la invasión, fue verificado y reconocido por el propio gobierno de los Estados Unidos.

Luego, en medio de una guerra de amenazas entre Estados Unidos e Irán, la OIEA aprobó por amplia mayoría una resolución por la que se solicitaba a su director El-Baradei que preparase un informe técnico sobre Irán para ser analizado por la junta en el plazo de uno o dos meses. Como primera medida, El-Baradei instó a las partes en conflicto a que siguieran negociando, que mantuvieran la calma y, sobre todo, solicitó a Irán que cooperase con el organismo. Aunque para el gobierno del presidente Bush el director del OIEA había sido demasiado blando y condescendiente, primero con Irak y luego con Irán, los líderes de la Unión Europea se mostraron muy complacidos de que el Premio Nobel de la Paz hubiera sido otorgado a quienes desde hacía tiempo, pero en particular en estas dos circunstancias recientes, habían trabajado arduamente a favor de la paz y de la seguridad en el mundo.

Ocho años más tarde, a mediados de octubre de 2013 el Premio Nobel de la Paz sería otorgado a otro organismo dependiente de la ONU, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya. Este organismo internacional había logrado ya que 189 países adhirieran a la Convención sobre Armas Químicas, vigente desde 1997, que prohíbe tanto su producción como su almacenamiento, y que su utilización fuera condenada como crimen de guerra y, por consiguiente, un delito de lesa humanidad. La OPAQ se viene ocupando de la difícil y complicada tarea de controlar y destruir las armas químicas; lo hizo en Irak después de Sadam Hussein, en Libia con Muamar Al-Gadafi y, más recientemente, en Siria con Bashar al-Ásad.

El principal problema que enfrenta la OPAQ es que aún quedan países que no han adherido a la Convención (como Israel y Egipto), y algunos que lo han hecho (incluidos Rusia y Estados Unidos) no han entregado su arsenal por razones de seguridad. Más aún, algunos gobiernos autoritarios que se vieron forzados a entregar una información detallada de su armamento químico lograron burlar los controles internacionales. Sucedió con Gadafi, presidente de Libia, que en 2003 se había comprometido a entregar todo su arsenal químico para su destrucción. Cuando años más tarde fue derrocado, en 2011, los inspectores internacionales descubrieron que había mantenido ocultas en una base aérea varias toneladas de gas mostaza. Además, el proceso de control y destrucción de las armas químicas es no solo riesgoso, sino también largo y difícil. La total destrucción del arsenal químico de Sadam Husein, después de su derrota en la primera guerra del Golfo en 1991, significó el trabajo de tres años para la Comisión Especial de expertos de Naciones Unidas.

De las cenizas aún humeantes de la Segunda Guerra Mundial había nacido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945,

para liberar a las generaciones futuras de los horrores de la guerra, para reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, para establecer las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones surgidas de los tratados y leyes internacionales, y para promover el progreso social y mejores niveles de vida,

como se declara en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, había nacido la Sociedad de las Naciones con el mismo objetivo de preservar la paz entre las naciones, pero fracasó treinta años después por razones políticas y falta de autoridad e independencia, como expusimos en un capítulo anterior.

La Organización de las Naciones Unidas está formada por los siguientes Órganos:

  • Una Asamblea General, órgano de carácter consultivo, en la que todos los Estados miembros tienen voz y voto.
  • Un Consejo de Seguridad, órgano de carácter deliberativo, en el que algunos de sus miembros tienen derecho al veto.
  • Un Secretariado, órgano técnico-administrativo.
  • Un Consejo Económico y Social, dividido en una Comisión de Derechos Humanos y una Comisión de la Mujer. También dependen de este Consejo la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO.

La ONU – que actualmente cuenta con más de 190 países miembros– había logrado, con el correr de los años, autoridad moral y prestigio entre las naciones del mundo, a pesar de algunos altibajos producidos por acusaciones e incluso escándalos de corrupción. Sin embargo, el rechazo del presidente Bush a esperar los resultados de los expertos internacionales designados para investigar la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en Irak, y su decisión de invadir el país en 2003, no solo en contra de la opinión casi unánime de la Asamblea General, sino además violando abiertamente el artículo 2 de la Carta de la ONU, terminaron por restarle credibilidad y dejar gravemente herido al único organismo que había sido durante seis décadas el ámbito natural donde los conflictos internacionales se habían tratado de resolver a través del diálogo y la negociación.

El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, después del fracasado esfuerzo por evitar la guerra en Irak y de las repetidas acusaciones de corrupción administrativa, decidió abocarse a lo que podría haber sido una profunda reforma para “restaurar la confianza en la integridad de la ONU, su imparcialidad y su capacidad de acción”. Con ocasión de los actos realizados para celebrar el sexagésimo aniversario de la creación del organismo, se discutieron temas tan fundamentales como su reforma administrativa, la reestructuración y ampliación del Consejo de Seguridad, la creación de un nuevo Consejo de Derechos Humanos y el desarme nuclear, entre otros. El mismo presidente Bush que tres años antes, despechado por el rechazo de la Asamblea General a respaldar la invasión a Irak, la había menospreciado considerándola poco relevante, se unió a la celebración de los 60 años augurando que las reformas propuestas fortalecieran a la ONU, y la hicieran eficiente, responsable y libre de corrupción.

Lamentablemente, las más importantes reformas propuestas por el secretario general quedaron para ser discutidas en otra ocasión…, es decir, nunca. Según Kofi Annan, muchos países poderosos no estaban dispuestos a hacer concesiones que limitaran sus privilegios. Solo se obtuvieron mínimos consensos sobre derechos humanos, protección de las poblaciones víctimas de crímenes de guerra o de lesa humanidad, compromiso para que los países más ricos contribuyeran al desarrollo de los más pobres de acuerdo con las Metas del Milenio, necesidad de que, para el año 2015, todos los niños del mundo tuvieran acceso a una educación primaria, creación de un fondo para la democracia con el objeto de ayudar a los países que salen de una dictadura, etc. Pero no se logró acuerdo sobre la ampliación del Consejo de Seguridad, sobre el desarme y la no proliferación nuclear, sobre la eliminación de los subsidios y barreras comerciales, ni sobre la reforma administrativa que otorgaba más poderes y mayor control al secretario general.

No fue esta la primera vez que se proponía una amplia reforma de la Organización de Naciones Unidas. Desde hace tiempo, por ejemplo, existe un Secretariado cuyo objetivo es promover la creación de un quinto órgano –una Asamblea Parlamentaria– dentro de la ONU. Dicha asamblea estaría formada, en un primer momento, con delegados de los parlamentos de los países miembros, y tendría funciones meramente consultivas. Posteriormente, sus miembros serían elegidos por los ciudadanos de cada país miembro, de modo que esta asamblea democrática tuviera poder de decisión, especialmente en asuntos sociales y económicos. Lo que se pretende es que ella tenga mayor legitimidad que el Consejo de Seguridad y la actual Asamblea General, cuyos miembros no son elegidos democráticamente, y además, los representantes de las grandes potencias detentan todavía el privilegio del derecho al “veto”. Tampoco esta propuesta ha entrado en la agenda oficial de la ONU, a pesar de su racionalidad y de estar respaldada por centenares de importantes políticos del mundo, numerosas personalidades de la cultura y ONG.

De todos modos, la ONU –con sus luces y sombras– ha logrado mantenerse fiel a sus objetivos estatutarios de defender la paz y seguridad entre las naciones, promover los derechos humanos, cooperar en la construcción de la justicia y el desarrollo económico y social de todas las naciones. Además, la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, y su declaración de que su país no podía seguir desempeñando el papel de policía y de control del orden en el mundo, parecía abrir la posibilidad de que la ONU lograra finalmente constituirse en el árbitro natural que la sociedad internacional hoy requiere para solucionar los conflictos, no a través de la fuerza y el poder de las armas, sino del derecho internacional y de la justicia, la negociación, la inclusión y el respeto por los derechos humanos. En este contexto, por ejemplo, en 2009 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó por unanimidad un dramático llamado a todos los países del mundo a frenar la producción de armas nucleares. Barack Obama, presidente pro tempore del Consejo anunció exultante:

La resolución histórica que acabamos de adoptar consagra nuestro compromiso común de avanzar hacia el objetivo de un mundo sin armas nucleares […] También sienta las bases de un amplio marco de acción para reducir los peligros nucleares mientras trabajamos en pos de esa meta.

La importancia de esta resolución del Consejo de Seguridad radica en que “el equilibrio del terror” –como definió Foster Dulles a la Guerra Fría– hoy resulta muy difícil de sostener, porque la proliferación de las armas nucleares no solo se da entre las grandes potencias tradicionales –USA, Rusia y China– sino que se ha extendido a otros Estados, como Israel, Pakistán, India, Corea del Norte. Lamentablemente, a pesar de sus intentos, el presidente Obama no obtuvo del Senado norteamericano la ratificación del tratado que prohíbe las pruebas nucleares, pero dio un gran paso al firmar con Rusia y China un tratado para reducir significativamente sus arsenales nucleares estratégicos. Más recientemente, a principios de abril de 2013, Ban Ki-Moon, siendo secretario general de las Naciones Unidas, lanzó un urgente llamado a la humanidad para recordar que solo faltaban mil días para el 5 de abril de 2015, la fecha prevista para que se cumplieran las Metas de Desarrollo del Milenio. En su mensaje reconoció que las medidas adoptadas hasta ese momento habían contribuido a aumentar considerablemente el número de niños y niñas que asistían a la escuela primaria y a reducir la pobreza y la mortalidad materna e infantil en el mundo; sin embargo, lamentaba que había objetivos que todavía no se habían cumplido satisfactoriamente: por ejemplo, decía, son muchas las mujeres que mueren durante el parto y que podrían salvarse; hay muchas comunidades donde la infraestructura sanitaria básica no ha llegado aún; las desigualdades injustas siguen aumentando en el mundo. Es decir que queda mucho por hacer…, aunque las Metas del Milenio han demostrado que, cuando existe voluntad política, está a nuestro alcance terminar con la pobreza extrema y la injusticia estructural en el mundo para afianzar la paz.



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