1. La colonia

La universidad argentina surge vinculada a los intereses de la colonia. En 1623, los jesuitas crean la Universidad de Córdoba con las características propias de las universidades coloniales: como un hecho administrativo, con escasos recursos y estudios dirigidos fundamentalmente a la formación de sacerdotes.

La Universidad de Córdoba formaba parte del conjunto de universidades que dependían de la orden de los jesuitas en América Latina, enmarcada en el proyecto de contrarrefoma de la Iglesia católica frente a los avances del protestantismo y a la modernización económica y social que se producía en Europa.

En 1767, los jesuitas fueron expulsados de la Corona española. En Córdoba, la universidad pasó a reconocer como autoridad al gobernador de Buenos Aires y al virrey, quien fue designado vicepatrono de la institución. Una larga disputa entre el clero secular y los franciscanos por el control de la universidad culminó con su refundación. En enero de 1808, comenzó a funcionar con el nombre de Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora del Montserrat. Si bien inicialmente la universidad estuvo destinada a la formación de clérigos, ya en 1781 se empezaron a otorgar títulos de doctor a laicos, y entre 1791 y 1793 se organizó la enseñanza del derecho civil, para formar elite ilustrada que ocuparía espacios en la burocracia colonial, y posteriormente, en el nuevo Estado generado después de la independencia (Del Bello et al., 2007).

En 1854, dada la escasez de recursos, la Universidad de Córdoba fue transferida a la Nación. En 1864 se producen significativas modificaciones: se elimina la Facultad de Teología; se renuevan los estudios de Derecho;^[1] en 1871 se crea la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas; en 1877, la de Ciencias Médicas, y posteriormente, la de Filosofía y Humanidades. Es aquí donde comienza a esbozarse la universidad argentina de perfil profesionalista para la formación de médicos y abogados que requería la sociedad para su desarrollo.

La Universidad de Buenos Aires se crea en 1821, lejos del modelo colonial, enraizada en la realidad económica y social de la región. En realidad, la Universidad de Buenos Aires fue la agrupación de instituciones ya existentes, como el Protomedicato, la Academia de Jurisprudencia, etc. Los conocimientos que se impartían eran: Primeras Letras, Estudios Preparatorios, Ciencias Exactas, Medicina, Jurisprudencia y Ciencias Sagradas.

Es necesario destacar que la Universidad de Buenos Aires dependía financieramente del Estado. El gobierno de Juan Manuel de Rosas (1829-1852) le exigió una adhesión al régimen que la universidad rechazó. Esta falta de acercamiento implicó que en el año 1838 fuera privada de su presupuesto. Recién en 1852, con la caída de Rosas, le fue devuelta la subvención.

En 1861, Juan María Gutiérrez se hizo cargo del rectorado. Por más de 12 años impulsó reformas significativas y modernizadoras tendientes a emancipar la universidad de la tutela del Estado.

2. La Generación del Ochenta

En 1880 se nacionaliza la Universidad de Buenos Aires. Los principios de autonomía y la misión hacia el desarrollo cultural y científico se fueron inclinando hacia una universidad profesionalista, centrada en la formación de las nuevas élites políticas.

La universidad de la década de 1880, como todas las instituciones educativas creadas a partir de la organización nacional, formaba parte de un sistema de poder y de un contexto socioeconómico cultural que respondía a una cosmovisión y a un proyecto común: “La clase política y socioeconómica que dirigía el país integraba al mismo tiempo los cuadros docentes y los núcleos estudiantiles” (Mignone, 1992).

Nicolás Avellaneda, rector de la Universidad de Buenos Aires, presentó en 1883 un proyecto de Ley Universitaria, posteriormente sancionado como la Ley N.º 1597, sobre el modelo de la universidad napoleónica consistente en una confederación de facultades presididas por un rector con facultades honoríficas. La Ley establecía la subordinación de los estatutos de las universidades de Córdoba y Buenos Aires a las siguientes reglas:

1ª. La Universidad se compondrá de un Rector, elegido por la Asamblea Universitaria, el cual durará cuatro años, pudiendo ser reelecto; de un Consejo Superior y de las Facultades que actualmente funcionan, o que fuesen creadas por leyes posteriores. La Asamblea Universitaria es formada por los miembros de todas las Facultades.

2ª. El Rector es el representante de la Universidad, preside las sesiones de la Asamblea y del Consejo, y ejecuta sus resoluciones. Le corresponde el puesto de honor en todos aquellos actos de solemnidad que las Facultades celebren.

3ª. El Consejo Superior se compone del Rector, los decanos de las Facultades y los delegados que éstas nombren.

4ª. Cada Facultad ejercerá la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de sus institutos respectivos, proyectará los planes de estudios y dará los certificados de exámenes en virtud de los cuales la Universidad expedirá exclusivamente los diplomas de las respectivas profesiones científicas, aprobará o reformará los programas de estudios presentados por los profesores, dispondrá de los fondos universitarios que le hayan sido designados para sus gastos rindiendo una cuenta anual al Consejo Superior y fijará las condiciones de admisibilidad para los estudiantes que ingresen en sus aulas.

5ª. En la composición de las Facultades entrará por lo menos una tercera parte de los profesores que dirigen sus aulas, correspondiendo a la Facultad respectiva el nombramiento de todos los miembros titulares. Todas las Facultades tendrán un número igual de miembros que no podrá exceder de quince.

6ª. Las cátedras vacantes serán llenadas en la forma siguiente: la Facultad respectiva votará una terna de candidatos que será pasada al Consejo Superior, y si éste la aprobase, será elevada al Poder Ejecutivo, quien designará de ella el profesor que deba ocupar la cátedra.

7ª. Los derechos universitarios que se perciban constituirán el “fondo universitario”, con excepción de la parte que el Consejo Superior asigne, con la aprobación del Ministerio, para sus gastos y para los de las Facultades.

Desde entonces, las universidades nacionales se expresaron desde un pensamiento liberal (Generación del Ochenta). Sus atribuciones eran la formación de profesionales, por un lado, y la científica, por otro. El Estado tenía para dichas funciones atribuciones y responsabilidades diferenciadas. En el primer caso, debía supervisar y controlar, mientras que en el segundo, debía respetar la libertad y autonomía para el desarrollo de la investigación científica.

Las universidades se convirtieron en instituciones públicas nacionales sujetas al Estado, devenido administrador e inspector del sistema educativo. Se constituyeron universidades de élite, con carreras de perfil profesionalista, capaces de generar médicos, abogados, arquitectos e ingenieros, con una formación centrada en el desempeño práctico de las profesiones y desalentando la formación para la inserción en el sistema productivo.

El sistema universitario se expande con las creaciones de la Universidad de Santa Fe en 1889, nacionalizada en 1919, y la Universidad de la Plata en 1890, como iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires para el desarrollo de la enseñanza universitaria. Sin embargo, el escaso financiamiento provincial –en comparación con el nacional– dificultaba el pleno desarrollo de las actividades. Asimismo, las universidades nacionales mantenían el monopolio sobre los títulos que otorgaban habilitación profesional a nivel nacional, lo que restringía el ámbito de los graduados de las universidades provinciales a sus respectivas provincias (Mollis, 1990). Esta situación desemboca en la nacionalización de la Universidad de la Plata en 1905.

Otro intento de creación de una universidad provincial fue la fundación de la Universidad de Tucumán en 1912, nacionalizada en 1921, orientada a satisfacer las necesidades locales de desarrollo industrial y agropecuario, particularmente de los ingenios azucareros.

A pesar de la existencia de estas cinco universidades, en términos globales el carácter del sistema era elitista, siendo imposible de materializar, desde la universidad liberal académica, el ciclo virtuoso de retroalimentación entre investigación científica, la enseñanza superior, la producción y el trabajo.

En la Universidad de Córdoba, el papel ultraconservador y clerical del claustro acentuaba su alejamiento de la modernidad. Con discriminación ostensible de acceso y oportunidades, cátedras de sucesión hereditaria, planes de estudio anticuados y matrícula restringida.

3. La reforma

La reforma del año 1918 constituyó un estallido social que recuperó la tradición feudal corporativa de Bolonia y enarboló los idearios del autogobierno, cátedras libres y paralelas, modernización de la enseñanza y el compromiso hacia la sociedad.

El cogobierno fue el principio fundamental que introdujo una nueva forma de participación de profesores e, indirectamente, de estudiantes en las instituciones. A pesar de la impronta reformista en el gobierno, la universidad continuó siendo tradicionalista en sus aspectos académicos por ausencia de articulación de la universidad con la producción de conocimiento y por el mantenimiento del poder en los grupos conservadores, lo que se manifestó con mayor énfasis a partir de 1922. Con la llegada a la presidencia de Marcelo T. de Alvear, avanzaron los sectores antirreformistas. Varias universidades del interior fueron intervenidas y se modificaciones sus estatutos.

La oposición reformista se fue acentuando llegando a su máximo enfrentamiento en 1928, iniciada la segunda presidencia de Yrigoyen. El golpe militar de 1930 interrumpió el movimiento reformista. Volverá a surgir en 1955, para luego desaparecer nuevamente en 1966. Las dictaduras de 1930, 1943 y 1955 bloquearon la producción de conocimiento científico y debilitaron las universidades con medidas como la expulsión de docentes y estudiantes, intervenciones, cesantías y derogaciones de leyes.

En 1930 es derrocado el presidente constitucional Hipólito Yrigoyen y las universidades nacionales fueron intervenidas en su conjunto. El clima de represión y oscurantismo derivó en una merma en la matrícula y la participación semilegal del estudiantado. Se expulsaron docentes y estudiantes y se modificaron los estatutos con el fin de limitar la representación estudiantil en los cuerpos colegiados.

En 1932, asume la presidencia democrática Agustín P. Justo. Se normalizan las universidades retomando sus estatutos anteriores y se reincorporan a muchos de los docentes. Pese a ello, se observaba una fuerte debilidad en el modelo universitario sostenido hasta el momento por falta de profundización en los procesos iniciados con la reforma y también por corrupción de la dirigencia estudiantil, vinculada a la de la política nacional.

4. El peronismo de los años cincuenta

En la presidencia de Castillo, desde 1943, la política universitaria seguía anclada en los pilares del nacionalismo católico, lo que justificó intervenciones y cesantías masivas. Relevantes figuras científicas fueron expulsadas de las universidades.^[2] La fractura entre intelectuales y científicos opositores al gobierno y quienes lo apoyaban adquirió un carácter profundo que trascendería al gobierno peronista (Del Bello et al., 2007).

El Decreto N.º 12195 sancionado en el año 1946, durante el gobierno de Juan D. Perón, interviene nuevamente las universidades sobre el eje de la organización de la universidad peronista tras un proyecto nacional de desarrollo, eliminando de la universidad a los sectores aliados a la oposición. La intervención volvió a generar rechazo en el cuerpo docente, produciendo de nuevo la renuncia de importantes intelectuales y científicos.

La Ley N.º 13031, sancionada en el año 1947, profundizó el nuevo proyecto derogando el marco jurídico de la Ley Avellaneda de fines de siglo XIX y los postulados de cogobierno surgidos de la Reforma Universitaria de 1918.

El gobierno peronista (1946-1955) favoreció la masificación de la educación superior. Se estableció la plena gratuidad y se suprimieron los exámenes de ingreso. La matrícula se triplicó. Cabe señalar que esta masificación es un fenómeno mundial en la posguerra. Se creía que el conocimiento científico y tecnológico desarrollado en la academia podía ser volcado al mundo del trabajo y la producción. En ese espíritu se enmarca la creación de la Universidad Obrera (1952), que incentivó carreras técnicas y el ingreso de sectores populares.

Las leyes universitarias emergentes del Plan Quinquenal 1947-1951 establecieron la gratuidad de la enseñanza superior. El ingreso era controlado por las calificaciones en el colegio secundario y por un cogobierno dependiente del Ministerio de Educación. Ese cogobierno era ejercido por un Consejo Universitario formado por el rector designado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con acuerdo del Senado, un número par de consejeros profesores, dos elegidos en cada facultad y dos elegidos por el rector, y los decanos de facultad elegidos por sus profesores. El cogobierno en las facultades tuvo consejos directivos de nueve miembros, seis profesores (tres elegidos por el rector y tres por los profesores) y tres estudiantes electos por los alumnos regulares entre candidatos de altas calificaciones. El sistema universitario ya tenía seis casas de altos estudios con la creación de la Universidad Nacional del Litoral en 1919 y la Universidad Nacional de Cuyo en 1939.

En la universidad del peronismo, tanto el contenido como la orientación de la enseñanza experimentaron cambios significativos, aunque continuó siendo de carácter profesionalista.

Por fuera de las universidades se avanzó en la promoción del desarrollo nuclear,^[3] con la creación en el año 1950 de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Un año después, se instituyó la Dirección Nacional de Energía Atómica (DNEA) destinada a brindar una base operativa a las actividades nucleares. En 1955, este organismo tomaría la denominación de la CNEA. También en el ámbito del Ministerio de Asuntos Técnicos se creó en 1950 la Dirección Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que cubría actividades muy diversas y fuera el antecedente del CONICET (1958). Se formó el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas que intervenía en temas como la administración de becas para estudios especializados. El gobierno peronista promovió también el desarrollo aeronáutico y la fabricación local de autos, tractores y motocicletas, todos ellos sectores de mediana intensidad tecnológica (Del Bello et al., 2007).

El golpe de Estado de 1955 contó con apoyo de círculos intelectuales y académicos contrarios al peronismo y produjo una nueva depuración del cuerpo de profesores. Junto con medidas de política económico-financiera internacional de vasto impacto, como la incorporación al FMI y al Banco Mundial, la instalación del Plan Prebisch en el plano económico interno con énfasis en la libertad de mercado y en la desarticulación de los mecanismos de intervención estatal, la así llamada Revolución Libertadora actualizó la vigencia de la Ley Avellaneda a través del Decreto N.º 6403/55, en donde se estimulaba la iniciativa privada de creación de universidades, reservándose el Estado el reconocimiento de los títulos habilitantes. Asimismo, derogaba leyes sancionadas durante el gobierno peronista.

5. El desarrollismo

Durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), se sanciona la Ley N.º 14557, que consagraba los principios rectores del decreto antes aludido. Una enardecida protesta social daba cuenta de la ruptura con la tradición secular, que comenzaría a desarticularse.

En la década que media entre 1956 y 1966, entre las administraciones del desarrollista Arturo Frondizi y del radical Humberto Illia, se instauraron condiciones académicas para el desarrollo de las universidades. Con libertad de cátedra, inversiones elevadas en infraestructura y equipamiento, salarios docentes adecuados, respeto al conocimiento y a su transmisión, intensa vida universitaria y grupos de trabajo en áreas y tecnologías importantes para el interés nacional. La oferta en educación superior acompañaba en calidad y cantidad a las necesidades de la población. También se introdujo un proceso de modernización en las estructuras organizacionales de las universidades a partir de la instauración del llamado “proceso de departamentalización”. Los departamentos constituían unidades académicas que articulaban las actividades de docencia e investigación.

Hacia 1965, existían nueve universidades estatales con la creación de la Universidad Nacional del Nordeste (1956), la Universidad Nacional del Sur (1956) y la reconversión de la Universidad Obrera peronista en la Universidad Tecnológica Nacional (1959), la cual no terminó de materializar la expectativa de vincular la enseñanza universitaria con el mundo de la producción. La administración de Frondizi pone en funciones el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), que tiene la tarea de organizar las escuelas técnicas y los colegios industriales. Se crean el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para promover la investigación científica y el desarrollo.

Sin embargo, estos procesos de modernización se desarrollaron de manera desigual entre las distintas regiones, áreas del conocimiento, carreras, facultades y universidades. El modelo profesionalista tradicional seguía siendo el predominante en la mayoría de las universidades.

A partir de 1958, se aprueba una serie de leyes y decretos reglamentarios que permitieron la creación y funcionamiento de universidades privadas. Garantizaron subsidios estatales, la validez de los títulos expedidos, la total autonomía respecto de la enseñanza oficial y se creó la Inspección General de Enseñanza Universitaria Privada. Esto enfrentó a la comunidad universitaria con el gobierno, bajo la consigna de “laica o libre”, lo que no impidió el avance del sector privado. Entre 1959 y 1965, se abren nueve universidades privadas, de las cuales cuatro eran católicas.

En 1966, un nuevo golpe militar comandado por el general Juan Carlos Onganía, autodenominado Revolución Argentina, quiebra otra vez el orden constitucional. En la universidad el daño fue inconmensurable. La Noche de los Bastones Largos^[4] truncó la posibilidad histórica de una evolución sostenida hacia la excelencia institucional. El ostracismo o el exilio de profesores e investigadores calificados, la desintegración de valiosos grupos de investigación y la postergación del quehacer científico fueron sus efectos directos.

Durante los gobiernos militares de Roberto Levingston (1970-1971) y Alejandro Lanusse (1971-1973), se produjo una segunda etapa de expansión de las universidades estatales. Se registraron en el marco del plan Alberto Taquini (h) de creación de universidades estatales regionales. Se fundaron cinco universidades nacionales, respondiendo a necesidades regionales, creación de títulos intermedios y/o promoción de disciplinas académicas: la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe, 1968); la Universidad de Río Cuarto (Córdoba, 1971); la Universidad Nacional del Comahue (Río Negro, 1971), y un año más tarde, las de Salta, Catamarca, Luján y Lomas de Zamora (1972).

Paralelamente se producía una fuerte politización de la comunidad académica, en consonancia con una sociedad movilizada y resistente a la dictadura militar. Hacia 1975, el sistema universitario público registraba 24 universidades nacionales y 21 privadas que seguían, en diversa proporción, subvencionadas por el Estado.

6. El peronismo de los años setenta y la dictadura militar

El período constitucional que abarca el período 1973-1976 se manifestó en la historia universitaria como extraordinariamente contradictorio. Pueden distinguirse con claridad dos estilos de gestión educativa: la del ministro Jorge Taiana hasta agosto de 1974 y la de Oscar Ivanissevich hasta el 24 de marzo de 1976, acorde este último con la modalidad conservadora y autoritaria del gobierno de Isabel Perón.

La Universidad de Buenos Aires –denominada Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (UNPBA 1973-1974)– intentó revertir en dicho período todas las cuestiones no resueltas del reformismo liberal. Desde algunas cátedras universitarias se modificaron los planes y programas de las materias con el objeto de vincular la universidad al proyecto económico, político y cultural. Se desarrollaron microexperiencias comunitarias focalizadas en los sectores marginales y populares. La universidad participó en el Programa Nacional de Alfabetización estrechando la relación entre docentes, estudiantes y trabajadores. Asimismo, fueron expulsados los docentes más identificados con la dictadura de Onganía, los que se oponían al nuevo proyecto de universidad y aquellos que trabajaban en empresas multinacionales.

El carácter popular que adquirió la universidad de 1973 suprimió las restricciones al ingreso. La matrícula de 377.000 estudiantes pasó a superar el medio millón en 1975. Según Buchbinder (1999), solo la UBA en 1974 había recibido 40.000 nuevos estudiantes.

En 1975, Isabel Perón designó ministro de Educación a Oscar Ivanissevich, quien provenía de la derecha peronista. Intervino las universidades y encaró la “limpieza ideológica” por la cual gran cantidad de docentes y estudiantes fueron expulsados de los claustros. Los nuevos interventores, pertenecientes también a la extrema derecha peronista, junto a grupos paramilitares y parapoliciales encabezaron un nuevo proceso de vaciamiento de las universidades por el exilio y la persecución de muchos de sus integrantes.

Esta tendencia se profundizó con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y con la sanción de la Ley N.º 21276, que dispuso la intervención directa del gobierno militar sobre las universidades nacionales. Estas quedaron bajo el control de las distintas fuerzas militares, para luego ser dirigidas por grupos de extrema derecha.

Durante la última dictadura militar (1976-1983) se produjo un retroceso de la universidad de masas. La dictadura sostuvo la política de reducir el sistema universitario. Aplicaron dos mecanismos centrales: el arancelamiento y la mecánica de cupos. Apuntaron a mermar la matrícula de las grandes universidades, donde la reducción presupuestaria y la restricción del ingreso se sufrieron con mayor intensidad. De esta forma aumentó la matrícula en las universidades privadas y en las públicas pequeñas y medianas. Además se cerraron carreras, institutos de investigación, universidades, y se redujo el presupuesto de investigación.

Los sucesivos cambios en la conducción de las universidades, vinculados con los procesos políticos de desestabilización democrática, agravados por las persecuciones ideológicas a profesores y estudiantes, dañaron la continuidad y el avance del conocimiento científico, afectando la calidad de las instituciones. Esto se vio expresado en los bajos índices de graduación de los alumnos y en el austero desarrollo de la ciencia y la tecnología.

7. El retorno a la democracia. La universidad de los años ochenta

     En el año 1983 se inicia la transición a la democracia. El gobierno radical de Raúl Alfonsín asume la presidencia de la Nación e inicia la normalización de las universidades (1983-1986), sobre la base de los estatutos de 1966, a los postulados del cogobierno y a la autonomía universitaria. Se suprimen los cupos, los exámenes de ingreso y las restricciones en el acceso, provocando en los primeros años un acelerado crecimiento de la matrícula.

Los principales problemas a los que se enfrentaba la universidad se relacionaban con la masividad, la ausencia de investigación, una impronta profesionalista, un deterioro en la formación de los docentes y problemas edilicios acentuados por la explosión de la matrícula en 1984.^[5]

En varias universidades nacionales los rectores elegidos asumen el control cuasi permanente. Desarrollan una gestión basada en un excesivo personalismo y verticalismo. Se politiza la vida interna de las universidades adoptando el estilo y procedimientos de la política partidaria y, en especial, algunos de sus rasgos más negativos, como el clientelismo, el intercambio de prebendas y la adhesión perpetua al poder. Estas gestiones se caracterizaron por la preeminencia de la gestión política por sobre la gestión de los asuntos académicos. Se constituyó una poderosa y eficiente estructura burocrática de política partidista.

8. La universidad en la década de 1990

En los años noventa, durante la presidencia de Carlos Menem, se produce la tercera expansión del sistema universitario. Se crean universidades públicas en el conurbano, que adoptan nuevos modelos de organización, más dinámicos y alternativos a los característicos de la universidad pública tradicional. También se fundaron institutos y universidades privadas heterogéneas, estableciendo mecanismos instrumentales para avanzar en la construcción de un Sistema de Educación Superior, a través de políticas homogeneizadoras de criterios y prácticas para el conjunto de las universidades.

A partir del año 1989, con la asunción de Antonio Salonia (1989-1992) al frente del Ministerio de Educación, se impulsan reformas en las universidades públicas. En este período, los cuatro grandes ejes de la reforma involucran: el financiamiento (se acentúa la búsqueda de nuevas fuentes de recursos), la autonomía universitaria (el Ministerio de Educación se constituye como órgano revisor de las resoluciones del Consejo Superior de las universidades), la evaluación y la diferenciación institucional (entre 1988 y 1998 se crearon 22 universidades privadas y 11 nacionales). Entre 1988 y 1995, se sumaron a las ya creadas una universidad provincial y nueve privadas. Hasta el año 1995, el total de instituciones ascendía a 94, siendo 41 públicas y 51 privadas.

En el marco del Ministerio de Educación de la Nación se crea la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dirigida por Juan Carlos del Bello. Desarrolla y lleva adelante el Programa para la Reforma de la Educación Superior (PRES). En el año 1995, se sanciona la Ley de Educación Superior N.º 24521, que introduce una serie de medidas tendientes a la construcción del sistema de educación superior, a la unificación de ciertos criterios, a la mejora de la calidad con la incorporación de las prácticas de evaluación y acreditación.

Es pertinente destacar que una vez sancionada la Ley N.º 24521 y el Decreto respectivo 576/96,^[6] se atenuó el ritmo de autorización de instituciones privadas. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) tiende a rechazar, tras rigurosa evaluación, la mayoría de las solicitudes de esas instituciones.

9. A modo de conclusiones

En la historia de la universidad en Argentina podemos distinguir distintos períodos, siempre asociados al devenir político, económico y social del momento.

A grandes rasgos, podemos reconocer un primer período (1613-1900) en el cual la universidad adoptaba las características de una “institución trasferida” poco conectada con el desarrollo de nuevas ideas y el contexto económico y social. Es un período de escasez de recursos humanos y materiales. Con la independencia, la creciente importancia de la universidad se asocia a la formación de las élites para el manejo de los asuntos del Estado.

El período entre 1900 y 1950 es denominado “fundacional reformista”. Se crean las universidades nacionales que configuraron el sistema heredado de la reforma de 1918, con una población estudiantil que en 1947 ascendía a 51.272 alumnos. Su misión y perfil será producto del desarrollo económico, social y cultural y no de una misión propia en el progreso científico y tecnológico.

El tercer período, 1950-1970, puede denominarse la “primera expansión del sistema universitario”. Se consolidan las universidades nacionales y aparecen las privadas. La tendencia es a la masificación,^[7] la diferenciación, la multiplicación de instituciones, la aparición de críticas al modelo de universidad de élites, la necesidad de modernizar el sistema a través de nuevos métodos pedagógicos y diferentes estructuras académicas, se desarrolla la investigación y la vinculación con los sectores productivos.

En este período los movimientos estudiantiles toman importancia y tendrán protagonismo en consonancia con los escenarios políticos nacionales e internacionales.^[8] En cuanto a la actividad docente, que en un principio era de prestigio profesional, después de 1955 comienza a orientarse hacia la investigación. Sin embargo, esta orientación solo abarcó a una élite de profesores, siendo la mayoría excluida del desarrollo científico y técnico.

El cuarto período abarca los años de 1971 a 1995, cuando se produce la “segunda expansión del sistema universitario” con la proliferación de instituciones y el desarrollo del sector privado. En este período se crean en distintas provincias universidades nacionales; también, privadas, con la Iglesia católica como actor central, con una importante oferta de carácter tanto confesional como laico.

La década de 1980, denominada “la década perdida” social y económicamente, si bien constituyó el retorno a la democracia, vino acompañada de una fuerte crisis fiscal, ajuste estructural, privatizaciones y apertura de la economía. La universidad no modificó en lo sustancial su estructura y su relación con el Estado, pero fue enjuiciada por su baja rentabilidad (social) y su escasa habilidad para proporcionar acceso al mercado de trabajo. El gasto en educación se percibía como una colección de subsidios otorgados al consumo privado y al privilegio personal (Brunner, 1992).

A principios de los años noventa, comienza a plantearse la temática de la calidad y eficiencia en la educación superior,^[9] la cual es juzgada por su bajo nivel. Se critica el rol burocrático del Estado, el fuerte clientelismo, la poca claridad en la asignación de los fondos. En síntesis, un crecimiento de instituciones y de matrícula, pero con un pobre desarrollo científico-tecnológico, desarticulado de las demandas de la sociedad y del mercado.

Las nuevas políticas de educación superior, desde 1993, introdujeron formas de regulación que hasta el momento se encontraban al margen del Estado. Se desplegaron sobre la combinación de diagnósticos focalizados y acciones sectoriales. Sus objetivos centrales fueron promover una mayor diferenciación de las instituciones públicas y privadas; incentivar que las instituciones públicas diversifiquen sus fuentes de ingreso y generen recursos propios; e impulsar la redefinición del gobierno en relación con la educación superior y la introducción de políticas que permitan una mayor equidad (Krotsch, 2001).

La intervención del Estado y las políticas desarrolladas en relación con las instituciones universitarias lograron avanzar en la conformación del sistema de educación superior, articulado a través de políticas sectoriales focalizadas e instrumentos normativos que regularán el funcionamiento de la educación superior en su conjunto.

En el siguiente capítulo se explicitarán los avances del proceso de construcción del sistema, su articulación y las reformas producidas por la implementación de las políticas de educación superior.

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