Conocimientos científicos y tecnológicos como insumos del agronegocio en Argentina

Cecilia Gárgano

Introducción

Desde mediados de la década de 1990, la expansión en Argentina de una agricultura basada en la producción intensiva de soja transgénica y otros cultivos subsidiarios ha sido crecientemente estudiada, atendiendo mayormente a sus efectos sociales, ambientales y económicos. Este capítulo se propone analizar el papel de la producción hegemónica de conocimiento científico y tecnológico en este proceso. En primer lugar, por su crucial importancia en los cambios materiales acaecidos en los espacios rurales. En segundo, por las crecientes implicancias políticas, sociales y ambientales de los saberes producidos en ámbitos privados y estatales. Por último, debido a su significativa presencia en diversos discursos sobre el modelo agrícola dominante. Como parte de una línea de investigación más amplia que analiza el rol de los saberes científicos en las problemáticas socioambientales del espacio rural argentino, este trabajo aborda la trayectoria de una de las principales agencias estatales dedicada a la investigación en tecnología agropecuaria y producción agrícola: la Estación Experimental Agronómica Obispo Colombres (EEAOC).

El objetivo general es analizar las relaciones entre Estado, científicos y empresas, y las implicancias políticas y socioambientales de los saberes generados. En particular, el texto busca problematizar concepciones vigentes sobre el funcionamiento de la EEAOC, a partir de discursos de algunos de sus integrantes y funcionarios del sector y su vinculación con: i) su propia trayectoria; ii) sus agendas de investigación, específicamente en torno a la obtención de una variedad estatal de soja transgénica; iii) transformaciones políticas y socio-económicas del espacio rural. La elección del caso responde a dos razones claves. Por un lado, se trata de una institución pionera, creada en 1909 en la provincia de Tucumán, por lo que su trayectoria atraviesa buena parte de la historia argentina. Por otro, actualmente es señalada por decisores políticos del área de Ciencia y Técnica como modelo exitoso de referencia en materia de políticas de vinculación tecnológica y desarrollo científico. En este sentido, se indaga qué parámetros son los que operan en esta caracterización, en qué medida es producto de una construcción asociada a trasformaciones socio-económicas y disputas, cuáles son las autopercepciones de algunos de sus científicos y técnicos sobre sus propias prácticas, y cómo se vinculan con la trayectoria de la Estación Experimental. En función del estudio de la trayectoria de la EEAOC, interesa abordar para qué y para quiénes es producida esa (tecno)ciencia.

La hipótesis de este capítulo es que existe una ciencia de carácter empresarial, legitimada por una serie de validaciones del accionar de la EEAOC que configuran una noción hegemónica de la utilidad del conocimiento, a partir de una alianza entre saberes expertos y no expertos (y sujetos colectivos e individuales que los encarnaron) en la que el Estado ocupa un rol destacado. Se analizan diversos materiales documentales (prensa gráfica, documentos institucionales, fuentes secundarias especializadas) y discursos de científicos y técnicos, relevados durante un trabajo de campo realizado en la Estación Experimental.

Se indaga una de sus agendas de investigación: la obtención de Munasqa RR, la primera variedad estatal de soja transgénica. Al mismo tiempo, se exploran discursos de algunos de los integrantes de la institución y de funcionarios del área, analizando autopercepciones de las prácticas científicas y el rol que ocupa la conceptualización de un conocimiento útil en ellas. Finalmente, se recuperan los aportes alcanzados y se enuncian nuevas dimensiones de investigación.

La Estación Experimental Obispo Colombres

La EEAOC es una de las primeras instituciones dedicadas a la investigación y desarrollo de tecnología agropecuaria de Argentina. Su creación en 1909 estuvo precedida por la transformación del Departamento Nacional de Agricultura en Ministerio, en 1899, situación que a su vez fue acompañada por la promoción de planes de extensión rural y la creación de numerosas estaciones agrícolas, granjas experimentales y escuelas agronómicas a nivel nacional (Graciano 2017). Se distinguió desde sus inicios por implementar un esquema organizativo que aún orienta sus planes de trabajo y su financiamiento. Si bien se trata de una institución estatal, autárquica y dependiente del gobierno provincial, su Directorio está compuesto por representantes del sector agroindustrial, empresarios de los principales rubros de la producción agrícola tucumana. Y su financiamiento depende de una tasa fijada por ley para las diversas producciones agrícolas y agro-industriales, que están gravadas con un porcentaje que se destina a la Estación Experimental. El impulsor del proyecto de creación y primer presidente de la EEAOC, Alfredo Guzmán, por entonces era senador provincial y dueño de un ingenio azucarero. En diversas estadías en el exterior había observado que los ingenios tenían su propio departamento de investigación, y con ese espíritu propuso que en lugar de que cada ingenio desarrollara el propio, existiera uno común que investigara para dar soluciones a sus problemas.

Este modelo organizativo, de institución pública en buena medida financiada y “dirigida por” el sector privado, originalmente se plasmó en una Junta Asesora, integrada por tres de los principales plantadores de caña de azúcar de la provincia. Actualmente, el Directorio es designado por el Poder Ejecutivo provincial, que usualmente “les pide nombres a las cámaras gremiales de cada uno de los sectores. A la Sociedad Rural, a la Asociación Tucumana del Citrus, etc.” (Ploper 2016, entrevista). A su vez, estos representantes eligen anualmente al presidente y al vicepresidente. Este esquema lleva a muchos de los integrantes de la EEAOC a enfatizar que es una institución que desde sus inicios está directamente conectada a las “necesidades del sector”. De este modo, el lema institucional rescata que la prioridad es “encontrar soluciones” y el perfil buscado para los investigadores no es el de publicadores seriales de papers, sino el de aquellos que pueden articular la investigación a necesidades productivas.

En 1996, durante la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem, su secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Felipe Solá, autorizó la introducción de una nueva variedad de soja en suelo argentino. Se trataba de la hoy famosa soja RR. Una variedad modificada genéticamente mediante la técnica de transgénesis con el objetivo de volverla resistente al herbicida glifosato, comercializado bajo la marca Roundup Ready por la firma Monsanto, hoy fusionada con Bayer. Comenzaba un esquema productivo que iba a hacer de este cultivo un monocultivo en expansión, en lo que tiempo después sería caracterizado como un “desierto verde” (Teubal 2001). La EEAOC no permanecería al margen.

Munasqa, soja transgénica estatal

Las investigaciones y ensayos en el cultivo de soja fueron realizados durante más de cuarenta y cinco años en la EEAOC, pero recién a partir de 1996 sus investigadores profundizaron sus producciones (Devani, Ledesma, Lenis y Ploper 2006). Los primeros estudios sobre el cultivo habían sido publicados por la Estación Experimental en una fecha muy temprana, 1912, alertando sobre su aptitud para los suelos del este y el sur tucumano. Durante las décadas posteriores no formó parte nodal de su agenda, hasta mediados de la década de 1960. En 1970 impulsó el cultivo en la región, que para entonces era prácticamente inexistente en el país. En esa etapa inicial produjo bebible de soja para ser distribuido en distintos hospitales, en asociación con el Ministerio de Salud Pública de la provincia. También intervino en la industrialización de harinas de soja para consumo y la extracción y purificación de aceites (Ploper, Fadda y Olea 2009). Sin embargo, recién a fines de la década de 1990 intensificó las investigaciones. Precisamente en un momento en el que la oleaginosa ocupaba un lugar destacado en el esquema productivo local y la expansión de la superficie sembrada con soja transgénica se incrementaba a pasos agigantados. El mapa rural local estaba cambiando drásticamente.

En buena medida este nuevo escenario fue continuidad del proceso de agriculturización iniciado en la segunda mitad de la década de 1970, en tanto profundizó la expansión de la frontera agrícola y la desaparición de franjas de agricultores de menores recursos. Al mismo tiempo, supuso la irrupción de nuevas problemáticas sociales y ambientales. Como señalan Giarraca y otros (2005), el proceso de “sojización” daría paso a partir de esta década a una “agricultura sin agricultores”. Las dislocaciones en la estructura social agraria que acompañaron este proceso incluyeron alteraciones en la organización del trabajo rural y una mayor concentración de la tierra. El aumento del contratismo, la desaparición de agricultores familiares, la extensión de los contratos accidentales como sistema de arriendo y la consolidación de la polarización social en el medio rural ─producto del encarecimiento del paquete tecnológico básico─fueron algunas de sus consecuencias visibles (Teubal, Domínguez y Sabatino 2005).

En simultáneo, comenzaron a hacerse oír voces que, desde la sociedad civil primero, y desde la Academia después, empezaron a cuestionar los daños en salud humana y en el ambiente derivados del uso de agrotóxicos asociados a los cultivos transgénicos, en particular al glifosato al que la soja RR es resistente. Desde el ámbito científico, una de las primeras voces críticas fue la del investigador Andrés Carrasco. Antes de publicar los resultados de sus investigaciones ─sobre efectos nocivos de exposición al glifosato asociados a malformaciones de embriones anfibios y pollos─ en revistas internacionales, lo hizo en abril de 2009 en el diario Página 12, consciente de la necesidad y responsabilidad de darlos a conocer en forma masiva y urgente (Blois 2016). Dentro de los movimientos sociales, fueron pioneras las Madres de Ituzaingó, barrio cordobés del mismo nombre afectado por las fumigaciones. También el Grupo de Reflexión Rural cumplió un rol pionero en la realización de campañas contra las fumigaciones con agrotóxicos y relevamientos. Estudios como el de Pérez y otros (2007, 2311) han caracterizado lo sucedido en Argentina como un “experimento ecológico no planificado de gran escala” de consecuencias negativas y aún no comprendidas para los ecosistemas naturales, en particular para los ambientes acuíferos. Desmontes, degradación del suelo por falta de rotación de cultivos, y contaminación de fuentes de agua han sido las principales implicancias ambientales señaladas (Lajmanovich 2019; Jergentz et all 2005; Faccini 2000; Benbrook 2003, entre otros). También se ha destacado que los transgénicos no garantizan mayores rindes (Lapegna 2019; Benbrook 2001). Por el contrario, y pese a los discursos que los acompañan, suponen un mayor uso de insumos químicos. En el caso de la soja RR, un uso intensivo para dar respuesta a las nuevas malezas resistentes que configura un “círculo vicioso transgénico” (Binimelis et all. 2009).

Entre 1990 y 2011 el área sembrada con soja RR pasó de poco menos de 5.000.000 de hectáreas a casi 19.000.000, y la producción, de 10.862.000 de toneladas a 40.100.197 (Gras 2013,76). En Tucumán también se introdujo en la campaña 1996/97, y se expandió con igual velocidad. Mientras que en la campaña 1999/2000 ya ocupaba el 85% de la superficie sojera nacional, en el caso tucumano la superficie sembrada con soja transgénica pasó de 1.000 hectáreas en 1996/97 a 65.000 en la campaña 1999/2000 (Natera Rivas y Bastista Zamora 2005). Esta variedad se asoció así a la ampliación de la frontera agrícola hacia áreas hasta ese momento marginales para su cultivo. En el marco de este proceso, a partir del año 2000 la EEAOC produjo nuevas variedades de soja transgénica.

Munasqa RR fue desarrollada por el Programa Granos. En el 2001 se convirtió en la primera variedad de soja resistente al glifosato liberada por una institución estatal en la Argentina, y su alcance fue de gran repercusión en los productores del NOA y NEA (Tucumán, Salta, Chaco, Santiago del Estero) y norte de Santa Fe. De hecho, las redes de ensayo no se restringen a Tucumán: están ubicadas en Salta, Santiago del Estero, Catamarca. Poco tiempo después, su uso se extendió a Bolivia y Paraguay, donde fue liberada en 2006. También a Sudáfrica, donde la inscripción de las variedades de soja de la EEAOC se realiza a través de la empresa Sensako. Las principales características de Munasqa radican en su adaptación a períodos de estrés hídrico, buen comportamiento al vuelco, bajo desgrane y resistencia a algunas enfermedades propias del NOA, como “cancro del tallo”, “mancha ojo de rana”, “tizón bacteriano” y “mildiu” (EEAOC, web). Uno de los investigadores del Programa señala al respecto:

Fue la primera variedad de soja resistente al glifosato que fue obtenida por una institución oficial, todo el resto venía de empresas privadas. Realmente ha sido interesante el aporte que se pudo hacer desde acá, y poder llevar tecnología de Argentina a otros países como Bolivia, donde ocupa más del 50% de la siembre de soja. Desde ese lado la institución aporta no solamente para la región o para el país, inclusive para los países limítrofes (Ledesma entrevista, 2016).

Por su parte, el director de la EEAOC enfatiza:

Somos una institución pública. El financiamiento viene del sector privado, pero al ser retenidos esos fondos por ley, somos públicos. Porque es compulsiva la retención, es por ley. Entonces son fondos públicos, se tienen que manejar como todo fondo público. Esa es la fortaleza de esta articulación pública-privada (Ploper entrevista, 2016).

En el primer discurso del investigador aparece una oposición con el sector privado, remarcando como rasgo distintivo positivo que Munasqa es una variedad producida en “una institución oficial”, a diferencia del resto de las variedades RR que son obtenidas por empresas. La obtención de esta variedad es presentada así como un rasgo diferenciador, que podría dar a entender que estos dos sectores persiguen objetivos distintos. Al mismo tiempo, en el relato del director de la EEAOC lo que se rescata es la articulación entre ambos sectores, “público” y “privado”, en línea con los propios fundamentos presentes en el relato de la historia de la institución. Así, la distancia (que diferencia con claridad lo producido en esta institución de lo generado por las empresas) o la cercanía (la “cooperación público-privada”, el trabajo en pos de necesidades productivas “concretas”) es presentada alternativamente en función del contexto. En este sentido, la definición de “público” parece restringirse a su sello y espacio institucional (“una institución oficial”). No está definido por las necesidades o problemáticas atendidas, que son corporativas, en tanto responden mayoritariamente a un único segmento dentro del sector rural. En cuanto al aporte institucional, se destaca que éste consiste en “llevar tecnología argentina a otros países”, como Bolivia. La cuestión nacional, así, aparece resaltada. En el mismo sentido, para el 110° aniversario de la institución se destacaba entre sus logros “Desarrollar una variedad de caña de azúcar transgénica con resistencia a glifosato, el primer desarrollo transgénico producido íntegramente en el país”. Ahora bien, en tanto tal, este “desarrollo nacional” no se mide en función de las problemáticas económicas, sociales o ambientales que pueda generar o resolver, sino según el pretendido origen de la tecnología difundida. Así, tampoco se cuestiona cuáles son los conflictos que se exportan bajo esta supuesta soberanía tecnológica.

En esta construcción, la retórica que equipara “público” a “estatal” omite precisar cuál es el rol del Estado en este esquema productivo en general, y en la producción científico-tecnológica analizada en particular. Mientras que el eje de lo público podemos entenderlo como un ámbito de lo común, donde están incorporadas necesidades y problemáticas ligadas al bienestar de las poblaciones implicadas, la agencia estatal en este proceso tiene otra significancia. Como señala Manzanal (2012) respecto al desarrollo rural, Argentina comparte con otros países de la región un modelo de desarrollo de carácter extractivista, concentrador y excluyente, en el que resulta vital el accionar del binomio que construyen capitales transnacionales y gobiernos locales. Si analizamos el proceso de producción de conocimientos, el binomio se amplía: Estado, empresas y científicos operan en un mismo entramado.

Al igual que en otros programas de mejoramiento, las nuevas líneas de variedades son inscriptas en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y deben pasar por instancias regulatorias de control para su aprobación. En estas instancias, el Estado asume una lógica empresarial. Por otro lado, si bien permanecen como propiedad intelectual de la institución, frecuentemente son vendidas mediante convenios de vinculación tecnológica con empresas privadas a las que se les cede la explotación comercial. Esto es visto como una solución a la falta de capacidades propias. En tanto, como señala uno de los investigadores del Programa, una vez obtenido el producto “no tenemos la capacidad para hacer la multiplicación a gran escala. Por eso la necesidad de asociarnos con empresas que lo comercializan”. Como sucede con el funcionamiento integral de la EEAOC, el Programa Granos, y dentro de él las investigaciones en soja, se financian primordialmente vía la retención que se les efectúa a los productores de un porcentaje (el 0,5%) de la comercialización. Al mismo tiempo, las variedades generadas, como Munasqa RR, producen un ingreso que también se destina a financiar las investigaciones. Una tercera vía es aportada por el gobierno provincial. En rigor, el financiamiento estatal indirecto es más amplio, ya que buena parte de los becarios e investigadores dependen del CONICET. Finalmente, el programa ofrece servicios pagos a terceros que también son parte de su financiamiento, por ejemplo, evaluación de cultivares para distintas semilleras.

¿Qué rol juegan, entonces, los conocimientos científicos y tecnológicos en la actual forma de explotación y producción del agro argentino? El caso mencionado de la soja RR no es menor, considerando la velocidad y el volumen de su expansión. Al mismo tiempo, es ilustrativo de un modo de organizar la producción científica y tecnológica que lo excede ampliamente. El agronegocio supone una forma de organización de la producción agrícola basada en el empleo de biotecnologías, un intenso ritmo de innovación tecnológica, altos requerimientos de capital, participación creciente del capital financiero y reorganización del trabajo y de la producción (Gras y Hernández 2013,74-75). Por esto, el rol de los saberes científicos y tecnológicos implicados es clave. Como se enfatizó, esta reorganización productiva está ligada a la profundización e irrupción de profundos problemas ambientales y sociales. ¿No resulta vital, entonces, cuestionar la ligazón entre estos conocimientos implicados, su forma de producción y dichas problemáticas?

Desde la revolución verde en adelante los procesos de obtención de semillas modificadas (por entonces, en su mayoría variedades híbridas) han intensificado en forma sincrónica el rol creciente de las innovaciones científicas y tecnológicas, y la exclusión de las voces de las comunidades rurales directamente implicadas. Mientras que en el pasado el aumento de los rendimientos agrícolas estuvo acompañado de un notable incremento de la dependencia de los agricultores respecto del mercado, en la actualidad la conformación de paquetes tecnológicos cerrados (compuestos por semillas modificadas, insumos a los que son resistentes y prácticas de siembra como la siembra directa) coarta su autonomía y fomenta la desaparición de aquellos sujetos sociales agrarios que no pueden acceder a ellos. Se construye así un circuito que posee una dinámica virtuosa en términos de rentabilidad esperada y generación de nuevas investigaciones, cuyo reverso es igualmente potente en términos ambientales y sociales, aunque con signo opuesto. Las resistencias de los cultivos a determinadas enfermedades o malezas son acompañadas de otras resistencias y sensibilidades no buscadas originalmente, provocadas usualmente por el uso intensivo de agrotóxicos, que son resueltas con un nuevo producto combinado (semilla modificada, asociada por su resistencia a determinado insumo). El paquete tecnológico cerrado y el círculo comercial se retroalimentan. En ese esquema, los efectos no deseados (por ejemplo, una nueva resistencia), lejos de ser un problema, amplían el alcance del paquete en ambos sentidos (técnico y mercantil).

Al mismo tiempo, mientras que en el pasado los enfoques propios de la modernización agrícola de las décadas de 1950 y 1960 postularon la necesidad de cambiar la mentalidad del agricultor, desde fines de la década de 1970 esta idea fuerza se inscribió plenamente en la lógica mercantil y en la reconfiguración de un espacio rural signado por la concentración de capital y la polarización social (Gárgano 2020). En la actualidad persiste el fomento a una nueva cultura emprendedora y una justificación cercana al determinismo tecnológico, que asocia linealmente mayor difusión tecnológica, mejores rendimientos y elevación del nivel de vida de la población. Así, los programas de investigación de la EEAOC se organizan en función de los principales cultivos de la zona (caña de azúcar, citrus y granos) y, según explican sus investigadores, su objetivo fundamental es “aumentar la productividad de los cultivos de la región” (Ledesma 2016, entrevista). Cabe preguntarse: ¿a quién beneficia este objetivo general y la generación de una nueva variedad de soja transgénica en particular? La elección de una técnica, en este caso la transgénesis, y en términos más generales la definición de la agenda de investigación habilita determinados intereses sociales y económicos como prioritarios y omite otros.

El objetivo de “aumentar la productividad” es mencionado en diversas instancias, que abarcan desde definiciones en materia de políticas económicas y sectoriales hasta los discursos de los científicos que protagonizaron esta investigación. Este objetivo es presentado a través de dos operaciones. Por un lado, mediante la presentación de un interés corporativo como universal. Por otro, despojando esta finalidad ─aumentar los rendimientos─ de sus costos sociales y ambientales.

A veinticuatro años de la aprobación en Argentina de la primera soja transgénica diseñada para ser resistente a glifosato, los efectos nocivos de la intensificación del uso de herbicidas en la salud humana y el deterioro de suelos y cursos de agua es parte de los escenarios de gran parte de los espacios rurales del país. Sin embargo, el mundo de estos padecimientos y el de la generación de investigaciones que amplían la expansión de esta agricultura permanecen como dos compartimentos estancos. Tácitamente, se niega esta incidencia o se asume que existen territorios y cuerpos que deben ser sacrificados en nombre de un objetivo construido como necesario e ineludible.

Autopercepciones de la ciencia empresarial

El 103 aniversario de la EEOC incluyó una serie de festejos, en los que participó el entonces ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. En esa ocasión, el ministro remarcó que se trataba de una institución “emblema de un cambio a seguir”. Más específicamente, afirmó que estaba ante una “institución ejemplo” para todo el país que había sabido dar “soluciones concretas a problemas de la producción”. En el acto participaron funcionarios públicos, directivos de la Estación Experimental y empresarios del sector, entre ellos el públicamente conocido Gustavo Grobocopatel. El apoyo no fue meramente retórico. En 2002 el personal pasó de cincuenta y tres a noventa y seis miembros, en la actualidad el plantel lo componen más de cuatrocientas personas. A su vez, hoy es parte de una Unidad Ejecutora de CONICET de doble dependencia: ITANOA. Según Daniel Ploper, investigador de CONICET y director de la EEAOC, este crecimiento tuvo que ver con el escenario productivo en tanto “En el 2003 se reactivó la industria, se reactivó el campo” (Ploper 2016, entrevista). La definición de las agendas de investigación a partir de este contexto es relatada remarcando su función de generar ciencia y tecnología “a demanda”:

Nosotros acá hacemos investigación por demandas, no investigación por oferta. Otras instituciones, las universidades y el mismo CONICET, trabajan por investigación por oferta. Acá vienen los señores y dicen que acá hay que investigar sobre esto, esta es la prioridad que tenemos. Y estos señores, como digo, se reúnen todas las semanas… Ni el mismo consejo directivo del INTA tiene ese poder. Acá tiene poder absoluto el Directorio, no hay línea que valga, ellos deciden y bajan las instrucciones (Ploper 2016).

Esta forma de organizar las prioridades de investigación, mientras es presentada como un rasgo valioso y diferenciador, nos brinda herramientas para comprender cómo opera la alianza entre expertos y no expertos que sostiene el tipo de ciencia y tecnología producidas. Así, en palabras de una investigadora, “cómo se define la agenda de la investigación básicamente viene por una cuestión de demanda de los productores”. ¿Quiénes son, entonces, los “no expertos” que están representados y habilitados a tomar decisiones dentro de la Estación Experimental? Se trata de representantes de los poderes fácticos de la dinámica productiva local. El Directorio cuenta con dos representantes de la producción de cañera, dos del sector industrial azucarero, uno por los plantadores del citrus, otro por la industria cítrica, un séptimo representante por granos, otro por actividades ganaderas, un representante por agricultores tabacaleros y el décimo en representación del sector de horticultura. En resumen, el directorio lo integran representantes de los principales capitales agroindustriales de la región. No casualmente, de los diez integrantes cuatro pertenecen al sector azucarero, actividad que históricamente ha concentrado las principales ganancias de la provincia. Como señala la investigadora, dentro de la EEAOC sus integrantes consideran que “se trabaja para resolver, y esa es un poco la filosofía de la estación, resolver las problemáticas del sector agro-industrial” (Fogliata 2016, entrevista).

Este sesgo no se limita a la construcción de las agendas “duras”. Si se observan los contenidos del área de Economía, abunda la generación de datos estadísticos, valores brutos e información de costos. Investigaciones centradas tranqueras adentro, sin conexión con las problemáticas económicas y sociales del espacio rural local, ni de su articulación con otros espacios. La provincia de Tucumán tiene una población estimada de 1.592.878 habitantes (INDEC 2015). Un informe oficial del 2016 sobre la situación socio-económica de la provincia señala que la situación social refleja diversas deficiencias; en especial, los indicadores asociados a calidad de vida (red de gas, desagüe de red, capacidad de subsistencia) y sanidad (tasa de mortalidad infantil y materna, población no cubierta por obra social, nacidos vivos con bajo peso al nacer) resultan superiores al promedio nacional (MinEco 2016). En este marco, atravesado por una serie de problemáticas que reflejan la existencia de necesidades vitales insatisfechas, la informalidad del empleo se destaca con una tasa del 44,7%, superior a los niveles nacionales del 36,4%. El sector agroindustrial es uno de los que registra mayores irregularidades (MinEco 2016). Por ejemplo, la producción azucarera está concentrada en 15 ingenios en los que el grado de informalidad es de los más elevados de la provincia. En este sentido, cabe cuestionar: ¿por qué no es pertinente que la agenda de estudios de Economía agraria de un organismo estatal contemple problemáticas tales como el acceso a la tierra, las condiciones de habitabilidad y ocupación, su vinculación a los patrones productivos de la provincia? Nuevamente, su ausencia se explica por las características de la alianza entre conocimientos expertos, encarnados por científicos y técnicos del ámbito estatal, y no expertos, que representan a los principales capitales agrarios. En este sentido, a pesar de la incidencia de voces ajenas al campo científico, no se trata de un caso de incidencia social en las agendas de investigación, en un sentido democratizador como el propuesto por Illich (2006), sino más bien todo lo contrario. No hay presencia de sujetos sociales agrarios desplazados (productores familiares, asalariados rurales, población urbana desplazada, arrendatarios y un largo y heterogéneo etcétera) a quienes el incremento en los rendimientos producidos y exportados no modifica sus condiciones de existencia, ni se vincula a sus necesidades y realidades. Así, la exclusión de estas voces en la definición de los objetivos de las agendas de investigación es simultánea a la exclusión de determinadas ramas del conocimiento y enfoques, la jerarquización de objetos de estudio y la construcción de determinados problemas y soluciones.

Por otro lado, en línea con lo señalado previamente, una de las validaciones que se registran en los discursos de los integrantes de la EEAOC remite a su aporte en tanto producción nacional. Así, en el mismo aniversario aludido al inicio destacaban: “Somos internacionales porque, entre otras cosas, tenemos nuestras primeras variedades de soja en Sudáfrica, Bolivia y Brasil” (MINCyT 2016). Nuevamente, problemáticas ligadas a la soberanía tecnológica y la exportación de tecnologías locales aparecen dentro de las justificaciones. Y una vez más se habilita el interrogante. ¿Qué implicancias deseadas tendría un desarrollo tecnológico nacional? ¿Cómo se puede medir? ¿En función de la resolución de problemáticas locales, de respuestas a condiciones de vida de las poblaciones implicadas? Si ése fuera el caso, de mínima quedan dudas sobre el carácter sesgado de la consideración que se hace de éstas.

Al mismo tiempo, a diferencia del típico discurso de la “ciencia pura” (Pestre 2005), las vías de legitimación dentro de la EEAOC desde sus comienzos estuvieron asociadas a su capacidad de brindar soluciones concretas, rasgo que tiene una plena actualidad en los discursos presentes. Sin embargo, esta definición no obstaculiza la autoconstrucción de sus científicos y técnicos como políticamente irresponsables. Mientras que el cientificismo cumplió una función ideológica clave garantizando que los científicos no fueran considerados “responsables de los malos usos que se hicieran de sus descubrimientos” (Pestre 2005, 29), la legitimación registrada, centrada en la eficiencia práctica, también permite sostener la escisión entre los contenidos de las investigaciones, la omisión de sus efectos potenciales y su vinculación a problemáticas sociales y ambientales. En el espacio de la EEAOC, a diferencia de otros ámbitos, el relato de la ciencia pura no fue ni es dominante, pero las validaciones del accionar de este ámbito la comparten con el cientificismo, se trata de la misma función ideológica. Sostener y reactivar la escisión entre objetos y sujetos que conocen el mundo, la presentación de los resultados de las investigaciones como escindidos de intereses económicos, disputas políticas y sistemas de valores, y en consecuencia, como socialmente neutros. Estas validaciones en apariencia se encuentran muy distantes de los relatos cientificistas que reclamaban para sí una autonomía de otras esferas y se proclamaban carentes de intereses, en tanto asumen como valores positivos la generación de conocimientos “a demanda”, “útiles”, no producidos en torres de marfil sino en función de “necesidades concretas del sector”. Sin embargo, logran la misma operación: ocultar que son producto de una disputa social saldada en favor de intereses hegemónicos y que cumplen el rol de legitimarlos y reproducirlos.

Epílogo

En las últimas décadas los modos de hacer ciencia, los actores que intervienen y las formas de apropiación de los saberes producidos han transitado fuertes transformaciones. La articulación entre ciencia, tecnología y capital experimenta una intensificación en su interacción, de consecuencias múltiples. En el caso de los conocimientos implicados en el modelo hegemónico de producción agrícola en Argentina, su rol en la conformación y sostenimiento de la agricultura transgénica es tan relevante, como lo son sus efectos sociales y ambientales. Pese a esta centralidad, existe un escaso debate en torno a dichas implicancias. Tanto en las discusiones públicas en materia de ciencia y tecnología, como en los estudios críticos de esta agricultura, y aun en las múltiples resistencias sociales a este modelo productivo, la interpelación a cómo son organizadas estas agendas de investigación constituye una arena vacante. Sin embargo, la mercantilización del conocimiento y de la naturaleza es parte de un mismo proceso, en el que saberes científicos y tecnológicos son protagonistas en la obtención de nuevas semillas, prácticas agronómicas y productos asociados a ellas. Resulta imperioso, entonces, problematizar cuáles son las responsabilidades (políticas, éticas, sociales) de los científicos, cómo se organizan las relaciones entre ámbitos de investigación, capitales privados y poblaciones implicadas, qué voces definen las agendas y cuáles son desplazadas.

Más aún cuando, como en el caso estudiado, es el Estado el productor de estos conocimientos. Si la producción de estos cultivos no es realizada por empresas trasnacionales que dominan su mercado sino por una institución científica estatal, ¿los cuestionamientos en torno a sus efectos son los mimos? Presentada como un logro nacional, la producción de la variedad de soja transgénica Munasqa condensa buena parte de estas problemáticas.

A lo largo de la trayectoria de la EEAOC se fueron generando una serie de validaciones que configuraron una noción hegemónica de la utilidad del conocimiento producido, a partir de una alianza entre distintos saberes y sujetos colectivos e individuales que los encarnaron. Con sólidas fundamentaciones históricas, la literatura suele señalar la existencia de procesos de subordinación y colonización de conocimientos considerados “legos” o no expertos por parte de conocimientos expertos (por ejemplo, saberes tradicionales producidos por comunidades campesinas e indígenas son habitualmente cooptados o subordinados). Sin desconocer la envergadura de este fenómeno, y con la intención de aportar a comprender cómo interviene la producción cognitiva en las dinámicas socioambientales, cabe señalar que esta habitual subordinación de conocimientos no hegemónicos es acompañada por otra dinámica complementaria. El caso indagado evidencia que no son únicamente expertos quienes proponen y digitan las agendas de la Estación Experimental. Existen también voces no expertas, representantes de los poderes fácticos locales, que intervienen en forma activa a la par de los expertos. Se genera de este modo una alianza entre los conocimientos no profesionales que portan estos actores y los saberes profesionales desplegados por los científicos y técnicos de la EEAOC. Retomando los términos de Illich (2006), podemos considerar este caso como un ejemplo “al revés” de participación ciudadana en materia de ciencia y tecnología, ya que la articulación de saberes responde a intereses corporativos hegemónicos. En esta alianza el Estado ocupa un rol destacado, garantizando la conexión y produciendo una ciencia empresarial en la que tanto enfoques cognitivos como sujetos sociales quedan desplazados. El desafío, entonces, consiste en la construcción de un diálogo de saberes orientado a la transformación de las condiciones de vida, habitabilidad y producción en los espacios rurales, cuyo carácter urgente y político está dado por la disputa en torno a qué voces incidirán en su configuración. 

El alcance de esta dinámica tiene consecuencias materiales directas en las formas de organización de los suelos, las semillas, las producciones, todo un mundo vital, del que la voz de las poblaciones implicadas es excluida. Así, las expresiones locales del otro campo que subsiste a la sombra de los grandes capitales agrarios no tienen lugar ni en la definición de las prioridades de las investigaciones, ni en sus contendidos.

A su vez, identificar una alianza de carácter corporativa y hegemónica entre saberes expertos y no expertos, también valida la potencial existencia de otras articulaciones de saberes en las que se expresen intereses colectivos. En otras palabras, evidencia que pueden establecerse diálogos entre distintos tipos de conocimientos y a su vez señala que el carácter que adquiera esta definición es político, y como tal depende de las relaciones de fuerza que logren establecerse.

Cabe señalar que los discursos analizados incorporan la eficacia pragmática (Pestre 2005, 31) como un valor que justifica y a la vez valida el quehacer científico y técnico. Desde los orígenes de la institución no se apela a la creación del conocimiento por el conocimiento mismo, por el contrario, los objetivos pragmáticos son incorporados en forma explícita como valores y principios rectores. No obstante, el carácter supuestamente aséptico de la producción científica se traslada a sus usos al difuminar el rol de esos mismos saberes en el esquema productivo, y en las problemáticas en salud y en ambiente a las que éste ha sido asociado.

El carácter estatal del espacio analizado actualiza la necesidad de entender a los científicos involucrados como parte de la burocracia estatal. Y en tanto tal, como “arena movediza”, expresión material del Estado, brazo ejecutor de sus políticas y resultado de las disputas que se libran en su seno. Así, las instituciones, y quienes las componen, son agentes activos en la resolución de esos conflictos. En otras palabras, las instituciones estatales “no sólo son actores políticos, sino que además su ámbito de acción constituye un terreno de lucha” (Oszlak 2015, 325). Este análisis también nos permite analizar el rol del Estado en la promoción de una agenda científica y tecnológica articulada al proceso local de acumulación de capital centrado en el agronegocio. Una agenda que es tanto resultado de este modelo, como un insumo fundamental para su configuración. En este punto las dimensiones epistemológicas implicadas (cómo se construyen los objetos de estudio, qué ramas del conocimiento intervienen y bajo qué jerarquías, qué criterios técnicos se aplican, etc.) resultan indisociables de las políticas y económicas. La producción y apropiación de resultados de investigación se presenta así como parte constitutiva de un patrón de acumulación de corte extractivista, con sus respectivos costos para la sociedad y el ambiente.

Finalmente, partir de la trayectoria trazada, se sostiene que no es posible afrontar el análisis crítico del agronegocio y de sus injerencias socioambientales sin discutir, también, la lógica hegemónica de producción de conocimiento que interviene en esta matriz productiva.

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