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Hidrocarburos e hidroelectricidad

Una aproximación a la trama energía, política y cultura en el norte patagónico

Valeria Iñigo Carrera, Laura Mombello y Ana Spivak L´Hoste

Introducción

En una época en que la transformación de la matriz energética se presenta casi como un imperativo, las relaciones entre energía, política y cultura cobran protagonismo. La producción energética o, más precisamente, las fuentes y opciones que se asuman para producirla, involucran territorios, actores, conocimientos, tecnologías, imaginarios y escenarios a futuro. En consecuencia, las decisiones que se tomen a ese respecto atañen a, e impactan en, tramas territoriales, económicas y sociales. Se trata de tramas cuyo análisis se complejizó a partir de conceptos como energopolitics, concepto que intenta abordar el poder que se produce y se ejerce a través de los procesos productivos y sociales vinculados con la energía (Boyer 2011).

Las relaciones entre energía, política y cultura se despliegan en un abanico de dimensiones de análisis hasta ahora poco profundizadas (Strauss et al. 2013). Según los citados autores, algunas de esas dimensiones son: 1) la energía como imaginada, usada y contestada en diferentes contextos; 2) las conexiones entre naturaleza, relaciones sociales y políticas en los sistemas energéticos; 3) las nociones de progreso y colapso asociadas a la energía; 4) las transformaciones culturales y tensiones en torno a su producción; y, 5) los cambios socioculturales para reducir la dependencia al combustible fósil.[1] Ahora bien, más allá de las aún escasas investigaciones que ahondan estas dimensiones, se ha avanzado en el análisis de esa trama con foco en los vínculos entre las materialidades asociadas a los procesos de producción energética y sus efectos en la vida social. En esa línea se avanzó en conceptualizaciones como la de naturaleza como artefacto y artificio, conceptualización que permite explicitar tanto las propiedades materiales específicas de los recursos de la naturaleza (petróleo, carbón, etc.) como el rol que estos recursos (y esas propiedades) ejercen como creadores de vínculos sociales, económicos y políticos (Watts 1998).

Carbon democracy, de Timothy Mitchell, es un ejemplo de estudio de la trama energía, política y cultura desde esta perspectiva. Este trabajo profundiza las lógicas productivas, distributivas y de consumo energético asociadas a dos fuentes minerales: carbón y petróleo. Profundizando las diferencias que observa entre ambas lógicas productivas el autor explicita cómo los procesos de producción de energía (y de distribución y consumo asociados a las materialidades que suponen dichas producciones específicas) son tanto modelados por configuraciones sociales existentes como productores de nuevas estructuras sociales y políticas. Nuevas estructuras que se imbrican con esas formas preexistentes alterando algunas de sus condiciones y características constitutivas previas. Desde su perspectiva, poner el foco en las propiedades materiales de las distintas lógicas de producción de energía permite dar cuenta de cómo se alteran y refuerzan jerarquías y desigualdades en instituciones y prácticas, y entender las relaciones entre fuentes de energía y organizaciones sociales y políticas (Mitchell 2011). Como ejemplifica Gupta (2015) en su estudio sobre la electricidad, el hecho de que esta forma de energía se transmita a través de amplias distancias, que no pueda guardase con facilidad y que oferta y demanda deban coordinarse al instante tiene implicancias profundas en términos de instituciones políticas e infraestructura social.

Orientado a articular la materialidad de los bienes de la naturaleza con su rol en la creación y, como veremos también, fortalecimiento de determinados vínculos sociales, económicos y políticos, este texto se propone explorar algunos aspectos de la trama entre energía, política y cultura en el norte patagónico. En particular tomaremos dos casos asociados, cada uno, a un recurso específico: la producción de hidrocarburos en la zona de Catriel (provincia de Río Negro) y la producción de energía hidroeléctrica a pequeña escala en la Comarca Andina del Paralelo 42° (de aquí en más, la Comarca Andina) (provincias de Río Negro y Chubut). En cada caso, avanzaremos preguntas y líneas de análisis sobre las relaciones sociales, económicas y políticas que se articulan alrededor de dichos recursos involucrando y poniendo en tensión intereses y capacidades de negociación de diferentes actores sociales, distintas lógicas territoriales, marcos regulatorios y legales así como una serie de reclamos que se presentan, en buena medida, en clave socioambiental y territorial. A estos fines, abordaremos materiales primarios producidos en el marco de acercamientos etnográficos a ambos casos (entrevistas con distintos actores) y secundarios (materiales de archivo, de prensa, expedientes de denuncias, etc.) analizados para la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales de la Legislatura de la provincia de Río Negro (en adelante, la Comisión).[2] A partir de los casos examinaremos cómo los procesos productivos y sociales relacionados con la energía se vinculan con el desigual acceso a la tierra[3]. Se trata, este último, de un proceso histórico que organiza la sociedad local y configura la trama política y cultural de la provincia.[4] Dicho de otro modo, proponemos abordar la relación entre energía, política y cultura teniendo en cuenta la relación históricamente construida entre tierra, política y cultura.

Catriel: una localidad petrolera

Catriel se ubica al norte de la provincia de Río Negro, en el departamento de General Roca. De origen colonia agrícola pastoril, su estructura demográfica, social y económica se transformó cuando se halló petróleo en la zona, en 1959. Comenzaremos desplegando algunos efectos de esa transformación a partir del análisis de expedientes de denuncias por trasferencia fraudulenta de tierras en dos parajes, Peñas Blancas y Medanito, atravesados por el funcionamiento de dicha industria (ver Figura 1).

Figura 1. Localidad de Catriel y parajes aledaños

Figura 1

Fuente: elaboración propia en base a Instituto Geográfico Nacional.

La primera denuncia es consecuencia de la sesión, en 2001, de 5.000 hectáreas de la provincia de Río Negro al municipio de Catriel, de las cuales 2.621 son reclamadas por la Comunidad Mapuche Newen Aitue. Motiva el reclamo que parte de la comunidad ocupa[5] esas tierras aunque en el documento de trasferencia no se mencione su presencia.[6] El predio es atravesado por un gasoducto, pero la comunidad no percibe canon ni pago de servidumbres por las instalaciones que atraviesan el predio, ya que no cuenta con documentación que pueda acreditar la titularidad de las tierras, requisito exigido por las empresas a la hora de reconocer los derechos al cobro de canon o servidumbres de paso. Sobre el caso se pronunció la Comisión en 2013, señalando la necesidad de diálogo y la responsabilidad municipal en el asunto. Sin embargo, esta intervención no logró desactivar el conflicto y, un año más tarde, la comunidad pasó a la acción directa cuando sus referentes se encadenaron a la reja del edificio de la municipalidad. Entendían que siendo el gobierno local el propietario del predio debía ser éste quien respondiera la demanda pendiente. La protesta se extendió por varios días hasta que se logró un diálogo con intervención de la Comisión.

La segunda denuncia refiere a tierras del paraje Medanito donde hay instalaciones asociadas a la actividad hidrocarburífera. En este caso, un particular (Rodríguez)[7] denuncia maniobras fraudulentas en la compra de 300 hectáreas fiscales por parte de los herederos de Honorio Cozzi.[8] Rodríguez se presenta como miembro de una familia descendiente de los primeros pobladores de la zona. Y se diferencia de los Cozzi, familia radicada en General Roca que, afirma, nunca ocuparon las tierras que escrituraron en 2010 a su nombre. El expediente reúne documentación con el reclamo de otros pobladores que comparten usos o intereses sobre el predio en litigio. Pobladores que vivieron, realizaron mejoras reconocidas en sucesivas inspecciones rurales desde los años ‘60 y reclaman fracciones de esas mismas tierras.

Las situaciones denunciadas son, pese a sus diferencias, paradigmáticas de los litigios relativos al uso y posesión de tierras en la zona de Catriel.[9] Éstas explicitan a los actores que promueven dichos litigios, sus motivos, argumentos, formas de reclamo y herramientas para la negociación. Ambas ilustran, a su vez, aspectos de los procesos de ocupación de esas tierras, procesos que derivaron en una configuración de territorio con contornos dinámicos y complejos y, consecuentemente, objeto de disputa. Finalmente, las denuncias evidencian cómo esa ocupación, cuyos orígenes pueden trazarse desde fines del siglo XIX, fue afectada y continúa siendo afectada por el desarrollo de actividades de exploración, extracción y transporte de hidrocarburos.

En perspectiva histórica, tras el genocidio de la población originaria en la Patagonia a fines del XIX, las tierras apropiadas tuvieron dos destinos: fueron otorgadas a particulares o se transformaron en tierras fiscales propiedad del Estado nacional. Dentro de este último conjunto se dispusieron fracciones para dar respuesta a solicitudes de grupos originarios que habían quedado diezmados y desagregados de sus organizaciones sociales previas. Para la incipiente conformación estatal el horizonte de la acción política de estos grupos estaba condicionado por su derrota. En este marco, la impuesta categoría de tribus, así como la identificación de los sobrevivientes según liderazgos indígenas, configuró el estrecho margen de negociación en el que los grupos sobrevivientes buscaron reorganizar sus vidas. Tal es el caso de los restos de la tribu de Catriel o catrieleros que se instalaron, desde 1903, en la colonia agrícola pastoril de la zona que luego tomaría su nombre.[10]

Se asignaron a la colonia 125.000 hectáreas, 5.000 de ellas destinadas a crear un centro urbano. Los catrieleros, marcados social y simbólicamente como “otros tolerados”, ocuparon una parte de esas tierras, donde se instalaron y dedicaron a la cría de ganado a pequeña escala y al cultivo de forrajes. Pronto surgieron reclamos que permitieron acceder también a predios a pobladores no catrieleros (Mombello 2016). En todo caso, el acceso a la tierra fiscal por parte de los cerca de 500 habitantes de las primeras décadas del siglo XX ya presentaba situaciones de conflicto. Ahora bien, esta configuración poblacional y productiva cambió cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)[11] obtuvo resultados de sus exploraciones en la zona (Togliavini 2000).

Las exploraciones en Catriel habían comenzado a mitad de los años ‘50 como extensión de las actividades que desarrollaba YPF en Cutral Co y Plaza Huincul (provincia de Neuquén). De allí llegaron los primeros operarios para desmontar, abrir caminos, armar campamentos y montar equipos para explorar el subsuelo. En 1959 se encontró petróleo en diferentes locaciones posicionando la zona como principal productora de crudo convencional de la provincia y una de las más importantes del país (Dalla Torre y Ferreyra 2005).[12] El circuito productivo del petróleo consiste en su exploración, explotación, destilación y venta. En Catriel se desarrollan las dos primeras actividades, lo cual supone la instalación de una infraestructura importante pero un menor valor agregado al producto primario que se extrae de ella (Dalla Torre y Ferreyra 2005). La exigencia de mano de obra para el desarrollo de las actividades produjo un gran crecimiento poblacional en la zona.[13] Según datos censales se pasó de 600 habitantes al inicio de la actividad a más de 5.322 en 1970 y a 18.032 en el año 2010.[14]

La posibilidad de producir hidrocarburos depende de la adquisición de concesiones sobre las áreas productivas. Estas concesiones las otorga la provincia de Río Negro ya que tanto las tierras fiscales donde se extienden como los minerales que están bajo la superficie son provinciales.[15] Ahora bien, más allá de la jurisdicción que regula superficies y subsuelos, las tierras son habitadas por individuos, familias u ocupadas por comunidades originarias. Estos pobladores, raramente poseen título de propiedad sobre estas tierras que, de ser poco significativas hasta el hallazgo de hidrocarburos, comenzaron a aportar altos ingresos a la provincia, aumentando significativamente su precio por la multiplicación de su renta. Tierras que, en algunos casos, se continúan trabajando con actividades tradicionales (cría de ovejas, cultivo de pasturas) pese a la infraestructura industrial y sus externalidades negativas (reducción de la superficie disponible, contaminación de aguas, riesgos de accidentes).

Una vez adquiridas las concesiones, las empresas negocian individualmente con los habitantes de los predios en condición de superficiarios (esto es, aquellos que poseen documentos que demuestren la legalidad del asentamiento)[16] los montos del pago por servidumbre de paso o canon correspondiente por su uso. Este pago se convierte en la principal, a veces única, fuente de ingresos para ellos. Aunque, no todos los habitantes de las tierras donde se instala la infraestructura extractiva tienen esa condición. En este contexto, no son pocos los litigios entre ocupantes, superficiarios y empresas por la renta proveniente de la industria de hidrocarburos. Litigios arraigados en disputas por la superposición y vencimiento de permisos, por ocupaciones tradicionales, asentamientos de hecho, por transferencias del dominio de inmuebles rurales fiscales entre las jurisdicciones o inclusive por la titularización de las tierras por parte de actores externos.

Pero tramitar documentación que otorgue status legal a un asentamiento (y acceso al cobro de cánones si la tierra es usada por la industria), no es un proceso sencillo. En la zona de Catriel se solapan distintas lógicas jurisdiccionales, económicas y culturales generando conflictos en los que intervienen actores con capacidad de agencia desigual. Esto se evidencia en las denuncias presentadas. En una son actores externos al paraje quienes consiguen titularizar la tierra pese a las inspecciones que, por décadas, indicaban la ocupación de la familia Rodríguez y otros vecinos. Actores que cuentan con un capital social, político y cultural que les permite desplegar estrategias para adquirir ese título de propiedad disputando, con capacidades diferenciales de negociación, con aquellos que heredaron las formas tradicionales de ocupación y uso de la tierra. En la otra se explicita la acción administrativa en función de lógicas jurisdiccionales (provincial y municipal) e intereses contrapuestos con pobladores que no sólo no acceden a la condición de superficiario sino que ni siquiera se registran como habitantes en una operación de transferencia de dominio. Este caso suma, a esa articulación de lógicas jurisdiccionales, el reclamo hecho en términos de pueblo originario, poniendo en agenda otra forma de relación y valoración de la tierra, donde la dimensión simbólica se vuelve relevante.

La Comarca Andina: ríos, turbinas y producción privada de hidroelectricidad para la red

La Comarca Andina es una entidad territorial reconocida como tal desde fines de la década de 1980 (Bondel 2008) que, en la porción que corresponde a Río Negro, está compuesta por parajes y localidades del sudoeste de la provincia (Villegas, El Manso, El Foyel, Los Repollos, El Bolsón), vinculados a través de la ruta nacional Nº 40 y comprendidos en el departamento Bariloche. Ricas en suelos, pastos, aguas, bosques y paisajes, sus tierras son objeto del avance de capitales nacionales y transnacionales de diversa magnitud dispuestos a disputar el territorio ocupado y/o reclamado por comunidades y organizaciones originarias y explotar los bienes naturales de la zona (ver Figura 2).

Figura 2. Comarca Andina, en su porción rionegrina

Figura 2

Fuente: elaboración propia en base a Instituto Geográfico Nacional.

Como mencionamos, en el marco de la Comisión se analizaron denuncias por irregularidades en las transferencias de tierras fiscales a manos privadas en la porción de la Comarca Andina que corresponde a Río Negro. El departamento Bariloche concentró poco menos de la mitad (un 43%) de las denuncias por aquélla recibidas. Denuncias referidas a la omisión de la intervención del Estado provincial, la afectación de territorios de comunidades originarias, la enajenación bajo precios irrisorios y la violación de los derechos de ocupación de antiguos pobladores rurales (Cañuqueo, Kropff, Pérez y Wallace 2015). Si bien las denuncias recibidas explicitan conflictos con eje en la apropiación de tierras, también dan cuenta de disputas en torno a otros bienes de la naturaleza, e involucran el despliegue de diversas acciones de protesta y demanda colectiva que trascienden el escenario local y provincial.

Aquí nos centramos en una denuncia por trasferencia fraudulenta de tierras en el paraje El Manso, en tanto hace a la conformación de una de las propiedades de mayor extensión en la zona (Hidden Lake S.A., de nacionalidad británica, con 11.284,66 hectáreas) y en tanto esa conformación ha encerrado la prohibición del acceso público al lago Escondido y el aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río del mismo nombre. La denuncia refiere a la adquisición, por parte del empresario inglés Joseph Lewis, de unas 519 hectáreas que ocupaban María Consuelo Losada y sus hijos en carácter de continuadores de la ocupación de Arturo Bayer en la costa del río Foyel.[17] Asentados en El Manso desde las primeras décadas del siglo XX, los Bayer se dedicaban, como la mayoría de los pobladores de la zona, a la agricultura, la cría de animales y al trabajo con madera. Tras décadas de ocupar la tierra de manera precaria, la familia escritura en el año 2006. Antes de esa fecha María Consuelo Losada, de edad avanzada y con deterioro mental, había firmado junto a dos de sus hijas dos boletos de compra-venta. Uno, en 2001, por 80 hectáreas no deslindadas ni mensuradas con el agente inmobiliario a través del que Lewis había comprado, años antes, unas 10.000 hectáreas de tierra. El otro, en 2002, por una superficie aproximada de 320 hectáreas, tampoco deslindadas ni mensuradas, con la empresa Hidden Lake S.A.[18] Sobre el caso dictaminó la Comisión señalando que las transacciones fueron realizadas en contravención a la Ley Nº 279 por ser su objeto tierras públicas pero haber sido realizadas entre particulares sin la mediación del Estado provincial.[19]

Así, como vimos respecto de las denuncias inscriptas en la zona de Catriel, la denuncia aquí reseñada resulta paradigmática del derrotero seguido por la tierra pública en la franja cordillerana de la provincia de Río Negro. Un primer rasgo distintivo de la expropiación, distribución, privatización y concentración de la tierra en esta zona con posterioridad a las acciones de conquista militar de fines del siglo XIX es que estos procesos operaron sobre radicaciones de individuos dispersos que debieron justificar por medio de su capacidad productiva y su cumplimiento de obligaciones civiles su permanencia en tierras fiscales (Cañuqueo, Kropff y Pérez 2008). Por cierto, en las tierras de la cordillera que se extienden entre los valles de los ríos Manso inferior y Foyel y el valle de El Bolsón –construidas, tras el avance del ejército nacional y al igual que la generalidad de la Patagonia, como un espacio vacío, disponible para su ocupación y puesta en producción– se instalaron pequeños productores provenientes allende la cordillera (Cabrera, Xicarts y Caracotche 2008). La baja altitud del paso cordillerano del Manso habilitó la afluencia de población hacia los valles que hoy conforman la Comarca Andina; ésta se explicaba, en parte, por la avanzada del ejército sobre las tierras del sur ocurrida en el país trasandino (Delrio 2010).

Quienes se instalaron en el valle del río Manso inferior entre la última década del siglo XIX y las primeras del XX fueron identificados por la administración del Estado argentino como “intrusos en tierra pública” por cuanto carecían de permiso o título para ocuparla (Pérez 2016). La prolongación, para los pequeños productores, de la situación precaria respecto de la tenencia de la tierra –de manera generalizada, a partir de la década de 1930, bajo la forma de la posesión de un permiso precario de ocupación– ante la imposibilidad de completar los trámites para su regularización constituye otro de los rasgos que caracteriza a los procesos referidos a la tierra. Lejos estaban también de ser partícipes legitimados de la distribución de la tierra pública en tanto la preocupación estatal por evitar el asentamiento definitivo de población a la que se adjudicaba una pertenencia al Estado chileno en un espacio fronterizo redundó en su inhabilitación para arrendar y/o adquirir en propiedad la tierra.[20]

Con la progresiva generación de condiciones propicias para la inversión de capital en una zona otrora marginal en términos productivos y aislada en términos viales, estos pequeños productores, que organizaban su producción sobre la base del trabajo doméstico, comenzaron a coexistir, de manera creciente, con el avance de capitales industriales de diversa magnitud aplicados a la actividad forestal y turística dispuestos a valorizarse, con la realización de especulaciones inmobiliarias –es decir, de operaciones con la renta de la tierra que está capitalizada en su precio– y con el avance de grandes terratenientes orientados a realizar un consumo individual de las tierras como valor de uso. Si bien Bariloche es un departamento que aún conserva un alto índice de superficie rural fiscal (un 69,5%), la transferencia de la tierra pública a manos privadas, realizada de manera relativamente reciente (a partir de los años ‘90), se erige en un tercer rasgo distintivo.[21]

Como señalamos, unos años antes de la adquisición de las tierras objeto de la denuncia realizada ante la Comisión, en 1996, Lewis había comprado alrededor de 10.000 hectáreas ubicadas a unos 50 km al norte de El Bolsón, circundando al lago Escondido. Es hacia fines de los años ‘90 y a propósito de la prohibición del acceso público a ese lago que se desató un conflicto que involucró, no sólo a Lewis, sino también a pequeños productores independientes de mercancías agrarias, pobladores urbanos, organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas, comunidades originarias, representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de nación, provincia y municipios cercanos. Su trascendencia pública llevó, de hecho, a la sanción, en 2011, de la Ley Nº 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales[22] y, un año más tarde, de la Ley Nº 4.744 de Creación de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales. Sin perder vigencia en estos años, el caso renovó su relevancia y conflictividad a la luz del despliegue de nuevas formas de apropiación de los bienes naturales, entre ellos el aprovechamiento del curso del río Escondido para la producción de energía hidroeléctrica.[23]

Lewis, fundador de Tavistock Group, tiene inversiones en más de doscientas compañías en quince países y en distintas áreas. En Argentina, además de ser propietario de grandes extensiones de tierra, invierte en la industria y los servicios. En este sentido, es accionista en Pampa Energía S.A. (empresa que participa en la generación, transmisión y distribución de electricidad como así también en el transporte y producción de gas natural y en la exploración y producción de petróleo). Y, en ese sentido también, hace distintos usos de las tierras que ha escriturado a su nombre y de los bienes que hay en ellas. Entre esos usos, como anticipamos, se destaca la construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río Escondido (que nace en el lago homónimo y desemboca en el río Foyel) con una potencia nominal instalada de 7.2 MW y obras eléctricas para conectar con la Estación Transformadora El Bolsón.[24] Se trata de una central de pasada, es decir, que produce energía con el paso del agua por las turbinas y sin armar embalses para su acumulación. Si bien la Legislatura provincial otorgó por un plazo de treinta años la concesión de uso del agua pública con fines de generación hidroeléctrica a favor de la firma Central Hidroeléctrica Lago Escondido S.A. (luego, Patagonia Energía S.A.) mediante la sanción de la Ley Nº 4.615 en diciembre de 2010, el emprendimiento tomó impulso luego de ser adjudicatario de una licitación lanzada en mayo de 2016 en el marco del programa nacional de promoción de las energías renovables RenovAr (Energía Estratégica, 5 de mayo de 2017). A esos fines, Patagonia Energía S.A. firmó a comienzos de 2017 un contrato con el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico (CAMMESA) comprometiéndose a inyectar energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en un plazo de ochenta días (mediados del mes de abril). Este plazo no fue cumplido, motivo por el cual se le aplicaron multas a la empresa (Energía Estratégica, 5 de mayo de 2017). La central entró en fase de operación recién el día 12 de agosto de 2017 (Diario Río Negro, 21 de agosto de 2017), entregando, al momento, un promedio de 3.5 MW (Diario Río Negro, 1 de septiembre de 2018). La electricidad producida se conduce a través de una línea subterránea de media tensión (33 KV) a la Estación Transformadora El Bolsón operada por la Empresa de Energía Río Negro S.A. (EdERSA, empresa que suministra el servicio de distribución, comercialización, generación aislada y transporte de energía eléctrica en Río Negro) y de allí al SADI. Los 30 kilómetros de cableado para unir la central con la Estación Transformadora El Bolsón corren mayormente de manera subterránea por las tierras de Hidden Lake S.A. –pero también por la base del cerro Perito Moreno– y están en manos de Patagonia Energía S.A. para su operación y mantenimiento (Diario Río Negro, 21 de agosto de 2017).

El reclamo por la conexión al sistema nacional era corriente en la zona; lo motivaban la falta de voltaje y los recurrentes cortes de servicio. En este marco, la construcción del aprovechamiento hidroeléctrico y sus obras relacionadas fue presentada como beneficiosa para la Comarca Andina con el argumento de que aseguraría el suministro eléctrico a, en particular, El Bolsón, mediante aquella vinculación. Asimismo, fue presentada como beneficiosa para el conjunto de la provincia, que percibiría regalías por los usos del agua del río. Ambos beneficios están indicados en la mencionada Ley Nº 4.615. Además, la electricidad proveniente de esta fuente reemplazaría con energía llamada limpia a aquélla que se produce a base de combustibles fósiles en la Central Térmica de El Bolsón abasteciendo así, aunque sea en parte, las necesidades energéticas locales (Energía Estratégica, 4 de mayo de 2016).

Desde sus inicios, la presencia de Lewis en la región puso en marcha mecanismos de creación de consenso: la contratación de pobladores locales como mano de obra, el ofrecimiento de otros servicios considerados sociales (instalación de un complejo para la realización de actividades infantiles, organización de eventos recreativos y deportivos), el proyecto de construir un aeropuerto al pie del cerro Perito Moreno, primero, y en el territorio que la comunidad Las Huaytekas tiene en conflicto con Hidden Lake S.A., después, la realización de obras de infraestructura como la central hidroeléctrica. No obstante, muchos de esos mecanismos generaron asimismo acciones de protesta y demanda colectiva: así lo ejemplifica la resistencia de los pobladores de El Bolsón al aeropuerto proyectado, materializado en su rechazo mediante un plebiscito popular (Doñate, Gómez y Ratto 2016). Y también lo ejemplifican las dudas y cuestionamientos que genera el aprovechamiento hidroeléctrico en torno no sólo al uso de un bien de dominio público (el río) para el beneficio privado y a los posibles costos ambientales de dicho emprendimiento sino también, una vez consumada la central de paso, al destino de la electricidad producida,[25] al costo de dicha electricidad,[26] a la estabilidad fiscal por el término de veinte años y a la eximición de las obligaciones originalmente contraídas con las que se ha visto beneficiada.[27] Consensos y conflictos en torno a la hidroeléctrica, en particular, y a la presencia de Lewis en la región en términos más amplios, que ponen en evidencia cómo se genera y reproduce un entramado de relaciones personales, lógicas territoriales y relaciones de poder que aporta particularidades coyunturales a procesos de larga data.

Las relaciones entre energía, política y cultura: algunas aproximaciones

Los casos de la explotación de hidrocarburos en Catriel y de la hidroeléctrica a pequeña escala sobre el río Escondido presentan algunas pistas sobre las conexiones entre bienes naturales, relaciones sociales y políticas que atraviesan las distintas tecnologías de producción energética. En particular, evidencian dos cuestiones. La primera es de qué manera los procesos de producción de energía son tanto modelados por configuraciones sociales previas como productores de nuevas dinámicas sociales, económicas y políticas. Tanto en el caso de Catriel como en el de la Comarca Andina, hay un solapamiento de distintas lógicas de producción (de subsistencia, de apropiación de la renta) que, atravesado por importantes asimetrías que posicionan en lugares de poder o subordinación a los diferentes actores sociales, resulta conflictivo. La segunda cuestión que evidencian ambos casos es, entonces, cómo las relaciones sociales, económicas y políticas que involucra la industria de la energía (con base en los hidrocarburos o en el aprovechamiento del recurso hídrico) ponen en tensión intereses y capacidades de negociación diferenciales, territorialidades específicas, marcos regulatorios y legales así como una serie de reclamos que se presentan, en buena medida, en clave socioambiental y territorial.

Revisando esa imbricación de configuraciones sociales previas y posteriores al desarrollo en la zona de Catriel y en la Comarca Andina de instalaciones y procesos ligados a la producción de energía, así como las relaciones económicas, sociales y políticas que se articulan en torno a esas instalaciones y procesos, se observan algunas características compartidas por ambos casos. Características que son comunes pese a que la producción de energía sea materialmente distinta.

Dentro de los que se identifican como aspectos comunes a los dos casos, sin duda la pugna por imponer la lógica de la acumulación de capital como ordenadora del conjunto de la vida social y la resistencia a este paradigma contraponiendo una lógica basada en el ejercicio de derechos ciudadanos es la que resulta más evidente. Efectivamente, tanto en Catriel como en la Comarca Andina, la energopolitics, aunque con matices, parece poner de relieve, y en algún punto hasta exacerbar, enfoques contrapuestos sobre cuáles son los principios aceptables y consensuados sobre los que debe descansar la organización de la vida en común y a partir de los cuales resulta legítimo establecer prioridades y gestionar los conflictos. En el marco amplio de este dilema se juegan distintas cuestiones que cada caso, en su especificidad, permite desagregar.

La industria hidrocarburífera sobreimpresa en un territorio construido originalmente como colonia pastoril, reposicionó a los actores históricos, trajo aparejada la aparición de actores nuevos y configuró un imaginario de desarrollo en el que el conjunto de los involucrados (empresas, Estado en sus distintos niveles, superficiarios, ocupantes tradicionales, empleados y personal ligado a actividades subsidiarias de la industria) se proyectan. La instalación de dicha industria en la zona de Catriel supuso, desde sus inicios y de manera conflictiva, una superposición de distintas lógicas de territorialización y de apropiación de la naturaleza. Lógicas que organizaron jerárquicamente a los sujetos a partir del acceso y usufructo de la tierra de modo diferenciado y, como vimos en las denuncias analizadas, de carácter conflictivo.

Ahora bien, como muestran los conflictos, la industria hidrocarburífera opera con preeminencia en la nueva jerarquía. Una jerarquía que impone un ordenamiento de posiciones desigualmente subalternizadas entre los pobladores locales. Así, se puede identificar a los empleados directos de las empresas operadoras de la zona, con un poder adquisitivo aceptable en tiempos de bonanza de la industria, lo que les permite un margen más amplio en relación con otros sectores, para la toma de decisiones sobre sus consumos y capacidad de ahorro, ubicándolos en un lugar destacado de la estructura socioeconómica a nivel local. En este marco, los profesionales y mano de obra calificada, muchas veces proveniente de otros puntos del país, gozan de una posición económica y social mejor que la del resto de los trabajadores de la zona.

Más allá del lugar de estas posiciones jerárquicas y la diversidad en el escalafón al interior de las estructuras empresarias del sector, el acceso al “empleo en el petróleo” se transformó en el horizonte de expectativas más extendido y deseado para el conjunto de los pobladores y, a su vez, en la vía más directa de ascenso social. Por fuera de ese grupo, y subsidiario de él, se encuentran quienes desarrollaron sus propias empresas de servicios para la industria y los empleados de estas empresas. Luego, se encuentran los superficiarios quienes utilizan en general los ingresos devenidos de los cánones por servidumbre de paso pagados por las empresas para subsidiar emprendimientos comerciales. Finalmente, aquéllos más débilmente relacionados con la industria o directamente al margen de ella son quienes ocupan los escalones más bajos de la pirámide social de ingresos a nivel local. Es el caso de los pobladores rurales habitantes de tierras fiscales pero sin documentos que expliciten la legalidad de sus asentamientos. Estos habitantes, por lo general crianceros y agricultores con una economía de subsistencia, conviven con las instalaciones y los efectos de la industria en forma directa, pagando (ellos y su actividad agro-pastoril) los mayores costos socio-ambientales derivados de ella. Sin embargo, se encuentran al margen del goce de sus beneficios o los reciben en proporciones ínfimas. Este sector es el de mayor grado de subalternidad devenido de los procesos de territorialización (Grossberg 1992, 1996).

Estas dos últimas categorías de habitantes, los superficiarios y los pobladores rurales sin título, son tal vez las que más ponen en evidencia, como muestran las denuncias analizadas, la imbricación de formas viejas y nuevas de acceso a la tierra a partir de la instauración de la industria de los hidrocarburos, así como las tensiones que suponen las distintas lógicas de territorialización, relación con la naturaleza y jerarquías entre los actores. Los asentamientos que detentaban los pobladores rurales de la zona de Catriel, con papeles o sin ellos, ocupaciones de comunidades originarias o asentamientos de pobladores dispersos, fueron afectadas por la industria, sus exigencias materiales (pozos, instalaciones, caminos, etc.) y sus efectos (circulación, reducción de tierras disponibles para la actividad pastoril, residuos, accidentes, etc.). Las actividades pastoriles o de agricultura que estos pobladores realizaban se vieron consecuentemente afectadas. Esto modificó, asimismo, la modalidad de generación del ingreso con el cual logran su subsistencia: el cobro de cánones y servidumbres de paso (de negociación más directa para el caso de los superficiarios y más conflictiva para los que tienen permisos de ocupación precaria o que no tienen documentos que certifiquen la legalidad de su asentamiento) pasó a ser altamente significativa. Sin embargo, al mismo tiempo que la industria tuvo estos efectos, su lógica se inserta en formas previas y las refuerza. Entre ellas, tal como ilustran las denuncias del paraje Medanito y la comunidad Newen Aitue, actualiza la condición de desigual acceso a la tierra. Una condición que se acentúa aún más, en realidad, por el diferencial de la renta que produce el aprovechamiento de los hidrocarburos en territorios que pobladores rurales (de autoadcripción originaria o no) ocuparon durante décadas y que eran considerados de menor valor antes de la explotación de dicho recurso. Un diferencial de la renta que estos actores, desde su posición de subalternidad, también disputan.

Los reclamos analizados en la zona de Catriel no ponen en cuestión la explotación de hidrocarburos (más allá de los efectos negativos que señalan respecto del desarrollo de alguna de sus actividades previas). Tampoco cuestionan un modelo de desarrollo que se arraiga en una matriz energética dependiente del combustible fósil. Lo que discuten esos reclamos son las posiciones de sujeto (Hall 2017) que el sistema productivo ligado a dicha matriz atribuye a los distintos actores y las relaciones de desigualdad a partir de las que estructura el territorio. Por el contrario, en el caso trabajado en la Comarca Andina, es el modelo de desarrollo lo que parece estar en discusión. Allí radicaría su especificidad.

El carácter relativamente reciente de la instalación del aprovechamiento hidroeléctrico sobre el río Escondido no nos permite avanzar aún sobre sus implicancias en un territorio en el que históricamente se inscribió una lógica de producción fundada en el cultivo y el pastoreo sobre la base del trabajo doméstico. Se trata de una lógica que, si bien desde hace tiempo no es ajena al proceso de acumulación de capital –en tanto hubo una temprana introducción del capital mercantil en la zona bajo la forma del comercio de ganado con Chile–, se ha visto subsumida cada vez más en el avance de este último, de su aplicación a las actividades forestal, turística, inmobiliaria y, ahora, energética, de su particular territorialización.

Como señalamos, los conflictos se caracterizan por tener en su base el acceso desigual a los medios de producción, fundamentalmente, la tierra, y por expresar y visibilizar formas distintas de concebir el territorio, el ejercicio de su control, la apropiación de la bienes naturales en él contenidos. Lewis encarna una doble condición: por un lado, la de apropiación de renta de la tierra y, por otro, la de valorización del capital. En otras palabras, confluyen en él ambas personificaciones: la del terrateniente, en tanto personificación de la tierra, y la del capitalista, como personificación del capital. Es así como invierte capital en la tierra sin pagar una renta. En este último sentido, la producción y comercialización de la energía resulta una variable fundamental para regular el usufructo de bienes naturales como el agua y la tierra. La política seguida por el Estado –en tanto representante del conjunto de los capitales de la sociedad en el ámbito de las relaciones políticas (Iñigo Carrera 2013)– respecto de la definición de las formas de apropiación de esos bienes expresa la valorización de ese capital aplicado a la actividad energética. Claro está que no lo hace de manera lineal, sino que lo hace de manera tensionada con la conservación de la naturaleza: son múltiples las formas de espacialización creadas por el Estado con este fin (parques nacionales, reservas naturales, áreas naturales protegidas, reservas de biósfera, de carácter municipal, provincial, nacional e incluso internacional). Lo expresa, también, al retirarse de algunas áreas de la vida en común en las que, aun en su condición de Estado neoliberal, supo tener presencia. Es Lewis, a través de Hidden Lake S.A., quien absorbe en gran medida la mano de obra local y hasta extra-local, quien asume la realización de actividades recreativas dirigidas a la población local, quien incide a través de la mediación de organizaciones no gubernamentales en el diseño e implementación de políticas públicas a nivel local. Se trata, al igual que la comercialización de la energía eléctrica producida por un actor privado usufructuando un bien común como el agua, de otra expresión del avance de capitales privados sobre el ámbito de lo público.

Son justamente la preservación y el acceso público a los bienes naturales, incluida la energía producida, los sentidos que priman en los reclamos que se formulan y se presentan en clave ambiental. Para los actores ambientalistas, el desarrollo, lejos de sostenerse en la extracción, se relaciona con su cuidado, su preservación y el acceso público a la naturaleza, incluida la energía producida. Desde esta perspectiva, es la política la que debe ordenar y regular el acceso, uso y distribución de la energía y las bases materiales asociadas a ella. Si bien no se niega la importancia de la generación de energía, se la concibe como subordinada a un modelo de desarrollo que limite la privatización y la depredación de la naturaleza, contemplando el bienestar general en un sentido amplio. De esta manera, resisten las nuevas estructuras sociales y políticas que acompañan la configuración sociocultural que la mencionada comercialización de la energía eléctrica producida por un actor privado usufructuando un bien definido como público (el agua), traen consigo.

Se trata de una configuración sociocultural en la que, quienes históricamente detentaron la ocupación del territorio en cuestión (de autoadscripción originaria o no), reproducen en términos generales su situación precaria respecto de la tenencia de la tierra y respecto de la posibilidad de desarrollar sus actividades productivas, así como su posición subalternizada en relación con el acceso a y la apropiación de la naturaleza. Por cierto, su ocupación se ve afectada no sólo por la ya instalada central hidroeléctrica sino también por las otras posibles materialidades que dicha instalación genere en el futuro (movimientos de suelos para el traslado de equipamiento para la central, cableados para el transporte de la energía, etc.). No obstante, entre los pequeños productores, son quienes reivindican de manera pública una identidad étnica específica y demandan reconocimiento como colectivos originarios aquellos que parecen expresar en mayor grado la afectación de sus territorios y prácticas. Las construcciones de sentido mediante las que realizan una particular construcción de sus territorios, en tanto totalidad, ponen en cuestión el modelo de desarrollo fundado en la aplicación intensiva de capitales a distintas actividades (energética, pero también turística o inmobiliaria, por caso).

Reflexiones finales

El recorrido por los casos presentados habilita una lectura situada de las dinámicas sociales, económicas y ambientales desde la energopolitics, donde dos industrias asociadas a la producción de energía se instalan y se desarrollan sobre desigualdades estructurales, previamente construidas y consolidadas, profundizándolas. Dos industrias que, además, se apoyan en materialidades (tecnologías, infraestructuras, insumos, técnicas de producción y transporte, etc.) considerablemente diferentes. Y que son objeto de valoraciones diversas. En este sentido, los casos parecen mostrar que el poder que se produce y se ejerce a través de la producción de energía, en sus distintas modalidades y pese a sus diferencias, actúa reforzando las posiciones de sujeto establecidas en los territorios desde fines del siglo XIX –como consecuencia de la ya señalada conquista militar de la región–.

En Catriel, los reclamos actuales aún se plantean tomando como referencia las concesiones y la distribución de tierras establecidas a principios del siglo pasado, hechas al calor de las consecuencias del genocidio. Efectivamente, el acceso, la propiedad y el derecho sobre las tierras fiscales nacionales primero, provinciales después y en parte municipales actualmente, se dirime según una lógica que resulta subsidiaria de la política de apropiación y acumulación de tierras por parte de actores con importante capacidad de agencia, como son hoy las empresas que tienen a cargo las concesiones para la extracción de hidrocarburos y la burguesía local y provincial ligada al poder político y jurídico. El caso del traspaso de tierras hacia el municipio de predios ocupados por una comunidad mapuche, donde el documento de traspaso informa que la tierra a ceder se encuentra “libre de ocupantes”, parece una muestra extemporánea y grotesca, pero no por eso menos efectiva, de las prácticas de negación que comenzaron en el siglo XIX, con el exterminio y desarticulación de la población originaria. Por lo mismo, por no contar con los títulos necesarios, las empresas le negaron los pagos de cánones correspondientes a la servidumbre de paso por la extracción de gas que allí se efectúa. La forma de protesta de la comunidad debe leerse en este contexto. Encadenarse a las rejas de la municipalidad fue el modo de visibilizar un reclamo, pero también a un sujeto al que no se le reconoce legitimidad sobre los territorios que ocupa.

En Medanito, por el contrario, se reclama el reconocimiento del lugar que la cesión hecha por el poder ejecutivo nacional a principios del siglo XX le otorgó a los descendientes de la tribu de Catriel, de la que los demandantes se reconocen herederos. Aquí la operación es más compleja y abre otras preguntas, en la medida que podrían hacerse distintas lecturas de la relación entre la distribución desigual de tierra, jerarquías y energía. Una lectura posible sería entender que esta reivindicación de la incorporación subordinada a la que fue sometida la parcialidad de los Catriel (heredada por sus sucesores) es una respuesta, y de alguna manera busca poner un límite, a la profundización de los procesos de exclusión que la energopolitics trae consigo en Patagonia. Sin embargo, también podría hacerse una lectura diferente, en la que estos actores se reafirman en sus reconocimientos históricos pugnando por aumentar su capacidad de agencia hasta un nivel que les permita participar activamente e intervenir en las decisiones que se ponen en juego en el nuevo escenario en el que la energía organiza las relaciones de poder material y simbólico.

Por su parte, en la Comarca Andina, los reclamos son motivados por la transferencia de carácter irregular de tierras fiscales habitadas por pobladores rurales (con o sin papeles) a manos privadas, así como por la prohibición del acceso público a espejos de agua y por las implicancias del aprovechamiento hidroeléctrico sobre cursos de agua que la conformación de grandes propiedades sobre la base de aquella transferencia habilita. Se trata de reclamos que, a partir de cuestionar la legalidad actuada en la adquisición de las tierras, los beneficios que generaría y el impacto ambiental que produciría la central hidroeléctrica, aúnan en su formulación a diversos actores (juntas vecinales, asambleas de vecinos autoconvocados, organizaciones sociales, sindicales y ambientalistas, partidos políticos, instituciones educativas y centros de estudiantes, comunidades y organizaciones originarias). Se trata, por último, de reclamos que tienen como uno de sus ejes discursivos primordiales la defensa de los bienes naturales objeto del despojo (no sólo las aguas objeto del aprovechamiento hidroeléctrico sino también, por caso, aquéllos objeto del proyecto de desarrollo turístico e inmobiliario en el cerro Perito Moreno) en sí mismos y en tanto constituyen las condiciones materiales en que los pequeños productores desarrollan una determinada forma de vida. Es en estos sentidos que, aquí también, se evidencia la relación entre el acceso desigual a la tierra y la energopolitics.

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  1. En los últimos años creció el interés académico por entender las relaciones entre energía, política y cultura tanto en el país como en el ámbito internacional. Esto se debe, en buena medida, a que las agendas de investigación acompañan las discusiones en la arena política y también pública que protagoniza la problemática energética. Discusiones que se asocian tanto a los efectos del combustible fósil como fuente dominante de su producción (efecto invernadero, cambio climático, agotamiento e impacto de técnicas como la fractura hidráulica) como a las propuestas de transformación en materia de fuentes y tecnologías de producción de energía (expansión de las energías renovables, diversificación de la matriz, transición energética).
  2. La Comisión, que funcionó entre los años 2012 y 2015, tuvo como objetivo estudiar las transferencias de tierras del domino público a manos privadas, en particular aquéllas en las que se observaban irregularidades vinculadas a protocolos jurídicos simulados o fraudulentos; su propósito último era garantizar a la población rionegrina la recuperación dominial de las tierras fiscales en cuestión (Miguel y Wallace 2019).
  3. Estas reflexiones se enmarcan en los proyectos PICT 2015-2476 Luchas sociales por la apropiación y uso de espacios y recursos. Un abordaje susantivo, conceptual y metodológico, dirigido por Sergio Caggiano, y PICT 2017-1706 Conflictos por el acceso a la tierra en la provincia de Río Negro: un abordaje etnográfico e histórico a la territorialización de formaciones sociales de alteridad, dirigido por Laura Kropff.
  4. Las acciones militares de fines del siglo XIX fueron parte de un genocidio de los pueblos originarios que impactó directamente sobre el proceso de (re)estructuración de las relaciones sociales en Norpatagonia, produciendo procesos de desterritorialicazión. Las reterritorializaciones consecuentes se estructuraron de acuerdo al patrón establecido por la organización de los accesos diferenciales a la tierra (Delrio et al. 2018).
  5. Los derechos que asisten a los pueblos originarios sobre la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan se encuentran refrendados por la Constitución Nacional argentina (Art. 75, inciso 17), donde se le adjudica rango constitucional a lo establecido en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Art. 14). Sobre esta base de reconocimiento de la ocupación tradicional se asentaron una serie de leyes nacionales y provinciales relacionadas con la regulación de las tierras de los pueblos originarios. Entre ellas se destaca la Ley Nº 26.160, sancionada en 2006 y prorrogada desde entonces, que Declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. En nuestro trabajo, ocupación refiere a ocupación tradicional en los términos establecidos por la normativa vigente.
  6. Expediente de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales (CITTR) Nº 1.371/12.
  7. Sólo citamos los nombres correspondientes a las personas de trascendencia pública.
  8. Expediente de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales (CITTR) Nº 1.521/13.
  9. Para una profundización de ambos conflictos consultar Mombello y Spivak L’Hoste (2019).
  10. A fines del siglo XIX, llegaron a la zona los restos de la tribu de Catriel o catrieleros (como refieren los documentos de la época), una parcialidad que ocupaba tierras en provincia de Buenos Aires, cedidas para la extensión del circuito productivo agrícola-ganadero. Algunas familias desplazadas fueron incorporadas a las colonias creadas en 1899 en el norte patagónico (Pérez 2014; Nagy 2014). Entre los catrieleros se destaca Bibiana García, líder que logra la inclusión de su grupo en el otorgamiento por decreto de las tierras que constituirán luego Colonia Catriel.
  11. YPF fue una empresa pública desde su creación (1922) hasta su privatización (1994). En 2012 se renacionalizó.
  12. Para 1965 el petróleo producido en la provincia representaba el 15% de la producción nacional. En orden de importancia se encontraban Mendoza con un 29%, Santa Cruz con un 26,5%, Chubut (Comodoro Rivadavia) con un 18,4%. Detrás se encontraba Neuquén con un 6,1% (Vallejos 1979).
  13. Durante el período de exploración y perforación YPF contaba con cerca de 1.100 operarios (Togliavini, 2000).
  14. Cabe aclarar que un componente de esta población fluctúa en función de las condiciones de la industria petrolera.
  15. Las tierras fiscales pertenecen a la provincia desde la provincialización del Territorio Nacional de Río Negro en 1955. En cambio, los recursos del subsuelo, definidos como estratégicos, se mantuvieron en manos del Estado nacional hasta la reforma constitucional de 1994.
  16. Se trata de títulos de propiedad, sesión de derecho o permisos precarios de ocupación en vigencia.
  17. Dictamen correspondiente al Expediente de la Dirección General de Asuntos Legislativos (DGAL) Nº 1.253/2012.
  18. Hidden Lake S.A. es propiedad de Lewis. El valor de la hectárea de la primera fracción de tierras, con boleto de compraventa a nombre del agente inmobiliario, fue de USD 1.500. Por su parte, el valor de la hectárea en la segunda de las fracciones, con boleto de compraventa a nombre de la empresa, fue de USD 864.
  19. Para más precisiones sobre el caso consultar Iñigo Carrera (2019).
  20. Algunas de las familias históricamente identificadas como “chilenas” -por ejemplo, en las solicitudes de tierra rural presentadas- e invisibilizadas como mapuche -en tanto la presencia de población originaria suele circunscribirse geográficamente a la zona de meseta (Cañuqueo, Kropff, Rodríguez y Vivaldi 2005; Crespo 2012)- hoy públicamente reivindican una identidad étnica específica y demandan reconocimiento como colectivos originarios. Tal es el caso de las que conforman la comunidad Las Huaytekas, en los parajes El Foyel y Los Repollos, con personería jurídica registrada por el Estado provincial en 2005.
  21. Un aspecto a considerar en relación con la privatización de la tierra es la evolución de su precio en la zona desde fines de los 80 pero en particular durante la década de 2000 (el precio promedio de la hectárea en dólares se ha multiplicado por nueve entre 1988 y 2009). Por otra parte, las transferencias por venta no han sino resultado en concentraciones de la superficie de la tierra (si comparamos los censos nacionales agropecuarios de 1988 y 2002 vemos que ha habido una disminución de la cantidad de explotaciones agropecuarias, concentrada en las unidades con menor superficie, y un aumento del tamaño promedio de las mismas, concentrado en los estratos que aglutinan las explotaciones de mayor superficie) (Iñigo Carrera, en prensa).
  22. Esta ley regula la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
  23. Se destaca también el desarrollo turístico e inmobiliario que procura realizar la empresa Laderas S.A. –a la que se relaciona de manera corriente con el empresario inglés– en una zona de nacientes de agua en el cerro Perito Moreno y el despliegue de nuevas formas de acción política en respuesta a aquél (las últimas, unas movilizaciones masivas en El Bolsón y un acampe en Defensa del Agua y de la Tierra en la plaza San Martín de la misma ciudad en el último mes de 2016 y los primeros de 2017) (Iñigo Carrera 2019).
  24. Para estas obras Lewis desembolsó 450 millones de dólares (Energía Estratégica, 5 de mayo de 2017). Aunque hay que tener en cuenta que estas centrales dependen de los flujos de agua del río para su funcionamiento, según esa fuente la potencia instalada alcanzaría para abastecer una población de unos 35.000 habitantes (de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, vivían en la totalidad de la Comarca Andina unos 29.743 habitantes, de los cuales 19.009 estaban radicados en El Bolsón).
  25. Ha circulado información acerca de la intención de exportar parte de esa electricidad a Chile (Diario Clarín, 29 de julio de 2016).
  26. El precio del MW producido por la hidroeléctrica, en tanto está alcanzada por la ley de fomento a las energías renovables, está muy por encima de los del mercado: 105 USD/MWh (Diario Río Negro, 6 de mayo de 2017).
  27. La Ley Nº 5.291, de julio de 2018, estableció que aquellas personas (físicas o jurídicas) adjudicatarias de proyectos de generación de energía eléctrica a partir del aprovechamiento de fuentes renovables mediante el programa RenovAr, radicadas en la provincia, y cuya producción tenga por destino el Mercado Eléctrico Mayorista, estarán exentas de pago en el impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos. Por su parte, el Decreto Nº 1.026/2017 y la Ley Nº 5.404 sancionada en diciembre de 2019, relevaron a Patagonia Energía S.A. de la obligación establecida originalmente de realizar una serie de obras de infraestructura destinadas a garantizar la interconexión de El Bolsón al SADI (la interconexión fue realizada finalmente, en 2014, por el Estado provincial, a través de la puesta en funcionamiento de una línea de 33 KV que une la Subestación Golondrinas, en la provincia de Chubut, con la Estación Transformadora El Bolsón); a cambio la concesionaria debería realizar una de dos obras alternativas para el abastecimiento eléctrico, de manera confiable, de El Bolsón, en particular, y de la Comarca Andina, en general.


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