Florencia Arancibia y Renata Motta^[2]

Introducción

Nuestro barrio de baja condición social debe soportar múltiples factores de degradación y de contaminación ambiental que afecta de forma directa el pleno goce y el ejercicio de los derechos humanos. Es el icono de la problemática ambiental de la mayoría de las ciudades y asentamientos humanos que se encuentran en las zonas aledañas a cultivos de soja. […] Ese país laboratorio forrajero encontró sus mejores defensas en mecanismos sutiles de ocultamiento y de invisibilidad, de allí que nuestro mayor esfuerzo sea siempre el de hacer visible lo invisible, y en medio de la fiesta obscena de las exportaciones récord y de la evasión de retenciones, exhibir sus consecuencias trágicas en el hambre y en las pérdidas de vida que el modelo provoca. […] Las fumigaciones con glifosato, con endosulfán, con 2,4d, paracuat y otros venenos se han convertido en la amenaza constante de muchísimos argentinos. ¿Qué hace el estado para cuidar a sus ciudadanos, qué hace frente a los niños muertos a mansalva en todas las ciudades de la república? ¿Quién controla estos paquetes tecnológicos, quién controla la biotecnología? (Grupo Madres de Ituzaingó 2005)

Argentina es el tercer productor mundial de cultivos transgénicos (James 2016). Desde la introducción de la soja transgénica RoundUp Ready (RR) resistente al glifosato en 1996, el paquete tecnológico –compuesto por semillas transgénicas y agrotóxicos– y la siembra directa reemplazaron a otros métodos de agricultura extensiva (Bisang et al. 2008). La superficie de cultivos transgénicos avanzó rápidamente por sobre otros cultivos y otras actividades agropecuarias, así como por sobre bosques nativos –ampliación de la frontera agraria–. Actualmente la superficie de cultivos transgénicos abarca más de 24,5 millones de hectáreas^[3]. Este proceso trajo aparejados profundos cambios en la estructura agroproductiva, por lo cual algunos autores hablan de un nuevo modelo de agronegocios^[4]. Cuando se aprobó la soja RR, el glifosato ya se encontraba aprobado y clasificado por los organismos regulatorios como un producto de “baja toxicidad” sin restricciones para su uso a nivel nacional. La adopción del paquete tecnológico fue acompañada por un incremento extraordinario en el uso de agrotóxicos, debido, entre otras cosas, al desarrollo de resistencia en las “malezas” (Pengue 2005; Benbrook 2012). Si en 1997 se utilizaban alrededor de 123 millones de litros por año, en 2018 se utilizaban más de 500 millones^[5] (Naturaleza de Derechos 2019). Esto implicó importantes daños ambientales y en la salud de las poblaciones aledañas a los campos, que concentran a más de 12 millones de habitantes (Leguizamón 2014).

En la década de 2000, diversas comunidades de zonas rurales y periurbanas afectadas por la exposición a agrotóxicos formaron un movimiento social por la salud y la justicia ambiental que comenzó a identificarse como “pueblos fumigados” (Arancibia 2013a; Arancibia 2013b). El movimiento buscó aliados entre científicos y abogados para contrarrestar el discurso dominante que afirmaba que la adopción del paquete tecnológico era socialmente beneficiosa, dar cuenta de los problemas mencionados y solicitar medidas políticas que resguarden la salud pública. En 2005, una red de movimientos sociales^[6] y comunidades lanzó una campaña nacional llamada “Paren de Fumigar” para concientizar sobre los efectos nocivos de los agrotóxicos, mapear las localidades afectadas, registrar las patologías y fomentar la formación de grupos de resistencia local para prohibir o, al menos, restringir el uso de agrotóxicos. Desde entonces, el conflicto se expandió a diversas localidades de todo el país. La campaña también invitó a comunidades afectadas a brindar sus propios testimonios de lucha e instó a médicos rurales y expertos en salud a generar evidencia sobre los efectos de la exposición a agrotóxicos (Motta y Arancibia 2016). Toda esta información fue compilada y publicada en el libro “Pueblos Fumigados” (Rulli 2009) que incluyó también un apartado sobre estrategias y recursos legales disponibles para afrontar y resistir a la contaminación con agrotóxicos. Tras la publicación de este libro se llevaron a cabo múltiples acciones judiciales (Aiutto 2006; Aranda 2015; Cabaleiro 2020; Rauchecker 2015).

Por otro lado, a lo largo del tiempo, se generó un cúmulo de evidencia científica a nivel internacional que demostró múltiples efectos nocivos de los agrotóxicos basados en glifosato (Rossi 2020). Simultáneamente emergió un nuevo campo de estudios sobre los agrotóxicos en el país y, a partir de 2010, la Argentina se convirtió en líder mundial en producción de artículos sobre la temática (Sosa et al. 2019). Las nuevas publicaciones fueron acompañadas por la organización de congresos y la conformación den una red de profesionales comprometidos políticamente con esta problemática. El número de artículos sobre agrotóxicos publicados por científicos argentinos pasó aproximadamente 20 en 2005 a más de 1800 en 2019 (Frickel y Arancibia, en prensa). Entre el 2010 y el 2013 se llevaron a cabo conferencias nacionales e internacionales sobre la problemática, incluido el 1° Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados en la Universidad Nacional de Córdoba y tres Congresos de Salud Socio Ambiental en la Universidad Nacional de Rosario. Sin embargo, a pesar de la nueva evidencia científica disponible, el movimiento no obtuvo cambios significativos en la regulación de los agrotóxicos ni en la política agraria a nivel nacional, aunque logró algunos avances a nivel local, provincial y municipal –muy heterogéneos, como veremos en detalle en el apartado sobre marco regulatorio–.

Las autoridades gubernamentales por lo general ignoraron y desatendieron fácilmente las demandas de las comunidades afectadas con el argumento de que la seguridad de los agrotóxicos a base de glifosato (así como la de otros de amplio uso) estaba “garantizada” por los marcos regulatorios vigentes “fundados en evidencia científica”. En este contexto, consideramos esencial comprender las estrategias que despliegan los movimientos sociales para poner en cuestión los discursos “basados en evidencia científica” que plantean la seguridad de los agrotóxicos. ¿Cómo se vinculan con la experticia? ¿Qué nuevos tipos de conocimiento son producidos y por quiénes? ¿Cómo son producidos estos nuevos conocimientos y cómo son utilizados por los movimientos para combatir las injusticias socioambientales? Para responder a estas preguntas, analizamos la historia del conflicto de la comunidad del barrio Ituzaingó Anexo –un barrio periurbano rodeado por campos de soja transgénica ubicado en las afueras de la Ciudad de Córdoba entre los años 2001-2012–. Esta comunidad desempeñó un rol clave en la consolidación del movimiento de Pueblos Fumigados y se convirtió en un ejemplo nacional tras haber llevado a cabo el primer juicio en el que se consideró que la fumigación ilegal con agrotóxicos constituye un delito penal.

En las siguientes secciones de este artículo presentamos la perspectiva analítica desde la cual trabajamos; describimos la metodología y los datos utilizados; y, por último, presentamos el análisis empírico realizado. En esta última sección, brindamos un panorama general sobre la regulación de los agrotóxicos en Argentina y luego analizamos las tres fases de la movilización social en Ituzaingó Anexo. Hacemos foco en los diferentes tipos de experticia y las estrategias desplegadas para poner en cuestión las aseveraciones “basadas en evidencia” sobre la seguridad de los agrotóxicos.

En síntesis, a lo largo del artículo ilustramos cómo, en una primera fase, los activistas recurrieron a su conocimiento experiencial sobre los casos de enfermedad en el barrio con el fin de solicitar la intervención de las autoridades locales (Carrizo et al. 2019). Al no recibir respuestas y darse cuenta de que no eran reconocidos como sujetos con conocimiento válido sobre el problema en cuestión, establecieron alianzas con científicos y profesionales de la salud y se capacitaron en temáticas relativas a la contaminación ambiental para adquirir el lenguaje que les habilitara a participar en las discusiones. Por otro lado, los científicos involucrados con el movimiento produjeron nuevos conocimientos mediante estudios ambientales y epidemiológicos. El movimiento usó estas nuevas evidencias para presionar al gobierno local y lograr que éste promulgue ordenanzas que restrinjan el uso de agrotóxicos en la zona. Ante violaciones sistemáticas de estas ordenanzas por parte de diversos productores rurales, el abogado aliado al movimiento formuló una denuncia judicial en base a la cual el fiscal llevó adelante una estrategia judicial innovadora que encuadró las violaciones a las ordenanzas en el tipo penal de violación a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. De este modo, el movimiento ganó un juicio histórico que puso fin a las fumigaciones ilegales en la zona, sancionó penalmente a los infractores y puso en tela de juicio el fundamento de las políticas regulatorias y los procedimientos a través de los cuales se aprueban los agrotóxicos en el país^[7].

Ciencia no-hecha y contra experticia en la lucha por la justicia ambiental

La injusticia en materia de salud socioambiental es un problema estructural (Ottinger y Cohen 2011), tal como plantea el movimiento de justicia ambiental. Las causas estructurales de las desigualdades ambientales son indisociables del proceso de industrialización capitalista, así como de las instituciones sociopolíticas y prácticas científicas asociadas a él. Para caracterizar este problema consideramos importante tener en cuenta dos procesos. En primer lugar, a medida que se profundizó y expandió el desarrollo industrial –sobre todo a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial– se agravaron los daños ambientales y la contaminación a nivel global. Sin embargo, la distribución de la contaminación nunca fue equitativa. Las decisiones gubernamentales e industriales en torno a la ubicación de instalaciones potencialmente contaminantes (como industrias pesadas o actividades extractivas) por lo general han seguido patrones históricos de segregación socio espacial. Es decir, que estas instalaciones se han ubicado cerca de poblaciones vulnerables y marginadas. En segundo lugar, en el sistema capitalista moderno los científicos y tecnólogos han adquirido progresivamente mayor “autoridad cultural”: su conocimiento no sólo ha sido usado para generar riquezas, sino que además se ha convertido en el fundamento de las decisiones políticas relacionadas con la regulación de las nuevas tecnologías (Ottinger y Cohen 2011). De hecho, paradójicamente, son los mismos científicos y tecnólogos los únicos que parecen poder evaluar los riesgos y los impactos negativos del desarrollo científico y tecnológico (Beck 1992). Pareciera que sólo la ciencia y la tecnología pueden brindar soluciones a los problemas creados por la ciencia y la tecnología –lo que Beck (1992) ha caracterizado como “la sociedad del riesgo”–.

Diversos trabajos del campo CTS (estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad) han dado cuenta de las implicancias antidemocráticas del proceso de incremento de la autoridad de los expertos en materia de política pública (Habermas 1990) y han problematizado la consecuente despolitización de los procesos de regulación de las tecnologías (Moore et al. 2011). Los gobiernos justifican su creciente dependencia del conocimiento experto para la toma de decisiones políticas alegando la neutralidad de dicho conocimiento (Hess 2007). Sin embargo, los fundamentos institucionales y los procesos de producción de este tipo de conocimiento científico orientado exclusivamente a la regulación de tecnologías habilitan a una peligrosa injerencia de las corporaciones en sus resultados. Jasanoff (1990) ha denominado este tipo de ciencia como “ciencia reguladora” para diferenciarla de la ciencia básica y ha descrito en detalle cuáles son sus características y sus principales deficiencias. El dilema es que las críticas a las aseveraciones de la ciencia reguladora –por ejemplo, la catalogación de un producto como “seguro” o de “bajo riesgo”– sólo pueden ser esgrimidas si se dispone de evidencias científicas alternativas y, por lo general, estas evidencias no existen. A esto justamente refiere el concepto de “ciencia no hecha”, es decir un conocimiento que sistemáticamente no se produce y que sería útil para un movimiento social u organización de la sociedad civil que trabaja para promover un cambio social y para resistir políticas que considera perjudiciales (Hess 2007, 2015a, 2015b; Frickel et al. 2010; Woodhouse et al. 2002).

Esta injusta situación también ha sido denunciada por diversos movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que han demandado cambios en los procedimientos regulatorios. Esto ha dado lugar, por un lado, al surgimiento de activismos en torno a problemas tecno-científicos y a nuevas relaciones entre movimientos sociales y expertos; y, por el otro, al desarrollo de una agenda de investigación sobre el potencial transformador de las relaciones entre movimientos sociales y expertos (Epstein 1996; Hess 2007, 2015a, 2015b; Ottinger y Cohen 2011; Parthasarathy 2010). Como señalan Ottinger y Cohen (2011), la experticia puede contribuir a profundizar la injusticia ambiental, pero también tiene el potencial de aportar recursos para superarla.

En el campo CTS se ha denominado “contra-experticia” a la puesta en cuestión de las decisiones políticas “basadas en conocimiento científico” y los conflictos asociados ellas. Sin embargo, el concepto tiene diferentes significados en la literatura. Algunos autores definen la contra-experticia como una estrategia desplegada por científicos o profesionales comprometidos con el cambio social, que actúan como movimientos de expertos/intelectuales o como aliados de los movimientos de justicia social y ambiental (Fischer 1990; Fortun y Cherkasky 1998; Policy 2006; Taylor 2009). Esa estrategia incluye: la producción de conocimiento científico que pueda ser utilizados como nueva evidencia; interpretaciones diferentes de los datos; o el desarrollo de nuevos métodos de investigación. Por otra parte, algunos autores usan el concepto de contra-experticia para referirse a conocimientos no científicos, producidos localmente, basados en evidencia empírica o percepciones o prácticas ancestrales (Egert y Allem 2017; Pfister y Horvath 2014). En esta misma línea, muchos autores han asimilado la contra experticia a términos como “conocimiento local” (Fischer 1990), “conocimiento de los agricultores” (Wynne 1992) y “experticia campesina” (Heller 2002).

En la primera concepción de contra-experticia, la justicia se puede alcanzar sólo a través de una transformación en los fines mismos de la ciencia, reorientados hacia la búsqueda de resultados democratizadores, inclusivos y sustentables. Esto requeriría, a su vez, cambios en las agendas y las preguntas de investigación, en las metodologías y, a su vez, en qué y a quiénes se incluye en la investigación (Allen et al. 2017). En cambio, en la segunda concepción de contra-experticia, la justicia implicaría borrar la frontera entre “expertos” y “no expertos”, cuestionar la autoridad científica y reconocer otros tipos de conocimiento como sustento válido para la toma de decisiones.

Considerando esto, en este artículo proponemos la siguiente definición: entendemos a la contra-experticia como una experticia –en sentido amplio– que pone en cuestión las decisiones regulatorias basadas en conocimiento científico. Esta definición tiene la intención tanto de abarcar las definiciones existentes, como de proveer un marco analítico que esté abierto a las variaciones empíricas, ya que lo que cuente como experticia diferirá en relación al contexto y el caso. Desde esta perspectiva, la lucha por la justicia puede implicar la movilización de diferentes tipos de conocimientos, de diversos procesos de producción de conocimiento, como también de otras estrategias para influir en la toma de decisiones.

Nuestro análisis distingue entre las estrategias y los sujetos de la contra-experticia. Nos preguntamos, en primer lugar, ¿qué estrategias despliegan los activistas para cuestionar y rebatir los discursos basados en conocimientos científicos y las decisiones regulatorias derivadas de ellos que generan injusticias ambientales?; y, en segundo lugar, ¿quiénes cuestionan las afirmaciones de la ciencia reguladora acerca de la seguridad de las nuevas tecnologías, basándose en algún tipo de experticia? y ¿qué tipo de experticia despliegan? Para responder a estas preguntas, nos basamos en una tipología no exhaustiva que incluye la experticia científica, local y legal. Además, nos apoyamos en la tipología de estrategias que utilizan los activistas para superar la barrera de la experticia propuesta por Parthasarathy (2010).

El autor define la barrera de la experticia como ‘las reglas formales e informales del diseño y la implementación de políticas científicas y tecnológicas que hace muy difícil para aquellos sin experticia técnica participar como iguales’ (2010, 355). La primera estrategia se refiere a una situación en la cual quienes no pertenecen a un campo científico o experto desarrollan el conocimiento científico-técnico establecido para legitimar su participación en un debate –para lo cual se alían con expertos y/o aprenden conceptos científico-técnicos–. Esto se asemeja a lo que Epstein ha llamado proceso de “expertificación” (Epstein 1996, 13). En la segunda estrategia los activistas apuntan a introducir nuevos tipos de evidencia y nuevas definiciones de lo que cuenta como evidencia en un ámbito político determinado. Al hacerlo, refuerzan el carácter “basado en la evidencia” de la toma de decisiones, al tiempo que amplían el alcance de las cuestiones consideradas relevantes para la toma de decisiones y reclaman una experticia propia en estas nuevas cuestiones. La tercera estrategia es introducir nuevos fundamentos y nuevas lógicas de formulación de las políticas, así como nuevas formas de valorar la evidencia y la experticia. De este modo, se abre el juego a una diversidad de fundamentos políticos que pueden incluir valores o culturas diferentes a los vigentes –por ejemplo, puede implicar un cambio de una cultura tolerante al riesgo a una cultura precautoria– (Jasanoff 2004; Levidow et al. 2007; Suryanarayanan y Kleinman 2013; Wynne 2001). La cuarta estrategia implica criticar los procedimientos burocráticos que dan sustento a las políticas regulatorias (por ejemplo, que no haya consultas públicas para la aprobación de nuevas tecnologías, que los informes de aprobación no se publiquen, etc.) y, de este modo, poner en duda que las decisiones tomadas con los procedimientos vigentes favorezcan realmente el interés público. En esta estrategia se pueden replantear temas vinculados con la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, así como la definición de prioridades. Las últimas dos estrategias apuntan a lo que Ottinger y Cohen (2011) definieron como una transformación de las relaciones de poder necesarias para lograr una verdadera justicia ambiental.

La segunda estrategia implica la producción de nuevas evidencias; esto puede involucrar la producción de conocimiento científico –“ciencia no hecha”– así como otros tipos de conocimiento. En la producción de nuevos conocimientos participan diferentes actores, por lo que consideramos útil distinguir entre los legos y los científicos. Los científicos pueden producir “ciencia no hecha” de manera autónoma o en colaboración con los activistas, con diversos grados de involucramiento por parte de estos. Por ejemplo, los científicos, en lugar de formar parte de un movimiento social, pueden apuntar a transformar las formas de hacer ciencia con el fin de promover la justicia ambiental –a través de la creación de nuevos programas y subcampos de investigación dentro de las disciplinas científicas establecidas– (Frickel 2006; Frickel y Gross 2005; Frickel y Moore 2006; Moore 1996; Moore y Hala 2002). En este caso, la experticia desarrollada y movilizada es únicamente científica. Asimismo, los científicos pueden participar activamente en los conflictos socio-ambientales y aliarse de modo más o menos explícito con un movimiento social para llevar a cabo estudios independientes sobre la situación de salud ambiental de una comunidad movilizada (Allen 2004; Frickel 2011; Moore et al. 2010). En algunos casos, coproducen en conjunto con la comunidad estudios alternativos basados, en gran parte, en el entendimiento local sobre los problemas ambientales y de salud, o desarrollan conjuntamente nuevos métodos para dar cuenta de las enfermedades y la contaminación (Ottinger y Cohen 2011). Esto deriva en nuevas relaciones entre experticia local y experticia científica (Arancibia 2016).

De hecho, las comunidades y los activistas pueden producir conocimiento local sobre su propia situación sanitaria y ambiental. En base a sus propias experiencias y padecimientos, muchas veces son los primeros en dar cuenta de un problema ambiental y de salud, así como en recolectar evidencias sobre las enfermedades y la contaminación. Después, pueden convocar a científicos para continuar la investigación en conjunto –lo que implica traducir a formatos científicos los datos “crudos”– o continuar por su cuenta. De cualquier forma, cuando las comunidades generan nuevo conocimiento local y situado, pueden poner en cuestión los discursos de las corporaciones y los organismos reguladores sobre la seguridad de nuevas tecnologías y productos –que se basan en conocimientos más antiguos y no locales–. Existen múltiples ejemplos de investigaciones en las cuales la comunidad o los activistas tienen un rol protagónico: la epidemiología popular, la ciencia ciudadana, la ciencia callejera o la investigación participativa (Allen et al. 2016; Brown 1987, 2007; Brown et al. 2006; Corburn 2005; Fischer 2000; Irwin 1995; Kroll-Smith y Floyd 2000; O’Rourke y Macey 2003; Ottinger 2010; Singleton y Legator 1997). A veces son los científicos quienes dirigen estas investigaciones, otras veces son las comunidades. Lo importante es que, en todos estos casos, la experticia científica está interconectada y combinada con la experticia local.

En general, la producción de “ciencia no hecha” per se no es suficiente para superar la barrera de la experticia, ya que los gobiernos pueden tranquilamente ignorar los nuevos hallazgos científicos o reemplazarlos por otra evidencia contrastante producida por las corporaciones (Fischer 1990). La realidad es que aún se sabe poco sobre cuánto puede influir la producción de “ciencia no hecha” sobre la política regulatoria y los factores que facilitan o limitan esta influencia. Esto nos conduce a las otras dos estrategias necesarias para superar la barrera de la experticia que propone Parthasarathy: la modificación de los fundamentos de elaboración de políticas y de los procedimientos burocráticos que definen su diseño y puesta en práctica. Para llevar a cabo estas estrategias, pueden ser necesarios otros tipos de experticia además de la experticia científica.

El estudio de Suryanarayanan y Kleinman (2014) ilustra cómo la producción de “ciencia no hecha” puede resultar insuficiente para promover cambios en las regulaciones de las tecnologías. Los autores comparan los casos de dos grupos de apicultores en Francia y en Estados Unidos que sostenían que las abejas estaban muriendo masivamente a causa de los agrotóxicos. Los apicultores franceses lograron convencer a los reguladores de remover los agrotóxicos del mercado, mientras que los estadounidenses no lograron el mismo efecto (Suryanarayanan y Kleinman 2014). Estos diferentes resultados no pueden ser explicados por una diferencia en la producción de conocimiento científico, ya que ambos grupos de apicultores se aliaron con científicos, promovieron la realización de nuevos estudios y usaron hallazgos científicos similares para respaldar sus demandas. Según los autores, lo que diferencia ambos casos son las estrategias de resistencia que desplegaron los apicultores. Los franceses organizaron un movimiento social cohesionado y llevaron a cabo acciones directas disruptivas sostenidamente (como protestas, manifestaciones, acciones legales, campañas en los medios, relaciones públicas y lobby); en cambio los apicultores estadounidenses no lo hicieron. En conclusión, la lección para el movimiento de justicia ambiental pareciera ser que hay que tener en cuenta e implementar una diversidad de acciones colectivas, así como desarrollar diferentes tipos de experticia dentro del movimiento para lograr cambios políticos concretos.

Al igual que los científicos, los abogados y los fiscales (expertos legales) pueden formar parte del proceso de profesionalización de los movimientos sociales o pueden ser poderosos aliados externos. La teoría de los movimientos sociales cataloga a las acciones del activismo legal como “acciones contenciosas”, en vez de “acciones disruptivas” (Tarrow 2011). Según McCann (2006) para lograr resultados positivos, el activismo legal debe combinarse con protestas en las calles, acciones dirigidas a los medios de comunicación y lobby. Aunque, en general, las estructuras legales limitan la capacidad de agencia de los actores sociales, los movimientos sociales también pueden utilizar procesos legales para modificar la vida social. “Entonces, el conocimiento legal puede importar tanto como fin como medio de acción; el derecho proporciona tantos principios normativos como recursos estratégicos para la lucha social” (McCann 2006, 21–22). El activismo legal puede ser utilizado como medio para “transformar o para reconstruir los términos de las relaciones sociales y el poder” (McCann 2006, 22).

Las organizaciones sin fines de lucro que defienden los derechos de comunidades vulnerables a través de acciones judiciales basadas en investigaciones científicas han sido importantes aliadas de los movimientos de justicia ambiental (Hoffman 2011; Lapegna 2016; Motta 2016). Dentro de estas organizaciones, el trabajo se divide de este modo: los científicos identifican baches en los marcos regulatorios vigentes (“regulación no-hecha”) y realizan investigaciones para dar sustento empírico (a través de la producción de “ciencia no hecha”) a los casos judiciales que denuncian contaminación o polución derivada de una actividad productiva determinada, mientras los abogados presentan demandas, o amenazan con hacerlo, para presionar a las autoridades a que implementen nuevas regulaciones o castiguen las violaciones a las normas existentes. Las epistemologías legales pueden desempeñar un papel fundamental en la validación de discursos basados en conocimientos científicos que compiten entre sí en los tribunales (para definir cuál es el “verdadero”). Sin embargo, recurrir exclusivamente a la experticia legal para resolver conflictos socioambientales podría limitar la resolución de las controversias al ámbito de los procedimientos judicial-administrativos y, en consecuencia, clausurar tanto el debate científico como el debate público (Bonneuil y Levidow 2012). Barandiaran (2016) describe cómo los criterios legales pueden reemplazar a los criterios científicos como fuente de objetividad para la toma de decisiones en materia de política ambiental en Chile –con los mismos problemas ya explicados anteriormente–. Según Barandiaran, los legisladores chilenos utilizan las normas legales/jurídicas como se ha utilizado generalmente a la ciencia: como una voz “neutral,” separada de la política, que legitima las decisiones. Su trabajo señala la necesidad de explorar con mayor profundidad el papel de la experticia legal en la producción de “ciencia no hecha” y en la movilización de esta nueva evidencia científica, así como en sus impactos en la política regulatoria.

En síntesis, en las luchas contra la injusticia ambiental, los activistas comúnmente intentan romper la barrera de la experticia, para lo cual recurren tanto a la experticia científica como a otros tipos de experticia. En base a la literatura disponible, identificamos tres tipos de experticia que puede ser desarrollados, desplegados y movilizados para influir en la toma de decisiones políticas sobre los efectos de las nuevas tecnologías en la salud y el ambiente: local, científica y legal. Mientras las relaciones entre los primeros dos tipos de experticia han sido ampliamente estudiadas, las relaciones y articulaciones entre esta tríada no ha sido suficientemente explorada, en particular en los casos en que se involucra la problemática de la “ciencia no hecha”. Nuestro artículo tiene como objetivo profundizar en este tema y contribuir a la literatura sobre los movimientos sociales y la “ciencia no hecha”.

El barrio de Ituzaingó Anexo

Ituzaingó Anexo es un barrio que limita con plantaciones de soja en las afueras de la Ciudad de Córdoba. Está ubicado a 8 km de la misma, tiene 60 años de antigüedad y aproximadamente 6.300 habitantes. Al momento de iniciado el conflicto, el barrio contaba con serias deficiencias en servicios básicos como red de agua corriente y sistema de cloacas y se encontraba posicionado entre los que tenían mayores tasas de desempleo (Depetris 2009). Dentro de las múltiples comunidades de todo el país involucradas en el movimiento contra el uso de agrotóxicos, la de Ituzaingó Anexo representa un caso emblemático: se constituyó como el primer nodo de resistencia y fue la primera en lograr que se promulguen y hagan cumplir ordenanzas que restringen el uso de agrotóxicos en la zona. Si bien, con el correr del tiempo, muchas otras comunidades lograron que se dicten este tipo de ordenanzas, su cumplimiento efectivo ha resultado difícil. El caso de Ituzaingó Anexo resulta interesante porque permite analizar estrategias “exitosas” en la lucha por la implementación de normas que resguardan la salud pública, entre las que se incluyen la producción y movilización de tres tipos de experticia: local, científica y legal.

Para llevar a cabo el estudio de caso, entre 2001 y 2013 recolectamos y analizamos diferentes tipos de datos. Utilizamos datos primarios y secundarios. Los datos primarios fueron recolectados a través de investigación de archivo (en artículos de diarios, fuentes documentales y documentos de los movimientos como folletos, comunicados, declaraciones y páginas web), observación etnográfica y entrevistas semi estructuradas a activistas y sus aliados. Las entrevistas indagaron en los siguientes temas: las motivaciones de los activistas para involucrarse en el conflicto; sus demandas y formas de acción; sus aliados y alianzas; sus interpretaciones acerca del problema y las posibles soluciones; su percepción sobre los resultados de las campañas y sobre los principales obstáculos; y su relación con los medios de comunicación, las autoridades y sus adversarios. Este artículo se basa en el trabajo de campo y entrevistas realizadas para nuestras tesis doctorales. Para éstas hemos entrevistamos a miembros de los siguientes movimientos y organizaciones: Madres de Ituzaingó (n=4), Grupo de Reflexión Rural (GGR) (n=3), Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) (n=2), las ONGs Semillas del Sur (n=1), CEPRONAT (n=1), Red de Acción en Plaguicidas (RAPAL) (n=1); médicos (n=3); y científicos (n=3) que eran parte de la red Paren de Fumigarnos Córdoba, médicos y científicos de otras provincias (n=12) y autoridades provinciales y municipales del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Córdoba (n=4). Realizamos trabajo de campo durante 2012 y 2013 (Motta de febrero a marzo del 2012 y de julio a agosto del 2013 y Arancibia de julio a agosto del 2012 y durante el 2013). Motta asistió a una de las audiencias del juicio del barrio Ituzaingó Anexo en la Ciudad de Córdoba el 7 de agosto de 2012 y Arancibia asistió a la sentencia final el 21 de agosto de 2012. Para los objetivos de este artículo, nos focalizamos en los datos que se vinculan a la cuestión de las estrategias y la contra experticia. Analizamos los tipos de experticia y las estrategias utilizados por los activistas en su lucha contra los agrotóxicos.

Marco regulatorio e injusticia ambiental en Argentina

A pesar de lo que estipula la Ley General de Ambiente (N°25.675), en Argentina no hay ninguna ley nacional de presupuestos mínimos que regule específicamente el uso y la comercialización de los agrotóxicos. Esto implica que el estándar normativo es sumamente heterogéneo a lo largo del territorio nacional (Paz Belada 2017). Las provincias o municipios que establecen restricciones al uso de agrotóxicos, en general, delinean sus normativas en base a una clasificación toxicológica provista por el SENASA (mayor restricción a mayor toxicidad del producto), la cual presenta múltiples deficiencias.

El SENASA es el ente responsable de la aprobación y clasificación de los “productos fitosanitarios” en Argentina. Un primer problema es que el SENASA depende del Ministerio de Agricultura y, llamativamente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente no tienen injerencia en sus decisiones. Un segundo problema es que la resolución de aprobación de cada producto y las pruebas científicas que la justifican, no son accesibles al público. Un tercer problema es que la metodología que utiliza el SENASA para la clasificación toxicológica de los productos es la DL50 que sólo toma en cuenta los posibles daños letales agudos (la muerte en un corto período de exposición). Ello implica que se soslayan todos los posibles daños crónicos y subletales en un largo período de exposición, tales como cáncer, malformaciones fetales y abortos espontáneos, genotoxicidad, entre otras patologías^[8]. Según esta clasificación el glifosato es definido como un producto “de baja toxicidad”, de banda verde. Por ende, en 1996 –cuando se aprobó la soja transgénica– no existía ninguna restricción para su uso en las leyes provinciales u ordenanzas municipales: se podía fumigar con glifosato hasta la puerta de las casas, o rociarlo con aviones sobre poblados, escuelas rurales y fuentes de agua.

Esto cambió en algunas localidades a lo largo del tiempo: a medida que aumentó la protesta social se promulgaron o modificaron algunas leyes provinciales y ordenanzas municipales para establecer mayores límites al uso de agrotóxicos, incluidos los “de banda verde” (Arancibia 2013a). Por lo general, se establecieron “zonas libres de agrotóxicos” en la proximidad de zonas pobladas y fuentes de agua y, en algunos casos, se logró la prohibición de las fumigaciones aéreas. Sin embargo, la cantidad de ordenanzas por provincia y los parámetros de protección que se lograron promulgar fueron sumamente heterogéneos: las zonas de protección variaron entre los 100 y los 5.000 metros de las zonas pobladas y las fuentes de agua; en algunos casos se ordenó que las fumigaciones sean autorizadas por un ingeniero agrónomo responsable y en otros no; en algunos casos se generaron políticas para la reconversión a la agricultura agroecológica y en otros no, etc. Esto dependió de la correlación de fuerzas locales (entre asociaciones rurales y empresarias, partidos políticos y asambleas socioambientales, etc.). A su vez, la fiscalización de las normas existentes resultó sumamente deficiente.

Activistas, experticia local y epidemiología popular en una comunidad contaminada

A comienzos del 2000, un grupo de mujeres estaban muy preocupadas por ver a muchos vecinos usando pañuelos y barbijos. Comenzaron a reunirse y decidieron hacer una encuesta para identificar y contabilizar el número de enfermos en el barrio. En palabras de una de ellas (entrevista con una de las Madre de Ituzaingó 2013):

Empecé a ver que había muchos vecinos con barbijos y pañuelos. […] Me di cuenta que era porque los chicos tenían leucemia y las mujeres habían perdido el pelo por la quimioterapia. Y pensé ‘tengo que hacer algo’ […] había perdido a mi hija, […] ¿cómo puede ser? […] Hicimos una encuesta. Trabajamos por tres o cuatro meses.

La encuesta consistía en un simple cuestionario sobre el estado de salud de cada miembro del hogar. Las mujeres identificaron 107 casos de enfermedades en una comunidad de 4780 habitantes, entre los que había casos de: leucemia (9), linfoma de Hodgkins (2), otros tipos de cáncer (7), lupus (3), púrpura (3), anemia hemolítica (2), anemia (12), y afecciones de la piel (9) (estudio Madres de Ituzaingó en Carrizo y Berger 2009; La voz 2012). Además, hicieron un mapa con la distribución de los casos en el barrio y descubrieron que la mayoría se concentraba en un radio a cuatro cuadras de distancia de los campos de soja (Figura 1). Si bien los enfermos no conocían las causas de sus padecimientos, suponían que se vinculaban a la contaminación ambiental. En febrero del 2002, el grupo de mujeres presentó al Ministerio de Salud provincial la lista de enfermos, el mapa y una carta firmada por 300 vecinos (Vecinos 2002) que pedía la declaración de la emergencia sanitaria en el barrio y la inmediata intervención del Ministerio para determinar la causa de las enfermedades. Sin embargo, el Ministerio provincial ignoró sus reclamos y alegó que no contaba con información sobre la existencia de ningún nodo (clúster) de enfermedades (Madres del Barrio Ituzaingó anexo en Carrizo y Berger 2009). Las autoridades gubernamentales no consideraron los datos que recolectaron las Madres como evidencia válida de la existencia de dicho nodo.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, el grupo de mujeres se organizó y comenzó a realizar manifestaciones en las calles con pañuelos y barbijos en las que participaron otros vecinos. En las movilizaciones se podían observar carteles que decían: “Ayudanos, tenemos cáncer” (Entrevista con una Madre de Ituzaingó 2013). El grupo empezó a identificarse como “Madres de Ituzaingó” en ese momento, a partir de las preguntas de los periodistas (Figura 2). En palabras de una de las Madres: “Tratamos de juntar a la gente, alertarlos, contarles que algo estaba mal, que lo único que podíamos hacer era salir a las calles” (entrevista con una Madre de Ituzaingó 2012). Sin embargo, el gobierno provincial siguió sin atender sus reclamos y las apodó “las locas de Ituzaingó” (entrevista con una Madre de Ituzaingó 2013).

En síntesis, en esta primera fase del conflicto, un grupo de vecinas realizó diversas acciones para visibilizar un problema ambiental que consideraban causa de graves problemas sanitarios en el barrio. La primera estrategia que desplegaron para ser escuchadas por las autoridades fue la de introducir nuevas evidencias. Mediante un estudio comunitario produjeron nuevo conocimiento (local) sobre la situación de salud colectiva del barrio, a través de la identificación, el registro y el reporte de los casos de enfermedades. Simultáneamente organizaron un movimiento social que se manifestó en las calles. Sin embargo, las autoridades continuaron sin atender sus reclamos ni reconocer el problema ambiental del barrio.

Figura 1. Mapa epidemiológico elaborado por los vecinos

Fuente: INFOBAE, https://bit.ly/30ApOIv.

Figura 2. Protesta de las Madres de Ituzaingó

Protesta de las Madres de Ituzaingó. Fuente: Red Nosotras en el Mundo, https://bit.ly/2Bkj7S4.

Experticia científica: estudios ambientales y epidemiológicos

Las Madres comprendieron rápidamente que no eran reconocidas como sujetos con conocimiento válido sobre sus propios padecimientos. Entonces, decidieron pedir ayuda a la Fundación para la Defensa del Ambiente^[9] dirigida por el biólogo Dr. Raúl Montenegro. Montenegro contribuyó al movimiento de diversas maneras. En primer lugar, dio charlas públicas en el barrio sobre contaminación ambiental. Estas charlas no solo concientizaron a la población sobre las condiciones ambientales y de salud del barrio, sino que además sirvieron para que los activistas aprendieran el lenguaje y los conceptos que se utilizan en los estudios ambientales. En segundo lugar, Montenegro planteó la hipótesis de que los padecimientos de salud que identificaron las Madres se podían asociar al uso de agrotóxicos. Advirtió que las enfermedades podían ser causadas por un “cóctel” de contaminantes, que incluía agrotóxicos, metales pesados y bifenilos policlorados (PCB)^[10]. En tercer lugar, se unió a las Madres con el fin de presionar a las autoridades gubernamentales locales para que realicen estudios ambientales y determinen qué contaminantes estaban presentes en el barrio.

Mientras tanto, las Madres continuaron con sus protestas callejeras. Luego de que un canal televisara una de sus manifestaciones, el Ministerio de salud provincial se reunió con ellas y prometió realizar un estudio ambiental de agua y suelo (estudio Ministerio de Salud 1) y un estudio epidemiológico (estudio Ministerio de Salud 2) (Carrizo y Berger 2009). En abril del 2002, un concejal impulsó una ordenanza para declarar la emergencia sanitaria en el barrio y esta fue promulgada en junio de ese año (Ordenanza 1050). El reconocimiento oficial de los problemas ambientales del barrio denunciados por las Madres, fue el primer resultado positivo su lucha. Sin embargo, en julio, Montenegro denunció en una conferencia de prensa que la agencia a cargo del estudio ambiental encargado por el Ministerio (estudio Ministerio de Salud 1), CEPROCOR^[11], estaba ocultando los resultados del análisis del suelo, el cual mostraba que había agrotóxicos a niveles superiores a los permitidos en todas las muestras (Montenegro 2002). El ministro de Salud lo negó y declaró que los niveles de agrotóxicos estaban por debajo del límite establecido, pero el Ministerio no hizo públicos dichos resultados (entrevista con Montenegro 2013). En respuesta a esto, en octubre del 2002, Montenegro y las Madres presionaron a la legislatura municipal para que CEPROCOR lleve a cabo un segundo estudio ambiental de suelo y agua en colaboración con Montenegro y las Madres^[12] (estudio Montenegro-Madres-CEPROCOR) (Carrizo y Berger 2009). Este fue el segundo intento de producir evidencia sobre la contaminación ambiental del barrio por parte de las Madres, aunque esta vez el estudio fue dirigido por el biólogo Montenegro.

A fines de ese año, las Madres, con ayuda de abogados especialistas en derechos humanos y la FUNAM, solicitaron al Juzgado Federal de Córdoba que restrinja las fumigaciones con agrotóxicos en las cercanías de las zonas pobladas en la provincia y que prohíba inmediatamente las fumigaciones en Ituzaingó Anexo. Esta fue la primera vez que las Madres implementaron una estrategia judicial y se aliaron con abogados que movilizaron su experticia legal, aunque no obtuvieron resultados inmediatos. En enero del 2003 se presentaron en una conferencia pública los primeros resultados del estudio ambiental (estudio Montenegro-Madres-CEPROCOR). Estos confirmaron la presencia de agrotóxicos y metales pesados en los pozos de agua por encima de los niveles permitidos (Montenegro 2003, 2012). En consecuencia, las autoridades de salud limpiaron los tanques de agua del barrio (Carrizo y Berger 2009). Ese mismo mes, el Concejo Deliberante promulgó dos nuevas ordenanzas para proteger la salud pública: la Ordenanza 10590 que prohibía la fumigación terrestre y la Ordenanza 2589 que prohibía la fumigación aérea mientras estuviera en vigencia la emergencia sanitaria en el barrio. Estos resultados fueron importantes, implicaron avances en el plano legislativo; sin embargo, las ordenanzas no se aplicaron y las fumigaciones persistieron.

En diciembre 2003, se comunicaron los resultados del estudio epidemiológico del Ministerio de Salud (estudio Ministerio de Salud 2) según el cual había solamente 38 casos de cáncer en el área, de los cuales solo 12 se planteaba que habrían ocurrido entre 1998 y 2003. La conclusión principal era que la cantidad de enfermos no superaba los valores medios nacionales. Sin embargo, el informe oficial con la base de datos correspondiente nunca fue publicado (Carrizo y Berger 2009). Basándose en los resultados de este último estudio, el Ministerio de Salud declaró que la situación no era alarmante y que no había necesidad de implementar medidas para resguardar la salud pública de los vecinos.

En diciembre del 2003 asumió un nuevo gobierno municipal y las Madres encontraron un aliado en el nuevo Subsecretario de Salud, Horacio Barri. Éste, a pedido de las Madres de Ituzaingó, inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud en Ituzaingó Anexo (UPAS 28) bajo la dirección del médico clínico Mario Carpio. Carpio se solidarizó rápidamente con la situación de los vecinos y juntos iniciaron un nuevo estudio epidemiológico (estudio Madres-Carpio). Éste fue un nuevo intento de producir datos epidemiológicos sobre los daños a la salud producidos por los agrotóxicos, esta vez el estudio fue diseñado por Carpio y las Madres colaboraron en la recolección de los datos. Los resultados del estudio mostraron 138 casos de cáncer, 70 casos más de los que daba cuenta la primera encuesta que las Madres realizaron en el 2001 y 100 más de los que daba cuenta el estudio del Ministerio de Salud (2). Estos hallazgos no pudieron ser publicados en un informe oficial de la Secretaría de Salud debido a los conflictos con las autoridades, pero fueron publicados de modo independiente en 2005 (Entrevista con Carpio 2013). A su vez, el Ministerio de Salud tampoco aceptó la validez de estos resultados (entrevista con Carpio 2013; Montenegro 2013; entrevista con una Madre de Ituzaingó 2013). En este contexto, en marzo del 2004 Barri solicitó a Edgardo Schinder, un prestigioso epidemiólogo de Buenos Aires, que dirigiera un estudio epidemiológico comparando Ituzaingó Anexo con otros dos barrios control (estudio Secretaría de Salud-Schinder).

Sin embargo, el apoyo del Subsecretario de Salud no fue suficiente para evitar los intentos por silenciar el problema por parte de las autoridades de salud provinciales y municipales. De hecho, a través de diferentes medios, el gobierno obstaculizó y boicoteó la producción de nuevas evidencias sobre la situación ambiental y sanitaria del barrio. En febrero de 2006 Schinder denunció a la prensa que no pudo terminar el estudio epidemiológico a causa de las presiones políticas y amenazas (García 2006). Sus hallazgos preliminares mostraban que la situación de salud del barrio era alarmante (La Voz 2005), por lo que recomendó al gobierno relocalizar a sus habitantes inmediatamente. En una carta que envió a un periodista, luego publicada online, Schinder declaró:

Por el momento, prefiero no dar nombres de aquellos que me han amenazado y han obstaculizado mi trabajo. Precisamente por estas dificultades que mencioné anteriormente, no pude determinar la mezcla de contaminantes que causan la actual situación de emergencia sanitaria. La conclusión más importante es que el problema existe y continúa (Schinder, citado en Díaz Romero 2008).

Al mismo tiempo, tanto el Subsecretario de Salud, Barri, como Carpio fueron objeto de presiones políticas y censura por parte del Ministerio de Salud y el Secretario Municipal de Salud y finalmente fueron destituidos de sus cargos en 2006. Al respecto, Carpio declaró:

Me dejaron solo. Me echaron. Inmediatamente pensé en nuestro estudio epidemiológico. Nunca fue publicado porque eran malas noticias […] pensé que este… era un modo de callarme, ‘el tipo loco’. Era un intento de silenciar a alguien que estaba diciendo lo que nadie quería escuchar. ¿Justo después de lo que pasó con Schinder? Si, obvio. […] Bueno, había un acuerdo ahí… las autoridades nos dijeron ‘déjense de joder con el tema de los agroquímicos porque va a explotar todo el país’ (Entrevista a Carpio 2013).

Mientras todo esto sucedía, las Madres junto con el Grupo de Reflexión Rural^[13] lanzaron la primera campaña nacional contra el uso de agrotóxicos “Paren de Fumigar”, la cual fue descrita en la introducción de este artículo (Figura 3).

En resumen, durante este período las Madres y sus aliados llevaron a cabo acciones directas (manifestaciones en las calles), propuestas legislativas (proyectos de ley y ordenanzas), y acciones judiciales (demandas y denuncias). Además, intentaron superar la barrera de la experticia a través de dos estrategias: se capacitaron en cuestiones ambientales (Parthasarathy 2010: estrategia 1) y solicitaron a las autoridades incorporar nuevas evidencias (estrategia 2). Esto derivó en la producción de nueva evidencia sobre la situación ambiental y sanitaria del barrio (“ciencia no hecha”) a través de tres investigaciones: un estudio ambiental de suelo y agua, un estudio epidemiológico y un segundo estudio epidemiológico que no pudo ser finalizado. Como resultado, se promulgaron tres nuevas ordenanzas que reconocieron el problema ambiental y sanitario que las Madres denunciaban y restringieron el uso de agrotóxicos en el área. Sin embargo, las ordenanzas fueron violadas sistemáticamente y el gobierno utilizó diferentes métodos para evitar actuar en función de las nuevas evidencias: primero las ignoró, luego las puso en cuestión a través de la producción de otra evidencia contrastante y, finalmente, impidió y boicoteó activamente su producción.

Figura 3. Encuentro de Paren de Fumigar

Fuente: Colectivo Paren de Fumigar, Córdoba, https://bit.ly/2ZN2jwq.

La ciencia en los tribunales: expertos legales cuestionan a la ciencia reguladora

En diciembre 2007, las autoridades municipales cambiaron y Barri, quien como Subsecretario de Salud había ayudado a Madres, ascendió al puesto de Secretario de Salud. Por su parte, Medardo Ávila Vázquez, el nuevo Subsecretario de Salud, empezó a participar en las reuniones de “Paren de Fumigar-Córdoba” y rápidamente se convirtió en un aliado clave de las Madres. Fue él quien organizó el primer encuentro de Pueblos Fumigados en la Universidad Nacional de Córdoba en 2010 (mencionado en la introducción).

En febrero del 2008, el médico que dirigía el Centro de Atención Primaria de la Salud de Ituzaingó Anexo le solicitó a Ávila Vázquez que denunciara que un avión estaba fumigando con agrotóxicos sobre dos campos cercanos a las casas y sobre el mismo centro de salud, violando las ordenanzas municipales. En respuesta a ello, Ávila Vázquez y las Madres junto a un abogado ambientalista, Darío Ávila –quien también se convirtió en un aliado clave de las Madres– presentaron una denuncia. Esta fue la primera vez que una autoridad gubernamental de salud inició acciones legales a favor de la comunidad y solicitó al Poder Judicial que actúe ante las violaciones a las ordenanzas que prohibían las fumigaciones. Cuando el fiscal Carlos Matheu recibió la denuncia no estaba al tanto del conflicto en el barrio ni de la problemática de los agrotóxicos. A partir de allí, el fiscal comenzó a leer y capacitarse sobre el tema –lo que Epstein (1996) denomina como proceso de “expertificación”–: leyó no solo los estudios sobre el barrio, sino también diversos artículos científicos sobre el tema. A partir de esto y luego de hablar con el Subsecretario de Salud, se convenció de que los reclamos de las Madres eran legítimos (entrevista a Matheu 2012). En sus palabras:

Cuando recibí la denuncia me conmocionó y comencé a estudiar. ¿Qué es esto? ¿Alguien puede tirar veneno y envenenar a la gente? ¿Está permitido? Leí todo, los efectos teratogénicos, efectos cancerígenos, neurotoxicidad, genotoxicidad y después de algunas semanas estaba totalmente convencido. Ahí pensé: ‘necesito encontrar una buena estrategia judicial’. (Entrevista a Matheu 2012)

Matheu ordenó un allanamiento en los campos de los acusados. Allí encontró residuos de agrotóxicos a base de glifosato y endosulfán y pudo identificar al dueño del avión. En base a estos hallazgos, el 18 de mayo del 2011, inició el procesamiento del piloto y de los dos propietarios rurales por la violación de las ordenanzas 10505, 10590 y 2589 (promulgadas a partir de las protestas de las Madres). Matheu se convirtió en otro de los “expertos” que contribuyó enormemente al movimiento a través de su experticia legal. De hecho, la estrategia judicial que diseñó fue sumamente creativa y fue clave para ganar el juicio: encuadró la violación a las ordenanzas en el tipo penal de violación a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos (Ley 24.051). Esta estrategia introdujo un nuevo enfoque legal en el conflicto por el uso de agrotóxicos en Latinoamérica.

Luego de que varios Juzgados rechazaran el caso, este fue finalmente aceptado en noviembre del 2011 por el juzgado del Fiscal Alejandro Novillo. Novillo había leído sobre las manifestaciones de las Madres y la evidencia científica sobre los efectos en la salud de los agrotóxicos y trabajó en la causa codo a codo con Matheu. El 12 de junio de 2012, comenzó la audiencia pública y las sesiones tuvieron lugar durante los siguientes dos meses. En el transcurso de esos meses las Madres organizaron manifestaciones junto a la Asamblea Paren de Fumigar Córdoba, movimientos estudiantiles y otras asambleas Paren de Fumigar de diferentes localidades del país (Figura 4). Al mismo tiempo, científicos y expertos en salud y ambiente organizaron charlas, talleres y conferencias en la Universidad Nacional de Córdoba.

En el juicio declararon más de cuarenta testigos incluidos vecinos del barrio y expertos de múltiples localidades que produjeron distinto tipo de evidencia (artículos científicos, informes, etc.) sobre los efectos nocivos de los agrotóxicos en el país (Figura 6). Matheu y Novillo solicitaron a los jueces que consideraran los testimonios y los trabajos como evidencia válida para demostrar que los acusados, al aplicar agrotóxicos en zonas prohibidas, habían puesto en peligro la salud pública y, por ende, eran culpables de violar la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. Además de pedir justicia para el caso de las fumigaciones ilegales en Ituzaingó Anexo, los fiscales solicitaron a los jueces que recomendaran a las autoridades nacionales cambiar el fundamento, así como los procedimientos burocráticos de las políticas regulatorias vigentes. Con estos pedidos apuntaban a las causas político-estructurales del problema.

En otras palabras, el movimiento, el abogado y los fiscales se involucraron en la tercera y cuarta estrategia de Parhasarathy. En relación con la tercera estrategia, pidieron a los jueces que reclamen a los entes regulatorios nacionales que utilicen la lógica de la precaución y que inviertan la carga de la prueba: que sean los contaminadores quienes demuestren que lo que hacen es seguro y no que sean las comunidades las que tengan que demostrar que se enferman; y, mientras esa evidencia no exista, que se prohíba la actividad o producto acusado de contaminar. Además, pidieron a los jueces que reclamen al SENASA que cambie su metodología de clasificación toxicológica, tomando en cuenta las patologías crónicas ante largos períodos de exposición –en lugar de medir exclusivamente el daño letal agudo–. En relación con la cuarta estrategia, pidieron a los jueces que soliciten al Ministerio de Salud el diseño de una ley de presupuestos mínimos (proyecto de ley de agroquímicos) con nuevas normas unificadas para todo el territorio nacional para ser presentado al Congreso -que, entre otras cosas, prohíba las fumigaciones aéreas y establezca límites uniformes para las fumigaciones terrestres­-. Además, pidieron a los jueces que le soliciten al Ministerio de Salud que se asegure de que los estudios utilizados para las políticas regulatorias sean llevados a cabo por laboratorios o universidades nacionales independientes de los intereses corporativos.

Las Madres ganaron el caso. El tribunal de la Cámara I del Crimen de Córdoba condenó a tres años de prisión condicional (es decir, no efectiva) al productor rural Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello por las fumigaciones ilegales en el Barrio Ituzaingó Anexo. Sin embargo, el tribunal absolvió al propietario del otro campo, al alegar falta de evidencia, y los jueces rechazaron el pedido de los fiscales de presentar solicitudes de cambio y recomendaciones en materia de política regulatoria al gobierno nacional. A pesar de estas limitaciones, el movimiento social consideró el veredicto como un resultado sumamente positivo para la lucha. Lo más importante fue que lograron que los jueces definieran a los agrotóxicos como residuos peligrosos y, por lo tanto, establecieran que su uso no solo puede causar daño a la salud pública, sino que además este daño puede ser tipificado y sancionado penalmente. Como lo sintetizó el juez, presidente del tribunal: “A partir de ahora quien fumigue en forma ilegal puede quedar detenido porque es delito” (entrevista al Dr. Lorenzo Rodríguez en Juicio a la Fumigación 2012).

Figura 4. Llamados a asistir a la audiencia del juicio el día 11 de junio y a la marcha de apoyo el 19 de julio de 2012

Fuente: Colectivo Paren de Fumigar Córdoba, https://bit.ly/2ZN2jwq.

Figura 5. Una de las Madres de Ituzaingó muestra el mapa con las distancias entre el avión fumigador y las casas de los vecinos durante el juicio

Fuente: https://bit.ly/2OZCTWt, Creative Commons.

Conclusión

Diversas investigaciones han dado cuenta de cómo los procesos de producción de evidencia que cuestionan a la ciencia reguladora constituyen un paso necesario para superar situaciones de injusticia ambiental. En estos trabajos aparecen distintas definiciones del concepto de contra-experticia. Ante esta diversidad, propusimos una definición propia: entendimos por contra-experticia cualquier esfuerzo que se apoye en experticia –en un sentido amplio– para cuestionar decisiones regulatorias basadas en conocimientos científicos en la lucha por la justicia ambiental. Con este estudio de caso, esperamos contribuir a los debates sobre cómo se produce y moviliza la contra-experticia en las iniciativas políticas de los movimientos sociales que promueven el cambio social (Ottinger & Cohen 2011).

Este trabajo abordó el problema de la falta de evidencia sobre los efectos nocivos en el ambiente y la salud de los agrotóxicos denunciados por las comunidades rurales, cuando comenzó el conflicto a principios del 2000- lo que Hess (2007) llamó “ciencia no hecha”-. Este problema estuvo asociado al hecho de que la metodología de clasificación toxicológica oficial utilizada para medir los riesgos de los agrotóxicos –lo que Jasanoff denominaría ciencia reguladora (1990)– no tiene en cuenta sus efectos crónicos en la exposición a largo plazo. A su vez, también estuvo vinculado al hecho de que el Ministerio Nacional de Salud no ha llevado a cabo ningún estudio epidemiológico sobre esta problemática. Analizamos no sólo cómo y quién produce la evidencia científica necesaria para poner en cuestión las afirmaciones acerca de la seguridad de determinados agrotóxicos sino también, e igualmente importante, cómo se producen y movilizan otros tipos de conocimiento en las luchas por la justicia ambiental. Consideramos central trabajar desde esta perspectiva más amplia porque, en general, la producción de “ciencia no hecha” no resulta suficiente para generar cambios políticos. De hecho, a pesar de que tanto a nivel internacional como a nivel nacional se fue desarrollando un cúmulo de evidencias sobre los efectos nocivos de los agrotóxicos basados en glifosato en el ambiente y la salud (Sosa et al. 2019; Rossi 2020), no hubo cambio en la política regulatoria nacional. Los cambios que se lograron a nivel local fueron producto de luchas políticas que involucraron diversas estrategias y diversos tipos de experticia.

Comenzamos el análisis con la conceptualización de “barrera de la experticia” de Parthasarathy, y su tipología de las cuatro estrategias que los activistas despliegan para superarla (2010). Ampliamos esta tipología al diferenciar los tipos de experticia desplegados en estas estrategias en función de los actores implicados: activistas, científicos y expertos legales. Para hacerlo, nos basamos en investigaciones que describen cómo las comunidades producen conocimiento sobre sus propias situaciones de padecimiento; cómo los científicos producen nuevos conocimientos que sirven a los objetivos de los movimientos por la justicia ambiental; y cómo se establecen nuevas y fructíferas relaciones entre experticia científica y experticia local. También nos apoyamos en una línea incipiente de investigación que explora el desarrollo del activismo legal y la experticia legal en los conflictos relativos a la justicia ambiental.

Nuestro análisis sobre el conflicto por el uso de agrotóxicos en Ituzaingó Anexo confirma lo que plantean varios otros estudios disponibles: la importancia de producir “ciencia no hecha” para denunciar los efectos nocivos de una nueva tecnología –en este caso un paquete tecnológico–. Sin embargo, al igual que otros estudios que analizaron movimientos que lograron modificar las políticas regulatorias para resguardar el ambiente y la salud pública (Suryanarayanan y Kleinman 2013), encontramos que la producción de “ciencia no hecha” no fue la única estrategia implementada. Además de acciones directas y otros repertorios de acción colectiva utilizados comúnmente por los movimientos sociales, los activistas desplegaron las cuatro estrategias descritas por Parthasarathy; y cada uno de los tres tipos de experticia (legal, local y científica) tuvo un papel clave para esto. De hecho, la producción de nueva evidencia sobre los efectos nocivos de los agrotóxicos involucró tanto la experticia local como la experticia científica. Al mismo tiempo, la experticia legal fue clave para movilizar exitosamente esta evidencia en los tribunales y cuestionar a la ciencia reguladora.

El primer paso que dieron las “Madres de Ituzaingó” para concientizar sobre la grave situación ambiental y sanitaria del barrio fue la producción de evidencia en base a sus propios conocimientos del barrio y por sus propios medios. Realizaron una encuesta y un mapa que mostraba un nodo (clúster) de enfermedades en las proximidades de los campos de soja. Al introducir nueva evidencia basada en su experticia local, las Madres implementaron la segunda estrategia de Parthasarathy. Como las autoridades gubernamentales ignoraron esta evidencia, las Madres se involucraron también en la primera estrategia de Parthasarathy –desarrollar la experticia técnica–, a la vez que seguían avanzando con la segunda estrategia. Se aliaron con científicos y profesionales de la salud locales y fueron adquiriendo el lenguaje técnico ambiental y médico. Conjuntamente con estos expertos plantearon la hipótesis de que los problemas de salud ambiental del barrio eran causados por los agrotóxicos e iniciaron una serie de estudios en el barrio.

Este período estuvo signado por los esfuerzos por recolectar y producir evidencias ambientales y epidemiológicas sobre los efectos de los agrotóxicos en Ituzaingó Anexo. Ambos lados de la disputa –la comunidad y las autoridades gubernamentales que negaban el problema– recurrieron a expertos y a diversos centros de investigación. Como resultado de este proceso, se produjo nueva evidencia que reveló niveles de contaminación con agrotóxicos por encima de los parámetros aceptados y un nodo (clúster) de cáncer en el barrio. Aunque las autoridades presentaron resultados contrastantes e intentaron seguir negando el problema, la producción de nueva evidencia tuvo un papel central para legitimar los reclamos de las Madres y promover la promulgación de nuevas ordenanzas municipales que restringieron el uso de agrotóxicos en el área. A medida que el movimiento y sus aliados producían cada vez más evidencia que confirmaba la alarmante situación sanitaria y ambiental del barrio, se hacían más evidentes los límites de la estrategia de las autoridades provinciales y municipales (es decir, el rechazo de la validez de los hallazgos y la presentación de evidencia contrastante). Entonces, hubo un cambio en la estrategia gubernamental: en vez de continuar dando el debate en el plano científico-técnico, impidieron que se continúe produciendo la evidencia que daba cuenta del problema. Amenazaron a un científico y un médico que llevaban a cabo estudios epidemiológicos y despidieron a las autoridades que los contrataron. En esta difícil coyuntura local ­­– en la cual, a su vez, las ordenanzas eran constantemente violadas por los productores rurales–, las Madres lograron conectase con organizaciones sociales de otras localidades del país que enfrentaban la misma problemática y juntas lanzaron la primera campaña nacional contra el uso de agrotóxicos: “Paren de Fumigar”. La campaña fomentó la movilización de comunidades en todo el país, así como promovió el desarrollo de un nuevo campo de estudio sobre los impactos en la salud y el ambiente de los agrotóxicos y la creación de una red de expertos movilizados. Todo ello contribuyó a la lucha en Ituzaingó Anexo.

De hecho, uno de los expertos que se unió a esta campaña fue el subsecretario de salud de la Ciudad de Córdoba que se convirtió en un aliado clave de las Madres. Él, junto a un abogado, dio el puntapié inicial para lo que se convirtió en la elaboración de una estrategia judicial sumamente novedosa por parte del fiscal que permitió sancionar penalmente a quienes violaron las ordenanzas restrictivas y frenar las fumigaciones en el barrio. Durante el proceso judicial, pueden identificarse también las cuatro estrategias descritas por Parthasarathy. No sólo se presentaron nuevas evidencias científicas y producidas por los vecinos sobre el daño ambiental y sanitario, sino que además se cuestionó el fundamento de las políticas que regulan a los agrotóxicos (al solicitar que se adopte un enfoque precautorio y se implementen nuevas metodologías para medir los impactos) y se cuestionaron los procedimientos del diseño e implementación de estas políticas (al solicitar una nueva ley nacional y nuevos procedimientos para la aprobación, registro, clasificación, comercialización y uso de estos productos).

El juicio de Ituzaingó Anexo no solo logró detener las fumigaciones en el barrio, sino que sentó jurisprudencia y tuvo gran influencia en muchas comunidades contaminadas que luchan por la justicia ambiental. Sin embargo, no pudo modificar el fundamento ni los procedimientos burocráticos de la política regulatoria de los agrotóxicos. Y, menos aún, logró un cambio de modelo agrario. Sin embargo, se trató de un fallo histórico porque el punto central de la controversia tenía que ver con la definición misma de los agrotóxicos. Anteriormente, su uso en lugares prohibidos había sido considerado una violación al derecho civil. En cambio, este fallo por primera vez tipificó a los agrotóxicos como residuos peligrosos y, por ende, su uso indebido fue considerado como una amenaza a la salud pública, es decir, sancionable penalmente^[14]. El caso da cuenta de la importancia de utilizar a los tribunales para movilizar las nuevas evidencias producidas por la contra-experticia, a la vez que revela los roles complementarios que pueden jugar la experticia local, científica y legal en la lucha por la justicia ambiental.

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