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Desarrollo y territorio:
diversidades y conflictos[1]

Enfoque territorial

Mabel Manzanal

Antecedentes

La discusión acerca del desarrollo en América latina (AL) comenzó en la segunda posguerra (1944) cuando, concomitantemente, se desplegaba la denominada “guerra fría” entre la órbita capitalista y comunista del mundo. Esto en AL se tradujo en una preocupación geopolítica por el destino y la inserción de los países latinoamericanos, entonces identificados como “subdesarrollados”.

En este contexto, en Latinoamérica se inició la discusión acerca de la problemática del desarrollo y casi concomitantemente la del desarrollo regional. Fue, específicamente hacia el final de la década de 1950 y con el peligro latente que la revolución cubana (1959) se expandiera al resto de Latinoamérica, que se configuró esta problemática en AL[2].

El desarrollo regional estuvo marcado por el pensamiento desarrollista y keynesiano en materia económica. Sin embargo, con el paulatino agotamiento de la sustitución de importaciones (promediando la década de 1980) y, paralelamente, con el surgimiento y hegemonía del modelo neoliberal, las propuestas de desarrollo regional comenzaron a desdibujarse en toda AL.

Tuvo que transcurrir más de una década (e incluso dos en algunos países) para que el desarrollo comenzara a asociarse con un nuevo paradigma: el de desarrollo territorial[3]. Y es hacia el segundo milenio que este enfoque se torna cada vez más dominante.

La encrucijada de las políticas públicas de desarrollo: entre el Estado, el poder y los discursos de verdad

Toda política pública –PP– implica la presencia y el accionar del Estado, que no es inocuo, ni imparcial.[4]

¿Qué es el Estado? En primer lugar, desde una conceptualización liberal clásica es un ámbito de concertación de intereses, que funciona como árbitro de los conflictos sociales, económicos, políticos e institucionales; desde esta perspectiva y conceptualmente el Estado debería actuar anteponiendo siempre, en sus decisiones el interés general.

Sin embargo, desde otras perspectivas, el Estado es expresión del conflicto latente en el sistema capitalista entre actores contrapuestos, resulta de una relación de fuerzas donde un grupo se impone sobre otros a través de la construcción de hegemonía. Como ámbito de disputa, O´Donnell, G. (1977, 2) lo considera: “el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada… lo político como una parte analítica del fenómeno más general de la dominación…”. Y la dominación como “la capacidad, actual y potencial, de imponer regularmente la voluntad sobre otros, incluso pero no necesariamente contra su resistencia”.

Quijano (2000, 75) sostiene que existe una asociación crucial entre el estado-nación moderno y el desarrollo: “el moderno Estado-nación ha resultado ser fundamental para el desarrollo de la sociedad capitalista en todas partes”. Y Harvey (2006, 84) afirma que esto no resulta evidente, ni automático en su percepción, porque los mecanismos de dominación de clase del estado son difusos y sutiles.

Difusos y sutiles como es el mismo accionar del poder que actuando en red y oculto tras una producción de discurso de verdad atraviesa al cuerpo social y a la sociedad toda: “El poder nos somete a la producción de la verdad y sólo podemos ejercer el poder por la producción de la verdad” (Foucault, 2010, 34).

He aquí la encrucijada en que operan las PP de inclusión socioeconómica de los sectores pobres cuando se busca integrarlos a un sistema (el capitalismo) que desde su propia génesis opera excluyéndolos, apoyado en la producción de discursos de verdad y, consecuentemente, la construcción y ejercicio de poder hegemónico.

Nuestro desafío sería entonces: ¿cómo desvincular el desarrollo del capitalismo? ¿es esto posible? Entendemos que un camino para responder a esta disyuntiva es avanzar hacia una mejor y más adecuada comprensión de las expresiones territoriales de estos procesos. Y para ello proponemos investigar la problemática del desarrollo desde el enfoque territorial.

Desarrollo y territorio: una histórica interacción con nuevas connotaciones

Múltiples calificativos se han aplicado para identificar y caracterizar a las políticas de desarrollo (nacional, regional, local, endógeno, territorial, sustentable, ambiental, humano, sostenible). Sin embargo, sólo transitoria y parcialmente algunas cuestiones (como el desempleo, la salud, la vivienda, el saneamiento) han sido atendidas bajo gobiernos progresistas o más ligados a los intereses de las grandes mayorías. Por ello vale preguntarse: ¿por qué los avances parciales no lograron consolidarse y modificar su tendencia en forma permanente?

La realidad es que las restricciones estructurales permanecen o incluso se profundizan, como sucede con los graves problemas vinculados con el acceso y la distribución de la tierra, el uso y disponibilidad de una vivienda digna, la aplicación de modelos productivos contaminantes y devastadores de la diversidad natural. Y esto sucede a pesar de un contexto de múltiples y diversas políticas de desarrollo y reformas agrarias generadas y aplicadas durante los últimos 70 años. Por el contrario, el capitalismo continúa profundizando su proceso de acumulación y concentración y su contracara de mayor desigualdad y exclusión.

Originalmente y desde el pensamiento estructuralista (a menudo identificado con la CEPAL) se señalaba que el problema estaba en la inserción dependiente de los países subdesarrollados en el contexto mundial, en la concentración de la tierra y del capital y en la estructura de relaciones de clase. Actualmente, sumamos a este enfoque los aportes del pensamiento post-estructuralista que propone investigar al poder desde el análisis del discurso, el conocimiento, el sentido, el lenguaje.

Desde este modelo interpretativo, buscamos descubrir al poder que se oculta tras las numerosas propuestas de PP de desarrollo y que construye dominación y hegemonía tanto por medio de operadores materiales como por formas de sometimiento, que operan a través de los dispositivos del saber. Por ello, y siguiendo a Foucault, entendemos que resulta más revelador el análisis del poder desde las modalidades directamente expresadas por los individuos en sus lugares (Foucault, 2010, 42).

Precisamente, es desde esta interpretación que subrayamos la importancia de investigar desde los territorios, la relación entre desarrollo y poder aplicando el enfoque territorial. La diversidad que el enfoque territorial aporta para identificar las variadas expresiones del poder, tanto el material (más visible) como el simbólico (más invisible –Bourdieu, 2006, 65) potencia nuestra comprensión y explicación de los procesos socioeconómicos.

De lo contrario, cuando estos procesos se generalizan, se naturalizan, se tornan dominantes, entonces, apenas reparamos en ellos y especialmente en sus consecuencias negativas. Esto sucede, por ejemplo, con la producción de agrocombustibles (soja, palma aceitera, maíz) con la minería a cielo abierto, con la intensificación de actividades industriales y agroindustriales contaminantes (y/o con escaso control y regulación, como la celulósica, la ganadería en feedlots).

Todas actividades productivas cuyos resultados social y ambientalmente negativos se ocultan e ignoran desde el ámbito de la dominación, de la construcción de discursos de verdad. Porque si no fuera así, su reconocimiento cuestionaría de modo generalizado nuestras vidas y decisiones cotidianas, tanto las relacionadas con el trabajo como con el consumo y con la familia misma.

Discurso de verdad vs. autonomía y democracia

Un discurso de verdad hegemónico es el que sostiene, por ejemplo, que la economía de una buena parte de los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) depende de la producción de agrocombustibles, considerados productos imprescindibles para el crecimiento y el bienestar de la población, porque conforman el principal ítem exportador de estos estados-nación.

Este es un discurso de poder que goza de una aceptación generalizada, que busca ocultar o relativizar todo cuestionamiento social asociado con la contaminación, la depredación, la pérdida de diversidad, la reprimarización de la economía.

En realidad, resulta difícil convivir y enfrentarse cotidianamente a la red de poder global que construye el sentido común a partir de la difusión de informaciones interesadas en promover la aceptación y las “bondades” del modelo productivo dominante.

Las verdaderas consecuencias del extractivismo y de la reprimarización se ignoran, marginan o minimizan frente a lo que se califica como “devenir natural” del proceso socioeconómico. Lo cual se logra con el ocultamiento, la desinformación, el desinterés o la desvalorización de evidencias. Una constante y un instrumento de dominación que se ejerce a través de los medios hegemónicos, las redes sociales, las publicidades vinculadas con la responsabilidad empresarial, los foros, los discursos públicos.

Se va conformando de este modo un contexto cultural que construye el sentido común de amplias mayorías sociales para las cuales, las actuales consecuencias de la producción del territorio y de valorización del capital (ligadas con el extractivismo, la reprimarización y los procesos de financiarización de las economías sudamericanas) se tornan lejanas, incomprensibles, naturales o inevitables. Bajo esta perspectiva la vida social transcurre sin cuestionamientos o desestimando el hecho que la base productiva nacional se sustenta en procesos que generan cada vez mayor desigualdad, marginación, persecución, opresión y discriminación social.

A partir de estos procesos culturales hegemónicos se gesta la pérdida de nuestra autonomía de decisión porque, sin comprenderlo acabadamente, comenzamos a adentrarnos en variadas modalidades de aceptación (e incluso complicidad) con los posicionamientos de los sectores dominantes.

En otras palabras, la reprimarización de las economías latinoamericanas en manos de grandes corporaciones multinacionales condiciona la soberanía nacional a través de la pérdida de la autonomía de la gestión política, económica y científica de los distintos países. En este contexto la democracia misma se torna incompatible en tanto queda bajo el control corporativo multinacional, que margina a las grandes mayorías y a los estados mismos.

En el marco de la globalización, el capitalismo se enmarca en nuevos escenarios: la dupla global-local, global-territorio, desplaza o transforma el rol de los estados-nación. Paralelamente los procesos de extranjerización de los recursos más valorizados (tierra, agua, minerales) aumentan, hasta tornarse parte intrínseca de la realidad de los ámbitos locales y territoriales.

Esto es lo que Sassen (2007, 12) subraya cuando afirma que buena parte de lo que sucede en los territorios en el presente puede obviar las regulaciones y controles del estado-nación y resultar directamente en “una localización de lo global” o “una entidad nacional que ha sido desnacionalizada”.

Territorio

Es en este contexto global que, junto al nuevo milenio, surge el paradigma centrado en la importancia del territorio y de la gestión territorial del desarrollo. Sin embargo, la noción de territorio que aparece en estas propuestas hegemónicas de PP, explícita o implícitamente, no difiere demasiado de la tradicional visión naturalista propia del determinismo geográfico, donde “territorio” se corresponde con el ámbito físico donde los estados ejercen soberanía o con el escenario receptor de acciones, inversiones, infraestructuras, población.

Es hacia la primera década del segundo milenio cuando se avanza en analizar la vinculación entre el territorio y los actores y sujetos que lo conforman, que lo construyen y, consecuentemente, se busca identificar las particularidades que diferencian a los ámbitos espaciales entre sí.

Fue entonces que, desde las PP conocidas como de desarrollo territorial, comenzó a sostenerse que el territorio es una “atmósfera” particular y diferente de cada lugar o espacio. Noción que, de todos modos, sigue pivoteando sobre las diversas identificaciones consideradas “espacialistas” (en los términos de la histórica discusión de la década de 1970 acerca de la cuestión regional).[5]

El eje problemático de estas conceptualizaciones es que en todos los casos no se visualiza (o mejor se oculta) que el territorio es poder. La concepción que el territorio se disputa, que el territorio es territorialidad, es ejercicio de poder, queda velada.[6] Y cuando se mitifica esta realidad, un sinnúmero de determinantes (relacionados con el accionar de los actores y de las políticas) resultan sesgados, invisibilizados. Y ello impide analizar y comprender el funcionamiento de las PP en sus diferentes momentos (formulación, intervención, gestión, control, reformulación).

En otras palabras, no es posible pensar en PP en relación al territorio, a los actores del territorio, ignorando o minimizando que el territorio es un ámbito de disputa, que las relaciones de clase y de poder atraviesan y son fundantes del mismo, cualquiera sea su escala.

Lo anterior significa, por un lado que en cada territorio se dan específicas relaciones sociales, de poder sobre el tema en cuestión, que las mismas requieren ser conocidas en particular, que no pueden aplicarse taxativamente PP resultantes de un territorio en otro, cuya realidad y conflicto social es diferente (otros actores, otra estructura productiva y social). Y, por otro que en el trasfondo de estas específicas PP está el estado, el que necesariamente debemos considerarlo en sus diferentes: i) escalas (nacional, provincial-estadual, local) y ii) roles, como gestor de las PP, como árbitro de los conflictos entre actores, como difusor y productor de discursos de verdad y, en definitiva y hasta el presente, como garante de la continuidad del sistema.

¿Desarrollo? Experiencias a escala local, provincial y sectorial en Argentina

A continuación presentaremos y describiremos tres experiencias bien diferenciadas entre sí, con el objetivo de exponer muy sucintamente la variedad de situaciones y problemáticas a las que se enfrenta el enfoque territorial.

Para ello utilizamos trabajos producidos por otros autores y complementados aquí con indagaciones propias. Son investigaciones con una perspectiva de análisis regional o territorial crítica, pero con diferentes objetivos y abordajes. Fueron seleccionadas porque analizan territorios muy diferenciados entre sí que nos permite exponer el enfoque territorial más acabadamente Especialmente difieren en relación a:

  1. Etapa histórica y extensión temporal: i) dos décadas al inicio del segundo milenio; ii) el devenir histórico que transcurre entre 1869 y el presente; iii) un período económico y sociopolítico, delimitado por el ocaso de la sustitución de importaciones (1976-1989).
  2. Escala territorial: i) un ámbito local; ii) una provincia; iii) una región asociada a una economía regional y a un sector productivo.

El primer caso refiere a hechos sucedidos al promediar la década de 1990 y vinculados con la sojización y la reprimarización de la economía nacional, materializados en un ámbito local, un territorio, de la provincia de Salta conocido como el “caso Pizarro”.

El segundo corresponde a una provincia en su conjunto –Jujuy– y a algunos de sus dilemas históricos y actuales en relación al desarrollo y a su territorio.[7]

El tercero está asociado con una economía regional: la vitivinicultura en la provincia de San Juan durante el ocaso de la sustitución de importaciones y el surgimiento del neoliberalismo.[8]

Es decir, la presente discusión se plantea a partir de experiencias territoriales diferenciadas según: i) etapas históricas; ii) contextos sociopolíticos; iii) escalas involucradas (local, provincial, regional-sectorial).[9]

Todas reflejan situaciones sociales, productivas, institucionales diversas, que se asemejan por su inserción en el proceso de acumulación capitalista con su contracara la marginación de las mayorías sociales, que histórica y sistemáticamente están en conflicto por: i) los recursos de su hábitat (tierra, agua, bosques, paisaje) y ii) las instituciones que regulan diferencialmente su vida y su trabajo (leyes, normas, reglas, leyes, formales e informales).

En todos los casos la historia de sus respectivas modalidades de acumulación, fluctúan desde un pasado de despojo, persecución y colonización a un presente identificado con el extractivismo y la especulación.

Cada situación abordada es sólo un muy limitado ejemplo de la historia del desarrollo capitalista de país y del territorio en cuestión; capitalismo cuya exacerbación presente compromete cada vez más el futuro de la sociedad toda.

Una cita de Moraes (2005,15) muestra nuestra perspectiva de análisis respecto a las situaciones que expondremos:

Todos sabemos que las formas espaciales son productos históricos. El espacio producido es un resultado de la acción humana sobre la superficie terrestre que expresa, a cada momento, las relaciones sociales que le dieron origen. En este sentido, el paisaje manifiesta la historicidad del desarrollo humano, asociando objetos fijados al suelo y genéticamente fechados (traducción y cursiva nuestra).

En otras palabras, vemos al espacio y al territorio como expresión de relaciones sociales, de relaciones de poder, que aparecen y se manifiestan a través de múltiples acciones sociales que construyen y re-construyen al territorio y que, en definitiva, configuran lo que se conoce como: producción social del espacio.

Este proceso frecuentemente resulta invisible en nuestro mirar cotidiano, más aún para las grandes mayorías urbanas, que muy generalizadamente desconocen la realidad que viven las comunidades originarias, pequeños productores, campesinos, agricultura familiar. Aquellas mayorías ignoran que estas poblaciones recurrentemente son víctimas de las fumigaciones con agro tóxicos, de la deforestación, de la depredación de los suelos, de la contaminación del agua, de la pérdida de la biodiversidad y de las enfermedades consecuentes; que pasan hambre y que sufren la destrucción de puestos y fuentes de trabajo por lo cual se ven obligadas a migrar. Del mismo modo se oculta que la marginación de pequeños y medianos productores agropecuarios está directamente vinculada con el accionar de grandes comercializadoras y oligopolios agroindustriales y agroalimenticios que monopolizan los mercados.

Es por todo esto que desde diferentes territorios de Latinoamérica aparecen múltiples formas de oposición al avance del capitalismo en su faceta neoliberal, depredadora y extractivista. Se trata de resistencias y conflictos asociados con el control del territorio de parte de los pobladores locales (productores pequeños y medianos, campesinos, pueblos originarios). La movilización, la organización y la resistencia social en estos territorios comprenden y comprometen a la población más postergada y marginal.

Esta resistencia es una construcción de poder alternativo que para ser efectiva exige la de-construcción de los variados valores y creencias que forman parte y sostienen al sistema capitalista.

General Pizarro, Salta: movilización y resistencia local con repercusión nacional

El “caso Pizarro” está localizado en General Pizarro, departamento de Anta (noreste de la provincia de Salta, Argentina, ver Mapa 1). Se trata de un ejemplo de resistencia y movilización de organizaciones sociales, ambientalistas e indígenas de alcance nacional e internacional. Es un conflicto con particularidades propias pero que se inserta en un debate más amplio sobre las características del desarrollo rural en Argentina (González, 2010,12).

Originalmente surgió como una protesta por la ley provincial 7274 sancionada el 17 de marzo de 2004[10]Esta ley desafectó dos lotes fiscales (el 32 de 5.298 ha y el 33 de 20.028 ha) de la categoría de área natural protegida; lo cual habilitó su venta subvaluada a terceros[11]. Esta ley, enviada por el gobernador Juan Carlos Romero a la legislatura provincial, fue aprobada por 2/3 de los senadores y diputados (La Nación, 23-10-2004).

La justificación dada por el gobierno provincial para desafectar ambos lotes fue que se necesitaba ese dinero para la reparación de las rutas provinciales 5 y 30. Sin embargo, la mayoría de los analistas vinculan esta decisión con el boom sojero y el avance de la frontera agropecuaria hacia el noroeste argentino (López et al, 2010).

Según Marita Couto en esa etapa se dan en Salta dos hechos en paralelos: “el boom de la soja (con la consiguiente expansión de la frontera agropecuaria) y la desafectación de los lotes fiscales 32 y 33 como ‘área natural protegida’ para obtener fondos para una obra pública”.[12]

La expansión en la zona donde se localiza Pizarro significa afectar a un área que es ecológicamente frágil y que estaba habitada por una comunidad wichi Eben Ezer de 18 familias[13] y por 35 campesinos criollos (Buliubasich y Rodriguez, 2013; Bianchi y Couto, 2013).[14]

Pizarro constituye un caso muy demostrativo del enfoque territorial, por sus múltiples determinantes e interacciones a diferentes escalas -nacional, provincial y local- y por los variados procesos territoriales que se desencadenan teniendo como punto de partida la localidad salteña de General Pizarro.

Precisamente, uno de los más trascendentes por sus repercusiones en todo el territorio nacional fue la conocida Ley de Bosques Nativos (ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos) que logró dictamen el 21 de setiembre de 2007. Su objetivo fue reducir la deforestación en el país, la conservación de los bosques nativos, la regulación y gestión responsable del uso forestal y la promoción del manejo sostenible de los bosques.[15] Sus normativas se aplicaban en todos los bosques del país: obligaba a cada provincia, como condición para autorizar desmontes, a realizar previamente una clasificación y ordenamiento de sus bosques.

Sin embargo, y a pesar de estas restricciones, las autoridades de casi todas las provincias la transgredieron. Los gobiernos y los sectores de capital interesados en la deforestación idearon mecanismos para subvertir sus normativas y/o su aplicación.[16]

En Salta, en el último cuatrimestre de 2007, se aceleraron las autorizaciones de desmonte, en particular en los departamentos de Anta, San Martín y Orán: “en una carrera vertiginosa, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADES) logró autorizar la cifra de 185.372,51 has en noviembre de ese año” (Buliubasich y Rodriguez 2013, 176).

Diferentes documentos, diarios y medios documentaron los avances y retrocesos de este proceso local a lo largo de los años: se dictaron cautelares que suspendían desmontes; desmontes que desconocían dichas suspensiones y otros varios subterfugios posibles.

Los pedidos de cautelares que luego no se cumplían eran una constante y estos comenzaron desde el inicio mismo de esta problemática. Bajo el título “Detienen un desmonte en Salta”, Clarín publicó el 27 de julio de 2004:

El gobierno salteño ya pre-adjudicó las 16.275 hectáreas que tiene la reserva, a las empresas CUREL, MSU, S.A. y Miguel Ragone, que ofrecieron $9.615.000 [aproximadamente u$s 3.200.000 de aquella fecha]. Ni bien concluyó el acto licitatorio, Greenpeace y las fundaciones Vida Silvestre, y Ambiente (FUSA) y Recursos Naturales (FARN) presentaron una medida cautelar para frenar la venta definitiva de los lotes de la reserva.

Por su parte, el diario La Nación del 23 de octubre de 2004, en el marco de la autorización de desmontes desenfrenados, titulaba: “Polémico desmonte en Salta. General Pizarro quedaría expuesto a graves inundaciones y a recibir masas de lodo desde las laderas de las sierras si se elimina el bosque en la zona vendida de los lotes 32 y 33”. Y publicaba las opiniones de distintos referentes. Por un lado, de científicos y técnicos de la Universidad de Salta -UNSA- y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA-, quienes, a partir de un discurso contra-hegemónico, planteaban los riesgos ambientales y sociales de estos desmontes, entonces muy avanzados. Y, por otro, de funcionarios de gobierno, que desautorizaban los informes de la UNSA, afirmando que no era un trabajo de base científica sino solo político (justificado en que la Universidad se oponía al gobernador Romero).

Esto constituyó una construcción de un discurso de poder, que empezó descalificando a la Universidad y continuó apelando a la producción de discursos de verdad referidos a que la política provincial buscaba alentar la producción bajo criterios de “desarrollo sustentable”. Se buscó una construcción de sentidos de amplia aceptación social por su vinculación con consideraciones: i) productivistas y ii) desarrollistas, que gozan de un consenso generalizado, arraigado históricamente en el sentido común de las mayorías sociales. Es el caso cuando se aplica el concepto “sustentable”, de connotación positiva y aceptación generalizada sin definirlo, ni exponerlo a una discusión social y participativa que aclare sus alcances y sus características y posibilidades. Se da por sentado que todos saben y coinciden en su significado y concepción, cuando en realidad tras el mismo se ocultan múltiples significados y disputas de poder.

De este modo, el gobierno provincial buscó configurar un discurso de verdad pivoteando a favor del desarrollo, de la productividad y de la sustentabilidad y enfrentándolo a su contracara tan temida mayoritariamente: el atraso.

Según Bianchi y Couto (2013, 223) lo que quedó finalmente del caso Pizarro fueron: i) 5.000 ha desmontadas para cultivo de soja; ii) una comunidad wichi -Eben Ezer- habitando en un espacio de 800 ha, que le impide mantener sus prácticas anteriores de recolección y caza y que las obliga al aislamiento y al aumento del individualismo; iii) una reserva “Pizarro” que se prometió y no se reconstruyó; y iv) familias de criollos viviendo de forma precaria en superficies reducidas, la mayoría inhibidas de alcanzar su sustento.

Estas autoras también critican a Greenpace y Vida Silvestre porque: i) priorizaron más la preservación del ambiente que los derechos y demandas de la población wichi y criolla;[17] ii) desistieron de su presentación ante la justicia nacional (Corte Suprema de la Nación) y aceptaron el acuerdo propuesto por Parques Nacionales de crear una nueva área protegida y de entregar 800 ha a los wichi, lo que no solucionaba sus problemas.

Otra autora (Silva 2010, 21) sostiene al respecto que:

Lo cierto es que la Nación recompró sólo 4237 de las 25.000 hectáreas licitadas. La compra de la tierra por parte de Parques Nacionales, apenas una porción del monte original, terminó siendo una pulseada entre la Nación y la provincia, entre Kirchner y Romero, imágenes de proyectos políticos enfrentados. Esta pelea todavía no termina y pone en cuestión el rol de los Estados, no sólo respecto de las áreas protegidas sino sobre las poblaciones más humildes, criollos, campesinos, indígenas, que viven diseminados en todo el territorio nacional.

En este panorama poco alentador, Bianchi y Couto reproducen el pensamiento de un dirigente de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño, Alfredo Riera, que evidencia el nivel de comprensión de estos sectores sociales y de conciencia que la resistencia genera. Lo cual es, sin duda, un capital social en la conformación de poder contra hegemónico:

Lamentablemente, todo esto no tiene ningún tipo de peso o valor para la justicia o los empresarios, que vienen de afuera reclamando supuestos derechos legales y en nombre de un desarrollo milagroso, que no incluye, sino que sólo ofrece expulsión y miseria a los campesinos que echan de sus tierras, pero que en honor a la verdad poco les importa el desarrollo y nuestros derechos adquiridos. Solo les interesa realizar su gran especulación inmobiliaria y financiera a costa de nuestras familias y nuestras tierras. (Bianchi y Couto 2013, 230; cursiva nuestra).

Esta lúcida reflexión, al exponer distintas perspectivas de desarrollo, desnuda el discurso hegemónico, el discurso de verdad, y, conjuntamente, delinea y construye un discurso de resistencia.

Como vemos, el caso Pizarro ilumina también respecto al rol del estado. Vemos que esta situación particular se fue desarrollando a lo largo de varios años (2004-2019) y que a pesar de los diferentes gobiernos que se sucedieron provinciales y nacionales, con diferentes signos políticos, incluso enfrentados, no aparece el estado en su resolución final funcionando como ámbito de arbitraje, de conciliación, de búsqueda del equilibrio entre sectores, de promoción de equidad y defensa de los más desprotegidos. Por el contrario, este estado (a través de sus leyes, sus instituciones, sus normas, sus diferentes escalas de gestión) protegió al poderoso (a los actores ligados con la expansión de la actividad sojera) y desprotegió a los más vulnerables social y ambientalmente.

Los derechos de los más postergados (la comunidad wichi y los campesinos criollos) fueron avasallados por el estado que, en su accionar, desconoció sus propias leyes. Es el estado el que no cumple con las leyes y convenios creados para regular la actividad socioeconómica. En los hechos, fue un estado que no arbitró entre sectores en disputa, no reguló, ni hizo cumplir la ley, ni tampoco él mismo cumplió las leyes que por su función debería resguardar. Este estado operó claramente a favor de los sectores más poderosos.

Estamos aquí ante un estado (observado como conjugación del accionar estatal en todas sus escalas y niveles) que contradice la visión liberal clásica del estado como árbitro de conflictos entre actores sociales, como ámbito de discusión y consenso de políticas públicas. Podría decirse que en su accionar concreto y final es un estado infractor (tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial; el nacional, el provincial como el local).

En cada circunstancia específica (cuando se institucionalizan decisiones, a través de leyes, decretos, políticas, acciones) el estado expresa determinada condensación de fuerzas sociales. En el caso Pizarro, aparece el estado provincial en una primera instancia, con su decisión de desafectar los lotes 32 y 33 de su categoría de reserva ambiental. Entonces institucionaliza una relación de fuerza que perjudica a sectores sociales subalternos allí radicados (wichis, criollos, campesinos) y favorece al capital que lucra con la deforestación y con la expansión de la producción sojera en la zona del Umbral al Chaco. Luego la secuencia de hechos que se fueron dando, durante el largo plazo transcurrido en múltiples negociaciones, trascienden al estado provincial para responsabilizar de la resolución final al estado en su conjunto, en sus diferentes escalas y estamentos. Un estado que en su accionar, en sus negociaciones, no logró revertir la decisión original del gobierno provincial contra los pobladores wichis, criollos y campesinos de General Pizarro.

A todo lo cual, se suma que lo acontecido en este caso se difunde a través de un discurso hegemónico, un discurso de verdad, construido en torno a un supuesto “desarrollo” (productivo y sustentable) prometido para la zona. Un discurso que oculta que dicho “desarrollo” significa: desmonte, expansión sojera, contaminación, destrucción de la biodiversidad y de la conservación de un ecosistema único y frágil (el Umbral al Chaco) junto con más pobreza, marginación y expulsión de la población wichi y criolla que allí habita.

También en relación a la construcción de discurso, debemos ubicar al caso Pizarro en el marco de las teorías económicas y políticas dominantes en aquellos años originadas en el primer mundo (Estados Unidos y la Comunidad Europea).

Pizarro ocurre en un tiempo histórico de dominio neoliberal, hegemonizado por las ideas de achicar el estado, descentralizar, desregular. Fue entonces cuando, paralelamente, los ámbitos locales comenzaron a adquirir mayor relevancia institucional, legal y en la consideración de las políticas públicas (frente al rol dominante que, hasta entonces, había tenido “lo nacional” en la toma de decisiones políticas).

Este nuevo contexto político estaba sostenido y justificado por un discurso teórico y académico difundido globalmente que focalizaba en los mejores resultados en productividad e innovación que se daban (o podían darse) desde los ámbitos locales, los distritos industriales, los ejes de innovación. Discurso que conllevaba a cambios en la función y relación entre estados nacionales, provinciales y locales, justificando solapadamente los lineamientos neoliberales de achicamiento del estado. Sin embargo, fue difícil originalmente desbrozar el origen de estas ideas académicas porque las mismas, con modificaciones, fueron adoptadas y propuestas también por referentes regulacionistas (Benko y Lipietz 1994) e incluso marxistas, que se entremezclaron en la misma época en la reivindicación de lo local.

Asociados con los modelos de descentralización, participación social y capital social estos postulados se difundieron junto con el avance del modelo neoliberal y el abandono de keynesianismo, hasta tornarse discursos dominantes, tanto a nivel de la política como de las posturas teóricas y académicas.

Precisamente, el caso Pizarro sucedió cuando ya estaban en vigencia algunas de estas nuevas ideas que configuraban el dominio de un nuevo discurso, dirigido a subrayar y valorar el rol de los ámbitos locales en el desarrollo.[18] Paradójicamente, sin embargo, esta valoración de “lo local” se contradice con hechos como: i) el achicamiento de los recursos en educación y salud para todos los ámbitos locales (Manzanal, 2006); ii) el avasallamiento de los derechos de la población local; iii) la depredación de los recursos naturales (provocados por la deforestación y la desafectación de dos lotes del área natural protegida de Pizarro) contradiciendo lo legislado por la Constitución Nacional (CN) de 1994 a favor de la utilización racional de los recursos naturales.

Desde la sanción de la CN 1994, los recursos naturales adquirieron un nuevo status, su reconocimiento y uso adecuado aparece como tema a atender por las autoridades públicas y por la política en general. Sin embargo, esta normativa suele desconocerse, además de poner en contradicción a las políticas provinciales con las nacionales.[19]

Pizarro sucedió bajo la hegemonía de este discurso aparentemente contradictorio, que tanto promovía el modelo neoliberal y la hegemonía del mercado como: i) valoraba lo local, ii) reconocía a las poblaciones originarias derechos comunitarios[20] y iii) asignaba al estado provincial los derechos de dominio originario sobre los recursos naturales.

Todo esto, también contribuyó a que Pizarro, aunque aparentemente pareciera circunscribirse a un conflicto local, una cuestión de menor trascendencia nacional, terminó teniendo amplias repercusiones, con consecuencias que comprometieron a todo el ámbito nacional, independientemente de su importancia estratégica, económica o social.

En definitiva, lo que sucedió en el caso Pizarro fue y es muy significativo por: i) su alcance y repercusiones (en el orden nacional y provincial); ii) las interacciones y enfrentamientos entre referentes institucionales estatales y actores políticos que se replicaron a diferentes escalas; iii) la importante referencia que aporta a los estudios con enfoque territorial.

Pizarro “representa” a todos aquellos territorios que a priori parecieran no tener suficiente poder (económico, social, político, institucional) como para modificar el curso de las decisiones que se toman en instancias jurisdiccionales superiores (como en este caso era el gobierno de la provincia de Salta). Sin embargo, y aún más allá de los resultados finales, Pizarro trascendió su geografía local para proyectarse a toda la Nación. Poderosas fuerzas vinculadas con el estado, el discurso hegemónico y el poder político y económico debieron movilizarse ante resistencias y alianzas que trascendieron ampliamente lo esperado.[21]

Jujuy, una provincia en disputa[22]

La provincia de Jujuy (ver mapa 2) resulta un buen ejemplo de la disyuntiva contradictoria entre desarrollo y capitalismo con tan sólo revisar el pasado y el presente de su realidad local y regional.

La Puna, la porción más septentrional del noroeste argentino y de Argentina misma, sintetiza buena parte de las contradicciones, interrogantes y potencialidades del desarrollo provincial en su conjunto. Sea porque pasó de ser la más poblada en 1869 (31% de la población provincial) a casi la menos poblada actualmente (6% del total provincial, con fuerte presencia de pueblos originarios). Sea porque es cuna tanto de las más antiguas y tradicionales actividades provinciales (agro-ganadería, minería) como de las más nuevas y reconocidas (litio) para la expansión del capitalismo en el presente.[23] Sea porque, a pesar de su configuración extrema, altamente dificultosa, con su gran altura, su rigurosidad climática y su consecuente escasa población, ofrece recurrentes oportunidades de desarrollo que se renuevan y estructuran en torno a sus recursos minerales. Y es, al mismo tiempo, la región identificada, repetidamente, como la más pobre de la provincia (Bergesio, Golovanevsky y González 2018, 15).

En este contexto, podríamos decir que: ¿es una región socialmente pobre y económicamente potente? O, por el contrario y dada su diversidad cultural: ¿es socialmente rica y económicamente empobrecida? Reflexionar acerca de esta supuesta disyuntiva (planteada por estas dos preguntas) emerge una mirada más extendida geográficamente: ¿será que la región Puna expresa, en un solo caso, la encrucijada provincial? Porque al adentrarnos en otras regiones y actividades provinciales y en sus propias especificidades, identificamos renovadas y similares “encrucijadas”.

En los valles semiáridos de la Quebrada de Humahuaca (declarada en 2003 Patrimonio de la Humanidad) horticultores, floricultores y criadores de ovinos y caprinos disputan su territorio con el turismo. Porque éste se ha ido difundiendo e imponiendo (social, cultural y territorialmente) hasta constituirse en la principal actividad económica de esta zona (que al igual que la Puna está escasamente poblada -5% del total provincial- y mayormente por pueblos originarios).

¿Qué es lo particular de la Quebrada?: que desde hace al menos dos décadas su población local (mayormente pueblos originarios) está siendo desplazada, deslocalizada, marginada y explotada por el avance de la inversión capitalista extranjera que postula un futuro regional dinámico, moderno y atractivo. Al igual que en la Puna se gesta aquí un discurso hegemónico, asociado con la modernidad, el progreso y los beneficios generalizados que depara la expansión del capitalismo en sus diversas expresiones (turismo, minería).

Pero se trata, en los hechos, de un territorio que se debate entre la atracción de inversiones extra-locales y la expulsión de la población local. Una realidad incontrastable entre crecimiento y marginación. Estamos entonces ante ¿una encrucijada del modelo de desarrollo o un resultado del sistema capitalista en el que ese desarrollo se inserta?

Otra región, los Valles de Altura (entre la Quebrada y los Valles templados) aún más despoblada (0.05% de la población provincial) viene configurándose como un nuevo territorio de oportunidades y disputas. Aquí el turismo y las grandes inversiones extranjeras en actividades de punta (nuevamente el litio) y en infraestructuras y sistemas de comunicación con el Pacífico, juegan un rol central y suman nuevos cuestionamientos y desafíos (asociados con las problemáticas ambientales y paisajísticas y con el reconocimiento y el futuro de las comunidades originarias, sus habitantes desde siempre). Y también, como en las regiones anteriores, entran en disputa dos realidades, dos discursos: uno ligado con el progreso, la modernidad, el crecimiento económico, el efecto “derrame”; y el otro, con la devastación del ambiente y del agua disponible en zonas caracterizadas por su escasez, con la destrucción del hábitat y de sus culturas ancestrales, con la expulsión, la marginación y el empobrecimiento de casi toda su población local.[24]

Como podemos observar, estas tres regiones jujeñas muestran un panorama de zonas poco pobladas pero con significativas oportunidades económicas por la riqueza actual (y pasada) de sus recursos. Oportunidades cuyos beneficios no parecen dirigirse a favor del ámbito local (litio y turismo). En tanto su explotación no se vincula con un proyecto de desarrollo nacional; por el contrario se trata de propuestas promovidas y usufructuadas por el gran capital internacional, cuya modalidad operativa (ampliamente reconocida y probada) es su limitado o escaso efecto multiplicador y difusión social en los lugares donde se localizan sus actividades extractivas y turísticas. Aunque para el estado provincial queden las regalías (por el dominio originario de los recursos que detenta) y los impuestos que estas actividades pueden aportar.[25]

Paralelamente, en Jujuy otras dos regiones parecen la antítesis de las anteriores, porque son las más populosas y diversificadas productivamente de la provincia. Nos referimos a los Valles Templados y los Valles Cálidos. En los primeros, se localiza la capital provincial (San Salvador de Jujuy) con la mayor parte de las actividades comerciales y de servicios provinciales y más del 60% de la población provincial. En los segundos, vive el 27% de la población provincial y se gestionan actividades dinámicas e históricamente relevantes para el desarrollo provincial como son los ingenios azucareros (Ledesma, La Esperanza y Rio Grande) la producción de hortalizas primicia[26], la citricultura y la actividad forestal.

Es en estas dos regiones donde se concentra la actividad económica de Jujuy y donde avanza la urbanización mientras se despuebla el campo. Sin embargo, tampoco en estos dos centros, que por décadas vienen hegemonizando el movimiento económico provincial, se ha logrado superar la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad social (Bergesio, Golovanevsky y González 2018, 17).

Todo lo señalado resultaría muy incompleto si no lo vinculamos con que Jujuy es una de las provincias argentinas con mayor porcentaje de población que se reconoce a sí misma como indígena o descendiente de indígenas. Según los datos del Censo 2010, un 8% de la población de Jujuy declara ser miembro o descendiente de pueblos originarios.[27] Una parte importante de esta población mantiene viva una disputa histórica y permanente por la regularización (bajo la forma comunitaria) de sus tierras. Disputa que se sostiene en normas que emanan de la CN DE 1994, artículo 75, inciso 17, ya mencionado. Precisamente:

[…]Argentina fue uno de los primeros países en reconocer los derechos de las comunidades indígenas al dictar la ley nacional 23.302 sobre Asuntos Indígenas, en 1985. Luego, con la reforma constitucional de 1994, a través del art. 75, inc. 17, y la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos, se consagraron los derechos especiales que en función de la etnia tienen estas poblaciones, lo que ha determinado el grado de responsabilidad que deben seguir los Estados (nacional y locales) en el dictado de las políticas públicas relacionadas con las comunidades indígenas que habitan las distintas regiones del país.
A ello se sumó que el Estado Argentino ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, en 2000, que lo obliga a respetar las instituciones propias de los pueblos indígenas, su identidad, tradiciones, valores, prácticas sociales, religiosas y culturales, su autonomía en materia de desarrollo, sus métodos de resolución de conflictos, la posesión y propiedad de sus tierras y recursos naturales y la participación colectiva en todas las decisiones que los afecten. (Bravo 2019, 77; cursiva nuestra).

Es decir, toda esta normativa configura derechos especiales en función de la etnia que implican reconocimiento a la identidad y a la propiedad comunitaria: “el derecho a la propiedad es el punto neurálgico del conflicto en materia de pueblos indígenas”.[28]

En este contexto debemos tener presente que para los pueblos indígenas el territorio “es la expresión simbólica de su etnicidad, pues no sólo representa el espacio del cual se obtiene la subsistencia, sino que simboliza su historia y manifiesta su cultura” (Bravo 2019, 77).[29]

Esta relación de los pueblos originarios con su “territorio” condice con lo que señalamos acerca del territorio y con la forma que consideramos que debe ser abordado. Para las comunidades originarias el territorio es territorialidad, es decir ámbito de ejercicio de poder, de cultura y de expresión de su cosmovisión y sus modos de vivir. Por todo ello disputan el territorio, siempre atravesado por relaciones de clase y de poder con intereses concretos.[30]

Mientras que para unos es su espacio de subsistencia, expresión de su etnicidad, para otros es un espacio de oportunidad para la explotación de recursos (como el litio o el turismo) dirigidos a obtener beneficios capitalistas y concretar el respectivo proceso de acumulación.

Intermediando estas disputas está el estado en sus diferentes escalas actuando como gestor y árbitro de estos conflictos entre los actores. El estado que, siguiendo distintos roles, produce y difunde discursos de verdad, aliándose según las coyunturas económicas y socio-políticas con unos y otros actores. El estado que, desde una mirada de largo plazo, distante de las problemáticas coyunturales, muestra su cara más oculta, la de garante de la continuidad del sistema capitalista.

Desde este marco podemos observar que, el derecho reconocido a las comunidades originarias por la CN 1994, continúa siendo resistido luego de haber sido sancionado hace más de 25 años, tanto por los sectores de poder como por el propio estado, que bajo diferentes mecanismos posterga las respectivas regularizaciones.[31] De este modo, y con una mirada de largo plazo el estado termina alineándose o aliándose con los intereses de los sectores de poder que resisten el reclamo por la propiedad comunitaria de la tierra.[32]

Lo cual complejiza el panorama social, político, institucional y económico de la provincia de Jujuy toda; de un modo cuyos alcances resulta difícil prever (especialmente en situaciones atravesadas por la hegemonía neoliberal, como sucedió en Argentina entre 2015-2019).[33]

Esta cuestión territorial con las comunidades originarias trasciende a la provincia de Jujuy y alcanza a la Nación toda. Desde el estado y desde los sectores de poder se busca desconocer o cercenar los derechos legítimos. Derechos que fueron objeto de luchas históricas consagrados en la CN 1994.

La disputa por las tierras de los pueblos originarios se enmarca en la actualidad el interés del gran capital para disponer y usufructuar de las tierras comunitarias y sus recursos que, de concretarse, conduciría aún a mayor concentración, desigualdad y marginación social.

A lo largo de este acápite hemos recorrido una provincia, Jujuy, con sus diversas geografías que han sido y siguen siendo objeto de disputa. Lo cual se traduce en numerosas intervenciones del estado, en la formulación de PP de “desarrollo” que buscan arbitrar el conflicto entre intereses enfrentados entre algún sector de la población local con el capital (nacional e internacional).

Una provincia donde la disputa por los recursos ha sido recurrente, así como la marginación de las mayorías sociales; donde buena parte de los conflictos territoriales trascienden el ámbito local extendiéndose a la Nación; y donde el estado, más que dirimir estos enfrentamientos o impartir justicia, habilita el accionar del gran capital que, recurrentemente, ignora a la población local, impide el ejercicio de sus actividades tradicionales, de su cultura, empujándola a la migración, lo que significa abandonar sus territorios, sus lugares de subsistencia y sus vivencias.

Vitivinicultura en San Juan: entre la crisis y la intervención del Estado, 1976-1989[34]

En de la Torre (Coord., 2017) se analiza la interrelación entre estado, sociedad y economía en la provincia de San Juan (Argentina) durante el período 1976-1989. A lo largo de este trabajo se investiga (haciendo eje en la teoría de la regulación) el rol del bloque de poder, la construcción de hegemonía[35] y los conflictos concomitantes en la configuración territorial provincial y, especialmente, en la actividad vitivinícola -la principal actividad de San Juan por su historia económica, social y cultural (ver mapa 3).[36]

Es necesario para nuestro análisis y por el enfoque que propone de la Torre comenzar precisando algunas cuestiones del contexto nacional de este período. Porque la provincia de San Juan está inmersa en los avatares políticos y económicos del país, de la región y del mundo y, especialmente, porque “1976-1989” encierra algunas claves que importan en el presente caso.

En primer lugar, este período comprende dos etapas históricas antagónicas y de enorme trascendencia en la historia política y económica de Argentina; ambas caracterizadas por su profunda inestabilidad institucional.

La primera (1976-1983) se corresponde con la dictadura cívico-militar más cruenta de la historia nacional argentina.[37] Consideramos que tres hitos describen esta etapa: i) 30.000 desaparecidos; ii) la declaración, participación y capitulación en la guerra de las Malvinas; iii) la gestación de una abultada deuda externa que asola al país hasta el presente y que aumenta exponencialmente su ya histórica subordinación al capital internacional. Otras características regresivas de este periodo fueron: la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la persecución al movimiento sindical, la derogación de leyes protectoras del trabajo, el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, todo dirigido a bajar los costos empresariales. Por otro lado, las altas tasas de interés alentaron al movimiento especulativo y la expansión del sistema financiero. En este marco aumentó la deuda externa hasta que se estatizó la deuda privada en 1982, a través de seguros de cambio y ante la posibilidad de default del empresariado. Todo lo anterior: “efectiviza una fuerte reestructuración de las relaciones de poder” (ibid, 39) a favor del gran capital y contra los sectores populares.

La segunda etapa (1983-1989) corresponde al gobierno democrático de Raúl Alfonsín, un hito en la recuperación y sostenibilidad de la democracia argentina hasta el presente –desde entonces se sucedieron casi 40 años ininterrumpidos de gobiernos legítimamente elegidos.[38] Estabilidad democrática lograda, entre otros hechos significativos, por el Nunca Más al terrorismo de estado.[39]

Esta política de derechos humanos condicionó todo el período de Alfonsín por la inestabilidad institucional que caracterizó su mandato. Un ejemplo de ello son los tres alzamientos militares que debió enfrentar este gobierno (considerados por la justicia intentos de golpe de estado).[40]

En años sucesivos el Nunca Más fue consolidándose como un discurso de poder contra hegemónico asumido por una gran mayoría de la sociedad argentina (sectores populares, clases medias y altas, intelectuales). Lo cual, en repetidas crisis políticas, contribuyó al sostenimiento de la débil democracia iniciada en 1983.[41]

Pero además de todo esto, debe reconocerse que en 1983 el gobierno heredó una situación económica de profunda recesión, creciente desempleo, inflación, deuda externa de 46 mil millones de dólares (70% del PBI) y una situación monetaria fuera de control por el agotamiento de las reservas del Banco Central y el déficit presupuestario (ibid, 36)

En lo que refiere a San Juan, de la Torre (2017, 163-167) sostiene:

En 1976 el golpe militar clausuró el Estado de Derecho y la provincia fue intervenida por representantes del nuevo gobierno central … Luego de tres interventores militares, fueron designados miembros del partido bloquista para dirigir la provincia, Javier Rodríguez Castro (1981-2), Leopoldo Bravo y Eduardo Pósleman (1982-3).
Hacia el final del año 1982, se pueden determinar tres crisis importantes:
1. La crisis nacional originada por el fracaso de las políticas implementadas por el gobierno militar, el crecimiento vertiginoso de las deudas de diversos agentes por los intereses bancarios y la estampida del dólar y la inflación creciente.
2. La crisis del modelo productivo sanjuanino, sumada a la ausencia de políticas económicas que permitieran superar la especialización productiva de la provincia y el retiro del estado en la regulación del mercado dando lugar a su concentración.
3. La especial crisis vitivinícola causada entre otras cosas, por el descenso del consumo de vinos comunes y las nuevas tendencias de consumo.[…]
Paradójicamente el regreso a la democracia en la provincia vino de la mano del partido que había gobernado en los últimos años de dictadura militar, la fórmula Leopoldo Bravo-Jorge Raúl Ruiz Aguilar se impuso por amplio margen, y con el apoyo a la fórmula Alfonsín-Martínez, logra posicionarse a nivel nacional nuevamente. [42] […]
La actividad política pasó a ser cosa esencialmente de militantes. […]
En 1985 se celebraron en la provincia elecciones legislativas y constituyentes, el triunfo fue para la Unión Cívica Radical, dejando al partido oficialista en tercer lugar. Ello ocasionó que el gobernador Bravo presentara su dimisión, asumiendo el vicegobernador Ruiz Aguilar. […]
En 1987 el bloquismo volvió a imponerse con la fórmula Gómez Centurión y Wbaldino Acosta. […] En 1989 el país entero vive momentos de elecciones. El panorama provincial se encontraba poco claro para los electores sanjuaninos: el bloquismo estaba desgastado tras gobernar toda una década y lo mismo ocurría en el radicalismo por la gestión económica nacional. A su vez el peronismo, a falta de liderazgos fuertes, tampoco se presentaba como una alternativa posible y, fiel a su tradición, se lesionaba cada vez más con sus luchas internas. Esta oportunidad fue aprovechada entonces por el doctor Alfredo Avelín, líder de la Cruzada Renovadora que fue elegido diputado nacional.

Como podemos concluir, si bien con otras características diferentes a las de la Nación, la realidad política sanjuanina aparece tanto o más inestable que la nacional, con mayores dificultades para encontrar un hilo conductor del hacer político y económico.

Lo anterior debe vincularse con las numerosas crisis que afectan a este territorio provincial. Éstas no son únicamente propias, ni sólo asociadas con la actividad principal, la vitivinicultura, ni tampoco con las que devienen del modelo productivo sanjuanino poco diversificado.

En San Juan (y no exclusivamente) la dependencia con la Nación, especialmente en cuanto a la política económica y monetaria, condiciona las decisiones y la gestión del gobierno provincial. La organización política de los estados-nación (aunque sean constitucionalmente federales como Argentina) deja siempre una cuota de incertidumbre para la administración y gestión de la política provincial y local.[43]

Sin embargo, también necesitamos profundizar en otras particularidades de los ámbitos locales que trascienden lo económico. Por ejemplo de la Torre (2017, 164-5) sostiene que la participación política de la ciudadanía sanjuanina luego de la dictadura era sensiblemente menor; también menciona la paradoja acerca de que el regreso a la democracia en la provincia “vino de la mano del partido que había gobernado en los últimos años de dictadura militar”, ya que la fórmula que encabezaba Leopoldo Bravo[44]se impuso entonces por amplio margen. Asimismo menciona ciertos “excesos de poder” del gobierno bloquista en 1983, durante la etapa democrática, que fragmentaron las bases que apoyaban al bloquismo (ibi,165). Por su parte, Veramendi Pont (2013) refiriéndose también a la participación del bloquismo durante la dictadura militar, postula que:

Al decir de la dirigencia bloquista entrevistada, el ciudadano común no asociaba al Partido Bloquista con los errores del gobierno militar nacional. Esta capacidad de disociación de la ciudadanía sanjuanina arroja otro interrogante clave para indagaciones futuras acerca del imaginario político de la población sanjuanina respecto del régimen dictatorial iniciado en 1976 … los entrevistados justifican la participación del bloquismo en la época dictatorial como el paso necesario para la etapa de democratización, al tener la capacidad, fundamentalmente su líder, de pacificar, de concertar, de tender un puente entre ambos regímenes políticos antitéticos (ibid, 244) … El protagonismo aceptado por el bloquismo en este momento histórico es significado entonces, desde la organización partidaria, como un sacrificio consciente en pos del bienestar de San Juan, confiando en última instancia en el reconocimiento y comprensión de la ciudadanía local (ibid, 254).

Precisamente la sumatoria e interrelación de estas “otras” cuestiones (históricas, institucionales, culturales, sociales) se suman desde el enfoque territorial al tradicional análisis socioeconómico y político. Y, asimismo, desde este enfoque importa tanto investigar las particularidades “locales” en sentido amplio del caso específico como observar sus articulaciones, interrelaciones y múltiples influencias entre el adentro y el afuera del caso en cuestión.

Volviendo a los antecedentes, en el periodo previo (1950-1976) al que estamos analizando, San Juan pudo avanzar hacia una mayor inserción en el proceso de acumulación nacional (como proveedora de bienes de consumo –de la Torre, 2017: 404[45]). Y ello a pesar de haber atravesado una importante crisis de sobreproducción vitivinícola, bajo el gobierno del bloquista Leopoldo Bravo. Precisamente este avance económico de la provincia se dio junto con importantes intervenciones estatales que regularon la vitivinicultura (como fijaciones al precio de la uva o del vino, a través de la maquila).[46] Asimismo se creó CAVIC (Corporación Agro-vitícola y Comercial) para mediar entre bodegueros y viñateros, aunque no se logró superar los conflictos, ni eliminar las disparidades económicas y de poder entre los actores.[47]

Por su parte, la etapa 1976-1989 transita entre la crisis, el agotamiento de la sustitución de importaciones y el advenimiento del neoliberalismo. La vitivinicultura continuó siendo la principal actividad de la economía provincial, aunque cada vez más vulnerable frente a las crisis, por las dificultades de reconversión y la ausencia de diversificación productiva.

El nuevo modelo en proceso de esos años (el neoliberalismo) introdujo otras variables: economía especulativa, apertura al mercado externo, retracción del mercado interno, mayor dependencia del mercado externo, menor participación política, reestructuración de las alianzas de poder a favor del gran capital nacional y extranjero. Todo lo cual, comenzó a tornar inviables las recetas desarrollistas, asociadas con la regulación y la intervención del estado de la etapa anterior.

De la Torre define a esta etapa: “entre la crisis estructural y la reconversión frustrada”, señalando que la fuerte incidencia del cultivo de vid en la producción y en la actividad provincial, conllevó a que la economía sanjuanina funcionara al ritmo de los vaivenes cíclicos propios de la vitivinicultura. Y por ello, la diversificación productiva fue una constante de la agenda pública local:

[…] en un contexto de crisis regional vitivinícola en 1981 y de excedentes en 1982, el Estado sancionó la primer Ley de Reconversión Vitivinícola en 1983, aunque el proceso de diversificación avanzó muy lentamente, ya que el crecimiento de la superficie implantada de uva para pasas y consumo en fresco es mínimo, al igual que la producción. El resto de los productos vitivinícolas como el mosto, miel de uvas, y otros, no tuvieron un crecimiento importante a pesar de dicha política (de la Torre 2017, 141).

La profunda crisis vitivinícola atravesó todo el período, signada por características estructurales de la actividad misma y agravada por coyunturas político-institucionales (como las políticas neoliberales de apertura y desregulación):

La década del `80 se inaugura con un escenario bastante conflictivo desde lo económico y social, que se caracteriza principalmente por la crisis vitivinícola causada por el descenso del consumo de vinos comunes, que produce un significativo excedente. El agotamiento del modelo productivo, la ausencia de políticas económicas que permitieran superar la especialización productiva de la provincia, y el fracaso de las políticas implementadas por el gobierno militar que produjeron un crecimiento vertiginoso de las deudas por los intereses bancarios, son elementos fundantes de la situación conflictiva. Como respuesta, los sucesivos gobiernos bloquistas intentaron enfrentar esta situación mediante una serie de políticas públicas destinadas a revertir las recurrentes crisis de la Provincia. (de la Torre 2017, 171; cursivas nuestras)

En estos años: i) avanzó el dominio del oligopolio vitivinícola, imponiendo el precio de la uva y del vino y las condiciones de la comercialización; ii) quebró y desapareció CAVIC (un emblema de la etapa anterior que en 1991 se declaró en quiebra).

Aunque CAVIC previamente se privatizó, pasó de lo público a lo privado porque no pudo competir en un mercado en que dos o tres firmas captaban el excedente e imponían las condiciones. Esto significó “un avance de la fracción hegemónica de la cadena productiva sobre la fracción vitivinícola pequeña y mediana” (ibid, 293).[48] Lo cual terminó influyendo notoriamente en la vida de gran parte de la población sanjuanina.

Finalmente este contexto no podría caracterizarse adecuadamente si no nos referimos al “caso Greco”. Ya que éste expresa cabalmente el funcionamiento de la estructura de poder: “el bloque de poder en acción” (de la Torre 2017, 253; cursiva nuestra)[49]:

[Greco] significó para la Provincia y la Región de Cuyo, la acción quizás más concreta del bloque de poder. El gobierno de facto desarticuló un oligopolio [la autora refiere al grupo Greco] para apoderarse de él e intervenir en la industria vitivinícola a través del manejo de precios, de subsidios y estrategias que finalizan beneficiando a otro oligopolio (Cartellone, Catena, Peñaflor). En realidad, ayuda a crearlo y sostenerlo al darle todas las facilidades y el manejo del mercado, extrayendo el excedente de los pequeños y medianos productores (de la Torre 2017, 412; cursiva nuestra).[50]

Efectivamente, en el caso de la vitivinicultura sanjuanina se muestra claramente como ciertas intervenciones públicas (con escasa transparencia) facilitan (y promueven) en determinadas coyunturas, el proceso de acumulación ampliada de grupos económicos que avanzan hasta alcanzar el control oligopólico de los mercados respectivos.

Esta situación, frecuente en las disputas entre sectores de poder, se alcanza bajo arreglos espurios, negocios (o negociados) de unos y otros, que quedan ocultos tanto como el accionar del estado que los avala, recurriendo a formas políticas institucionalizadas, quiebras, leyes e intervenciones.

Más allá que la realidad (o las apariencias) muestre un estado activo en diferentes momentos de la etapa bajo análisis, instrumentando múltiples leyes nacionales o provinciales, promocionales, regulatorias, sectoriales, continuamos preguntándonos: ¿por qué todo este accionar no logró modificar las restricciones estructurales de la economía sanjuanina, ni el enfrentamiento entre bodegueros y vitivinicultores, ni tampoco la disputa con los intereses de la vecina provincia de Mendoza? Y por el contrario lo que se destaca es:

[…] la profundización de las brechas y las desigualdades con Mendoza, que por su influencia en la composición en el INV [Instituto Nacional de Vitivinicultura] y el lobby ejercido por los agentes más grandes logra imponer políticas públicas que la benefician fuertemente (de la Torre 2017, 192).

Este recorrido nos muestra un estado (nación y provincia) que a pesar de sus múltiples (aunque también contradictorias) intervenciones durante todo el periodo 1976-1989 no pudo alcanzar los objetivos enunciados por los respectivos gobiernos de una y otra etapa (pacificar, desarrollar, reconvertir, integrar el país y la región al mundo). Pero además, sectorial y localmente, tampoco logró superar la crisis del sector vitivinícola, ni reconvertir a la provincia:

[…] la intervención del Estado en el periodo 1976-1989 fue clave no sólo en la promulgación de leyes y decretos, sino además en la intervención sistemática de las instituciones mencionadas, la represión a los intentos de expresión y participación, la conciliación de intereses del bloque que lo sostenía y en la ausencia de planes sistemáticos para el desarrollo de las economías regionales. La alianza tecno-burocrática que manejaba el aparato estatal, ejercía su dominación ideológica en el territorio a fin de modificar la relación de fuerzas. La democracia no pudo contener las desigualdades ni los procesos de consolidación de un territorio profundamente asimétrico con fuerte dominio de la fracción bodeguera (de la Torre 2017, 419; cursiva nuestra).

Algunos aprendizajes

Hemos expuestos tres casos territoriales, expresamente identificados por su diferencia espacial, temporal: i) Pizarro, en Salta, un ámbito local definido en torno a una disputa local y resultante de hechos ocurridos bajo el modelo neoliberal del presente; ii) una provincia, Jujuy y sus regiones, observada desde el largo plazo que se inicia con su inserción en el proceso de organización nacional hasta la actualidad; iii) una economía regional, la vitivinicultura de San Juan, analizada durante el período de transición entre la sustitución de importaciones y el inicio del neoliberalismo en Argentina.

En los tres casos y a pesar de notorias diferencias, observamos que los respectivos procesos de desarrollo (de mediano y largo plazo) se asemejan en una misma cuestión: mientras unos pocos actores avanzan concentrando y acumulando recursos territoriales, las grandes mayorías son crecientemente despojadas de sus derechos y de los recursos de “su” territorio. Y en todos estos procesos el Estado jugó, en distintos períodos de la historia nacional, un rol central, generalmente bajo formas directa o indirectamente asociadas con los intereses de los sectores más poderosos y capitalizados.

Llegamos a estas conclusiones, observando sus evidencias desde un enfoque territorial a partir de estudios de caso con una mirada histórica de largo plazo, que nos conduce a identificar reiteradamente la “no neutralidad” del Estado. Y esto es así porque como señala Göran Therborn: “El carácter de clase de un Estado no se refiere necesariamente a quién mueve las cuerdas entre bastidores, sino al efecto sobre la sociedad de las acciones o las no acciones del Estado, y pone de manifiesto, por consiguiente, quien es la clase dominante en la sociedad” (citado por de la Torre, ibid, 26, cursiva nuestra[51]).

El enfoque territorial parte de un marco conceptual que analiza el territorio como poder en el contexto del sistema capitalista. Ello significa identificar las relaciones de poder que son parte del proceso dialéctico y contradictorio de acumulación y concentración de capital.

Analizar el poder material y simbólico requiere identificar e investigar el rol de los actores como expresión de su posición en la estructura socio-productiva y en las relaciones de clase. Pero, mientras que para identificar al poder en sus expresiones materiales contamos con referencias concretas (aunque no siempre disponibles) vinculadas con el posicionamiento de los actores en la estructura tecno-productiva e institucional, para reconocer el poder en sus expresiones simbólicas debemos adentrarnos en cuestiones más abstractas y ocultas, ligadas con los valores, los símbolos, las religiones, los discursos de poder, los discursos de verdad, de construcción de sentido, y en particular de sentido común en las diferentes temáticas que nos ocupan.

Estos discursos (difundidos a través de medios de comunicación, redes sociales, normativas formales e informales) cumplen un rol central, y cada vez mayor, en las disputas de poder, en las disputas territoriales. En la medida que en cada circunstancia conducen a la ciudadanía a apoyar uno u otro posicionamiento político respecto al objeto en cuestión. En los casos aquí expuestos se manifiestan a través de consignas como: i) desarrollo vs atraso (en los posicionamientos a favor y en contra del litio o en el caso de Pizarro a favor o no de la desafectación de un área protegida); ii) productividad vs contaminación (en la problemática de expansión de la soja con usos o no de herbicidas y otros químicos); iii) apertura de mercado vs regulación (en relación a la política económica a aplicar en el caso sanjuanino).

La comprensión de un caso a partir de este enfoque comienza reconociendo los aspectos más concretos, cercanos y evidentes (como la estructura social y productiva, el rol de las políticas públicas, de las instituciones, de las leyes, de los actores) para luego avanzar hacia los menos evidentes y más contradictorios (como el rol del Estado, de la cultura, de los mandatos, de los símbolos, de las religiones, de la producción de discursos hegemónicos, contra-hegemónicos, de resistencia, de sentido común). Desde nuestra perspectiva, toda esta secuencia revela al territorio.

En términos metodológicos, comprender al territorio desde el enfoque territorial conlleva a indagar, sistematizar y analizar respecto al “caso en cuestión”: i) su devenir histórico respectivo; ii) sus diferentes aspectos (culturales, sociales, económicos, políticos, institucionales); iii) sus modalidades de funcionamiento a diferentes escalas político-geográficas (internacional, nacional, provincial, local); iv) las interrelaciones e influencias múltiples entre sectores, actores, escalas temporales y espaciales.

En los tres casos aquí presentados, aunque originados en investigaciones realizadas por otros autores (que hemos intentado complementar con otras indagaciones) los hechos determinantes para su comprensión y explicación provienen de:

  1. Revisión del devenir histórico del caso y sus conexiones a distintas escalas temporales. En el caso Pizarro, que “surge” en 2004, sus antecedentes institucionales más cercanos suceden en 1994, cuando la reformulada CN, legisló sobre: i) la protección de los recursos naturales, ii) el dominio originario de las provincias respecto dichos recursos y iii) el derecho comunitario de las comunidades originarias sobre la tierra si probaban su preexistencia en la misma. Aunque en realidad sus antecedentes culturales, políticos y sociales se remontan al período de la colonización española, que relegó a los pueblos originarios a una situación de subordinación, explotación y negación de su cultura, de sus antecedentes indígenas y principalmente del territorio que es la expresión simbólica de su etnicidad. Esto mismo es lo que sucede en Jujuy con su numerosa y diversa población indígena. Pero aquí se suma además, una continuada, recurrente y evidente historia de despojo económico de este territorio, que va cambiando de objetivo y características según la etapa del modelo socioeconómico dominante (azúcar, minerales, litio, turismo, etc.) y de los intereses en juego, nacionales e internacionales. La revisión histórica para el caso de la vitivinicultura sanjuanina, es más acotada, y se refiere a las políticas públicas de regulación y sustitución de importaciones durante el período previo a 1976-1989.
    Es decir, cada uno de estos necesarios recorridos por un pasado específico depende de nuestro objeto de estudio. Alcanzar evidencias, explicaciones, nos puede remontar más atrás en el tiempo o más cerca; y muchas veces su extensión la descubrimos durante el proceso de investigación.
  2. Análisis a diferentes escalas espaciales y según modalidades de interrelación entre las mismas:
  • La escala internacional refiere a los actores, intereses y disputas originados desde este ámbito. En el caso de Jujuy reconocemos procesos de acumulación global que signan el devenir de la minería, el litio, el turismo en la Puna, en los Valles de Altura y en la Quebrada de Humahuaca; todos implican inversiones, intereses y disputas con un enorme poder de presión sobre los actores locales. Poder que permite realizar acciones legalmente vedadas o sin la autorización necesaria, así sucede con los relevamientos de zonas áridas para extraer agua y explorar el subsuelo en la Puna y en los Valles de Altura. Lo mismo se repite con la expansión de la soja y la deforestación en el caso Pizarro, donde se deforestaron zonas prohibidas legalmente o se aplicaron artilugios legales para evitar la aplicación de otras leyes que reglamentaban la deforestación (ley nacional de bosques). Estos dos casos, son claros ejemplos de disputa por el territorio. Pues, mientras para unos es “su” espacio de subsistencia, de expresión de su etnicidad, para otros es “el” espacio de oportunidad que se ofrece en determinada coyuntura para la explotación de recursos que alimentan el proceso de acumulación a escala global.
    En el caso de la vitivinicultura, el surgimiento del modelo neoliberal junto con la coexistencias de dictaduras, represión, crímenes de lesa humanidad en el cono sur latinoamericano, significó un inigualable poder de manipulación y determinación de los hechos económicos y políticos nacionales, provinciales y locales. Se activó el miedo social y, consecuentemente, casi se anuló todo accionar político opositor, hasta alcanzar la subordinación de la mayor parte de los sectores locales (pequeños y medianos productores y la población en general) a las decisiones de los gobiernos de facto. Todo lo cual permitió a las dictaduras delinquir en diferentes frentes, no sólo en lo que refiere a la persecución y asesinato de opositores sino también en lo relacionado con la apropiación de sus bienes. Esto es lo que explica la “declaración de quiebra” de una de las mayores oligopolios locales (caso Greco) que resultó una apropiación ilegal (aunque fuera presentada como un caso de justicia por el manejo fraudulento empresarial).
  • La escala nacional refiere a las relaciones, intereses y disputas resultantes de este ámbito. Frecuentemente desde el estado nacional se establecen normativas, legislación y diferentes modalidades institucionales que operan en alianza o conflicto con los actores locales. En el caso Pizarro vimos que una ley nacional sancionada en 2007 (ley 26.331/07 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos) entró en colisión con las decisiones provinciales (ley provincial 7274/04) de desafectación de dos lotes, que formaban parte de un área natural protegida, para: i) construir y mejorar rutas que habilitaran el avance de la sojización; ii) deforestarlos y destinarlos a la producción sojera.
    Este caso también revela los intereses contradictorios que se suceden en un mismo ámbito, en este caso el nacional, entre: i) los sectores nacionales defensores de la protección ambiental (opuestos a las decisiones provinciales); y ii) los sectores ligados a la producción sojera que buscaban acciones conciliatorias, ya que desde el propio ejecutivo nacional se avalaba ampliamente dicha producción. Por ello se entiende que, finalmente, el problema pareciera empezar a superarse recién cuando interviene la Dirección de Parques Nacionales ofreciendo su mediación (con un menor cuestionamiento de las decisiones del estado provincial). Precisamente, no todos los actores intervinientes concordaron con estos acuerdos (por ejemplo, la Universidad Nacional de Salta).
    El caso de la vitivinicultura sanjuanina es, de los aquí expuestos, el que más vinculaciones diversas se observan con actores nacionales (estatales y no estatales). Las políticas de promoción y regulación, tanto provinciales como nacionales, estuvieron muy presentes en cada etapa y tuvieron connotaciones a veces similares y a veces contradictorias en relación a las normativas, regulaciones, promociones (tanto vinculadas al sector vitivinícola como al productivo en general). Del mismo modo, sucedió con los intereses en juego de los diferentes actores, cuyas alianzas y disputas variaron según cada coyuntura.
    Una mayor y mejor comprensión de este y otros casos se logra avanzando en el conocimiento de especificidades territoriales cada vez más avanzadas, que es a donde apunta el enfoque territorial.
  • La escala local refiere a las relaciones, intereses y disputas que se dan dentro de este ámbito. Situaciones que las hemos observado en todos los casos. Las interrelaciones y conflictos entre referentes de pueblos originarios y autoridades locales, universidad local u organizaciones ambientalistas en el caso Pizarro; en la disputa por el litio en la Puna o Valles Altos entre poblaciones originarias y referentes gubernamentales y de empresas transnacionales; en la vitivinicultura sanjuanina entre productores, bodegueros y estado provincial.
    En este mismo sentido, cuestiones vinculadas con la cultura, la idiosincrasia, la participación política local (como se vio en el caso sanjuanino) también son reveladoras de las opciones, limitaciones y posibilidades, que ofrece cada lugar. Desentrañar contradicciones, alianzas y conflictos, entre los actores locales permite adentrarse en la lógica de funcionamiento de la política local e ir desbrozando la problemática bajo estudio.

 

En definitiva, todo lo anterior da cuenta de la amplia diversidad de situaciones que operan en los territorios. En los hechos cada territorio es único. Y tratarlos de modo semejante (por ejemplo desde las PP que bajan uniformemente igual para todos) resulta funcional al ocultamiento: i) de ciertas regularidades que tienen en común (de origen, devenir y resultados) y ii) de las diferencias que explican las razones de los logros y de los fracasos cuando se investiga las particulares relaciones de poder de cada territorio

Precisamente, desde el enfoque territorial nos interesa subrayar la regularidad y la diversidad para: i) mostrar que hay regularidades (prácticas y modelos institucionales, económicos, sociales y políticos) que, en la mayoría de los casos, son garantes del proceso de acumulación y concentración capitalista; ii) identificar particularidades socio-políticas, culturales, institucionales y económicas de cada territorio que, tanto contribuyan a definir PP acordes con los objetivos a perseguir en cada territorio, como visibilizan las particulares formas con que se ejerce el poder en los mismos.

El enfoque territorial (a través del análisis de casos) da cuenta que:

  1. La relación entre desarrollo y territorio es múltiple, diversa y contradictoria en sus variadas expresiones.
  2. El desarrollo resultante (en sus distintas escalas -provincial, regional, local) es parte indisoluble del proceso de acumulación del capital sostenido desde el uso y usufructo del territorio.
  3. La enorme diversidad (según situaciones, casos y escalas espaciales y temporales) oculta el resultado final que es que la interacción entre desarrollo y territorio configura un proceso que deviene en mayor concentración económica (aumentando la desigualdad social en detrimento de los sectores de menores recursos, pobres y marginales).
  4. El sostenimiento y fortalecimiento del sistema capitalista es, aunque enmascarado, el fin último de las perspectivas y propuestas de desarrollo provenientes desde la política en general (y desde la PP en particular). Lo cual se observa analizando las diversas propuestas de desarrollo que hegemonizaron las PP desde la década de 1960 en adelante (como las de “desarrollo regional” de 1960, 1970) o las de “desarrollo territorial” de 2000 en adelante. También esta conclusión surge revisando múltiples trabajos de investigación sobre experiencias de desarrollo. Por ejemplo, en un estudio sobre todo el Norte Grande (Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Tucumán) se afirma: “Son incontables las acciones que desde distintas perspectivas buscaron solucionar los problemas del Norte. Pero la objetiva persistencia de la marginalidad y pobreza estructural de la región parece ser una demostración de la insuficiencia de todas esas acciones” (Bolsi A., Paolasso, P., Longhi, F., 2006, 262).

En este marco nos preguntamos: ¿Cómo desligar el desarrollo del capitalismo? ¿Es una cuestión de políticas públicas? ¿O de construcción y consolidación de movimientos de resistencia, contra-hegemónicos que prioricen la autonomía en la toma de decisiones?

El caso Pizarro, que aquí hemos tratado, más allá de sus resultados finales, indica un camino. Porque se trata de un conflicto local con consecuencias que comprometieron a todo el territorio nacional (la sanción de la Ley Nacional de Bosques).

Pizarro es un ejemplo de territorios olvidados, marginales, que pareciera que no cuentan con poder, ni alianza para modificar el curso de las decisiones que se toman en una instancia jurisdiccional superior (como la del gobierno provincial).

Pizarro es un ejemplo de tantos otros territorios (nacionales y latinoamericanos) localizados en lugares inhóspitos y distantes del centro político nacional y/o provincial, cuya población se ubica entre la más marginal y precarizada del país, pero además es de escasa significación numérica.

Pizarro es un ejemplo de todos aquellos ámbitos geográficos que por sus características no sería un “territorio”. Pizarro contradice la teoría del desarrollo territorial (Schejtman y Berdegué 2006). Pues ésta, desde su visión neoliberal, sustentaba que son “territorios” sólo aquéllos que pueden insertarse competitivamente en el mercado mundial. Qué paradoja: si así fuera Pizarro no sería un territorio! Aún a pesar de las luchas de su población indígena y criolla. Luchas que desataron múltiples y contradictorios procesos territoriales en todo el país y que, por ello, constituyen un ejemplo a seguir. En realidad, esta contradicción se explica porque para las teorías neoliberales: Pizarro no es, precisamente, un ejemplo a seguir!

En toda sociedad preocupada por su futuro, el camino de comprensión, análisis, investigación debe continuar. Para ello creemos que avanzar en una correcta aplicación de un instrumento como el enfoque territorial, profundizándolo y mejorándolo, puede ayudar a tomar decisiones más efectivas al objetivo buscado.

Todo proceso social (como la disputa por los territorios) está inmerso en disyuntivas y contradicciones que pondrán a prueba reflexiones, acciones y voluntades. Pero para seguir avanzando siempre tendremos posibilidad de recurrir a ejemplos dignificantes.

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  1. Este trabajo es producto de investigaciones realizadas bajo la dirección de la autora y con el apoyo financiero de: UBACyT 2016 (010031); PICT FONCyT-Agencia 2015 (0653).
  2. La revolución cubana (1959) y la Alianza para el Progreso (1961) fueron un hito en la historia de AL. El “desarrollo” y el “espacio” empezaron a pensarse asociadamente, como parte constituyente del accionar del estado y de sus políticas; iniciándose entonces la Planificación para el Desarrollo Nacional y Regional (Santos, 2017, 13-27).
  3. Entre ambos hitos se sucedieron otras propuestas (desarrollo local, endógeno, humano, sustentable).
  4. Consideramos a las Políticas Públicas (PP) como una modalidad de intervención pública de los distintos gobiernos y, en definitiva, de los respectivos estados, en relación a una cierta cuestión que concita la atención, interés o movilización de determinados actores de la sociedad civil (Oszlak y O´Donnell 1981).
  5. Entre 1970 y 1980 y en relación al territorio, aunque más específicamente a la “región”, se discutía ampliamente la “cuestión regional” y en particular todo lo vinculado con el “desarrollo regional”, especialmente promovido desde organismos internacionales (en América Latina desde la CEPAL y el ILPES). Entonces José Luis Coraggio (1989) encabezaba el pensamiento crítico referido a estas propuestas. En sus orígenes, los cuestionamientos a las diversas concepciones sobre “desarrollo regional” se referían a su determinismo geográfico (frecuentemente calificado como concepción “espacialista”).
  6. Son múltiples los referentes vinculados con la visión del territorio como poder, especialmente provenientes del campo de la geografía crítica. Pero para los fines de este trabajo nos limitaremos a referenciar a: Raffestin (1993) y Lopez de Souza (1995).
  7. Metodológicamente, elegir una provincia plantea la disyuntiva que puede ser investigada como: (a) un único territorio, o como (b) la confluencia de diferentes territorios con una administración política unificada. En términos de PP dicha administración deberá contemplar la diversidad territorial y sus diferentes alternativas de desarrollo. En el marco de una investigación, la decisión de uno u otro abordaje dependerá del objetivo respectivo. Este determinará también la específica delimitación territorial según escalas, regiones, actores, sectores productivos, instituciones políticas.
  8. Metodológicamente el análisis de una economía regional implica asumir definiciones referidas a la delimitación de escalas, territorios, actores, sectores productivos.
  9. Corresponde advertir que los tres casos que se exponen (en los siguientes ítems) son una selección de experiencias de diferentes autores que no fueron abordadas taxativamente (en su versión original) bajo el enfoque territorial que aquí proponemos. Sin embargo todos recurren (de diferente modo y medida) a conceptos provenientes de marcos interpretativos afines al del enfoque territorial. Ello sumado a la diversidad temporal y espacial que ofrecen estos tres casos, valida su selección para la discusión aquí propuesta.
  10. El caso Pizarro comienza con la sanción la ley provincial 7274 en 2004 que afectaba al ámbito local, Pizarro, en la provincia de Salta. Esto sucedió durante el gobierno de Juan Carlos Romero, elegido en 2003 para su tercer mandato consecutivo (fue gobernador provincial durante 12 años entre 1995-2007) https://bit.ly/3jtpuUz.
  11. Los lotes fiscales 32 y 33 fueron declarados área protegida provincial en 1995 por el decreto 3397 por el entonces gobernador Fernando Ulloa (Silva 2010, 32), quien en diciembre de 1995 entregó el gobierno a su sucesor, Juan Carlos Romero, quien en 2004 desafectó ambos lotes. La comunidad wichi (que ocupaba el lote 32 en 2004) infiere que la venta estaba pre-arreglada al momento de la desafectación, puesta que la tierra ya había sido alambrada y enseguida estas 5000 ha se deforestaron y se transformaron en campos de soja (Palmer 2010, 300). Cabe mencionar que el sector oeste del lote fiscal 33 (ver mapa 1) se extendía sobre territorios de Jujuy que entonces estaban en litigio con la provincia de Salta (Viana 2010, 140-141).
  12. Stella Bianchi, por su parte, agrega que es un área natural protegida porque abarcaba tres paisajes diferentes: la serranía, el umbral al Chaco y la llanura chaqueña; paisaje único en el mundo con esos tres ambientes. Comunicación personal vía email.
  13. Rodríguez (2010, 163-4) menciona que la comunidad wichi no era originaria del lote, llegó allí luego de sucesivas etapas migratorias, vinculadas a desplazamientos laborales. Su subsistencia depende de los productos de la caza y recolección de animales y frutos del monte chaqueño; sustentado en el profundo conocimiento que esta comunidad tiene de su entorno natural, todo “el espacio de su accionar constituye su territorio”. Es una población con una: “enorme dependencia de la biodiversidad en el aprovechamiento de los recursos naturales”. Según Silva (2010, 35-36) y Palmer (2010, 296 y ss) los wichi eran oriundos de El Traslado, un paraje ubicado a 170 Km al sudeste de Tartagal y a 350 Km de Pizarro. Llegaron a Pizarro traídos por contratistas que recorrían la zona buscando mano de obra para fincas de Pizarro. Los wichi hacían postes de árboles de quebracho colorado. También trabajaban en la cosecha de fincas aledañas. Todo esto sucedió entre 1996 y 1998 (según distintos informantes) y duró varios años. Cuando se acabó ese trabajo, los wichi quedaron al costado del pueblo de Pizarro, aplicando sus modos de subsistencia en el lote 32. En ese momento eran 74 familias. Poco antes del 2001 el intendente Ángel Godoy les propuso empadronarlos y que lo votaran y a cambio les ofreció la ocupación del lote 32 de 5298 ha que era reserva provincial y que años después entró en disputa.
  14. Rodríguez (2010, 159-160) señala que la denominación “criollo” refiere en el Chaco a la población campesina. Antes de la desafectación y relocalización, residían en la zona unas 35 familias criollas, 20 dependían de prácticas de subsistencia y 13 residían en puestos (dependiendo del monte y del pastoreo de vacunos): “sólo unas cinco familias no se encontrarían –a la época de la desafectación– en condiciones de ampararse en la posesión veinteañal”. Y sólo 1 familia poseería antigüedad inferior a los veinte años. El autor refiere por posesión veinteañal al derecho posesorio producto de lo que se conoce como “usucapión” legislado por el Código Civil, que establece que el poseedor de una cosa inmueble adquiere la propiedad de ella por la continuación de la posesión durante el tiempo fijado por la ley (en general 20 años).
  15. Esta ley (también conocida como Ley Bonasso, por el diputado que la impulsó, Miguel Bonasso) tuvo alcance nacional y surgió como respuesta al caso Pizarro (buscando frenar la ejecución de la ley provincial 7274/04).
  16. Es importante recordar, además, que en la CN 1994 figuran normativas relacionadas con los bienes que pertenecen a las provincias, como sus tierras fiscales, para los cuales ninguna ley nacional puede decidir sobre ellas, por ser de incumbencia exclusiva de cada provincia (artículo 124, párr. 2º, prescribe que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” –Sacristán 2019, 373). Por ello, el alcance de la intervención nacional en la problemática de Pizarro es limitado, no puede revertir las medidas tomadas por el gobierno provincial respecto al uso de la tierra.
  17. Crítica habitual que se hace a estas ONG, cuyo “ecologismo” es fundamentalmente conservacionista y, como tal, suele estar alejado de los intereses de los movimientos ambientales de raíz popular.
  18. Estas ideas fueron plasmadas en dos importantes hechos políticos institucionalizados bajo la égida neoliberal del gobierno peronista de Carlos Menem (1989-1999). Nos referimos al: i) proceso descentralizador de áreas específicas (educación, salud) con nuevas competencias según niveles de gobierno, roles municipales y cambios fiscales (que además condujeron a una transformación del sistema político territorial –Manzanal 2006, 263-288); y a la ii) reforma de la CN 1994 que institucionalizó, a través de tres normativas distintas, la protección de los recursos naturales “… Art. 41, párr. 2º, al establecerse que las autoridades `proveerán (…) a la utilización racional de los recursos naturales´; en el art. 75, inc. 17, párr. 2º, al consagrarse la atribución del Congreso de `asegurar´ la `participación de los pueblos indígenas argentinos en la gestión referida a sus recursos naturales´; y en el art. 124, párr. 2º, al prescribirse que `corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio´” (Sacristán 2019, 373).
  19. Esta aparente contradicción o conflicto se da porque en ciertas situaciones (disputas por la tierra, por los recursos) la nación no tiene poder de decisión. Son cuestiones que corresponden a las provincias -por tener el dominio originario. Por ello, ciertas PP nacionales tienen un alcance limitado en cuestiones asociadas con problemas histórico-estructurales. Por ejemplo, la Nación no puede dar respuesta a reclamos sobre tierras porque no es un tema sobre el que ejerza el dominio. Entonces, esta normativa constitucional plasmada en el contexto de un modelo neoliberal descentralizador, si bien tiene una connotación federal y local plausible, limita el alcance de las demandas de los sectores sociales más vulnerables por la tierra y sus recursos. Pues sólo ante el gobierno provincial pueden reclamar, por ser el único con poder de decisión al respecto. Y debe reconocerse que el estado provincial es una instancia institucional menos visible, de menor alcance para la difusión de los reclamos de los sectores más desfavorecidos y, al mismo tiempo, es una instancia pública con menor poder para posicionarse frente a las demandas de los sectores más concentrados. Unos y otros en permanente disputa por la tierra.
  20. La población originaria había adquirido nuevos derechos con la CN de 1994. Y esta situación estaba presente en el contexto de la disputa de este caso, más allá de que le correspondiera efectivamente a la población wichi lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17. Este establece que corresponde al Congreso: i) Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. ii) Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. iii) Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. iv) Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. v) Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. https://bit.ly/39iPzkA (11-8-2018).
  21. Finalmente luego de 15 años del inicio de esta problemática, el 17 de diciembre de 2019 (7 días después de la asunción del nuevo gobierno justicialista de Alberto Fernández -Frente de Todos) se creó la Reserva Nacional Pizarro, con una extensión de 7.837 ha (menos de un tercio de las 25.326 ha que ocupaban los dos lotes desafectados). La Administración de Parques Nacionales (APN) había manifestado su interés en incorporar a Pizarro a su jurisdicción, desde el inicio del conflicto, con la oposición de la población local y de la Universidad de Salta https://bit.ly/39g2zY0. La Universidad de Salta mantuvo su posición crítica durante todo este proceso; habiendo sido un actor relevante desde la promulgación de la Ley 7274 con fuertes vínculos con la población local (Viana 2010, 150-151).
  22. Este apartado se sustenta en análisis e información que proviene principalmente de: Bergesio L., Golovanevsky L. y González N. (2018).
  23. El litio es visualizado, por algunos, como expresión progreso, de un futuro promisorio de expansión y crecimiento y, por otros, como fuente de conflicto y devastación cultural, social y material. Ver TSS-UNSAM: Litio salares en disputa. https://bit.ly/30zqkX1 (14/2/2019).
  24. A la minería del litio se la conoce también como la “minería de agua” por el altísimo consumo que tiene de la misma. En las zonas secas donde se encuentra el litio en Jujuy, el agua proviene del deshielo y de las precipitaciones, que son muy escasas, a lo cual se suma un sistema natural de evaporación por la temperatura y otras cuestiones geológicas y climáticas. En este contexto, las vegas y las lagunas que los pobladores usan para su vida pueden terminar secándose o salinizándose, afectando seriamente su vida y la de sus animales y por ende su permanencia en estos lugares. Véase: https://bit.ly/30zqkX1 (14/2/2019); https://bit.ly/2OL3Dtr (31-03-2017).
  25. En esta cuestión de las regalías que las grandes empresas extractivas pagan por los minerales que substraen del subsuelo provincial, el porcentaje de las mismas resulta de un acuerdo entre la provincia en cuestión y las empresas extractivas. Aquí debe considerarse que, junto con los cambios globales y neoliberales que descentralizaron funciones a favor de las provincias y de los ámbitos locales, se instrumentó esta negociación que favorece al gran capital extractivo, por el enorme poder de presión que tiene respecto a su contraparte, la provincia de menor poder de negociación que el de la Nación.
  26. Salta y Jujuy producen hortalizas primicia que son las que se comercialicen antes que la mayoría de las hortalizas de otras regiones del país; llegan casi sin competencia a los grandes mercados de consumo.
  27. Son 52.545 personas pertenecientes a nueve Pueblos: Kolla, Omaguaca, Guaraní, Kolla Guaraní, Atacama, Ocloya, Tilián, Toara y Toba (Bergesio, Golovanevsky y González 2018, 17).
  28. Una visión opuesta a esta perspectiva inclusiva acerca de los derechos de los pueblos originarios puede verse en: https://bit.ly/3hmFMfT (7-12-97).
  29. La CN 1994: “se enrola así en el ‘Pluralismo Cultural’ o ‘Multiculturalismo’, que tiene por objeto la protección de la diversidad y preservación de la cultura, como positivas y enriquecedoras del Estado. De este modo todos, tanto los ciudadanos como los poderes estatales, tendrán que hacer el esfuerzo e implementar los mecanismos necesarios para proteger estas culturas minoritarias, a fin de prevenir su extinción.” (ibíd: 78).
  30. Véase: https://bit.ly/2ZO2iIT (17-09-2017).
  31. Esto por ejemplo se observa en las demoras y prórrogas para la implementación de la ley nacional 26.160/2006 de “emergencia de la posesión y propiedad de las tierras indígenas”. A través de ésta, el Estado nacional intentó llevar adelante un proceso de reordenamiento territorial, siendo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la autoridad de aplicación. Esta ley: i) prohibió los desalojos por cuatro años; ii) ordenó la elaboración de un catastro, con la consiguiente mensura de la tierra ocupadas por las comunidades indígenas; y iii) estableció un plazo de 4 años para relevar los territorios de pueblos indígenas en todo el país. Sin embargo, debió ser prorrogada en 2009, 2013 y 2017. Hasta 2017 se habían relevado 759 de las 1532 comunidades identificadas; y de esas el INAI consideró con relevamientos “culminados” sólo 459 comunidades (a las que reconoció “la ocupación actual, tradicional y pública”). Si bien esta ley no contempla la titularización de las tierras, constituye un paso previo imprescindible para avanzar en esa dirección, pues el relevamiento es un reconocimiento del estado, acerca de que se trata de un territorio habitado por una comunidad. El bajo cumplimiento y ejecución llevó a sucesivas prórrogas (Pfr. Ibid, 79-80).
  32. Para una información periodística al respecto, véase: https://bit.ly/3jlwRgJ (9-3-2018); https://bit.ly/30yqJZJ (18-10-19).
  33. Durante el gobierno de Cambiemos (siendo Mauricio Macri presidente y Gerardo Morales gobernador provincial) se desconocieron los derechos de los pueblos originarios (legalizados en la CN 1994) a través de diferentes modalidades de persecución y represión hacia las organizaciones indígenas. https://bit.ly/3jyDEnt (21-11-2018);
    https://bit.ly/2WKDKyt (21-11-2018);
    https://bit.ly/2OL3Dtr (31.03-2017).
  34. Este acápite está sustentado fundamentalmente, aunque no exclusivamente, en diversos artículos que componen el libro: de la Torre, Delia (Coord., 2017).
  35. El marco teórico metodológico se expone en el capítulo 1 (Introducción). En el mismo, de la Torre utiliza categorías de la Escuela de la Regulación Francesa (referenciando a Alain Lipietz y otros autores) que, junto con bloque social y bloque hegemónico (referenciando a Antonio Gramsci y otros autores) la autora aplica para desentrañar las características del sistema productivo y de las relaciones sociales fundamentales que se estructuran en el territorio. Precisamente en dicha Introducción (ibid, 21) la autora afirma (siguiendo a Lipietz) que: “los grupos sociales definidos por su lugar en las relaciones económicas, en algún momento y durante largos periodos, se constituyen en un bloque social. Es decir, un sistema estable de relaciones de dominación, de alianzas y de concesiones entre diferentes grupos (dominantes y subordinados) que es hegemónico cuando hace que se reconozca su dispositivo, de manera más o menos coercitiva, como conforme con el interés de la gran mayoría de un territorio […].
  36. En la producción vitivinícola nacional, San Juan es la segunda provincia en importancia, luego de Mendoza (reconocida mundialmente por sus vinos).
  37. El golpe de estado del 24-03-1976 (contra el gobierno democrático peronista de Isabel Perón) instauró como presidente de facto a quien entonces era el comandante en jefe del ejército, Jorge Rafael Videla, designado por la primera Junta Militar que funcionaba como el órgano supremo de gobierno. En aquel período se sucedieron 4 presidentes de facto (Videla, Viola, Galtieri y Bignone) y 3 Juntas Militares (que se conformaban con los comandantes generales del ejército, la armada y la fuerza aérea). Tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, la dictadura ejerció un férreo poder de control social, persecución, desaparición y asesinatos de opositores y sectores populares e incluso de población en general, para derrocar y aniquilar al que consideraba su enemigo interno (expresado en el peronismo, la izquierda, los movimientos sociales, los grupos guerrilleros -Montoneros, FAR, ERP- entre otros). Esta dictadura fue la última y la más larga de la sucesión de dictaduras que se dieron desde el golpe de 1955 contra el segundo gobierno de Perón. También fue la más cruenta por sus enormes consecuencias de orden social, político y económico que aún siguen presentes. El avasallamiento de los derechos humanos se reflejó en lo económico con el inicio de la aplicación de las ideas básicas del modelo neoliberal que comenzaba a divulgarse en esos años en AL y en el mundo. Su aplicación fue posible por el control y vigilancia social ejercida por las dictaduras que asolaron a AL durante la década de 1970 y aún antes (Brasil desde 1964, Bolivia 1971, Uruguay y Chile 1973, Argentina 1976 y Paraguay con la más antigua y extensa del general Stroessner 1954-1989). Para aplicar este modelo de ajuste contra los sectores populares y definir la puja distributiva a favor del capital más concentrado, fue necesario un sistema de represión y persecución que garantizara el control a nivel sudamericano. Es en este marco que se configuró el Plan Cóndor, que consistió en una colaboración entre los servicios de inteligencia de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, para detectar y perseguir a opositores y guerrilleros. Se sabe, por documentación desclasificada recientemente, que el Plan Cóndor fue coordinado desde USA por el que era entonces el secretario de estado Henry Kissinger (Garzón Real 2016).
  38. Los 37 años del actual y duradero período democrático (1983-2020) es un hecho inédito en la historia nacional que se inicia con el siglo XX. Precisamente este siglo XX estuvo políticamente contextuado en el marco determinante de la inestabilidad institucional, elecciones fraudulentas y golpes de estado. Por un lado, del fraude anterior a la Ley Sáenz Peña en 1912, pasamos al de la década infame (1930-1943 luego del derrocamiento del gobierno de Hipólito Irigoyen). Por otro lado, a los golpes de la primera mitad del siglo XX se sumaron los de la segunda mitad, que durante 28 años, entre 1955 y 1983, impusieron gobiernos dictatoriales o democracias condicionadas e inestables.
  39. El Nunca Más fue un mensaje, un enunciado, una construcción de sentido común, producto de la amplia y generalizada difusión de los resultados de la investigación por los crímenes de lesa humanidad y del rechazo social generalizado que produjo el conocimiento de dichos crímenes. Aquella investigación se inició al poco tiempo que asumió la presidencia Alfonsín; quién creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) a los 5 días (15-12-1983) de su asunción. La CONADEP plasmó en el informe Nunca Más detallados resultados de su investigación y con ellos sustentó el Juicio a las Juntas, realizado por la justicia civil en 1985 tras un decreto de Alfonsín.
  40. Estos levantamientos fueron encabezados por los autodefinidos carapintadas. El primero sucedió entre el 16 y el 20 de abril 1987; el segundo en enero de 1988. En ambos tuvo un rol central el Teniente Coronel Aldo Rico. Una inmediata consecuencia del primero fue que, a apenas un mes y medio de ocurrido, el 4-6-1987, se dictó la ley de obediencia debida, que exculpaba a los oficiales de su rol dentro del plan sistemático de exterminio de la dictadura a múltiples sectores sociales. El tercer levantamiento sucedió en diciembre de 1988 al mando del coronel Mohamed Ali Seineldin. https://bit.ly/2WI7xIa (19-04-2019).
  41. “Débil” por el contexto político, social y económico en el cual surgió y por los hechos posteriores que buscaron condicionarla.
  42. En ese párrafo de la Torre refiere al partido bloquista. Partido provincial de más de 100 años de existencia, que surgió en 1918 en el seno de la Unión Cívica Radical y que en ese momento se denominó Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI). En su trayectoria provincial y nacional, el bloquismo estuvo ligado a gobiernos democráticos y dictatoriales, al desarrollismo, al radicalismo y al peronismo. https://bit.ly/2OJeT9L (19-4-2019). Para algunos autores es un partido ligado al pragmatismo en política, que le ha permitido sobrevivir en la escena política local, en primeros lugares, hasta el siglo XX: “Influido por ideas del radicalismo (organización de origen) y del socialismo (formación política de sus dirigentes) reivindicó los derechos políticos y sociales de las clases populares y de las mujeres, plasmando estas concepciones en la Constitución Provincial de 1927. Sus principios, federalismo, justicia social y democracia se relacionan con tres de sus características iniciales: partido provincial, fuerza popular, confrontación ante un poder oligárquico.” (Veramendi Pont 2013, 242).
  43. Esta incertidumbre se vincula con las múltiples decisiones que se originan en el orden nacional y que, generalmente, operan como una imposición. Ya que las provincias tienen menor participación o posibilidad de intervención en temas vinculados con la puja distributiva entre actores hegemónicos y contra-hegemónicos, muchas de cuyas cuestiones pasan por el control del mercado monetario y financiero, la gestión de la deuda interna y externa, el manejo del gasto público, el uso y distribución de los recursos públicos, la gestión de los equilibrios macroeconómicos, el control de la inflación, de los salarios y de la ocupación, la regulación y apoyo de actividades económicas seleccionadas, etc.
  44. Leopoldo Bravo fue un referente provincial de la mayor significación durante todo el período bajo análisis y previo también. Bravo gobernó San Juan en tres oportunidades: entre octubre de 1963 y junio de 1966, entre enero y diciembre de 1982, entre diciembre de 1983 y diciembre de 1985.
  45. Se refiere, específicamente a vid-vino, aceitunas, aceite de oliva, hortalizas. Al final de este periodo comenzó la producción de algunos bienes sustitutivos (cemento, vidrio, tambores plásticos).
  46. El contrato de maquila relaciona al productor de materia prima y al industrial que la elabora. Actualmente la maquila se regula por la ley nacional 25.113/99 (aplicable a variados procesos de industrialización de productos agropecuarios -caña de azúcar, granos, vinos, entre otros).
  47. En el marco del gobierno provincial de Leopoldo Bravo y de una grave crisis de sobreproducción vitivinícola y de alarmantes índices de inflación, se creó en febrero de 1964 la CAVIC por Ley Provincial 3.019. El gobierno buscó promover “una estructura que abarcara todas las etapas del proceso” porque consideraba que la desconexión existente perjudicaba al pequeño y mediano productor. La CAVIC tuvo como objetivo inicial la defensa de pequeños y medianos viñateros, cumpliendo un rol importante en la regulación del mercado vitivinícola al manejar el precio de la uva y del vino especialmente durante las décadas de 1960 y 1970, años de máximo esplendor para esta corporación (Lirussi y Moscheni 2010, 52).
  48. CAVIC significó desde su creación el motivo incesante de lucha y conflicto entre viñateros y bodegueros, un conflicto intra-capital y en el cual el estado no era el tercero escindido [la autora cita a O´Donnell, G.] sino un actor más, completamente involucrado en garantizar el orden inequitativo y de exclusión que significa el capitalismo [cursiva nuestra]. CAVIC fue, además, un botín en el afán de torcer sistemáticamente el objetivo para el que fuera creada en 1964 (sostener, asociar, integrar y potenciar a los pequeños viñateros sanjuaninos). Al fin lo lograron, después de casi 30 años la lucha dio resultados y la enorme y gran bodega estatal fue reducida a un puñado de inoperantes deudores (Pfr. de la Torre 2017, 310).
  49. El grupo Greco manejaba más del 50% del volumen de vinos de todo el país hacia 1980. La historia de este grupo comenzó con Héctor Greco cuando, proveniente de Buenos Aires, se instaló en Mendoza, compró una bodega y comenzó a producir uva. Los productores de uva y vinos empezaron a venderle cada vez más hasta que se constituyó en un referente del precio de las cosechas de uva de Mendoza. Seguidamente compró varias bodegas y comenzó a manejar el mercado del vino de la región. Esta expansión fue complementada y facilitada por la adquisición del banco de los Andes en 1977. Este banco comenzó pagando un punto más de interés por los depósitos de plazo fijo; dinero que permitió financiar las actividades de las empresas del grupo. Greco se convirtió así en un poderoso holding que llegó a manejar 45 empresas, de las cuales 35 eran bodegas propias. Este proceso se completó en 1976 con la adquisición del diario Mendoza (Pfr. Ibid, 253-256).
  50. Hacia finales de la década de 1970 el grupo Greco logró “una posición cuasi monopólica, que sin duda significó, un enfrentamiento con otros agentes importantes de la vitivinicultura regional que actuaban de la misma forma” (ibid, 261). Entre ellos Catena y Peñaflor (ibid, 263). Estos acusaban a los Greco de competencia ilegal, de prácticas especulativas. En 1980 cae el BIR (Banco de Intercambio Regional) y arrastra en su caída al banco de los Andes. Esto conlleva a la quiebra de todas las empresas del grupo Greco y a la apropiación de las mismas por parte del Estado. Diferentes elementos dan cuenta que se trató de un proceso de intervención y quiebra ordenado por el gobierno de la dictadura: “el discurso hegemónico del proceso militar de `demonización del estado, de retiro del mismo en actividades económicas y en definitiva de la subsidiaridad, cae cuando se analiza el ´caso Greco´ por el imperio de otros intereses” (ibid, 261; cursiva nuestra).
  51. La cita es: THERBORN, Göran 1979, 158. “¿Cómo domina la clase dominante?” Aparatos de Estado y poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Editorial Siglo XXI. 4ta. Edición. Madrid.


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