Las alternativas a los agroquímicos
en Argentina, Brasil y Francia

Frédéric Goulet, Alexis Aulagnier y Matthieu Hubert

Introducción

Uno de los retos que plantea la reducción del uso de ciertas tecnologías es el de las alternativas disponibles. De hecho, es fundamental que los usuarios afectados por esta reducción dispongan de soluciones que compensen la ausencia, real o prevista, de ciertas tecnologías. Unas de las nociones que vienen a la mente espontáneamente para analizar este tipo de fenómeno son las de sustitución o de reemplazo. Dan cuenta de la introducción de una tecnología que permite cumplir las funciones de la tecnología utilizada hasta entonces (Goulet y Vinck 2013). La sustitución (Gomart 2002; Nouguez 2017) y el reemplazo (Cinçon 2010) han sido estudiado como fenómenos sociológicos. Algunos trabajos, como los relativos a las transiciones sociotécnicas (Geels y Schot 2007) o a las promesas tecnocientíficas (Joly 2013), también se han focalizado sobre estos tipos de fenómenos. Se ha mostrado que la idea misma de sustitución es objeto de debate entre los actores implicados en la búsqueda de alternativas tecnológicas y que puede ser percibida como una solución simplista a la cual se debería preferir una visión más sistémica (Aulagnier y Goulet 2017).

En este capítulo proponemos profundizar la comprensión de estos fenómenos a través del estudio de las políticas públicas que apuntan a facilitar el surgimiento de tecnologías alternativas a los agroquímicos, alternativas que a menudo se definen con el término de control biológico (ver Recuadro 1). El argumento que avanzamos es que la idea de sustitución no permite dar cuenta de la diversidad y complejidad de las operaciones realizadas en el marco de las políticas destinadas a fomentar la aparición de esas tecnologías. El estudio de varios casos nacionales –Argentina, Brasil, Francia– nos llevará a matizar la figura dominante de la sustitución, centrándonos en las actividades que desplazan los límites dentro de los cuales se definen las tecnologías consideradas legítimas por la acción pública. Nos interesa dar cuenta del trabajo de definición de estas fronteras (Gieryn 1983), es decir, las actividades de categorización (Bowker y Star 1999) que llevan a cabo los actores encargados de definir las tecnologías a promover y eliminar. La literatura sobre actividades de categorización nos invita a considerar la dualidad inherente a este trabajo de producción de fronteras, entre la descalificación y la calificación positiva (Conein 2001), y entre distinciones y reagrupamientos (Quéré 1994). Categorizar no solo significa establecer límites dentro de los cuales se establecen criterios de equivalencia y estabilidad, sino también introducir diferenciaciones y demarcaciones: estar en una categoría significa no estar en otra (Bowker y Leigh Star 1999). La hipótesis que exploramos aquí es, por lo tanto, que la manera de definir, clasificar y calificar las tecnologías alternativas a los agroquímicos revela configuraciones más complejas y sutiles que la perspectiva binaria del reemplazo (o de la sustitución). Al hacerlo, proponemos un análisis de los desplazamientos de las fronteras de las categorías que definen las tecnologías alternativas.

Este capítulo se organiza de la siguiente manera: en la primera parte, expondremos las razones del interés que han mostrado recientemente Argentina, Brasil y Francia por los productos de control biológico en la agricultura; en la segunda parte, nos focalizaremos sobre los diversos registros e intensidades de problematización de los agroquímicos en los tres países; esto nos llevará, en una tercera parte, a analizar cómo estas diferentes problematizaciones se han traducido en políticas públicas basadas en categorías con límites contrastadas.

Una efervescencia en torno a las tecnologías alternativas a los agroquímicos

En Argentina, Brasil y Francia, ha surgido durante los últimos diez años un gran interés de los Estados por las tecnologías alternativas a los agroquímicos. Así pues, el apoyo a los métodos no químicos de protección fitosanitaria ha sido objeto de diversas iniciativas.

En Francia, en 2011 el Primer Ministro solicita un informe sobre el desarrollo de soluciones de control biológico, conocido localmente como “biocontrol”. El objetivo de este informe es “elaborar un inventario preciso del grado de utilización de los agentes de control biológico en cada sector agrícola”, “identificar los factores que limitan la utilización y el desarrollo de estos métodos y medios de control” y “definir los medios y palancas económicos, financieros y logísticos que parecen necesarios para permitir este desarrollo”. El presente informe, titulado “Biocontrol para la protección de los cultivos. 15 recomendaciones para apoyar las tecnologías verdes” (Herth 2011) tiene por objeto fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías alternativas a los agroquímicos. Tras su publicación, el Ministerio de Agricultura ofrece una hoja de ruta para alentar a los agricultores a utilizar el biocontrol, promover la innovación en este ámbito y fomentar la comercialización de los productos en cuestión. Después de esa publicación viene la firma de un acuerdo marco entre el Ministerio y 21 protagonistas de la industria y del mundo agrícola. Las organizaciones de desarrollo agrícola, los institutos de investigación y las asociaciones de fabricantes de agroquímicos o de métodos de biocontrol se juntan para facilitar el desarrollo y la difusión de alternativas a los agroquímicos. En consonancia con esas iniciativas, en 2016 se pone en marcha un consorcio de biocontrol que une a la industria y a los institutos de investigación con la ambición de desarrollar esas nuevas soluciones.

En Argentina, los primeros pasos a favor de los insumos de origen biológico también comenzaron a principios de 2010, liderados por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)^[2]. El gobierno argentino lanza diversas iniciativas para promover los bioinsumos –volveremos a continuación sobre la construcción de esta categoría, que incluye los productos de control biológico y los biofertilizantes– con un comité asesor dentro del Ministerio de agricultura como base organizativa (Goulet y Hubert 2020). Este comité reúne a los principales protagonistas públicos y privados y formula recomendaciones con el fin de fomentar el desarrollo de estos productos. En Brasil se creó más recientemente, en 2019, un grupo de trabajo en el Ministerio de Agricultura para preparar la creación, en 2020, de un programa nacional de bioinsumos.

En los tres países, las palancas activadas por las políticas son más o menos las mismas: poner en marcha o reforzar los programas de investigación; intensificar los vínculos entre los laboratorios públicos y las empresas privadas; modificar los marcos reglamentarios para la aprobación de los insumos agropecuarios (diseñados, hasta entonces, para los insumos químicos); concientizar a los productores sobre el uso de estas tecnologías. Paralelamente a estas iniciativas políticas, ocurre también una efervescencia industrial que se traduce, durante la década del 2010, por una dinámica mundial de inversiones de grandes empresas agroquímicas en el campo de los insumos biológicos. En Francia, las empresas productoras de productos de biocontrol están siendo compradas por grandes grupos industriales: Goëmar es adquirida por la empresa japonesa Arysta LifeScience, Agrauxine es comprada por el fabricante francés de levadura Lesaffre. En Estados Unidos, BASF adquiere Becker Underwood, pionera en la producción de microorganismos de control biológico, por mil millones de euros, y Bayer compra la empresa californiana Agraquest, especializada en soluciones bacterianas. Este entusiasmo de los actores económicos por los métodos alternativos a los agroquímicos, que también se observa en Sudamérica, se refleja en el crecimiento de la asociación de productores de estas tecnologías, la Asociación Internacional de Fabricantes de Biocontrol (IBMA). A esta asociación, creada a mediados de los años noventa y cuyos miembros eran principalmente PYMES, se han unido a partir de 2010 las grandes empresas agroquímicas^[3]. En el plano internacional, el IBMA es miembro de la alianza internacional BioProtection Global, creada en 2014 y reúne a otras asociaciones internacionales, así como a asociaciones nacionales de las industrias de biocontrol como la asociación brasileña (ABC Bio) o la asociación argentina (CABIO).

Recuadro 1. Principales métodos de control biológico

Se pueden distinguir cuatro tipos principales de agentes de control biológico: *Los macroorganismos auxiliares son invertebrados, insectos, ácaros o nematodos utilizados de manera razonada para proteger los cultivos contra los ataques de los bio-agresores. *Los microorganismos son hongos, bacterias y virus que se utilizan para proteger los cultivos contra las plagas y enfermedades o para estimular la vitalidad de las plantas. *Los mediadores químicos incluyen feromonas y kairomonas de insectos. Se utilizan para vigilar los vuelos de insectos devastadores y controlar las poblaciones de insectos mediante la confusión sexual y la colocación de trampas. *Las sustancias naturales utilizadas como productos de biocontrol están compuestas por sustancias presentes en el medio ambiente natural y pueden ser de origen vegetal, animal o mineral.

Diversas problematizaciones del uso de los agroquímicos

Si bien existe un entusiasmo político y económico por los métodos de control biológico en los tres países, no es en respuesta a los mismos desafíos que estas tecnologías han ganado visibilidad.

El biocontrol al rescate del plan Ecophyto en Francia

En Francia, el interés de la acción pública en materia de productos de biocontrol está vinculado a las políticas que, desde finales de la década del 2000, tratan de reducir el consumo de agroquímicos por los agricultores franceses. La problematización política de esos productos químicos se aproxima, en el contexto francés, al paradigma de las “políticas de riesgo” (Borraz 2008). En ese paradigma, por un lado, los agroquímicos son considerados como peligrosos y, por lo tanto, están sujetos a un uso controlado (Chateauraynaud y Torny 1999). Por otro lado, los peligros asociados a su uso se vuelven calculables y aceptables en el marco de un sistema de registro y autorización de comercialización. En Francia, este proceso ha estado históricamente sujeto a un monopolio del Ministerio de Agricultura (Jas 2007).

A partir de principios de los años ‘90, este tipo de regulación es cuestionada. Se pueden identificar dos frentes de crítica. Por una parte, la presencia de agroquímicos en el agua, que se observa a raíz de la controversia relacionada con los nitratos, se convierte en un motivo de preocupación en le década del 1990. El Comité de Orientación para Prácticas respetuosas del medio ambiente (el CORPEN, por su acrónimo en francés), creado en 1984, se interesa más específicamente en los agroquímicos a partir de 1992. Involucra a muchos actores en una reflexión sobre los usos agrícolas y el comportamiento de los agroquímicos en el medio ambiente. Aunque el ámbito de actuación de este organismo sigue siendo limitado, marca un cuestionamiento del monopolio del Ministerio de Agricultura sobre el gobierno de las prácticas agrícolas y el control de los agroquímicos. Por otra parte, la seguridad de los agroquímicos para los trabajadores agrícolas expuestos a ellos es cuestionada por los científicos o las asociaciones de víctimas, que señalan los defectos del sistema de registro de los agroquímicos (Jouzel y Dedieu 2013). En los últimos años se ha abierto finalmente el abanico de los temas de problematización, con el problema de la mortalidad de las abejas y, más ampliamente, el colapso de las poblaciones de insectos y de la biodiversidad en torno a las zonas cultivadas. Así pues, la década del 2000 revela una contestación polifacética de la regulación de los agroquímicos y un debilitamiento progresivo del monopolio del Ministerio de Agricultura. En este contexto, en 2008 se puso en marcha el plan Ecophyto, cuyo objetivo era reducir en un 50% el consumo de agroquímicos en la agricultura francesa.

El diseño y lanzamiento de este plan marca un importante punto de inflexión en la definición del problema público (Gusfield 2009) de los agroquímicos, como un problema de prácticas agrícolas. Ya no se trata de controlar su uso mediante un conjunto de medidas de gestión de riesgos, sino de comprometer a los agricultores en una trayectoria de reducción del uso de esas sustancias mediante la transformación de sus prácticas. Esta definición particular del problema se plasma especialmente en los indicadores incluidos en este plan (Aulagnier y Goulet 2017). En el marco de esta política se han puesto en marcha varios instrumentos que movilizan los modos de acción y los agentes del desarrollo agrícola (capacitación, vigilancia de las tierras, creación de grupos de desarrollo). Sin embargo, pronto se hace evidente que estos diversos instrumentos no están dando fruto: de un año a otro, el consumo de agroquímicos sigue aumentando. Además, el plan se convierte en una arena de conflictos: la participación de actores como el Ministerio de Medio Ambiente o las asociaciones ambientalistas en la gestión de las prácticas agrícolas despierta el enojo de las organizaciones agrícolas profesionales.

En este contexto de fracaso, el control biológico surge como una solución conveniente, permitiendo la cooperación de actores con intereses opuestos. Los representantes del campo consideran que el plan Ecophyto es coercitivo, y la reducción de los agroquímicos deja la amenaza de una disminución de los rendimientos y de sus ingresos. El desarrollo de alternativas a los agroquímicos les ofrece la promesa de una solución tecnológica concreta. Los fabricantes y distribuidores de agroquímicos consideran que la promoción de estos métodos es una oportunidad para desarrollar un nuevo segmento comercial, mientras que el objetivo de reducción hace temer una caída de las ventas de insumos químicos. Por último, para los servicios del Ministerio de Agricultura, la promoción de estos métodos brinda la oportunidad de hacer una declaración positiva sobre el tema de los agroquímicos: ya no se trata sólo de imponer y obligar a los agricultores, sino de poner a su disposición soluciones. El apoyo público a las técnicas de control biológico forma parte, pues, de un plan para reducir el consumo de agroquímicos; fomenta las tecnologías que evitan desafiar radicalmente los intereses de los actores existentes.

Una problematización difusa de los agroquímicos en Argentina y Brasil

En Argentina y Brasil, países cuyo perfil agrario y relación con las tecnologías agrícolas convergen, la situación es diferente del caso francés, y relativamente similar entre sí. En los últimos treinta años, ambos países han conocido un auge de la agricultura industrial de productos básicos como la soja para el mercado de exportación, lo que se conoce localmente como agronegocio. Las técnicas de producción utilizadas son intensivas en insumos químicos, en particular los herbicidas a base de glifosato, debido al uso de técnicas de siembra directa y de variedades transgénicas resistentes a esta molécula (Goulet y Hernández 2013). Las alertas sobre los peligros de los agroquímicos ganaron visibilidad a principios de la década del 2000, a medida que se expandieron los monocultivos del agronegocio. El factor desencadenante, particularmente en la Argentina, es la movilización de las poblaciones que viven junto a los campos cultivados en los que se fumigan los agroquímicos por avión (Arancibia 2013). Esas poblaciones denuncian las enfermedades y malformaciones crónicas relacionadas con su exposición a estos productos, y su causa encuentra un eco en los medios de comunicación nacionales (Blois 2016). Las medidas de buenas prácticas agrícolas para el uso de agroquímicos son ciertamente alentadas por el Ministerio de Agricultura y por las organizaciones agrícolas profesionales, pero la situación sigue siendo problemática en la actualidad.

A diferencia de lo que ocurre en Francia, la cuestión de la calidad del agua o de la inocuidad de los alimentos ha seguido siendo durante mucho tiempo un problema periférico, poco tenido en cuenta por los políticos o los consumidores. Si bien países como Argentina y Brasil son importantes productores de alimentos orgánicos, la gran mayoría de esos productos se destinan a la exportación a los Estados Unidos o a la Unión Europea, aunque los dos gigantes sudamericanos experimentan recientemente un importante crecimiento de su consumo interno. Además, son las reglamentaciones de esos países importadores, cada vez más exigentes en cuanto a la limitación de los residuos de agroquímicos, las que proporcionan un fuerte incentivo para reducir el consumo de agroquímicos desde la década de 2000, en particular en el sector de las frutas. Así pues, la reducción de los agroquímicos se constituye en un problema de comercio exterior para estos países agroexportadores, que adoptan medidas para mejorar sus prácticas y encontrar alternativas.

Sin embargo, el panorama de las problematizaciones que llevan a interesarse por las alternativas tecnológicas a los agroquímicos está incompleto si no mencionamos a los movimientos que defienden la agroecología y la agricultura familiar (Sabourin et al. 2017). Desde las décadas de los 1970 y 1980, estos movimientos defienden un modelo agrario basado en la producción en pequeña escala y localizada y en el uso de insumos naturales producidos por los propios agricultores. Defienden también sus derechos a desarrollar sus propios fertilizantes orgánicos y productos de tratamiento, no sólo para evitar el uso de productos perjudiciales para los seres humanos y el medio ambiente natural, sino también para evitar la dependencia de las empresas agroquímicas y sus canales comerciales. En Argentina y Brasil, la problematización de los agroquímicos adopta, por lo tanto, diferentes formas que no se limitan a la cuestión de la salud y el medio ambiente. Sin embargo, los diferentes segmentos del mundo rural afectados se han unido en torno a las recientes políticas a favor de los bioinsumos, con expectativas contrastadas.

Para los partidarios de la agricultura industrial convencional, las expectativas están en consonancia con las estrategias e imaginarios que hicieron de la innovación tecnológica el pilar del auge agrícola de los años 1990. Después de los insumos químicos y los organismos genéticamente modificados, los bioinsumos constituyen la promesa tecnológica de nuevos desarrollos que podrían resolver los problemas de productividad, en particular los relacionados con la resistencia de ciertas enfermedades a los productos químicos. Para los partidarios de la agricultura familiar en pequeña escala y de las prácticas agroecológicas, el apoyo a los bioinsumos se considera una forma de ayudar a los pequeños productores mediante la promoción de la producción y el consumo de insumos dentro de las explotaciones agrícolas. En términos más generales, forma parte de una lucha por el reconocimiento de la pluralidad de las prácticas agrícolas y por la transformación de la estructura agraria. Por último, para los promotores de la agricultura orgánica, el desarrollo de insumos orgánicos responde a la necesidad de desarrollar su producción frente a la creciente demanda nacional e internacional, cumpliendo al mismo tiempo con las normas sanitarias.

Biocontrol y bioinsumos, categorías contrastadas

En Francia, las políticas de promoción del biocontrol están, por lo tanto, vinculadas a un imperativo de reducción de los agroquímicos. En Argentina como en Brasil, en cambio, las políticas de apoyo a los bioinsumos responden a intereses de sectores del mundo agrícola que dan menos importancia a las cuestiones sanitarias y ambientales. Este contraste prefigura diferencias significativas en el alcance de las categorías de acción pública elegidas para designar tecnologías legítimas para asegurar la sanidad vegetal (Dubois 1999). Mientras que en Francia predomina una lógica de sustitución, en la Argentina y el Brasil prevalece más bien la de coexistencia.

El biocontrol, una categoría estrecha para demarcarse de los agroquímicos

En Francia se generalizó inicialmente una definición pragmática del control biológico. Según el informe de Herth, la denominación “biocontrol” corresponde a un conjunto de cuatro familias de productos (véase el recuadro 1). Esta definición, que es coherente con el catálogo de las empresas miembros de la IBMA, opera una clara demarcación entre los insumos químicos y biológicos: por biocontrol se entiende todos los productos fitosanitarios que no son químicos y que están disponibles en Francia. La diferencia entre los agroquímicos y las soluciones de biocontrol puede parecer obvia a primera vista. Sin embargo, una definición más precisa del biocontrol es necesaria porque los reglamentos franceses y europeos sobre agroquímicos definen una sustancia activa como cualquier entidad que tenga una acción sobre la salud de las plantas. Por lo tanto, la naturaleza de la sustancia, ya sea una bacteria, un producto químico sintético, una planta o un extracto mineral, es irrelevante. Lo que se evalúa es la capacidad de la sustancia, sea cual sea, para proteger la planta. Un extracto de cáscara de limón, si se comercializa como producto fitosanitario, se somete así a la reglamentación europea utilizando las mismas pruebas que la molécula sintética más compleja.

Por lo tanto, en estos reglamentos, los productos de biocontrol son considerados como agroquímicos. Sin embargo, una regulación que tome en cuenta la especificidad de los productos de biocontrol es necesaria para ser objeto de medidas de incentivo en Francia (extracción de cuentas de consumo de agroquímicos, exención de la prohibición de la publicidad comercial o de la necesidad de aprobación para su manipulación o comercialización, etc.). Este trabajo de identificación y calificación de los productos de control biológico es la responsabilidad de un departamento del Ministerio de Agricultura: la Oficina de Insumos y Control Biológico. Sus miembros se encargan de registrar los productos de biocontrol en una lista positiva. Son ellos quienes identifican, entre todos los productos fitosanitarios autorizados, los que deben ser considerados como biocontrol. Observando las decisiones hechas por estos funcionarios, se pueden distinguir dos etapas en el proceso de reemplazo.

En una primera etapa, la Oficina de Insumos y Control Biológico del Ministerio decidió excluir del ámbito del biocontrol todos los productos clasificados como CMR (Cancerígeno, Mutágenos o tóxicos para la Reproducción). Aunque los productos de biocontrol no son productos sintéticos, no son inofensivos. Como dijo un ex presidente del IBMA en una entrevista, “la cicuta o el arsénico no son buenos para la salud, pero son naturales! Así que no debemos creer que un producto es bueno para el medio ambiente porque es de origen natural”. El Ministerio de Agricultura decidió entonces excluir del ámbito de aplicación del biocontrol, consciente del carácter restrictivo de esta decisión, todos los productos que presenten algún peligro: productos cancerígenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción e incluso productos que presenten toxicidad para los organismos acuáticos. Lo que se desprende de esta decisión de los servicios del Ministerio es que el problema de los agroquímicos no es tanto su naturaleza como sus impactos en el medio ambiente y la salud. La creación de una categoría sustitutiva de los agroquímicos significa entonces reunir productos que son útiles para la protección de los cultivos, pero inofensivos para los seres humanos y el medio ambiente natural.

En una segunda etapa, la Oficina de Insumos y Control Biológico del Ministerio decidió excluir también los estimuladores de defensa de las plantas del perímetro del biocontrol. También conocidos como bioestimulantes, estos productos tienen como objetivo reforzar la resistencia y la vitalidad de las plantas, pero no atacan directamente las plagas o enfermedades de los cultivos. Potencialmente ayudan a la planta a ser más resistente, pero activando los mecanismos internos, sin tener una acción fitosanitaria. Estos productos se comercializan generalmente como fertilizantes. Esta regulación es más flexible y menos costosa que la de los productos con acción fitosanitaria. Los servicios del Ministerio, apoyados en esta decisión por los industriales y la IBMA, decidieron no reconocer estos productos como pertenecientes al biocontrol. Decidieron que sólo los productos con una autorización de comercialización fitosanitaria serán reconocidos como soluciones de biocontrol.

Esta serie de decisiones tomadas por el Ministerio de Agricultura muestra que el enfoque elegido es construir una categoría de productos capaces de sustituir a los agroquímicos. Este trabajo requiere dos operaciones distintas: la identificación clara de las características incriminadas de las tecnologías que se desea desplazar, y la identificación de las propiedades que deben mantenerse en los productos de sustitución. Al elaborar una lista de productos que se diferencian estrictamente de los agroquímicos pero que deben cumplir funciones idénticas, la Oficina de Insumos y Control Biológico del Ministerio lleva a cabo una doble tarea de distanciamiento y mantenimiento de determinadas características de los agroquímicos. La operación de sustitución forma parte, pues, de una lógica que tiene por objeto mantener los límites de la categoría inicial o, al menos, calcar sobre esos límites las fronteras de la nueva categoría. El desplazamiento consiste entonces en introducir nuevos productos en la nueva categoría y en excluir los productos que presentan las características discriminadas.

Los bioinsumos, categoría extensa y complementariedad con los agroquímicos

La categoría de bioinsumos que se aplica en Argentina y Brasil es más abierta y menos discriminatoria que la de biocontrol en Francia. Como acabamos de ver, esta última ha sido construida con el claro objetivo de excluir ciertas propiedades de los insumos químicos. En cambio, la categoría de bioinsumos se ha configurado para incluir los fertilizantes biológicos (que no tienen equivalentes funcionales en los agroquímicos) y mantener una estrecha conexión con los actores del modelo agroindustrial.

Los límites de la categoría de los bioinsumos están posicionados, como mencionamos, para reunir dos grandes familias de tecnologías –el control biológico y los biofertilizantes– y, al hacerlo, para reunir una cierta masa crítica de entidades y actores que van desde la producción agrícola hasta los científicos y las empresas. Contrariamente a la categoría de biocontrol elegida en Francia, permite incluir los biofertilizantes, que tienen una gran importancia económica en Argentina y Brasil, en particular a través de los bioinoculantes, que actualmente representan el 95% del mercado de bioinsumos en Argentina por su uso en el agronegocio. Los bioinoculantes son soluciones bacterianas que se agregan a las semillas para estimular la fijación del nitrógeno por parte de las plantas, reduciendo así la necesidad de fertilizantes nitrogenados. Si bien permiten reducir el uso de fertilizantes químicos, siguen estando estrechamente vinculados al modelo de agricultura industrial y a las investigaciones en biotecnología. Son las tecnologías emblemáticas de la industria de los insumos agrícolas en ambos países y son el resultado del trabajo de selección y mejora en los laboratorios, lejos del ideal de autoproducción de insumos orgánicos por parte de los productores. Su importancia a la hora de la aparición del concepto de bioinsumos en la Argentina, y más ampliamente del imaginario tecnológico que lo sustenta, puede verse en un simple hecho: cuando se crea la CABUA en 2014, se lo hace bajo la cúpula de la Comisión Nacional de Biotecnología, y su gestión está a cargo de la Dirección Nacional de Biotecnología del Ministerio de Agricultura.

Así pues, el término bioinsumo contribuye a articular retóricamente las visiones hasta ahora antagónicas dentro de la agricultura: mientras el término insumo es un marcador asociado a la producción agroindustrial, el prefijo bio se refiere a una visión más “natural” –incluso agroecológica– de la producción agrícola. En este sentido, la noción de bioinsumos desempeña un papel articulador y constituye, como en el caso del biocontrol en Francia, un “objeto-frontera” (Star y Griesemer 1989) en torno al cual se encuentran vinculados diversos actores antes reacios a comunicarse. Más allá del término, los organismos que promueven los bioinsumos han buscado precisamente movilizar a protagonistas tan variados como representantes de la agroindustria, la agricultura familiar o la agricultura orgánica, a pesar de sus posiciones contrastadas, por decir lo menos, en la cuestión del uso de agroquímicos. Mientras que la agricultura orgánica y la agroecología construyen la esencia de su identidad y las prácticas contra los agroquímicos, los defensores del agronegocio consideran que el biocontrol y los bioinsumos son una solución complementaria a los insumos químicos, que podrían eventualmente reemplazarlos, pero sin ninguna ambición de expulsarlos a corto plazo. En este sentido, en los ministerios de agricultura de Brasil o Argentina se trata más bien de prever una coexistencia entre las dos tecnologías, en el marco de transiciones a largo plazo. Así pues, las entrevistas hechas con funcionarios se refieren sistemáticamente a la idea de rechazar un “choque tecnológico”, o una posible lógica de reemplazo que vería a los bioinsumos sustituir a los insumos químicos a corto plazo. Justifican esa posición de precaución destacando en particular los riesgos asociados a la producción y utilización de bioinsumos: al igual que los insumos químicos, es probable que los bioinsumos perturben los ecosistemas y presenten riesgos de toxicidad, en particular cuando se trata de microorganismos.

En Francia, se establecieron límites herméticos en torno a la categoría de biocontrol, a fin de evitar los riesgos asociados a los insumos químicos y favorecer los productos que conservan funciones idénticas. Al contrario, el enfoque sudamericano consiste en mantener una cierta compatibilidad, considerando los riesgos y ventajas asociados a los dos tipos de insumos (biológicos y químicos). Además, la categoría de bioinsumos es el resultado de un cambio hacia la agrupación de los productos de tratamiento y los fertilizantes bajo una misma bandera, teniendo en común que son de origen biológico y no químico, aunque sean el resultado de transformaciones biotecnológicas. Este enfoque basado en la compatibilidad y la apertura de fronteras entre sectores sociales distintos permite que la acción pública actúe de acuerdo con un sector agroindustrial tan comprometido con el uso de los insumos. También permite que la acción pública actúe en armonía con las industrias de insumos que, cabe recordar, tienden a formar un mismo sector, ya que las empresas agroquímicas han invertido mucho en el control biológico y los bioinoculantes.

Conclusión

En muchos campos tecnológicos (energía, salud, agricultura), la transición a modos de desarrollo más sostenibles suele considerarse desde el punto de vista de la sustitución o el reemplazo tecnológico. Dada la urgencia de ciertas cuestiones, el éxito de las transiciones dependería de la capacidad de eliminar ciertas tecnologías problemáticas y de disponer de alternativas lo antes posible. Hemos demostrado en este capítulo que estas operaciones adoptan la forma de múltiples cambios en el ámbito de las tecnologías consideradas legítimas para desempeñar determinadas funciones. En lugar de adoptar un punto de vista dicotómico de las tecnologías que se han de retirar versus las que se han de promover, nuestra investigación invita a examinar la forma en que la acción pública, en particular en interacción con un mundo industrial en plena transformación, desplaza los límites de las categorías consideradas legítimas para satisfacer determinadas necesidades. Las fuentes de esta legitimidad están sujetas, por supuesto, a los debates que se producen en las sociedades, a su relación con la ciencia y la tecnología, o a su relación con la agricultura en el caso que nos ha interesado aquí, con problemáticas contrastadas de los agroquímicos. En el caso francés, se elaboró una categoría restringida con el fin de diferenciar claramente estas sustancias de los agroquímicos y convertirlas en una verdadera alternativa. En el caso de Sudamérica, se ha favorecido una forma más amplia de la categoría, con el fin de promover la coexistencia de bioinsumos y agroquímicos y, asimismo, proteger los intereses industriales.

El destino contrastado reservado a los conjuntos de tecnologías que más a menudo se consideran antagónicas nos invita, pues, a considerar la diversidad de las operaciones de desplazamiento que acompañan a estos procesos, en lugar de reducirlas a una “simple” operación de reemplazo. Esta contribución nos invita a dar cuenta de los mecanismos que acompañan el surgimiento de tecnologías alternativas, y a no dejar de lado el análisis de las formas de problematización que acompañan la contestación y el declive de las tecnologías. La irrupción de soluciones presentadas como alternativas no puede entenderse sin considerar la historia de los sistemas sociotécnicos que pretenden transformar. En un momento en que los desafíos que enfrentan las sociedades industriales despiertan por un lado el temor al colapso y por otro lado las promesas tecnológicas más grandilocuentes, el estudio de las condiciones de surgimiento de las tecnologías alternativas nos invita a estar atentos a las recomposiciones, a las continuidades, más que a las rupturas claras e hipotéticas.

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