Se exponen dos partes en la sección, en la primera se muestra un panorama –sintético– de los estudios académicos sobre EPSS en América Latina y, particularmente, los que se dedican a cooperativas agrarias. En la segunda, se traza lo mismo para México, articulado con su historia. Este recorrido permite, en la siguiente sección, visitar y entender de modo situado los trabajos referidos al Grupo Cooperativo Quali.

Economía popular, social y solidaria en América Latina

En América Latina los pueblos originarios conservan y tamizan sus tradiciones de cooperación y ayuda mutua, formas que perduran –en mutación– hasta la actualidad. En particular en México las distintas comunidades dan cuenta de formas como Guetza Mixteca, Guelaguetza, Capotecas, Mano vuelta/Servicio comunal, así como el sistema tradicional de policultivo, Milpa (Coque, 2002: 150; Hamnett, 2013; Bageneta et al., 2016).

Sin embargo, la conquista europea y los planes de “desarrollo” suprimen esa diversidad e imponen la forma cooperativa y de mutualidad de Europa. En tal sentido se sostiene que “la mayoría de estas cooperativas acabaron fracasando al no arraigar en sus comunidades, pues el proceso de creación y gestión les había sido totalmente ajeno y adolecía de carencias formativas importantes” (Coque, 2002: 152). El mismo criterio de externalidad con respecto a los sujetos sociales lo subrayan otros autores al afirmar que el “cooperativismo latinoamericano, con la sola excepción de las formas comunitarias precolombinas, nace como resultado directo del impulso de agentes externos” (resaltado del autor) (Navas, 2004: 3). De modo que se reconoce la condición impuesta del modelo organizativo.

En particular, se consideran distintos motivos de origen y rutas de creación de las cooperativas en la región, así como las características que asumen. Los tres tipos de orígenes son: los migrantes europeos (caso argentino y brasileño), la Iglesia católica y los gobiernos nacionales (en los casos de Perú y México) (Coque, 2002). Cabe señalar que este análisis no incorpora las vías de creación por parte de los propios sujetos, como son la gran cantidad de casos que surgen ante conflictos con el sector patronal (Estado o capital).

En cambio, el autor identifica cuatro rutas de creación de cooperativas: argentina, mexicana, uruguaya y peruana. Cada cual se construye según el peso del Estado, la importancia de otros actores sociales, así como la gravitación de la doctrina cooperativa europea.

De esta manera sintetiza la ruta mexicana (su origen): en cuanto a los objetivos, la revolución agraria abre las condiciones para mediatizar a partir de las cooperativas el derecho popular a la propiedad comunitaria de la tierra. Como resultado se conforman cooperativas precarias por exceso de orientación política estatal y defecto de las estructuras de apoyo. El Estado crea estas instituciones y son conformadas por campesinos.

También aquí cabe aclarar que en el siguiente apartado se harán revisiones a esta caracterización general, en particular en lo relativo a la importancia que hacia las décadas de 1960 y 1970 tienen otros actores para la creación, como las ONG, activistas sociales, políticos y eclesiásticos.

A su vez propone seis fases relativamente comunes a todos los países en el desarrollo del cooperativismo agrario.

1. Comienzo tímido (fines del siglo XIX y, especialmente, década de 1930). Experiencias aisladas, en su mayoría lideradas por migrantes europeos. En los casos argentino y mexicano se reconoce esa condición de creación.
2. Etapa fundacional (años 40 y 50). Se produce una “generalización a todos los países y sectores, y creación de las primeras federaciones”. Con las experiencias de gobiernos populares se incentiva su conformación en tanto medio para viabilizar el volumen de producción en el acopio de los minifundios.
3. Enorme auge (años 60). Emergen múltiples programas de promoción estatal y aliento internacional en el marco de la disputa de la guerra fría (AID, OEA, FAO, etc.). En 1959 una primera reunión que se dedica a estas en América Latina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) sostiene “que las cooperativas agropecuarias sean reconocidas por el Estado, con preferencia, como medios básicos para la ejecución de los planes de desarrollo agropecuario” (RIEC, 1959: 24). En México este es un momento de multiplicación de su cantidad.
4. Dictaduras militares en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay (años 70): “involución causada por medidas de represión, eliminación o control de los movimientos populares”.
5. Programas de ajuste estructural (años 80). “Las cooperativas resisten con dificultades a la crisis global. Al perder atractivo para los centros de poder y una parte de sus papeles tradicionales, tienen que volver a formular sus objetivos”.
6. Mantenimiento (años 90).

Las etapas 4 y 5 dejaron una situación deteriorada que se agravó por carencias en la definición de estrategias comunes supranacionales, en el apoyo a la diversificación y, en definitiva, en la búsqueda de nuevas formas que permitan implantarse en los sectores medios profesionales y en las masas populares sometidas a dificultades permanentes. No obstante, el movimiento ha conseguido modernizarse en alguna medida mientras mantiene en muchos países una presencia importante, amplia gama de experiencias, volumen significativo de operaciones y dirigentes con cierta cualificación (Coque, 2002: 155).

Desde la década previa y con preeminencia en los años 90 se observa en los casos brasileño, argentino y mexicano una fuerte gravitación sobre la toma de decisiones de los cuadros administrativos (Bartra, 1991; Lattuada, 2006; Lombardo et al., 2009; Mendonça, 2016).

Las etapas y características que señala el autor para la región son de gran importancia para el objetivo de esta investigación al permitir situar en dicho marco, con las salvedades hechas y con sus particularidades, lo que acontece en el caso mexicano.

Por otra parte, se recogen los antecedentes de las teorías críticas para estudiar la EPSS desde el continente. Cabe señalar que la misma denominación de “cooperativa”, en tanto asentada en procesos europeos, se pone en debate por parte de diversos autores.

Aníbal Quijano presenta una conceptualización sobre la economía popular. Afirma que a partir del avance del neoliberalismo en el continente se produce la desarticulación de las identidades del trabajo industrial ante el corrimiento del Estado interventor. El autor identifica que ante la profunda derrota de los subordinados quedan las burguesías nacionales sin antagonistas. Justamente, la economía popular se constituye en el abanico de “nuevas texturas sociales” que sostienen el trabajo en condiciones de subsistencia y marginación (Quijano, 1998).

Por su parte José Coraggio, en línea con Quijano y Karl Polanyi, ubica tres subsistemas económicos: el estatal, el capital privado y la economía popular. Examina las mixturas que resultan del cruce entre cada una de estas esferas y se refiere a la EPSS en tanto “otra” economía (Polanyi, 2009; Coraggio, 2012).

EPSS y agro en México: actores sociales, desde la revolución agraria hasta el neoliberalismo y la agroindustria

En esta sección se afronta una revisión bibliográfica para México acerca de las múltiples formas organizativas que engloba la EPSS, de las diversas problematizaciones, acompañado con la historia del sector. Se intenta referenciar el proceso de organización en el marco de lo que acontece con los actores agrarios, en particular campesinado, terratenientes y Estado.

La primera cooperativa agropecuaria mexicana se crea en 1886 en Tlalpizalco, municipio de Tenancingo, Estado de México. Se trata de una cooperativa de colonización impulsada por el gobierno federal a través del Ministerio de Fomento, mientras que la primera Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC) aparece en 1927. Hay, por consiguiente, un temprano desarrollo desde el modelo europeo (Rojas Herrera, 2013).

Al igual que afirma Coque, el investigador Rojas Herrera revela que en aquellas primeras normas –se modifican en 1933– hay una ligazón política que se preestablece para la EPSS, “lamentablemente, al igual que el ejido, la cooperativa agropecuaria fue considerada desde entonces, no sólo como una unidad económica sino como un instrumento de acción política, alineado y dependiente del Estado”. Según esta interpretación, condiciones que “derivaron en la degeneración ideológica y el estancamiento orgánico del cooperativismo” (op. cit.: 125).

Armando Bartra subraya que, a pesar de que la revolución de 1910 no abre la puerta a grandes expropiaciones de tierras, implica la creación de un nuevo espacio político, e inaugura el combate rural del siglo XX: “el campesinado va descubriéndose irreconciliable también con las nuevas formas de capital y constituyéndose en una clase revolucionaria contemporánea” (Bartra, 1985: 15).

Además, reseña un cambio que se convierte en una continuidad para comprender este sujeto social y sus formas organizativas:

Desde ese momento, y hasta nuestros días, el campesinado mexicano ha adquirido un nuevo rasgo definitorio: su parcela es prestada, su acceso a la tierra es una concesión estatal y además precaria; pues quien da condiciona y en última instancia puede retirar lo concedido (op. cit.: 17).

El ejido cambia sustancialmente las relaciones sociales, ahora el Estado media entre el campesino y la tierra y, a su vez, con el terrateniente; es “el” interlocutor.

Luego de la revolución mexicana, Lázaro Cárdenas (1934-1940) le imprime peculiaridades al proceso abierto. El autor Jorge Calderón trasluce la relación estrecha entre la forma organizativa colectiva –el ejido que viene del período colonial– y el escenario político:

Las organizaciones campesinas aparecen indisolublemente vinculadas al proceso de redistribución de la tierra, y en esta dinámica el ejido colectivo constituyó una forma primaria de integración social de campesinos ejidatarios y un vínculo organizativo capaz de tratar de solucionar los problemas elementales de operación económica (Calderón, 1986: 186).

Constituye una comunión entre organización y proyecto social que se da en un momento histórico particular^[1].

El cardenismo y su reforma agraria, en términos de Bartra, profundiza y amplía cualidades previas. Se hace efectiva la expropiación de tierras, entre 1934 y 1940 se redistribuyen (mayoritariamente en forma de ejidos) 17.906.429 ha (Hamnet, 2013: 255). El Estado visualiza a las organizaciones campesinas como medio, al unir minifundistas, para el aumento de producción, distribuir insumos agrícolas y capital. La explotación es ahora “multiforme”, no sólo pueden trabajar para el patrón como jornaleros, también están en dependencia del Estado y el ingenio privado y trasnacional.

Bartra marca otra continuidad para el período postcardenista, el productor agrícola ejidal:

Que se diferencia de la masa preexistente de campesinos que combinan el jornal con la economía autoconsuntiva, llega para quedarse. Así como la reforma agraria cardenista se sobrepone al modelo anterior sin eliminarlo, la contrarreforma de los gobiernos subsecuentes subordina y erosiona al sector ejidal mercantil pero no lo suprime (Bartra, 1985: 18).

Por lo tanto, recapitulando, hasta los años 40 quedarán conformadas referencias sobre las relaciones de los actores sociales del agro y sus organizaciones que irrigan los acontecimientos sociales posteriores en México. Estas continuidades son: el vínculo político de la relación Estado-campesinos, la permanencia ejidal, la gravitación de los recursos que los organismos ponen en juego en dicho vínculo, así como el perfil multiforme de la explotación de los campesinos.

Luego de la experiencia nacionalista y popular de Cárdenas, las tres décadas posteriores son de la llamada contrarreforma, la empresa privada pasa a ser el eje central de acumulación y se relegan los ejidos, aunque su presencia es imprescindible en tanto garantizan al mercado interno los alimentos para su consumo.

El Estado y sus políticas de modernización apuntalan a los productores capitalizados, así es como en la década de 1960 la producción agraria aumenta a un ritmo de 8,2% anual y es autosuficiente en maíz y trigo. Otro dato que demuestra las características del período es que entre dos gobiernos (1964-1976) se reparten más hectáreas que durante el cardenismo, 35.298.936, lo cual representa el 34% del total de tierras que se distribuyen entre 1914 y 1994 (Martínez Borrego, 1997: 203).

En la década de 1970 entra en crisis –progresiva– el esquema de articulación entre la economía agrícola campesina y la industria. El Estado nacional despliega políticas de “desarrollo” para con los campesinos con miras a aumentar la cantidad de alimentos que se vuelven deficitarios. Intenta contrarrestar la desarticulación del modelo social de mediados del siglo XX.

La autora Blanca Rubio sostiene tanto para México como para la región que “durante los años setenta el enorme flujo de divisas que hubo que destinar a la importación de alimentos obligó a algunos gobiernos a fortalecer la producción campesina con el fin de incrementar la producción interior” (Rubio, 2012: 89). Corresponde esta situación a los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1977-1982).

Hacia 1978 se crea la Comisión Intersecretarial para el Fomento Cooperativo (CIFC), que evidencia ese contexto de fractura. Hay un nuevo crecimiento en la cantidad de estas entidades, sus funciones se ejercen a través del Plan Nacional de Fomento Cooperativo (PNFC) (1980-1982). Los objetivos de tal política para el sector agrario son fundamentales pues marcan el devenir del actor. De tal modo se expresan:

• Fomentar cooperativas cuya magnitud regional trascendiera el ámbito de la propiedad ejidal, comunal y privada, y que promoviesen la capitalización interna de las unidades productivas y la distribución social de sus beneficios.
• Promover cooperativas que pudiesen incorporar a los campesinos sin tierra, coadyuvando de esta manera a disminuir los índices de subempleo y desempleo abierto de la población rural.
• Dar prioridad a la expansión y desarrollo de cooperativas en zonas marginadas y en distritos de temporal, que poseyeran características favorables para el desarrollo productivo de bienes y servicios, en el marco del Sistema Alimentario Mexicano (Rojas Herrera, 2013: 126).

Como plantea Rojas Herrera, la burocracia y el verticalismo, así como la pasividad que otorgan a los cooperativistas determinarán la pronta desaparición de este Plan. Se señala que en ese contexto hay, tanto en las políticas estatales como en los intelectuales, dos perspectivas sobre el movimiento campesino y sus organizaciones: una “eficientista” y otra “desarrollista”. En ninguna de ellas se “da cabida al campesino como sujeto social e histórico, como actor esencial y constructor del proceso de cambio” y las toman “como un medio para alcanzar el objetivo de modernización capitalista general” (Martínez Borrego, 1991: 10).

Al tiempo que hay –de parte de algunos autores– sobre las cooperativas agrarias la consideración crítica acerca de su creación. Las piensan como dirigidas por el capital imperialista sobre las formas no capitalistas del agro; intento que es sostenido por un Estado de clase (Oswald et al., 1979). Este planteo patentiza un debate que –con nuevas formas– se mantiene y caracteriza a México y otros países del continente, acerca de las capacidades de autonomización de las comunidades campesino-indígenas locales.

Es de importancia para este estudio corroborar que comienza durante la década de 1960, ante la desregulación estatal, la creación de organizaciones campesinas desde grupos de la sociedad civil. Tanto sectores de la izquierda como la Iglesia, e incluso no “encuadrados” en instituciones, hacen las veces de patrocinadores en comunidades campesino-indígenas. Algunas de dichas experiencias tienen supervivencia hasta la actualidad^[2].

A fines de los años 80 y comienzos de los 90 se articulan las condiciones para la primacía del modelo neoliberal. Su triunfo es posible luego de la derrota de las luchas políticas de los sectores subalternos en varios países mediante dictaduras sangrientas. El capital financiero especulativo articula su “dominio excluyente” junto a sectores minoritarios del capital de punta –nacionales e internacionales–, que se asientan sobre nichos de agroindustria con destino de exportación a países desarrollados; luego ampliarían su control hacia el resto de los granos. Expulsan del modelo socio-productivo a obreros y campesinos de la mano del abandono del modelo mercadointernista. A su vez, se produce la paradoja de que los países desarrollados alcanzan la autosuficiencia alimentaria y la pierden los demás.

En México, en esta nueva articulación la producción de bebidas y tabaco pasa a representar de 0,74% en 1982 a 2,85% en 1997. Se amplía el dominio de la agroindustria sobre arroz y frijoles, lo cual demuestra un cambio pues no sólo se localiza en los productos de exportación, sino que “el conjunto de los cultivos y productos agropecuarios se encuentran ya bajo el dominio de la agroindustria multinacional” (Rubio, 2012: 141). En 1989 la tenencia de tierra en México tiene un 53,2% de tipo de propiedad social y 34,2% de tipo privada, lo cual evidencia que las formas colectivas de organización, a pesar del avance y expulsión del extractivismo neoliberal, mantienen un lugar de peso (Martínez Borrego, 1997: 204).

El Tratado de Libre Comercio, a partir de 1994, significa un golpe más a aquel proceso, junto con un Estado que desregula sus ámbitos de injerencia. Sin embargo, ese año hace su aparición como parte de resistencias regionales el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con planteos de autonomismo y autogobierno de las comunidades indígenas.

El modelo que pasa a imperar tiene un “Impacto esencial que ha traído el dominio de la agroindustria exportadora sobre la rama agropecuaria”, el cual “consiste en una profundización de la exclusión de los productores, debido a la forma de dominio e influencia que desarrolla en la producción agropecuaria de la región” (Rubio, 2012: 191).

Se compone de un carácter excluyente, por un lado, por basarse en producciones intensivas y, por otro, al sostenerse sobre dosis crecientes de inversión. Sólo los grandes empresarios conforman la “elite de incluidos” en un mar de marginados.

En 1991 Armando Bartra caracteriza certeramente y con perspectiva histórica lo que sucede desde los años 70 con las organizaciones campesinas colectivas que –como se evidencia previamente– se sitúan como interlocutoras y mediadoras de los recursos del Estado. Encuentra que estas pierden el centro en el plano político y su legitimidad se sostiene en la conquista de recursos económicos y, de modo complementario, naufragan en la capitalización pues, si bien corren a los “coyotes” (en tanto mediadores) no utilizan esa diferencia de capital para aumentar su acumulación^[3].

Esa mutación se manifiesta en el tránsito de la figura del “cacique” de las formas ejidales hacia, en los años 80, “un cacicazgo agrícola de cuello blanco, base del nuevo corporativismo tecnocrático” (Bartra, 1991: 48). Analiza que estas formas asociativas al limitarse en su acción a eliminar intermediarios (con la suma de trabajo voluntario impago de sus socios), por un lado, desaprovechan la posibilidad de que dicho excedente se destine a ampliar el proceso de acumulación (reinvirtiéndolo) y, por otro lado, convierten a los dirigentes en dependientes de los recursos que los legitimen con sus miembros. En torno al último rasgo sostiene que “resulta preocupante que los balances contables se reflejan sin mediación en los saldos organizativos” (op. cit.: 50).

Por último, el desafío que halla el autor “radica en pasar de la apropiación formal a la apropiación real; del simple cambio de manos a la revolucionarización del proceso productivo; de la recuperación y distribución del excedente a su magnificación” (op. cit.: 52).

Uno de los interrogantes que surgen del planteo de Bartra es si hay en las organizaciones campesinas y sus dirigentes y miembros un “ethos empresario”, un espíritu de reinversión o, en todo caso, prima una mentalidad de reproducción limitada que surge del sujeto social campesino.

En otro plano, hay un hito histórico normativo en la incorporación en 1983 de la “economía social” en el artículo 25 a la Constitución política de México, uno de los primeros países en hacerlo en América Latina. En tal sentido se originan distintas producciones académicas que se enmarcan en el debate y transformaciones sociales que son base de aquella respuesta legislativa (Oswald et al., 1979; Calderón, 1986; Labra, 1988; Bartra, 1991).

Por su parte Jorge Calderón (1986) muestra alguna de aquellas controversias y, a diferencia de Úrsula Oswald (1979) y en sintonía con Armando Bartra (1991), otorga a las cooperativas –según cómo se implementen– un sentido positivo. Afirma que, desde la revolución, la expropiación y colectivización de tierras sobrevaloran el criterio distributivo por sobre el criterio de organización productiva, “la autogestión y la cooperación campesina no es unir tierras para crear unidades de producción que funcionen como empresas capitalistas de propiedad estatal. Colectivizar es crear estructuras autogestionarias económicas y políticas” (Calderón, 1986: 201).

En 1990, un estudio que se aboca a experiencias autogestivas, e incluye el antecedente organizativo del caso que aquí se estudia^[4], revela la presencia significativa –como se señala previamente– de diversos actores de la sociedad civil (Paas et al., 1990). Los autores realizan un análisis crítico –en el próximo apartado se verá– acerca de las formas que asume la creación exógena (estatal y de ONG; permanente y momentánea) y sopesan los factores que hacen a los “éxitos y fracasos” de estos casos, entre los cuales resaltan el lugar del financiamiento y la participación de la base social.

En sintonía con lo anterior y de manera sintomática^[5], hacia fines de la década, con un título similar al de la obra que aquí se presenta, una autora se ocupa de las organizaciones campesinas de mujeres y su creación motivada desde fuera del grupo (Mingo, 1997). Reconoce que, lejos de fomentar proyectos autogestivos, muchos impulsos de este tipo aumentan la dependencia de los recursos y saberes ajenos a la base social, que –en gran medida– refuerzan el tutelaje político preexistente.

Mientras, en el plano normativo en 1991 se establece el Programa y el Fondo de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES)^[6]. Su objeto formal es el de orientar e impulsar el desarrollo productivo de campesinos, indígenas y grupos urbanos.

Según la legislación –LGSC de 1994– las cooperativas podían ser de dos tipos: de consumidores o de productores. La primera estaba conformada por agricultores de propiedad de tierra individual, mientras que la segunda respondía a las formas de propiedad colectiva. Acerca de tal distinción normativa el autor Rojas sostiene que la mayoría de las entidades de este tipo se organiza bajo el modelo de consumidores:

[…] ello debido a que la experiencia les ha demostrado que cuando se colectiviza el proceso productivo y no se vincula la producción con los ingresos, normalmente los productores tienden a situarse en los niveles más bajos de productividad, lo cual la hace inviable e insostenible económicamente (Rojas Herrera, 2013: 126).

Hay una dificultad importante en cuanto a la cuantificación del número de cooperativas agrarias actual; distintas fuentes afirman que el único sector en el cual se contabilizan certeramente la cantidad de cooperativas es en el de ahorro y préstamo (SEDESO, 2015: 57). Según los registros del año 1994 hay 2753 con 107.809 socios.

Acerca del número de entidades de la economía popular –y en particular las cooperativas– en las últimas dos décadas –según informantes claves– no existen datos fidedignos, sin embargo, algunos afirman que habría un crecimiento –poco significativo– que es motivado por la necesidad de asociarse ante las dificultades que genera el neoliberalismo.

Mientras que, otro registro cuantitativo, el Censo Ejidal (2001 y 2007) muestra que si bien aumenta la cantidad de ejidos y comunidades –hecho polémico^[7]–, también disminuye la categoría “ejidos y comunidades con figuras asociativas”; pasan de 12.520 en 2001 a 10.852 en 2007. Un dato complementario –de mayor actualidad– es el descenso en los apoyos a hablantes de lenguas indígenas del Programa de Fomento a la Economía Social, pasan de 4314 en 2014 a 2760 en 2015 (SEDESO, 2015: 23).

En 2013 se concibe una posible estratificación del tamaño de cooperativas agropecuarias según cantidad de socios: micro (hasta 15 socios), pequeñas (de 16 a 100), medianas (101 a 250) y grandes (de 251 y más). Luego, se hace una afirmación que resulta central para el objetivo que persigue esta investigación:

La gran mayoría de las cooperativas comprendidas en los distintos estudios son de tamaño micro y pequeñas. Muchas de estas cooperativas corresponden a empresas familiares (frecuentemente de familias extensas), que adoptan la figura legal de cooperativa. A diferencia de éstas, normalmente las cooperativas exitosas son de tamaño grande, con una membresía que puede rebasar las tres centenas de socios (SEDESO, 2015: 59).

Ante la falencia de datos recientes y en el intento de una mayor certeza acerca del peso e importancia numérico-cualitativa del cooperativismo agropecuario, aquí se suma otro estudio de Rojas con aportes de Antonieta Barrón, quienes conforman una caracterización sobre 40 casos hasta el año 2002. Enumeran como aspectos centrales los siguientes: hay una fuerte tendencia a la reducción del número de asociados; 90% de los casos se crean recientemente (1995-2002); las cooperativas “exitosas” tienen dos o tres décadas de existencia; existe un bajo grado de presencia de trabajadores contratados (60% no tiene); los socios se caracterizan por tener edad adulta, mayoritariamente de bajos recursos, dependen de otros ingresos no vinculados a acción cooperativa, desconocen normativas y sólo 20% recibe capacitación sobre la doctrina cooperativa; Hay conformación de cooperativas por fondos que reciben de gobiernos; sólo 37% opera con excedente que se reparte en función de operaciones.

El autor toma como caso “exitoso” a la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske (“Unidos Venceremos” en náhuatl) de Puebla y, en contraposición, señala los principales obstáculos para los modelos cooperativos: el control corporativo de eje político de los campesinos que las usan como vehículos para reclamos; escaso apego a la doctrina cooperativa; abandono del campo y sesgo anticampesino de las políticas públicas; variedad de figuras asociativas rurales que dispersan modelos; formalidad en la creación de cooperativas para conseguir recursos; falta de lealtad de socios; ascenso de delincuencia; machismo y falta de equidad de género.

En el nuevo milenio se abre una etapa de transición del modelo de acumulación global que modifica la andanada neoliberal, hay por el declive de la hegemonía de Estados Unidos de América una crisis capitalista y alimentaria (2003-2012). La autora Blanca Rubio subraya este giro al saqueo alimentario: “de pronto, el mundo ha vuelto los ojos al campo para extraer todos los valores que fueron despreciados en el neoliberalismo y que ahora, merced al alza de precios de las materias primas, cobran valor frente al capital” (Rubio, 2015: 168).

Las movilizaciones campesinas masivas de 2002 y 2003 sobre la ciudad de México muestran un sujeto que no se resigna a morir. La invasión de cultivos transgénicos estadounidenses, por ejemplo el icónico maíz, trae como respuesta las iniciativas de sujetos sociales diversos (campesinos-indígenas, ONG, academia) en torno a la soberanía alimentaria (Pardo Núñez, 2017).

Finalmente, este estudio se enmarca en el quiebre de treinta años de certeza neoliberal, a partir del 1 de julio de 2018 México tiene un gobierno que parecería modificar las lógicas imperantes en el tiempo reciente. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como sus funcionarios, asumen el 1 de diciembre de ese año y dedican palabras a valorar la importancia de iniciativas donde la ESS tenga un rol central; un ejemplo de ello es el Programa Sembrando Vida^[8]. Dado lo reciente y “abierto” del proceso, el momento es de incertidumbres y expectativas acerca de lo que sucederá.

Antecedentes del Grupo Cooperativo Quali y de organizaciones con imposición

Este apartado da cuenta de los antecedentes bibliográficos que se refieren al caso de estudio y, a su vez, recoge trabajos que tengan en el centro de su preocupación la condición de creación externa de las experiencias.

Resulta un elemento de importancia que, así como toda organización (cada una con su historia y características estructurales), el Grupo Cooperativo Quali construye su propio relato institucional. Una particularidad es que “la pareja de fundadores”, en tanto egresados universitarios, conforman uno con validaciones y sentencias que corresponden a las del mundo académico^[9]. Desde los años 90 y hasta la actualidad hay multiplicidad de publicaciones propias (Hernández Garciadiego y Herrerías Guerra, 1990; 2004; 2019).

El caso suscita la atención de muchos investigadores, de muy diversos campos (atraviesan las ciencias naturales, así como las sociales y humanas) en tanto reviste ciertas características “llamativas” en relación con el contexto del país y el actor social de la EPSS. Quali interpela por ser una de las pocas organizaciones de este tipo que sobrevive a los avatares sociales y económicos por casi cuarenta años; expresa un modelo organizativo particular que integra diferentes marcos legales; se sostiene en una región marginada y apela a “los marginados” como sus beneficiarios; propone la crítica al modelo de la revolución verde y lo hace con una agroindustria que –progresivamente y según sus palabras– gana capacidad para autosostenerse económicamente.

A su vez, de modo complementario a lo anterior, la dinámica de los fundadores de promoción y “venta” de lo hecho, en tanto capital con el cual cuentan, aporta visibilidad en diversos ámbitos. Entre sus consecuencias, no sólo tiene la escritura de estudios académicos externos, sino también la obtención de gran cantidad de premios de importancia nacional e internacional^[10]. El círculo de retroalimentación entre capital cultural-social y reconocimiento es un rasgo central de Quali. En tal sentido es enorme el número de entrevistas y material de divulgación que alcanza a medios de índole local, regional, nacional e internacional, en ámbitos públicos y privados.

La autora Sacnicté Bonilla en su tesis de maestría aplica, desde cierto compromiso con el proyecto^[11], un análisis sobre participación local y educación no formal. El campo del conocimiento es el de la pedagogía y no se centra sobre el Grupo, sino en la otra parte de la estructura organizativa que es Alternativas y Procesos de Participación Social A.C. Allí resalta el compromiso de los fundadores, así como las luchas que afrontan contra la marginación social: “atrás de un proyecto como el que representa esta institución, existe un enérgico juicio en contra de las relaciones sociales y económicas que fomentan la pobreza, la explotación, la exclusión, la dominación, entre otros males” (Bonilla, 2008: 55).

Si bien el abordaje da cuenta de un importante ejercicio teórico, no así de una intención crítica acerca del caso con el cual trabaja. Sostiene que hay participación de los “sectores populares, convirtiéndolos en sujetos que determinen y conduzcan sus propios procesos de transformación social; además refuerza la autonomía de las organizaciones sociales” (Bonilla, 2008: 55). Estas afirmaciones se consideran controversiales en un caso que –como se verá en los próximos capítulos– da cuenta de cierto carácter impuesto de la organización.

Por otra parte la autora Silvia Díaz Duarte, en una tesis de licenciatura con análisis crítico, establece, a partir de los conceptos de capital y redes sociales, una aportación a la comprensión del Grupo Quali. Se debe destacar que el trabajo brinda elementos de valor para este estudio.

En el abordaje la autora problematiza, a diferencia de Bonilla, los vínculos de participación, de toma de decisiones y de confianza. Permite –a pesar de no plantearlo en estos términos– visualizar la centralidad técnica sobre la cual se estructura la organización, así como los mecanismos que dotan al caso de “opacidad” en cuanto al manejo con los grupos de sembradores.

Finalmente, dentro de los trabajos académicos que se encuentran como fuente de diálogos, la autora Marcela Jerez realiza un aporte descriptivo y de divulgación que retoma la lectura histórica de los fundadores. En el mismo sentido que Bonilla y a diferencia de Díaz duarte, afirma que

Cada grupo que se organiza en torno a un proyecto, genera un proceso de cooperación. Ese ha sido el modelo organizativo: la unidad de intención o finalidad es el proyecto, y en torno a él se agrupan personas que emprenden el proyecto concreto. Así, para formar una cooperativa, lo primero es aprender a cooperar (Jeréz, 2012: 36).

La revisión de obras sobre el caso Quali denota una –mayoritaria– falta de estudios organizacionales y sociales que se pregunten acerca de las condiciones de inserción del grupo, de la gravitación de los cuadros técnicos, como también de la apropiación (o no) por parte de los campesinos-indígenas.

En muchos se repite de modo lineal, por el tipo de discurso académico que envuelve a los fundadores y su relato, lo que afirman desde el propio Grupo. Se pierde, de tal modo, la posibilidad de señalar elementos que enriquezcan y problematicen las experiencias de organización.

Hay otra serie de estudios, como se presenta en el apartado previo, que subrayan la presencia y características de estos modelos de creación externa (Paas et al., 1990; Mingo, 1997; Bernkopfová, 2011). Resulta de importancia rescatar que se cuestionan acerca del vínculo de dependencia-autonomía que conforman:

A pesar de que las ONG suelen declararse partidarias de la autonomía de las organizaciones populares, muchas de ellas crean dependencias sutiles o evidentes, no sólo en los aspectos técnicos o administrativos, sino en la estrategia y la conducción misma del proyecto. Aun practicando la autocrítica de estas relaciones de dependencia, no resulta sencillo separarlas, a causa de los hábitos creados desde un inicio entre promotores y “promovidos” (Paas et al., 1990: 9).

Al recapitular se pueden encontrar líneas de continuidad y ruptura en las páginas precedentes, así como entre los antecedentes generales y los del caso de estudio hay “puentes”, ejes problemáticos en diálogo.

Se resalta, en tanto es de gran importancia para este desarrollo, que distintas perspectivas llaman la atención acerca de la presencia en el agro de formas organizativas que “promueve” externamente la sociedad civil. Continúan y ganan notoriedad al entrar en las últimas dos décadas del siglo XX.

A la vez se identifica –como subraya Bartra– el dificultoso camino de estos grupos para capitalizarse, en particular ante la urgencia que presupone su condición de existencia en grupos marginados. La ruptura a considerar es entre un cacicazgo tradicional hacia uno que asienta su representación sobre los recursos.

Los trabajos sobre el Grupo Cooperativo Quali, en sus distintos grados de profundidad y orígenes disciplinares, tienen nexos frondosos con los problemas que propone la bibliografía general. El estudio crítico acerca de las dificultades y posibilidades que implican la condición de externalidad son un elemento central para este trabajo. En particular, hay una común preocupación por el tipo nacimiento, el papel de los recursos y financiamiento, la toma de decisiones y el uso político, así como por el factor técnico para escrutar la independencia de estas experiencias.

Último, pero no menos importante, resulta el hecho de que este libro nutre líneas de trabajo que ubican preguntas similares. Se asimilan un importante cuerpo de conceptos y desarrollos empíricos.

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