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Participación ciudadana
y resistencias al proceso productivo de la nucleoelectricidad en Argentina

Agustín Piaz

Introducción

La tecnología nuclear, junto con la biotecnología, las tecnologías de la información y las comunicaciones ha sido una de las que más se ha consolidado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Entre las razones se destacan su potencial innovador en relación con un amplio conjunto de cuestiones vinculadas con la ciencia y la tecnología en general –como la capacitación de recursos humanos altamente calificados, el desarrollo de la ciencia básica y Big Science, avances en el conocimiento y desarrollo de materiales, etc.– y el espacio relevante que comenzó a ocupar en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales donde fue desarrollada, implementada o sometida a discusión pública (Bauer 1995, 2015).

Sin embargo, ha sido también una de las tecnologías más cuestionadas y resistidas desde sus orígenes debido a los altos niveles de percepción del riesgo asociados a sus características constitutivas y razones culturales. Mientras que las características constitutivas que promueven su percepción como altamente riesgosa se condensan, principalmente, en torno a las posibilidades de esta tecnología de provocar accidentes con resultados catastróficos, y su potencialidad para causar daños irreversibles al ambiente y la salud de la población por extensos períodos de tiempo, las cuestiones culturales se vinculan con la irrupción pública de esta tecnología mediante la detonación de las bombas atómicas en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki –es decir, se vinculan con potenciales usos bélicos, carreras armamentísticas y muertes masivas– y los imaginarios sociales más extensivos a los que la tecnología se encuentra asociada, como la imagen del “hongo” tras las explosiones, el invierno nuclear, el “reloj del fin del mundo” o las mutaciones genéticas que pueden resultar como consecuencia de la exposición a las radiaciones ionizantes (Slovic 2000). Tales cuestionamientos alcanzaron picos de expresión pública a nivel mundial durante los años setenta y ochenta, en un momento de expansión de esta tecnología que se extendió hasta el accidente ocurrido en Chernóbil en 1986.

En el escenario internacional reconfigurado, durante los años noventa, no se registraron grandes variaciones en relación con la creación de nuevas centrales de potencia o acciones de resistencia a la tecnología nuclear. No obstante, el nuevo impulso que adquirió la nucleoelectricidad a comienzos del nuevo milenio –al presentarse, entre otras cuestiones, como capaz de producir energía sin emitir gases que contribuyan con el efecto invernadero– y el accidente ocurrido en 2011 en las centrales japonesas de Fukushima Daiichi volvieron a poner al proceso productivo de la nucleoelectricidad en el centro de la atención de movimientos ambientalistas, reinstalando controversias públicas y múltiples debates en el escenario global (Hindmarsh y Priestley 2016), no siendo Argentina una excepción (Piaz 2015).

En este artículo se presenta un panorama introductorio a las resistencias a la producción de nucleoelectricidad en Argentina a partir de la revisión de controversias y episodios contenciosos que emergieron desde los años ochenta hasta la actualidad en torno a la minería de uranio y la fabricación de combustibles nucleares; la producción de energía eléctrica propiamente dicha; y el manejo y disposición final de residuos radioactivos.

El interés por el estudio exploratorio de este tipo particular de controversias, que articulan discusiones sobre el desarrollo nuclear y la cuestión ambiental, responde al menos a tres cuestiones que se consideran centrales. En primer lugar, la Argentina es líder en cuanto al desarrollo de esta tecnología en América Latina y, junto con Brasil y México, el único país que cuenta con centrales nucleoeléctricas en la región. En segundo lugar, el desarrollo de tecnología nuclear en el país tiene más de sesenta años de historia, y puede ser considerado como un caso exitoso de desarrollo de una tecnología que gozó de cierta continuidad, atravesando gobiernos de facto y períodos de crisis económicas, y se revitalizó con el relanzamiento del Plan Nuclear en 2006, que prevé la construcción de nuevas centrales de potencia. En tercer lugar, porque pese a los crecientes cuestionamientos que se han registrado en el país en torno a la producción de nucleoelectricidad, poco se ha dicho acerca de su discusión pública en el contexto local. En este sentido, y si bien la tecnología nuclear no ha sido masivamente resistida, se destaca en este artículo que se han registrado en Argentina cuestionamientos y acciones de protesta de relevancia que han impactado en procesos productivos, planes sostenidos desde sectores promotores e incluso en el devenir de las propias acciones de resistencia.

Respecto a la noción de resistencia a la tecnologías, el recorrido de este trabajo se apoya en aportes de Bauer (1995; 2015), entendiendo que se trata de acciones que no operan en detrimento del desarrollo científico-tecnológico sino que resultan constitutivas de procesos complejos que ponen en escena la capacidad y libertad de elección ciudadana por sobre modelos tecnocráticos de toma de decisiones. En este sentido, uno de los aspectos fundamentales que se destaca de las resistencias es su capacidad para promover procesos democráticos que trasladan discusiones vinculadas a desarrollos científicos o tecnológicos desde campos técnicos hacia el espacio público –en lugar de dejarlas simplemente en manos de expertos, empresas, el Estado y quienes planean políticas públicas–, dan lugar a la participación de actores con diversos grados de experticia y tipos de conocimientos, posibilitan la conformación de movimientos sociales y el establecimiento de un tipo particular de disputas que Dorothy Nelkin caracterizó tempranamente como “controversias”. En uno de sus trabajos seminales, Controversy. Politics of Technical Decisions , Nelkin (1984) destaca la importancia de analizar las disputas públicas que vinculan ciencia, tecnología y sociedad en tanto permiten observar preocupaciones e intereses que allí se ponen en juego, así como también supuestos y posiciones que adoptan actores intervinientes, posibilitando acceder a partir de su análisis a “una comprensión realista de las políticas científicas y tecnológicas, su contexto social y político, impacto público […] y los problemas que resultan del desarrollo de políticas públicas en ausencia de acuerdos definitivos acerca de los potenciales riesgos” (7).

En cuanto a la estructura de este trabajo, se divide en cuatro apartados. En el primero de ellos se presenta una introducción y panorama general del desarrollo nuclear en Argentina y las acciones de resistencia que emergieron desde los años ochenta hasta la actualidad. En los siguientes apartados, se revisan los cuestionamientos más específicos que se han registrado en torno distintas etapas del proceso productivo de la nucleoelectricidad, a partir de la revisión de controversias y acciones de protesta que emergieron en torno a: i) la minería de uranio y la fabricación de combustibles nucleares; ii) la producción de energía eléctrica propiamente dicha; y iii) el manejo y disposición final de residuos radioactivos. La revisión y el análisis propuesto se inscriben en el marco de un proyecto de investigación doctoral y posdoctoral que comenzó en 2012 y que se extiende hasta la actualidad. En el marco de estos proyectos se ha realizado un trabajo de campo que se extendió durante años y ha incluido entrevistas en profundidad con actores resistentes, miembros de sectores promotores del desarrollo nuclear en Argentina (como personal de la CNEA, ARN o la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear), la participación en Seminarios y Foros Públicos donde se ha sometido a discusión la producción de nucleoelectricidad, así como también observaciones participantes en acciones de protesta. Como parte de los resultados de investigación vinculados a estos proyectos se publicaron artículos sobre controversias por la producción de nucleoelectricidad Argentina que son retomados y reproducidos parcialmente en este capítulo.

Tecnología nuclear y acciones de resistencia en Argentina

La Argentina tiene una vasta tradición en investigación y desarrollo de tecnología nuclear construida en más de sesenta años de historia, durante los cuales se alcanzaron algunos de los hitos científico-tecnológicos más significativos para el país y la región. Entre estos se destacan la puesta en marcha de reactores de investigación y potencia, aceleradores de partículas, el dominio de diversas etapas de la producción de combustible nuclear y la exportación de reactores de investigación e insumos varios vinculados a esta tecnología. En la actualidad, el país cuenta con tres reactores de potencia –Atucha I, Embalse y Atucha II–, tres centros atómicos que se dedican a la investigación y desarrollo (I+D) de tecnología nuclear y otras tecnologías complejas como la nanotecnología, y con empresas varias vinculadas a la producción de nucleoelectricidad. En 2006, el relanzamiento del Plan Nuclear dio un nuevo impulso al sector sobre la base de dos argumentos técnicos que fueron presentados como fundamentales: “la generación masiva de energía nucleoeléctrica [y] las aplicaciones de la tecnología nuclear a la salud pública y en la industria” (De Vido 2006, 2). En este escenario se promovió la finalización de la tercera central de potencia –Atucha II, que se encontraba paralizada desde la década de 1990–, la extensión de vida de la central Embalse y la firma de acuerdos bilaterales de cooperación para construir nuevas centrales[1], incluido un pequeño reactor de potencia de diseño nacional[2].

Según Hurtado (2014), el apoyo político y la inversión en este sector, considerado estratégico por gobiernos tanto democráticos como de facto, resultaron fundamentales para que históricamente se alcanzaran importantes objetivos delineados en los proyectos nucleares argentinos. Asimismo, resultaron clave también para la constitución de un caso paradigmático y excepcional de desarrollo de una tecnología capital-intensiva que posibilitó la emergencia y consolidación de un régimen tecnopolítico construido en torno a un gran sistema tecnológico. En este contexto, el desarrollo de un sistema que tiene a la tecnología nuclear como centro promovió la emergencia de una comunidad de investigación con un fuerte sentido de pertenencia, identidad y códigos de legitimación compartidos que posibilitaría, por un lado, la conformación de aquello que el autor denominó –a partir de elementos en común referentes a cuestiones organizacionales, materiales, discursivas y simbólicas– como cultura nuclear (2012) y, por otro lado, la elaboración y puesta en circulación de argumentos y posturas promotoras del desarrollo nuclear durante los procesos de discusión de esta tecnología en el espacio público.

En otro orden de ideas, emergieron también en el país acciones de resistencia al desarrollo y la implementación de la tecnología nuclear que irían en aumento desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la actualidad, poniendo el foco tanto en el desarrollo nuclear per se como en prácticas específicas asociadas al proceso productivo de la nucleoelectricidad. Así, la resistencia se ha registrado en relación con la minería de uranio y los procesos extractivos de este elemento (utilizado como combustible en reactores de investigación y potencia), la producción de energía eléctrica, y el tratamiento y disposición final de residuos radiactivos. Mientras que en ocasiones los procesos de discusión han sido menores, en otras han alcanzado períodos de alta visibilidad en la esfera pública e impulsado controversias que impactaron en proyectos sostenidos por sectores promotores de la tecnología nuclear. Si bien se han registrado acciones de resistencia de magnitud durante los años ochenta y noventa (principalmente aquellas vinculadas con las protestas contra los proyectos de construcción de un repositorio final de residuos radioactivos de alta actividad en la localidad patagónica de Gastre), la cantidad y periodicidad de los conflictos se incrementó sustancialmente desde comienzos del nuevo milenio hasta la actualidad, en un escenario signado por: i) un nuevo impulso a la producción de nucleoelectricidad que se apoyaba en la caracterización de esta fuente de energía como limpia y capaz de mitigar el cambio climático. En este sentido, uno de los argumentos centrales -esgrimidos por organismos como la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), trabajadores, empresas e instituciones vinculadas con el sector nuclear- sostenía que la nucleoelectricidad, a diferencia de otras fuentes de energía que utilizan combustibles fósiles, no produce emisiones gaseosas que contribuyan con el incremento del efecto invernadero y que por tanto debería ser tenida en cuenta, al menos, como parte de la matriz energética (Bauer 2015; Rootes 2016); ii) un momento en el que la conflictividad ambiental ganó centralidad en Argentina (Merlinsky 2013), impactando en incremento de la conflictividad ambiental en el país, y en el marco de aquello que autores como Vara (2012) entienden como un ciclo de protesta ambiental que se encuentra atravesando América Latina; y iii) el accidente ocurrido en 2011 en las centrales japonesas de Fukushima que, como se anticipó, volvió a poner al proceso productivo de la nucleoelectricidad en el centro de la atención de movimientos ambientalistas, reinstalando controversias públicas y múltiples debates en el escenario global.

Asimismo, y en términos más generales, las discusiones en torno al proceso productivo de nucleoelectricidad se dan en el marco de la creciente relevancia que ha adquirido la producción de energía y el cuidado del ambiente. Mientras que la producción de energía ha sido caracterizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como “fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente”, siendo su acceso universal “esencial”, y que en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la agenda 2030, se explicita la necesidad de “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” Argentina ha continuado apostando por el desarrollo nuclear, pese a que su discusión pública ha ido en aumento. Algunos interrogantes se abren ante este panorama ¿Cuál será el rol que ocupe la producción de nucleoelectricidad en la matriz energética? ¿Será la tecnología nuclear considerada en la elaboración de políticas públicas como una forma “asequible y no contaminante”, en sintonía con aquello que promueve el séptimo de los objetivos para el desarrollo sustentable? En este artículo se parte de la premisa que cualquier respuesta tentativa a estos cuestionamientos no debería desconocer las características y particularidades que ha presentado la resistencia a la producción de nucleoelectricidad en Argentina, a veces minimizada y en ocasiones incluso invisibilizada tanto desde sectores promotores del desarrollo nuclear, como por parte de la creciente masa crítica de estudios académicos que abordan la cuestión ambiental.

Minería de uranio y fabricación de combustibles nucleares

El uranio es un mineral indispensable para el desarrollo de la tecnología nuclear, en tanto materia prima para la fabricación de combustible con el que se alimentan los reactores de investigación, producción de radioisótopos y potencia. Los principales cuestionamientos a la extracción de este elemento para fines pacíficos en el mundo han presentado argumentos similares a los sostenidos contra otras actividades mineras (como por ejemplo la posibilidad de contaminación de sitios como resultados de procesos de lixiviación, utilización de grandes cantidades de agua, reconfiguración de los territorios, etc.), y también otros más específicos que han puesto el foco en las características químicas y radioactivas de este elemento (Hecht 2016).

En Argentina, el interés por este material comenzó en las décadas del treinta y cuarenta, adquiriendo un fuerte impulso tras el final de la segunda guerra mundial, en consonancia con la promoción en el escenario internacional de los usos pacíficos de la tecnología nuclear, que presentaban a la producción de nucleoelectricidad como una alternativa económica y superadora en relación con la utilización de combustibles fósiles (Hurtado 2014, 38-41). En este escenario se implementó en el país la búsqueda de yacimientos uraníferos que arrojó resultados positivos en diversas provincias argentinas. Asimismo, la prospección de uranio se potenció durante los años setenta, en sintonía con la decisión estratégica de abastecer con uranio nacional a la central nuclear Atucha I (Plaza, 2003: 17) y a la proyectada central de Embalse.

Durante los años ochenta, las principales actividades extractivas de este elemento se realizaban en las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba, donde llamaron la atención de nóveles organizaciones ambientalistas y grupos que comenzaban a posicionarse como antinucleares. En la provincia de Córdoba, miembros de la flamante Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) comenzaron a cuestionar actividades mineras realizadas en el Complejo minero Fabril Los Gigantes, a las que asociaban con impactos negativos sobre el ambiente, como la destrucción de la flora y fauna nativa, y la presunta contaminación de ríos linderos. Por aquél entonces, surgieron también cuestionamientos a las actividades que se desarrollaban en el Complejo Fabril Córdoba, que se vinculaban, por un lado, con el tratamiento y disposición de residuos radioactivos en el sitio conocido como “el chichón”[3]; por otro lado, con los procesos de producción de dióxido de uranio realizados por la empresa Dioxitek S. A.. Durante los años noventa, ante la falta de competitividad en relación con los costos de extracción y purificación de este mineral, se comenzó a importar el uranio, cesando así procesos extractivos en el país que dejarían pasivos ambientales públicamente reconocidos por la CNEA y que impulsarían múltiples reclamos de restauración de los sitios afectados[4].

Como parte de la reactivación del Plan Nuclear Argentino en 2006, la minería de uranio adquirió un nuevo impulso en el país. Si bien Argentina no cuenta con grandes reservas de este elemento, la minería de uranio ha sido caracterizada en el discurso de los sectores promotores de esta tecnología el país como indispensable para dominar el proceso productivo de la nucleoelectricidad, considerado –además- como un eslabón clave para alcanzar el desarrollo tecnológico soberano y la autonomía tecnológica en materia energética (CNEA 2015). Esto se vio reflejado en la elaboración de proyectos que contemplaban tanto la re-apertura de sitios explotables como el establecimiento de nuevas áreas de exploración en distintos puntos del país. Desde entonces, y tras el accidente de Fukushima en 2011, se han registrado acciones de resistencia en contra de los procesos extractivos del uranio, así como también un nuevo impulso a los reclamos por el saneamiento de pasivos ambientales en provincias como La Rioja, Mendoza, Córdoba, Chubut, Salta y Río Negro (Lombardi 2014).

Asimismo, se registraron nuevas acciones de protesta contra instalaciones que procesaban este elemento para obtener dióxido de uranio. Sin embargo, los pedidos de re-localización de Dioxitek en la provincia de Córdoba se habían reconvertido en reclamos por el cese definitivo de actividades de la planta. De acuerdo con los comentarios del Entrevistado A, no se trataba meramente de una disputa por localización o a una actividad específica, sino que se inscribían en el marco del creciente rechazo al proceso productivo de la nucleoelectricidad:

La cuestión de Dioxitek es mucho más profunda que su localización y relocalización. Dioxitek es parte del ciclo del combustible nuclear, y al hablar de esta industria no podemos pensarla de forma aislada sino en su totalidad, desde la extracción del uranio, pasando por su procesamiento, utilización en los reactores nucleares y su disposición luego de su uso. Ese debate es el que está faltando a nivel político y se tiene que dar en todos los niveles del Estado, pero especialmente, a nivel nacional. Un buen porcentaje de la población lo está requiriendo, especialmente en aquellos lugares que se ven o se verán afectados por alguna de las fases de este proceso (Entrevista personal, 21 de mayo, 2015).

De manera análoga, los proyectos de construcción de un Polo Industrial, al que se sumaría una Nueva Planta Productora de Dióxido de Uranio (NPU) que reemplazaría a la ubicada en Córdoba, tomaron estado público en 2014 e impulsaron resistencias tanto en Formosa como en sus provincias limítrofes y la República de Paraguay. Para aquél entonces, las discusiones se enmarcaban explícitamente en el rechazo a la industria nuclear. Discutir a Dioxitek iba “más allá” de la oposición a la localización de una industria con potencial contaminante. Como se desprende de la presentación de una representante de Greenpeace Argentina, se trataba también de la discusión de la minería de uranio y, en términos más generales, de la producción de nucleoelectricidad:

Dioxitek es la llave de la reactivación de la minería de uranio, porque de alguna manera lo que se va a intentar posteriormente, o el paso lógico sería dejar de importar uranio y volver a explotar las minas argentinas […]. En esta tarde se ha explicado que Dioxitek fabrica la materia prima para el combustible nuclear que es el dióxido de uranio, esta empresa es parte del ciclo de combustible nuclear que Argentina quiere reactivar en el marco de un Plan Nuclear obsoleto, peligroso, caro e inconveniente para la situación energética del país. (Soledad Sede, citada en “Audiencia Pública” 2014, 50-51).

Ahora bien, pese a la existencia desde los años noventa de públicos compromisos e intenciones para la re-localización de Dioxitek, y tras reiteradas clausuras, la planta productora de dióxido de uranio continua funcionando de manera provisoria en la provincia de Córdoba (mientras se avanza a ritmo incierto) en la construcción de la denominada NPUO2 en Formosa. En cuanto a la minería de uranio, si bien han existido múltiples proyectos que buscaron reimpulsar las actividades en el país, no se ha alcanzado aún la etapa de extracción en ninguno de los casos. Recientemente, varias empresas –rusas y canadienses- han comenzado tareas de prospección en provincias como Chubut y Río Negro, debiendo enfrentar cuestionamientos públicos e impulsando acciones de protesta varias. Por su parte, promotores de la tecnología nuclear en Argentina reconocen que no hay perspectivas en el corto plazo para la reactivación de minería de uranio en el territorio nacional. De acuerdo con miembros de la CNEA, esta situación impacta de manera negativa “en términos de seguridad de suministro nuclear y de energía” (López 2018).

Protestas y reclamos por emplazamiento y cierre de centrales

Los cuestionamientos a la producción de energía nucleoeléctrica surgieron en el escenario global (con fuerte impulso desde los Estados Unidos) prácticamente en simultáneo con la puesta en marcha de los primeros reactores de potencia a mediados del siglo pasado. Desde entonces, miembros de la sociedad civil -entre los que se encontraban representantes políticos, organizaciones ciudadanas que sentarían las bases de los por entonces incipientes movimientos antinucleares, e incluso científicos y técnicos vinculados al desarrollo y la implementación de la energía atómica- comenzaron a alertar a la población acerca de los riesgos asociados a la instalación y el normal funcionamiento de los reactores de potencia (Rucht 1995). Entre éstos se mencionaban tanto riesgos vinculados con accidentes graves (muy poco probables, pero con potencial catastrófico), como posibles afecciones a la salud que resultaran de la radiación liberada durante la producción de energía eléctrica o del tratamiento de residuos radiactivos y/o efluentes.

Estos cuestionamientos, que han sido centrales en las protestas antinucleares de los años setenta y ochenta, volvieron a ganar visibilidad en la esfera pública global en 2011, tras el accidente de Fukushima. En Argentina, organizaciones ambientalistas y antinucleares –que venían discutiendo el desarrollo nuclear desde los años ochenta- reconocieron e interpretaron este accidente como una oportunidad para visibilizar la resistencia a la producción de nucleoelectricidad en el país y re-impulsar el debate hacia el centro de la agenda política y de los medios de comunicación masiva. En este escenario, en distintos puntos del país se registraron expresiones de la resistencia que fueron implementadas mediante estrategias diversas y repertorios de acción colectiva que incluyeron foros, movilizaciones y acciones de protesta varias. Como parte de estos repertorios se llevaron a cabo marchas en la Ciudad de Buenos Aires (que incluyeron actos y performances en espacios emblemáticos como el Obelisco y la Plaza Mayo); foros púbicos en la Legislatura Porteña, de los que participaron representantes de organizaciones ambientalistas, funcionarios del gobierno local y nacional, y dirigentes políticos varios; y caravanas hacia las centrales nucleoeléctricas de Atucha, en Lima, provincia de Buenos Aires. Asimismo, se registraron también acciones de protesta en la provincia de Córdoba, donde los cuestionamientos a la producción de energía eléctrica, dióxido de uranio y pasivos ambientales vinculados con actividades mineras habían ganado visibilidad en la esfera pública, impulsando incluso la conformación de un colectivo de actores antinucleares que se agruparon bajo el lema “Córdoba No Nuclear”[5].

Tras el accidente de Fukushima, agrupaciones ambientalistas que habían comenzado con la lucha antinuclear durante los años ochenta -como la ONG BIOS Argentina, la Fundación para la defensa del Ambiente (FUNAM) o el Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)- desempeñaron también un papel de relevancia durante la resistencia, articulando esfuerzos con Asambleas Ciudadanas –emergentes pos crisis de 2001- y con otras agrupaciones ambientalistas interesadas en la problemática nuclear como Los Verdes, el Movimiento Antinuclear Zárate-Campana, o el Movimiento Antinuclear de Río Negro. Asimismo, la organización ambientalista Greenpeace –que había reactivado en Argentina su campaña en contra de la tecnología nuclear- reanudó sus acciones de resistencia con reclamos por el cese de actividades vinculadas con el desarrollo atómico. Como parte de este proceso, en 2011 organizó una escalada y despliegue de banderas en el edificio central de CNEA y en el predio de las centrales de Atucha. Siguiendo el estilo general de sus acciones, con toques espectaculares y fuertemente performáticos, buscó capturar la atención pública e instalar la discusión en la agenda de los medios de comunicación. Asimismo, comenzó a participar también de manera más activa de las acciones de resistencia en la provincia de Córdoba. Con motivo de la conmemoración del segundo aniversario del accidente de Fukushima, y a modo de réplica a la ocurrido un año atrás en las centrales de Atucha, un grupo conformado por cuarenta activistas de Greenpeace Argentina irrumpió en el predio donde funciona la central atómica de Embalse, alcanzó el edificio que cubre el núcleo del reactor, escaló hasta la cima y logró finalmente desplegar una bandera con la consigna “Basta de peligro nuclear” (“Protesta en la Central Nuclear de Embalse” 2013).

Unos años más tarde, organizaciones antinucleares de todo el país (con base en provincias como Formosa, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Río Negro y Chubut) aunaron nuevamente esfuerzos para resistir el proyectado emplazamiento de una central nuclear en la provincia de Río Negro. En mayo de 2017 tomó estado público el proyecto, en el marco de una gira que el entonces gobernador provincial había emprendido con el presidente Mauricio Macri en la República Popular China, como parte de una comitiva que participó de negociaciones para alcanzar acuerdos de cooperación bilateral en diversas áreas. Entre estos acuerdos se destacó la ratificación de un contrato entre Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y la China National Nuclear Corporation para la construcción de la cuarta y quinta central atómica de potencia en suelo argentino. Mientras que la cuarta central se proyectaba para la provincia de Buenos Aires, Río Negro se presentaba como posible destino para la quinta central; la localidad de Sierra Grande, un pequeño poblado de aproximadamente ocho mil habitantes ubicado a doscientos kilómetros de la capital provincial, se erigía entre los principales sitios seleccionados. En este escenario se registró una creciente preocupación por parte de residentes de la zona y organizaciones ambientalistas y antinucleares comenzaron a organizarse y manifestar su descontento mediante cuestionamientos, charlas, debates y acciones de protesta en el espacio público. Tras acciones de resistencia que incluyeron movilizaciones y protestas en distintos puntos del territorio nacional, el gobernador reconsideró el proyecto y anunció la decisión indeclinable de “no autorizar la construcción de una central nuclear en el territorio provincial”. Asimismo, se promulgó una ley que establece la prohibición de este tipo de instalaciones en una provincia que tiene una histórica vinculación con el sector nuclear, y alberga al Instituto Balseiro y al Centro Atómico Bariloche.

En cuanto a los argumentos sostenidos para oponerse a la producción de nucleoelectricidad, éstos recuperan posicionamientos que refutan y proponen una re-definición de las características que, según se sostiene desde el ambientalismo, conforman la denominada monserga nuclear: es decir, se oponen a la caracterización de esta tecnología como “limpia, barata y segura”. En consonancia con esta propuesta, los argumentos presentados por los referentes antinucleares proponen una re-significación de la tecnología nuclear en los siguientes términos:

La energía nuclear es insegura […] la catástrofe natural que provocó el accidente de Fukushima en un país como Japón demuestra que el riesgo es latente. Y es insegura también en otro aspecto: las centrales nucleares son blancos fáciles para grupos terroristas que quieran atentar contra una nación […] Este riesgo intrínseco a la energía nuclear y el tratar de evitar accidentes, lleva a la industria a mayores medidas de seguridad, lo que hace a la nuclear una fuente más cara, y lleva a invertir recursos económicos que podrían destinarse a otras fuentes de energía cada vez más económicas, que sirven para mitigar el cambio climático de manera más barata, limpia, democrática y segura (Entrevistado A, entrevista personal, 21 de mayo, 2105).

Lamentablemente, una tecnología que se vende como ecológica, lejos está de serlo. Como limpia, tampoco. Y, definitivamente, el término “renovable” –siendo que su actividad de origen es la minería– tampoco le cabe (Entrevistado B, entrevista personal, 23 de mayo, 2015).

La refutación y re-significación término a término de argumentos sostenidos desde los sectores promotores del desarrollo nuclear pone en escena la emergencia de aquello que Plantin (2005) denominó como “discurso contra”, para referirse a los discursos que ofrecen “el esqueleto de una posición crítica frente al tipo de argumentos correspondientes” (70). De acuerdo con este contra-discurso, que ha sido caracterizado como “discurso antinuclear” (Piaz 2019) y tal como explicitan miembros de la RENACE en un comunicado publicado en mayo de 2014 “La energía nuclear no es limpia. No es barata. No es segura. No es necesaria”.

Sobre el manejo y disposición final de residuos radioactivos

El manejo y la disposición final de residuos radioactivos es uno de los tópicos más controversiales vinculados al proceso productivo de la nucleoelectricidad. Uno de los argumentos centrales en los que se apoyan los actores resistentes señala que el combustible utilizado en las centrales de potencia cuenta con un potencial contaminante que, en casos extremos como los del elemento plutonio cuya vida media del isótopo más frecuente (239) ronda los 24 mil años; es decir, son “eternos”. En este sentido, activistas antinucleares suelen destacar además la incertidumbre en torno al manejo y la disposición final de residuos radioactivos de alta actividad[6], ante la inexistencia de repositorios en funcionamiento (aunque con proyectos avanzados de construcción en Finlandia), y la resistencia que han generado este tipo de emprendimientos en el mundo[7]. No casualmente la primera, y una de las más resonantes controversias registradas en Argentina emergió a mediados de los años ochenta a partir de cuestionamientos y protestas contra los proyectos de instalación de un repositorio final de desechos radioactivos en Sierra del Medio, territorio ubicado en las inmediaciones de la localidad patagónica de Gastre, provincia de Chubut[8]. Ante los planes de la CNEA para poner en marcha la construcción de un repositorio geológico profundo, por entonces inédito en el mundo, un grupo de vecinos de la ciudad de Trelew alertados por la iniciativa fundó el Movimiento Antinuclear de Chubut (MACH), puso en circulación un manifiesto en el que se explicitaba la oposición a la instalación del repositorio e impulsó acciones de resistencia que se desarrollarían durante los años subsiguientes, impactando incluso en la cancelación oficial del proyecto durante los años noventa. Tres décadas más tarde, analizando las protestas en retrospectiva, uno de los líderes y referentes de la lucha antinuclear en el país sostenía:

Lo que no se puede permitir es llegar a sembrar el planeta de una generación de un tipo de energía que no se controla, que no tiene final la gestión del residuo radioactivo… Cuando le dijimos que no al basurero de Gastre era porque estaban pensando en un repositorio de alta actividad, porque los de baja y media estaba permitido tirarlos al mar y para los de alta había que buscar una gestión definitiva para eso que tenía 250 mil años de vida. Y era muy difícil rebatir esa situación porque cuando leía libros para buscar argumentos terminaba cayendo un diccionario de filosofía (Entrevistado C, entrevista realizada en Agosto de 2011).

Ahora bien, las discusiones en torno al manejo y disposición final de residuos radioactivos en Argentina han emergido también, por un lado, en torno al manejo y disposición de residuos radioactivos considerados como de baja intensidad; por otro lado, en torno al acondicionamiento de combustibles gastados y/o su almacenamiento en inmediaciones de las centrales. Entre el primer grupo se han destacado, por ejemplo, los conflictos registrados en torno a pasivos ambientales atribuidos a la fabricación de combustibles nucleares y a la minería de uranio en distintos puntos del país, que han sido mencionados en los apartados anteriores. De manera análoga es posible conceptualizar a las protestas que se registraron en los municipios de Ezeiza y Esteban Echeverría por la presunta contaminación con uranio de las napas como consecuencia de las actividades realizadas en el centro atómico lindero (Piaz y Vara 2013; Piaz 2015). En cambio, entre el segundo grupo se han destacado las discusiones en torno a la venta de un reactor de investigación a Australia por parte de la empresa argentina INVAP que se erigieron a partir de los cuestionamientos a un tratado de cooperación que sostenía en uno de sus artículos que Argentina debía asegurar el procesamiento o acondicionamiento del combustible irradiado en el reactor de fabricación nacional a fines de convertirlo en apto para su disposición final, en caso de que le fuera solicitado (“Debate”, Spivak 2005; Piaz 2015). En términos más generales, como señala una activista antinuclear, los cuestionamientos al manejo y disposición de residuos radioactivos se vinculan con distintas actividades que se realizan en el país y que forman parte del proceso productivo de la nucleoelectricidad:

El proceso genera residuos en varias etapas. En la minería, todas las colas de uranio tienen que ser cubiertas, porque emiten radioactividad (baja) al ambiente. La CNEA después de 20 años de denuncia hicieron un mea culpa y dijeron como Monsanto, que dijo “nos equivocamos”, bueno una cosa así de perversa, y armaron el PRAMU. Sacaron un folleto y todo, ahí está un campo en Salta, el de Córdoba. (…). Después tenés la voladura de polvillo radioactivo en la mina de Malargue. Me parece que esos sitios son uno de los grandes pasivos que tienen. Y en la otra punta del ciclo, cuando la barra de combustible se agotó y la tienen que cambiar, cuando hay equipamiento como escoria, pedazo de metales que han quedado contaminadas van a a parar a las casas de piletas, que son construcciones que están al lado de Atucha y al lado de Embalse, cerradas, con piletas de agua, en donde se quedan mucho tiempo enfriándose (…). En Embalse las piletas se llenaron. Como se llenaron, dijeron ¿qué hacemos? Las plantamos afuera y les ponemos un capuchón de cemento. Y crearon el gran invento del silo seco. Son los residuos radiactivos que tienen elementos fisionables de alta vida cubiertos con cemento. Tienen una especie de rulero Metálico. De modo que ahora a la espera del basurero nuclear que no se construyó nunca, porque de hecho no se construyó en ninguna parte del planeta (Entrevistado D, entrevista personal 12 de marzo de 2013).

En relación con las discusiones acerca de la necesidad de construir un repositorio final de residuos radioactivos de alta actividad en Argentina es pertinente aclarar que el desarrollo nuclear del país ha sido caracterizado como un programa de baja escala (Hurtado y Romero de Pablos 2012), que cuenta al momento con sólo tres reactores de potencia en funcionamiento y que, por tanto, el volumen de combustible gastado que se genera en el país es considerablemente menor que el que se produce en países como Estados Unidos o Francia, que cuentan con 96 y 57 reactores de potencia en operación. Sin embargo, como ha señalado un alto funcionario del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos, “es necesario -si bien en escala el problema es pequeño- empezar a pensar que por supuesto necesitamos un proyecto de repositorio”.

Consideraciones finales

En este artículo se presentó un panorama introductorio a las resistencias a la producción de nucleoelectricidad en Argentina a partir de la revisión de controversias y episodios contenciosos que emergieron desde los años ochenta hasta la actualidad en torno a la minería de uranio y la fabricación de combustibles nucleares, la producción de energía eléctrica propiamente dicha, y el manejo y disposición final de residuos radioactivos. En este recorrido se ha señalado la emergencia de acciones de resistencia al desarrollo de la tecnología nuclear que tuvieron lugar tras el retorno a la democracia en 1983, en el marco de una reapertura de la esfera pública para la participación política y, más recientemente, en el marco de un ciclo de protesta ambiental que se ha sucedido desde comienzos del nuevo milenio hasta la actualidad. Asimismo, hemos señalado que durante este último período las acciones de resistencia a la tecnología nuclear se registraron en un escenario también caracterizado por el nuevo impulso a la producción de nucleoelectricidad –en el marco de intentos por diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles en procesos de producción de energía–, y tras el accidente ocurrido en Fukushima en 2011 que impactó en la re-instalación de cuestionamientos a la producción de nucleoelectricidad en el escenario global.

Ahora bien, durante la revisión se ha señalado también que -pese al potencial movilizador que se vincula con la cuestión ambiental (y a la centralidad de éste tópico en las discusiones por el desarrollo nuclear)- las acciones de resistencia a esta tecnología en el país no han sido masivas. Si bien su respuesta excede los propósitos de este trabajo, interesa explicitar una pregunta que surge de manera prácticamente inevitable. ¿Por qué no? ¿Qué condiciones diferencian las protestas que se sucedieron en Argentina de la participación masiva que tuvieron, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Francia y Alemania? ¿Por qué la resistencia a la tecnología nuclear es considerada, incluso desde sectores del ambientalismo, como “una lucha de minorías” , que no ha logrado impactar en términos generales en la política nuclear, ni potenciado la conformación de protestas masivas como sí ha ocurrido con otras tecnologías? Ante la considerada existencia de actores con capacidad para promover y sostener acciones de resistencia, se sugiere que la búsqueda de primeras respuestas debería orientarse hacia el enmarcado de las discusiones y su contexto de emergencia, y prestar atención al menos a los siguientes elementos: i) el desarrollo nuclear en Argentina se ha orientado históricamente hacia los usos pacíficos de la tecnología , pudiendo ser considerado además de baja escala en relación con aquél fuertemente resistido durante los años setenta y ochenta; ii) el desarrollo nuclear se asocia a nociones como soberanía, independencia tecnológica y progreso económico, ha contado –salvo excepciones– con fuerte apoyo del Estado y de élites nacionales, llegando incluso a ser considerado como un “proyecto nacional” que podría reestablecer el orgullo argentino tras reiterados fracasos vinculados a emprendimientos tecnológicos (Adler 1987, 1988). Por tanto –y si bien las relaciones entre tecnología nuclear, independencia tecnológica y progreso económico es un argumento sostenido desde los sectores que la promueven en el escenario mundial– éste no tiene el mismo peso en Estados altamente desarrollados que en un país en vías de desarrollo como la Argentina; iii) en relación con la cuestión ambiental, se observa que las acciones de resistencia a esta tecnología no ponen en juego el marco interpretativo maestro que Vara (2012) ha definido como un discurso latinoamericano y latinoamericanista de los recursos naturales presente en otros conflictos ambientales de relevancia en la región, que apunta a señalar el carácter perjudicial y expoliatorio de la acción de actores extra-región en esos conflictos, vinculados fundamentalmente a la explotación de recursos naturales. Mientras que en conflictos relacionados con la biotecnología agrícola, la mega-minería a cielo abierto o la instalación de industrias con potencial contaminante como las plantas productoras de pasta celulosa los actores ubicados en el polo opuesto a los resistentes de la controversia se encuentran fuertemente conformados por y/o asociados a empresas transnacionales, en el caso de la tecnología nuclear los sectores promotores de esta tecnología se vinculan principalmente con el Estado Argentino (ya sea porque forman parte de la estructura del Estado o porque el Estado es accionista de estas empresas).

En otro orden de ideas, de la revisión se desprende que la resistencia al desarrollo nuclear, si bien se ha incrementado durante el nuevo milenio, no ha surgido ad hoc contra nuevos emprendimientos contemplados tras la reactivación del Plan Nuclear Argentino en 2006 ni tras el accidente de Fukushima; por el contrario, las resistencias se inscriben en el marco de procesos históricos por el desarrollo y la implementación de la tecnología nuclear que se han sucedido en Argentina durante las últimas cuatro décadas. Por otro lado, es posible observar que las resistencias no se limitan ni se cierran en torno a cuestionamientos técnicos, a prácticas específicas o al emplazamiento de centrales nucleares sino que, por el contrario, han puesto el foco en diversas etapas del proceso productivo de la nucleoelectricidad. En este sentido, se ha mencionado también que, si bien no siempre han alcanzado resultados esperados por sus promotores, las acciones de resistencia se han encontrado en ocasiones vinculadas con la cancelación de proyectos de relevancia, como el saneamiento de pasivos ambientales, la construcción de repositorios de residuos radioactivos o el emplazamiento de reactores de potencia. Asimismo, han impactado también en el hacer colectivo de reclamos, posibilitando la consolidación de un discurso antinuclear o la conformación de organizaciones de movimiento social como el Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA).

Por último, y en términos más generales, en sintonía con aquello que señalaron tempranamente Nelkin y Pollack (1982), se observa que los cuestionamientos a la tecnología nuclear en Argentina han puesto también en escena problemáticas que exceden la cuestión del riesgo stricto sensu, y han impulsado la problematización de dimensiones sociales y políticas de la tecnología, los impactos de su desarrollo e implementación en las formas en que se ejerce la autoridad y el poder, la elaboración de políticas públicas, o la distribución de recursos económicos; es decir, “la mismísima fábrica de la vida política” (1). Esto deviene central, especialmente en un escenario en el que coexisten en Argentina intentos por impulsar la producción de energía a partir de fuentes renovables y la proyección de nuevas centrales de potencia.

Bibliografía y fuentes consultadas

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Entrevistado A: Referente de la agrupación ambientalista Los Verdes.

Entrevistado B: Miembro de la ONG Conciencia Solidaria.

Entrevistado C: Ambientalista, miembro del MACH, la UAC y activista antinuclear.

Entrevistado D: Ambientalista, activista antinuclear miembro de la RENACE.

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  1. Se trata de acuerdos en torno a la financiación y construcción de, al menos, dos centrales de potencia establecidos con China. Impulsados durante la gestión de Cristina Kirchner, los acuerdos fueron ratificados durante la gestión de Mauricio Macri. En un escenario signado por incertidumbres político-económicas, representantes de la actual gestión de Alberto Fernández deslizaron que “No hay nada descartado. Se está evaluando ese convenio” (Pérez Izquierdo 2020).
  2. Se trata de un Reactor Modular Pequeño o Small Modular Reactor (SMR), cuyo prototipo está en construcción en Lima, provincia de Buenos Aires, en el mismo predio donde se encuentran emplazados los reactores Atucha I y II.
  3. Se trata de un sitio donde se encuentran depositados “36.000 metros cúbicos de material (57.600 toneladas), compuesto por colas de mineral” (CNEA, s/f d) que conforman una elevación de aproximadamente cinco metros cubierta con una capa de suelo que posibilitó el crecimiento de vegetación en la superficie. Estas colas de mineral, es decir de material sobrante de los distintos procedimientos a los que ha sido sometido, se almacenaron en el lugar durante casi treinta años, desde comienzos de las actividades del CFC en los años cincuenta hasta 1979, dejando un pasivo ambiental públicamente reconocido por la CNEA.
  4. A tales fines la CNEA creó un Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU) de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 25.018 (Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos), mediante el cual se trabaja en la restitución de los sitios afectados.
  5. De esta formaban parte Greenpeace, la Fundación CEDHA, miembros del portal de medio ambiente y ecología Eco-Sitio, Los Verdes-FEP, la Fundación Tierravida, la Fundación Holderín y FUNDEPS. Asimismo, apoyaban también la iniciativa el Movimiento Antinuclear Zárate-Campana, y las organizaciones Paraguay No Nuclear, Uruguay No Nuclear y la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos.
  6. La CNEA establece una clasificación de tres niveles para los residuos radioactivos: Bajo (para aquellos residuos que requieren un aislamiento igual o menor a los 50 años); Medio (para aquellos residuos que requieren un aislamiento igual o menor a los 300 años); y Alto (para aquellos residuos que requieren un aislamiento mayor a los 300 años).
  7. Entre otras controversias, se destaca la que se ha registrado en los Estados Unidos desde los años ochenta y se ha extendido hasta la actualidad en torno a las intenciones –al momento desestimadas- de crear un repositorio geológico profundo en la zona de Yucca Mountain, en el Estado de Nevada (Sherman 2011).
  8. En relación con este caso, se destaca además la existencia de cierto consenso entre grupos antinucleares sobre la vinculación entre la prohibición de ingreso de material radioactivo al país, incorporada mediante el artículo 41 en la reforma constitucional de 1994, y las protestas en contra de la instalación del repositorio de almacenamiento profundo. Según sostienen algunas de las figuras más representativas del sector -vinculadas a ONGs como MACH, FUNAM o Greenpeace- la cláusula es consecuencia directa de estas acciones colectivas de protesta y un ejemplo de los logros de los movimientos ambientalistas y antinucleares de Argentina.


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