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2 Legislación sobre la esclavitud en cartas publicadas por la Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires

Juan Carlos Bisdorff[1]

Introducción

La esclavitud, en el derecho romano, es una institución regulada por el ius gentium (derecho de gentes), perteneciente a la división tripartita del ius privatum (derecho privado), tal como lo expresa las Institutas de Justiniano I. Los conflictos bélicos entre estados producen como uno de sus resultados la cautividad de guerra (los captivi), uno de las principales situaciones contempladas por el ius gentium, siendo contraria al ius naturale (derecho natural) que establecía especialmente que todos los hombres, en un principio, eran libres (Inst. 1, 2, 2).

En ese sentido, la esclavitud se consolidó como un dispositivo de dominación que extirpaba al hombre de sus propias raíces comunitarias para someterlo a un sistema de explotación, con el agravante de sustraerle su identidad por un principio que extinguía su existencia como persona. En adelante, este sujeto asumirá la condición de esclavo y será considerado como un objeto susceptible de ser enajenado, o sea, que, por disposición del derecho de gentes, se transformará en una res mancipi, dentro de la categoría de aquellos bienes que pueden destinarse al desenvolvimiento de relaciones jurídicos-patrimoniales (Argüello,1990:169). Por otro lado, la esclavitud que, en sus comienzos, no se fundamentaba bajo ningún aspecto racial, a partir del siglo XVI, pasará a considerarse una cuestión que atenderá a ciertos rasgos fenotípicos que acentúen esa concepción de inferioridad de la raza negra (Uya, 1989:40). De esta manera, se reproducirá una fuerte segregación de la sociedad colonial bajo criterios exclusivamente raciales, siendo los negros los últimos en la jerarquía social al ser considerados biológicamente inferiores y la casta más despreciable por ser poseedora de unos caracteres negroides de origen desconocido para los colonizadores (Mellafé, 1987:87).

Las Partidas de Alfonso X se convertirán en el principal monumento histórico que testimonie la pervivencia del derecho romano en la península Ibérica, pues le aportaron a este vasto imperio, férreo defensor del cristianismo, una base legal para regular la institución jurídica de la esclavitud. Esta actividad se estableció a partir del siglo XVI y se afianzará con la correspondiente colonización de las regiones africanas hasta decaer por el influjo de toda una retórica abolicionista que bregará por una concepción de hombre, libre de grilletes y sin la sujeción a toda una serie de prácticas de trabajos forzados no remunerados. Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo, los indígenas, que, en su momento, fueron la principal mano de obra de las colonias españolas, serán sustituidos progresivamente por la introducción del tráfico negrero. Los esclavos se encargarán de la extracción de metales preciosos en los principales yacimientos mineros, especialmente de las regiones del Alto Perú (Porco y Potosí) y México (Zacatecas y San Luis). Esta institución, siempre presente en el pensamiento español como herencia latina, se reactivará durante la conquista de América y se agudizará por el paroxismo evidente de la fiebre del oro[2] y la plata que, en términos de Mellafé (1987:67), coincide con una economía emergente de base fundacional, en un contexto donde la venta de esclavos se cotizaba a precios exorbitantes.

Buenos Aires, fundada por segunda vez en 1580 por Juan de Garay, se convertirá, durante su dependencia del Virreinato del Perú, en la vía de comunicación más importante del norte argentino y, más adelante, su influencia llegará hasta el Alto Perú para abastecerse de mano de obra negra. La cuenca hidrográfica del Río de la Plata será el escenario principal del tráfico de esclavos para su inserción en la economía metalífera del Perú y la explotación ganadera de la región pampeana (Mellafé, 1987: 64). A partir de los testamentos y las cartas de dotes, entre otras piezas documentales, podemos analizar las distintas modalidades de la trata de negros en Buenos Aires. Para ello, a continuación, apelaremos a dos documentos que datan de los años 1605-1606, publicados en el tomo III de la Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, editada por el historiador Manuel Ricardo Trelles en 1881, para analizar las múltiples resonancias del derecho romano en el ordenamiento jurídico sobre la esclavitud en las colonias americanas. Ellos son:

  1. Carta de dote de Juan Dias de Ojeda, 1605 (1881: 161-166).
  2. Testamento cerrado de doña María de Bracamonte y Anaya, mujer que fue del gobernador don Diego Rodríguez de Valdez y de la Banda, 1606 (1881: 203-211).

Por último, esbozaremos la hipótesis de que la presencia de esclavos negros en estos documentos podría tener su origen en el período de los primeros asientos, principalmente el del asentista portugués Pedro Gómez Reynel, que, con la aprobación de la corona española, acordó el intercambio de 600 negros con destino al Río de la Plata, de manera anual, en el transcurso que va desde el año 1595 al 1601.

Introducción de los negros en el Río de la Plata

Buenos Aires fue fundada por primera vez el 3 de febrero de 1536 por el conquistador español Pedro de Mendoza en honor de Nuestra Señora del Buen Ayre, patrona de los navegantes y venerada en Cerdeña y, posteriormente, en el puerto de Sevilla. Con anterioridad a este ilustre acontecimiento, se suele considerar a Diego García como el primero en conducir una embarcación con esclavos negros hacia el Río de la Plata en el año 1527, aunque no se sabe concretamente en dónde desembarcó y si, efectivamente, estuvo anclada en algunas zonas próximas a la cuenca, antes de ser introducidas a España (Studer, 1958: 87). Posiblemente se trataba de una fase exploratoria en plena búsqueda de nuevos territorios. Más adelante, Sebastián Caboto trasladó esclavos hacia España en 1530 desde el prominente estuario (1958: 87). Recién en el año 1534 aparecerá la primera licencia documentada que autoriza a Domingo de Irala a transportar cien negros hacia el Río de la Plata (1958: 87). En ese mismo período, Pedro de Mendoza, a través de la Capitulación del rey Carlos I de España, fechada el 21 de mayo, donde se menciona al mismo Caboto, recibe, entre otras dotaciones, doscientos esclavos, para la conquista de dichos dominios, previamente avizorados:

Otro sí, vos daremos licencia, como por-la presente vos la Damos, para que destos Nuestros Reynos ó del Reyno de Portugal ó Islas de Cabo Verde y Guinea, vos ó quien vuestro poder hubiere, podais llevar y lleveis á las tierras y provincias de vuestra governacion, doscientos esclavos negros, la mitad hombres y la otra mitad hembras, libres de todos derechos á Nos pertenecientes, con tanto que si los llevardes á otras partes é Islas ó provincias, ó los vendierdes en ellas, los hayais perdido y los aplicamos á Nuestra Cámara y fisco” (Revista de la Biblioteca Nacional, 1948: 280-281 y Comisión Oficial del IV Centenario de la primera Fundación de Buenos Aires, 1941: 58).

Pedro de Mendoza fue nombrado como el primer Adelantado del Río de la Plata, también conocido como río de Solís,[3] desde 1516,[4] por su descubridor, y, desde ese nombramiento, intentó cumplir la voluntad de su majestad, según lo expresado en dicha capitulación. Esta expedición tuvo como resultado el primer asentamiento en el puerto de Buenos Aires que, bajo las órdenes de Mendoza, en carácter de gobernador y capitán general, tenía como objetivo el descubrimiento de nuevas tierras para su poblamiento dentro de los límites deslindados con Portugal,[5] la creación de tres fortificaciones para la defensa y pacificación de este gran latifundio, el saqueo de las riquezas minerales y la extirpación de las idolatrías para que los indios del Rio de la Plata, llamados por los españoles Querandíes, profesasen la fe católica. Sin embargo, la represión violenta a los nativos en esta desorganizada empresa colonizadora no prosperó porque, según los testimonios del cronista alemán y participante en esta travesía Ulrich Schmidel, se puede inferir que los españoles era hombres audaces para la ofensiva, pero adolecían en tácticas defensivas: “(…) los unos[6] trataron de tomarla por asalto y los otros empezaron a tirar flechas encendidas sobre nuestras casas, cuyos techos eran de paja (…) y así nos quemaron la ciudad hasta el suelo” (Schmidel, 1903, cap. XI). Esta derrota, entre otras documentadas, más las constantes hambrunas e innumerables infortunios, como inundaciones, y la misma desconfianza entre pares y la lucha por la sucesión tras la muerte de Mendoza y la desaparición de Juan de Ayolas, fueron las detonantes del fracaso imperial y del Consejo de Indias (órgano político, administrativo y judicial más importante del gobierno colonial), que conllevó al fracaso de los proyectos civilizatorios de Buenos Aires, en 1541.

En 1538, León Pancaldo debía dirigirse al Perú para vender dos esclavos por pedido de dos compradores, pero, como debían pasar por Buenos Aires, que, en ese entonces, se estaba convirtiendo en la plataforma central de la esclavatura para posteriormente satisfacer las demandas de la altiplanicie andina y el norte argentino, fue acusado de introducir esclavos sin licencia. Las partes involucradas llegaron a un acuerdo: mientras su caso fuera tratado ante las autoridades competentes, los negros serían vendidos en una subasta pública que se realizó el 10 de enero de 1539. Este hecho histórico llama la atención por considerarse la primera venta pública de apropiación individual (res mancipi) de esclavos en territorio rioplatense (Departamento de estudios históricos navales, 1984: 553-575).

A partir de la Capitulación de Juan Ortiz de Zárate, fechada el 11 de enero de 1570, se reanuda la esperanza de repoblar la cuenca del Río de la Plata y se le concede a éste la licencia de acarrear cien esclavos negros para el servicio de todos los potenciales pobladores rioplatenses. No obstante, la finalidad de esta expedición era pacificar la región del Plata, ya que, para ese entonces, España se había apoderado de los yacimientos para la extracción de plata en Potosí, por lo que su custodia ante la presencia del enemigo extranjero era de crucial importancia (Osorio, 2007:604). A pesar de que la cédula se aprobó en beneficio de los intereses de la corona, nuevamente fracasó por las continuas dilaciones, hasta que en octubre de 1572 se reactivó lo prescrito en dicha ordenanza, pero el voraz viento pampero los obligó a encallar en la Banda Oriental del Uruguay. Ante estos inconvenientes, Ortiz de Zárate decidió ampararse en su camarada Juan de Garay para delegarle la labor civilizatoria, nombrándolo lugarteniente de las tierras que fundase. Después del deceso de Ortiz de Zárate en 1576, su sobrino Diego de Mendieta ostentó provisionalmente el puesto hasta la asunción de Juan de Garay, a quien podríamos denominar el padre fundacional de la Ciudad de Santa Fe, el 15 de noviembre de 1573 y, posteriormente, con aprobación del Virrey Toledo y el nombramiento de Juan Torres de Vera y Aragón, de la “Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires”, el 11 de junio de 1580.

A partir de este período, la introducción de negros en el Río de la Plata será una operación bastante corriente, siendo un paso obligado para las gobernaciones del Norte o de Córdoba por sus demandas por este tipo de mano de obra, constituyéndose Buenos Aires en el principal centro de la esclavatura del Virreinato del Perú. En Tucumán, el gobernador Juan Ramírez de Velazco sugiere en una carta enviada al Rey, en 1596, el otorgamiento de una licencia para traer 1000 negros de Guinea por 30.000 ducados para la extracción de minerales en las nuevas minas de La Rioja (Levillier, 1920:317). En Chile, las peticiones serán también recurrentes, como las del año 1598, donde el Consejo de Indias aprueba la entrada de negros de Angola traídos del Río de la Plata hacia esa dependencia; licencias que se renovarán con más fuerza tras la revuelta indígena de ese mismo año (Mellafé, 1959:147). El sistema de licencias, concedidas por el rey, comprendía, según Molinari (1944:51), el período de 1493-1595. Las mismas se habían convertido en el instrumento básico para la obtención de permisos de importación de esclavos negros, ya sea para fines comerciales, como medio de pago o para el servicio doméstico o uso exclusivo de los conquistadores (Studer, 1958: 49). Sin embargo, durante el período de los asientos (1595-1789) y el preocupante contrabando de negros, desde las costas de Brasil, en las postrimerías del siglo XVI, la introducción de esta res mancipi revitalizará el comercio y pondrá en alerta a las autoridades de la “Santísima Trinidad” para evitar el acceso ilegal de éstos. En este contexto, el asiento de Pedro Gómez Reynel (1595-1601) y su sucesor Juan Rodríguez Coutinho (1601-1603), en el Río de la Plata, plantea un enorme interrogante sobre el destino de estos esclavos, ya que, según Studer (1958:90), “desde el 21 de enero de 1595 hasta el 1º de enero de 1605 faltan las Actas del Cabildo de Buenos Aires”. El asiento de Reynel se constituirá como una suerte de modelo para que la institución de la esclavitud se consolide en las colonias del Nuevo Mundo con el objetivo de aprovisionar, en carácter de monopolio, una gran cantidad de mano de obra negra para ser destinada a la minería, la labranza de la tierra, la cría del ganado o directamente al funcionamiento de los trapiches. A partir de este asiento, el 26 de mayo de 1601 se convocó, por primera vez, a una Junta Especial, que nucleaba a los miembros de los Consejos de Indias, del de Hacienda y del Privado de Estado para celebrar un contrato de arrendamiento (locatio conductio rei,[7] con el gobernador y Capitán de Angola,[8] de origen portugués, Juan Rodríguez Coutinho, el principal arrendatario de los derechos de África (Studer, 1958:67).

El asentista portugués Gómez Reynel ya aparece en el testamento de doña María de Bracamonte y Anaya como prestamista del entonces gobernador del Rio de la Plata don Diego Rodriguez de Valdez y la Banda (1598-1600), quien había contraído aproximadamente una deuda, en forma de empréstito, de dos mil pesos en Lisboa, antes de dirigirse a las Indias. En este documento colonial, Gómez Reynel es mencionado como el responsable de ese monopolio convenido con España para la introducción de negros en territorio rioplatense: “(…) Pedro Gómez, Reynel, que fué de las licencias de los esclavos que se traen á Indias (…)” (1881: 206).

La esclavitud en el derecho romano y su abolición en Argentina

En el derecho romano, el servus es considerado jurídicamente una cosa, es decir, no es un sujeto de derecho puesto que al estar sometido a la potestad de un dominus carece de capacidad jurídica. Dicha potestad es sostenida por el derecho de gentes (ius gentium) encargado de regular la institución de la esclavitud (Inst.1, 3, 2).[9] Según las fuentes (Dig. 1, 5, 2), “todo el derecho fue instituido por el bien de los hombres” (hominum causa omne ius constitutum est).[10] Sin embargo, no todos los hombres detentaban la misma situación jurídica que plantea el concepto, ya que para ser un sujeto de derechos y obligaciones en la sociedad romana se debía poseer tres tipos de status exigidos por la ley que incidían decisivamente en la capacidad jurídica del individuo:

  1. Ser libre (status libertatis).
  2. Ser ciudadano romano (status civitatis).
  3. Ser jefe de familia o sui iuris (status familiae).

Gayo, en Instituciones, esgrime una distinción que repercute dentro del derecho que concierne a las personas. Según lo extraído del Digesto (1,5,3), la concepción de homo se bifurca en dos sentidos: “(…) todos los hombres son o libres, o esclavos” (omnes homines aut liberi sunt aut servi). Este sentido podemos vincularlo con la posición jurídica que deslinda el status libertatis. El estado de libertad ostentaba el primer grado de importancia entre los tres estados integrantes del caput (capacidad), puesto que la pérdida de ésta simboliza la muerte civil para el hombre; una degradación de los tres status que Gayo denominó Maxima capitis deminutio (Gayo, 1, 159 – Inst. 1, 16, pr.).

Los romanos no llegaron a conceptualizar una teoría específica sobre la categoría gramatical latina “persona-ae[11] desde el ámbito jurídico, siendo difícil hallar en las fuentes una definición concreta sobre el término. Sin embargo, debemos enfatizar que fue la dogmática moderna quien acuñó esta terminología técnica para representar a ese sujeto dotado de personalidad jurídica, tal como lo estipula el ordenamiento jurídico (Argüello, 1990:140). El paterfamilias será la única persona que asumirá plena capacidad jurídica o personalidad civil, al conferirle el título de qui in domo dominium habet (“el que tiene el dominio en la casa”), ya que todos los miembros de la familia (estrictamente romana) estaban sometidos a la autoridad inapelable de éste.[12]

A pesar de que el derecho romano atenuó la condición jurídica del esclavo, tanto su doctrina como su respectiva aplicación práctica, seguía rigiendo el principio legal que aseguraba la absoluta incapacidad jurídica del servus, tanto personal como patrimonial. En ese sentido, el esclavo es una cosa (res) que está sometido a la potestad de un dominus.Esta concepción tendrá su reminiscencia en las Partidas encomendadas por iniciativa del monarca de Castilla Alfonso X al considerar la esclavitud o servidumbre como una “(…) postura e establecimiento, que fizieron antiguamente las gentes, por la cual los omes que naturalmente libres, se fazen siervos e se meten a señorío de otro, contra razón de natura” (Part. 4, 21,1), estableciendo así su vinculación con lo expresado en las Instituciones de Justiniano I. De esta manera, los negros, no autóctonos de las Indias, devenidos en esclavos, durante el período imperial de la corona española, están subordinados al ordenamiento jurídico romano establecido en las Partidas (Garcia-Gallo, 1980:1005). Siguiendo esta postura, la obra jurídica llevada a cabo por disposición de Alfonso X terminó por convertirse en el principal código en materia de esclavos negros americanos provenientes del continente africano durante la época colonial.

Las Partidas heredarán, como ya hemos mencionado, los preceptos de la legislación romana, pero también del Liber Juricum (Libro o Fuero de los Jueces), que era un cuerpo de leyes de la España visigoda. Estaba distribuido en doce libros con notable influencia del código legal Justiniano y fue traducido en el siglo XIII como Fuero Juzgo latino. Se preocupaba principalmente de fijar un marco legal respecto de aquellos esclavos que actuaban en rebeldía, a los que se los denominó cimarrones, estableciendo penas muy severas, sin mediar proceso alguno en el dictado de las sentencias. Durante el siglo XVI, no existía un cuerpo de leyes que reglamentase la situación jurídica del esclavo, por lo que las relaciones entre el dominus y el servus estaban subordinadas a las proposiciones que emanaban de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio, que habían sido aplicadas por Alfonso XI en 1348 como derecho supletorio del reino de Castilla y, más adelante, por extensión, de las colonias americanas. Más tarde, se decretarán numerosas cédulas reales y órdenes que, a la par de su correspondiente recopilación, las Leyes de los reinos de las Indias (1680), intentarán regular el tráfico negrero y atenuar la situación jurídica del esclavo. Recién a fines del siglo XVIII, a través de la promulgación de la Real Cédula del 31 de mayo de 1789, los esclavos asumirán una posición que los sitúa muy cerca de la condición jurídica del hombre libre. Este nuevo código tendía, según Studer (1958),

(…) a la humanización del trato de los esclavos y a su progreso espiritual, desde el punto de vista de la moral cristiana (…) Constituyó un estatuto jurídico que la corona dictó para regular la conducta de los particulares, dueño de los esclavos, la de éstos, y de las autoridades mismas, consagrando una vez más, el poder intervencionista del Estado en la propiedad privada (334).

Este cambio de mentalidad estaba unido a toda una retórica abolicionista que reprobaba estas prácticas abusivas e inaceptables en un contexto marcado por los discursos en contra de la esclavitud como las Actas de Emancipación de 1834 aprobada por el Parlamento Británico. En 1835, Gran Bretaña reforzó su política antiesclavista con la aprobación de un nuevo tratado que suprimía la trata de esclavos e imponía severas multas y castigos para los infractores (Mellafé, 1987:98). Ese mismo año, con el apoyo momentáneo de Brasil, Inglaterra hizo circular una serie de instrucciones a sus funcionarios consulares en las regiones de México, Venezuela, Colombia, el Perú, Argentina, Uruguay y Chile para alentar a las gobernaciones de esos países a firmar un tratado antiesclavista para declarar principalmente el tráfico de negros como delito de piratería (Mellafé, 1987:100). En nuestro país, el artículo 129 de la Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica, sancionada el 22 de abril de 1819[13] en el Congreso de Tucumán, prohibía para siempre el tráfico de esclavos y, en sus artículos 109 y 110 establecía el principio de igualdad ante la ley entre todos los miembros del Estado. Es sabido que la Constitución de 1853 es el resultado de un largo proceso histórico, enclavado en un contexto en el que la conformación de las instituciones había sido retrasada por los enfrentamientos entre unitarios y federales. Por ende, antes de la promulgación de la misma, se fueron confeccionando diversos documentos y pactos precedentes que terminaron reflejándose en el mencionado texto constitucional (Basterra, 2015:1).

Desde ese instante, el esclavo deja de ser considerado objeto de derecho y, en adelante, la legislación argentina, a través del Código Civil de Velez Sarsfield de 1869, en su artículo 949[14] reglamenta que: “La capacidad o incapacidad de derecho, el objeto del acto y los vicios sustanciales que pueda contener, serán juzgados para su validez o nulidad por las leyes de este código”. En este apartado, el legislador despliega una nota para esclarecer el contenido de esta norma, siendo contundente a la hora de desechar el principio de la capacidad civil del derecho romano, por las cuales los esclavos estaban sujetos al dominio de alguien y, por ende, afectados por la institución jurídica de la capitis deminutio. Este artículo no niega la personalidad civil de la persona que nuclea tres nociones fundamentales (libertad, capacidad y autonomía del sujeto), sino que se refiere a aquellas prohibiciones o causas especiales (restricciones excepcionales) que pueden afectar la capacidad de hecho o de ejercicio de las personas, fundadas, por ejemplo, en la minoría de edad, aunque la ley si fija que los “incapaces” pueden ejercer esos derechos y obligaciones mediante un representante legal.[15]

Por otra parte, este sistema de dominación empezó a decaer en Hispanoamérica entre 1810 y 1820 donde los negros combatieron en las batallas del Río de la Plata, en los Regimientos 9º y 10º, siendo liberados en la misma medida en que eran reclutados (Uya, 1989:252). Las tropas negras destacaban por su valor guerrero, siendo incluso condecorados y hasta elogiados por el Libertador José de San Martín.[16] Sin embargo, las políticas de Estado de finales del siglo XIX, durante el proceso de inmigración, apuntaban a la conformación de una nueva sociedad europeizada dispuesta a “blanquear” y “civilizar” las extensas tierras que representaban el mal de la República Argentina para Sarmiento. Los afrodescendientes suponían un obstáculo para la aplicación de este proyecto civilizatorio que no celebraba el mestizaje (Martínez- Echazábal, 1998). De esta manera, lo que se pretendía era, precisamente, su invisibilización, a través de una narrativa negadora de la alteridad que se instaló en la conciencia colectiva y que contribuyó, a lo largo de la historia, a una paulatina “ceguera cromática” (Frigerio, 2008:120) que anulaba la presencia negra de su realidad. Solo representaba el pasado, un recuerdo de los tiempos de la esclavitud, y reaparecía en los actos escolares del 25 de mayo como un elemento decorativo.

Frente a este escenario, la realidad de los esclavos de los Estados Unidos de Norteamérica tuvo su cruento manifiesto en 1861. Pese al éxito de 1865 (abolición de la esclavitud), el racismo, azuzado por las ideas que legitimaban el darwinismo social, se apoderó de la conciencia norteamericana. Se construye toda una ortopedia discursiva para reforzar este nuevo Apartheid que incluso dictaminaba la prohibición de los matrimonios interraciales, como fue el caso del estado de Virginia. El dilema de la libertad se había transformado en un mito que convertía al afroamericano en un phármakos,[17] un objeto condenado a sufrir la degradación del pueblo, pero que, a su vez, era sacralizado por su capacidad de absorber las cargas negativas de los supremacistas blancos.

Cartas de dote y testamentos: el esclavo libre de todo derecho a la manumisión

Los documentos coloniales constituyen un entramado discursivo que nos permite comprender la idiosincrasia del hombre colonial (Rojas Mayer, 2004:173). Estos documentos son de carácter oficial, pues interviene un funcionario público (escribano público y de Cabildo) para la redacción y conformidad de los mismos que, en la perspectiva de la teoría polifónica de Ducrot (1986) asume la voz de sujeto empírico, quien es el que produce el discurso y es, asimismo, exterior al verdadero sentido del enunciado. En las cartas de dote y testamentos que analizaremos en el presente trabajo, se puede descubrir, por un lado, el desenvolvimiento de la vida colonial tanto pública como privada y, por el otro, la estructura social, cuyo criterio de diferenciación era el origen étnico. En ese sentido, los enunciadores, que revisten los roles del locutor, según Ducrot, legitiman su pertenencia a la jerarquía social dominante, como vecinos de la ciudad de “Trinidad”: “Siendo cuantos esta carta vieren, como yo Juan Dias de Ojeda, vecino que soy desta ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires” (1881: 161).

Demás está decir que los elementos que ponen de manifiesto esta actitud de superioridad de los españoles frente a los nativos y negros, es el uso constante de fórmulas de tratamientos, de títulos profesionales u honoríficos, que, adheridos al nombre, reproducen determinadas relaciones de poder y solidaridad entre los interlocutores.

Puede observarse, por ejemplo, que las mujeres de las colonias estaban excluidas de los asuntos públicos de la ciudad y compartían la formula de tratamiento “doña” al estar unidas a la potestad (manus maritalis) de un hombre, quien recibía la condición de vecino, de “hijosdalgo”, y, por ende, los privilegios políticos. De esta manera, se configura lo que en el derecho romano se conoce como matrimonio cum manu, donde la esposa se convierte en filiafamilias y queda sujeta a la voluntad del nuevo pater. Al romper el vínculo agnaticio con la familia de procedencia, ésta es transferida, a través de las iustae nuptiae, al poder marital (Argüello,1990:425), pasando a ser un servicio privado dentro de la familia patriarcal que prescinde de su fuerza de trabajo en el ámbito de la producción social (Lerner, 1985:44). Siendo viuda “Doña María de Bracamonte y Anaya”, nunca desechó, ni en su lecho de muerte, siempre encomendándose a Dios y a la Santísima Trinidad, su título de “muger que fué de don Diego Rodríguez de Valdes y de la Banda, gobernador que fué destas provincias del Río de la Plata, y su universal heredera” (1881: 203). A partir de esta fórmula de tratamiento, doña María de Bracamonte ostenta notoriedad en los documentos testamentarios, realzando sus virtudes como toda una matrona romana ejemplar, ya que su talante,[18] en el sentido aristotélico (Ret. I, 1356a 5-13), es, por arrastre de ese último discurso, la de una mujer intachable; un exemplum que se reproduce en su propia hija y que intenta seguir moldeando a las futuras generaciones. Se entrega a la voluntad del Señor (1881: 204) y, a pesar de su estado delicado de salud, decide arrogarse el título de “esposa suplente” (Lerner, 1985:312), comprometiéndose a pagar las deudas contraídas por su esposo, tal como se mencionó anteriormente con los empréstitos que éste debía a Gómez Reynel. Además, este rol, que habilita su intromisión en el ámbito público, repercute en beneficio de su esposo, pues asume una responsabilidad que no le compete. No obstante, teniendo en cuenta las intenciones de la causante, su accionar podría estar motivado por un deber moral o de conciencia. De esta manera, interviene por fuera de los límites que la sociedad patriarcal le ha impuesto a la mujer, la domus, para revitalizar el talante irreprochable de su esposo y, por ende, el de su propia persona, por estar unida a éste en sagrado matrimonio, aunque se haya extinguido dicho vínculo por intervención divina. El haber permanecido viuda hasta el último día de su vida la convierte en una mujer virtuosa que asume la condición de univira, incluso, tras la muerte de su esposo. Asimismo, para apuntalar su imagen como modelo ideal de comportamiento femenino, su testamento se cierra dictaminando como universal heredera de todos sus bienes a su propia alma: “(…) nombro por mi universal heredero á mi alma, por cuanto declaro que no tengo heredero por via de descendencia ni de ascendencia, lo cual haya y herede con la bendicion de Dios nuestro Señor (…)” (1881: 210). Esta postrimera voluntad la consolida como un exemplum de matrona pia, no solo por su obediencia y devoción a su marido sino también por el respeto y su infatigable entrega a la santa fe católica: “Primeramente encomiendo mi ánima á mi señor Jesucristo que la crió y redimió con su bendita y preciosa sangre, y el cuerpo á la tierra de que fue formado” (1881: 204).

Entre las posesiones que declara y cede en carácter de heredera legítima hallamos:

Iten, declaro mas por mis bienes tres esclavos negros de Guinea, los dos casados, llamados Sebastián y Catalina, que están en la dicha mi estancia, y una esclava llamada Inés que al presente me sirve, con todo el ajuar de casa que se hallare de mis puertas adentro, entre el cual están siete sobrecamas de Tucumán labradas, las cuales mando se lleven á la ciudad de Salamanca y se repartan entre las monjas religiosas que yo dejo por memoria que la entrego al general don Frances de Beaumont y Navarra (1881: 208-209).

Los esclavos, que carecen de capacidad jurídica tanto personal como patrimonial, son considerados, al igual que en los otros documentos, “bienes” pertenecientes al patrimonio familiar. Tras la muerte de su titular, se transforman en objetos del legado que el testador dispone para que sean entregados a sus respectivos legatarios, las monjas religiosas de Salamanca. Doña María de Bracamonte menciona como apoderado al General Frances de Beaumont y Navarra, quien tendrá la obligación de cumplir la justa expresión de su voluntad. Siguiendo el derecho romano, la testadora mancipante transmite su propiedad a una persona ajena a la familia, familiae emptor de su círculo de confianza por medio de la mancipatio nummo uno (mancipación de una sola moneda).[19] Por efecto de este acto, el fiduciario se compromete a entregar, después de la muerte de la mancipante, los bienes que le han sido confiados a su nuevo dominus, por lo que su figura se asemeja a la de un mero ejecutor testamentario (Argüello, 1990: 485-486), respetando, así, la voluntad de la causante.

Por otro lado, se alude al matrimonio entre siervos que, en la Roma antigua, se denominó contubernium, pero que no tenía ningún correlato institucional,[20] sino que se apoyaba en la costumbre. En las Partidas, el matrimonio o conubium entre siervos estaba permitido, siempre y cuando estuviera amparado por la santa iglesia (Part. 4, 5,1), ya que dicha institución es un sacramento dentro de la doctrina católica.

En estos documentos, los enunciadores acentúan el color de piel de sus esclavos, quienes pertenecían a la casta social más baja, depositaria de los vicios más infames del pecado original. Esta segregación para preservar la pureza de sangre de las elites dirigentes se inicia en pleno siglo XVI, alimentado por motivos religiosos, tutelares y señoriales (Mellafé, 1987:86). Sin embargo, la unión entre las castas negras y los españoles resultó en la creación de un nuevo grupo denominado “mulatos”, que atentó contra ese sistema de segregación social. Doña María de Bracamonte hace referencia en su testamento a esta problemática que se intensifica en el siglo XVIII:

Iten declaro por el amor que tengo á Antoñica, mi esclava mulata, por haber nacido en mis brazos y criádose en mi casa, que es de edad de tres años, poco mas ó menos, sea y quede libre, que por el presente yo la ahorro y doy libertad, y encargo á doña Francisca mi hija, la crie y enseñe la doctrina cristiana, y, teniendo edad, la case y ponga en buen estado, á quien mando sirva como libre que se le dé ó venga su padre y la pida, que viniendo y pidiéndola, mando se le entregue con un tanto deste mi testamento y clausula, para que en todo tiempo y lugar conste como es libre y no esclava (1881: 209).

Esta disposición que declara la testadora se conoce como manumisión que extingue la condición servil por decisión del dominus (Dig. 15,2,1,1).[21] En este caso, la concesión de la libertad de la esclava mulata, a través del testamento, está tipificada en las Siete Partidas de Alfonso X (Part.,4,22,1), que tiene su origen en la manumissio testamento del derecho romano. El causante decide transferir ese acto solemne a su hija Francisca Rodríguez de Valdes, que asume la categoría de fideicommissaria libertas, para abolir ese principio instaurado por el ius gentium y convertir a Antoñica en un sujeto de derecho y obligaciones. En ese sentido, la niña, al llegar a su edad madura, podrá acceder a la institución jurídica del matrimonio, en calidad de uxor dotata, con un perfil marcadamente cristiano, siempre y cuando doña Francisca la instruya a imagen y semejanza de su madre adoptiva y de ella misma (1881: 177),[22] tal como reza la voluntad materna.[23]

En la “carta de dote de Juan Luis de Ojeda”, este vecino de la “Trinidad” recibe de su suegra y su segundo esposo, Cristoval de Cáceres, la respectiva dote (res uxoriae) para el mantenimiento de las cargas matrimoniales. Entre los bienes que declara descubrimos lo siguiente: “Iten, una negra llamada Marta, con dos hijas llamadas Juana e Inés, que valen ochocientos pesos” (1881: 162). En el derecho romano, el objeto de la dote podrá ser cualquier res commercio, como las esclavas, llevadas a cabo, en este asunto, por medio de la dotis datio, que implicaba la transmisión inmediata del bien dotal mediante la mancipatio,[24] in iure cessio[25] o traditio[26] (Argüello, 1990:440). La aplicación de la dote aparece en la legislación de Alfonso X como una donatio propter nuptias (Part. 4, 11, 1). Por último, una causa de esclavitud era el nacimiento que estaba ligado a la línea materna (Inst.1,3,4). Juana e Inés son esclavas porque siguen la condición jurídica de su madre, tal como estipulan las Partidas: “(…) la segunda es de los que nacen de las siervas” (Part. 4, 21,1).

Consideraciones finales

Es indudable la influencia del derecho romano en la legislación de las Indias, especialmente, en la materia que nos convoca y que nos invita a reflexionar sobre la condición jurídica del esclavo a lo largo de los siglos. La institución de la esclavitud, regulada por el derecho de gentes, fue heredada por la monarquía española que, a través de Las Siete Partidas de Alfonso X, se constituyó como el principal código que regula el comercio de negros durante el periodo de la colonización. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en la cultura grecolatina, la esclavitud atenderá a rasgos exclusivamente raciales, creándose así un sistema de castas basado en la diferenciación étnica y cultural. Los esclavos serán representados como castas infames, cuyos destinos estarán determinados por la pigmentación de la piel y por toda una serie de mandatos religiosos, tutelares y señoriales que agravarán su condición. No obstante, su suerte se atenuará, recién, en el siglo XVIII, pero no queda duda de que el rasgo fenotípico será la causa de la pérdida de su identidad y de su existencia como persona humana.

Por otro lado, el puerto de Buenos Aires se consolidó en un centro ideal para la esclavatura, abasteciendo al norte argentino y al Alto Perú de mano de obra esclava procedente de África para sustituir, progresivamente, a los indígenas en las distintas áreas de producción agrícola y ganadera o de extracción metalífera[27]. Por ende, los esclavos fueron el principal motor de la economía de las colonias y del saqueo indiscriminado de las tierras de los nativos hasta su respectiva abolición. Este anhelado acontecimiento se producirá a principios del siglo XIX, apoyado por toda una retórica abolicionista que lo emancipará y lo revestirá de una nueva condición jurídica. El esclavo ya no será tratado como una propiedad, una res mancipi, tal como pudimos observar en las cartas de dote y testamentos mencionados, sino como un sujeto de derecho y obligaciones.

Por último, consideramos que el estudio del tráfico de esclavos es de suma importancia para revitalizar su historia y despojarlo del rasgo del exotismo que diseña su figura como un elemento decorativo. Por esta razón, este trabajo tiene la intencionalidad de adentrarnos en las entrañas de la memoria y de alentar la investigación sobre esta problemática, a fin de generar un diálogo intercultural en torno a ese “otro” que negamos y que, constantemente, invisibilizamos, como si su presencia en la realidad americana no hubiera incidido en nada en nuestra cultura.

Bibliografía

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Apéndice. Selección de artículos de la Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires

tapa revista apendice cap2

Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires,
Tomo III, 1881

 

“Carta de Dote de Juan Dias de Ojeda – 1605”, Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, tomo III, 1881, pp. 161-166.

 

En el nombre de Dios, amen. Sepan cuantos esta carta vieren, como yo Juan Dias de Ojeda, vecino que soy desta ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, digo: que por cuanto yo estoy concertado de me casar legítimamente, segun órden de la Santa Madre Iglesia, por palabras de presente, con doña Ana de Melo Cutiño, hija legítima de don Juan de Melo Cutiño y de doña Juana Holguin de Ulloa, mis señores suegros; y porque quiero recibir las bendiciones canónicas, otorgo y conozco que recibo, y he recibido y tengo en mi poder, para ayudar las cargas matrimoniales, de doña Juana Holguin y de Cristoval de Cáceres, segundo marido de la dicha mi suegra, los bienes y á los precios siguientes:

 

Primeramente, una suerte de tierra en el término desta ciudad, legua y media della, poco mas ó menos, linde por la una parte con estancia de Juan de Garay, y por la otra, chácara de Juan Lopez, la cual dicha suerte de tierra tiene trescientas varas de frente y una legua de tierra adentro que vale doscientos pesos……………………………………………………….. 200

Iten, tres yuntas de bueyes que valen cincuenta pesos……………………………………… 50

Mas seis arados que valen doce pesos…………………………………………………………….. 12

Iten, dos arados que valen que valen seis pesos……………………………………………. 6

Iten, una azuela, hacha y escoplo, que vale doce pesos……………………………………. 12

Mas, un molino de mano, moliente y corriente, con sus aderezos, que vale sesenta pesos……………………………………………………70

Iten, cuatro camas de atahona que valen veinte pesos ………………………………………20

Iten, unas piedras de atahona que valen sesenta pesos………………………………………70

Iten, doscientas ovejas que valen doscientos pesos………………………………………. 200

Iten, mas doce cabezas de puercas que valen ciento veinte pesos………………………….120

Iten, un solar que fue de Diego de Labarrieta, linde con solar de Francisco Perez de Burgos, y por otra parte con solar del Cabildo desta ciudad, que se apreció en trescientos pesos…………………………………………………………….300

Iten, una negra llamada Marta, con dos hijas llamadas Juana y Inés, que valen ochocientos pesos………………………………………………800

Iten, unos tapiales con todo su recaudo, que valen veinte pesos…………………………….20

Iten, recibo un mil pesos corrientes que el licenciado Tellez Ruano, fiscal que fué de la Real Audiencia de la Plata, dejó en manos de don Gabriel Paniagua, pertenecientes á la dicha mi esposa…………………………………………… 1000

Iten, recibo y acepto ciento y cincuenta arrobas de azúcar que debe Marcos de Acevedo á la dicha mi esposa, como bienes que fueron del dicho su padre, que valen un mil y doscientos pesos; y el dicho Marcos de Acevedo es vecino del Espíritu Santo, costa del Brasil…………………………………………1200

Iten, dos cajas de echar ropa, con sus llaves y cerraduras, que valen cuarenta pesos…………………………………………………..40

Iten, una cuja de cama que vale veinte y cinco pesos………………………………………25

Iten, una vacia grande de azofar que vale setenta pesos…………………………………….70

Iten, un pabellon de tafetan azul, que vale doscientos pesos……………………………….200

Iten, una delantera de grana, de cama, que vale cincuenta pesos……………………………50

Iten, dos almohadas con sus aceruelos, labrado lo uno y lo otro, que valen cincuenta pesos……………………………………………50

Iten, cuatro sábanas de ruan, de cofre, que valen sesenta pesos…………………………….60

Iten, cuatro camisas de mujer, de ruan, que valen sesenta pesos……………………………60

Iten, cuatro gorgueras de red con sus puños, que valen veinte y cuatro pesos……………..24

Iten, dos tocas de red que valen veinte pesos……………………………………………….20

Iten, dos tocas de espumilla de seda, que valen veinte pesos………………………………..20

Iten, otra toca de seda que vale doce pesos………………………………………………….12

Iten, una gargantilla de perlas gruesas, que vale cien pesos………………………………100

Iten, un vestido de damasco azul, que vale ciento y cincuenta pesos………………………150

Para otro vestido de rajeta, ropa y saya, y jubon de tela, que vale cien pesos………………100

Iten, otro vestido de ropa y saya de raso negro, con su jubon de tafetan, que vale ciento y cincuenta pesos……………………………………….150

Una imagen de un crucifijo, de oro, con sus perlas y una cadenilla de aljofar, y dos sortijas de oro, la una con una esmeralda verde, y otra con una piedra blanca y un berrueco engastado en plata con una cruz en la dicha plata, vale trescientos pesos……………………………………………300

Cuatro cucharas de plata, que valen seis pesos……………………………………………….6

Iten, unos antojos de camino, en caja de plata, con su tafetan, que valen treinta pesos………………………………………………………30

Dos cófres de Flandes, que valen cincuenta pesos………………………………………….50

Iten, una carreta buena, que vale sesenta pesos……………………………………………60

Iten, un manto de soplillo, que vale sesenta pesos…………………………………………60

Dos pares de chapines, que valen seis pesos………………………………………………….6

Iten, un colchon con su lana, y una frezada de chile, y una sobra cama de grana, que vale cien pesos………………………………100

 

Todos los cuales dichos bienes suman y monta cinco mil y ochocientos y tres pesos corrientes de á ocho reales el peso, que fueron tasados á su justo valor y precio por personas que lo entiendan, de que me doy por contento y entregado á toda mi voluntad; y en cuanto al recibo dello, que de presente no parece, renuncio la elección y querella de los dos años que ponen las leyes del derecho en razon de la cosa no vista ni contada, recibida ni pagada, y las demas leyes que cerca desto hablan, y acatando la nobleza de los dichos mis señores suegros, y la bondad y virginidad de la dicha doña Ana de Melo, mi esposa, en la forma que mejor puedo, doy á la dicha mi esposa en arras y proptaer nupcias, dos mil pesos de plata de á ocho reales el peso, que confieso que caben en la décima parte de mis bienes, y cuando al presente no cupieren, que sí caben, prometo y me obligo de los dar y enterar de los que adelante Dios nuestro Señor fuere servido de darme, que juntamente con los dichos cinco mil y ochocientos y tres pesos, suman y montan siete mil y ochocientos y tres pesos, los cuales prometo y me obligo de los tener en legítima administración, y cada que nuestro Señor fuere servido de parar el dicho nuestro matrimonio, por cualquier causa ó razon que sea, los volveré y daré á la dicha mi esposa con sus ganancias y mitad de multiplicado, conforme á derecho, ó á quien de derecho le vaya, de hacer llana y realmente, sin pleito ni contienda alguna, so pena del doblo y costas por intereses, y la pena pagada ó no, que todavia valga y sea firme esta escritura y lo en ella contenido, para lo cual obligo mi persona y bienes habido y por haber, y, por especial hipoteca, hipoteco, arras y propter nupcias, de los cuales y de algunos dellos no dispondré en poca ni en mucha cantidad sin cargo de esta hipoteca y licencia y consentimiento de la dicha mi esposa; para cumplimiento de lo cual doy poder cumplido á todas y cualesquier justicias é jueces de S. M., de cualesquier partes que sean, al fuero de las cuales y de cada uno dellas me someto y renuncio mi propio fuero, jurisdiccion, domicilio y vecindad y la ley sit convenerit de iurisdictione omnium iudicum, para que por todo remedio é rigor de derecho é via mas breve y ejecutiva me compelan é apremien á lo ansi tener, guardar y cumplir, con costas, como si lo que dicho es fuese sentencia definitiva de juez competente por mi pedida y consentida, y no apelada y pasada en cosa juzgada, sobre que renuncio cualesquier leyes, fuero y derechos que sean en mi favor y la general y derechos della que prohíbe la general renunciacion de leyes fecha non vala, en testimonio de lo cual otorgué esta carta en la forma y manera que dicho es, ante el escribano de S. M. público y de cabildo y de los testigos yuso escriptos. Que es fecha la carta en la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Aires, veinte y seis dias del mes de mayo de mil y seiscientos y cinco años; y el otorgante que yo el escribano doy fé que conozco, lo firmó de su nombre en el registro, siendo testigos Andres Lopez y Francisco Rodriguez y Gonzalo de Peralta y Juan Rodriguez Cordero, estantes en esta dicha ciudad – Juan Diaz de Ojeda – Ante mí, Francisco Perez de Burgos, escribano de S. M. público y de cabildo.

“Testamento cerrado de Doña María de Bracamonte y Anaya, muger que fué del Gobernador Don Diego Rodriguez de Valdes y de la Banda – 13 de Julio de 1606”, Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, tomo III, 1881, pp. 203-211.[28]

 

En el nombre de la Santísima Trinidad, padre, hijo y espíritu santo, tres personas y un solo Dios verdadero que vive y reyna para siempre sin fin, y de la gloriosa vírgen Santa María, nuestra señora y del apostol Santiago y de todos los demas santos y santas de la corte del cielo celestial: sepan cuantos esta carta de testamento cerrado vieren, como yo doña Maria de Bracamonte y Anaya muger que fue de don Diego Rodriguez de Valdes y de la Banda, gobernador que fue destas provincias del Rio de la Plata, y su universal heredera, estando enferma de mi cuerpo, en la cama, de enfermedad que Dios nuestro señor fue servido de me dar, y en mi juicio y entendimiento natural, y para hacer testamento y deseando poner mi ánima en carrera de salvación, creyendo como firmemente creo, en la santa fé católica y en todo aquello que un buen cristiano debe tener y creer, otorgo y conozco que hago y ordeno este mi testamento y postrimera voluntad, en la forma siguiente:

 

Primeramente encomiendo mi ánima á mi señor Jesucristo que la crió y redimió con su bendita y preciosa sangre, y el cuerpo á la tierra de que fue formado.

Iten mando que si Dios fuere servido llevarme desta enfermedad estando en esta ciudad de Buenos Ayres, sea mi cuerpo enterrado en el convento de Sant Francisco, en la parte y lugar que á mis albacees les pareciere, y se pague la deuda que se debiere de mis bienes y acompañen mi cuerpo el cura y todos los demas sacerdotes, religiosos y seculares, que se hallaren en esta dicha ciudad, y se le pague la limosna acostumbrada de los dichos mis bienes.

Iten mando si el dia de mi entierro fuere antes de medio dia, el dicho dia se me diga una misa cantada de réquiem, con su oficio entero de nueve liciones; que se llame de cuerpo presente, y el dicho día digan por mi ánima misa todos los sacerdotes religiosos y seculares desta dicha ciudad, en el dicho convento de señor Sant Francisco, con que una destas dichas misas se diga en el convento de señor Santo Domingo, en el altar de nuestra señora del Rosario, y por religioso de dicho convento, ó por otro sacerdote, habiendo causa que se lo impida; y si el dicho mi entierro fuere por la tarde, se digan las dichas misas el dia siguiente, con que si yo falleciere antes de medio dia, luego se me diga la del altar de nuestra señora del Rosario, y toda la limosna se pague de los dichos mis bienes.

Iten, mando se digan mas por la dicha mi ánima, nueve misas, las ocho rezadas y la una cantada y ofrendadas segun el uso y costumbre, y por los religiosos del dicho convento de señor Sant Francisco y se les pague la limosna acostumbrada, de mis bienes, las cuales se digan en nueve dias siguientes á el dicho mi entierro.

Iten, mando se digan mas por la dicha mi ánima, una misa rezada en el convento de nuestra señora de las Mercedes, y por religioso dél, y se meta en la caja de redencion de cautivos la limosna acostumbrada, y todo se pague de los dichos mis bienes, y se entienda que esta limosna es la que su Santidad tiene ordenado y mandado se dé por el sufragio de una misa de ánima.

Iten, mando á todas las mandas forzosas dos pesos, repartidos por ellas y se les paguen á cada una lo que le cupiere, cada y cuando que se pida, y con esto las aparto de todo y cualquier derecho que tengan ó puedan tener á los dichos mis bienes.

Iten, declaro que yo me obligué en los reinos de España y ciudad de Salamanca, de donde soy natural, de compañia y mancomun con don Diego Rodriguez de Valdez y de la Banda, mi marido difunto, por cantidad de pesos que el dicho mi marido debía á las personas que constará de las dichas obligaciones; y para que esto se pague de mis bienes he enviado mi poder y recaudos á el canónigo Luis de Paz y á don Gonzalo Vazquez Coronado y á mi cuñada doña Margarita Rodriguez de Valdez, monja profesa en el monasterio de Santa Isabel de la dicha ciudad de Salamanca; y para este efecto les ordené vendiesen ciertas posesiones que yo tengo en términos de la dicha ciudad de Salamanca, que son en el pueblo de Miguel Muñoz una casa con cinco yugadas de tierra, y en el pueblo de Terrubias lo que pareciere ser mio; mando que si no se hubieren vendido y pagado las dichas deudas, se vendan y paguen y las demas que tengo en el pueblo de Villiquera, y si pagadas estas deudas sobrare cantidad de pesos, mando se consuman y gasten en pagar las demas deudas del dicho mi marido á que yo no estoy obligada, lo cual mando se haga con que primero y ante todas cosas se vendan los bienes libres que en la dicha ciudad y sus términos se hallaren del dicho don Diego Rodriguez de Valdez y de la Banda, mi marido, porque mi voluntad es que no alcanzando sus bienes para pagar sus deudas, despues de pagadas las mias, se ayude con el resto del dicho procedido á pagar las del dicho mi marido hasta donde alcanzare.

Iten, declaro que al tiempo y cuando me embarqué en la ciudad de Lisboa para venir á estas partes y gobernacion en compañia del dicho mi marido, se nos dio en empréstito y por cuenta de Pedro Gomez Reynel, administrador general que fué de las licencias de los esclavos que se traen á Indias, cantidad de dos mil pesos corrientes, poco mas ó menos, que lo que es, á el cierto parecerá por el recaudo que por ello se les hizo, para cuya satisfaccion y paga el dicho don Diego Rodriguez de Valdez, mi marido, desde esta ciudad envió á la dicha de Lisboa cantidad de pesos, mando que se averigüen cuentas con el dicho Pedro Gomez Reynel, y si pareciere por el resumen dellas debérsele algo por razon del dicho empréstito, lo que en la verdad se les restare debiendo, se le pague de mis bienes.

Iten, declaro que yo he tenido cuentas, dares y tomares con Diego Nuñez Santaren, factor que fué en este puerto, por Pedro Gomez Reynel, así de lo que prestó á el dicho mi marido en vida, como á mí antes y despues de su muerte, sobre que le tengo hecha una cédula, á cuyas cuentas le dí en esta ciudad y en otras de la gobernacion de Tucuman, por mi cuenta, diez esclavos negros de Guinea, y otras partidas de plata, mando se hagan y liquiden cuentas con el suso dicho, y que si en realidad de la verdad se le debiere algo, se le pague de mis bienes, y si fuera alcanzado en ellas el dicho Diego Nuñez, se cobre dél el dicho alcance.

Iten, declaro que en el testamento que hizo mi señor y padre, que santa gloria haya, Juan de Anaya, en la ciudad de Salamanca, debajo de cuya disposicion murió, entre otros legados y mandas, mandó á el dicho mi marido un regimiento que tenía en la dicha ciudad de Salamanca, donde son perpétuos y tiene precio y valor, con cargo y calidad que el dicho mi marido diese y pagase á don Juan de Bracamonte, mi hermano, quinientos ducados de á once reales; y porque el dicho mi marido en su vida no se los dió, ni despues de su muerte se le han pagado, mando que se le paguen de mis bienes, por descargo del ánima del dicho mi marido.

Iten, declaro que no me acuerdo deber mas deudas de las en las demas cláusulas deste mi testamento declaradas; mas, con todo esto, por descargo de mi conciencia, mando que si pareciere alguna otra escritura o cédula firmada de mi nombre en que yo esté obligada á pagar algunos pesos que no les haya pagado, se pague lo que por los dichos recaudos pareciere, y ansí mismo se pague hasta en cantidad de seis pesos á cualquiera persona que con juramento declare serle yo deudora dellos.

Iten, declaro por mis bienes, demas de lo que en este testamento tengo declarados, dos mil y cincuenta pesos de plata corriente, ocho reales el peso, que me debe don Fernando de Villaroel, por escritura pública otorgada ante Francisco Perez de Burgos, escribano de S. M. público y de cabildo desta ciudad, de la cual cuanta mando se le descuenten al dicho don Fernando, doce pesos de la dicha plata que despues de su otorgamiento me prestó, y lo demas se cobre dél, y declaro que aunque la dicha escritura está otorgada en favor del general don Frances de Beaumont y Navarra, es mia, y me compete á mí, por cuanto la plata de que procede esta deuda era mia, y á mi ruego y por ser muger se otorgó en favor del dicho don Frances.

Iten, declaro asi mismo por mis bienes, doscientos pesos de la dicha plata que están en poder de Guillermo Flaute por órden del dicho don Frances y mia, y no tiene hecha cédula para ellos, mando se cobren dél.

Iten, declaro mas por mis bienes la estancia que tengo poblada en términos desta ciudad junto al rio de las Conchas, con una viña plantada y todos los ganados y apero de labranza que en ella están, de que dará cuenta y razon Domingo Fernandez, que lo tiene á cargo, con el cual mando se hagan cuentas, y si se le debiere algo de su servicio se le pague.

Iten, declaro mas por mis bienes todo lo que pareciere haber procedido de todos los vestidos y demas cosas que despues de la muerte del dicho mi marido entregué en esta ciudad á Juan Gonzalez de Tamayo, escribano de S. M. que los vendió en la gobernacion de Tucuman y otras partes, por cuya cuenta y por su carta ordenó se me acudiese á mi con todos los pesos que á el dicho Juan Gonzalez le debian en la ciudad de la Asuncion destas provincias y en la de Santa Fé, despues de haber pagado por el suso dicho cierta cantidad de pesos á el capitan Francisco de Salas, vecino desta ciudad, y mando se cobre, con que de la deuda principal se le descuenten á el dicho Juan Gonzalez de Tamayo los pesos que por razon desto pareciere haberme pagado ú otras personas por él, que parecerá por los recaudos que de ello hay, ansi entre mis papeles como en el libro del dicho Juan Gonzalez de Tamayo.

Iten declaro mas por mis bienes tres esclavos negros de Guinea, los dos casados, llamados Sebastian y Catalina, que están en la dicha mi estancia, y una esclava llamada Inés que al presente me sirve, con todo el ajuar de casa que se hallare de mis puertas adentro entre el cual están siete sobrecamas de Tucuman labradas, las cuales mando se lleven á la ciudad de Salamanca y se repartan entre las monjas religiosas que yo dejo por memoria que la entrego al general don Frances de Beaumont y Navarra.

Iten declaro que por el amor que tengo á Antoñica, mi esclava mulata, por haber nacido en mis brazos y criádose en mi casa, que es de edad de tres años, poco mas ó menos, sea y quede libre, que por el presente yo la ahorro y doy libertad, y encargo á doña Francisca mi hija, la crie y enseñe la doctrina cristiana, y, teniendo edad, la case y ponga en buen estado, á quien mando sirva como libre que se le dé o venga su padre y la pida, que viniendo y pidiéndola, mando se le entregue con un tanto deste mi testamento y clausula, para que en todo tiempo y lugar conste como es libre y no esclava.

Y mas declaro por mis bienes cuarenta y ocho pesos, uno ó dos, mas ó menos, que me debe Pedro Gutierrez, vecino desta ciudad, y veinte y tantos pesos que me debe Sebastian de Vega, el sastre, de una pieza de tafetan ó raso que le vendí, de los cuales mando se cobren las dichas cuantias.

Iten mando que pagadas las dichas deudas, mandas y legados deste mi testamento, del remanente de mis bienes se digan por la dicha mi ánima quinientas misas rezadas, las treinta en el convento de señor Santo Domingo y por religiosos dél, y las veinte en el de nuestra señora de las Mercedes y por religiosos del dicho convento, y veinte en la iglesia parroquial desta ciudad en reverencia de la Santísima Trinidad que es la vocacion de la dicha iglesia; y las cuatrocientos treinta restantes se digan en el convento de señor San Francisco desta dicha ciudad y por religiosos dél; y las veinte misas que mando se me digan en la iglesia parroquial, sea á la disposicion del cura desta dicha ciudad, y se pague la limosna acostumbrada de mis bienes, y estas dichas quinientas misas quiero y es mi voluntad sean por mi ánima y por las de mis padres y por las demas personas de mi obligación.

Iten mando que en fin del año de mi entierro, ó cuando á mis albaceas les pareciere, se diga mas por la dicha mi ánima, otra misa de requien cantada y ofrendada segun es uso y costumbre, que se llama de cabo de año, la cual se diga en el dicho convento de señor San Francisco, y por los religiosos dél, y se les pague la limosna acostumbrada de mis bienes.

Iten mando á las cofradias del Santísimo Sacramento y á la de las Animas, á cada una cinco pesos, y á la de la limpia Concepcion diez pesos, que están instituidas en esta ciudad, y mando se paguen de mis bienes; y despues de cumplido y pagado este dicho testamento y mandas dél, en el remanente de mis bienes, nombro por mi universal heredero á mi alma, por cuanto declaro que no tengo heredero por via de descendencia ni de ascendencia, lo cual haya y herede con la bendicion de Dios nuestro Señor, y revoco y anulo todos y cualesquier testamento ó testamentos y codicilos, mandas y legados que antes deste yo haya fecho é otorgado en cualesquier partes, y este solo quiero que valga por mi testamento ó codicilo, última y postrimera voluntad, ó como mas y mejor lugar haya de derecho; para cuyo cumplimiento nombro por mis albaceas y testamentarios á el general don Frances de Beaumont y Navarra y á Pedro de Castro y á el padre fray Agustin de Moya, religioso y sacerdote del orden de señor Sant Francisco, por acompañado; á los cuales y á cada uno insolidum doy poder cumplido para que por su propia autoridad ó como mas bien visto les fuere entren en los dichos mis bienes y los vendan y rematen en almoneda y fuera della, como mejor les pareciere y cumplan y paguen este mi testamento y mandas dél, lo cual hagan en todo tiempo, aunque sea pasado el año del albaceazgo, y lo otorgó y firmó de su nombre. Que es fecho en la ciudad de la Trinidad, puerto de Buenos Ayres, á siete dias del mes de julio de mil y seiscientos y seis años – Doña Maria de Bracamonte.


  1. Estudiante avanzado de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Auxiliar estudiantil de la cátedra “Lengua y Literatura Latinas I” de dicha institución.
  2. Siguiendo a Mellafé (1987:72), durante el ciclo de oro, podemos detectar un aumento considerable de la mano de obra esclava, proveniente de África, que, posteriormente, disminuirá por su implicancia en otras áreas de explotación y por el uso de su cuerpo como auxiliar de las conquistas en el Nuevo Mundo.
  3. Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano, segunda parte, tomo 2, libro XXIII, capítulo 1, hace referencia a esta gran corriente de agua natural: “Llámose primero río de Solís, porque lo descubrió el piloto Johan Diaz de Solís (…) Y con liçençia del Cathólico é Sereníssimo rey, don Fernando, de inmortal memoria, dio efeto á la obra y descubrió este grand río, año de mil é quinientos é doçe años (…)” (s/p).
  4. El mismo año en que muere Solís despedazado por los indios del Río de la Plata. El humanista e historiador lombardo Pietro Martire d´Anghiera (bautizado por los españoles como Pedro Mártir de Anglería) detalló en su obra De Orbo Novo Decades la cruenta escena del asesinato.
  5. Estos límites fueron establecidos en el Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494 para demarcar las fronteras entre España y Portugal en el territorio americano.
  6. Entre los indios que se nombra son los Querandíes, Chandules o guaraníes (también Barenis por Schmidel), Charrúas (amerindios del sur de Uuruguay, llamados por el cronista Zechuruas) y Chanás Timbús o Zechenais diembus (indios asentados, principalmente, en el sur de Santa Fe, la costa oriental de Entre Ríos y en los márgenes del río Paraná).
  7. El jurisconsulto Paulus (liber XXII ad edictum) alude a la existencia de un tipo de arrendamiento donde se emplean los servicios del esclavo (Dig, 9, 4, 19, 2).
  8. Angola pertenecía a los dominios de Portugal, pero desde 1580 (reinado de Felipe II) hasta 1640 (entronización de Juan IV de Portugal) estaba anexionada al imperio español. El gobernador Rodríguez Coutinho es beneficiado con el sistema de asientos para paliar los inconvenientes suscitados por Reynel, quien había sido objeto de muchas críticas como la de no asegurar una mayor entrada de negros y por los elevados precios de éstos (Studer, 1958:90). Tras la muerte de Juan Rodríguez Coutinho el 16 de julio de 1603, lo sucede su hermano Gonzalo Váez Coutinho, quien recibe un nuevo asiento en 1604 del imperio español (Studer, 1958:58).
  9. Servitus autem est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur (“Ahora bien, la esclavitud es una institución del derecho de gentes, por la que alguien es sometido, contra naturaleza, al dominio de otro”). Todas las traducciones del latín me pertenecen.
  10. Esta sentencia es atribuida al jurista Hermogeniano en Epitome del derecho durante el mandato del emperador romano Diocleciano (s. III d.C.), quien había instaurado una tetrarquía regida por dos Augustos y dos Césares, y legislaba, sin la intervención del Senado, por medio de las constituciones imperiales. Si efectuamos una periodización jurídica de la realidad romana que abarcase desde la fundación de Roma (753 a.C.) y la promulgación de las Leyes de las XII tablas (449 a.C.) hasta el deceso del emperador Justiniano I (565 d.C.), las reformas de Diocleciano corresponderían al período del derecho romano postclásico que culminaría hasta el inicio de la constitución del Corpus Iuris Civilis (Cuerpo de derecho del ciudadano romano), según la posición que adoptan Di Petrio y Lapieza Elli (1994:8), que siguen la tendencia de Guarino. Esta obra, que compila constituciones imperiales (constitutio principis emitidas mediante edictos o epístolas por el emperador) y jurisprudencias (iura) romanas desde el 117 d.C. hasta el 565, fue llevada a cabo por Triboniano bajo las directrices del emperador romano de Oriente Justiniano I. En este corpus de leyes estarán presentes sistemáticamente los iura de jurisconsultos como Hermogeniano y Gayo, entre otros. El pasaje al que pertenece la cita mencionada distingue, más adelante, el estado de las personas y las cosas, siguiendo como modelo el Edicto Perpetuo del jurista Salvio Juliano en tiempos del emperador Adriano.
  11. Término latino que fue asociado al significado de “máscara”; instrumento utilizado por los actores durante la representación de una obra dramática. Más adelante, se extiende su significación para aludir a los actores que intervienen en la vida social y jurídica; hombres convertidos en sujetos de derechos y obligaciones (Argüello, 1990:139).
  12. El paterfamilias era poseedor de cuatro tipos de potestades: patria potestas sobre los hijos, la manus maritalis, sobre la uxor (esposa), el mancipium sobre las personas libres (el poder sobre los liberi vendidos al paterfamilias) y la dominica potestas, sobre los esclavos. En latín, la definición jurídica de familia proprio iure dicta aparece en Ulpiano (Dig. 50, 16, 195,2) para dar cuenta de la férrea representación del poder que recaía sobre el pater, dueño de sí mismo. Bajo su potestas o manus quedaban sometidos los demás miembros de la familia denominados filiifamilias.
  13. Este texto no fue aceptado por la Banda Oriental del Uruguay y las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
  14. Actualmente está presente en el artículo 2616 del Código Civil y Comercial de la Nación, modificado bajo el siguiente lema: “La capacidad de la persona humana se rige por el domicilio. El cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad, una vez que ha sido adquirida”. Este artículo sigue los preceptos promulgados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), firmada en la ciudad de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, que forma parte de la legislación argentina, aprobada el 19 de marzo de 1984 (ley N°23.054). Dicho tratado internacional versa en el art. 3 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Además, el art. 6 dictamina la prohibición de la esclavitud y la servidumbre en cualquiera de sus formas.
  15. Art. 56 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Cabe destacar que el art. 54 del mismo código sigue la clasificación de Freitas para distinguir entre incapacidades absolutas, las referentes a este artículo (la privación total de poder ejercer derechos por sí mismo), de las relativas, como las que estipula el art. 55 para los “menores adultos” (mayores de 14 años), quienes gozan de ciertos actos jurídicos, según lo estipulado por la misma ley. El derecho romano contempla esta clasificación, como así también los mecanismos para suplir la incapacidad de hecho, fundando las instituciones de la tutela y la curatela.
  16. San Martín afirma que “el mejor soldado de infantería que tenemos es el negro y el mulato; los de estas provincias [blancos, mestizos e indios] no son aptos sino para la caballería” (Bragoni, 2012).
  17. Sobre la relevancia de este concepto véase González, J. (1996: 87).
  18. El talante que esgrime Aristóteles se diferencia de la auctoritas latina por dar una imagen del orador que se construye dentro del mismo discurso. En este sentido, el receptor no conoce previamente al enunciador, sino que será testigo de su impronta en el mismo instante en que participa del acto comunicativo.
  19. Se trata de una venta ficticia (imaginaria venditio) en el que el comprador recibe la cosa bajo título de confianza como fiduciario pagando un precio simbólico (nummo uno). Éste se compromete a remanciparla a su respectivo dominus o a un tercero.
  20. Cum servis nullum est conubium (Ulp. 5, 5).
  21. Ulpiano en sus Comentarios al Edicto, libro XXIX, es conciso al momento de establecer los dos actos jurídicos que competen a los esclavos: la enajenación y la manumisión.
  22. En una carta de dote de 1605, doña Francisca Rodriguez Valdes es representada por su esposo Juan Bautista Justiniano como una mujer vestal y de virtudes ejemplares: “E yo el dicho Juan Bautista Justiniano, digo, que acatando á la nobleza de la dicha doña Francisca Rodriguez de Valdez y de la Banda, mi esposa, y á su virginidad, y otras partes y calidades (…) le doy en arras y propter nupcias, dos mil pesos de plata corriente (…)”.
  23. Doña María de Bracamonte y Anaya expiró en 1606.
  24. Es el modo solemne más usual para transmitir el dominio.
  25. Otra forma de adquisición de la res mancipi o nec mancipi que consistía en un aparente proceso de reivindicación de la propiedad en cuestión.
  26. La forma más antigua y natural de una res nec mancipi, pero que con el cuerpo de leyes justinianeo se aplicó, sin distinción, a todo tipo de cosas.
  27. Es necesario aclarar que, desde la Real Cédula del 20 de junio de 1500 de Isabel la Católica, quedaban exentos de la institución de la esclavitud los indios que habían sido relegados a esta relación de sumisión. La manumisión, que ya estaba prevista en el derecho romano por medio de actos solemnes o no, o, a través, de la extinción por ley, estaba vedada a aquellos indios que actuasen en rebeldía o fueran descendientes del Caribe. Más adelante, se amplió este principio a aquellos que practicasen la antropofagia. Por ende, es muy probable que los esclavos traídos de España provinieran de África.
  28. (1) Fué abierto este testamento ante el teniente general Simon de Valdes, justicia mayor de estas provincias del Rio de la Plata, el dia 24 de julio de 1806, constándole por vista de ojos, el fallecimiento de la testadora. [Nota del original].


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