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2 La trama de protección social

Lo que la asistencia se propone es, justamente, mitigar ciertas manifestaciones extremas de la diferencia social, de modo que aquella estructura pueda seguir descansando sobre esa diferencia. Si la asistencia se apoyase en el interés hacia el pobre individual, no habría en principio límite alguno impuesto al traspaso de bienes en favor de los pobres, traspaso que llegaría a la equiparación de todos. Pero como se hace en interés de la totalidad social […], no tiene ningún motivo para socorrer al sujeto más de lo que exige el mantenimiento del statu quo social. Simmel (2002 [1908], p. 223)

1. Introducción

La AUH, en su planteo formal, hace un desplazamiento desde la asistencia hacia la seguridad social. Si observamos la literatura especializada, representa un punto de quiebre en el sistema de seguridad social y abre una nueva etapa en el ámbito de la política social. Abordaremos, a lo largo del capítulo, diferentes instancias de protección social. En la primera parte, diferenciamos analíticamente los modos de intervención propios de la asistencia social y de la AUH, entendida como política del ámbito de la seguridad social. Contrastamos esos microcosmos: el procedimiento y el tratamiento que se ofrece a los destinatarios es, en cada caso, diferente. En la segunda parte, identificamos que con la llegada de la AUH no sucedía, para las familias, algo completamente nuevo. Más que el deslizamiento desde un microcosmos hacia otro, hallamos los enlaces de la AUH con otras políticas sociales muy heterogéneas: se solapaba con los programas y las intervenciones propias de la asistencia social, tanto a través de las experiencias contiguas como de las experiencias pasadas, y también se empalmaba con la AAFF proveniente del empleo bajo relación de dependencia. Se exploran, de ese modo, los diferentes cruces entre políticas sociales.

2. Diferentes modos de intervención estatal

¿Cómo es el procedimiento a partir del cual se ‘‘simboliza el poder de consagrar una realidad, de transformar a alguien en beneficiario y, en consecuencia, favorecerlo con los bienes que ello supone’’? (Zapata 2005, p. 99). Y, una vez transformado en ‘‘beneficiario/a’’, ¿qué tratamiento recibe el sujeto de asistencia y el sujeto de la seguridad social? Siguiendo estas preguntas, la asistencia social y la AUH, comprendida como política del campo de la seguridad social son, en lo que sigue, revisadas; nos adentramos particularmente en los entramados burocráticos y modos de intervención que, cada una a su modo, arma.

Antes de avanzar en la revisión, definimos qué comprendemos por asistencia social y por seguridad social, ámbito en el cual se inscribe la AUH.

Por un lado, tomando la referencia clásica de Castel (2004), definimos a la asistencia social como prácticas muy diversas pero que tienen una estructura común: la existencia de ciertas categorías de poblaciones carecientes y la necesidad de hacerse cargo de ellas. Históricamente, su núcleo tiene dos ejes: la relación de proximidad entre quien recibe socorro y la instancia que lo brinda, y el criterio de ineptitud para el trabajo. La asistencia se define como la “ayuda a un estado de necesidad comprobado” y va a ‘‘las causas generativas de un mal […] busca las raíces del mismo, su etiología”, es por eso que “busca, investiga, diagnostica, ficha”. Apela a un personal especializado, tanto para producir la información necesaria como para ejecutar la asistencia (visitadores y asistentes sociales)” (Tenti 1989, p. 52). En esa línea, lo particular de la política asistencial ‘‘no es la intervención sobre la pobreza sino sobre la debilidad de los lazos de integración: la ‘‘vulnerabilidad’’ (Andreanacci 2009, p. 9). ‘‘La política asistencial sería, de todas las ramas de la política social, aquella que se define por la intervención sobre los grupos de mayor riesgo relativo’’ (Andreanacci 2009, p. 9). Aunque puede precisarse que en nuestro país tuvo diferentes definiciones según periodos históricos (Arias 2012). Al mismo tiempo, Alayón en un clásico análisis sobre asistencia y asistencialismo propone una perspectiva afirmativa de la asistencia al asociarla con la redistribución de la riqueza:

Pero asistencia y asistencialismo no son, necesariamente, lo mismo. Desde hace tiempo venimos reivindicando la noción de asistencia, la dimensión asistencial de nuestro trabajo, pero no desde la óptica tradicional, sino como reapropiación –por parte de los sectores populares– de riqueza previamente producida (como tal les pertenece inalienablemente) y como derechos sociales conculcados (Alayón 2000, p. 8).

Cuando en nuestro análisis nos referimos a asistencia social estamos incluyendo a un conjunto de recursos y procedimientos muy diferentes. Por ejemplo: la transferencia monetaria de programas condicionados (por ejemplo a un empleo cooperativo), medicamentos, materiales de construcción para la mejora de una vivienda, apoyo alimentario o un subsidio habitacional para afrontar el pago de un alquiler. Al pensar en la asistencia social no asumimos que hay un único sentido en las acciones o en los bienes: no es lo mismo cualquier programa social, intervención estatal o recurso material; sin embargo, en términos analíticos, desdibujamos algunas de esas diferencias a fin de identificar rasgos generales dentro de ese amplio universo que es la asistencia social.

Por otro lado, ubicamos a la AUH formando parte del campo de la seguridad social, tal como se profundizó en el capítulo anterior[1]. Con el concepto de seguridad social aludimos, con referencia nuevamente en Castel (2004, p. 316-318), a una ‘‘propiedad transferida’’, una ‘‘propiedad para la seguridad’’. Antes de la existencia del seguro, ‘‘tener seguridad era disponer de bienes para hacer frente a los riesgos de la existencia’’. Luego, en cambio, es el Estado quien comienza a desempeñar un rol protector; con el seguro, ciertos riesgos quedan cubiertos mediante un sistema de garantías jurídicas. ‘‘No solo procuraba una cierta seguridad material: inscribía al beneficiario en un orden de derecho’’ (Castel 2004, p. 318). Dicha inscripción, por cierto, se ubicaba en un registro totalmente distinto del aquel que promovían las protecciones cercanas, propias de la asistencia. El seguro ‘‘deslocalizaba’’ las protecciones y, a la vez, las despersonalizaba. Se rompía la asociación entre protección y dependencia personalizada.

En suma, la asistencia social y la seguridad social:

Se inscriben en tradiciones (historias) diferentes: la primera, organizada en torno al principio de la necesidad, fuertemente vinculada con las características de la persona y de su situación; la segunda, en cambio, referenciada en el reconocimiento de derechos: acotados, estratificados y segmentados en muchos casos, pero sus sujetos (por lo general, trabajadores asalariados formales) pueden invocar esa condición como fuente de derechos (Costa y Hintze 2014, p. 244).

Hasta acá situamos las dos categorías en las cuales se basa el desarrollo del capítulo –asistencia social y seguridad social–. Se analiza a la AUH en relación a ellas. Englobamos a estas intervenciones estatales formando parte, en sentido amplio, de una trama de protección social[2]. Reconocemos que, dispuestas hacia las condiciones de vida, las políticas sociales ‘‘hacen sociedad… o sociedades, según sean los principios que las orientan’’ (Danani 2004, p. 11). Con ello reconocemos, también, que las diferentes intervenciones estatales a las que hacemos referencia, no expresan necesariamente, como es lógico, el mismo grado de extensión y profundidad en términos de protección social. Sin embargo, aquí subrayamos que sirven de apoyo protectorio a las familias; incluso, como analizamos en la segunda parte del capítulo, debido a que sus coberturas se cruzan.

2.1 El recorrido por los servicios sociales

El microcosmos de la asistencia social no les era ajeno a las mujeres a quienes entrevistamos. Cada capítulo del libro, directa o tangencialmente, trasluce la presencia de la asistencia social en el entorno cercano. En el avance de este capítulo mostraremos, precisamente, la capilaridad de la asistencia social en la vida de las familias y sus cruces con la AUH. Pero antes proponemos una caracterización de la noción de asistencia social, basada en una revisión bibliográfica[3] y de acuerdo a los siguientes puntos de análisis: i) los obstáculos que deben sortearse, ii) la necesidad de demostrar la condición de pobreza, iii) la relación de proximidad que se establece, iv) la noción de ‘‘ayuda’’ dando sentido a la intervención y v) la idea de merecimiento como estructurante.

i) Sortear obstáculos

La demanda de un recurso de asistencia comienza, a menudo, con una larga espera. El recorrido que hay que hacer para obtener apoyo estatal suele ser sinuoso, gestiones que se desenvuelven en un laberinto burocrático. Percibir un recurso de asistencia, entonces, implica sortear obstáculos. Esto sucede, en importante medida, porque la actuación estatal y la provisión de recursos asistenciales suele ser escasa, fragmentada, transitoria y siempre sujeta al cumplimiento de numerosos requisitos.

Las personas asumen obstáculos y déficits; sortearlas queda asentado como parte de lo que es preciso hacer. Por eso, la ausencia de obstáculos y déficits logra desatar la sorpresa, el asombro[4] y el agradecimiento direccionado hacia la institución y, en especial, hacia el agente estatal que llevó adelante la intervención[5]. Queda traducida la asistencia social, para quienes la necesitan y la demandan, en una estrategia que conlleva tiempo, espera, lucha, insistencia, perseverancia, frente a servicios sociales que muchas veces no tienen la capacidad ni los recursos para responder a las demandas.

Como muestran varias investigaciones, en el proceso de obtención de un bien asistencial hay pocas certezas (Quirós 2006, Auyero 2001 y 2013 y Zibbechi 2013). Abundan las percepciones que unen los programas asistenciales a lo aleatorio: ‘‘me salió’’, ‘‘tuve suerte’’, y hay que ‘‘estar agradecido’’. ‘‘Lejos de ser un recurso dado, el plan, [es] algo signado por la incertidumbre’’ (Quirós 2006, p. 38). El recurso de asistencia, en sus diferentes variantes, no es, en suma, algo dado y, a la vez, se lo puede perder.

ii) La demostración de la condición social

Es propio de la asistencia que la condición de pobreza requiera ser demostrada, por parte de los receptores y, en un mismo movimiento, constatada por parte de los agentes estatales.

La visita domiciliaria y los informes sociales son procedimientos que van en esa dirección. Los agentes especializados del Estado en esta materia, principalmente trabajadoras y trabajadores sociales, suelen ir a las casas de las familias para ‘‘conocer’’ las necesidades de los potenciales ‘‘beneficiarios’’. Un conjunto de variables biográficas se despliegan; las trayectorias familiares, o individuales, se desdoblan. Para recibir la ‘‘ayuda’’, primero, hay que ‘‘construirse como necesitado’’ (Zapata 2005, p. 50). En ese sentido, ‘‘el solicitante sólo puede aportar el relato de su vida, con sus fracasos y carencias […] ’’ (Castel 2004, p. 477). A menudo, ‘‘los fragmentos de una biografía quebrada constituyen la única moneda de cambio para acceder a un derecho’’ (Castel 2004, p. 477). De modo tal que si una mujer solicita, en la municipalidad, chapas para reparar el techo de la vivienda, deberá dar cuenta largamente sobre su pobreza y luego, probablemente, se lleve a cabo una constatación. Típicamente a través de una entrevista domiciliaria pero también puede ser a través de otros medios, como certificaciones brindadas por ANSES que demuestran la ausencia de diversas prestaciones.

En esas circunstancias, dado que hay que demostrar y constatar la condición de pobreza, ‘‘el mundo de los planes [es] también un mundo de papeles’’ (Quirós 2006, p. 103). Los agentes estatales, habitualmente, completan formularios y planillas pre-establecidas, solicitan información y documentación detallada, hacen informes sociales, ponen sellos, se esmeran en registrar, siguen lineamientos. También exhiben papeles, quienes solicitan asistencia: DNI, partidas de nacimiento, recibos de sueldo, informes sociales, constancias de impuestos, recibos de pagos de alquiler, estudios y recetas médicas, etc. Papeles que tienen el propósito de fundamentar estados determinados (Zapata 2005).

La gestión de la asistencia establece, y hasta requiere, este tipo de acercamiento a las necesidades, con la premisa de demostrar y de constatar. Es de esa manera que el personal especializado produce información que luego sirve para ejecutar la asistencia. El argumento que siempre está en juego, de una u otra forma, es el de diferenciar pobres ‘‘merecedores’’ y ‘‘no merecedores’’ de asistencia.

iii) La relación de proximidad

En la asistencia social suele darse una relación personalizada entre individuos o familias y los servicios sociales, una relación de proximidad. Trabajadoras sociales que toman caso por caso. ‘‘La asistencia a los pobres se dirige, en su actividad concreta, al individuo y su situación’’ (Simmel 2002 [1908], p. 222). De modo tal que, en la asistencia, hay una fuerte vivencia de proximidad: presencia física, contacto directo, acercamiento al territorio, desplazamiento a una vivienda particular. Puesto en secuencia: se presupone una necesidad, se visita, se entrevista, se delimitan problemas sociales, se elaboran posibles respuestas, se acompaña; se conoce de primera mano, sin mediaciones.

En los interrogatorios para acceder a un recurso se busca en las ‘‘[…] intenciones y razones el origen de la totalidad de las acciones de los agentes’’ suponiéndolos ‘‘dueños de su destino’’, constituyendo a la ‘‘víctima en responsable’’ (Bourdieu y Balazs 2007, pp. 547-548). En esas evaluaciones: ‘‘trastornadas, desorganizadas, estas vidas no entran en las categorías previstas por el cuestionario estándar concebido para generar respuestas homogéneas e incapaz de captar la diversidad de las situaciones que pudieron conducir a la solicitud de un subsidio de supervivencia’’ (Bourdieu y Balazs 2007, pp. 547-548).

Al mismo tiempo, los lineamientos laxos o difusos que a veces los programas asistenciales tienen provocan que los agentes estatales posean cierta autonomía para facilitar, o por el contrario para restringir, el acceso al recurso; en esos casos, los agentes estatales manejan un margen mayor para decidir quiénes acceden al recurso[6]. En versiones más tradicionales de la intervención, el agente estatal puede exigir, de modo implícito, que las familias o los individuos posean ciertos atributos morales o ciertas conductas, como condición para percibir apoyo estatal.

Virtuosa o invasiva, según cómo se la observe, en cualquier caso, la proximidad caracteriza y es fundante de la relación de asistencia.

iv) La noción de ‘‘ayuda’’[7]

Si el tratamiento de la pobreza es a través de la asistencia, las acciones paliativas, fragmentadas y transitorias suelen marcar la pauta. Tensando este argumento, la intervención asistencial se realiza en la forma de algo subsidiario, truncado, fraccionado. La asistencia social tiene la marca de lo paliativo.

Una familia a quien el Estado ‘‘le da una mano’’, que es ‘‘ayudada’’, con quien se ‘‘colabora’’, son las expresiones más ilustrativas para comprender cómo se objetiva ese carácter paliativo. ‘‘‘Es una ayuda’ escuchamos muchas veces. Así es como entienden los beneficiarios ‘necesitados’ los subsidios que se les otorgan; una vez más, no como ‘un derecho’, sino como ‘ayuda’ o ‘asistencia’. ‘Y a veces te ayudan y a veces no’ ’’ (Auyero 2013, p. 153). Se corren riesgos en ese punto; al decir de Bayón, cuando las distancias sociales son vividas como ‘‘naturales’’ y cuando las protecciones sociales no constituyen derechos sino ‘‘ayudas’’, ‘‘los riesgos de fractura social se incrementan y las oportunidades de pertenecer a una sociedad de iguales se hacen cada vez más lejanas’’ (Bayón 2012, p. 161).

El recurso de asistencia suele aparecer cubriendo una contrariedad, un déficit, una carencia, una anomalía, una disfunción. Cuestión que, por otra parte, no es para nada novedosa ni tampoco específica de nuestras latitudes. La idea de desajustes individuales, de déficits personales, por ejemplo, alcanza un grado sustantivo en la concepción anglosajona de workfare; desde esta concepción, las exigencias laborales reemplazan el status de derecho y permisividad, por valores de responsabilidad y autosuficiencia (Handler 2001). Se subraya, entonces, que la asistencia toma la forma de la consecuencia de una anomalía:

Hay un elemento que es percibido como profundamente patológico […], y es que se combate la asistencia. No se debe permitir que nadie se instale en la asistencia, hay que sacar a la gente de la idea de que el Estado los va a ayudar eternamente y que van a poder recostarse en la ayuda del Estado. Tienen que ser responsables de sí mismos, ponerse de pie, y salir adelante (Merklen 2013b, p. 12).

En paralelo, la acción central tiene que ver con dar recursos materiales, asignar una transferencia monetaria, entregar ‘‘algo’’. Precisamente, definida la anomalía, la asistencia social pone en juego una suerte de compensación parcial por parte del Estado, una obligación moral de ayudar.

v) El merecimiento de la asistencia

‘‘No te van a venir a dar la plata de arriba’’, ‘‘a mí me gusta que pidan, que te digan bueno en tal fecha tenés que traer el control de tus hijos, si van a la escuela, a qué grado van’’, ‘‘porque está bien, nos dieron el plan y ¿nosotros no tenemos que hacer nada? No, alguna prestación tenemos que hacer’’, expresaban las mujeres destinatarias de un programa de transferencias monetarias que tuvo lugar en el país desde 2005 al 2009 (Rizzo 2010, p. 100). El argumento no sorprende; al contrario, es remanido en el mundo de la asistencia[8]. La exigencia de hacer algo a cambio puede asumir diferentes formas –participar en reuniones, capacitaciones, presentar documentación de los hijos, realizar una contraprestación laboral–, sin embargo, va siempre en un mismo sentido: al recurso hay que merecerlo, es decir, cumplir, ganarse el dinero, esforzarse.

Es el Estado el actor que tiene capacidad de definir las condiciones de merecimiento de la asistencia. Handler recuerda, por ejemplo, que ‘‘la larga historia del welfare en Estados Unidos es requerimiento de trabajo’’ (Handler 2002, p. 26). Se afirma, desde hace varias décadas, una tendencia generalizada a transferir la responsabilidad a sus destinatarios, basada en la lógica de la contraprestación. Ya no se trata de indemnizar o de reparar sino de reforzar sus capacidades y hacerlos responsables del manejo de sus vidas; el riesgo está en que el correlato de esa responsabilización sea la culpabilización (Castel 2010).

El acceso al recurso de asistencia es socialmente definido en oposición al sustento obtenido sobre la base del esfuerzo y del trabajo. Cuando se apoya en esa concepción, la idea de hay que merecerlo, finalmente, se ve fortalecida.

Hasta acá, entonces, fue descripto el repertorio de los procedimientos y los tratamientos característicos del mundo de la asistencia social. En suma, se procuró estilizar la figura de la asistencia social. Con la presencia de la AUH, esta figura, que se materializa en las instituciones de servicio social, sin embargo, queda desplazada y cobra protagonismo la ANSES, y sus oficinas[9].

2.2 Una política social al interior de las oficinas de ANSES

Desde que accedieron a la AUH, las mujeres con quienes conversamos han estado expuestas a procedimientos y tratamientos diferentes a los descriptos en el apartado anterior. ‘‘[E]l paradigma de la protección social horizontal desplazó la política de los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo’’ (D’amico 2020, p. 208) y con ello, también desplazó a la figura del servicio social. La AUH sigue el repertorio de la seguridad social: propone una individuación de las personas en la relación con el Estado, ya que no tiene instancias de intermediación a través de la participación de otros actores sociales[10] a la vez que mixtura de dispositivos prácticos, ya que conjuga el automatismo que proviene de su carácter masivo, monetario, sostenido en el tiempo y bancarizado, propio de las prestaciones de la seguridad social, con el cumplimiento de condicionalidades, propio del diseño de las TMC.

Para llevar a cabo los trámites relacionados con la AUH, las mujeres concurren a las oficinas de ANSES. La literatura especializada observa que, a partir del surgimiento de la AUH, los trabajadores informales quedan inscriptos ‘‘en un espacio unificado con otras fracciones de la clase obrera’’ (Seiffer 2015, p. 270[11]). Es ANSES el organismo que, en términos figurativos, condensa ese espacio unificado: los trabajadores informales quedan inscriptos en esta institución pública que administra políticas de base contributiva y que ha incorporado, como se mencionó en el capítulo anterior, progresivamente a lo largo de los últimos años la administración de políticas de base no contributiva.

En tanto política del ámbito de la seguridad social, la AUH no alivia una necesidad individual. Antes bien, incluye a un sector de la población –los trabajadores informales– reconociendo que carecen de ‘‘los beneficios de la seguridad social por su imposibilidad de encuadrarse en los marcos normativos tradicionales’’ (ANSES 2010, p. 11). Se comprometen, así, cuestiones que giran en torno al mundo del trabajo y que tiene un público masivo.

Es pertinente, en ese sentido, recordar conceptos de Simmel (2002 [1908], p. 222): ‘‘la asistencia a los pobres como institución pública ofrece, pues, un carácter sociológico muy singular. En su contenido es absolutamente personal; no hace otra cosa que aliviar necesidades individuales’’. Continúa este autor:

En esto se diferencia [la asistencia] de las demás instituciones que persiguen el bienestar y la protección públicos. Estas instituciones quieren favorecer a todos los ciudadanos; el ejército y la policía, la escuela y las comunicaciones, la administración de justicia y la Iglesia, la representación popular y el cultivo de la ciencia, son cosas que no se dirigen en principio a las personas consideradas como individuos diferenciados, sino a la totalidad de los individuos; la unidad de muchos o de todos constituye el objeto de estas instituciones (Simmel 2002 [1908], p. 222).

Quienes perciben la AUH, quedarían unidos, para decirlo recuperando a Castel, a un colectivo abstracto[12]. Tomando la expresión de Simmel –la unidad de muchos o de todos–, destacamos que la AUH es una política que se organiza en función de la pertenencia de las personas a colectivos y no en función de individuos, comprendidos aisladamente en sus necesidades. En la gestión de la AUH no están presentes los habituales criterios de prioridad que organizan típicamente el trabajo de asistencia.

La forma en que se estructura esta política social hace innecesario aquel andamiaje del interrogatorio de ingreso y de la selección de los merecedores, propio de la asistencia; ello se debe a que cierto automatismo recubre toda la construcción de esta política social. Hay evidentemente un cambio de registro. Arias lo expresa adecuadamente:

La importancia del ANSES para la política social también es la importancia de una modalidad de gestión de lo social-asistencial desde otro registro. Podríamos decir desde una modalidad cercana a la lógica previsional o de seguridad social, pero quizá sea sensato componer más este registro de un tipo de lógica previsional pero sin vinculación directa con la experiencia del trabajo formal. […]. [T]ambién muestra la preeminencia de una forma de institucionalidad diferente a la que era gestora de las políticas de asistencia (Arias 2015, p. 72).

El accionar de la AUH se orienta hacia lo que Paugam (2007) define como intervención burocrática. Ese es, en sí, el cambio de registro. Se aplica ‘‘lo que la ley preconiza’’, sin atender los casos individuales. El interventor social no tiene que ‘‘hacer hablar’’ al destinatario (Zapata 2005, p. 97)[13]. Tampoco hay interpretación, ‘‘la respuesta es siempre formal e inmediata: o bien el individuo puede recibir ayuda porque corresponde a una situación prevista en el derecho social, o no puede, y en ese caso debe dirigirse a una estructurar más informal, por ejemplo a la caridad (Paugam 2007, p. 95)’’. Consecuentemente, ‘‘el interventor social no juzga, se conforma con comprobar las condiciones de acceso al derecho, a menudo en función de un expediente administrativo preparado a veces por el propio individuo’’ (Paugam 2007, p. 96).

Pudimos observar que cuando Clara, una mujer titular de la AUH, se acercó a ‘‘presentar’’ la documentación requerida en el tráiler que había montado ANSES en un operativo realizado en Sabala, le dijo al operador que la atendió: ‘‘tengo dos libretas y dos apoyo escolar’’. Y agregó: esos documentos ‘‘son de los [hijos] más grandes’’ porque ‘‘a la más chiquita no la vio el pediatra todavía’’ (notas de campo, operativo ANSES, 21/11/17, Sabala). La información acotada fue suficiente para que Clara describiera los tipos de formularios que presentaba. La ‘‘carga’’ de datos tardó solo unos minutos. Clara, al decir de Castel (2004, p. 477), no tuvo que aportar ‘‘el relato de su vida, con sus fracasos y carencias’’. Con poco esfuerzo, la realidad quedaba ‘‘consagrada’’ (Zapata 2005) y Clara garantizó su condición como titular. El ejemplo condensa los principales rasgos que en términos operativos tiene la intervención burocrática de la AUH.

Nos interesa desglosar la intervención burocrática de la AUH de acuerdo a los siguientes puntos de análisis: i) la relación impersonal, ii) la presentación administrativa, iii) el automatismo de la gestión, iv) ‘‘la libreta’’ como instrumento característico, y v) ‘‘las cargas’’ de ANSES. En estos puntos se muestran diferentes momentos del modo específico en que la AUH sigue el repertorio de la seguridad social; lo específico es, como dijimos al inicio del aparatado, la propuesta de una individuación de las personas en la relación con el Estado y a la vez la mixtura dispositivos prácticos.

i) La relación impersonal

Desde el punto de vista de la intervención social profesionalizada, la AUH deja poco para trabajar con las familias. Las trabajadoras sociales de las instituciones locales de forma ocasional brindaban asesoramiento sobre esta política social, especialmente cuando surgía algún problema en el cobro. Pero, en realidad, la AUH no abría a otras intervenciones sociales. Para las familias esto significaba el acceso a una prestación monetarizada sin que fuera necesario el despliegue de variables biográficas ni tampoco el trabajo personalizado destinado a producir un cambio en las actitudes o en las capacidades de los sujetos. Precisamente, son estos dos aspectos –las variables biográficas que se ponen en juego y el trabajo personalizado como objetivo de la intervención– los que generan cercanía entre el agente estatal que brinda apoyo y la persona que lo recibe. Cercanía que, por cierto, no hay en la gestión de la AUH.

En este sentido, la AUH se desamarra del mandato de la intervención sobre el otro (Merklen 2013a). Este mandato es, en general, un rasgo extendido en las políticas de individuación contemporáneas (Merklen 2013a) y está asociado a un discurso sobreideologizado en torno a la responsabilización individual (y familiar). Esta política social ofrece un cambio de nivel: no hay déficits a nivel de las personas, el déficit está a nivel de la estructura social[14]. El fundamento de la intervención no está basado en las capacidades y las fragilidades individuales sino que intervienen factores del contexto social y económico. No obstante, como analiza Garcés, en el plano normativo, las ideas de protección y de control en realidad se conjugan en esta política de manera particular:

Desde el punto de vista normativo, la AUH, considerada como una ‘ampliación del régimen de asignaciones familiares’, puede encuadrarse dentro de lo que Merklen llama ‘políticas de protección social’ en tanto se trata de la extensión de un derecho social a un sector de la población que, por su condición laboral, no accedía al mismo. Sin embargo, al estar destinada a un grupo específico de trabajadores (desocupados e informales) y al tener condicionalidades diferenciadas respecto a los trabajadores formales, bajo esquemas de tipo ‘educativo’ como es el caso de las condicionalidades en salud y educación, podríamos decir que adquiere rasgos de lo que el autor denomina una ‘política de individuación’ o ‘política del individuo’ (Garcés 2015, p. 36).

Si en el diseño institucional de la AUH se considera, expresado de manera simple, que el déficit está a nivel de la estructura, entonces deja de tener sentido el vínculo entre agente estatal e individuo para propiciar un trabajo personalizado sobre los comportamientos. El modo de regulación social en el que esta política hace foco no es a través de un trabajo personalizado sino mediante el control del cumplimiento de los deberes paternos. Lo hace intercediendo, mediante un vínculo entre las familias y el Estado, que es impersonal: ‘‘el encuentro directo entre Estado y ciudadanía en la oficina pública para tramitar la AUH desplazó las intermediaciones; su sentido universalista estabilizó modos de atención y provisión de información, facilitó el acceso y favoreció la impersonalidad a través de la bancarización’’ (D’amico 2020, p. 208). Ese es el modo específico en que esta política social interviene sobre el otro.

ii) La presentación administrativa

A diferencia de muchos servicios sociales que funcionan comúnmente a nivel barrial, las oficinas de ANSES no están necesariamente próximas a los hogares familiares, en términos de distancias geográficas. Ni tampoco las funciones de ANSES incluyen el cumplimiento de un trabajo territorial que promueva un acercamiento a las familias. Habíamos mencionado, al caracterizar a la asistencia, la fuerte vivencia de proximidad, incluso a través de la imagen de agentes estatales que acudían muchas veces a la vivienda familiar. En cambio, las mujeres que pretendan acceder y permanecer como titulares de la AUH deberán, ellas mismas, concurrir a las dependencias de ANSES para seguir los lineamientos administrativos que allí se indiquen. En términos de espacialidad podemos observar entonces que, entre la asistencia social y la AUH, se produce un movimiento inverso.

Tiene lugar una presentación administrativa. En efecto, la gestión asociada a la AUH, se trata de ‘‘una presentación administrativa que acredite cumplir los requisitos: no se prevé intermediación comunitaria, ni tampoco se requiere asistencia o evaluación profesional’’ (Arias 2015, p. 72). Los requisitos a satisfacer, en esa presentación administrativa, resultan significativamente menores si se los compara con los requisitos habituales que exigen los programas asistenciales, en especial cada vez que requieren la comprobación de medios de vida. La gestión se realiza ante un operador de ANSES en un área que, en esa institución, denominan ‘‘integral’’. Es un área que brinda atención a todas las personas ‘‘en actividad’’ ya que, como resulta lógico, a quienes perciben la AUH no los consideran personas económicamente pasivas.

Dado que se trata, precisamente, de una presentación administrativa, como señala D’amico (2020, p. 208), ‘‘cuando el Estado falla [en este caso en la interacción con la institución nacional encargada de la gestión de la política social], las personas se ven desprovistas de canales colectivos de resolución de problemas’’. Así, el matiz que señala la autora es interesante: ‘‘[e]l proceso de individualización vulnera a familias concretas, y en el largo plazo, desarticula a los sujetos populares de las inscripciones colectivas mediante las cuales, históricamente, demandaron reconocimiento’’.

Al mismo tiempo, como es esperable, la presentación administrativa prescinde de agentes con competencias, destrezas o habilidades específicas vinculadas a lo social. Incluso, como se muestra en el capítulo siguiente, son promovidas institucionalmente las plataformas virtuales como parte central del dispositivo burocrático. Es un componente cuya presencia va en aumento.

iii) El automatismo

Siempre que los hijos figuren en la base de personas de ANSES, relacionados con el adulto, y siempre que los miembros de la familia cuenten con DNI y partidas de nacimiento, que acrediten el vínculo de filiación, la liquidación de esta política social es automática. Es interesante el modo en que lo explicó una operadora de ANSES: ‘‘el sistema encuentra el derecho y liquida, el sistema no le pide permiso a nadie, a nadie’’ (18/11/2017, El Sauce). ‘‘No pide permiso’’, lo hace automáticamente. En adición a esta idea, en realidad, ‘‘el sistema no pide permiso’’ en ningún caso: altas, bajas, suspensiones, liquidación del ‘‘retroactivo’’, liquidación de ‘‘la escolaridad’’.

Por lo cual, se invierte una lógica: la de ‘‘anotarse’’ para acceder a un recurso[15]. ‘‘Me anoté’’ era una expresión escuchada recurrentemente en las inmersiones en campo: ‘‘mi marido se anotó en la cooperativa’’ o ‘‘me anoté en la tarjeta verde’’. Mediante esa expresión las personas daban cuenta del momento concreto en que se hizo la gestión para la obtención de un recurso de asistencia. En ese momento, como fue dicho anteriormente, las personas asumían que lo más probable era que les faltara algún papel, que alguna regla haya cambiado, que el sistema de inscripción no funcionara ese día. Era imprescindible ‘‘anotarse’’, sortear las dificultades que se presentaban y perseverar. En cambio, el automatismo de la gestión de la AUH hace que poner el cuerpo[16] (Fassir 2003), exponerse y batallar para conseguir el recurso, no sea tan necesario.

A la vez, el carácter automático produce cierta ajenidad respecto del proceso administrativo. Las gestiones se operativizan directamente por el sistema informático de ANSES sin que los operadores puedan incidir; se limitan a seguir los pasos previstos. Lo que deja de haber, también en este caso, es un margen de maniobra: tanto para hacer negociaciones con el agente estatal como para apelar a situaciones personales, con el fin de poder acceder o permanecer como titular de esta política. En numerosas ocasiones escuchamos en territorio expresiones de este tipo: ‘‘yo presenté los papeles, hice el reclamo, pero no sé, me dijeron que es automático, que espere’’. Se produce un alejamiento entre quien da y quien recibe la prestación y, más aún, nadie intermedia para acortar esa distancia. Dado que la AUH automatiza la liquidación, las titulares no tienen nada que argumentar ni negociar cuando se presenta una dificultad; no hay manejo de la excepción, rasgo habitual del microcosmos de la asistencia social.

iv) ‘‘La libreta’’

No se es titular de un programa social de una vez y para siempre, esa condición es un proceso y la inscripción es sólo el inicio. La AUH no es la excepción; año a año, debe cumplirse una misma secuencia de gestiones con el objetivo de ‘‘presentar la libreta’’ ante ANSES, es decir, de presentar el formulario PS.1.47. ‘‘La libreta’’ es un instrumento propio de la AUH; las AAFF no la requieren ya que no están sujetas a condicionalidades. ‘‘En el salario [AAFF] ni siquiera te preguntan si los haces atender [a los hijos], no te piden una ficha médica’’, observó con acierto una ex titular de la AUH a quién entrevistamos (11/11/16, El Sauce). Es el instrumento por el cual se comprueba el cumplimiento de las condicionalidades; en ese sentido, asistencializa. La ‘‘libreta’’ es un punto del análisis que contradice, de acuerdo al planteo que venimos desgranando, nuestra idea de contrastar la asistencia social y la AUH como política propia del ámbito de la seguridad social.

Cumplir correctamente con la ‘‘libreta’’ asume un carácter consagratorio: permite acceder al cobro del veinte por ciento mensualmente reservado y permite dar cuenta de que se continua con lo que socialmente se espera respecto de las prácticas de salud y educación. Solo de ese modo es posible comprender el esmero de las titulares, que aparece de modo reiterado en nuestro registro de campo, por demostrar que no se incumple. Debemos considerar también que se exigen firmas y sellos de profesionales: miradas externas que avalan o no ese cumplimiento. Asumir una responsabilidad es también el esfuerzo por hacer ver que se cumple. Ocuparse de ‘‘la libreta’’ refleja, en buena medida, ocuparse de la crianza de los hijos en la esfera doméstica; instrumento en el que se simboliza la responsabilidad por esas tareas. Como analizaremos en el cuarto capítulo, a través de la AUH las mujeres encontraban formalidad en las tareas de cuidado; tareas profundamente conocidas pero que ahora tenían sello estatal. La ‘‘libreta’’ era el instrumento que simbolizaba esa formalidad.

v) ‘‘Las cargas’’

Soportes informáticos, formularios estandarizados, pautas rígidas en los procedimientos y preguntas, acotadas y que no varían, que las titulares responden a los operadores de ANSES; esa es la forma burocrática que asume la AUH. A la tarea que realizan, los operadores las denominaban ‘‘cargas’’; precisamente, consisten en la anotación de los datos requeridos en el sistema informático.

Las ‘‘cargas’’ son anuales. Una mujer que lleva cinco años como titular de la AUH, ‘‘tiene que haber venido cinco veces [a la oficina de ANSES]. No tendría por qué venir más de una vez por año’’, dio como referencia una operadora a quien entrevistamos (Luciana, operadora de ANSES, 18/11/2017). Al menos que requiera realizar alguna gestión específica, como por ejemplo la modificación de algún dato personal. A la vez, el tiempo de duración de esas interacciones es breve y está predeterminado:

Autora: ¿Por lo general cuántos minutos demora la atención a una titular de la AUH? ¿Está ya definido por el sistema operativo el tiempo de atención?

Luciana: Depende de que tramite venga a hacer. Si viene a hacer una AUE [Asignación Universal por Embarazo[17]] nuestro sistema determina doce minutos para hacer el trámite. También puede venir a hacer el trámite del crédito argenta o la presentación de libreta. La presentación de libreta tiene una demora de seis minutos. Depende de varios factores la demora, si tiene un hijo o cinco o si presenta libreta o formulario. Cuando no presenta libreta el sistema nos pide menos información cuando hacemos la carga. Cuando presenta libreta nos pide repetir varias veces los datos, por ejemplo apellido y nombre del médico, legajo del médico. Y el de [crédito] Argenta es diez minutos (Luciana, operadora de ANSES, entrevista 18/11/2017).

La rutina de ‘‘las cargas’’ expresa, entonces, una forma burocrática estandarizada, cuyo contenido, frecuencia y tiempo de duración están pautados. Es decir, continúan el patrón que fija el sistema informático.

Hasta aquí fue descripto el repertorio de los procedimientos y los tratamientos que introduce la AUH, como política del ámbito de la seguridad social. Las mujeres titulares concurren a las oficinas de ANSES, un espacio en el cual, progresivamente, se ha ido englobando la administración de políticas sociales destinadas a los trabajadores informales y de numerosas políticas de base contributiva.

3. Los cruces

A continuación distinguimos los modos en que la AUH se entrecruzaba con los programas de asistencia social más tradicional y con la AAFF. Como política social, no era una experiencia inédita ni tampoco una experiencia única en la vida de las mujeres: actualizaba recursos de significación en una población que, muchas veces, había tenido una historia o tenía un presente de relación con las políticas sociales. En los términos conceptuales que proponemos, la AUH era apropiada por las familias en una trama de protección social.

3.1 El solapamiento con la asistencia social

El lazo con la asistencia social podía ser más o menos cercano e intenso pero, para las mujeres con quienes conversamos, rara vez era ajeno. La AUH proponía una relación de individuación de las titulares con el Estado, sin instancias de intermediación. Sin embargo, el microcosmos de la asistencia social, con sus actores y lógicas de intervención e intermediación, recubría muchos espacios de la vida cotidiana de los barrios en los que nos situamos.

Fue posible identificar experiencias pasadas, es decir, algunas mujeres habían sido destinatarias de políticas de asistencia social y portaban memorias acerca de esas políticas; y también fue posible identificar experiencias contiguas, es decir, algunas mujeres podían ser destinatarias de otras políticas de asistencia compatibles con la AUH y portaban vivencias recientes del mundo de la asistencia. Observada desde la vida cotidiana de las familias, estaba claro que la AUH no desplazaba a la asistencia social, cristalizando un nuevo y único modo de relación con el Estado. Debido a que la asistencia social ya existía en la vida de las titulares y a la vez continuaba estando presente, el ingreso al ámbito de la seguridad social no era experimentado como un pasaje de un segmento a otro del sistema, como podría esperarse de acuerdo con las descripciones más agregadas de los dos ámbitos de protección social sino más bien como un entrevero. Las mujeres ponían un pie en la seguridad social, mediante la AUH, mientras que mantenían otro pie en la asistencia social, mediante diferentes programas e intervenciones sociales.

3.1.1 Las experiencias contiguas

La asistencia social era parte de un lenguaje común, que no requería aclaración, que todos conocían; apropiarse de la AUH no suponía romper el lazo con ese marco de relaciones y sentidos comunes. A fin de adentrarnos en ese marco de relaciones y sentidos comunes, dividimos el análisis en tres momentos: i) la capilaridad de la asistencia social, ii) las combinaciones específicas entre políticas sociales y iii) la huella de la asistencia en las instituciones locales.

i) La capilaridad de la asistencia social

¿Cómo eran las vivencias recientes que tenían las familias con el mundo de la asistencia social[18]? Los ejemplos siguientes son ilustrativos:

  • La asistencia laboral:
Claro, porque cuando yo me separé de él [su ex pareja] me quedé con cinco chicos [hijos], un alquiler a cuesta y sin trabajo, y vino la señora, la manzanera, a decirme, dame los papeles que hay una posibilidad para que, eh, te salga una cooperativa [Programa Argentina Trabaja[19]] y eso hice yo. Me llevó los papeles y enseguida me llamaron. Para mí fue espectacular eso, con eso mantengo mi casa. Si bien no es mucho pero es lo que a mí me está sosteniendo ahora (Amalia, titular de la AUH, 18/10/17, Sabala).

El testimonio hace referencia al Programa Ingreso Social con Trabajo. Esta política nucleaba al Programa Argentina Trabaja que ha estado vigente desde el 2009. En 2018, fue unificado y modificado bajo el nombre Hacemos Futuro (bajo la órbita de la Subsecretaría de Políticas Integradoras, de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo social de la Nación). Formalmente, el Programa Argentina Trabaja planteaba el acceso a oportunidades de inclusión socio-laboral a través de la creación de puestos de trabajo, fomentando la organización cooperativa. En 2013, este programa lanzó una línea específica, denominada Ellas Hacen y destinada a mujeres jefas de hogar con tres o más hijos a cargo, residentes en barrios emergentes o villas. Varias mujeres entrevistadas, en efecto, eran titulares del Argentina Trabaja o bien del Ellas Hacen.

  • La asistencia materno infantil:
Encuentro a Clara en la calle, cuando estaba yendo hacia su casa. Ella se acerca y me saluda. Vamos juntas a ‘buscar la leche’ al centro de salud. ‘Tengo que ir a buscar la leche a la salita para no perderla’, me dijo dos veces. La atiende una empleada muy risueña, que lleva una remera con la inscripción Argentina Trabaja. Hace chistes: ‘¿a ella la trajiste para que trabaje?’, dice mirándome a mí. Mientras tanto, le da a Clara seis cartones de leche en polvo. Clara guarda algunos cartones en una bolsa que tiene, vacía, en la mano. Cargo dos en mi mochila. ‘Me dan seis leches por mes’, me aclara. Desde la salita hasta la casa de Clara hay siete u ocho cuadras. Fuimos a su casa, caminando (crónica de entrevista, 21/11/17, Sabala).

La escena remite al Plan Materno Infantil, política de alcance nacional, que se orienta a niño/as hasta 5 años de edad y que comprende la atención pediátrica y la entrega de dos kilos de leche mensuales por niño/a[20].

  • La asistencia habitacional:
Laura y Ángela, son madre e hija, ambas titulares de la AUH y viven en un casa antigua del barrio El Sauce. La puerta de la entrada está desvencijada y despintada. La casa tiene una cocina comedor y dos habitaciones. Es de ladrillos, sin revocar, y el techo de maderas muy viejas. Sobresalen los muebles recientemente otorgados por ‘el ministerio’: mesa y sillas de caño, lavarropa, son los que están a la vista. Literalmente brillan en comparación con la madera despintada de los demás muebles; o en comparación con la cocina que está vieja y tiene la puerta del horno atada con una soguita. Contraste que compone una imagen de la presencia de la asistencia en la vida de la familia (crónica de entrevista, 26/10/17, El Sauce).

El testimonio alude al Programa Federal de Intervención Directa y Ayudas Urgentes ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que fue creado en el año 2002 mediante la resolución del MDS N° 938/2002 y proporciona insumos y equipamiento: materiales de construcción, mobiliario y artículos varios (de blanquería, de ferretería, de librería, deportivos, para el hogar, herramientas) en situaciones de necesidad ‘‘de extrema urgencia, en los que sea requerida la ayuda estatal inmediata’’ (MDS N° 938/2002).

  • La asistencia a la familia y a la niñez:

Autora: ¿ustedes participan de alguna institución del barrio, por ejemplo, un comedor o merendero?

Elena: Tengo que ir a buscar, tengo una asistente social que se llama Ana Rosas. Ella está con nosotros por fortalecimiento de vínculos. Es de la SENNAF. Entonces ella me había anotado para que vaya a un comedor. Pero yo la verdad que no puedo, imaginate que ir con todos los nenes. Ella había pedido si yo podía ir a retirar la comida, o verduras y cosas así. […]. Ana me hizo un informe [social], ella me hizo varios informes para [el programa] Nuestras Familias (titular de la AUH, 19/11/2016, El Sauce).

La institución a la que hace referencia la entrevistada es la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), organismo correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que coordina y supervisa las políticas de carácter nacional con eje en los derechos de las niñas, niños y adolescentes[21]. La entrevistada también alude al Programa Nuestras Familias, que es incompatible con la AUH. Depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, correspondiente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -GCBA-, y se orienta a grupos familiares que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo social comprobado, a través de subsidios económicos[22].

  • La asistencia alimentaria:
Trato de hacer un surtido por mes, después al mediodía ellos [sus hijos] comen en el comedor, o sea acá al mediodía no hay gastos porque van al comedor, el de Capullitos, y después a la noche sí cocino yo acá. A veces no se puede, la verdad a veces se van a dormir sin comer. Pasa que acá los gastos, tenés los impuestos, todo eso se tiene que pagar, entonces a veces cobro [la AUH] y tengo que primero pagar las cuentas y después hacer un surtido en mercadería, comprar las cosas. Lo bueno que ninguno me usa pañales, ¿viste?, pero sí toman leche a dos manos, la leche es un gasto todos los días, porque el papá de las dos nenas trabaja pero, al tener antecedentes [penales] y la edad que tiene, obviamente, no consigue trabajo, él hace changas una vez cada tanto (Cristina, titular de la AUH, 27/12/16, El Sauce).

La titular hace referencia a la red de comedores comunitarios presente a nivel barrial y que responden a proyectos sociales que suelen recibir, en alguna medida, asistencia por parte de instancias gubernamentales, ya sean municipales, provinciales o nacionales.

De tal modo, sin que hiciera falta haber buscado directamente el dato, la asistencia social recubría los relatos obtenidos y las notas de campo elaboradas. Era sencillo observar la capilaridad de la asistencia: ir a ‘‘buscar la leche en la salita’’, darle ‘‘los papeles’’ a ‘‘la manzanera’’ para ingresar a un programa social, ‘‘la ayuda del ministerio’’ y el vínculo con ‘‘la asistente’’ que ‘‘está’’ con la familia. Algunas de estas políticas sociales otorgaban transferencias dinerarias, otras brindaban recursos en especie y en otros casos se trataba de intervenciones de acompañamiento familiar. Lo importante es que esas ramificaciones de la asistencia social se situaban en posición contigua a la AUH. Dos arquitecturas de política social diferentes se confundían en la trama cotidiana y obraban juntas. Por cierto, no era difícil transitarlas: ‘‘las clases populares poseen conocimiento práctico del conjunto de derechos sociales y por ello saben intuitivamente de qué modo ubicarse en las categorías positivas del agrado […]’’ de cada organismo público (Schijman y Laé 2011, p. 74). Conocedoras de las fronteras institucionales, las mujeres sabían la forma en que era necesario moverse en cada arquitectura[23] y, en sus vidas, operaban simultáneamente.

ii) Las combinaciones específicas entre políticas sociales

Señalado el primer punto general, mostramos a continuación combinaciones más específicas entre políticas sociales. Son combinaciones posibles entre la AUH y un conjunto de políticas sociales que, en un sentido muy amplio, podríamos unificar en el hecho de que transfieren dinero a sus destinatarios y son de base no contributiva. Las ubicamos, con fines expositivos, dentro del paraguas de la asistencia social. En Sabala, los ejemplos más frecuentes fueron:  AUH + Argentina Trabaja o Ellas Hacen, AUH + Plan Vida[24], AUH + Pensión No Contributiva por Discapacidad[25], AUH + Programa Envión[26], AUH + Plan Vida+ Argentina Trabaja. En El Sauce, hallamos menos cantidad de combinaciones. Los ejemplos más habituales fueron: AUH + Progresar[27], AUH + Pensión No Contributiva por Discapacidad[28].

Aunque heterogéneas, estas políticas sociales coincidían en transferir mensualmente sumas de dinero a las familias. Eran compatibles con la AUH y eran compatibles entre sí. Solían dirigirse a diferentes miembros de la familia y a diversos momentos y circunstancias del ciclo de vida de los integrantes de la familia. Es decir, en algunos casos, diferentes miembros de la familia eran titulares de estas políticas sociales; en otros casos, la mujer a quién entrevistamos, receptora de la AUH, era también titular de otra política social, dependiendo de cuál tratara.

No era posible uniformizar a estas transferencias de dinero, no les cabía una única acepción. Mirando la forma en que operaban, variaban según:

  • las condiciones de ingreso (requisitos y modo de ingreso),
  • los requisitos de permanencia (presencia o ausencia de condicionalidades y, a la vez, diferentes tipos de condicionalidades),
  • el campo en el cual la política social se inscribía (asistencia social más tradicional, seguridad social, el formato de las TMC),
  • los integrantes de la familia a los cuales se destinaba, si es que había más de uno (población destinataria),
  • el ámbito desde el cual se implementaba (nacional, provincial, GCBA[29]),
  • el monto de dinero asignado (algunos podían representar el ingreso central de un grupo familiar mientras que otros representaban un ingreso comparativamente menor),
  • el tipo de necesidad a la que formalmente se daba respuesta (alimentarias para la familia, alimentarias para niño/as pequeño/as, de economía social, de terminalidad educativa, de discapacidad, etc.),
  • y otros beneficios que esa política social podía habilitar (Monotributo Social, pase libre de transporte, tarifa social en el pago de impuestos, tarifa social etc.).

Estas políticas sociales transferían dinero –monetarizaban– pero cada una de modo particular. Recordemos que ‘‘cada sociedad define y otorga un estatus social distinto a sus pobres cuando decide ayudarlos’’ (Paugam 2007, p. 9). Siguiendo a Paugam (2007), las formas de intervención social expresan, en cierta medida, de qué modo se construye una relación de interdependencia. La elaboración colectiva de la categoría de pobres, el estatus social conferido a los pobres y las formas que adquiere el tratamiento a la pobreza estarán estrechamente vinculados a una relación de interdependencia: aquella que enlaza a los pobres con la sociedad, que así los define y, a la vez, de la que son parte. Si hacemos énfasis en que cada política social mencionada era portadora de particularidades es porque, precisamente, la relación de interdependencia que en cada caso se construía no era idéntica.

iii) La huella de la asistencia en las instituciones locales

En los encuentros que las familias mantenían asiduamente con los operadores de algunas instituciones locales (como por ejemplo el centro de salud, la escuela y los servicios sociales locales) también podía rastrearse el solapamiento de la AUH con la asistencia social. Con frecuencia, los agentes estatales que trabajaban en instituciones barriales cercanas a las familias relacionaban AUH con asistencia social. Por diferentes motivos: leían a la AUH desde categorías propias de la asistencia social, intentaban jerarquizar a la AUH respecto de otras políticas de corte asistencial o bien, porque las conectaban operativamente.

En primer lugar, la asistencia tradicional podía funcionar como una matriz para identificar insuficiencias en la AUH. Una médica que trabajaba en un centro de salud y que además cumplía la función de ‘‘firmar las libretas’’, nos explicó:

[La AUH] es una buena estrategia de política pública porque aumentan los controles de salud de niños y niñas que están sanos, ¿no?, que no van por alguna enfermedad, sino que poder evaluar esto, si pudiéramos responder como a la demanda que hay real para controles de salud, no solamente podríamos estar controlando el peso y la talla de esos niños, si no ver cómo les va en la escuela, por qué tienen tantas dificultades, poder articular más con la escuela. El tema es que como no hay personal o un equipo de salud que pueda responder a todas las demandas que hay, queda medio como a la mitad de camino. Si hay un chico que viene a mí y la mamá me dice que repitió de año, yo le completo la libreta. Lo ideal sería que podamos conectarnos con la escuela, ver ese chico por qué está repitiendo, si es por el plomo [en sangre], si es porque en la casa hay muchas dificultades con montones de problemas como la violencia de género, adicciones, digo, digo, hay un montón de cosas que por ahí podríamos abordar, otros problemas que influyen en la salud de los niños. Pero que no se está pudiendo hacer porque así como está esta política pública de aumentar los controles de salud de los niños y de las niñas que no presentan una patología, tendría también que aumentarse la cantidad de personal como que puedan responder a esa demanda que hay. Creo que es una buena política pública pero que le falta abordar, bueno, más integralmente, ¿no?, que podamos tener una visión más integral del niño (8/2/18, Sabala).

Estas expresiones tenían la huella de la asistencia. Era una interpelación hacia la AUH, desde la lógica asistencial. Quien narraba no se posicionaba ideológicamente en un lugar conservador, acusatorio ni que recreara los estereotipos frecuentes sobre la asistencia estatal; por decirlo de algún modo, sus intenciones eran las mejores. Identificaba aspectos positivos de la AUH y a la vez expresaba que ‘‘se queda a medio camino’’ porque no lograba dar una respuesta específica a una necesidad individualizable. En su opinión, la población a la que ella asistía cotidianamente requería más que la transferencia monetaria mensual. Juzgaba necesario conocer acerca de la familia, identificar los problemas que influían en la salud de los niños y niñas y articular acciones entre diferentes instituciones. El relato activaba, así, la idea de trabajo caso por caso: conocerlos más, comprenderlos mejor, trabajar la situación individual entre muchas instituciones. La AUH, en ocasiones, podía ser evaluada en clave asistencial. Vale aquí hacer presente el planteo de Arias cuando problematiza la conversión de la política asistencial en una política de reconocimiento de derechos y, en ese sentido, ‘‘la capacidad de pensar formas de acceso a la asistencia como derecho requiere de nuevas capacidades y nuevos entrenamientos en perspectivas macrosociales que suponen un desafío para el Trabajo Social y para el conjunto de las disciplinas sociales’’ (Arias 2012, p. 193).

Segundo, la necesidad de jerarquizar la AUH cuando se la compara con otras políticas de corte asistencial. Las trabajadoras sociales de los servicios sociales ubicados en territorio, habitualmente explicaban y reforzaban que el acceso a la AUH era un derecho social. ‘‘Nadie percibe a la AUH como un derecho, para todos es un programa’’, nos explicaba una de ellas (5/1/17, El Sauce). Sucedía que ‘‘la gente lo ve en forma igualitaria al [Programa] Ciudadanía Porteña, veinte millones de veces lo explico’’. ‘‘Esto siempre hay que explicarlo’’, relataban las profesionales denotando un esfuerzo (16/11/16, El Sauce). Casi como si fuera parte del trabajo a realizar durante las entrevistas con las personas, se esmeraban por jerarquizar a la AUH respecto de los programas de asistencia. Una de ellas lo relató de la siguiente manera:

Autora: me decías que hay confusiones entre la asignación y el salario familiar…

Ana: Sí, sí. Pero uno se lo trata de explicar, explicando esto en el contexto del derecho y que por ahí te decía que en algunos, aparece esta vergüenza, esto de ‘no quiero pedir’. Pero ‘no estás pidiendo un favor, no te lo están haciendo de favor a vos, vos tenés derecho a esto porque vos, el que tiene trabajo en blanco percibe el salario familiar, el que no lo tiene trabajo en blanco percibe la asignación’. Como tratando de explicar o de poder deshacer un poco esa construcción de ‘yo no quiero, no, no quiero pedir, ojalá pudiera trabajar, entonces desde ahí, bueno, que si vos tuvieras trabajo, tendrías tu salario, desde ahí por ahí la explicación’. Esto sucede cuando el otro como que se resiste un poco, te viene con ese discurso de ‘no quiero, nunca me gustó pedir’, y cómo deshacer ese pedido, en que no es que vos estás pidiendo, lo tenés que recibir porque es lo que corresponde. Desde ahí hablamos, se hace esa cosa medio comparativa para desarmar un poco ese posicionamiento, qué sé yo, que le corresponde, que lo pueda tomar (5/1/17, El Sauce).

Efectivamente, como sostiene Arias (2018, p. 52):

Muchas veces los sujetos no se reconocen ‘sujetos de derechos’, no se construyen en tanto actores, no verbalizan cómo se espera que su participación en el marco de una política, siguen usando la palabra ayuda. Como señalábamos, parece confundirse para algunos sujetos el enfoque y no ‘logran’ identificar que las prestaciones que reciben ‘son derechos’. Así, algunos colegas [trabajadores y trabajadoras sociales] consideraban necesario trabajar sobre estas poblaciones a fin que “¿concienticen?’’ ¿conceptualicen? en clave de derechos.

En la interacción con las mujeres que concurrían al servicio social, las agentes estatales invitaban a hacer una reflexión; reinterpretando el discurso solidificado que, a menudo, las mujeres que concurrían exponían. La AUH ofrecía un fundamento para esa reflexión que, en comparación con los programas de asistencia, resultaba potente: ‘‘el que tiene trabajo en blanco percibe el salario familiar, el que no tiene trabajo en blanco percibe la asignación’’ (trabajadora social, El Sauce, 5/1/17). Argumento que circulaba en los espacios de asistencia social, a modo de una premisa que se reforzaba.

Tercero, la conexión informal de los servicios sociales con las oficinas de ANSES. Ana, una trabajadora social de un centro de salud barrial, se tomó el trabajo de armar un puente entre el centro de salud y la oficina de ANSES más cercana. Se ocupó de tejer redes informales; intentó ‘‘construir un vínculo’’. Es interesante su justificación:

Teniendo en cuenta las características del barrio, que por ahí hay semialfabetismo, dificultades, digo, te dan [en las oficinas de ANSES] todo anotado en un papel, te dicen esto y lo otro, y quizá [la gente] te lo trae porque no entendió nada de lo que le dijeron (5/1/17, El Sauce).

Ese momento, ‘‘cuando había algún obstáculo’’, era propicio para utilizar el contacto informal con la oficina de ANSES cercana. En la práctica cotidiana de esa institución, la AUH estaba incluida como parte de los asuntos que esas redes informales trataban de resolver[30]. De tal modo que, en la geografía de un barrio, los servicios sociales y la oficina de ANSES podían convertirse en universos no tan distantes y las conexiones funcionaban a través de redes informales que se iban tejiendo.

En suma, señalamos diferentes recortes en los cuales se advertía el solapamiento entre la AUH y la asistencia social como experiencias contiguas en la vida de las familias: las mujeres ponían un pie en la seguridad social, mediante la AUH, a la vez que mantenían otro pie en la asistencia social. Mostramos las ramificaciones de la asistencia social, sus combinaciones específicas con la AUH, y rastreamos la huella asistencial en las instituciones locales. Los límites entre AUH y asistencia social eran, así, imprecisos.

3.1.2 Las experiencias pasadas

Existía una historicidad en el lazo que las mujeres establecían con el Estado. El anclaje a contextos de profunda vulnerabilidad es el hecho que explica que, en años anteriores, hayan sido sujeto de intervención estatal; no es casual, entonces, que porten memorias de políticas de asistencia social pasadas. No debe pasarse por alto, entonces, que la apropiación colectiva que las mujeres hacían de la AUH guardaba una dimensión histórica. ¿Cómo eran esas memorias a la luz de su enlace con la AUH?

Primero, la AUH aparecía como la continuidad del ‘‘plan’’. Durante el trabajo de campo, la palabra plan únicamente estuvo presente en boca de profesionales que trabajaban en las instituciones locales y en boca de una referente barrial, Rosa –que había sido destinataria del PJJHD[31] y que contaba con una extensa trayectoria como agente de salud del barrio– quién nos dijo, al pasar, que una vecina tenía ‘‘el plan de… la asignación’’ (26/12/16, El Sauce). Es el término asignación, en cambio, el que a lo largo de los últimos diez años se había vuelto frecuente. Más allá del modo de nombrar, es trazable una línea de continuidad relativa a las diferentes transferencias monetarias que en nuestro país han tenido lugar durante las últimas dos décadas.

Aludimos al ‘‘Plan Jefes’’ por ser un punto de referencia al que espontáneamente aludían algunas de las mujeres entrevistadas; ‘‘plan’’ por antonomasia, no era raro que su memoria apareciera en los relatos con frecuencia. Cuando sucedía, la AUH resultaba el último eslabón de una cadena que precisamente comenzaba allí, con el ‘‘Plan Jefes’’. Cabrera (2014, p. 116-117) fundamenta este punto. Explica que la AUH puede aparecer ‘‘como sucedánea del ‘‘plan’’ y que, en esa conexión, colaboran las condicionalidades que tiene ya que ‘‘terminan funcionando como sucedáneos de la focalización de los planes tradicionales’’. En sentido similar, De Sena, Cena y Dettano (2018, p. 252), identifican: ‘‘la noción de continuidad, la adjetivación de la intervención estatal en tanto “Plan”, y una imputación de sentido vinculada a la necesidad’’. El testimonio de Hilda, una titular de la AUH, tenía esa impronta:

Yo mayormente siempre trabajé y trabajé acá en el comedor. O sea, teníamos el comedor en ese tiempo, que es de la época de [Manuel] Quindimil [intendente de Lanús en los períodos 1973-1976 y 1983-2007]. El lugar tiene más de 20 y pico de años. Y bueno, mi ex marido, él cada tanto trabajaba y bueno, yo siempre cobrábamos algún programa que salía del lado del municipio, lo cobraba yo. Que en ese tiempo era de 120 [pesos]. Después, el plan de jefes, que era 150 [pesos], y mayormente siempre me arreglé yo, o sea qué sé yo, he salido, iba a cartonear, o sea, no tengo drama en ese sentido. Siempre lo poco o mucho, lo he sostenido y después el tema esto de lo que está lo de la asignación. Y la asignación la empecé, cuando ni bien se inició, porque yo cobraba el plan de Jefes y me pagaban por uno solo, no más, que era la de 16 años (15/5/17, Sabala).

Es un relato que evidencia el tránsito por diferentes políticas de corte asistencial. En ocasiones la AUH apropiada de esa forma: como continuidad, como parte de una historia de relación con las políticas sociales.

Al mismo tiempo, las experiencias pasadas resultaban eficaces para hacer lecturas prácticas sobre la AUH; concretamente, para anticiparse. Por ejemplo, Rosa, la antigua destinataria del Plan Jefes y a la vez agente de salud que antes presentamos[32], le comentó a sus dos hijas adultas, titulares de la AUH:

Eso de la asignación con el cambio de gobierno nosotros no sabíamos cómo iba a quedar y yo siempre los preparaba, les decía: ‘chicas [a sus hijas], no se queden con esto porque no sabemos’, es una siempre estar hablando, aportando las cosas que ve cada día ¿no? Yo pensé que iban a sacar todo, todo esto, te digo sinceramente, yo hasta los planes, pensé que quedaba en nada. Y ahora hay que ver cuánto va a continuar esto, sigo pensando que por ahí lo sacan, no sé en qué momento. Hoy por hoy ya no lo pienso tanto porque en el principio, cuando no sabía que era una ley, bueno, dudaba, pero hoy por hoy, ya es como que uno mismo sabiendo que es una ley, sabemos que ya fácilmente no se lo va a sacar (26/12/16, El Sauce).

Las experiencias pasadas y el camino transitado en la asistencia permitían, así, hacer una lectura, una interpretación, sobre la AUH y también, a partir de ello, aconsejar.

Gracias a esa continuidad, al mismo tiempo las personas activaban su memoria de las políticas sociales para valorar la simpleza de la gestión de la AUH. Además del PJJHD, también nos referiremos a las becas escolares, como parte de las experiencias pasadas que las familias tuvieron. Paloma, la trabajadora social de una escuela relató cómo era, antes de la AUH, el procedimiento para acceder a una beca:

Ahí la, la diferencia, una, bueno, a ver, la beca la tenías que pelear, ¿me entendés?, porque vos tenías que argumentar, venía una planilla para completar, completabas la planilla y no, no, estaba garantizado el tema de que le correspondiera la beca. Entonces bueno, digamos te ponen un rol como [trabajadora] social medio complejo porque vos tenés que, yo por lo menos me sentía, con tal de que todos la tengan o que la mayoría la tenga [la beca], a escribir [informes sociales] y ¿qué hacés? O sea, describís situaciones que a veces, estás mandando información de las familias, describiendo toda su precariedad y su vulneración y todo, para tratar de que les llegue algo. Como pidiendo un favor, ¿no?, una beca tiene por ahí más esa característica, si el funcionario que lo lee, que lee el informe [social], le parece que, queda a criterio de cada uno. Bueno, habremos sido la escuela de Lanús que más becas tenía porque peleamos cualquier cantidad de becas. Fuimos a La Plata [a un ministerio provincial], insistimos mucho en eso, porque teníamos muchos alumnos que trabajaban, después del 2001. Hubo un auge tremendo con el tema del cartoneo en Capital (15/12/17, Sabala).

Para una agente estatal directamente vinculada a lo social, como Paloma, dejar de ‘‘pelear’’ caso por caso, desató sorpresa. El contenido de los informes sociales era importante, antes, para ‘‘pelear el recurso’’; pelea que se libraba individualmente, ‘‘uno por uno’’. Eso, con la AUH, ya no era necesario. Esta trabajadora social, como otras con quienes conversamos, celebraron la llegada de la AUH. Ciertamente en sus ámbitos de trabajo fue disruptiva: ‘‘ya no hay que argumentar para tratar de que les llegue algo’’. Esta política social simplificaba, para aquellos agentes estatales que estaban en contacto diario con las familias, la formalización de un ingreso económico al que era relativamente sencillo que las familias pudieran acceder: desde el punto de vista del agente que acompañaba y conocía la historia de la familia era comprensible que la presencia de la AUH resultara un alivio. Así, lo que importa señalar es que la valoración hacia la AUH podía darse en función de la simpleza en la gestión y la masividad de su alcance, comparada con políticas de corte asistencial que requieren comprobación exhaustiva de medios de vida.

Fue mencionado que las mujeres ponían un pie en la seguridad social, mediante la AUH, a la vez que mantenían otro pie en la asistencia social tradicional y en otros programas de TCM más convencionales. Este apartado añade que ese pie puesto en la asistencia contaba con historicidad: por medio de la asistencia, las familias sostenían un lazo con el Estado y ese lazo, por cierto, estaba forjado. Más aún, suministraba insumos para interpretar y significar a la AUH.

3.2 El empalme con la Asignación Familiar

En el primer capítulo fundamentamos por qué la AUH es considerada una política del ámbito de la seguridad social y, a la vez, señalamos que no es simétricamente homologable a la Asignación FAmiliar -AAFF-. Identificamos aquí cómo, en las experiencias de las familias, la AUH y la AAFF se equiparaban.

La AUH, en ocasiones, no era la única experiencia que las familias tenían con el ámbito de la seguridad social. Podían haber tenido –antes de acceder a la AUH– o bien tener al momento de la entrevista –junto con la AUH y en relación a otro hijo– acceso a la AAFF, proveniente de un empleo bajo relación de dependencia[33]. Mientras que la AUH era nombrada por las mujeres destinatarias como ‘‘la asignación’’, la AAFF era nombrada como ‘‘el salario’’. La forma en que estas dos políticas se administran desde el Estado hacía esperable y lógica la semejanza. Menos esperable y lógica eran, quizá, las formas concretas en que confluían al interior de un grupo familiar. La AUH no suponía una entrada lineal al ámbito de la seguridad social sino que, muchas veces, se producían movimientos de ida y vuelta: el pasaje, la alternancia y la coexistencia. Detallamos, a continuación, cada uno de esos movimientos.

Un niño que recibe la cobertura de la AUH puede pasar a tener la cobertura de la asignación familiar, sencillamente, al cambiar la condición laboral del adulto responsable. Puede haber un pasaje ocasional desde una instancia de protección social hacia la otra. Sencillamente, si el adulto responsable cambia de condición laboral –formalidad/informalidad–, se modifica el tipo de asignación que el niño, niña o adolescente percibe.

Podía tratarse, a la vez, no de un simple pasaje sino de una alternancia: identificamos grupos familiares que iban y venían, que oscilaban, entre la formalidad y la informalidad y, entonces, una y otra cobertura social se alternaban. La relación precaria e inestable mantenida con el mercado de trabajo hacía que este hecho, en algunas oportunidades, se asimilara a algo dado:

El padre de ellos estaba trabajando en blanco y me cortan la asignación, me la cortan más o menos dos meses y después empieza a cobrar el salario. Deja de trabajar en blanco, me la cortan dos meses y vuelvo a cobrar la asignación. Es un desastre, fui al ANSES a preguntar como cuatro veces, a preguntar por qué pasaba. Me dijeron: ‘no, el papá de los chicos está en blanco, el papá está en negro’. Cuando el padre está trabajando en blanco se me corta. Hasta que salta en ANSES, se me corta dos meses [se interrumpe la prestación], ponele. Lo máximo que estuve fue tres meses. Fui a preguntar y me dijeron eso. Que el padre estaba en blanco y no me correspondía la asignación, me correspondía el salario (Elena, titular de la AUH, 19/11/2016, El Sauce).

En el pasaje y en la alternancia, por darse la liquidación de manera automática, podía efectivamente desatar sorpresa entre los destinatarios. El caso de Gabriela nos brinda otro ejemplo en el mismo sentido. Se trata de una titular de la AUH que había trabajado anteriormente como empleada de limpieza para oficinas y clínicas médicas, a través de una agencia especializada. ‘‘Ahí, te agarraban tres meses, te soltaban otros tres meses, te volvían a agarrar’’ y, de esa manera, transcurrieron dos años hasta que decidió renunciar. ‘‘Yo cobraba el salario, automáticamente se me puso la asignación’’. ‘‘¡No podía creer que tenía esa platita!’’, nos dijo efusivamente (20/12/16, El Sauce). ‘‘Se me puso’’, no tuvo que hacerlo ella misma; no tener que hacer esfuerzos para acceder a una política social es motivo de efusividad. Sucede que el automatismo de la AUH contrasta con la necesidad de poner el cuerpo, aspecto distintivo de la asistencia social. Se invertía un sentido: no había que salir a buscarlo, sino que el recurso ‘‘se pone solo’’.

Además del pasaje y la alternancia, identificamos otra variante: al interior de un mismo grupo familiar pueden coexistir la AUH y la AAFF. Sucedía en familias en las que era más de uno el adulto responsable de los niños y niñas antes ANSES y, al mismo tiempo, esos adultos tenían diferentes tipos de inscripción en el mundo del trabajo.

Consideramos una situación concreta sobre la coexistencia entre la AUH y la AAFF. Cuando la entrevistamos (13/11/17, Sabala), Tamara era madre de cuatro niños y niñas menores de 18 años. Percibía por ellos, los siguientes tipos de cobertura. Por una parte, los tres hijos más pequeños accedían a la AUH. Tamara había sido siempre la titular, es decir, era la adulta responsable ante ANSES. A la AUH, accedía a través del Banco Nación. Por otra parte, la niña más grande accedía a AAFF. El adulto responsable ante ANSES era el padre de la niña, ex pareja de Tamara, que poseía empleo formal. Pero quien recibía y administraba ese dinero no era el padre de la niña sino Tamara, ya que solicitó en ANSES el traspaso de la titularidad de esa transferencia[34]. A la AAFF, Tamara accedía a través del Banco Provincia.

Entonces, de acuerdo a la situación laboral que tenían los adultos responsables de los niños ante ANSES, cabía la posibilidad que diferentes tipos de coberturas, que tenían rasgos de similitud pero que no eran idénticas, estuviesen presentes en un mismo grupo familiar. Se trataba de grupos familiares inscriptos en el ámbito de la seguridad social pero de manera dual, bajo los lineamientos de dos coberturas diferentes. Se administraban las coberturas sociales desde una misma institución; sin embargo, diferían en cuanto a la presencia de condicionalidades, la retención del veinte por ciento de la transferencia mensual y las gestiones que eran necesarias hacer, para cada caso. La literatura especializada abordó largamente las fragmentaciones del sistema de seguridad[35]; en este caso damos cuenta de cómo, en ocasiones, esas fragmentaciones se cristalizaban incluso dentro de un mismo grupo familiar.

En suma, la relación de fragilidad que las familias tenían con el mundo del trabajo era el principal factor que explicaba que la AUH y la AAFF, en algunos casos, se empalmaran: ya sea, de modo ocasional –a través de un simple pasaje–, de modo recurrente –a través de una alternancia o bien de modo simultáneo –a través de una coexistencia–. Estos movimientos de ida y vuelta cuestionan, por cierto, la presencia de grupos susceptibles de ser rigurosamente demarcados y, a la vez, muestran cómo, aun cuando se trata de políticas que no son, en su marco normativo, simétricamente homologables, en las experiencias de las familias, se asemejaban.

4. Conclusión

El presente capítulo tuvo un doble propósito. Por una parte, caracterizar analíticamente a la asistencia social y a la AUH, como política inscripta en el campo de la seguridad social, con el objetivo de observar los fuertes contrastes que existen entre estos dos modos de intervención estatal, entre sus entramados burocráticos. Y por otra parte, mostrar que, a pesar de esos contrastes, eran porosas las fronteras entre las diferentes políticas sociales. Cuando el Estado daba sostenimiento y apoyo lo hacía de acuerdo a modos muy dispares.

La AUH se solapaba con la asistencia social. Las mujeres ponían un pie en la seguridad social rodeadas del registro asistencial, tanto en sus experiencias contiguas a la AUH como en sus experiencias pasadas. Las mujeres titulares sabían cómo era necesario transitar el ámbito asistencial y también aprendieron cómo era necesario transitar el ámbito de la seguridad social. En lo cotidiano, esos ámbitos formaban un mosaico y, como fuimos describiendo, aparecían superpuestos. No se vislumbraba que el ingreso a un ámbito distinto –el de la seguridad social–, a través de la AUH, estuviera, en sí mismo, teñido de virtuosismo. Era una entrada que no producía sensación de ruptura o sensación de jerarquización respecto de otras políticas sociales; bajo la lupa, la entrada no se daba de manera romántica.

La AUH, a la vez, se empalmaba con la AAFF. No sorprendía hallar evidencia de la complementariedad entre AUH y AAFF dado que forman parte de un mismo esquema de protección hacia la niñez y adolescencia. Es decir, en ese caso, las fronteras entre políticas sociales eran porosas debido a su propio diseño. Resultaba sugerente, sin embargo, cómo, en ocasiones, aparecían empalmadas en la vida de las familias: podía haber pasaje, alternancia o coexistencia. Mostramos que no era una simple entrada sino que, muchas veces, se producían movimientos. Este punto hace que ponderemos a la AUH como caso a analizar por la ambigüedad que representa: dado que compromete un sentido de protección social ligado al trabajo y tiene la forma de un equivalente de la AAFF, posibilita mostrar este empalme. El caso de otra política social, sencillamente, no lo hubiera permitido.

Indagar en los cruces de la AUH con la asistencia social y con la AAFF posibilitó complejizar las descripciones habituales sobre el funcionamiento de la AUH, dando cuenta de que las familias no experimentaban el estatuto de la seguridad social de modo abstracto.

Lo que definimos, en este capítulo, como trama de protección social es un concepto que especifica el hecho de que una política social específica –en este caso la AUH– suele operar a continuación y junto a otras políticas sociales. Es decir, existe una dimensión de la apropiación colectiva de una política social que se construye y se significa en los cruces con otras políticas sociales que puedan estar presentes o bien que hayan estado presentes en los hogares.

En este capítulo dimos cuenta de que la AUH, desde el plano de su caracterización, es una política de baja intensidad en cuanto a las interacciones cara a cara y que supone cierto automatismo, al estar basada en el cumplimiento de lineamientos administrativos e interacciones con dispositivos técnicos. Pero, contrariamente a lo esperado, identificamos que está compuesta por una densa trama situacional. El eje analítico del capítulo siguiente son las numerosas interacciones que daban forma a esta política social en la vida cotidiana de las familias.


  1. Apartado: ‘‘AUH y seguridad social’’.
  2. Este concepto fue abordado en el primer capítulo, en el apartado ‘‘El carácter protectorio’’.
  3. Para esta caracterización revisamos trabajos cualitativos que destacan experiencias contemporáneas sobre el microcosmos de la política de asistencia estatal, y que se sitúan en CABA y en el Conurbano Bonaerense, a lo largo de las últimas décadas. Este conjunto de estudios cualitativos, algunos de ellos de tipo etnográfico, son: Zibecchi (2013), Perelmiter (2015), Auyero (2001 y 2013), Quiróz (2006), Aquín (2014), Zapata (2005), Raggio (2003), Merklen (2005). Vistos en conjunto, estos análisis empíricos recorren desde la década del 90’ (Raggio 2003, Merklen 2005) hasta años más recientes (Auyero 2013, Aquín 2014, Perelmiter 2015).
  4. Pueden verse, como ejemplo, las trayectorias de destinatario/as de programas sociales que reconstruye Zibecchi (2013).
  5. Hecho sumamente frecuente. Por ejemplo, en una observación realizada en un servicio social local tomamos las siguientes notas de campo: ‘‘se acercó una mujer trayendo algo dulce en agradecimiento porque dos trabajadoras sociales la habían ido a ‘a visitar’ unos días atrás: un montón de rosquitas que disfrutamos mientras se organizaba el trabajo de la mañana’’ (Notas de campo, servicio social, 15/3/2017, Sabala).
  6. Sobre ‘‘las prácticas de justificación’’ que regulan la selección de beneficiarios, véase Perelmiter (2015).
  7. La noción de ‘‘ayuda’’ asociada a la AUH se problematiza en el capítulo quinto, apartado ‘‘Dinero con múltiples significados’’.
  8. Sobre los sacrificios y esfuerzos a realizar, tomando el caso de programas focalizados en municipios del Gran Buenos Aires, puede verse también Raggio (2003, pp. 221-223).
  9. En el desarrollo del capítulo se mostrará cómo, no obstante, se solían conectar informalmente en las prácticas institucionales los servicios sociales y las oficinas de ANSES.
  10. Como por ejemplo las organizaciones de la economía popular que median en las políticas de subsidios para este sector.
  11. Transcribimos la cita completa: ‘‘desde el punto de vista de los trabajadores, [la AUH] tiene la virtud de que la inscripción al programa está abierta de manera permanente y los inscribe en un espacio unificado con otras fracciones de la clase obrera’’ (Seiffer 2015, p. 270). Espacio unificado que también es identificado por Grassi. La AUH ‘‘constituye una cuña en el sistema de seguridad social clásico sostenido en el empleo regular, porque al extender un derecho de los asalariados formales a un conjunto más amplio de trabajadores (desocupados e informales), tiende a dar unidad al sujeto del derecho, al tiempo que pone de manifiesto la aceptación de los límites de la política de regularización del empleo, cuando se trata de la extensión y preservación de la protección social’’ (Grassi 2012b, p. 187, enfatizado original).
  12. ‘‘La intervención del Estado les permitía a los individuos conjurar los riesgos de anomia que, como lo había advertido Durkheim, están inscritos en el desarrollo de las sociedades industriales. Pero, para hacerlo, ellos tenían por interlocutor principal –y, en el límite, único– al Estado y sus aparatos. […]. El Estado se convertía en su principal sostén y su principal protección, pero esta relación seguía siendo la que unía a un individuo con un colectivo abstracto’’ (Castel 2004, p. 399).
  13. En lo que el autor denomina intervención individualista, sucede algo opuesto. ‘‘Hace casi inevitable la intromisión del interventor social en la vida privada y corre el riesgo de traducirse en una actitud moralizante respecto a comportamientos que este último puede considerar irresponsable o desviados respecto a su propia idea de deber social de los más desfavorecidos’’ (Paugam 2007, p. 96). Al mismo tiempo, un análisis que toma a la AUH como referencia a la luz de categorías teóricas de Paugam puede verse en Garcés (2015).
  14. Esta expresión corresponde a Merklen y destacamos la cita completa: ‘‘lo que ocurre cuando la precarización y el desempleo vuelven a convertirse en una realidad de masas hace treinta años, es que esos dispositivos típicos de las políticas sociales, tienen que ocuparse no ya de personas que presentan algún déficit personal, sino de trabajadores normales cuyo único problema es que han sido discapacitados por la coyuntura al perder su empleo, pero no presentan ningún déficit personal, no hay nada que reparar en ellos. Entonces, lo que es paradójico es que el Estado social intenta reparar en las personas los problemas de integración social, cuando en realidad lo que hay es un déficit de estructura y no un déficit a nivel de las personas: el desempleado no tiene ningún déficit personal, simplemente no hay trabajo para él en el orden actual de cosas. Entonces los públicos vuelven a ser masivos y los modos de intervención se toman del lado de la política social para intervenir sobre los casos individuales. Hay allí un cambio de la ideología y del modo de pensar de la sociedad’’ (Merklen 2013b, p. 11).
  15. La sorpresa que desata en las personas la inversión de esa lógica es retomada más adelante en el apartado ‘‘El empalme con la Asignación Familiar’’.
  16. Vale precisar en qué sentido aludimos a la idea de poner el cuerpo. ‘‘Esta forma particular de gobernar a los hombres es entonces el principal centro de interés. Ella no es una política por la cual la ley (moral o jurídica) se impone al cuerpo, en nombre de comportamientos presumiblemente sanos (para prevenir la enfermedad, en el caso de la salud pública) o normales (para apartar las desviaciones, tratándose del orden público). Ella es, a la inversa, una política en la cual es el cuerpo el que da derecho, a título de la enfermedad (justificación de atención médica) o del sufrimiento (apelando a la compasión), ya sea a una tarjeta de residencia, ya sea a una ayuda financiera de emergencia’’ (Fassir 2003, pp. 52-53). Así, ‘‘se trata de contarse a sí mismo en pocas palabras, de revelar su desamparo en los más íntimos detalles de lo cotidiano y en los signos más demostrativos de estado físico, para así justificar y certificar la extrema necesidad material que convencerá a la comisión de adjudicación prefectoral de conceder algún subsidio. Es preciso decirle a la administración que el cuerpo sufre para suscitar su generosidad’’ (Fassir 2003, p. 51).
  17. Siguiendo el mismo modelo de la AUH, en 2011, se implementó la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social (AUE), mediante el Decreto N° 446/11.
  18. En el capítulo quinto, apartado ‘‘Las otras coberturas sociales’’, se retomarán estas experiencias. Allí se analiza el dinero de la AUH como un complemento del dinero que provenía de otras coberturas sociales, muy heterogéneas, tanto del amplio mundo de la asistencia social así como también del ámbito de la seguridad social. Mientras que en aquel desarrollo la situamos como parte de un sistema de protección amplio y complejo, en este apartado nos circunscribimos a la relación, más acotada, entre la AUH y la asistencia social.
  19. Sobre el traspaso del Programa Argentina Trabaja y la línea Ellas Hacen hacia el Programa Hacemos Futuro, ver el informe de Ferrari Mango y Campana (2018). Un análisis sobre el Programa Argentina Trabaja puede verse en Hopp (2016).
  20. Información oficial puede hallarse en: https://www.argentina.gob.ar/salud/hospitalsommer/programas/maternoinfantil (última fecha de ingreso: 5/5/20)
  21. Ver información oficial en: https://bit.ly/2PRE2mH (última fecha de ingreso: 5/5/20).
  22. La información oficial se encuentra en: https://www.buenosaires.gob.ar/desarrollohumanoyhabitat/nuestrasfamilias (última fecha de ingreso: 5/5/20).
  23. Los movimientos de las mujeres al interior de la arquitectura administrativa de la AUH, serán detallados en el capítulo siguiente.
  24. El Plan Vida es implementado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Formalmente está destinado a familias en condiciones de vulnerabilidad social, embarazadas, madres en período de lactancia y niños hasta los 6 años. Está asociado al mejoramiento de las condiciones de nutrición, crecimiento y desarrollo de la población materno infantil. Información oficial puede hallarse en: https://portal.gba.gob.ar/web/portal/9993/tramite (última fecha de ingreso 5/5/2020). Un análisis en torno al Plan Más Vida puede verse en Dallorso (2008).
  25. La Pensión No Contributiva por Discapacidad es una de las pensiones que forma parte del Programa de Pensiones No Contributivas (PNC) junto a las pensiones graciables y las Pensiones por Leyes Especiales. Las pensiones asistenciales se destinan a tres grupos específicos: madres de 7 o más hijos, discapacitado/as y adultos mayores de 70 años. Se dirigen a los sectores que se encuentran desprotegidos de cualquier régimen de previsión y que, al mismo tiempo, no cuentan con otros recursos de subsistencia. Para acceder a una pensión asistencial son comprobados los medios de vida del/a destinatario/a (no debe poseer bienes ni ingresos propios, tampoco estar asistido por otro tipo de prestación contributiva o no contributiva) y de su familia (no debe tener parientes obligados legalmente a brindarle apoyo económico o, si existen, deben estar impedidos para poder hacerlo). Para una caracterización sobre las Pensiones No Contributivas, puede verse Rizzo (2015).
  26. El Programa Envión, desde su encuadre formal, está destinado a adolescentes, de entre 12 y 21 años, que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Su objetivo es la inclusión, la contención, el acompañamiento y el diseño de estrategias de fortalecimiento. Información oficial, puede consultarse en https://www.gba.gob.ar/desarrollo_de_la_comunidad/asistencia/envion (última fecha de ingreso: 5/5/20).
  27. El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Prog.r.es.ar), dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, fue lanzado en enero de 2014 y tiene como objetivo explícito garantizar el derecho a la educación y fortalecer las trayectorias educativas de jóvenes que quieran formarse profesionalmente, finalizar su educación obligatoria o estén estudiando una carrera del nivel superior. Se prioriza a grupos en condición de vulnerabilidad: mujeres con hijos/as que se encuentren a cargo de un hogar monoparental, integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, travestis y las personas con discapacidad. Información oficial puede verse en: https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar (última fecha de ingreso: 5/5/20).
  28. No siempre había compatibilidad; a veces, había competencia. En CABA, la AUH es incompatible con el Programa Ciudadanía Porteña, un programa de transferencias monetarias condicionadas típico. En El Sauce las familias tenían ‘‘asignación’’ o ‘‘ciudadanía’’. Transferencias que competían entre sí, estando ambas muy asimiladas en el barrio. Información oficial sobre el Programa Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho puede hallarse en: https://bit.ly/3t7O29R (última fecha de ingreso: 5/5/20).
  29. Como fue mencionado en el apartado metodológico, en la Introducción del libro, este fue un punto que tomamos en cuenta. Consideramos que la experiencia la AUH variaba dependiendo de con qué otros recursos de políticas sociales las familias contaban. Eran distintas muchas de las políticas sociales nacionales y provinciales que estaban presentes, en el momento que realizábamos el trabajo de campo, en las dos ámbitos seleccionados.
  30. Aunque esta conexión bien podía darse entre otras políticas sociales. Antonella, una trabajadora social de un servicio social acompañaba a los adolescentes del barrio a la oficina del Ministerio de Trabajo, para que pudieran inscribirse, primero en el Programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo (dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) y, más tarde, en el Progresar. No era necesario que los acompañara, ‘‘pero yo los conozco y les cuesta todo lo que tenga que ver con los trámites’’. La tarea de acompañar a los jóvenes ‘‘me la robe yo’’, expresó en la entrevista (16/11/16, El Sauce.)
  31. De aquí en más, se utiliza esta abreviatura para aludir al Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados
  32. En Sabala identificamos la figura del promotor comunitario en salud. Estas personas son agentes municipales que tienen participación comunitaria. Realizan acciones de promoción y prevención de la salud. En El Sauce observamos un actor similar, con idénticas tareas pero dependiente de la estructura burocrática del GCBA.
  33. En este capítulo hacemos foco en la AAFF pero también observamos que las familias podían contar con experiencias vinculadas al ámbito de la seguridad social en relación a algún adulto mayor presente en el grupo familiar, aspecto al que nos referimos en el capítulo quinto, apartado ‘‘Las otras coberturas’’.
  34. Acerca de este punto, ver el apartado ‘‘Las gestiones’’, en el primer capítulo.
  35. Acerca de este punto, ver el apartado ‘‘Aspectos formales’’, en el primer capítulo.


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