Una relación en dos direcciones

Agostina Costantino

Desde fines de la década de los noventa y principios de la década de los 2000, comenzó a darse a nivel mundial, de manera masiva y sistemática, un fenómeno de grandes adquisiciones de tierras por parte de compañías extranjeras. Estas empresas comenzaron a realizar inversiones en tierras, sobre todo, en las regiones más relegadas y pobres del mundo (África, algunos países asiáticos y Latinoamérica) como una forma de escapar a las crisis económicas que comenzaron a darse desde ese momento en los países más ricos (la crisis de las puntocom en los 2000, y luego la gran crisis mundial originada en el sector financiero de Estados Unidos en el 2008). Todo esto, fomentado también por una escalada en los precios internacionales de las materias primas que volvieron muy rentables su producción (y, por ende, también la adquisición de tierras) y la emergencia de los capitales chinos y de otros países asiáticos que apuntalaron aún más el fenómeno.

En el caso de Argentina, luego de la devaluación del 2002 aumentaron exponencialmente este tipo de inversiones, pero no sólo en términos cuantitativos, sino que las características de las mismas cambiaron respecto de las inversiones en tierras de los noventa y las décadas anteriores. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2015 las medidas tomadas por el Estado potenciaron este fenómeno, período en el que además se profundizó el perfil más violento y expulsivo del territorio de campesinos, pequeños productores y comunidades originarias. El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, analizar los cambios y continuidades que el acaparamiento de tierras por parte de extranjeros tuvo en Argentina entre el gobierno macrista y los gobiernos kirchneristas. Por otro lado, buscamos analizar las implicancias (hacia adelante y hacia atrás) que el proceso de acaparamiento de tierras tiene sobre la soberanía alimentaria. Hacia atrás, en términos de las necesidades de los países que invierten; y, hacia adelante, en términos de los efectos de los cambios en el uso del suelo para el abastecimiento de alimentos en el país.

La estructura del artículo es la siguiente: en la primera sección se resumen las principales causas encontradas en la literatura que explican el surgimiento del fenómeno del acaparamiento de tierras a nivel mundial, y el argumento explicativo que se sostiene en este trabajo en torno a la teoría de la dependencia. En la segunda sección se presenta el contexto previo a la oleada de grandes adquisiciones por parte de extranjeros en Argentina en torno a la estructura de tenencia de la tierra y el uso del suelo. En el tercer apartado, se expone el análisis del proceso de acaparamiento de tierras durante el kirchnerismo y en el apartado cuarto se realiza lo propio para el periodo iniciado por el gobierno de Macri en diciembre de 2015. La siguiente sección analiza la relación entre acaparamiento de tierras y soberanía alimentaria. Por último, ofrecemos algunas reflexiones para aportar al debate sobre el tema.

Las causas que explican el surgimiento del fenómeno y la condición de “dependencia”

En la literatura suelen agruparse los factores explicativos del acaparamiento de tierras a nivel global en dos grandes grupos: aquellos primordialmente económicos y aquellos relacionados con las políticas públicas.

Entre los primeros, se encuentra el aumento en el precio que experimentan los alimentos y las materias primas desde fines de la década de los noventa, haciendo que la inversión en la agricultura sea cada vez más rentable. Según Cotula (2012), estas inversiones incluyen toda la cadena de valor agrícola, desde el control directo sobre la tierra hasta la provisión de servicios o la producción de fertilizantes. Otro de los factores explicativos del acaparamiento de tierras que podría considerarse primordialmente económico es el fenómeno de financierización de la agricultura, entendida como el mayor atractivo que comenzó a tener la tierra como una opción de inversión no sólo para las empresas de agro-negocios sino para operadores financieros interesados en incrementar los retornos y disminuir los riesgos (Cotula 2012; HLPE 2011). Las razones de esta financierización están, por un lado, relacionadas con el aumento en el valor de la tierra como consecuencia del aumento en el precio de los alimentos mencionado anteriormente y, por otro lado, con la búsqueda de disminución del riesgo de los portafolios luego de la crisis del 2008. La tierra es vista, en este sentido, como un activo seguro con elevados retornos esperados.^[1] La organización GRAIN ha publicado una lista con las inversiones en tierras de fondos de pensión públicos y privados provenientes de países de altos ingresos como Estados Unidos, Dinamarca, Nueva Zelandia, Suiza, Alemania y Reino Unido (GRAIN 2011).

En segundo lugar, dentro de los factores de políticas públicas, se encuentra la acción de algunos gobiernos como China o Arabia Saudita en respuesta al problema de la seguridad alimentaria derivado de la inestabilidad en los precios de los alimentos. En este sentido, los gobiernos de algunos países apoyan las inversiones en tierras en el extranjero (ya sea directamente por parte del gobierno o a través de inversiones privadas) para asegurarse el suministro de soja, palma, arroz, trigo y azúcar, entre otros (Cotula 2012; HLPE 2011; Borras et al. 2011). Además de la seguridad alimentaria, las políticas públicas, en apoyo a la inversión en tierras fuera del país, pueden estar también motivadas por consideraciones en torno a oportunidades de negocios (como es el caso de la estrategia “Going global” que tiene China desde 1999 para crear oportunidades de negocios fuera del país) o geopolítica (por ejemplo, las inversiones chinas en el sudeste asiático o las libias en África Sub-Sahariana) (Cotula 2012). Una última estrategia política que tiene una gran influencia en el acaparamiento mundial de tierras es el requisito obligatorio establecido por la Unión Europea de sustituir el 5% de los combustibles fósiles utilizados para el transporte con biocombustibles para el año 2020 (Swinnen, Vranken, y Stanley 2006; BBC 2012).

Si bien estos son los principales factores que se encuentran en la literatura para explicar por qué surgió el problema del acaparamiento de tierras, todos ellos se refieren a los incentivos que tienen o esperan tener los acaparadores de tierras (tanto gobiernos como empresas) para realizar estas inversiones a nivel global. Sin embargo, estos elementos no permiten distinguir cuáles son los criterios aplicados por los inversionistas en el momento de decidir en qué país o países han de invertir o quiénes son los que en mayor medida garantizan el logro de sus objetivos y los motivan a adquirir tierras. Es decir, los factores anteriormente enumerados se refieren a las causas subyacentes al fenómeno del acaparamiento en sí, pero no explican por ejemplo por qué se acapara tierra en Etiopía, en Sierra Leona y en Argentina, y no en Canadá, Estados Unidos o Sudáfrica. A pesar de lo relevante de esta pregunta, existen muy pocas investigaciones que se dediquen a investigar esta cuestión.

En este sentido, aquí queremos plantear que el destino de estas inversiones está relacionado con el rol que cumplen los distintos países en la acumulación de capital a nivel global, convirtiendo a este fenómeno en un mecanismo más de transferencia del valor producido en los países dependientes hacia los países centrales, propio del siglo XXI. La teoría de la dependencia afirma que la expansión del capitalismo a lo largo de la historia genera regiones y naciones diferenciadas desde el punto de vista de la apropiación y la generación del valor en países centrales (que son aquellos con mayor capacidad de apropiación del valor) y países dependientes o periféricos (que son aquellos que transfieren una gran parte del valor generado hacia los países centrales) (Osorio 2004; Marini 1991). La característica de la dependencia puede observarse en dos factores que, a nuestro modo de ver, permiten explicar el acaparamiento de tierras por parte de extranjeros:

1. Un factor externo, que responde a las necesidades de expansión de los capitales de los países centrales. En este sentido, un contexto de precios internacionales de las materias primas y los alimentos en ascenso abre dos espacios para valorizar el capital: la inversión en producción de bienes primarios y la inversión en tierras. Como consecuencia de este contexto de precios altos, a los objetivos de obtener ganancias de la producción y extracción de rentas de la adquisición de las mismas, se suma un tercer objetivo por parte de algunos países que buscan garantizar el abastecimiento de insumos y alimentos para sostener sus propios procesos de acumulación (como China, o los países árabes).

Dentro de este factor se aprecia la condición de dependencia del país, en tanto que todas las decisiones relacionadas con el mismo (los precios internacionales, las tasas de interés, los procesos de acumulación de los países inversores, etc.) quedan fuera de los alcances de un país dependiente y son tomadas desde los países centrales.

Tabla 1. Variables dentro del factor externo que explica
el acaparamiento de tierras

Variable	Relación con el acaparamiento de tierras
Precio de las materias primas	Determina la rentabilidad de la producción de las materias primas (si aumenta la rentabilidad, aumenta el acaparamiento de tierras)
	Forma parte del precio de la tierra (si aumenta el precio de la tierra, aumenta el acaparamiento)
Tasa de interés	Forma parte del precio de la tierra (si aumenta el precio de la tierra, aumenta el acaparamiento)
Precio de la tierra	Si está en ascenso, hace rentable la compra de tierras
Características de los patrones de acumulación de los países centrales	Determina las necesidades de aprovisionamiento de determinados bienes

Fuente: construcción propia.

En efecto, el Cuadro 1 muestra las variables incluidas dentro de este factor externo. Si aumenta la renta de la tierra (influida por el precio de las materias primas) y el precio de la misma y las características de la acumulación en los países con suficiente capital para exportar son tales que requieren garantizar el abastecimiento de los bienes que se producen con la tierra, entonces ceteris paribus, esto estimulará el acaparamiento de este recurso en aquellos países que lo tengan disponible. Sin embargo, son necesarias también algunas condicionalidades internas a los propios países que ceden la tierra. Esto nos lleva al siguiente factor.

2. Un factor interno, relativo a la existencia de un modo de acumulación en los países que ceden tierras, que convalide esa necesidad de “globalización” de los capitales, a través de la apertura comercial y de capitales, la orientación de la producción al mercado externo y un rol del Estado como “facilitador” de dichas inversiones; es decir, poniendo a disposición bienes públicos (empresas, tierras, etc.), ayudando a la “resolución” de conflictos a favor del capital (reprimiendo, desplazando ocupantes de tierras, etc.), facilitando su entrada y salida (a través de leyes y políticas) y su funcionamiento (por ejemplo, a través de la autorización para desmontar campos).

Este rol del Estado no se basa simplemente, como mencionan muchos estudios, en la corrupción derivada del cabildeo por parte del capital extranjero, sino también en las posibilidades de captación de una parte de la renta de la tierra a través del sistema impositivo (con el menor costo político posible) y en el logro de objetivos de crecimiento, inversión, etc., que permitan legitimar su gestión.

En este sentido, la característica “dependiente” del proceso de acaparamiento también se expresa en este factor interno en la medida en que la configuración de un modo de acumulación orientado a la explotación de “ventajas comparativas” por parte del capital extranjero permitirá no sólo el desarrollo de estas actividades sino también la transferencia del valor producido hacia el exterior derivado de las mismas.

En síntesis, modos de desarrollo de países dependientes conjugados con lógicas de expansión de capitales trasnacionales orientados no sólo a la obtención de ganancias, sino también a la extracción de rentas a partir del monopolio sobre la tierra ha producido en los últimos años el fenómeno del acaparamiento de tierras en estos países.

El contexto previo en Argentina: concentración de la tierra y cambios en el uso del suelo

En el caso de Argentina, si bien las inversiones extranjeras en tierras ya existían en el país desde antes, a partir de 2002 cambia la naturaleza de las mismas: no sólo aumentan exponencialmente las adquisiciones en términos cuantitativos, sino que cambian sus características cualitativas. El contexto previo a esta oleada de inversiones estaba caracterizado por una elevada concentración de la tierra y por un cambio en el uso del suelo (expansión de la soja hacia todo el país) que ya había comenzado a darse en la década anterior. Por un lado, un proceso de “exclusión silenciosa” en el que la apertura de la economía, la desregulación del agro y las malas condiciones del mercado (en términos de precios, tasas de interés, tipo de cambio, etc.) obligaron a muchos pequeños y medianos productores a abandonar (vender o entregar a los bancos) sus campos.

El panorama durante el kirchnerismo: las contradicciones de un modo de acumulación

A partir de la devaluación de 2002 aumentaron las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en el país: el promedio anual de hectáreas adquiridas por inversores extranjeros pasó de 94.123 hectáreas en el periodo 1992-2001 a 215.561 hectáreas en el período 2002-2013; mientras que el tamaño medio de las transacciones pasó de 32 mil a casi 63 mil hectáreas (Costantino 2016).

Las ventas de tierras durante la etapa 1992-2001 responden a la crítica situación por la que pasaban los productores familiares: los bajos precios de las materias primas de exportación, las altas tasas de interés reales y, a partir de 1998, la recesión por la que pasaba el mercado interno significaron una gran problemática para los productores familiares endeudados que se vieron imposibilitados de pagar sus deudas y, en muchos casos, decidieron vender sus propiedades (en otros casos, los campos fueron directamente rematados por los bancos).

Este proceso de ventas existente durante la década de los años noventa (que es el que genera la escalada en la gran concentración de la tierra mostrada en el apartado anterior), comienza a multiplicarse aún más a partir de la devaluación del 2002. Además, como dijimos anteriormente, un contexto de precios internacionales de las materias primas en ascenso hace rentable la adquisición de tierras no sólo por el negocio mismo de la producción y exportación de esos productos, sino también por el negocio que implica la valorización del recurso tierra. En el primer caso, no sólo porque los precios internacionales comenzaron a ascender fuertemente en la década del 2000, sino también por la devaluación producida en Argentina, la inversión en la producción de materias primas se volvió un negocio muy rentable para el capital. Ahora bien, este contexto favorable para los precios de las materias primas generó, a lo largo de toda la década del 2000, un contexto también ascendente para el precio de la tierra, creando expectativas favorables para los negocios meramente inmobiliarios. Es decir, mientras los precios de las materias primas mostraran una tendencia creciente, impulsaban la valorización de la tierra tanto por el negocio productivo, como por el inmobiliario. Esta mejora en las condiciones del negocio inmobiliario de tierras rurales en el país fue creada, en mayor medida, por factores fuera del alcance de un país dependiente como Argentina; pero no por ello sin estar facilitado por determinados “factores internos”. Veamos.

A partir de la devaluación del año 2002 puede decirse que se abre una nueva fase dentro del modo de acumulación del país, es decir, manteniéndose las características estructurales se van a producir algunos cambios (especialmente en las políticas públicas y el modo de relación entre el Estado y la clase trabajadora).

Como parte de estos cambios, el papel de la adquisición de tierras por parte de extranjeros fue complementario a las necesidades del patrón de acumulación y, por lo tanto, fue un fenómeno muy beneficiado por toda una serie de programas y leyes que facilitaron su expansión y funcionamiento. En la medida en que la mayor parte de estas adquisiciones se realizó para la producción de materias primas para la exportación, el acaparamiento de tierras implicó una entrada de capitales tanto por el lado de la inversión extranjera como por el lado del saldo comercial (las dos principales fuentes de recursos externos en la fase abierta en 2002). En este sentido, ayudó a la vez a lograr el equilibrio macroeconómico externo y a balancear las cuentas fiscales, ambas condiciones necesarias para sostener la expansión de ramas creadoras de empleo como la industria o la construcción.

Todo esto fue posible gracias al plan de desarrollo implementado desde el gobierno y a la sanción de un marco legal (apoyado sobre el marco legal previo) que permitió la adquisición de tierras por parte de extranjeros a través de: (i) leyes que facilitan la entrada del capital extranjero en la economía; (ii) leyes que facilitan la entrada del capital extranjero en la tierra; y (iii) leyes que regulan la adquisición de tierras pero no se cumplen o no son operativas por la laxitud de sus restricciones. Los primeros dos conjuntos de leyes habían sido sancionados en etapas anteriores, mientras que las leyes del conjunto (iii) fueron sancionadas durante el kirchnerismo (ley de tierras, ley de glaciares, ley de bosques, ley de emergencia para comunidades originarias, etc.). La poca operatividad o el total incumplimiento de las mismas es lo que permite distinguir el discurso público que existía en contra del agro y las inversiones extranjeras y las políticas realmente aplicadas en este ámbito.

Una característica particular de la oleada de inversiones en tierra de la década del 2000, que la diferencia de las inversiones anteriores, es la naturaleza de los inversores (tanto el país de origen como el tipo de empresa) (Costantino 2015). Durante la década del noventa, el proceso de acaparamiento estaba mucho más concentrado en inversores de Estados Unidos y de Europa. En el caso de Estados Unidos (tanto las empresas con asiento en dicho país, como las empresas con asiento en Argentina pero que cotizan en Wall Street), se trataba en mayor medida de tres inversores: CRESUD, Tomkins Conservation y el magnate de los medios de comunicación Ted Turner. La aparición de países como China, India o Arabia Saudita significó la incorporación de un nuevo actor en el escenario del acaparamiento de tierras en Argentina en la década del 2000: las empresas estatales extranjeras. Se trata de empresas estatales (Heilongjiang State Farms Beidahuang Group, Metallurgical Construction Corporation) o para-estatales (Alkhorayef Group, Walbrook Group) que han adquirido tierras en Argentina con el objetivo principal de garantizar el abastecimiento de materias primas para sus países de origen.

Ahora bien, a pesar de esta novedad, las empresas provenientes de Estados Unidos siguen siendo las mayoritarias en el proceso de acaparamiento de tierras en Argentina. Si sumamos: (i) las tierras en manos de empresas con asientos en paraísos fiscales, pero cuyos accionistas son mayoritariamente de Estados Unidos (el 10.6% del total de tierras acaparadas); (ii) las tierras en manos de empresas con asiento en Argentina, pero cuyos tenedores de acciones son principalmente estadounidenses (el 9.6% de tierras); y (iii) las empresas con asiento en Estados Unidos (el 10% de las tierras), podríamos afirmar sin riesgo a equivocarnos que los capitales estadounidenses siguen liderando el proceso de acaparamiento de tierras, aunque con una participación menor que en la década anterior (30.2% en 2002-2013 versus 54.5% en 1992-2001). Se trata de empresas trasnacionales dedicadas a la producción agropecuaria y a la compra-venta de tierras. Aparece aquí, la empresa Adecoagro creada por George Soros a partir de la adquisición de la argentina Pecom Agropecuaria (del empresario Gregorio Pérez Companc) en el año 2002 (Adecoagro SA 2010). Esta empresa, junto con Cresud (que hasta el año 2000 también había sido propiedad de Soros), poseen más del 65% de las tierras adquiridas por capitales estadounidenses en esta etapa.

Por último, una de las dimensiones más importantes que caracteriza al proceso de adquisición de tierras por parte de extranjeros en la década del 2000 en Argentina se refiere a los objetivos de los inversionistas. Esto es así porque esta dimensión permitirá visualizar al proceso de acaparamiento de tierras en Argentina en esta etapa como una forma particular de transferencia de valor hacia los países centrales que depende, en mayor medida, de decisiones tomadas en base a cuestiones geopolíticas o de los propios procesos de acumulación de los países inversores. Todo esto, favorecido por los factores internos relativos a las características del modo de desarrollo y las políticas aplicadas en Argentina.

Debe resaltarse que todas las operaciones de acaparamiento de tierras registradas tienen un objetivo general que consiste en valorizar el capital. Esto significa aplicar el capital de distintas formas y en distintos circuitos, pero siempre buscando incrementar su valor mediante la obtención de ganancias. Sin embargo, justamente, el modo en que se lleva a cabo este objetivo general introduce diferencias que podemos analizar.

Durante la década de los noventa, las adquisiciones de tierras tenían, exclusivamente, objetivos de producción orientados al mercado: producción agropecuaria en mayor medida, conservación y turismo (sobre todo, en la etapa de precios de la tierra más bajos durante la crisis de la Convertibilidad). Luego de la devaluación del 2002 en el país y a partir del ascenso que comienzan a tener desde los noventa algunos países en el escenario del capitalismo mundial el panorama de la adquisición de tierras cambia en términos de los objetivos. Volveremos enseguida sobre este punto.

En definitiva, de un proceso de “exclusión silenciosa” en la década de los noventa, donde la expansión del gran capital se daba principalmente por las vías del mercado, se pasa en la década del 2000 a un proceso de exclusión por coacción explícita y por apropiación unilateral de los territorios de campesinos e indígenas por parte del capital extranjero, con ayuda del Estado. De conjunto, el proceso –analizado en cada una de sus dimensiones- muestra la profunda imbricación del modo de desarrollo argentino con el proceso de acaparamiento de tierras. De hecho, este proceso profundiza en esta fase la dependencia externa que caracteriza al modo de desarrollo, dejando cada vez menos espacio al control del patrimonio nacional con base en decisiones soberanas. Ahora bien, ¿qué ocurrió con este proceso y con el papel del Estado a partir de la llegada del nuevo gobierno en diciembre de 2015?

El panorama con Cambiemos: profundización de las tendencias

Durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri se pueden identificar algunos cambios respecto a la política en torno a la extranjerización de tierras. Estos cambios no representan un giro respecto de los que se venía haciendo, sino más bien se trata de la eliminación de las contradicciones presentes durante la gestión anterior en esta materia.

Como mencionamos, el gobierno anterior tuvo, al igual que en muchos otros temas, un comportamiento contradictorio respecto de la presencia del capital extranjero en el agro. Por un lado, alentaba su presencia otorgando permisos de desmonte, apoyándolo ante conflictos con comunidades, otorgándole beneficios, etc.; y por otro lado, fue durante el gobierno anterior cuando se sancionó la ley de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales n° 26.737, conocida popularmente como “Ley de Tierras” (Congreso de la Nación 2011), que regula la posesión de tierras en manos de extranjeros, y que fue sancionada gracias a la lucha y presión de muchas agrupaciones de chacareros, campesinos y ambientalistas. Entre otras cosas, esta ley estipula que la proporción de tierras en manos de inversores extranjeros (tanto a nivel nacional, provincial y municipal) no debía superar el 15% del total del territorio.

La eliminación de estas contradicciones fue el principal cambio que comenzó a aplicar el gobierno de Macri desde su asunción en diciembre de 2015. Así, el camino se va allanando con un claro sesgo en favor del capital extranjero, y eliminando todo tipo de traba para que éste ingrese al territorio y desplace a las comunidades que hasta ahora lo ocupaban.

Luego de esta aclaración, veamos cuáles son estos cambios. En primer lugar, a mediados de 2016 el presidente Macri eliminó por decreto algunos artículos de la Ley de Tierras. Los puntos más importantes luego de este decreto son (Poder Ejecutivo Nacional, Decreto Nº820, 2016):

1. Se define como “extranjera” aquella persona jurídica con, al menos, el 51% de participación de extranjeros en su capital, mientras que la ley establecía el 25%. O sea que, a partir del decreto, se contabilizarán “menos” extranjeros que antes.
2. No queda claro cuál es el límite máximo de hectáreas que pueden adquirir los extranjeros. Antes eran 1000 has. en la zona núcleo. El nuevo decreto dice textualmente: “Con respecto al cómputo del límite previsto en el artículo 10, primer párrafo, de la Ley Nº 26.737 [el de las 1000 has], cada límite para cada tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia funciona como tope máximo para dicho tipo de explotación y/o municipio, departamento y provincia y, a su vez, como tope máximo a nivel provincial y nacional.” La redacción es bastante confusa, y no termina de quedar claro cuál será el límite.
3. Se eliminan las sanciones en caso de incumplimiento de la ley. En la ley se establecían como sanciones: apercibimientos, multas, etc. Ese texto fue eliminado en el nuevo decreto.
4. Quedan fuera de los límites fijados por la ley las tierras que se encuentren catalogadas como “Zona Industrial”, “Área Industrial” o “Parque Industrial”; y las transmisiones de tierras rurales por herencia a herederos forzosos extranjeros. Antes, estas tierras estaban bajo la misma regulación de la ley de tierras, es decir debían cumplir los límites a la propiedad extranjera que la misma establecía.
5. No sólo la ley no afecta derechos adquiridos (esto ya era así), sino que este decreto agrega que, si un propietario extranjero que adquirió su tierra antes de la puesta en vigencia de la ley la vende, ahora o en el futuro, podrá “luego adquirir el equivalente a dichas tierras rurales”.

Las grandes empresas poseedoras de tierras rurales en Argentina han celebrado estas medidas. En el último informe a la Securities and Exchange Commission presentado por la empresa Adecoagro, se lee en referencia a las reformas realizadas por decreto por Macri a la ley de tierras: “La aplicación de las leyes relativas a la propiedad extranjera de las tierras rurales no tiene un efecto adverso en las tierras rurales actuales propiedad de nuestras subsidiarias argentinas” (Adecoagro 2016, 30). Sin embargo, inmediatamente después, se observa un tono amenazante en demanda de reformas más profundas: “Sin embargo, nuestras filiales argentinas pueden ser impedidas de adquirir tierras rurales adicionales en Argentina, lo cual puede afectar adversamente nuestra condición financiera y los resultados de nuestras operaciones” (Adecoagro 2016, 30).

El segundo cambio importante en este tema es la anulación de un convenio del año 2013 entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para que el Estado produzca él mismo sobre tierras públicas propiedad del Ejército. Como consecuencia de esto, desde 2016 se arrendaron más de 15.000 hectáreas a CRESUD y a MSU, dos grandes empresas que cotizan en bolsa, con un alto porcentaje de accionistas extranjeros. Frente a esta situación, la Federación Agraria Argentina ha manifestado públicamente y ante el gobierno su descontento, argumentando que esas tierras podrían haber sido adjudicadas a cooperativas de chacareros. De las más de 15.000 hectáreas licitadas el año pasado, sólo 200 fueron adjudicadas a este tipo de cooperativas.

Por último, el tercer punto importante que se puede encontrar durante el gobierno de Macri respecto a este tema es una mayor represión y una violencia aún más explícita por parte del Estado para proteger a los capitales trasnacionales de las demandas de las comunidades locales por las tierras o por el impedimento de acceso a los bienes comunes (caminos, ríos, lagos, etc.). Un ejemplo de esto es el caso de Cushamen, el municipio de la provincia de Chubut donde la propiedad de tierras en manos de extranjeros supero los límites establecidos por la ley, y donde desde hace años la comunidad mapuche demanda por tierras que les corresponden y que fueron apropiadas por Benetton. En enero de 2017, dicha comunidad sufrió una grave represión luego de la intervención de la Gendarmería Nacional en el conflicto por orden del gobierno nacional. En otra manifestación de la misma comunidad en agosto de 2017, la fuerte represión por parte de la Gendarmería tuvo como consecuencia un manifestante desaparecido y hallado muerto pasados más de tres meses del hecho. Otro ejemplo es el caso de Joseph Lewis, amigo personal de Mauricio Macri y propietario de miles de hectáreas en la Patagonia, que impide el acceso público al Lago Escondido. También fueron públicamente conocidas las manifestaciones de apoyo del Presidente a su amigo por este problema.

Respecto a este punto, las empresas advierten el “problema” que el conflicto social pueda llegar a causarles en sus operaciones y “amenazan” sobre las posibles consecuencias que pueden llegar a haber en caso de que el gobierno se incline a favor de los manifestantes. El informe a la SEC de la empresa Adecoagro afirma (Adecoagro 2016, 33):

Argentina ha experimentado una importante turbulencia social y política, incluyendo disturbios civiles, motines, saqueos, protestas a nivel nacional, huelgas y manifestaciones callejeras. A pesar de la recuperación económica y la relativa estabilización de la Argentina, continúan las tensiones sociales y políticas y los altos niveles de pobreza y desempleo. Actualmente, Argentina se enfrenta a protestas nacionales, incluyendo una huelga masiva general y varias protestas durante 2017.
Las políticas futuras del gobierno para prevenir o reaccionar ante el malestar social pueden incluir expropiación, nacionalización, renegociación forzada o modificación de contratos existentes, suspensión de la aplicación de los derechos de los acreedores, nuevas políticas tributarias, y cambios en las leyes y políticas que afectan el comercio exterior y la inversión. Tales políticas podrían desestabilizar al país y afectar adversa y materialmente a la economía argentina, y por ende a nuestros negocios, resultados operativos y situación financiera.

En definitiva, como mencionamos al principio, no se trata tanto de cambios como de una profundización de un esquema que durante el gobierno anterior presentaba no pocas contradicciones y que el actual gobierno ha decidido inclinar claramente en favor del capital extranjero.

El acaparamiento de tierras y la soberanía alimentaria

El fenómeno del acaparamiento de tierras se relaciona directamente con la problemática de la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Esta relación se da “hacia adelante” y “hacia atrás”. Hacia atrás, porque algunas de las razones por las cuales muchos países, en los últimos años, han implementado políticas de expansión hacia afuera para producir alimentos en otros países adquiriendo tierras, ya sea directamente por parte de los propios Estados o incentivando la inversión de privados. Esta política de intervención directa en la producción en el extranjero sustituye el abastecimiento de esos alimentos a través de las importaciones, lo cual va en línea también con mantener un control sobre ese abastecimiento, y garantizar la seguridad alimentaria. Es decir, esta razón, en última instancia, termina siendo geoestratégica.

Hacia adelante, porque las inversiones en tierras producen, en la mayoría de los casos, cambios en el uso del suelo en los países receptores de las mismas. Este cambio, por los propios objetivos de los proyectos, sustituye producción destinada al abastecimiento interno por monocultivos de exportación. Este proceso aumenta la inseguridad alimentaria de estos países que reciben las inversiones.

Figura 1. Acaparamiento de tierras y seguridad alimentaria

 

Una de las dimensiones más importantes que caracteriza al proceso de acaparamiento de tierras en Argentina durante los 2000 se refiere a los objetivos de los inversionistas^[2]. Esto es así porque esta dimensión permite visualizar cómo este fenómeno puede estar afectando a la soberanía alimentaria del país. El concepto de soberanía alimentaria fue impulsado por la Vía Campesina y el Foro por la Soberanía Alimentaria y se refiere al derecho de los pueblos a decidir sobre su propio sistema alimentario y productivo. Es concebido como la precondición para alcanzar la seguridad alimentaria, es decir, para que toda la población pueda acceder a una alimentación completa y sana es necesario tener en cuenta quién, qué, para qué y para quién se produce.

Debe resaltarse que todas las operaciones de acaparamiento de tierras registradas tienen un objetivo general que consiste en valorizar el capital. Esto significa aplicar el capital de distintas formas y en distintos circuitos, pero siempre buscando incrementar su valor mediante la obtención de ganancias. Sin embargo, justamente, el modo en que se lleva a cabo este objetivo general introduce diferencias que podemos analizar en este apartado. La primera distinción relevante es que, de acuerdo al tipo de demanda que tengan los bienes y servicios producidos, las inversiones en tierras se diferencian en dos grandes grupos: aquellas cuya producción se destina al mercado (compitiendo por los compradores), y aquellas que tienen la demanda asegurada. Estas últimas están guiadas por las necesidades específicas de un proceso de valorización en otra economía que requiere, por ello, garantizarse el abastecimiento de ciertos bienes. Por su parte, las inversiones cuya producción se destina al mercado pueden distinguirse, a su vez, en objetivos más específicos: producción primaria, turismo y conservación.

Tabla 2. Objetivos de las inversiones extranjeras en tierras en Argentina, 1992-2001 y 2002-2013

Fuente: elaboración a partir de la base de datos construida.

Como anticipamos, con posterioridad a la devaluación del 2002 en consonancia con el ascenso que comienzan a tener algunos países en el contexto del capitalismo mundial (como China o India), se suceden algunas modificaciones importantes en relación con los objetivos por los que se produce la adquisición de tierras. A partir de entonces, se duplican las tierras para producción agropecuaria, ganan importancia las adquisiciones para explotaciones mineras y surge un nuevo objetivo antes inexistente: el control de tierras para garantizar el abastecimiento de materias primas y alimentos de los países inversores. A continuación, explicaremos el devenir y las características principales de cada uno de estos objetivos.

Producción primaria para el mercado

Este objetivo se refiere a las adquisiciones de tierras cuyo fin explícito es la obtención de ganancias, no sólo a través de la producción primaria sino también a través de la valorización de las tierras adquiridas para lograr ganancias de capital. Las principales inversiones con este objetivo, tanto durante los noventa como en la década del 2000, son estadounidenses (a través de empresas con asiento en Argentina, en Luxemburgo y en Estados Unidos), mineras canadienses y agroalimentarias alemanas.

Dentro de las inversiones con este objetivo pueden encontrarse dos tipos diferenciados: por un lado, las adquisiciones de tierras por parte de empresas agroalimentarias que incluyen explícitamente el objetivo de la valorización de la tierra y, por otro lado, las adquisiciones por parte de grandes mineras trasnacionales. En el primer caso, ocupando un lugar preponderante están las inversiones de Adecoagro y Cresud. En los informes a la SEC (Securities and Exchange Commission) de ambas empresas aparecen como los principales negocios la producción agropecuaria y la “transformación de la tierra”. Respecto a la producción agropecuaria, producen granos, oleaginosas y ganado que luego venden a los grandes comercializadores y compañías industriales que la terminan exportando.

Ahora bien, además de esto, resulta importante lo que estas empresas denominan el objetivo de “transformación de la tierra”. Con esto se refieren a la adquisición de tierras que las empresas definen como “sub-desarrolladas” (sabanas y pastizales naturales) y “sub-administradas” o “sub-utilizadas” (tierras de pasturas o de agricultura mal administrada o manejada) y, mediante la implementación de tecnología de producción de vanguardia y las mejores prácticas agrícolas las transforman para hacerlas adecuadas para usos productivos más rentables.

Es decir, los objetivos de estas empresas no son sólo productivos sino también inmobiliarios y especulativos a través de la adquisición de tierra a bajo precio y su posterior venta a un precio mayor (ya sea porque el precio de la tierra aumentó como consecuencia del aumento en el precio de las materias primas o bien porque aumentó como consecuencia de las inversiones realizadas sobre la misma) (Adecoagro SA 2013; Cresud S. A. 2010). Entre 2006 y 2013, la empresa Adecoagro vendió más de 53.000 hectáreas de tierras generando ganancias de capital por, aproximadamente, 160 millones de dólares. Según la propia empresa, estas ganancias de capital se realizaron gracias a: (i) la adquisición de tierra a precios por debajo de su valor de mercado; (ii) el proceso de transformación de la tierra aplicado por la empresa; y (iii) la apreciación que tuvo la tierra por el aumento en el precios de las materias primas (Adecoagro SA 2010).

Por otro lado, están las grandes adquisiciones de tierras por parte de las mineras que parecerían tener sólo un fin productivo (y no inmobiliario como las agroalimentarias anteriores). En este caso se destaca la canadiense Pan American Silver con más de 235.000 hectáreas distribuidas en la Patagonia para la exploración y extracción a cielo abierto de oro, plata y plomo.

Conservación y turismo

Presentamos en este apartado de manera conjunta los objetivos relativos al turismo y la conservación porque están muy relacionados y, en muchos casos, hasta se trata de los mismos inversores. La literatura ha caracterizado a este tipo de adquisiciones como “acaparamiento verde”, es decir, la apropiación de tierra y recursos para fines ambientales, como un caso particular del acaparamiento de tierras (Fairhead, Leach, y Scoones 2012). En general, se presenta a este fenómeno como consecuencia del proceso de mercantilización de la naturaleza, es decir como una forma de creación de nuevas oportunidades de inversión, sobre todo en la etapa neoliberal. La “naturaleza” se ha vuelto un activo de negocios que genera ingresos a partir de los “servicios ambientales” que provee (emisión de oxígeno, agua limpia, bellos paisajes, control de plagas, etc.). Como contraprestación, entonces, los propietarios de los recursos que brindan esos servicios captan fondos (públicos o de organismos internacionales) para la conservación, obtienen ingresos por el eco-turismo, la venta de bienes orgánicos y sustentables, etc. Para lograr esto se han difundido (desde la academia, la prensa, las organizaciones de la sociedad civil, etc.) determinados “lenguajes de valoración” (Martínez Alier 2009) como el de la biodiversidad en peligro, la necesidad de biocombustibles, entre otros, que, más allá de su veracidad o falsedad (aquí no se está emitiendo opinión al respecto), justifican los cercamientos de las áreas naturales para evitar la extinción de especies o compensar la emisión de gases contaminantes en otras regiones y, además, permiten el surgimiento de mercados para comerciar los “bienes ambientales” (ahora convertidos en mercancía) (Kelly 2011). La Patagonia argentina, de hecho, es un caso paradigmático a nivel mundial en términos del acaparamiento de tierras en nombre de la protección del medio ambiente y la naturaleza, sobre todo durante la década de los noventa (Zoomers 2010).

Tanto durante la década de los noventa como en los 2000 la mayor parte de estas adquisiciones se realizó aprovechando coyunturas de precios de la tierra excepcionalmente bajos. En la primera etapa, el 97.9% de la tierra para turismo y conservación se adquirió entre 1997 y 2001, es decir, durante toda la etapa recesiva del ciclo de la Convertibilidad en que los precios de las tierras estuvieron constantemente a la baja. Mientras que en la segunda etapa, el 87% de la tierra para este objetivo fue comprada entre 2002 y 2003, es decir, mientras la economía aún estaba en recesión luego de la crisis de la década anterior y los precios de la tierra recién estaban empezando a recuperarse (aunque aún estaban por debajo de los precios de 1999).

Uno de los principales inversores es Douglas Tomkins a través de su fundación “Tomkins Conservation”. Este inversionista utiliza dos mecanismos distintos para sus adquisiciones, siguiendo un filosofía de “ecología profunda”, entendida como la naturaleza sin intervención humana, para lo cual transforma las tierras para dejarlas en un estado lo más “virgen” y silvestre posible. Por un lado, adquiere grandes estancias productivas que recupera introduciendo especies en extinción y reacondicionando el paisaje, la flora y la fauna. Una parte de estas estancias las arrienda para actividades productivas sustentables y ecológicas (para lo cual deben ajustarse a determinados estándares orgánicos y de manejo de recursos), y otra parte la destina al eco-turismo de lujo. De esta forma, al igual que como vimos en el caso de las empresas productivas que transformaban la tierra para aumentar su valor, en este caso sucede lo mismo y esto le ha permitido a Tomkins vender miles de hectáreas “recuperadas” en Argentina en los últimos años obteniendo importantes ganancias (Tomkins Conservation 2014; 2013). Por otro lado, este inversor adquiere grandes extensiones de tierras en lugares estratégicos en términos de recursos naturales, belleza paisajística y alto potencial ecológico (muchas de las cuales son adyacentes a parques nacionales ya existentes) para, en teoría, luego de recuperadas donarlas a los Estados para crear parques nacionales. La investigación de García (2004) mostró que, en realidad, esta compañía (asociada con fundaciones ecologistas nacionales, como Fundación Vida Silvestre) entrega provisoriamente las tierras al Estado (ya sea nacional o provincial) bajo la figura del fideicomiso imponiéndole una serie de condicionalidades de muy difícil cumplimiento (por ejemplo, establecer “parques marinos” –parques con mayor superficie de agua que de tierra- en menos de 3 años). Si las mismas no se efectivizan en un determinado plazo, el contrato permite a Tomkins recuperar esas tierras.

Además de Tomkins, dentro de este objetivo se encuentran otros grandes magnates que han adquirido tierras para explotar los paisajes de la Patagonia argentina a través de mega emprendimientos “eco-turísticos” de lujo, sólo accesibles a turistas de altos ingresos. Este es el caso de Ted Turner, Joseph Lewis y el holandés Hubert Gosse. El caso de Joseph Lewis ha resultado sumamente conflictivo pues, dentro del predio que adquirió del Estado se encuentra el Lago Escondido (público, según la legislación argentina), y el empresario cercó los accesos públicos para impedir el acceso libre y gratuito a aquel paisaje natural (un día en el complejo de Lewis cuesta más de U$S 1.700). En los tres casos se trata de grandes extensiones (muchas adquiridas a los propios Estados provinciales) con grandes reservorios de agua dulce y otros recursos estratégicos.

Si bien en Argentina no existe aún un mercado de bonos de carbono, el gobierno ya ha enviado en el año 2013 una propuesta a Naciones Unidas para la gestión del programa REDD+ (“Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación”) en el país (programa de aquel organismo que otorga financiamiento a los Estados y los propietarios de tierras que cumplan con determinadas normas en términos de forestación). Además, la Ley de Bosques sancionada en 2007 también prevé el otorgamiento de fondos para los dueños de tierras en pago por los servicios ambientales que brindan los bosques. Todos estos incentivos se suman a la obtención de ganancias derivadas de la explotación de emprendimientos turísticos y otros fondos de organismos internacionales que los dueños de grandes reservorios de recursos naturales pueden obtener por su conservación. Al igual que en el objetivo anterior, se trata de inversiones para producir bienes y servicios destinados al mercado. Es decir, más allá de las definiciones personales que tienen este tipo de inversores sobre sí mismos y sobre sus inversiones, poco de filantropía parece haber en las adquisiciones de tierras con fines ecológicos.

Muchos de estos casos se refieren a cercamientos de tierras estatales y de uso comunal, que previamente eran explotadas por campesinos o pueblos originarios con títulos precarios sobre esas tierras (o directamente sin titularidad). Por lo que, en todos estos casos, se trata de inversiones que producen un cambio drástico en el uso de la tierra, sustituyendo en muchos casos producciones para el abastecimiento local de alimentos por negocios en el sector de los “mercados verdes” y turismo ecológico para consumidores de altos ingresos.

Garantizar el abastecimiento de materias primas a sus países de origen

Una de las novedades del acaparamiento de tierras por parte de extranjeros en la década del 2000 son las adquisiciones con el fin de garantizar el abastecimiento por parte de determinados países, sobre todo países que en los últimos años vienen experimentando procesos de fuerte crecimiento e industrialización y que requieren del abastecimiento constante de materias primas para sostener estas tasas.

Tabla 3. Países que adquieren tierras en Argentina para garantizar abastecimiento de materias primas, hectáreas y %, 2002-2013

País	China	India	Arabia Saudita	Corea del Sur	Japón	Total
Hectáreas	320.000	273.700	212.306	20.000	11.000	837.006
Porcentaje	38.2	32.7	25.4	2.4	1.3	100

Fuente: elaboración a partir de la base de datos construida.

En primer lugar está China, que comenzó en el 2011 a hacer grandes adquisiciones de tierra en el país. Desde el 2010, China comenzó a invertir en Argentina en múltiples sectores estratégicos para el abastecimiento de materias primas necesarias para el proceso de acumulación de capital del país asiático. De esta forma, había invertido en el sector energético (compró el 50% de la petrolera argentina Bridas, del empresario Bulgheroni, y participaciones en la filial argentina de Occidental Petroleum, Exxon Mobil y Electroingeniería), en el sector de finanzas (el banco chino ICBC compró el 80% de Standard Bank Argentina S. A.), en el sector de transporte (trenes y joint venture con la automotriz argentina SOCMA), en el sector agrícola (joint venture con CRESUD) y en el sector químico (The Heritage Foundation 2014).

En el año 2010, la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farm Business Trade Group Co. firmó un acuerdo de cooperación con la provincia argentina de Río Negro para un proyecto agroalimentario que consistía en la inversión, por parte de los inversores chinos, en un sistema de infraestructura de riego para más de 300.000 hectáreas a lo largo de cinco valles lindantes al río Negro. Para realizar esto iban a tener múltiples facilidades por parte del gobierno y la concesión de la zona portuaria de San Antonio Este “sin cargo alguno” por 50 años (con renovación automática) (Gobierno de la provincia de Rio Negro 2010).

El acuerdo consistía en lo siguiente: la empresa realizaría la inversión en el sistema de riego y la misma se iba a computar como un préstamo a los productores que se vieran beneficiados por dicho sistema. Los productores seguirían produciendo ellos mismos sus tierras, pero a cambio del préstamo, debían producir sólo lo que la empresa china les pidiera y vender exclusivamente a ellos toda la producción. Si los productores no estaban dispuestos a esto podían vender o alquilar su tierra siempre que el comprador o arrendador se comprometa a producir los bienes encargados por la empresa china; de lo contrario las tierras podían ser expropiadas por el Estado. Además, los productores debían ceder el 30% de sus tierras como garantía por la inversión china y pagar, durante 20 años, la deuda por esta inversión (si no querían o no podían hacerlo, tenían la posibilidad de entregar el 30% de la tierra que habían puesto en garantía).

Es decir, si bien la empresa china no se apropiaba legalmente del 100% de esta tierra, sí pasaba a tener el control absoluto de la misma y de la producción. Los propietarios originales de la tierra devendrían en productores tercerizados produciendo por encargo para China (de productores independientes a “empleados tercerizados” de la empresa). Entonces, de acuerdo a la particularidad que tiene este acuerdo, parecería que el principal objetivo de China, además de obtener una rentabilidad por la inversión en el sistema de riego, es asegurarse el abastecimiento de materias primas necesarias para su propio proceso de acumulación de capital hacia adentro de su país. El proceso de urbanización e industrialización en China aumentó las necesidades de materias primas y alimentos tanto por el crecimiento de la demanda para abastecer los procesos industriales, como también por el aumento en el consumo derivado de mejores niveles de ingresos para alguna parte de la población y por la mayor presión sobre la tierra cultivable que se ha dado hacia el interior del país. Al mismo tiempo, resulta cada vez más necesario para aquella economía encontrar nuevas oportunidades de inversión para colocar el capital acumulado a partir del proceso de reformas estructurales de mercado y de superexplotación del trabajo que allí se da (pago por debajo del valor de la fuerza de trabajo y alta intensidad laboral). En este sentido, las inversiones externas en adquisición de tierras para la producción de materias primas atiende a estas dos necesidades: asegura el abastecimiento de las materias primas necesarias y ofrece una oportunidad rentable de inversión para expandir el capital chino.

Algo similar ocurre con las inversiones árabes e indias en tierras en Argentina, pero a diferencia del caso chino de inversión con empresas estatales, en estos casos se trata de inversiones de capitales privados con apoyo de los Estados. En el año 2011 el sheik árabe Mohammed Al-Khorayef firmó un convenio con el gobierno de la provincia del Chaco para explotar 200.000 hectáreas en la región del bosque Impenetrable para producir granos y exportarlos al país árabe, comprometiéndose a invertir en infraestructura de riego. El proyecto del inversor árabe es parte de una política de aquel país denominada “Iniciativa del rey Abdullah para la seguridad alimentaria nacional”, que consiste en la provisión por parte del gobierno de fondos, crédito y logística a inversores privados saudíes para que inviertan en el extranjero en agricultura. El objetivo es formar una reserva estratégica de materias primas alimenticias para hacer frente a las necesidades de alimentación y para evitar futuras crisis alimentarias (sobre todo, por no tener control sobre el precio internacional de los alimentos). Esta política surge a partir de la eliminación de la política de subsidios que el gobierno árabe tenía con los productores saudíes, lo cual aumentó las necesidades de importación de alimentos de aquel país. Es decir, nuevamente, al igual que en el caso de China, la adquisición de tierras en Argentina responde a factores relativos a los procesos de acumulación de los países inversores.

Por último, en el caso de India, se trata de tierras adquiridas, principalmente, por el grupo Walbrook durante la crisis argentina en 2002, por lo que los terrenos estaban muy devaluados. Apoyados por el gobierno indio, los inversores privados comenzaron a adquirir tierras en Argentina para producir papas y ganado caprino para abastecer a India y sostener el acelerado proceso de urbanización que se da en aquel país.

En los tres casos, queda claro que el territorio argentino y su uso quedan supeditados a las necesidades de acumulación y geoestratégicas de otros países, reafirmando el lugar dependiente de Argentina. Debe llamarse la atención sobre el hecho de que los tres casos referidos no son países que actualmente se consideren centros hegemónicos del mundo, sino países en ascenso. Argentina queda supeditada a ambos tipos de países.

Encontramos, pues, que el fenómeno del acaparamiento de tierras en Argentina durante la década del 2000 responde a 3 objetivos diferenciados: (i) Participar del negocio que significa el aumento de los precios y la demanda mundial de alimentos y minerales que se dio en ese periodo por medio de la producción y extracción de los mismos y obtener ingresos derivados de los “servicios ambientales” que brindan las tierras para conservación. (ii) Valorizar el capital en el negocio inmobiliario que implica el aumento del precio de la tierra, tanto por el aumento en el precio de los alimentos como por la inversión en infraestructura (tanto en el caso de las tierras para producción de alimentos como las tierras para conservación). (iii) Garantizar el abastecimiento de alimentos y materias primas, que permitan sostener los procesos de acumulación de capital en los propios países de origen de los inversores. Tres objetivos que responden a decisiones fuera del alcance de un país como Argentina (aunque facilitadas, claro, por las políticas de incentivo que aquí se apliquen) y que implican la transferencia hacia el exterior del valor producido internamente (tanto en términos de ganancias como de rentas de la tierra). Asimismo, los tres objetivos refuerzan el rol de Argentina como reservorio de recursos naturales y como abastecedora de materias primas, una posición claramente subordinada en el orden mundial.

Reflexiones finales

El fenómeno de grandes adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en Argentina no es nuevo. La construcción misma del Estado-nación en el siglo XVIII dependió de la expulsión de los territorios de las comunidades originarias y de la ocupación de las tierras por parte de grandes compañías extranjeras que financiaron este proceso. Esta tendencia continuó a lo largo de toda la historia del país, sucediéndose distintas oleadas de inversiones durante el siglo XX. Sin embargo, en el siglo XXI, el proceso de acaparamiento de tierras da un giro tanto en términos cuantitativos como cualitativos: aumentan exponencialmente el número de transacciones y las hectáreas adquiridas, y también cambian las características de estas inversiones. Las mismas se expanden al total del territorio nacional, aumentan sus características coercitivas, aparecen nuevos inversores y, con ellos, nuevos objetivos en los procesos de compra y arrendamiento.

Durante los gobiernos kirchneristas, a pesar de la retórica discursiva en su contra, se fomentaron fuertemente este tipo de inversiones, tal como aquí lo mostramos. Las características propias del bloque en el poder durante aquellos años y la necesidad de construcción de hegemonía por parte del poder político hicieron que se tomaran algunas medidas de regulación del proceso de extranjerización de la tierra, que parecían ir a contramano de otras que lo beneficiaban. Estas tendencias contradictorias desaparecieron durante el gobierno macrista, que inclinó la balanza completamente a favor del capital extranjero, eliminando o diluyendo las medidas regulatorias aplicadas durante el gobierno anterior. En este sentido, el Estado en Argentina ha jugado un rol fundamental en el proceso de acaparamiento de tierras por parte de extranjeros, y las continuidades que se observan entre administraciones de distinto signo político parecen indicar que esta característica del patrón de acumulación de los últimos años (el fomento a la producción agraria para la exportación de la mano de inversores extranjeros) es un política de Estado que se mantiene constante a pesar de los cambios de política más coyunturales.

Respecto a la discusión sobre soberanía alimentaria, la generalización del fenómeno del acaparamiento de tierras en la década del 2000 está dejando cada vez más en manos de las grandes corporaciones agroalimentarias y algunos gobiernos extranjeros la política en materia de producción de alimentos. Tal como mostramos, estas inversiones tienen como objetivo principal la producción de ciertos bienes que destinan exclusivamente a la exportación de acuerdo a parámetros exclusivos de los inversores y con cada vez menos injerencia por parte del gobierno local en la determinación de las características de la política agroalimentaria. El acaparamiento de tierras, entonces, refuerza el proceso de pérdida de soberanía alimentaria, sumando al problema de la inseguridad alimentaria ya existente, el de la dependencia alimentaria.

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