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1 La judicialización de la política, un fenómeno multidimensional

Las últimas décadas han mostrado un renovado protagonismo del derecho y la justicia en la vida pública de la Argentina[1]. No sólo jueces, fiscales o la misma Corte Suprema han dado señales de una creciente capacidad de influencia en el devenir de conflictos que antes parecían reservados a canales extrajurídicos, sino que diversas organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, grupos empresariales e instituciones estatales han expresado una disposición cada vez mayor a recurrir a estas vías para vehiculizar sus demandas y hacer valer sus intereses.

Por un lado, cuantiosas protestas populares que en el pasado se hubieran impuesto gracias a la mediación de partidos políticos o a través de la acción directa se vieron trasladadas a los tribunales. Trátese de reclamos por aumentos de precios en el transporte público, la instalación de transformadores eléctricos, el desalojo de asentamientos informales o la construcción de edificios y estaciones de subterráneo, abundan –y son cada vez mayores– los casos que han hallado cauce en los mecanismos ofrecidos por la justicia. Para actores tales como sindicatos, asambleas ambientales, organizaciones vecinales o asociaciones de consumidores, la canalización de los conflictos a través del litigio se ha vuelto una opción cuya presencia se halla en aumento entre sus repertorios de acción.

Asimismo, numerosas iniciativas de gobierno y disputas empresariales han estado signadas por la intervención judicial. Desde leyes bloqueadas por recursos de amparo hasta obras públicas obstruidas por medidas cautelares, las relaciones entre los actores políticos y económicos del país se han visto cada vez más intersectadas con las reglas, dinámicas y potestades de la justicia. Así, algunas medidas gubernamentales trascendentales –como la regulación de los medios de comunicación o reformas en el sistema previsional– se desplazaron hacia el terreno del Poder Judicial.

Según Arrimada (2017), “la judicialización de la política llegó para quedarse”, y las investigaciones judiciales han sido instrumentalizadas para tomar decisiones de carácter netamente político y discrecional, pues han hecho del expediente un “arma” y de la justicia la continuación de la política por otros medios. Señala así que los actores políticos tienden a hallar en la judicialización una oportunidad para degradar el capital político de los adversarios, clausurar debates, dilatar la resolución de conflictos, forzar negociaciones y legitimar u ocultar decisiones políticas.

Los jueces, sin embargo, no se han limitado a ser meros receptores pasivos de estas nuevas formas de tramitación de los conflictos y de conducción de las relaciones entre actores político-institucionales, sino que han mostrado una sustancial predisposición a involucrarse en los asuntos públicos por medio de sentencias que sembraron controversias respecto de los alcances de los dominios de lo judicial vis à vis la política. Fuera por pedidos de detención de altos funcionarios, órdenes de urbanización de barrios informales lindantes a zonas de lujo o la declaración de inconstitucionalidad de derechos como la gratuidad universitaria, los magistrados han tendido a ubicarse en el ojo de la tormenta, acusados de pretender alcanzar objetivos políticos por medio de interpretaciones extremas del derecho que acaban traspasando fronteras preestablecidas. Así, en el último tiempo, los tribunales han mostrado su influencia en la desactivación de programas sociales, pero al mismo tiempo han resguardado las negociaciones salariales paritarias; han cuestionado la constitucionalidad de viejos derechos, pero a su vez han bloqueado incrementos exponenciales en las tarifas de los servicios públicos. Pero acaso el denominado lawfare (o “guerra jurídica”) llevado a cabo contra líderes del “ciclo progresista” (Katz, 2017) de América Latina sea el ejemplo más difundido de las nuevas inclinaciones políticas de la justicia. Casos como la deposición de Manuel Zelaya (Honduras), el encarcelamiento de Lula Da Silva (Brasil) y los procesamientos a Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) han dado cuenta de que el lugar cada vez más preponderante del Poder Judicial en la definición de las pugnas políticas es un fenómeno de carácter regional.

En casos como estos, diversos magistrados han sido acusados de no ajustarse a las leyes vigentes y de crear inéditos antecedentes en la jurisprudencia. De hecho, sus argumentos, procedimientos y resoluciones generaron en algunos casos acalorados debates entre constitucionalistas, dirigentes políticos y en la opinión pública. Aunque hayan apelado, como de rigor, a la confrontación de pruebas con corpus legales para fundamentar sus sentencias, numerosos abogados y juristas han afirmado que sus actos han escapado a las reglas del campo del derecho.

En efecto, podría sostenerse que, amén del carácter polémico de sus decisiones, las mismas han reposado sobre un universo intrínsecamente lógico, que los juicios de valor se hallaron subsumidos al raciocinio y procedimientos legales y que, por ende, el Poder Judicial apenas se ha limitado a resguardar el orden jurídico y a responder a las denuncias de los ciudadanos conforme al derecho público. No obstante, como señala Abdo Ferez (2013), los jueces han tendido a adquirir un protagonismo y visibilidad pública cada vez mayores, habiéndose hecho de un gran poder decisorio respecto del derrotero de numerosos conflictos. En este marco, han asumido un rol proclive a la intervención en coyunturas políticas que coloca sobre la mesa los alcances de su poder. Como indica Santos (2009: 82),

El nuevo protagonismo judicial […] se traduce en un enfrentamiento con la clase política y con otros órganos de poder soberano, en especial con el poder ejecutivo. Y por esto […] ahora se habla de la judicialización de los conflictos políticos. Si bien es cierto que en el origen del Estado moderno el sector judicial es un poder político –órgano de soberanía–, sin embargo sólo se asume públicamente como poder político en la medida en que interfiere con otros poderes políticos. O sea, la política judicial, que es una característica matricial del Estado moderno, sólo se afirma como política del sector judicial cuando se enfrenta en su terreno con otras fuentes de poder político. De ahí que la judicialización de los conflictos políticos no pueda dejar de traducirse en la politización del sistema judicial.

En definitiva, la judicialización excede su faceta instrumental. Lejos de limitarse a ser una herramienta utilizada premeditada e intencionalmente para dirimir las disputas políticas en el terreno de los tribunales, es un fenómeno polifacético con múltiples implicancias sociológicas. En otras palabras, no sólo alude a la existencia de relaciones ilegítimas e intereses espurios al interior de los poderes judiciales –como demuestra la noción de lawfare–, sino que incide en el funcionamiento de las sociedades actuales de manera más transversal: modifica los marcos de acción colectiva, trastoca los modos en que se implementan políticas e incluso como veremos más adelante altera las formas sociales de percepción de los problemas.

Más aún, se trata de un asunto cuya discusión no se ha limitado a los medios de comunicación o a la dirigencia política, sino que se vio acompañado por la conformación de un campo de análisis académico de alcances internacionales. La producción sobre el tema ha recorrido países tan disímiles como Filipinas (Neal Tate, 1994), Israel (Edelman, 1994), Estados Unidos (Shapiro, 1994), Suecia (Holmström, 1994) y China (He, 2013). Sin embargo, la diversidad geográfica no expresa de por sí que se trate de un fenómeno de dimensiones homogéneas; más bien, existen múltiples definiciones en juego, englobadas bajo términos como “democracia judicial” (Kaluszynski, 2006), “juristocracia” (Hirschl, 2004) o “giro judicial” (Martin, 2011; Hilbink, 2008).

En Turquía, por ejemplo, Aydin-Çakir liga la judicialización a lo que según él es una relación directa entre la proximidad a las elecciones y la apelación a los tribunales por parte de partidos de oposición que denuncian la inconstitucionalidad de políticas gubernamentales. Según el autor, éstos hallan en el traslado de sus diferencias políticas a la justicia una forma de aumentar su exposición pública (2014: 490).

En la bibliografía europea, como apunta Abdo Ferez (2013: 59), el problema a menudo ha estado asociado a los debates por la creciente cesión de potestades y atribuciones legislativas y de gobierno hacia instituciones supranacionales u organismos multilaterales. Análisis como los de Sunkin (1994), Ten Kate y Van Koppen (1994), Davies (2012) y Stone Sweet y Brunell (1998) se detienen en las implicancias de la adhesión a convenciones, normativas y tratados de la Unión Europea. Según el primero de ellos, que basa su estudio en el caso del Reino Unido, la integración “[está] ejerciendo presiones fundamentales sobre la Constitución […] y su cultura legal [que] sin dudas incrementarán” y por ende “[las] cortes se acercarán más a la vida política y económica”. Finalmente, concluye que “conceptos como la supremacía del Parlamento se están transformando en la medida en que las cortes se ven obligadas a pronunciarse sobre la compatibilidad de la legislación primaria con la ley de la Unión Europea” (Sunkin, 1994: 130, traducción propia).

Análogamente, en Estados Unidos se han multiplicado las indagaciones sobre la judicialización con relación a las transformaciones ligadas a la suscripción de pactos internacionales. En particular, es el caso de las controversias generadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), así como por la integración a organismos como la Organización Mundial del Comercio (Zangl, 2008; Halliday y Osinsky, 2006; Chorev, 2005; Stein, 2001; McCall Smith, 2000).

En América Latina, mientras tanto, se han desarrollado investigaciones orientadas por distintos tipos de preocupaciones. Por un lado, se halla un grupo de estudios que, influenciados por tradiciones de la filosofía y la ciencia política, perciben a la justicia como crecientemente politizada, y se preguntan por los efectos de este fenómeno sobre las prácticas de gobierno. Siguiendo a la teoría política moderna –deudora de la división de poderes montesquevinos–, la retratan como el “poder más débil, el que [debe] ser protegido de la voracidad de los restantes”, aunque no como “un fin en sí mismo” sino con el objetivo de “proteger un fin mayor: la existencia de la República” (Abdo Ferez, 2013: 55). En última instancia, sostienen una concepción de la justicia como poder contramayoritario que se resguardaría del vaivén de los humores sociales y garantizaría la estabilidad del régimen político (Nosetto, 2014)[2].

Según Kapiszewski y Taylor (2008)[3], estos tipos de trabajos tienden a preguntarse por los modos en que las cortes se insertan en los debates políticos, el tipo de control que ejercen sobre los poderes ejecutivos y legislativos, las consecuencias de su intervención sobre la consolidación democrática y los posibles riesgos que sufriría el sistema de división de poderes. A su vez, en algunos casos, se destacan por imprimirle una sustancial carga valorativa a los procesos de judicialización. Un ejemplo de ello son estudios como el de Couso (2004: 45), quien asegura que “en países con una débil tradición de respeto al Estado de derecho, la judicialización de la política suele acabar con la independencia de la judicatura, ya que los gobernantes –al advertir el potencial de poder político de las cortes– sucumben a la tentación de intervenir[la] con personas que les parezcan confiables”. Por lo contrario, Pérez Perdomo se refiere elogiosamente a la creciente intervención judicial al afirmar que “recientemente, abogados y jueces han mostrado más independencia y se han convertido en actores políticos activos, al usar el derecho como instrumento de oposición a prácticas políticas arbitrarias” (2006: 179, traducción propia).

A menudo, estos trabajos se han ligado al contexto político de principios de este siglo, signado por el ascenso al gobierno de fuerzas que impugnaron las políticas neoliberales y, en diversos grados, entraron en conflicto con los poderes judiciales. En este marco, la judicialización como objeto de análisis atravesó al conjunto de la región, hallándoselo en naciones políticamente tan disímiles como Brasil (Santiso, 2004; Ríos-Figueroa y Taylor, 2006), México (Finkel, 2005; Domingo, 2005), Ecuador (Conaghan, 2012; Basabe-Serrano, 2012), Costa Rica (Wilson, 2005), Chile (Hilbink, 2003; Couso, 2005“a”) y Venezuela (Pérez Perdomo, 2005; Sánchez Urribarri, 2011).

Otro grupo de trabajos en América Latina se ha caracterizado por una preocupación acerca de los efectos más duraderos de la judicialización sobre la vida social (Azuela, 2014), es decir, sus efectos estructurantes –tanto materiales como simbólicos– sobre las relaciones sociales, la organización política y el desarrollo de los conflictos (Rodríguez Garavito, 2011). En lugar de valorar estos fenómenos según su impacto sobre la división de poderes y el funcionamiento de la democracia, estos trabajos exploran las transformaciones que acarrea la creciente influencia de la justicia y el derecho en la tramitación de demandas. En particular, algunos de ellos se focalizan en las potencialidades y límites del litigio a la hora de garantizar derechos (Gargarella, 2006; Hilbink, 2008), trátese de los referidos al acceso a medicamentos (Biehl et al., 2012), a la salud sexual y reproductiva (Peñas Defago y Morán Faúndes, 2014) o a la vivienda (Konzen, 2014). Otros tantos, por su parte, indagan en torno a los efectos de la constitucionalización de los derechos sociales y su exigibilidad, es decir, la existencia de herramientas legales mediante las cuales los actores puedan reclamar su cumplimiento (Brinks y Gauri, 2014).

A este respecto, en la Argentina se han acrecentado los estudios que abarcaron problemáticas como la judicialización de la política habitacional (Bermúdez, Barrenechea y Royo, 2014), de los derechos sociales (Bertrau, 2014; Arcidiácono y Gamallo, 2014), de los derechos de las comunidades indígenas (Álvarez, 2014), de la protesta social (Axat et al., 2003; Maneiro, 2004), de las reivindicaciones en materia de género (Cardinaux et al., 2012), de los conflictos ambientales (Merlinsky, 2013), de las luchas por la urbanización de villas (Vaccotti, 2017; Cravino, 2006, Delamata, 2016) y de las disputas por los usos del suelo urbano (González Redondo, 2015; Azuela y Cosacov, 2013). Los ejes de análisis han variado desde el rol de los jueces y las transformaciones institucionales generadas por sus sentencias hasta los usos del derecho por parte de los actores y sus modos de movilización. El denominador común, a fin de cuentas, ha sido una preocupación por las tensiones inherentes al tránsito de los conflictos de un lado al otro de la frontera político-judicial.

De aquí en adelante, este capítulo se divide en cuatro apartados. En primer lugar, se realizará una breve genealogía del proceso de judicialización en Argentina, destacándose acontecimientos e hitos de las últimas cuatro décadas que han influido en un reposicionamiento del Poder Judicial y del derecho como ordenadores de las relaciones sociales. Veremos que la transición democrática, la reforma constitucional y el fortalecimiento del enfoque jurídico neoconstitucionalista apuntalaron simbólica y normativamente a la justicia como reguladora de la política y los conflictos.

En segunda instancia, a partir de la presentación de cuatro casos, se examinarán los modos en que diversos conflictos sociales han tendido a desplazarse hacia la justicia, entendida como ámbito con la potencialidad de canalizar demandas y abrir horizontes de acción. Se observará, a este respecto, que la judicialización no sólo cambia las reglas bajo las cuales se dirimen estos procesos sino que tiende a modificar los marcos de expectativas y por ende las cosmovisiones de los actores.

En tercer lugar, se analizará la judicialización desde el punto de vista de los operadores jurídicos, describiéndose los modos en que jueces y defensores públicos se involucran en asuntos tradicionalmente dirimidos en términos políticos. En particular, se abordarán las formas en que la justicia se implica en el diseño, formulación e implementación de políticas públicas, subrayándose como paradigmáticas las cualidades del “litigio estructural”.

Por último, se realizarán propuestas teórico-metodológicas para el análisis sociológico de los procesos de judicialización de la política y los conflictos, indagándose en los límites de las visiones lineales sobre las políticas públicas que reifican al Estado. En su lugar, se examinarán las potencialidades de la perspectiva de la “acción pública” y se sugerirá la necesidad de contemplar las instituciones estatales en su carácter desagregado y heterogéneo.

El reposicionamiento del derecho y el Poder Judicial en la Argentina democrática

La transición democrática constituye un momento insoslayable para periodizar y explicar la expansión del fenómeno de la judicialización en la Argentina. Desde el primer golpe de Estado ocurrido en 1930 hasta el fin de la última dictadura en 1983, el país había experimentado décadas políticamente turbulentas en las cuales las interrupciones del orden legal, la restricción de la democracia a raíz de la proscripción del peronismo y la violencia política se habían vuelto moneda corriente. En este marco, la caída del régimen militar fungió como parteaguas que dio inicio a una nueva etapa signada por el repliegue político de las Fuerzas Armadas, la estabilización del sistema de partidos y la vigencia de las garantías constitucionales.

En particular, el juicio a las juntas militares llevado a cabo tras la caída del régimen tiende a ser identificado como determinante para el inicio de un reposicionamiento político y simbólico del Poder Judicial y del Estado de derecho en su conjunto (Smulovitz, 2008; Nosetto, 2014). Por un lado, implicó que los tribunales en los que se enjuiciaba a los responsables de la dictadura militar se colocaran en el centro de la agenda pública, pues del resultado de esos juicios dependería el devenir del regreso a la democracia en aquellos turbulentos primeros momentos de la transición. Por ende, la experiencia de los juicios facilitó también un proceso de autoafirmación de los jueces, que estaban teniendo un protagonismo sin precedentes en temas políticos altamente sensibles (Domingo, 2004), en oposición al lugar subordinado que hasta entonces solía tener la justicia en relación con la mayoría de los asuntos de discusión social.

Por otro lado, el juicio no consistió en un mero procedimiento de impartición de justicia penal, sino en un proceso con profundas implicancias y ramificaciones de orden cultural y político. Como indica Galante, la potencia descriptiva y escenificante del juicio para con los delitos de lesa humanidad cometidos en los años previos construyó desde el punto de vista comunitario la idea de la vigencia del sujeto de derecho:

La existencia de las víctimas, y su reconocimiento por la voz judicial, conllevaría un reconocimiento del valor general de la idea del derecho desde el punto de vista de la preservación de la comunidad política. En esta dirección, la idea de sujeto de derecho y la de Estado de derecho operarían como términos equivalentes, porque lo que subrayaban una y otra no eran necesariamente los derechos de individuos particulares determinados sino la vigencia de un orden comunitario que se apoyaba en el enunciado de la vigencia de esos derechos al nivel de la sociedad (Galante, 2011: 6).

El proceso de irradiación del sujeto y el Estado de derecho como ordenadores políticos y culturales de la sociedad en el período posdictatorial no sólo se ancló en el juicio a las juntas militares, sino que incluso se convirtió en una marca distintiva de la figura de Raúl Alfonsín, quien encabezó el primer gobierno democrático y se volvió un ícono de la vigencia de los derechos como principio regulador de las relaciones sociales. En efecto, éstos se volvieron uno de los principales ejes discursivos del alfonsinismo, en tanto operaban como ruptura con el régimen autoritario (Aboy Carlés, 2001; Galante, 2011).

La centralidad del discurso de derechos y la potencia política y cultural del juicio a las juntas militares conllevaron sobre todo un aumento de las expectativas para con la capacidad de las instituciones de resolver los problemas sociales, especialmente luego de años en que el autoritarismo, la violencia y la censura tendían a ser la respuesta habitual a la conflictividad. Asimismo, el protagonismo de los movimientos de derechos humanos en aquellos años de reinstauración democrática, así como el de grupos de abogados que durante la dictadura batallaban legalmente contra la desaparición forzada de personas mediante la presentación de recursos de amparo, también reposicionó socialmente a la justicia (Domingo, 2004). Si a mediados del siglo XX la “cultura de derechos” era más bien estatalista, pues se encarnaba en las conquistas alcanzadas bajo el liderazgo de Perón, ésta se transformaría en la transición de la década de 1980 de la mano del movimiento de derechos humanos, que interpelaba a la sociedad con el principio del “derecho a tener derechos” (Martin, 2011: 368). En este período, apuntan algunos autores, se reconoció el valor de los derechos como reguladores sociales (Nosetto, 2014), las propias percepciones acerca de la ley se vieron transformadas, y el sistema judicial se visualizó como un espacio para la canalización de los conflictos (Smulovitz, 2008).

A estos elementos que dan cuenta de una nueva “cultura legal” (Domingo, 2004), consistente en el reconocimiento del sistema judicial y la ley como instrumentos ordenadores del nuevo Estado de derecho, se agregan factores internacionales que también han afectado las formas de interacción entre el derecho y la política. El lenguaje y el discurso en torno a los derechos humanos, cada vez más universalmente aceptados (ver recuadro), impactaron no sólo en el plano de las reivindicaciones e imaginarios sociales, sino en la emergencia de marcos legales y tratados que se difundieron transnacionalmente en un proceso de “globalización legal” (Sieder, Schjolden y Angell, 2008) y adquirieron estatus jurídico a nivel local por medio de su incorporación a la Constitución Nacional en 1994.

La expansión del neoconstitucionalismo

El enfoque de los “derechos fundamentales”, conocido también como “neoconstitucionalista”, consiste en un discurso jurídico que, expandido en América Latina en las últimas décadas, reivindica la importancia de la justicia como reguladora de los conflictos que llegan a los tribunales y subraya su aptitud para impulsar cambios acordes a los proyectos y derechos plasmados en las nuevas leyes y constituciones. Este enfoque coloca a los derechos inherentes a las personas –esto es, los derechos humanos– en el centro del análisis, convirtiéndose en un fundamento argumental explícito de la reflexión jurídica en su conjunto (Carbonell, 2007, citado en Azuela, 2014: 11).

Diferenciada del constitucionalismo que sucedió a las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII, esta corriente puede ser entendida como teoría o concepción acerca de la realidad jurídica e incluso como postura ideológica acerca de la función que los jueces están llamados a realizar en una democracia constitucional (Santiago, 2008: 4). Surgido tras la conmoción política y moral de la Segunda Guerra Mundial, este enfoque trasladó al plano jurídico el avance del paradigma de los derechos humanos, que por medio de tratados y convenciones internacionales estaba en vías de institucionalizar una nueva moral y un inédito piso de garantías individuales y sociales. Estos preceptos fueron incorporados al entramado jurídico de algunos países europeos en reformas constitucionales tempranas (Italia, en 1947; Alemania, en 1949), mientras que otros lo hicieron luego de tardías aperturas democráticas (Portugal, en 1976; España, en 1978). En América Latina, por su parte, este proceso también tuvo su puntapié en la caída de las dictaduras y el fin del período autoritario: modificaron su Carta Magna países como Ecuador (1978), Brasil y Chile (1989), Colombia (1991), Paraguay (1992), Bolivia y Perú (1993), y Argentina, Nicaragua y Guatemala (1994).

La transformación neoconstitucional de los marcos legales en diversas regiones del globo fue la expresión en el plano normativo de la creciente centralidad de los derechos humanos en la vida pública e institucional (Santiago, 2008; Rendón, 2005; Pozzolo, 2015). Pero además de tomar la forma de cambios legislativos y volverse valores que extendían su influjo a las relaciones sociales mismas, comenzaron a impregnar el ordenamiento político-jurídico del Estado por medio de un detalle minucioso de los derechos constitucionales de las personas y una consagración de las garantías que los hacen efectivos.

Aunque este paradigma no se volvió hegemónico y, de hecho, compite con otras posturas en el debate público y en la práctica del derecho (Azuela, 2014), ciertamente tendió a modificar el lugar político y jurídico de la Constitución con relación a los poderes del Estado. Según Santiago (2008), mientras que antes ella era considerada como una carta dirigida fundamentalmente al Parlamento –proveyendo a los representantes de marcos dentro de los cuales se podría legislar–, se pasó a su consideración como norma jurídica suprema y de aplicación directa, dirigida en especial a los tribunales y a la Corte Suprema: “del Estado legal de Derecho se pasa al Estado Constitucional de Derecho, donde la constitución, mucho más que la ley, se convierte en el centro de todo el sistema normativo. De la centralidad del Estado y de sus prerrogativas, se da lugar a la consideración de la persona humana y sus derechos como ejes del sistema jurídico. De la soberanía del legislador se pasa a la palabra final a cargo de los jueces” (Santiago, 2008: 7).

Puntualmente, el proceso constituyente implicó la incorporación a la Carta Magna de nuevos derechos denominados “de segunda generación” y de “tercera generación”, muchos de los cuales se habían plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966[4]. Pero además de generar herramientas para la lucha contra la discriminación, jerarquizar el derecho a la vivienda y otorgar protección a pueblos originarios, a consumidores y al medioambiente, la reforma de la Constitución también reconoció herramientas como el amparo, la cual legitimó la apelación a la justicia tanto de parte de ciudadanos afectados como de asociaciones civiles y de nuevas entidades de defensa de derechos destinadas a “[defender] la legalidad de los intereses generales de la sociedad” (Art. 120, Constitución Nacional)[5].

En efecto, tanto en el caso argentino como en toda la generación de reformas constitucionales en América Latina de aquella época se incrementó el tipo y la cantidad de actores legitimados para presentar demandas, y se estipuló la conformación de organismos encargados de litigar en nombre del interés público, tales como la “Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano” en Brasil, la “Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos” en El Salvador, el “Defensor de los Habitantes” en Costa Rica y el “Defensor del Pueblo” en Argentina. Estas entidades, a las que en el caso de la ciudad de Buenos Aires se agregan otras como el Ministerio Público Fiscal, de la Defensa y Tutelar, ampliaron las vías de acceso a las cortes y en conjunto con organismos no gubernamentales se volvieron condición de posibilidad para la canalización judicial de diversas demandas sociales. Particularmente, estas plataformas de apoyo (Smulovitz, 2008) o redes de patrocinio (Arcidiácono y Gamallo, 2011) se han abocado a la defensa de población vulnerable afectada por políticas estatales y, como se verá en profundidad en los próximos capítulos, adoptaron como tarea garantizar el acceso a la justicia por medio del trabajo territorial (Scharager, 2019). Más aún, estas redes han conformado una “comunidad legal garantista” que, a la par de jueces y abogados-académicos,

[ha] venido potenciando y expandiendo el discurso jurídico en asuntos tradicionalmente abordados por el discurso político, mediante su participación en debates públicos, demandas judiciales, sentencias, etc. En otras palabras, se constituyó un patrón activista, de corte normativo y estratégico, que atraviesa la democratización y que, en lo esencial, supone una nueva relación entre el discurso jurídico y el lenguaje político en el tratamiento de problemas comunitarios, imantado por el enfoque de derechos (Delamata, 2013: 151).

En diálogo con la sociología de la acción colectiva, podría afirmarse que las redes de patrocinio y la propia reforma constitucional apuntalaron la judicialización al otorgar jerarquía a un vasto conjunto de derechos y al crear novedosas herramientas para garantizarlos (Nosetto, 2004). Es decir que los cambios generados en la estructura de oportunidades sociales y legales (Smulovitz, 2008; Tilly, 2008) se convirtieron en la condición de posibilidad para que diversos colectivos de actores concibieran la utilización de nuevas herramientas para dar curso a la conflictividad. Como señala Smulovitz (2008), las redes y organismos abocados al litigio de derechos facilitaron el acceso a las cortes y permitieron la persistencia de las acciones de demanda, especialmente por parte de actores sin habilidades profesionales, conocimientos técnicos, o incluso tiempo y capacidad de canalizar sus reclamos por otras vías.

Finalmente, algunos autores colocan a la crisis del Estado de bienestar surgida en la década de 1970 como factor explicativo del creciente traslado de los conflictos políticos y sociales a la esfera del litigio. Tanto Nosetto (2014) como Smulovitz (2008) sostienen que la retracción de este modelo y el ascenso del Estado neoliberal dieron lugar a una complejización de la estructura social y la aparición de nuevos movimientos, identidades y demandas que, al verse incapaces de ser satisfechas por un bienestarismo en retirada, encontraron su cauce por vía judicial. A sabiendas de las dificultades y arbitrariedades propias de toda explicación causal (Weber, 1993), podría afirmarse que, en el marco de esta crisis y la transición democrática, la expansión del “catálogo de derechos” (Delamata, 2013), la creación de nuevas herramientas legales y la emergencia de actores intermediarios cuyo rol es facilitar el acceso a la justicia funcionaron “como pinzas” (Nosetto 2014) que condujeron a la tramitación judicial de asuntos que anteriormente se hallaban restringidos a la acción política.

El desplazamiento de los conflictos y las demandas sociales a los tribunales

Analizar la judicialización en sus múltiples aristas implica no circunscribir la política a su sentido más estricto, restringiéndola a términos partidarios o institucionalistas. Más bien, supone contemplar cómo conflictos sociales de todo tipo han encontrado cauce en los tribunales, incluso a iniciativa de los actores en posiciones estructuralmente más débiles. La apelación a la justicia no sólo ha sido elección de políticos sino que, como resalta Smulovitz (2008), también ha sido preferida por actores desorganizados, pequeños o con objetivos precisos. Para ellos, las condiciones de acceso a los tribunales resultan menos exigentes que las que caracterizan a otras formas de intervención política, cuyo éxito suele depender de la capacidad de emprender acciones colectivas y dar cuenta de algún grado de generalidad en sus reclamos. Para intervenir en la arena judicial, señala la autora, los actores no precisan demostrar la extensión de sus reivindicaciones, y por ende no deben de por sí diluir la particularidad de sus demandas. En su lugar, apenas se les exige la justificación de sus peticiones según reglas preexistentes y con argumentos razonables, y aunque esto no les garantiza resultados, sí reduce los requisitos que habilitan su acción. Por ende, “al enmarcar sus acciones en el lenguaje y la lógica del derecho, actores minoritarios pero con objetivos intensos consiguen sortear las dificultades que enfrenta la organización de acciones colectivas en la arena política” (2008: 289). Basta con remitirse a casos recientes como resistencias vecinales a la construcción de aeropuertos o edificios en barrios residenciales para tomar nota de estos modos de apelación a la justicia.

A fines de 2017, en la localidad bonaerense de El Palomar comenzó la remodelación de una base aérea militar con el fin de adaptarla a usos comerciales, en particular para las operaciones de una nueva aerolínea de “bajo costo” (o low cost) que, como es habitual en este tipo de compañías, suelen apuntar a la utilización de aeropuertos alternativos para abaratar costos de funcionamiento. Una vez que iniciaron las obras, grupos de vecinos que habitaban en las proximidades comenzaron a movilizarse, distribuir panfletos y realizar campañas públicas alertando contra los perjuicios que traería el uso intensivo del predio: contaminación sonora y ambiental, afectación a las escuelas circundantes, riesgo para espacios naturales protegidos, alteración de la tranquilidad de la zona y daño a un Sitio de Memoria desde donde operaban los “vuelos de la muerte” durante la dictadura militar[6]. En busca de frenar esta obra –principal emblema de la decisión gubernamental de implementar la libre competencia (o política de “cielos abiertos”) en el transporte aéreo–, los vecinos presentaron un recurso de amparo reclamando su cese. Pocas semanas después, una jueza dio lugar al pedido exigiendo asimismo una evaluación de impacto ambiental y un informe de la Secretaría de Derechos Humanos.

Un segundo conflicto que amerita traerse a colación tuvo sus orígenes en 2002, cuando inició un proceso de alza exponencial en la edificación en la ciudad de Buenos Aires: en sólo cuatro años, la construcción autorizada aumentaría de cerca de 250 mil metros cuadrados a más de tres millones (Dirección General de Estadística y Censos, 2012). En algunos barrios, como Caballito, los cambios fueron particularmente pronunciados, pues allí se concentraron gran parte de las nuevas obras, en su mayoría edificios de departamentos que sobresalían entre las construcciones bajas que caracterizaban a la zona. En 2006, grupos de vecinos comenzaron a movilizarse alertados por el abrupto cambio en la fisionomía de sus calles, denunciando la alteración del estilo del barrio, la falta de luz natural que generarían las sombras de las grandes torres, y el riesgo de la saturación del servicio eléctrico, de agua y de gas. Por medio de cortes de calle, cacerolazos y movilizaciones lograron instalar el conflicto en la agenda mediática, y a partir de la presentación de recursos de amparo obtuvieron resoluciones judiciales que ordenaron al Gobierno de la Ciudad la suspensión de nuevos permisos de edificación.

Siguiendo a Azuela y Cosacov (2013), puede argumentarse que, en este caso, la judicialización tuvo consecuencias significativas que excedieron a los efectos directos de las resoluciones de los jueces intervinientes. El fundamento con el cual se presentaron los amparos, que en su mayoría referían al peligro de que se generase un daño ambiental, condujeron a una “ambientalización” del conflicto: al redefinirse, éste tendió a desplazarse del eje de controversias por los “usos del suelo” y se comenzó a insertar en el amplio campo de luchas ambientales que estaba en auge en aquel entonces. Por eso, Azuela (2014) recuerda que deben tenerse tres precauciones al analizar un caso como éste. En primer lugar, que el hecho de que un conflicto se judicialice no implica que se convierta en su totalidad en procedimientos jurídicos; en segundo lugar, que al entrar al mundo del derecho aparecen relaciones de poder que son propias del campo jurídico y que pueden afectar el resultado del conflicto; y finalmente, que su ingreso a dicho campo produce una redefinición del mismo, por lo cual también se transforma lo que está en disputa. Por ende, la inscripción de los conflictos en el plano judicial supone un desplazamiento hacia otras arenas y a la vez una mutación de las reglas con las que éstos se dirimen.

El vertiginoso ascenso en la última década de las luchas por los derechos lgbt[7] constituye otro ejemplo de cómo la conquista de reivindicaciones y la instalación de determinadas problemáticas sociales en la agenda pública ha sido facilitada por el traslado de las demandas a los tribunales. El caso de mayor resonancia fue la aprobación en el año 2010 de una ley que habilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo tras extendidos debates parlamentarios, en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Conocida como “Ley de Matrimonio Igualitario”, esta iniciativa fue motorizada por organizaciones ligadas al movimiento lgbt que, además de apelar a movilizaciones y a la vía legislativa para instalar sus reclamos en la agenda pública, recurrieron paralelamente a la justicia a partir de 2007 siguiendo una estrategia político-judicial planificada (Federación Argentina lgbt, s/f). La acción que cobró mayor resonancia fue la solicitud de turno para casamiento en el Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires por parte de la presidenta de la Federación Argentina lgbt y su pareja. Ante la negativa del organismo, presentaron un amparo que, resguardándose en la garantía constitucional de igualdad entre las personas, reclamaba la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impedían el matrimonio de dos hombres o dos mujeres entre sí. Este recurso fue elevado a la Corte Suprema, la cual en pleno debate parlamentario dejó trascender que avalaría el pedido de casamiento. Si bien tal pronunciamiento no sucedió –pues el Congreso sancionó la normativa pocos días antes de que se diera a conocer el fallo–, el tránsito de esta demanda por los tribunales constituyó un canal de presión que instaló el debate a nivel social e impulsó la discusión legislativa. Procesos similares sucedieron con otros proyectos de alto impacto público, como la Ley 26.862 de Fertilización Asistida –que tiene por objeto “garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida” (Art. 1)– y la Ley 26.743 de Identidad de Género –que permite que las personas trans puedan inscribirse con el nombre y género de su elección e incluye en el Programa Médico Obligatorio todos los tratamientos de adecuación–.

Puede traerse a colación un último caso que, contrariamente al argumento de Smulovitz (2008) expuesto anteriormente, muestra cómo los actores sociales en conflicto que han apelado a la justicia también han contado con una significativa capacidad de movilización y captación de atención pública. En 2003, un grupo de vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú se anotició de que a escasos kilómetros, sobre la costa del Río Uruguay –que hace las veces de frontera con el país homónimo–, iniciaría la construcción de dos fábricas productoras de pasta de celulosa. Alertados por su carácter potencialmente contaminante, los habitantes de esta localidad reclamaron la suspensión de los proyectos por medio del bloqueo de un puente internacional, manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires y en cumbres políticas regionales, e incluso a través del tejido de redes con asambleas ambientales de otras localidades ribereñas de su provincia que, en solidaridad, cortaron el resto de los accesos terrestres al país vecino. En paralelo a las protestas, la “Asamblea de Gualeguaychú” le exigió continuamente al gobierno argentino la elevación de una demanda a la Corte Internacional de Justicia contra la República Oriental del Uruguay por incumplimiento del tratado de uso compartido del río. En 2006, luego de años de escalada diplomática y de crecimiento del conflicto, el gobierno aceptó el pedido de los manifestantes y trasladó el conflicto a dicho tribunal, que dictó sentencia en 2010 reconociendo violaciones al Tratado del Río Uruguay pero descartando cualquier orden de desmantelamiento, que aparecía como la única solución viable para los asambleístas (Merlinsky, 2009).

El ingreso de la justicia a este extenso y profundo conflicto –o bien el desplazamiento del conflicto hacia la justicia– permite extraer dos conclusiones relevantes a la luz de las discusiones hasta aquí planteadas. Por un lado, la demanda presentada ante el tribunal de La Haya abrió una ventana de cuatro años de espera que, lejos de llevar a una suspensión de las medidas de acción directa, las vio sostenerse e incluso radicalizarse. Como recuerda Abramovich (2005), las estrategias legales en ocasiones se ven acompañadas por el activismo y movilización de los protagonistas del conflicto, que buscan mantener la visibilidad de sus reclamos y dar cuenta –por vías extrajurídicas– de aquello que está en juego en el expediente judicial. En otras palabras, la movilización legal y la movilización política no constituyen polos opuestos, sino que aquella puede ser entendida como parte de los repertorios de ésta (Arcidiácono y Gamallo, 2014: 44). Así, en el caso de Gualeguaychú, la justicia no apareció como una vía suplementaria a los métodos tradicionales de los movimientos sociales y los grupos de protesta, sino que los complementó.

Por otro lado, sin embargo, el dictado de sentencia por parte del tribunal internacional sí operó como punto de quiebre para el inicio del fin del conflicto. Luego de pronunciado el fallo, desgastes internos y presiones externas condujeron a que paulatinamente los asambleístas de Gualeguaychú comenzaran a desmovilizarse. Las esperanzas depositadas por los actores en la canalización judicial del diferendo, y por ende en la capacidad de las instituciones de la justicia en dar respuesta a una demanda popular cuando todas las otras vías parecían no estar dando los resultados esperados, da cuenta de cómo en paralelo a la judicialización de los conflictos puede evidenciarse una juridificación de las expectativas de los actores. En otras palabras, un conflicto se juridifica no sólo cuando éstos apelan a la justicia para dar curso a sus reivindicaciones, sino cuando se formulan horizontes y representaciones que se adecúan a las reglas de lo posible y lo esperable en el mundo jurídico[8].

Jueces, defensores y formulación de políticas públicas: los alcances del activismo judicial

En tanto la justicia es una técnica o dispositivo que erige a un juez por sobre dos partes en disputa para operar como reguladora de las relaciones sociales (Foucault, 1992; Nosetto, 2014), la ampliación de su esfera de influencia hacia conflictos que otrora se tramitaran y saldaran por canales no judiciales es una problemática cuyos efectos alcanzan a la sociedad y al funcionamiento del Estado. En términos globales, la literatura tiende a coincidir en definir a la judicialización como un creciente involucramiento del Poder Judicial en asuntos de la vida social y política y un desplazamiento de las instancias por las que los actores canalizan los conflictos, sea por iniciativa de los jueces o porque los propios actores lo consideran ventajoso (Arqueros et al., 2011). Dicho de otro modo, consiste en un vínculo novedoso entre la política –entendida como forma no judicial de tramitación de los conflictos– y la propia esfera judicial, que comienza a implicarse en problemas usualmente zanjados en otros campos (Smulovitz, 2008; Sieder, Schjolden y Angell, 2008; Domingo, 2004) y a volverse el ámbito donde ciertos actores sociales intentan acotar los márgenes de acción de otros; especialmente, fiscalizar o impugnar decisiones gubernamentales, así como dialogar o confrontar con sus diferentes instancias (Delamata, Sehtman y Ricciardi, 2014). Esta creciente presencia de los tribunales en los horizontes de acción de los actores y en el derrotero de los conflictos mismos produce, en última instancia, una transformación en las relaciones entre los grupos sociales en disputa así como una transferencia de la toma de decisiones político-estatales de las legislaturas y los ministerios a las cortes y los juzgados (Vallinder, 1994; Abdo Ferez, 2013).

La judicialización, por lo tanto, debe entenderse como un proceso de creciente entrelazamiento de la justicia con los procesos políticos y sociales, que conlleva un uso cada vez más habitual del derecho y los mecanismos legales por parte de diversos actores que se movilizan en torno a determinados intereses, problemáticas o demandas. Así, se extiende la discusión en clave jurídica y se incrementa la invocación a los derechos en instancias tan variadas como manifestaciones populares, discursos de funcionarios y el quehacer de organizaciones de la sociedad civil (Arcidiácono y Gamallo, 2014). Sobre todo, el derecho se fortalece como marco interpretativo de los actores (Delamata, 2013), es decir, como brújula con la cual se conducen ante la conflictividad. Siguiendo el concepto de Tilly (2008), podría afirmarse que la judicialización coloca a la apelación a la justicia en un lugar cada vez más relevante dentro de los repertorios de protesta social. Los cambios en las posibilidades objetivas para emplazar demandas, junto con el fortalecimiento social del derecho, tienden a que la acción directa se vea complementada (y en algunos casos reemplazada) por la acción en los tribunales. Como afirma O’Donnell,

La judicialización de la política se debe concebir, en parte, como un aspecto del fenómeno más amplio de la judicialización de las relaciones sociales en su conjunto. En gran medida, la judicialización de las relaciones sociales (mediante la cual las demandas sociales se procesan en los tribunales o en estructuras similares a los tribunales) es quizá una expresión de la creciente juridización de las relaciones sociales: el grado ascendente en que las relaciones sociales, que antes se dejaban a una regulación autónoma o informal, se entretejen mediante normas legales formales […]. La juridización, por supuesto, no es idéntica a la judicialización. Pero podemos presumir que cuanto más se legalizan y regulan las relaciones sociales, más incentivos y oportunidades surgen para reclamarlos en las cortes (O’Donnell, 2008a: 353).

Por otro lado, algunos autores se han referido a las variadas facetas de la expansión de la justicia como “activismo judicial” o “movilización legal” (Delamata, 2013; Azuela, 2014; Martín, 2011; Falcon, 2012, entre otros). Estos conceptos resultan de especial interés pues remiten a la judicialización en tanto puesta en acción, habilitando su análisis como proceso dinámico que se forja en la interacción de actores y agencias disímiles.

En primer lugar, las nociones hacen alusión a cómo determinados grupos de protesta apelan a los tribunales en busca de canalizar por vía judicial sus demandas hacia el Estado. Sean asociaciones vecinales que se oponen a la construcción de pasos bajo nivel, movimientos ambientalistas que se proponen prohibir la fumigación con determinados agroquímicos, o colectivos lgbt que intentan que se reconozca la figura penal del travesticidio, consiste en una búsqueda de conquistar reivindicaciones por medio del uso de herramientas jurídicas. Pero la vía judicial no es necesariamente la única escogida por los demandantes: formas de reclamo como campañas públicas o movilizaciones suelen precederla o incluso acompañarla. Según argumentan Balardini y Royo, el litigio de casos que involucran a estos derechos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Una vez agotados –o en paralelo a– los mecanismos de reclamo políticos y administrativos, estos actores optan por la vía de la justicia, involucrando a tribunales y defensores y reafirmando el carácter judicialmente exigible de sus demandas (2012: 73). Como se ha mencionado, el ingreso a los entramados del Poder Judicial no sólo implica un desplazamiento en los términos de tratamiento del conflicto sino que, incluso, puede tener como correlato cambios en los marcos de percepción y los horizontes de expectativas de los actores.

En segundo lugar, el activismo judicial refiere al accionar de organizaciones no gubernamentales u organismos de defensa pública que reclaman a la justicia por la violación de derechos y buscan generalizar su cumplimiento. Consiste, en otros términos, en el uso de estrategias legales para alcanzar objetivos políticos y sociales (Smulovitz, 2008), en general ligados a la defensa de los recientemente consagrados derechos económicos, sociales y culturales de la población más ambiental, económica o socialmente débil. Como veremos luego, los organismos de defensa no suelen aguardar la recepción de denuncias sino que tienen como política garantizar activamente el acceso a la justicia. En otras palabras, en lugar de ceñirse a recibir reclamos para luego trasladarlos a los tribunales, mediante el trabajo territorial salen a la búsqueda de vulneraciones de derechos.

Finalmente, el activismo judicial hace referencia a la politización de los jueces. Pero no es el eje de atención aquí si ello se traduce en un alineamiento más o menos explícito con determinados sectores políticos. Más bien, el interés está en cómo los límites de lo justiciable se expanden hacia terrenos habitualmente reservados a formas no judiciales de tramitación de los conflictos, acrecentándose la capacidad de la justicia de torcer el rumbo de éstos y en particular de generar cambios en las agendas pública y gubernamental por medio del involucramiento en la definición de políticas estatales.

Según Abramovich (2005), son idealmente cuatro los modos posibles de implicación de la justicia en este último plano. En primer lugar, las resoluciones judiciales que juridifican medidas de política pública previamente planificadas (o incluso ya implementadas) por el gobierno: esto implica que una determinada política impulsada por el Poder Ejecutivo –según su criterio discrecional– ingresa a la esfera de la justicia y se convierte en una obligación legal. En casos como éste, el juez o tribunal no emite valoración alguna respecto de la política, pero sí sujeta al gobierno a sanciones jurídicas en caso de incumplimiento y se convierte de este modo en garante de la ejecución de esa medida.

En segunda instancia, existirían situaciones en las cuales además de juridificarla –es decir, incorporarla al campo jurídico y sujetarla así a las reglas y potestades de la justicia–, el tribunal examina la política pública y evalúa su grado de compatibilidad con los corpus legales aplicables. De este modo, se realiza una valoración respecto de su idoneidad para la satisfacción de los derechos garantizados por la legislación, y si el tribunal pondera que es incompatible con tal obligación, solicita su reformulación.

En tercer lugar, Abramovich propone un tipo de judicialización según el cual los jueces o tribunales definen por su propia cuenta el tipo de modificación que requiere una política pública ya formulada o bien, previamente a su existencia, identifican la vulneración de un derecho y determinan qué debe hacer el gobierno para garantizarlo. En estos casos suele haber una pasividad o incapacidad resolutiva del resto de los poderes, frente a lo cual la justicia toma decisiones relativas al diseño y/o implementación de soluciones y ordena su puesta en marcha.

Por último, el autor identifica un tipo de intervención por la cual la justicia, sin disponer ninguna medida de reparación, se ciñe a declarar la ilegitimidad o ilegalidad de la omisión del Estado en relación con derechos vulnerados. Se trata de sentencias judiciales no directamente ejecutables –es decir, de las cuales no se desprende de modo directo ninguna aplicabilidad– que señalan incumplimientos y abren un escenario de indefinición.

Independientemente del “tipo” de judicialización –según la clasificación de Abramovich–, son cada vez más numerosas las causas en las que los jueces colocan determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución. Este aspecto de la judicialización es acaso uno de los que más controversia despierta en el debate público y entre las instituciones estatales, pues supone el avance de los tribunales sobre lo que con frecuencia se entiende como uno de los atributos del ejercicio del gobierno por excelencia de acuerdo a la concepción montesquevina de la división de poderes –según la cual al Poder Legislativo le concerniría la formulación de leyes, al Poder Judicial el ejercicio de la justicia, y al Poder Ejecutivo la implementación de políticas–. Más aún, la judicialización en materia de políticas públicas pone de relieve que se trata de un fenómeno que no consiste meramente en el ingreso de un conflicto al mundo de los tribunales –donde, tras traducirse a términos jurídicos, se clausuraría– sino que comprende también a los procesos por los que en el seno de la justicia se construyen “soluciones” que, al traducirse posteriormente a términos políticos, se convierten en conflictos.

Merecen mención en este sentido las decisiones judiciales activistas que pretenden generar cambios culturales extendidos, atención social en torno a determinado tema, transformaciones institucionales o alteraciones en las correlaciones de fuerza entre actores políticos. Pueden traerse a colación los pedidos de prisión preventiva a dirigentes políticos en Argentina o bien la declaración de constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, pero también la nueva generación de “casos estructurales” que conminan a múltiples agencias estatales a buscar soluciones duraderas a la vulneración masiva de derechos, como la “causa Verbitsky”, en la cual la Corte Suprema de Argentina requirió la reforma del sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires (Puga, 2013: 44), la sentencia T-025, con la cual la justicia colombiana buscó solucionar la situación de los desplazados por el conflicto armado (Rodríguez Garavito y Rodríguez Franco, 2015) o, claro está, la “causa Riachuelo”, que apuntó a generar una respuesta integral a la degradación ambiental de una cuenca hidrográfica metropolitana (Merlinsky, 2013).

A diferencia del litigio tradicional (que plantea un conflicto de derechos limitado al demandante y el demandado), el litigio “estratégico” o “estructural” expande el territorio de lo justiciable más allá de los intereses de las partes procesales (Puga, 2013: 46) y pone en la escena jurídica objetivos colectivos y de largo plazo que acaban por involucrar a la estructura y funcionamiento de determinadas instituciones estatales. De este modo, además de remediar determinado derecho dañado, suele generar reconocimiento social y legitimidad política en torno a una problemática (Martín, 2011: 376). La causa Riachuelo es primordialmente paradigmática de los litigios estructurales en la Argentina, y resulta específicamente ilustrativa del activismo judicial en materia de políticas públicas, pues ordenó la elaboración de un plan integral de saneamiento ambiental allí donde anteriormente no estaba siquiera recortado un terreno de intervención en términos institucionales (Merlinsky et al., 2014).

En particular, el proceso de relocalización puesto en marcha en el contexto de esta causa desató un conflicto que condensa las tres dimensiones del activismo judicial tal como aquí lo hemos definido: tiene origen en una resolución (el “fallo Mendoza”) que ordenó la implementación de una batería de políticas públicas, dio lugar a reclamos y protestas por parte de los afectados que han sido –al menos parcialmente– canalizadas por vías jurídicas, e involucró a numerosas organizaciones no gubernamentales y organismos públicos de defensa que se implicaron en el resguardo de los derechos puestos en juego en el marco de su ejecución. Por lo tanto –como veremos a partir del segundo capítulo–, constituye un verdadero analizador social (Merlinsky, 2013), que además de permitir conocer las transformaciones, tensiones y efectos generados por la judicialización a nivel institucional, social y territorial, relaciona de forma intensa y contradictoria las diversas facetas de la judicialización.

Una sociología de la judicialización de las políticas públicas

Según Azuela (2006), la judicialización debe distinguirse conceptualmente de la juridificación. En tanto aquella remitiría a los mecanismos y procedimientos de la justicia, ésta permitiría referirse a los modos en que la sociedad se transforma cuando las expectativas y horizontes de acción de los actores se adecúan a las reglas del mundo jurídico.

Esta observación resulta de suma importancia para un análisis sociológico de los efectos de la judicialización, ya que abre las puertas a la adopción de una perspectiva multidimensional sobre el derecho: éste ya no se reduciría a un entramado normativo, sino que se lo podría entender como un lenguaje o cosmovisión que otorga determinados marcos cognitivos para definir las situaciones. Es decir que si efectivamente es posible hacer cosas con palabras y el discurso cuenta con un poder performativo (Austin, 1975), entonces el derecho no sólo tiene la capacidad de designar la realidad sino también de instituirla. Más aún, como vimos con el caso de la construcción de torres en un barrio de Buenos Aires –que fue legalmente encuadrado como afectación al medioambiente–, puede incluso contribuir al desplazamiento de un conflicto de un campo de demandas a otro. Por ende, a la vez que cuenta con una función regulatoria, el derecho posee una función simbólica; es un “sistema de acción” y simultáneamente un “sistema de conocimiento” (Habermas, 1998: 79, en Azuela, 2006) capaz de construir categorías y modos de percepción.

Como apunta Azuela, a partir del “giro lingüístico” –representado por autores como Austin (1975) y Searle (1969)–, las ciencias sociales hallaron en el lenguaje no sólo una capacidad de referirse al mundo social sino también de instituirlo. En función de este punto de partida, se habilita la concepción de los fenómenos jurídicos no sólo como normas reguladoras de conductas sino, esencialmente, como discursos que se incorporan a los marcos de percepción, pensamiento y acción de los actores (Bourdieu, 1986). Ahora bien, esto no significa, según Azuela, que el derecho “cree” a la sociedad, pero sí que hace las veces de vehículo mediante el cual se impone una manera de definirla. De hecho, “instituciones como el matrimonio o la propiedad no serían lo que son si no fuese por el modo en que son representadas por el discurso jurídico” (2016: 11)

Analizar la judicialización con relación a su dimensión simbólica, por lo tanto, supone asumir que las sentencias y procesos judiciales, además de tener consecuencias de orden material, generan transformaciones indirectas en los vínculos sociales, en las representaciones de los actores y por ende en las estrategias que éstos se dan ante lo que está en disputa (Melé, 2011). Más aún –como veremos en los próximos capítulos–, pueden cambiar todo el marco de tratamiento de un problema público y hacer decible algo previamente inenunciable (Rodríguez Garavito, 2011), como el “derecho al ambiente” o el “derecho a la ciudad”, es decir, significantes con la capacidad de volverse símbolos maestros que estructuran las dinámicas de los conflictos (Herzfeld, 2001; Shore, 2010).

Esta perspectiva requiere la adopción de una visión constructivista de la relación entre derecho y sociedad (Bourdieu, 1986), de modo tal de evitar una concepción de la judicialización en términos patológicos –como si fuera producto de una desviación política o jurídica respecto del funcionamiento normal (o deseable) del Estado y las instituciones– y asimismo trascender el normativismo –que se pregunta qué tan positiva o negativa resulta la expansión de los terrenos de la justicia para la democracia, el ejercicio del gobierno o la ciudadanía (O’Donnell, 2008b)–. Como indica Rodríguez Garavito, la tarea no sólo es focalizarse en los efectos materiales y directos de las decisiones de la justicia, sino atender a cómo éstas generan transformación social cuando conllevan cambios de conducta, alteran las relaciones sociales o modifican las percepciones de los actores legitimando las cosmovisiones de los litigantes (2011). De adoptarse este punto de vista, se debe asumir entonces que los conflictos sobre los cuales la justicia interviene no son expresión de una crisis o disfuncionalidad social que requiere reencauzarse, sino instancias estructurantes y generadoras de nuevos órdenes (Simmel, 1918; Coser, 1970), es decir, momentos de constitución de lazos y producción de transformaciones sociales duraderas. Por lo tanto, al permear el desenvolvimiento de la conflictividad, la judicialización engendra efectos de largo alcance que pueden oscilar desde lo político y lo institucional hasta lo distributivo y lo simbólico.

Las ciencias sociales y el abordaje de los fenómenos jurídicos

Analizar desde las ciencias sociales el significado, orígenes e implicancias de la judicialización presenta un desafío ambivalente. Por un lado, en la medida en que este proceso supone la expansión territorial de los tribunales –es decir, una ampliación del ámbito de influencia de las reglas que rigen a la esfera jurídica–, dicha tarea requiere indefectiblemente adentrarse en sus lógicas de funcionamiento intrínsecas. La comprensión de los códigos y significados que orientan a los actores integrantes del Poder Judicial es una deuda de la sociología en la Argentina, la cual ha tendido a rehuir a los entramados del derecho y cuenta con grandes déficits en la creación de conocimiento sobre esta rama del Estado[9].

Por otro lado, no obstante, el acercamiento al mundo de la justicia no está exento de riesgos. Como recuerdan Dezalay y Rask Madsen (2012), cualquier indagación sociológica sobre el derecho que se coloque demasiado cerca de su ortodoxia corre el riesgo de quedar atrapada en su lógica de dominación y verse así teñida por los vicios y limitaciones del pensamiento jurídico. Este es, en definitiva, el gran problema con la sociología del derecho (Bourdieu, 1986), por lo cual estudiar la judicialización desde las ciencias sociales implica hacer caso omiso a toda pretensión de exclusividad sobre el tema esgrimida por los juristas; es decir, requiere cuestionar y traspasar las fronteras disciplinarias que reservan el análisis de los problemas relativos a la justicia a quienes la practican o habitualmente se arrogan la potestad de cultivar saber sobre ella (Nosetto, 2014).

En otras palabras, debe adoptarse una concepción del derecho más abierta, contextual y anclada en sus usos sociales. En lugar de analizarlo desde una posición interna –según su puesta en obra, su coherencia y sus fundamentos, como proponen juristas y filósofos del derecho–, debe realizarse un estudio externo (Melé, 2011). Eventualmente, en vías de comprender la judicialización como fenómeno jurídico intrínseco podría bastar el saber que el derecho produce acerca de sí mismo, pero éste es insuficiente si se procura analizarla como fenómeno social. Su estudio implica entonces un desafío a delimitaciones preestablecidas que requiere el entrecruzamiento del mundo jurídico con la política, la historia y las ciencias sociales.

A raíz de los desafíos institucionales, las transformaciones territoriales y los impactos sociales que generan, sentencias como la que dictaminó la relocalización de los habitantes de los márgenes del Riachuelo –es decir, aquellas que ordenan a los gobiernos la implementación de determinadas políticas– constituyen posiblemente el mejor ejemplo de la productividad de los conflictos judicializados. No obstante, no son escasos los recaudos que deben tenerse para desarrollar una sociología de la judicialización de las políticas públicas, especialmente cuando éstas se presentan como apolíticas, utilizan un lenguaje instrumental y, sobre todo, crean la ilusión de ser fácilmente delimitables (Wedel et al., 2005). Recogiendo a Michel Foucault, Shore y Wright (1997) las catalogan como tecnologías políticas, pues capturan problemas políticos y los despolitizan trasladándolos al terreno “neutral” de la ciencia y los expertos. Enmascarando sus mecanismos de operación –y esquivando todo escepticismo–, acaban siendo contempladas como herramientas que ligan medios y fines y atraviesan un camino lineal, lógico, ordenado y racional que fluye prolijamente de la formulación a la ejecución (Shore, 2010: 32).

Por lo tanto, sea un nuevo plan de vacunación, el asfaltado de una calle, la construcción de una escuela o la instalación de sistemas de videovigilancia, las políticas en general son entendidas como procesos que surgen en pasillos ministeriales como proyecto de solución a determinado asunto y finalizan una vez colocada la última piedra en un ámbito social –esto es, cuando un hospital es inaugurado, un puente habilitado o un satélite puesto en órbita–. Pero aquí yace un problema de suma pertinencia para el análisis de toda política pública judicializada: ¿Dónde inician y dónde terminan las políticas? Y en definitiva, ¿cómo se determinan sus fronteras y qué dimensiones deben examinarse? ¿Los conceptos, las ideas y los discursos en torno a ellas o sus efectos materiales en el corto plazo? ¿Las ideologías y valores culturales que subyacen a su formulación o los modos en que ellas son experimentadas por sus “destinatarios”? ¿La relación entre sus objetivos declamados y los resultados alcanzados o bien las consecuencias que sobrepasan la voluntad de sus “autores”? Por más de que generen el espejismo de constituir un todo coherente y monolítico, al observarlas de cerca inevitablemente se fragmentan y se vuelve difícil de discernir precisamente qué constituye “una política” (Shore y Wright, 1997).

Por un lado, esto obedece a que, una vez creadas, las políticas públicas cobran “vida propia” (Kopytoff y Appadurai, 1986) e ingresan en una compleja red de agentes e instituciones que genera efectos imprevistos (Shore, 2010). Por otro lado, dado que los arquitectos y agentes de una política pueden ser difusos, resulta complicado saber dónde empiezan y terminan. Como remarcan Wedel et al. (2005), en la actualidad las políticas no siempre son decididas por los gobiernos siquiera, sino que se hallan involucradas en su formulación una serie de organismos supranacionales, empresas, organismos no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil (2005: 39). Al fin y al cabo, debe procurarse no usar falsas dicotomías como “Estado” versus “sociedad”, “macro” versus “micro”, “local” versus “global”, etc., ya que ofuscan más de lo que iluminan los procesos de las políticas públicas (Wedel et al., 2005: 43).

Por estos motivos, algunos autores han optado por utilizar el término de acción pública. Aseguran que el enfoque “top down” en el que se basa la noción de política pública ha perdido vigencia, pues asume una supuesta capacidad de previsión y conducción centralizada de los gobiernos cuando en realidad las escalas de acción se han expandido a nivel supranacional y subnacional, han proliferado los actores sociales que se movilizan, se han multiplicado las intervenciones de organizaciones no gubernamentales y ha aumentado la incidencia de los expertos en su definición (Lascoumes y Le Galès, 2014: 85). En su lugar, la acción pública supone un razonamiento “bottom up” que, al apegarse a los actores en situación, sus solapamientos y sus mecanismos de coordinación, desabroquela las políticas públicas y da cuenta de sus procesos interactivos de producción y transformación. En efecto, sus definiciones se alteran incluso (y particularmente) en plena implementación, pues elaborar una política no sólo “resuelve” un problema, sino que también lo construye (Anderson, 1998, citado en Lascoumes y Le Galès, 2014). De este modo, una sociología de la judicialización de las políticas públicas debe analizar las sentencias judiciales no como punto de fuga en el cual converge –para clausurarse– un proceso previo de definición, sino como prisma que captura un asunto de interés social –o bien sencillamente lo crea– para luego relanzarlo bajo nuevas formas. Por ende, lejos de culminar en el fallo de un juez, la judicialización tiene una productividad multidimensional que genera efectos no deseados o incluso desconocidos para los propios actores. Claro está, el poder simbólico que ejerce la justicia permite que los fallos se presenten como solución, pero conforman instancias conflictivas en sí mismas pues reconfiguran los problemas al ponerlos en marcha bajo otras reglas de juego, reformulando o desplazando sus categorías. Retomando la noción de Lascoumes (1996), podría afirmarse que la implementación de una política judicializada supone un proceso de transcodage (o “transcodificación”) por el cual, mediante un conjunto de actividades, un problema se transforma y transfiere hacia códigos, registros y lógicas diferentes.

En otras palabras, la propuesta aquí es analizar la judicialización en tanto constitutiva de una arena pública en la que se entrecruzan distintas racionalidades, lógicas de acción y marcos interpretativos en torno a un problema de política pública –fundamentalmente los de la justicia, las agencias gubernamentales y los actores sociales implicados, pero también los expertos o incluso los medios de comunicación–. Es decir que deben estudiarse los conflictos y controversias que se desatan en aquel espacio social en el cual opera un conjunto organizado de negociaciones, protestas, tensiones y acuerdos simbolizados y formalizados en pos de un interés público (Cefaï, 2016: 45) más o menos constituido. A su vez, en tanto involucran a organismos del Estado que ponen en marcha procesos sostenidos, podría afirmarse que los fallos judiciales que ordenan la implementación de políticas pueden no sólo crear arenas públicas sino también institucionalizarlas. Según Cefaï (1996), esto sucede al constituirse actores colectivos con discursos que encuentran eco en agencias de gobierno o poderes públicos, cuando la naturaleza de lo que está en juego adquiere cierto grado de evidencia, cuando los procedimientos de disputa y negociación se estabilizan, o cuando las categorías y las interacciones se rutinizan.

Esta perspectiva contraría a ciertos modelos que sugieren que la construcción de problemas públicos atraviesa una serie de etapas concatenadas antes de su llegada a la agenda estatal. Spector y Kitsuse (1973) han propuesto que la transformación de un “problema privado” en un “asunto público” supone en primer lugar la identificación de un asunto como “dañino”, “ofensivo” o “indeseable” por parte de algún grupo, en segunda instancia el intento de crear una controversia en torno a ello, y finalmente la captación de la atención de alguna agencia estatal. Cobb, Ross y Ross (1976), por su parte, desarrollaron una explicación similar bajo el nombre de outside initiative model, pero también plantearon un camino inverso, denominado inside initiative model. Según éste, son los tomadores de decisiones de alguna agencia gubernamental –es decir, grupos al “interior” del Estado– los que motorizan la implementación de una política. En cualquiera de estos casos, no sólo se coloca el foco en la selección de los problemas que se vuelven objeto de atención (y política) pública en detrimento de sus modos de definición, sino que se supone la existencia de un Estado independiente y separado de la sociedad, que opera de forma autónoma a ella como si no hubiera relaciones permanentes, estrechas y grises (Lorenc Valcarce, 2005).

De hecho, es menester evitar las limitaciones que supone reificar la noción de Estado y concebirlo de modo homogeneizado, en tanto unívoco y escindido de la sociedad. Cuando no lo da por sentado como objeto de análisis, la literatura ha tendido a preguntarse por el grado de independencia de una entidad respecto de la otra; pero en cualquier caso, el carácter resbaladizo de esa frontera ha sido abordado más como un problema de precisión conceptual que como pista hacia la naturaleza del fenómeno (Mitchell, 1991 y 1999). Cierto es que el Estado, al atravesar la experiencia vital de modo capilar (Trouillot, 2001), es decir, al encontrarse “implicado hasta en el más mínimo aspecto de la vida cotidiana” (Gupta, 2015), se aparece como un objeto naturalizado o preconstruido por la percepción (Balbi, 2010). Pero si su poder de nominación lo dota de la capacidad de conformación de las categorías de los sujetos (Bourdieu, 2014), resulta una tarea necesaria evitar “fijar ciertos contenidos al concepto como si éstos fueran inmanentes a él, como si reflejaran su existencia ‘objetiva’” (Balbi, 2010: 173). Para algunos autores, en efecto, no puede estudiarse al Estado sino a partir del reconocimiento de la tensión generada por su doble realidad, es decir, su existencia objetiva, como “sistema”, y subjetiva, como “idea”.

La mayor parte de las corrientes marxistas, aunque han sugerido el carácter imaginario del Estado, a menudo han subrayado el primer problema en detrimento del segundo, desatendiendo las consecuencias simbólicas y teóricas de reafirmar su existencia. En un intento radical de deconstruir esta disyuntiva, Abrams asegura que aquél no constituye una realidad última que se oculta detrás de una máscara, sino que es él la máscara misma, pues impide entender los mecanismos de las prácticas políticas. En otras palabras, el sistema-Estado –un conjunto de prácticas institucionalizadas– se sustentaría por la idea-Estado, un artefacto ideológico que legitima la institucionalización política del poder al atribuirle unidad, moralidad e independencia a lo desunido, amoral y dependiente que es el ejercicio del gobierno (1988). Por lo tanto, entender al Estado como entidad sustancial y separada de la sociedad implicaría contribuir a su perpetuación como “mistificación” (1988), al olvidar cómo su constitución “ilusoria” enmascara a las instituciones de dominación política bajo el manto del interés común (Marx y Engels, 2004).

Sin embargo, en algunos casos la sociología de las políticas públicas ha construido al Estado como maquinaria de intenciones y procesos de decision making o policymaking (Mitchell, 1999), es decir, un reino de planes y proyectos que se vuelcan sobre la sociedad. Las consecuencias de este razonamiento –en particular para el análisis de la implementación de políticas judicializadas– son sustanciales. Al construir la imagen de que las instituciones estatales se ubican por encima y por fuera de la sociedad, dota a éstas de una “fuerza externa” orientada por una “racionalidad superior” (O’Donnell, 1978: 18), abonando así al sostenimiento de una topografía imaginaria según la cual las disputas políticas vienen “desde abajo” y las políticas se implementan “desde arriba” (Ferguson, 2007). A esta imagen que remite a la verticalidad se suma, de acuerdo con Ferguson y Gupta (2002), otra referida al imbricamiento: según ella, el Estado se espacializa en series de círculos concéntricos que hallan su frontera externa a nivel internacional y, pasando por instancias-escalas intermedias como el Estado-nación, las regiones y las ciudades, alcanza finalmente a las comunidades, las familias y los individuos.

Si estos debates no son llanamente dados por sentado en buena parte de la literatura, cuanto mucho las reflexiones en torno a ellos han sido insuficientes, pues se dejan entrever concepciones sobre la naturaleza estatal que en términos teóricos obturan más de lo que potencian el análisis de la productividad de la judicialización. Es el caso de trabajos que recaen en la “topografía imaginaria” del Estado al afirmar que cuando la judicialización es impulsada por actores políticos o judiciales tiene un origen “desde arriba” y cuando es estimulada por “sectores de la sociedad” su origen se ubica “abajo” (Sieder, Schjolden y Angell, 2008: 4, traducción propia).

Pero si el sistema de poder –como afirma Foucault– se extiende mucho más allá del Estado (Mitchell, 1999), ¿cómo se definen los límites del aparato estatal? ¿Dónde se halla el adentro y el afuera? Unidas en los imaginarios populares y los discursos académicos (Ferguson y Gupta, 2002), estas ideas dificultan la posibilidad de comprender las características, los efectos y los alcances de las políticas públicas judicializadas, no sólo porque perpetúan la escisión de lo social respecto de lo político sino porque conducen a analizar las consecuencias de la judicialización según una lógica “top down”. Superar este meollo teórico requeriría observar la judicialización más bien como un proceso “a través”, para así rastrear los modos en que se crean redes y relaciones entre actores, instituciones y discursos (Shore y Wright, 1997).

El derecho, tal como señala Mitchell (1999), es un ejemplo de este problema: el sistema legal consiste en un complejo sistema que, al abarcar desde estatutos, agencias penales y códigos hasta psiquiatras, universidades y círculos académicos, dificulta hallar una línea divisoria exacta entre la estructura legal y la sociedad. En la práctica se tiende a pensar en el derecho como un código abstracto y a la sociedad como el reino de su aplicación práctica, pero en los hechos, el código y la práctica tienden a ser aspectos inseparables. Por ende, no deberíamos pensar en el Estado como un objeto coherente claramente separado de la “sociedad”, por más de que parezca un actor autónomo que interviene en ella. Si, por lo contrario, nos referimos a él como un conjunto de prácticas, procesos y efectos, deben entonces seguirse sus rastros en “espacios menos obvios que aquellos de las políticas institucionalizadas y de las burocracias establecidas” (Trouillot, 2001: 13). En consecuencia, se lo concebirá como el paraguas de una serie de prácticas que, aunque aparezcan unidas, coherentes y unívocas, son a menudo desunidas, discordantes y heterogéneas. Más que entenderlo como un órgano de gobierno o dominación monolítica, debe analizárselo entonces como un ensamblaje de organismos y agencias diferenciadas y en constante intercambio sobre las que se entrelazan demandas y orientaciones muchas veces no abroqueladas, cuando no contradictorias.


Hemos analizado en este capítulo las variadas facetas de la judicialización, y cómo se trata de un fenómeno que requiere atender a sus efectos tanto materiales como simbólicos sobre la producción de políticas y las relaciones sociales. En otras palabras, no sólo se ha imbricado con el desarrollo de la conflictividad y con los horizontes de inteligibilidad de los actores, sino que ha comenzado a evidenciar una influencia decisiva en los modos en que se elaboran los planes y programas estatales. No obstante, hemos señalado que debe procurarse no asumir al Estado como entidad homogénea ni aislada; por lo contrario, debe reconocerse su carácter fragmentado e indeterminado. Esta perspectiva, que conlleva una concepción de la construcción de políticas en términos de acción pública, habilita un análisis multidimensional del desarrollo y los efectos de los procesos de judicialización.


  1. En Scharager (2020a) puede hallarse un estudio basado en este capítulo que versa específicamente sobre las diversas facetas de la judicialización de la política.
  2. Según Abdo Ferez (2013), esta perspectiva oculta la politicidad de la justicia y presenta sus prácticas como la mera aplicación de la letra de la ley. Desde una sociología constructivista, Bourdieu (1986) coincidiría en señalar que el campo jurídico se vale de recursos simbólicos y lingüísticos para construir márgenes de autonomía, sentido de la universalidad y, por ende, ajenidad respecto de la esfera de los valores (Dezalay y Rask Madsen, 2012; Roussel, 2004).
  3. El trabajo de Kapiszewski y Taylor (2008) realiza un amplio estado del arte acerca de las investigaciones sobre judicialización en América Latina. El artículo se destaca especialmente por su capacidad de categorización y sistematización de las principales preguntas-problema y ejes de análisis. En particular, exponen los estudios centrados en las cortes han atravesado cuatro etapas. En primer lugar, una serie de trabajos que hicieron foco en los procesos de reforma judicial de fines de la década de 1980 y 1990, así como en problemas relativos a la “justicia transicional” tras la caída de las dictaduras. En segundo lugar, señalan que la literatura se centró en los “enclaves autoritarios” remanentes y en las formas de construcción de justicia al calor de la consolidación democrática. Tercero, indican que la atención se amplió hacia el rol de las cortes en relación con la justicia social y la garantía de derechos ciudadanos. Por último, argumentan que emergió un corpus de estudios que apuntaron a analizar al problema de la justicia en tanto instituciones políticas, es decir, los procesos de judicialización.
  4. Mientras que los derechos de primera generación refieren a los derechos civiles y políticos (la libertad de expresión y de culto, el sufragio, la libre circulación, reunión y manifestación, la presunción de inocencia, entre otros), los de segunda y tercera generación tienden a hacer alusión a los derechos económicos, sociales y culturales. Éstos incluyen el derecho al trabajo, a la asociación sindical, a la salud, a la educación, a la participación en la vida cultural, al agua, a la vivienda, a la alimentación y al ambiente.
  5. En una sintética y efectiva descripción de los cambios que introdujo la reforma constitucional, Mariela Puga afirma que “la incorporación de las acciones colectivas […] convirtió a la justicia en un terreno potencialmente más accesible a cierto tipo de demandantes y de demandas […] [como] reclamos de clase de grupos minoritarios, o demandas de recomposición del ambiente”. Además de habilitar la vía judicial para canalizar reivindicaciones sociales, “condujo a la juridización de determinados conflictos que no pueden verse como meramente individuales, y que ahora se ajustan a la idea de ‘violaciones de derechos’, en base a una clara perspectiva estructural de los conflictos”. Por otro lado, la autora destaca una tercera innovación de la reforma: la habilitación de la acción de amparo “no sólo para casos de violación de derechos constitucionales, sino también para la violación de normas de jerarquía inferior”, con lo cual “se ampliaron las posibilidades jurídicas para que el ciudadano común enfrente, a bajo costo, tanto a las leyes del gobierno como a las prácticas privadas” (2013: 43).
  6. Se denomina “vuelos de la muerte” a una práctica llevada a cabo por las Fuerzas Armadas durante la dictadura (1976-1983) consistente en el arrojo de personas detenidas-desaparecidas desde aviones hacia el río.
  7. Las siglas refieren al colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.
  8. El traslado del conflicto hacia La Haya es pasible de otras interpretaciones políticas: fundamentalmente, que la judicialización transnacional encapsuló el diferendo y facilitó una normalización de la relación binacional.
  9. Claro está, si bien se trata de un campo de estudios relativamente embrionario, los trabajos en ciencias sociales acerca del Poder Judicial han abrazado preocupaciones por demás amplias: se han estudiado las prácticas y procedimientos que ordenan los procesos judiciales (Guemureman, 2010), el rol que allí ocupan los argumentos de género (Pautassi, 2020; Gastrón, 2009; Gastiazoro, 2013), los vínculos del sistema de justicia con problemáticas como el narcotráfico (Renoldi, 2009) y la corrupción (Pereyra, 2013), los modos de tratamiento mediático de los procesos judiciales (Weckesser, 2008), la historia de la conformación del sistema de justicia (Barreneche, 2001; Barreneche y Oyhandy, 2012) y los procesos de reforma legal (Mira, 2020; Weckesser, 2019; Sarrabayrouse Oliveira, 2014). Asimismo, se han realizado análisis de trayectorias (Donatello y Lorenc Valcarce, 2016), se han llevado a cabo investigaciones en clave etnográfica (Mira, 2019; Barrera, 2012) y no han faltado aportes que indagaran en el punto de vista de los jueces acerca de la politicidad de su función (Donatello y Lorenc Valcarce, 2020).


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