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5 Los conflictos por las relocalizaciones, entre la resistencia social
y el activismo judicial

Nadie sabe a ciencia cierta cuánta gente vive en la Villa 21-24. Los relevamientos oficiales hablan de cincuenta mil habitantes, pero los censos en los barrios informales no se destacan por su precisión. En un contexto de veloz crecimiento demográfico en las villas de Buenos Aires, arriesgar cifras es casi un deporte popular entre sus pobladores más antiguos, que han visto a lo largo de su vida las incesantes transformaciones topográficas. A menudo se los oye hacer alusión a cómo las calles están cada vez más superpobladas y la construcción va creciendo en altura: encerrado entre fábricas, una avenida, manzanas loteadas y el propio Riachuelo, la única oportunidad de crecimiento del barrio se encuentra en sentido vertical.

Cuando tuvieron inicio las relocalizaciones, el área de la ribera no era la excepción a esta progresiva densificación. Aunque el hecho de estar sembrada de basurales a cielo abierto y contar con terrenos pantanosos la había mantenido relativamente despoblada durante varias décadas, los últimos años, caracterizados por una gran explosión demográfica, condujeron a que allí también comenzaran a proliferar casas crecientemente precarias.

Sin embargo, el acercamiento de la población al río no le otorgó a éste una entidad especial en la vida pública del barrio, ni lo volvió parte activa de la cotidianeidad de los habitantes costeros. Para quienes vivían cerca –y quienes aún lo hacen, como es el caso de tantos que aún esperan la relocalización al momento de escritura de este capítulo–, no es más que un curso de agua tóxica oculto tras el laberíntico paisaje, que sólo se revela al conjunto cuando durante las tormentas el Riachuelo asciende e ingresa al barrio, invadiendo los taludes e inundando las casas. Mientras tanto, para quienes viven dentro de la villa pero lejos de él –incluso hasta a un kilómetro de distancia–, difícilmente habría motivos para acercarse a este escondido rincón del barrio. En la práctica, el río apenas constituye una frontera natural sobre la cual se balancean las viviendas de quienes no lograron hacerse de ningún otro lugar.

Hasta el arribo de la orden de relocalización, por lo tanto, vivir en los márgenes del río no tenía un significado colectivo. Cuanto mucho, como me contaba Cuca –una de las afectadas–, podía significar formar parte de la “Manzana 25”, “Las Vías”, “Tres Rosas”, “San Blas” o “La Laguna”. O, como expresaba Raúl, “ahora se llama camino de sirga […]. Antes tenía distintos nombres”. Estas subdivisiones, de uso popular y cotidiano entre los vecinos, no se definían per se en función de su cercanía al río, aunque comprendieran zonas próximas a él. Menos aún llegaron estos nombres –ni los callejones y pasajes allí presentes– a conseguir un reconocimiento formal por parte del Estado, como señala Concepción en la siguiente conversación:

Concepción: Somos como si fuera un tierra sin nadie. “Porque esto en la mapa de ellos no estamos nosotros”, le digo [a mi vecino], “por ejemplo, este barrio San Blas no existe en la mapa”, le digo.

Andrés: ¿El mapa de quién?

C: La mapa no se ve, por ejemplo, si yo te digo que estoy sobre 6 de enero y pasaje 25 de mayo, vos buscás y no está, así tenés que poner, por ejemplo, Luján 3600, pasaje 25 de mayo, casa 36, ahí llegás a mi casa. El otro dice que no existe.

Ciertamente, hasta que en 2015 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tomara la decisión sin precedentes de incorporarlas a los mapas oficiales[1], las trazas internas de las villas de la ciudad eran apenas zonas en blanco, como si se tratase de descampados o –como decía Concepción– “tierras sin nadie”. No sólo no ingresaban allí ambulancias, camiones de bomberos o tendidos cloacales y de agua potable, sino que la misma cartografía reflejaba el carácter gris y selectivo de la penetración estatal en estos barrios. Esto no significa que no existieran allí –como de hecho existen– diversas agencias, programas y políticas estatales, pero sí ilustra cómo su presencia, intermitente y contradictoria, las convierte en “zonas marrones” (O’Donnell, 2008b), o bien “áreas borrosas donde los límites normativos se disuelven” (Auyero, 2007).

El arribo de la orden de relocalización generó, en este sentido, un parteaguas para la zona ribereña de la villa, dado que la dotó de una entidad jurídica inédita, le otorgó un renovado significado social, y la volvió objeto de una batería de políticas indispensables para el cumplimiento de un fallo que se ubicaba en el centro de la agenda pública. Así, de “no existir en el mapa”, sus habitantes se hallaron a sí mismos en el epicentro de una resonante causa judicial; y de vivir en “Las vías” o “Tres Rosas”, pasaron a ser “obstáculos” de un novedoso “camino de sirga”. Por tal motivo, cuando este concepto del Código Civil (con vigencia legal pero escasa aplicación práctica) comenzó a ser actualizado localmente –es decir, trasladado de un “estado virtual” a un “estado real” (Melé, 2011)–, los destinos de mujeres como Concepción se entrelazaron con el proceso de construcción de una nueva territorialidad (Mançano Fernandes, 2005).

Según Melé (2008), existen dos grandes acepciones sobre la noción de territorio: la de espacio delimitado y la de espacio apropiado. La primera hace referencia a su sentido topográfico (Levy, 1994) y político-jurídico (Di Méo, 1998) y, según ella, las acciones de recorte y zonificación de determinada superficie son formas de producción de territorio. La segunda, por su parte, remite a su sentido social; en otras palabras, al territorio atravesado por la significación, por los usos y valores que en él se depositan y construyen.

Las últimas páginas recorrieron, precisamente, estas dos dimensiones del proceso de reterritorialización de la costa del río. Por un lado, en el capítulo 2 nos detuvimos en los modos en que se construyó socialmente el problema de la degradación ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, y examinamos las formas por las que se le dio curso jurídico y político a los diagnósticos sobre la contaminación. Pudimos observar las visiones y argumentos que se generaron desde el Poder Judicial acerca del proceso de saneamiento y, en el capítulo 3, cómo eso condujo a que se dispusiese la apertura del camino de sirga, entendido como mecanismo para facilitar la limpieza del río, reordenar sus costas y “mejorar la calidad de vida”. Por otro lado, en el capítulo 4 exploramos las maneras en que los habitantes ribereños se relacionaban con su barrio y su ambiente, desentrañando en base a esto algunas de las representaciones que emergieron entre ellos en torno a la pretensión de relocalizarlos y transformar su zona de residencia.

Este capítulo se ubica en la intersección entre estas dos caras del territorio: las pretensiones estatales de transformarlo y los significados sociales en él anclados; o, dicho de otro modo, el territorio como objeto de intervención y como lugar de significación. Como veremos, el resultado de ese cruce es, precisamente, la reticencia a acatar la sentencia, cuando no la abierta resistencia y la invalidación social de la ejecución del fallo Mendoza. En las páginas que siguen, observaremos este proceso sumergiéndonos en los efectos conflictivos de la orden de relocalización en la Villa 21-24. ¿Qué actores se involucraron y qué papel cumplieron en el desarrollo del conflicto? ¿Qué características asumió la delimitación del camino de sirga y que controversias suscitó? ¿Cuáles fueron los debates que generó esta medida entre los afectados y sus defensores, y cuáles fueron las principales demandas que plantearon ante la justicia y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? ¿A qué medios de protesta apelaron y qué lugar tuvo la vía jurídica en la formulación y canalización de sus reclamos?

Para abordar estos interrogantes, es preciso partir de que el territorio que se volvió foco de controversias no era preexistente al conflicto; más bien, éste comenzó a ser construido desde que el Estado lo hizo objeto de intervención y sus habitantes se coaligaron para defender determinadas visiones e intereses sobre él. Naturalmente, tampoco podría afirmarse que el grupo de afectados precediera al arribo de la orden de relocalización; como señala Melé (2008), una de las formas de territorialización de los conflictos es la producción de grupos espacialmente inscriptos –es decir, físicamente próximos– que se vuelven conscientes de un destino común –y, de ese modo, socialmente cercanos–. En otras palabras, la red de habitantes creada a partir de la aparición del fallo judicial expresó una sociabilidad geográficamente anclada que produjo y transformó el territorio como ámbito de disputa y significación.

Este capítulo analizará entonces cómo se construye una nueva territorialidad en la costa del Riachuelo a partir de la orden de Armella, y de qué maneras esa reterritorialización de la ribera –que implica nuevos sentidos, usos y objetivos para con ella– cataliza un conflicto social. Dicho de otro modo, el foco estará puesto en cómo la transformación del territorio despliega un abanico de controversias, y cómo estas controversias marcan el compás de los cambios territoriales.

Como veremos, el conflicto suscitado a partir del arribo de la orden de relocalización a la Villa 21-24 en el año 2010 produjo un efecto politizador: al anoticiarse de la cédula judicial, muchos de los habitantes del área ribereña se coaligaron en busca de interceder en el curso de los acontecimientos. Valiéndose de la experiencia militante de algunos de ellos (como Jorge y Raúl, cuyas trayectorias se repasaron en el capítulo anterior), realizaron una elección de representantes según su zona de residencia y conformaron un “cuerpo de delegados” que comenzó a reunirse semanalmente[2]. Así, de “no existir en el mapa” –como se lamentaba Concepción–, ahora se hallaban a sí mismos como afectados y comenzaban a insertarse forzosamente en la agenda de la Corte Suprema de Justicia, el juez Armella y, sobre todo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el actor conminado a llevar a cabo su traslado y abrir el camino de sirga.

De hecho, volverse repentinamente habitantes de la sirga –como la empezaron a llamar sus pobladores– fue, acaso, uno de los principales factores que alinearon a vecinos de procedencias tan heterogéneas en torno a un mismo problema. Es que la contaminación y su arraigo en el barrio no eran hasta entonces objeto de acción colectiva en sí mismos. Como veíamos en el capítulo anterior, muchos sentían que “ya estaban jugados” por el ambiente al que estaban expuestos; y casos como el de Concepción muestran que los vecinos se encontraban pensando más en radicarse y asentarse que en abandonar sus hogares o ser erradicados.

En el camino de sirga, donde conviven vecinos antiguos y recientes, nativos y extranjeros, trabajadores formales e informales, ocupados y desocupados, la aparición de la orden de relocalización les otorgó a todos un destino común en torno al cual se coaligaron, construyéndose así –a partir del conflicto– como nuevo actor político colectivo. Según afirma Touraine (1973: 363), “el conflicto constituye y organiza al actor”, siendo la creación del cuerpo de delegados y la politización de los afectados uno de los primeros efectos productivos del fallo de Armella.

El conflicto se destacó también por sumergir a los habitantes del camino de sirga en el mundo del derecho, no sólo porque su relocalización consistía en una política motorizada por un proceso judicial –y, por ende, tramitada con el lenguaje de las leyes y los expedientes–, sino porque para hacerle frente convocaron a actores expertos con quienes elaboraron colectivamente su situación jurídica y generaron vías para defender sus intereses en el marco de la causa. Pero, como vimos anteriormente, en conflictos como éste el derecho no aparece sólo como recurso sino también como cuadro cognitivo, construyendo expectativas y convirtiéndose en fuente argumentativa (Azuela, Melé y Ugalde, 2015). Por lo tanto, gracias a los especialistas, los afectados atravesaron un proceso de aprendizaje del lenguaje del derecho y tradujeron sus argumentos y demandas en estrategias jurídicas. Esta dimensión del conflicto constituye, de acuerdo con Melé, uno de los objetos privilegiados de una geografía del derecho en acción, ya que permite concebir a éste como más que una mera entidad exterior que se insertaría en situaciones para calificarlas y determinar sus reglas y prácticas. De hecho, “no sólo los jueces y los representantes de los poderes públicos no tienen el monopolio de la interpretación, sino que las situaciones de acción pública instauran transacciones en torno al derecho, sus objetivos y su aplicación” (Melé, 2011: 8, traducción propia).

Lo que sigue del capítulo está dividido en cinco partes. Si hasta aquí describimos el surgimiento del cuerpo de delegados que tomó la tarea de actuar en nombre de los afectados por la orden de relocalización, el primer apartado consistirá en una presentación de los actores que fueron convocados por aquellos para acompañarlos en su disputa con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los sectores del Poder Judicial implicados en el proceso. En particular, se hará referencia a cuatro de ellos –la Fundación Temas, la Asesoría Tutelar, la Defensoría General de la Ciudad y el Cuerpo Colegiado–, y se presentarán tanto sus representaciones sobre la causa como sus modos de intervención en el conflicto.

En la segunda sección nos detendremos en el proceso de delimitación del camino de sirga y en la realización del censo que determinó la población a ser relocalizada, procurando indagar en las controversias y debates generados durante los primeros pasos de territorialización de la sentencia. A estos efectos, se examinarán los intereses y lógicas de acción que orientaban a los actores involucrados en la conformación del listado de afectados, y se remarcará la relevancia técnica y política que adquirió la generación de una traza que, a futuro, sería más amplia que la línea de demolición.

La tercera parte versará sobre los dilemas abiertos por las primeras mudanzas en lo que respecta a la definición de las zonas a relocalizar. Se observará de qué modos los criterios propuestos por el ivc se hallaban en contradicción con los intereses de los habitantes del camino de sirga y sus aliados: mientras que aquel sostenía bajo argumentos prácticos que debía priorizarse una zona que lindaba con los límites de la villa, éstos exigían que se privilegiasen las áreas y personas en condiciones de mayor urgencia habitacional y sanitaria.

La cuarta parte nos conducirá al complejo Padre Mugica, el conjunto habitacional ubicado en el barrio de Villa Lugano al que fueron trasladadas las primeras familias relocalizadas. En este apartado se examinarán las denuncias por vulneraciones de derechos realizadas por la Defensoría General de la Ciudad a raíz del estado de las viviendas y se destacará, a partir de ello, la emergencia de una demanda por la mejora en la calidad constructiva de las futuras viviendas.

Por último, la quinta parte consistirá en un análisis de las formas de protesta de las que se valieron los afectados, y cómo en articulación con sus defensores combinaron repertorios de acción política con métodos y herramientas propios del campo jurídico. Se examinarán en particular las modalidades de acción de la Defensoría General de la Ciudad, sosteniéndose que su actuación en el ámbito de los tribunales se ve complementada con una colaboración en la organización de sus patrocinados.

De los barrios a los tribunales: las organizaciones defensoras de los afectados

La Fundación Temas

Para una villa tan grande y antigua, con una vitalidad social y política como la de la 21-24, la Fundación Temas se destaca entre el sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que realizan actividades en el barrio. Creada en 2004 por un grupo de jóvenes conmovidos por la crisis social de 2001, se dedica a asuntos poco vinculados al hábitat o la integración urbana –cuanto menos en un sentido directo–: cuentan con un consultorio odontológico, una escuela de boxeo, un proyecto educativo para niños en edad escolar primaria, una escuela de música, un programa de formación de jóvenes como promotores comunitarios y, desde recientemente, un plan de formación de referentes de género. “Nos dijimos ‘elijamos un pedacito de mundo para ver qué podemos hacer con lo poco que tenemos’”, me relataba Paula Ordóñez, su mayor referente.

Empezamos a laburar la 21 con la idea de después replicar en otros lados… Pero ahí [nos tenés], enterrados hasta acá […]. Se armó un equipo, se fue profesionalizando más la cuestión, después se pegó un viraje mucho más hacia la construcción comunitaria, que es donde estamos hoy. Digo, fueron habiendo virajes que tienen que ver con lo ideológico y con cómo te vas formando personal e institucionalmente en el laburo territorial.

Acaso ese giro condujo a que, a lo largo de los años, Temas promoviese encuentros de organizaciones, acompañara a la Junta Vecinal en la negociación de un pliego por la licitación de la recolección de residuos y participara en mesas de riesgo eléctrico, entre otras problemáticas ligadas a derechos colectivos. Y fue este profundo enraizamiento en el barrio el que acabó por llevar a la Fundación a involucrarse activamente en el conflicto por las relocalizaciones, desde el mismo momento en que la cédula de notificación de la resolución del juez Armella tocó las puertas de la Villa 21-24. “En la [manzana] 28, donde tenemos el consultorio y la escuela de boxeo, me estaban esperando con esta siniestra cédula judicial […], y me dicen ‘explicanos esto’. ‘Erradicar a las familias que viven en la cuenca. Desratizar’. Una cosa así decía […]. Era siniestro”.

Paula: Sábado a la noche, me acuerdo. Diluviaba, y me llamaron para decirme “juntémonos y explicanos qué es el Código Civil y qué es el camino de sirga”.

Andrés: ¿Quién te llamó? ¿Los vecinos?

P: Sí, los vecinos. Y me acuerdo que llegué a un lugar donde se habían juntado como sesenta personas –sólo hombres, me llamó la atención, no había mujeres en ese momento, hoy delegadas hay muchas mujeres–. Y bueno, la primera reunión la hicimos en la tira ésta, que la llamábamos la tira de las casas quemadas, y yo les explicaba qué era el camino de sirga, ese antiquísimo artículo del Código Civil.

A: ¿Vos ya lo conocías?

P: ¡No!

A: Te pusiste a investigar.

P: Sí. Les decía que ahí no se podía construir, porque el Código Civil lo prohibía.

Paula sabía de la existencia de la causa Mendoza antes de toparse con la cédula judicial, debido a que es Licenciada en Ciencias Ambientales y, según me contaba, para los de su disciplina “el Riachuelo es el tema”. Pero la orden de relocalización no fue noticia para ella sino hasta que los vecinos de la villa la alertaron.

Poner en un mismo renglón ‘erradicar a las familias, demoler las viviendas, desratizar’ hablaba de la mirada antropológica de ese señor Armella básicamente, ¿no? Yo no lo podía creer, no lo podía creer, porque además no concibo para qué querríamos sanear un río si no es por la salud humana. Un río que pasa por una ciudad, no lo podía creer.

Además de preocuparse desde un inicio por la dimensión social de las relocalizaciones, a Paula –que tenía largos años de testigo de las intervenciones estatales en el territorio– le llamó la atención lo errática que resultaba esta medida en relación con otras políticas anteriores. “Yo les decía [a los vecinos] que sobre el camino de sirga no se podía construir, y lo decía en una casa que el propio ivc construyó sobre el camino de sirga”, recordaba durante nuestra entrevista. “Es el Estado esquizoide que tenemos. La Comisión Municipal de Vivienda[3] construyó ahí una tira de casas para darle viviendas a un grupo de familias a las que se les había incendiado la casa justito atrás. Entonces uno mira el Estado y lo piensa en procesos de gobierno […], y se pone en evidencia lo disparatado que es para los ciudadanos comunes”.

De hecho, mientras que una de las sensaciones que primó en un principio fue el descreimiento de que la relocalización fuera alguna vez a suceder, Paula estaba convencida de que debía tomarse la orden de Armella como potencialmente beneficiosa para el barrio y sus habitantes. “Encontrabas una cantidad de gente que aseguraba que no iba a pasar”, me contaba Paula, explicándome que los vecinos la asociaban a tantas otras promesas y anuncios incumplidos en el pasado. Pero en sintonía con la idea de Jorge –que, según vimos en el capítulo anterior, creía que la apertura del camino de sirga podía operar como puntapié para una urbanización del barrio en su totalidad–, Paula creía que podía transformarse el proceso en un problema de política de vivienda que acabase por mejorar las condiciones de vida de las personas. Aun así, recordaba que “fue muy ardua la tarea de concientizar a las familias de la sirga, concientizar de que esto no sólo iba a pasar sino que debía pasar y [debía convertírselo] en una oportunidad”.

La Asesoría Tutelar

La Asesoría Tutelar, también conocida como Ministerio Público Tutelar, es una de las tres ramas del Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires. Al igual que la Defensoría General –o Ministerio Público de la Defensa, abordado en el capítulo 4–, se rige por la Ley nº 1.903 y tiene como función el control de la legalidad de los procedimientos institucionales, la promoción del acceso a la justicia y la protección de los derechos, en todos los casos en lo que atañe a menores y personas con padecimientos mentales. Para ello, según cuenta el organismo en su sitio web, “cuenta con profesionales especializados que asesoran, informan y orientan a los titulares de derechos y/o sus representantes”.

En una entrevista, Gastón Sánchez –Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones nº 1– resumía su rol como “[representar] pibes y locos, para que la gente lo entienda así”. En algunos casos, puede incluso dictaminar o peticionar en contra del niño, “si el niño es la propia persona que vulnera sus derechos”, como en el caso de algún “chico adicto que no se quiere internar”. De hecho, “siempre, siempre hay un defensor de menores, aunque existan padres o tutores […]. Siempre va a intervenir y siempre va a opinar. Más que del niño, opinamos de los derechos del niño. Es decir, sobre derechos que son indisponibles, [de los] que los padres no pueden disponer”.

Por este motivo, el apoyo de Gastón a la relocalización de la población del camino de sirga es indeclinable. En la medida en que la gente “vive indignamente” y “se está enfermando”, las voluntades de los menores –o las de sus padres para con ellos– son secundarias si lo que está en juego son sus derechos:

imaginemos que hubiese una familia que no se quiere ir [pero] le dan una vivienda digna […]. Yo dictaminaría: ‘señora, usted se va igual porque sus chicos están enfermos y se tienen que ir, porque si usted no se va, estaría violando los derechos de su hijo’.

Para la Asesoría Tutelar, sin embargo, no están dadas las condiciones necesarias para que se efectúe la relocalización de la población de la costa del Riachuelo, ya que, si bien las condiciones de vida allí dan cuenta de la vulneración de numerosos derechos, tampoco está asegurado que la situación de vulnerabilidad no se reproduzca en los sitios donde las personas sean trasladadas. Por lo tanto, desde el organismo se reconoce la legitimidad y necesidad de la orden de la justicia, pero se advierte sobre la falta de garantías:

Andrés: ¿Pero todos los vecinos quieren irse?

Gastón: A mí no me interesa si quieren irse.

A: No sería tu problema…

G: No es mi problema porque ya lo decidió la Corte, no es que acá el que no se quiere ir…

A: ¿Pero qué pasa si alguno dice “no me quiero ir”?

G: A ver, si hay una vivienda adecuada y digna, construida de acuerdo a como se tiene que construir, y hay vacantes para el chico –porque la relocalización no implica sólo la vivienda–, y hay atención sanitaria en el barrio a donde se lo va a relocalizar, la gente no se puede negar a irse.

Durante nuestra entrevista, Gastón recordaba cómo se involucró tempranamente en el conflicto por las relocalizaciones de la Villa 21-24.

La gente fue a verlo al padre Pepe Di Paola, [y él] me llamó a mí para decirme ‘mire Doctor, está pasando esta circunstancia, la gente está siendo intimada, le dicen que la van a desalojar del camino de sirga, yo no entiendo mucho, fíjese qué puede hacer’.

Desde entonces, Gastón se hizo presente con regularidad en las asambleas del cuerpo de delegados, dándose como tarea velar por el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación y la vivienda digna de los niños a relocalizar. Esto implicó, por parte de la Asesoría Tutelar, la elevación de reclamos y recursos en torno a demandas tales como que se garantizasen vacantes escolares para los niños trasladados o que hubiese servicio de atención médica a distancias razonables.

El Asesor Tutelar confía en que se corra la voz entre las familias que precisan de su ayuda; aclarando que cuenta con sólo once personas a su cargo, Sánchez dice realizar un trabajo “muy artesanal muchas veces”, lo que lleva a que “[haya] cosas solucionables y cosas que no”. Como argumentan Bermúdez, Carmona y Royo (2014), en los barrios populares suele acabar teniendo acceso al Poder Judicial apenas una pequeña porción de la población cuyos derechos se encuentran vulnerados. Por este motivo, desde la Asesoría Tutelar dan cuenta de la importancia de adoptar un enfoque de tipo “territorial”:

Gastón: Yo, [a diferencia de] otros colegas, tengo una visión mucho más territorial, como que hay que ir a buscar el problema.

Andrés: ¿Por qué? ¿Si no cómo llega hasta acá?

G: Claro, es que no llega nunca. A veces la gente no llega, o llega por los medios de comunicación. [En] la toma del [Parque] Indoamericano, en su momento había tres asesores tutelares de primera instancia. Fue por iniciativa mía que me fui hasta el Indoamericano, y cuando vi la situación cómo era, promovimos una acción judicial con el padre Pepe Di Paola, que era el vicario de los curas villeros en ese momento, y con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y con el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, y presentamos un amparo esa noche.

La labor de la Asesoría Tutelar está guiada por la preocupación acerca de las desventajas objetivas a las que se encuentra sometida la población socialmente vulnerable para acceder a la justicia. “El Poder Judicial no es la justicia: justicia es una cosa y Poder Judicial es otra”, dice Gastón, y justificando por qué buena parte de sus tareas son “extrajudiciales”, aclara:

El ciudadano, el habitante, tiene que llegar a ese Poder Judicial para reclamar justicia. Obviamente es muy difícil para un vecino de la 21-24 acceder a un defensor que está en Morón. Se tiene que tomar el colectivo hasta Once, tomarse el tren, después caminar hasta la Defensoría, volver, contar con tiempo […]. Es un ida y vuelta que… No es fácil para un pobre sostener un juicio.

En efecto, la Asesoría Tutelar cuenta con escasas capacidades de incidencia jurídica en el curso de la causa por las relocalizaciones. A diferencia de la Defensoría General de la Ciudad, que por medio de un convenio de cooperación con la Defensoría General de la Nación se hizo de una lábil capacidad de realizar presentaciones –como se relató en el capítulo 3–, la Asesoría Tutelar quedó excluida de toda posibilidad de acceso al expediente debido a su falta de competencia. Gastón, en esta clave, destaca que “nosotros colaboramos aun cuando no somos el defensor de la causa Mendoza, colaboramos territorialmente con asesorar a la gente, acompañarla”, y define sus tareas como “hacer informes sociales, colaborar, mandárselos a la Defensoría Federal”. Su protagonismo en el conflicto, por lo tanto, estuvo signado por su dedicación a defender los derechos económicos, sociales y culturales de los menores, así como por su cercanía y grado de conocimiento entre los vecinos del camino de sirga. Pero, por otro lado, estuvo limitado por su capacidad de representarlos legalmente: al verse dificultada la recepción de sus recursos y pedidos ante el Juzgado, tendió a centrar sus actuaciones en la presentación de recursos administrativos ante el gobierno de la ciudad, a menudo denunciando la vulneración de sus derechos en el proceso de relocalización y reclamando su debida protección.

La Defensoría General de la Ciudad

Entre todos los organismos y organizaciones que conformaron el bloque de actores en defensa de los afectados de la Villa 21-24, la Defensoría General de la Ciudad –patrocinadora de los vecinos frente a las agencias involucradas en su relocalización– fue la de mayor protagonismo. A partir de que con los primeros desalojos dimensionó los efectos sociales que tendría la implementación del fallo Mendoza, la Defensoría creó una unidad especial ad hoc abocada al abordaje de la causa. Los abogados de la Defensoría General de la Ciudad que comenzaron a integrar este equipo no sólo estuvieron invariablemente presentes en las asambleas del cuerpo de delegados del camino de sirga, sino que también concurrieron y colaboraron en su puesta en funcionamiento desde sus inicios.

En rigor, como vimos en el capítulo 3, la Defensoría es una dependencia del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires a cargo de garantizar el acceso a la justicia a los ciudadanos de bajos recursos que cuentan con reclamos contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Para ello, asigna defensores públicos que brindan un acompañamiento gratuito a quienes no pueden pagar un abogado y deben entablar una demanda: “¿Viste, como en las películas, “si usted no tiene un abogado el Estado le proveerá uno”? Bueno, eso somos nosotros”, resumía en una entrevista Luciana, una de las profesionales abocadas al caso de la Villa 21-24.

Sin embargo, en poco se asemejan estos abogados asignados por el Estado a los de las películas, retratados como burócratas y formalistas. La Defensoría General de la Ciudad, más bien, orienta sus estrategias “[pensando sus] prácticas como una contribución a la conformación de un derecho emancipatorio al servicio de un proyecto de justicia social” (Chellillo et al., 2014b: 42)[4].

[La Defensoría General de la Ciudad es] un organismo público que ha decido comprometerse activamente con la defensa de los sectores populares –trabajadores que ven precarizados distintos aspectos de su vida– y con ellos, construye ciudadanía a través de la defensa de los derechos al hábitat, a una vivienda digna, a un ambiente sano y a formar parte de una ciudad en condiciones de igualdad, fortaleciéndola en su creciente disputa contra las lógicas de un mercado desregulado que viene privándolas sistemáticamente de sus derechos más elementales (Chellillo et al., 2014b: 58).

Según afirma el organismo en sus propios documentos oficiales, su lugar “está allí donde se vive un problema: en el barrio, en la calle, en los bordes de nuestra Ciudad, donde se palpa el olvido y el sufrimiento”, y esa presencia tendría como objetivo “que la voz que allí se pronuncia llegue a los tribunales […], a ese último recurso que ofrece el Estado cuando ya todos los demás resortes institucionales fallaron, y que es su Poder Judicial” (Defensoría General de la Ciudad, 2014: 13).

Por este motivo, el desafío de la Defensoría –se sostiene en el sitio web oficial– es poder acompañar y luego traducir jurídicamente las necesidades desde los propios lugares donde los conflictos existen. Al igual que la Asesoría Tutelar, la Defensoría General de la Ciudad sostiene que el acceso a la justicia por parte de los sectores populares es una tarea dificultosa, y en respuesta a ello argumentan que la presencia en el territorio es un recurso indispensable para contribuir a derribar las barreras físicas que separan a los vecinos del Poder Judicial. Para ello, propone “participar activamente en asambleas, redes y reuniones donde los habitantes expresan sus problemáticas, donde se construyen las estrategias judiciales e informa sobre el trabajo y estado de los procesos judiciales que afectan a los vecinos”. A su vez, esto implica que el ingreso al territorio deba ser complementado con un “ingreso al conflicto”, ya que “los derechos sólo pueden defenderse […] en los lugares donde [los conflictos] ocurren”. Por este motivo, el trabajo de la Defensoría se sostiene –según el propio organismo– sobre dos premisas fundamentales:

a. [Que] el “conflicto colectivo” adquiere una centralidad y protagonismo, desplazando a la “demanda” individual a un lugar secundario. Los ejes ordenadores del trabajo son los conflictos y su correlato en exigencia de derechos.
b. [Que] las dinámicas y contornos del conflicto solo pueden comprenderse, y por lo tanto defenderse, en los lugares donde éstos ocurren, por lo que el trabajo cotidiano combina estar en los territorios y en la oficina, en un intento de diluir el adentro y el afuera y así potenciar el trabajo jurídico, toda vez que le da densidad y arraigo real. Los derechos se hacen personas (Chellillo et al., 2014b: 43).

Desde estas premisas –prosigue el documento escrito por integrantes de la Defensoría–, se vuelve posible construir un puente entre el movimiento social y la “defensa activa de derechos”, lográndose así “transformar determinadas necesidades sociales que emergen de estos conflictos en demandas de derechos”. Para ello, sería preciso contar con una presencia en los barrios más vulnerables de la ciudad y en sus dinámicas organizativas, aprendiendo de este modo a “comprender los conflictos desde el punto de vista de los afectados […], donde la lucha por los derechos tiene lugar”. Más aún, “se necesita un colectivo organizado que protagonice el conflicto al cual […] asesorar” (Chellillo et al., 2014b: 43). En definitiva, el objetivo último es “contribuir al empoderamiento de los habitantes, asumiendo su defensa en juicio y la tarea de promoción y difusión de los derechos” (Defensoría General de la Ciudad, 2014: 11).

El caso de las villas del camino de sirga es un ejemplo –según el organismo– de cómo la justicia puede generar injusticias, y de cómo una sentencia que propone mejorar la calidad de vida de la población puede acabar cercenando su derecho a la ciudad (Harvey, 2013; Lefebvre, 1972). Esta noción, desarrollada en el campo académico y enarbolada por movimientos sociales urbanos, no es entendida por la Defensoría “de forma aislada, [como] el derecho a la vivienda”, sino como “el derecho al acceso a los servicios públicos y los restantes derechos económicos, sociales y culturales (salud, educación, etc.)” (Defensoría General de la Ciudad, 2014: 12). En otras palabras, se la asume como noción que “engloba” y “trasciende” los derechos económicos, sociales y culturales al inscribirlos en la realidad de la problemática urbana.

El derecho a la vivienda tiene que ser entendido […] en el marco más amplio de un derecho a la ciudad, que engloba a un conjunto de derechos, bajo la óptica de la vida urbana. Ya no se trata de ver, de forma aislada, el derecho a la vivienda, el derecho al acceso a los servicios públicos y los restantes derechos económicos, sociales y culturales (salud, educación, etc.), sino de enfocarlos de manera integrada, a la luz de las peculiaridades y desafíos que plantea la vida colectiva en las ciudades (Defensoría General de la Ciudad, 2014: 7).

Más aún, al quebrar las redes sociales, los entramados de solidaridad y los lazos comunitarios, podría hablarse del proceso desatado por la resolución del juez Armella como una erradicación en lugar de relocalización, pues rememoraría más a la política habitacional de la última dictadura que a una respetuosa de los derechos humanos que conciba a los habitantes de la cuenca como sujetos titulares de derechos (Chellillo et al., 2014a: 25). La causa judicial –sostiene la Defensoría– convirtió a los afectados en objetos a ser trasladados, sin que se repare en la protección de derechos como a la educación, la salud, la información y la participación. Por esta razón, la Defensoría contrapone a la lógica de implementación de las relocalizaciones la premisa de que “las personas no son cosas que se pueden mover de un lugar a otro” (Defensoría General de la Ciudad, 2014). Es que un hogar –afirma– no es una isla o un espacio aislado, sino reflejo de una vida en comunidad, y por ende es parte de un entramado que incluye “desde el comedor escolar hasta la capilla”. En este sentido, “relocalizar tiene que implicar, además de la integración de las personas, una red de servicios públicos, el respeto de los lazos comunitarios”.

De lo que se trata es de asegurar la existencia de un hogar, de un lugar adecuado para vivir con dignidad. El hogar es el lugar donde la familia interactúa y donde uno vive. Allí los hijos se educan, la familia conversa y desarrolla lo esencial de su vida, que transcurre fuera del trabajo (cuando se lo tiene, claro), allí se pasa parte del tiempo libre y se despliegan las posibilidades existenciales en la intimidad. Pues no hay intimidad (un ámbito reservado de la vista de los demás), ni privacidad (la posibilidad de desarrollar una forma de vida), ni experiencia familiar sin un hogar. Y relocalizar significa que el hogar que cada uno dificultosamente supo constituir en una zona altamente contaminada pueda ser reconstruido en otro lugar cercano de la propia Ciudad (Defensoría General de la Ciudad, 2014: 9).

Debido a que las resoluciones del juez Armella no contemplaban la protección de estos derechos ni propiciaba la generación de mecanismos para resguardarlos –incluso luego de haber concedido el derecho a la relocalización–, la Defensoría afirma que, de no mediar un cambio de enfoque por parte de la justicia y el gobierno de la ciudad, la causa Mendoza acabará siendo una oportunidad desaprovechada. A fin de cuentas, el conflicto podría evidenciar si el proceso es llevado adelante por jueces y cortes conservadoras, “prestas a legitimar las injusticias de la realidad social”, o bien por jueces y cortes innovadoras, que asumen el riesgo de “participar en la creación del futuro de la sociedad de la que forman parte” (Defensoría General de la Ciudad, 2014: 7).

¿Y el Cuerpo Colegiado?

Creado a instancias de la Corte Suprema como contralor ciudadano de la ejecución de la sentencia, el Cuerpo Colegiado ha tenido escasa participación territorial en el proceso de implementación de las relocalizaciones. Es decir que, si bien formalmente fue designado como representación de la población de la cuenca Matanza-Riachuelo, quienes canalizaron los intereses de los afectados del modo más directo y personal fueron otras organizaciones y organismos cuyo involucramiento en el proceso no había estado contemplado originalmente cuando se dictó el fallo.

En primer lugar, esta ausencia territorial del Cuerpo Colegiado obedeció a dificultades financieras que limitaron la capacidad de las entidades de desplegarse en los barrios. El máximo tribunal, al nombrar a Greenpeace, la Asamblea Ciudadana por los Derechos Humanos (APDH), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación de Vecinos La Boca y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no previó la asignación de recursos para el desempeño de sus tareas. Como explica Sergio Catáñez, de FARN, cuando la Corte Suprema emitió su fallo no ordenó a los condenados el pago de los honorarios por el patrocinio jurídico, de modo tal que el Cuerpo Colegiado asumió la tarea de representación de las víctimas sin estipularse quién afrontaría los costos. “Los honorarios de un juicio los tiene que pagar la parte que está vencida, en este caso son los estados. Sin embargo, la Corte dijo que no tenían que pagar honorarios. Eso significa que la Corte ordenó que no nos financiaran el trabajo que estamos haciendo”.

Como consecuencia, organizaciones como FARN han visto dificultada la realización de numerosas tareas. La falta de recursos “significa que no tenemos toda la disponibilidad de tiempo necesaria, que no tenemos equipos los suficientemente grandes para trabajar en la causa”. Según Santiago, se trata de un caso que afecta a millones de personas, incluye “quince o veinte” expedientes judiciales y abarca un río de setenta kilómetros de largo. Tamaño proceso requeriría “un equipo técnico para discutir cuestiones puntuales, como la calidad de las viviendas, la calidad del suelo donde se instalan las viviendas, distintas cuestiones de salud, de construcción”; es decir, tareas que requieren niveles de remuneración con las que la Fundación no cuenta.

En segundo lugar, la falta de involucramiento territorial de las organizaciones ha sido consecuencia de la crisis en la que se insertó el Cuerpo Colegiado cuando la Defensoría del Pueblo de la Nación –que debía actuar como coordinador general– quedó acéfala en el año 2009[5]. En aquel entonces, la falta de iniciativa gubernamental y consenso parlamentario para nombrar un sucesor al Defensor saliente derivó en que el organismo se desorganizara, se desjerarquizaran sus funciones y por ende se desarticulara la labor de controlar la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema. La vitalidad que había cobrado la Defensoría del Pueblo en aquellos años previos al fallo –cuando publicó los influyentes informes sobre la cuenca Matanza-Riachuelo– ya era asunto del pasado.

Según Juan Bermúdez, del CELS, “la Defensoría del Pueblo era la que coordinaba los trabajos que había que hacer: responder escritos, opinar todo el tiempo”, y sin ella el Cuerpo Colegiado “queda sin coordinación y sin recursos”. “[En el CELS] no nos dan los recursos, somos cinco personas para toda la agenda de derechos económicos, sociales y culturales, que no es sólo Riachuelo. Entonces la decisión que tomamos fue no hacer trabajo territorial”[6]. Desde una óptica similar, Sergio, de FARN, asegura que “desde que no tiene al Defensor del Pueblo de la Nación, el Cuerpo Colegiado está en crisis. No tenemos equipos técnicos, no tenemos financiación para tener un equipo jurídico que abarque todos los expedientes, no podemos hacer trabajo en el territorio, un montón de cosas que hacen muy difícil la situación”[7].

Por otro lado, debe remarcarse una diferencia cualitativa entre los modos de involucramiento del Cuerpo Colegiado y los de otras organizaciones implicadas, como la Fundación Temas. Tal como identifican Delamata, Sehtman y Ricciardi, en las acciones judiciales suelen existir dos grandes tipos de ONG –ya sea en calidad de actores con legitimación propia o como patrocinantes de los grupos en conflicto–. Por un lado, las que “apuntan a incidir en el sistema institucional de manera que se reconozcan derechos”, y por otro las que “buscan aportar al empoderamiento y la emancipación de las ‘comunidades’, incidiendo en ‘los sujetos’, participando y fomentando estrategias colectivas de reivindicación de derechos” (2014: 417). Mientras que las del Cuerpo Colegiado –amén de sus matices– ilustran la primera postura, veremos a lo largo de las páginas que siguen que la Fundación Temas da cuenta de la segunda.

El sinuoso trazado de la línea de demolición: ampliar el censo de afectados para apuntalar la posición de negociación

El día cero fue el día que vinieron acá ellos, la gente del ivc, a pretender hacer… ¿Cómo se llama? No un censo, sino un relevamiento […]. Y sin pedirnos permiso. No se sabía por qué era. Yo ese día no estaba, pero algunos se enteraron, fueron e hicieron quilombo. Entraron a preguntar, a preguntar, a preguntar, y era por lo del camino de sirga. Y trajeron la carta de la Corte, la manda judicial […], mostrando que en algún momento nos vamos a tener que ir (Raúl).

Las palabras de Raúl retratan el modo en que los primeros vecinos recibieron la noticia de la resolución del juez Armella, una orden que llegó como un repentino golpe a las puertas del barrio un día del año 2010. El ivc, junto con un amplio conjunto de agencias estatales, desembarcaron en la Villa 21-24 esparciéndose por las calles y rincones de la zona ribereña de la villa haciendo un relevamiento de la identidad de una población que a la vez que era “beneficiaria” del fallo judicial se interponía en el camino de su cumplimiento. Pero las tareas necesarias para darle curso a la orden del juez no eran sencillas: se debían constatar estados de salud, entrevistar familias, establecer criterios de prioridad para las paulatinas relocalizaciones y, fundamentalmente, determinar los 35 metros que conformarían el camino de sirga y acabarían generando la línea divisoria entre los “adjudicatarios” y los “no adjudicatarios” de nuevas viviendas en reemplazo de las que serían destruidas. Es que, para cuando el ivc comenzó a intervenir en esta zona de la costa del Riachuelo, el juez Armella ya había reconocido el derecho a la relocalización y por ende la delimitación del camino ribereño no implicaba la mera demolición y expulsión a destino incierto, sino que daba lugar a un complejo proceso de demarcación territorial y reubicación de miles de personas.

Por lo tanto, la orden de delimitar el camino de sirga causó inquietud entre los vecinos, que se hallaron ante un relevamiento de cuyas implicancias sólo tenían una certeza: el ivc preveía trasladarlos a un deteriorado complejo de vivienda de nombre “Padre Mugica”, ubicado en la Comuna 8 –precisamente, el barrio de Villa Lugano, en la zona más desfavorecida de la ciudad de Buenos Aires–. En respuesta a la incertidumbre y falta de información respecto del significado del censo que el organismo del gobierno porteño se prestaba a realizar en el barrio, durante meses se movilizaron para impedirles la entrada a los trabajadores sociales del organismo. “Le dijimos al ivc que no podía seguir antes de que nosotros no nos organizáramos como delegados”, me contaba Raúl, y por eso, según Lorena –una trabajadora del ivc a cargo del relevamiento–, tenían que entrar “casi que a escondidas”:

Yo la primera vez que entré, nos decían ‘acá va a correr sangre’, y ‘no les aseguramos la seguridad’. No sabés lo que era […]. Ahora me río, pero en ese momento era salado de verdad. Uno tras otro nos decían que iba a correr sangre. Me acuerdo, yo una vez fui un sábado con el equipo de campo […] y tuvimos que irnos. Cayeron a echarnos: “ustedes no caminan por nuestro barrio”.

Para habitantes de la villa como Raúl y Jorge, no sólo era la segunda vez que ingresaba en sus vidas una orden estatal de ser desplazados de su lugar de residencia –ya que habían atravesado la erradicación de la dictadura, más de treinta años antes–, sino que sus propias trayectorias a lo largo de las últimas décadas ya los habían colocado en diversas instancias de demanda y conflicto con agencias del Estado. Gracias a la referencia construida entre sus vecinos y las relaciones cultivadas con actores externos al barrio a lo largo de los años, cuando el ivc llegó a la Villa 21-24 convocaron a un conjunto de organismos expertos en la defensa de población afectada por políticas estatales. Éstos no sólo mediarían en su relación con el mundo de los juzgados y las instituciones gubernamentales sino que serían de ayuda para la conformación legal de un cuerpo de delegados de los habitantes de la zona ribereña[8]. Así cuenta Jorge, en la siguiente conversación, cómo los vecinos pusieron en marcha estos lazos desde el mismo momento en que el ivc intentó determinar quiénes serían relocalizados:

Jorge: Nosotros históricamente fuimos duros. ¿Por qué? Porque no queríamos ser erradicados a la Comuna 8.

Andrés: Desde el principio de…

J: Desde el principio. Nosotros le dijimos no a la relocalización [allí]. [El juez Armella] ya había dicho que en ese entonces éramos 780 familias a relocalizar, de las cuales 220 ya se iban a [Padre Mugica].

A: ¿Y de dónde habían sacado ese número si no habían hecho el censo?

J: Y… A ojo de buen cubero.

A: Vino alguien así, contó con el dedo cuántas casas veía, y…

J: Bueno, nosotros al ivc lo sacamos cagando una vez cuando quisieron hacer un censo inconsulto manipulando a punteros políticos que les son afines. Los sacamos cagando a todos, les dijimos que el censo tenía que ser con garantías, con organismos de derechos humanos, y bajo la mirada de un cuerpo de delegados con organismos de derechos humanos haciendo el seguimiento […]. Ellos en un principio suponían que todos nosotros íbamos a ser relocalizados a la vera de la [Avenida] General Paz. Como nos hicimos fuertes, ahí yo, digamos, le doy un grado de protagonismo, le doy mérito al accionar de Sánchez [de la Asesoría Tutelar]. Pero no solamente a Sánchez. A la Defensoría de la Ciudad, al CELS, a ACIJ, a la Fundación [Temas] de Paula. Todos esos organismos fueron veedores del censo.

La canalización judicial de las demandas villeras

A partir de la recuperación democrática, luego de que el gobierno de facto llevase adelante la política de erradicación y desmantelamiento de las organizaciones villeras, el vínculo entre los habitantes de estos barrios y las agencias estatales se caracterizó por una intensa imbricación de los órganos de gobierno con los líderes villeros. Durante aquella etapa, se profundizó el enfoque asistencialista del Estado sobre la “cuestión social” y se sentaron así las condiciones para un mayor protagonismo de las relaciones clientelares entre referentes vecinales y redes partidarias y organismos del Estado (Delamata et al., 2014). Pero la creciente primacía de este tipo de vínculos tuvo sus costos para el orden político al interior de las villas: la incapacidad de los referentes para hallar soluciones estructurales a los problemas del hábitat villero en el marco de un acelerado crecimiento poblacional redundó en una crisis de legitimidad de sus órganos de representación (Sehtman, 2009).

En este marco, y en un contexto de explosión demográfica y debilitamiento de los canales tradicionales de mediación entre las demandas vecinales y las agencias estatales, la intensa conflictividad villera suscitada en la última década tendió a atravesar un proceso novedoso de canalización por vía judicial. Según Delamata et al. (2014), dos factores operaron para la sustanciación de esta confluencia.

En primer lugar, los cambios normativos de los años 1990. Según vimos, la reforma de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires de 1996 dio una sólida consagración al derecho al hábitat y la vivienda y estableció los medios por los cuales el Estado debe garantizar su cumplimiento. En consonancia con ello, han sido varias las leyes locales sancionadas que, aunque incumplidas en su mayoría, indican la necesidad de avanzar hacia la urbanización de las villas.

En segundo lugar, el activo involucramiento de los ya mencionados actores expertos con experiencia en el campo del derecho, entre ellos jueces de los nuevos tribunales porteños e integrantes de los organismos de defensa pública creados por la Carta Magna.

El traslado de las demandas villeras al Poder Judicial estuvo marcado entonces por la intersección del marcado activismo de estos nuevos actores en el campo de los derechos sociales en general, y del hábitat y la vivienda en particular, con una mayor disposición de los tribunales a involucrarse en garantizar estos derechos y fiscalizar políticas públicas.

En otras palabras, además de la crisis de legitimidad de las formas tradicionales de representación política en las villas, la condición de posibilidad para un desplazamiento cada vez más generalizado de los conflictos villeros hacia la tramitación judicial fue el proceso de “villificación” del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires (Delamata, Sehtman y Ricciardi, 2014: 436), por el cual determinados grupos concretos de jueces al frente de juzgados y de abogados a cargo de los nuevos organismos del Poder Judicial cobraron un perfil de compromiso con el derecho al hábitat y la vivienda y se mostraron dispuestos a crear lazos directos con movimientos sociales y grupos de afectados por diversas políticas del gobierno porteño.

A partir de la intervención de estos organismos y organizaciones, los vecinos permitieron finalmente el ingreso del ivc al barrio y a lo largo de varias semanas supervisaron la realización del postergado censo que establecería qué familias se encontraban dentro de los 35 metros del camino de sirga y deberían por ende ser relocalizadas. Se trató, como reclamaban los vecinos organizados, de un censo “con garantías”, bajo “la mirada de un cuerpo de delegados”. Esto hizo del censo de la Villa 21-24 un procedimiento distinto al del resto de los barrios, como cuenta Luciana, abogada de la Defensoría General de la Ciudad:

Luján [un pequeño asentamiento del camino de sirga en la ciudad de Buenos Aires] se enteró de que los iban a desalojar con una orden de desalojo administrativa. El Gobierno les dijo ‘los vamos a mudar, se mudan la semana que viene, listo’. Y los tipos no estaban organizados, no era un asentamiento tan viejo como la Villa 21-24, tuvieron poca posibilidad de resistencia como vecinos. En la 21-24, cuando se enteran […], empezaron a buscar a todos. “Todos” quiere decir toda institución pública que más o menos había trabajado algo en el barrio; nos llamaron a todos […]. Para hacer el censo, en la mayoría de los barrios era ‘listo, chau’, pero en la 21-24 fue un megaoperativo, estaba la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Cuerpo Colegiado, la Asesoría Tutelar, la Defensa… Una cantidad de personas que, antes de entrar en cada casa, los chabones que tenían el aerosol en la mano que marcan y ponen, era toda una discusión.

La mayoría de las viviendas del camino de sirga que siguen en pie cuentan aún con la marca de pintura que atestigua cómo hace años fueron visitadas por el ivc para determinar su número de habitantes e integrarlos a la lista de adjudicatarios de las viviendas a las que les correspondería ser trasladados. Pero lejos de la rigidez que podrían hacer suponer los taxativos 35 metros indicados por el Código Civil, la demarcación del camino de sirga no fue producto de una operación matemática de medición, sino el resultado de conversaciones caso por caso entre el organismo de implementación (ivc) por un lado, y los organismos de defensa y el cuerpo de delegados por el otro. Como explicaba Luciana, consistía en “una parva de organizaciones que controlaban familia por familia”. Y como relata a continuación Darío Panelli –otro de los abogados de la Defensoría–, el trazo fino del camino de sirga se fue delineando de vivienda a vivienda:

Nos subíamos a los techos de las casas y a ojo decíamos “bueno, hasta esa casa entra, esa casa no entra”. No fue una cosa de… No es que hubo agrimensor […]. O sea, ¿desde dónde tomás el inicio de los 35 metros? Vos conocés la villa, aparte de que es todo irregular […]. El censo fue un bardo total.

De modo similar lo recuerda Paula, de la Fundación Temas, según quien “cada uno tenía su centímetro”. Según ella, los múltiples criterios superpuestos generaban “una ardua discusión”, especialmente cuando se trataba de viviendas en zonas límite cuyas familias tenían poca información de lo que sucedía y no contaban con una voluntad o idea definida respecto de la posibilidad de ser relocalizadas. Debe recordarse que, desde un punto de vista netamente técnico, el camino de sirga a la altura de la Villa 21-24 presentaba no pocas complicaciones. Por un lado, el barrio se situaba sobre un meandro de curvas pronunciadas, bordes pantanosos y zonas rellenadas que distaban de ayudar a que la medición fuera una operación automática. Por otro lado, las viviendas, lejos de estar distribuidas de acuerdo con una diagramación en lotes –propia de las áreas formales de la ciudad–, se hallaban encimadas y superpuestas, con intricados pasillos entre ellas, lo cual daba lugar a arbitrariedades en la definición del recorrido de la línea de demolición.

Imagen 3. Vista aérea de la zona ribereña de la Villa 21-24

Meandro de Brian

La fotografía permite apreciar la forma de “u” que adopta el Riachuelo a la altura de la Villa 21-24. Como se mencionó en el capítulo 3, se denomina a este accidente geográfico “meandro de Brian”. Del otro lado del río, el partido de Avellaneda.

Fuente: Google Maps.

Este problema debe enmarcarse en el hecho de que la Villa 21-24 se extiende mucho más allá del Riachuelo; en otras palabras, la zona que se hallaba en juego no comprendía más que una pequeña porción de la superficie total del barrio. En consecuencia, la línea de demarcación del camino de sirga sería además una línea de separación de destinos: quienes fueran identificados como parte de la ribera, serían relocalizados; quienes quedaran a la vera del metro 35, permanecerían allí, como vecinos de la flamante traza vial. Como señala Carman (2017: 96), ser afectado se transformaba en un destino, una diferencia a todo o nada entre aquellos que deberían mudarse y aquellos que seguirían viviendo a escasos metros del río.

La incertidumbre que esto suponía para los habitantes de la ribera también se extendía entre las organizaciones abocadas a la defensa de los afectados, que contaban con escasos elementos para prever qué disyuntivas abriría el proceso. Por esta razón, y como reaseguro ante un camino que vislumbraban prolongado y complejo, adoptaron por estrategia intentar incluir la mayor cantidad de viviendas que fuera posible en el censo, para así contar con amplios márgenes de acción a la hora de que –a futuro– tuvieran que construirse consensos con la población a ser reubicada.

Es menester detenerse en este punto, ya que la apuesta de los vecinos y sus defensores de que el relevamiento fuera lo más abarcador que se pudiera acabó siendo determinante para las dimensiones finales del camino de sirga, y con ello para cuáles y cuántas serían las personas afectadas. El resultado del censo, en última instancia, sentaría la base territorial y poblacional sobre la que se montarían las demandas por venir[9].

Para comprender este problema, debe partirse del significado que la resolución del juez Armella tuvo para los habitantes de la Villa 21-24, según se planteó en el capítulo anterior. La relocalización, como vimos, generaba sospechas, resquemores y sobre todo sensaciones encontradas respecto de si era una alternativa deseable –o, en los términos de la propia causa, si constituía una oportunidad para mejorar la calidad de vida–. Por ende, incluir de modo inflexible en el censo a quienes podrían negarse terminantemente a partir sería motivo de arduos conflictos a futuro. Era preciso entonces construir mecanismos que permitiesen márgenes de maniobra lo suficientemente amplios para resolver los casos individuales. ¿Qué salida tendrían, de lo contrario, quienes al recibir las topadoras y los camiones de mudanza no tuvieran interés ni voluntad de abandonar sus hogares?

En segundo lugar, debe contemplarse la lógica de los organismos de defensa y los referentes vecinales, quienes –según se resaltó– entendían que la orden del juez podía convertirse en una punta de lanza para poner en agenda el derecho a la vivienda y la integración urbana de la villa. La orden de relocalización sin dudas comportaba el peligro de que se vulnerasen derechos, pero después de todo era también la oportunidad de ampliarlos o hacer cumplir los que ya se hallaban vulnerados. En otras palabras, la puesta en agenda del estado de un territorio históricamente rezagado como la Villa 21-24 –una zona “marrón” o de baja estatalidad (O’Donnell, 2008b; Bertranou, 2015)–, abría la posibilidad de que se volviera objeto de debate su situación en materia de derechos económicos, sociales y culturales. En este marco, la sustanciación de un relevamiento de base lo más ancha posible podría hacer las veces de puntapié para el cumplimiento de las reivindicaciones de un grupo de habitantes numéricamente relevante del barrio. Y acaso ese podría ser un primer paso para luego potenciar un reclamo por los derechos del resto de la población de la villa. Así se refería a este problema la integrante de un organismo interviniente en el conflicto:

Andrés: ¿Vos lo viste como que podía llegar a ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida de esa gente?

Ludmila: Digamos, de entrada [el objetivo] era frenar los desalojos. Nuestra primera reivindicación fue “no habrá desalojos sin viviendas”, porque Armella no preveía soluciones habitacionales para las familias que iba a desalojar, una cosa muy punitiva de “vos te equivocaste en invertir así, en esta tierra, y tienen que salir de acá”. Cuando vi que podíamos ganar la cuestión de que el Estado construya soluciones habitacionales para la [Villa] 21, entendí que el proceso de integración urbana de la 21 llegaba por el río […]. Y la realidad es que metimos mucho la cuchara en la demarcación de la sirga original.

A: ¿En pos de qué?

L: De que la mayor cantidad posible de familias sea censada para tener un piso de garantía de derechos lo más grande posible. Proyectando que frente a la eventualidad, las familias que estuvieran a setenta metros del río podrían quedarse.

Mapa 3. Demarcación del camino de sirga en la Villa 21-24

En naranja, el área de demolición. En amarillo, el área demarcada no de por sí afectada por las demoliciones.

Fuente: IVC. Los contenidos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento 2.5 Argentina License.

El relevamiento que finalmente llevó adelante el ivc a principios del año 2011 arrojó la cifra de 1334 familias[10]. Como se puede observar en el Mapa 3, las viviendas marcadas en color amarillo (es decir, aquellas cuyos habitantes fueron incluidos en el censo definitivo) superan en superficie a la zona demarcada para demolición (indicada en color naranja). La diferencia, que en algunas zonas resultó ser de cerca de 35 metros extra –es decir, setenta en total, como señalaba Ludmila–, da cuenta de cómo la población que desde ese entonces pasó formalmente a estar afectada por el proceso judicial no era exactamente coincidente con las áreas que indefectiblemente debían ser desocupadas. Y aun así, todas las personas dentro de esa demarcación –homologada por el juzgado federal– tendrían derecho a una vivienda nueva. Según Paula, de la Fundación Temas, “eso a nosotros nos da un margen también para pedir por las condiciones de vida de esta gente, que entendemos que es la más expuesta al río”.

Ahora bien, ¿bajo qué argumentos los organismos de defensa lograron extender la población relevada por fuera de los 35 metros? Como cuenta Paula, in situ, en el momento de la demarcación” adujeron que las zonas más próximas al talud eran en realidad terrenos de relleno, advirtiéndole al ivc que cuando removiesen las viviendas allí ubicadas descubrirían que la tierra era inapta para construir el camino de sirga. Por lo tanto, 35 metros medidos con exactitud acabarían siendo menos y deberían extenderlos tarde o temprano. “Técnicamente puede ser cierto. Podría serlo. Lo iban a chequear una vez que levanten esas viviendas. De hecho, se modificó, pero no era un mal criterio, por eso fue aceptado”.

A los fines prácticos, la ampliación del camino de sirga más allá de los 35 metros sirvió a dos grandes propósitos. Por un lado, incorporar a la población que, aunque habitara por fuera del camino de sirga, igualmente se hallaba en graves condiciones socioambientales. Como dice Gastón, de la Asesoría Tutelar, “hoy, el caso de una familia que tiene un montón de chicos, que está en el metro 37, está incorporada, y es casi un caso prioritario. Fue un acuerdo extender porque iba a ser mucho mejor por el impacto ambiental”. Debe recordarse que la orden de relocalización estaba enmarcada en una causa que involucraba a la totalidad de la cuenca y que estaba motorizada por un diagnóstico de alto riesgo ambiental. En este marco, se habilitaba la posibilidad de que la noción jurídica de camino de sirga se flexibilizase al actualizarse localmente (Melé, 2011) en la realidad del territorio.

Por otro lado, un relevamiento que desbordara la línea de demarcación –tal como grafica el Mapa 3– permitiría, por medio de un intercambio de viviendas, una mayor capacidad de construcción de consensos a la hora de proceder con las diversas etapas de relocalización. El mecanismo consistiría en que, en caso de haber una determinada familia (llámesela “A”) dentro de los 35 metros sin voluntad de partir, y otra por fuera de ese límite (de nombre “B”) dispuesta a ser relocalizada a los nuevos complejos (“C”), podría otorgársele a “A” la vivienda de “B”, a cambio de que a “B” se le adjudique la vivienda “C” (originalmente estipulada para “A”)[11]. Así describe la operatoria Lorena, del ivc:

Ponele, en la zona de la laguna hay una familia que no se quiere ir a Padre Mugica o que no está censada, nosotros buscamos otra familia en la zona de la sirga que se quiera ir a Padre Mugica, y que deje su vivienda libre para que esta familia que está en la zona que se va a demoler se pueda cambiar de vivienda […].Entonces nos fijamos quién está censado, quién no, quién se quiere ir a Padre Mugica, quién no, y vamos pintando un mapa […] viendo quiénes se quieren ir, quiénes no se quieren ir, quiénes dudan y quiénes son irregulares.

Para algunos –como hemos mencionado hasta aquí– haber sido censados y por ende formalmente afectados por la orden de relocalización era motivo de preocupación, ya que la mudanza no aparecía como un horizonte deseable. Pero para otros, la situación era exactamente opuesta: se hallaron a sí mismos fuera de la nómina establecida por el relevamiento y sin garantías de que la demolición de sus viviendas fuera a ser retribuida con una que la reemplazase. Se trata de los denominados “estafados”, personas que se mudaron al camino de sirga luego del censo llevado a cabo en 2011 y no fueron advertidos de la situación judicial de los terrenos de sus nuevas casas por parte de quienes se las vendieron.

Tal fue la situación de Concepción, cuya llegada al barrio relatábamos en el capítulo pasado. Fue poco después de consagrarse como propietaria y mudarse que supo que estaba habitando sobre un tal “camino de sirga” que debería abandonar por el futuro paso de topadoras. Por allí ya había pasado meses antes el censo que había determinado quiénes serían adjudicatarios de una vivienda nueva luego de la demolición; y ella, habiendo comprado su vivienda sin conocer el proceso en marcha, había quedado excluida. “Yo no tenía idea”, me contaba, al relatarme angustiada la tristeza que la invadió cuando se enteró de que la echarían de su casa, la primera que pudo adquirir a lo largo de su vida y sobre la cual invirtió ahorros dificultosamente acumulados durante años. Pero lo que más la preocupaba no era tener que abandonarla, como el resto de sus vecinos, sino no formar parte del listado de adjudicatarios. Producto de mala fe o ignorancia de los vendedores, desconocimiento de los compradores y una deficiente política informativa del Estado, fueron numerosas las familias que se hallaron en tal situación de incertidumbre.

Andrés: ¿Y cómo fue cuando te enteraste de que la casa que habías comprado ibas a tener que dejarla? ¿Y que ni siquiera estabas censada?

Concepción: Me quedé tan triste […].

A: ¿A vos te preocupa no estar en el censo?

C: A mí me preocupa, sí. 

A: Y hay muchos en esa situación, no sos la única…

C: Montones de gente. No se acaba. Hay montones de gente. 

Pero el de los “estafados” no fue el único problema surgido en torno al relevamiento de las 1334 familias. Las incesantes postergaciones de los plazos para la sustanciación de las relocalizaciones se volvieron por sí mismas fuente de invalidación de aquel censo de 2011. Es que, cuando se dio a conocer la orden del juez Armella, el ivc había anunciado que en el año 2013 todos los habitantes del camino de sirga habrían sido trasladados. No obstante, hacia el año 2018, apenas 165 familias habían sido trasladadas –un 12% del total de las censadas[12]–. Como señala Jorge, “los tiempos que se manejaban fueron rebasados”, y por eso “las 1334 familias dejaron de ser 1334 familias. Los chicos crecen, forman parejas, se multiplican”. En efecto, según Paula –de la Fundación Temas–, el aumento poblacional podría ser en la actualidad de hasta un 30% respecto de las unidades domésticas censadas originalmente. Por lo tanto, las demoras en la construcción de los nuevos complejos colaboraron en una paulatina desactualización del censo y la necesidad de que se generasen alternativas para los afectados no contemplados por el ivc. Aquí, tal como con los “estafados”, la amplitud del camino de sirga demarcado funcionó como una de las principales soluciones para muchos de los casos. Así se refiere a este problema Paula:

Paula: Si hay alguien que tiene que agradecer que la demarcación de sirga haya sido amplia es el ivc, porque hoy le da la posibilidad de hacer relocalizaciones internas por encima de los 35 metros. Porque legalmente ellos pueden no demoler esta vivienda […].

Andrés: Pero no todo lo que está censado tienen por qué demolerlo.

P: No, ellos legalmente tienen que demoler hasta los 35 metros. Nosotros podríamos plantarnos y decir “de ninguna manera, esto está homologado por el juez y ustedes tienen que demoler todo”. Lo que pasa es que todas estas viviendas a nosotros también nos sirven para los no censados.

Como vimos en los capítulos anteriores, la decisión de abrir el camino de sirga tuvo significados disímiles para los diversos actores. Para el juez Armella, era una tarea entendida en clave de su utilidad para una política ambiental; para algunos vecinos, era una posible puerta de entrada a negocios económicos que culminarían en procesos de gentrificación; para algunos referentes de los afectados, así como para los organismos y organizaciones a cargo de su defensa, era una potencial amenaza a sus derechos, pero también una oportunidad para demandar el cumplimiento de todos aquellos que se hallaban vulnerados. A su vez, en estas páginas hemos visto que el trazado del camino de sirga no estuvo exento de controversias. La orden de Armella, al ejecutarse, supuso el entrecruzamiento de una abstracta noción jurídica con la compleja territorialidad de la ribera del Riachuelo. No sólo catalizó la conformación de nuevas redes sociales y políticas sino que suscitó debates en torno a sus alcances, riesgos y limitaciones. En las secciones que siguen, se explorarán los dilemas abiertos una vez que el camino de sirga tomó claridad en planos y dio lugar a la puesta en marcha de las primeras relocalizaciones. En función de ello, se recorrerán las lógicas que guiaron la definición de las etapas de traslado de la población, los conflictos surgidos a raíz de las mudanzas y las demandas formuladas por los afectados a la luz de los problemas que, según entendían, tarde o temprano les tocaría afrontar.

La definición de criterios para las primeras relocalizaciones: de la necesidad de las obras a las necesidades sociales

Una vez que se determinó que las relocalizaciones en la Villa 21-24 implicarían el desplazamiento de miles de personas –precisamente, 1334 familias–, resultó evidente para el ivc que el proceso se debería realizar en sucesivas fases. Para ese entonces, el complejo Padre Mugica (sobre el que nos hemos detenido en otras ocasiones) contaba con viviendas disponibles, listas para ser adjudicadas a –cuanto menos– una parte de los afectados por la sentencia. Unas 56 ya habían sido asignadas a los habitantes de Magaldi y diez a los denominados “sueltitos”[13]; otras 167, mientras tanto, se estipulaban para las primeras familias de la Villa 21-24.

En el marco de un proceso de relocalización por etapas como el de este barrio, la Asesoría Tutelar tuvo un rol destacado en la definición de casos prioritarios, es decir, establecer quiénes serían los primeros en ser relocalizados. En especial, se trataba de niños cuyos derechos se encontraban en un riesgo particularmente urgente y por lo tanto requerirían ser trasladados con las menores dilaciones posibles: “hay gente que no puede esperar, hay gente que se enferma y se muere, ¿a ver si entendemos? Esa gente tiene que salir”. Ahora bien, ¿según qué criterios determinaba las prioridades la Asesoría Tutelar?

“Todos los chicos que nosotros hemos analizado como cuestiones prioritarias son todos casos de chicos que tienen enfermedad acreditada por sus médicos, por médicos del gobierno de la ciudad, y que además tienen un informe social de cuál es la situación de vivienda, ya sea sanitaria o de derrumbe”, explicaba Gastón. El diagnóstico de estas enfermedades es para la Asesoría Tutelar el resultado de un análisis “objetivo”, ya que la prioridad “no la fija la Asesoría, la fijan los médicos, la fija el derrumbe”. Se trataría, entonces, de un procedimiento meramente “técnico”:

Primero miramos las condiciones de la casa, después le pedimos al médico que nos diga exactamente el diagnóstico, cuál es el pronóstico de la enfermedad, qué pasa si ese chico que tiene este diagnóstico y pronóstico vive en esta situación. Es decir, cuánto empeora su enfermedad. Y algunos médicos me dicen ‘mire, la verdad que no empeora demasiado, su enfermedad es así esté o no esté al lado de la sirga’. Otros dicen ‘no, esa enfermedad empeora mucho’. Por ahí no por la patología, pero el hecho de que tenga esa patología y necesite determinadas normas de higiene hace que empeore su enfermedad. Y estos son los casos prioritarios.

Esta selección, sin embargo, no operaba sobre el universo de la totalidad de censados, sino sobre quienes tenían conocimiento de la existencia de la Asesoría Tutelar y contaban con capacidad de llegar a ella y hacerle una petición. Es que, más que establecer un listado de prioridades en base a un relevamiento integral, la Asesoría sólo atendía a las personas que acudían a ella: “las familias nos ven los lunes [en las asambleas vecinales], se acercan a mí, me preguntan y les digo ‘venga a verme a la Asesoría’”.

Romina, trabajadora social de profesión, está empleada por el ivc como responsable de garantizar a nivel territorial que se efectivice el traslado de la población de la Villa 21-24. Personalmente abocada a que el organismo respete integralmente los derechos y voluntades de las personas sumidas en procesos de relocalización, cuenta con una mirada crítica sobre la estrategia de la Asesoría Tutelar de generar listas de prioritarios para las paulatinas etapas de la relocalización:

Romina: En la primera relocalización pasó eso: todos venían con los certificados de plomo en sangre para ser prioritarios.

Andrés: ¿A dónde iban con eso?

R: Al ivc. Hacían presentaciones, las hacía Sánchez, el Asesor Tutelar, diciendo “estas 23 familias son prioritarias porque tienen problemas de salud”. Eso es una cuestión re discutible. En realidad son las familias que por equis motivos accedieron a la Asesoría Tutelar, expusieron su situación y Sánchez les dio cabida, digamos. Después lo que nosotros nos encontramos en territorio es que hay miles de pibes con plomo en sangre y miles de pibes con problemas de salud. No son 23, son miles. Entonces también se generó una cosa muy ríspida en el barrio, de competencia a ver quién se merece más, una competencia por enfermedad, que se da a partir de que aparece la Asesoría Tutelar y dice “yo te puedo hacer acceder primero a una vivienda, te hago un informe socioambiental que dice que sos el más enfermo de los enfermos”. Entonces se armó una cosa bastante compleja, como que de repente es una carta de juego ser el más enfermo en una causa ambiental. El que tiene más problemas ambientales es el que primero le dan una vivienda. Y para mí ahí hay algo re interesante, una competencia por ver quién es el enfermo más merecedor de una vivienda[14].

Como se observa, numerosos reparos se posaban sobre el criterio de “casos prioritarios”, en especial respecto de su justeza y ecuanimidad. Pero existían motivos más pragmáticos por parte del ivc que conspiraban contra este enfoque sostenido por la Asesoría Tutelar y el cuerpo de delegados: la selección de familias puntuales y geográficamente dispersas tendía a entrar en contradicción con las pautas del organismo de vivienda sobre cómo debía conducirse el proceso de mudanza. Desde la perspectiva del gobierno, los criterios debían estar orientados por las dinámicas de la demolición, como relata Lorena, otra trabajadora social colega de Romina:

Lorena: Nuestra normativa dice que hay que estar censado y hay que estar viviendo en el barrio al momento de la relocalización [para ser adjudicatario de una vivienda]. Y después teníamos otros criterios, que no están en la normativa pero que son prácticos. Primero, el espacial: no podemos mudar de manera desperdigada. No podemos demoler una casa sí, una no. Hay que elegir un sector a demoler y que la mayoría de las viviendas sean de ahí.

Andrés: Porque si demolés un poco por acá, un poco por allá, sería difícil evitar que alguien vaya y construya en esa zona, ¿no?

L: Sí, y también porque tenés problemas con los servicios… O sea, vos cuando demolés seguro que hay problema con el agua, con la conexión eléctrica… Los vecinos que quedan, si tienen terrenos demolidos alrededor empieza a juntarse basura, es mucho más descuidado. Hay que demoler en bloque, digamos. Y sí, además es más fácil cuidar el territorio.

Como se desprende de las palabras de la trabajadora del ivc reproducidas aquí arriba, la principal prioridad para este organismo consistía en la planificación territorial o espacial de la relocalización, lo cual se ajusta a la consecución de su objetivo primordial: “abrir” el camino de sirga para dar cumplimiento a la resolución judicial. “Demoler” era una tarea a realizar inmediatamente después de la relocalización si se quería evitar la reocupación de la vivienda por parte de otras personas; por este motivo, procuraban “cuidar el territorio” para evitar que después de relocalizada una familia y demolida su vivienda esos terrenos fueran ocupados nuevamente. A fin de cuentas, para el ivc se trataba de una disputa territorial a lo largo de la cual se deben ir progresivamente conquistando posiciones hasta hacerse de la totalidad de la ribera y poder “abrir” el camino de sirga. La consigna que guiaba al organismo era entonces relocalizar, demoler y custodiar, en tanto sintetizaba un proceso de tres etapas concatenadas; una vez llevada adelante la primera, la segunda y la tercera debían seguir de manera inmediata si no se querían perder las posiciones alcanzadas[15].

En este marco, la estrategia del ivc, con la cual buscaba dotar de cierto orden territorial a las relocalizaciones, entraba en contradicción con el foco en las prioridades de la Asesoría Tutelar. Mientras que en un caso se procuraba despejar grandes áreas “en bloque”, en el otro la dimensión espacial no estaba presente, en tanto y en cuanto la gravedad del estado de salud y habitacional de las personas no se reflejaba necesariamente en una vecindad física sino, más bien, en una dispersión. Como señalan Cravino y González Carvajal (2012), en los procesos de asignación de viviendas suelen emerger criterios difíciles de articular: en particular, la “necesidad” de los afectados no siempre es compatible con la “necesidad” desde el punto de vista de las obras. Por eso, en la Villa 21-24 la necesidad de las obras fue un criterio legítimo únicamente para las agencias ejecutoras de las políticas, mientras que la necesidad o voluntad de los afectados surgió como criterio entre los propios vecinos y los organismos de defensa.

Pero el ivc acabó por aceptar el pedido de atención a los casos prioritarios, y por lo tanto la primera relocalización estuvo compuesta de familias con niños en situación de riesgo, seleccionadas y acreditadas como tales a instancias de la Asesoría Tutelar. Se trató, según como lo llamaron varios de los actores implicados en el proceso, de un “esponjamiento”. Así lo explica Paula, de la Fundación Temas, haciendo al mismo tiempo referencia a sus debilidades: “quiere decir que sale una de acá, otra de acá, otra de acá, así. Que fue […] por casos prioritarios en salud. Prioritario en salud era no sólo los que tenían una afectación en salud sino los que lo podían documentar y hacían toda la gestión para que eso pasara”.

Efectivamente, la utilización de los “casos prioritarios” como criterio exclusivo daba cuenta de ciertas limitaciones. Como decía Paula, “sólo iban saliendo los que tienen capacidad de gestión, los que tienen asistencia médica, y el resto sigue afectando su salud”. Asimismo, no existía siquiera un listado que alcanzara la cifra de 167 familias prioritarias –es decir, la cantidad de viviendas disponibles para la primera relocalización–. Por lo tanto, a esta modalidad se sumó una adicional, que ya no refería a prioridades por “caso” sino por zona de residencia.

Mapa 4. Cantidad de familias por sector del camino de sirga. Villa 21-24

Fuente: IVC. Los contenidos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento 2.5 Argentina License.

La franja ribereña, como se puede observar en el Mapa 4, fue subdividida por el ivc en quince sectores (nominados de la “A” a la “O”) de entre 21 y 167 familias cada uno. La intención del gobierno de la ciudad era comenzar las mudanzas por el sector “A”, en uno de los bordes externos de la villa, de modo tal de continuar el progresivo trazado del camino de sirga, que en la ciudad de Buenos Aires (con escasas excepciones) ya se hallaba liberado casi en su totalidad. Pero esta área, conocida como barrio San Blas, era casualmente una de las más consolidadas del camino de sirga, en cuanto predominaban en ella casas de material y niveles relativamente bajos de riesgos inminentes. En este sentido, el cuerpo de delegados y la Defensoría General de la Ciudad sostuvieron que debía priorizarse el denominado “centro del meandro” (aproximadamente zona “H” en el Mapa 4), pues consistía en la zona de mayor precariedad: allí sobresalían casas de chapa, madera y cartones, muchas de ellas tambaleantes sobre el talud del Riachuelo.

En función de esta demanda, la Defensoría General de la Ciudad presentó sucesivos escritos ante el juez Rodríguez, uno de los cuales –con fecha 2 de agosto de 2013– solicitaba que se “establezca que las futuras relocalizaciones de los habitantes del camino de sirga de la Villa 21-24 [inicien] por el centro del meandro de Brian”. En su presentación, el organismo hacía alusión al Comité por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que en su Observación General nº 4 (párrafo 8e) sostiene que

Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas.

A partir de estos preceptos, la Defensoría señalaba que en un proceso de relocalización se debía garantizar la prioridad en la asignación de viviendas y tierras a los grupos en situación de desventaja, especialmente tratándose de un distrito como la ciudad de Buenos Aires, cuya Constitución en su Artículo 31 indica que se debe resolver progresivamente “el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos”.

Pero según continuaba el escrito de la Defensoría, otros organismos del propio gobierno de la ciudad acordaban en el carácter particularmente riesgoso del centro del meandro. El Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Ciudad había identificado a este sector como el de mayor precariedad, afirmando que:

Las viviendas presentan como características constructivas […] en muchos casos rezagos provenientes de la basura allí acumulada previamente tales como: bloques de cemento prearmado, chapas, carteles, maderas, entre otros. Los techos son de chapa… Una parte significativa de los pisos de las casas no tiene cobertura de cemento o cerámica. Esto facilita, por un lado, la exposición a contaminantes presentes en la tierra, y por otro, el ingreso de plagas, como los roedores… La traza de los pasillos de acceso es zigzagueante, irregular, de tierra y se produce abundante acumulación de agua cuando llueve… Presencia de árboles que durante el temporal de abril pasado impactaron con sus ramas en las viviendas, destruyendo paredes y techos.
Mapa 5. Áreas a demoler según propuesta del IVC y de los afectados.
Villa 21-24

En naranja, el camino de sirga ya liberado, fuera de los límites de la Villa 21-24; en rojo, el barrio (o zona) San Blas; y en verde, el “centro del meandro”. El ivc proponía continuar la liberación de la ribera en un sentido lineal, mientras que el cuerpo de delegados y la Defensoría General de la Ciudad exigían que se priorizara una zona especialmente precaria ubicada en el medio.

Fuente: elaboración propia sobre imagen de Google Maps.

Según Paula, de la Fundación Temas, “ellos [el ivc] hubieran preferido iniciar por la punta de San Blas […], nada más que para continuar el camino ribereño”. En definitiva, “lo que querían era seguir dibujando la traza, que les [permitía mostrar] avances en las obras del Riachuelo”. Pero contra las intenciones iniciales del organismo de vivienda, tal como con los “casos prioritarios”, también se logró acordar que se privilegiase el “centro del meandro”: “esa pulseada se la ganamos nosotros. Su criterio hubiera sido avanzar por el camino ribereño, no resolver el acceso a la vivienda, a la salud y el ambiente sano de la Villa 21”. Así se refería a este tema la Asesoría Tutelar en su “Informe sobre el proceso de relocalización de las familias alojadas en el Camino de Sirga del Riachuelo correspondiente a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”:

Me permito destacar que no se ha establecido un criterio para la relocalización de las familias alojadas en el camino de sirga de la Villa 21-24; al respecto esta Asesoría Tutelar ante la Cámara entiende que la relocalización deberá comenzar por las familias alojadas en la zona conocida como el “Meandro de Brian”, la cual claramente es la que presenta peores condiciones de vulnerabilidad tanto en materia ambiental como social, que redunda en un claro perjuicio a la salud de los niños, niñas y adolescentes que allí residen. En este sentido, esta Asesoría Tutelar ante la Cámara denunció ante el ivc 13 casos de salud de personas menores de edad, que por su patología deben ser relocalizadas de manera prioritaria.

Por su parte, Romina –del ivc–, aseguraba en una entrevista que “una semana antes de [aquella] relocalización se desmoronó una casa sobre el Riachuelo”, y reconoció que “era la zona más hecha mierda”:

El ivc al principio quería empezar por [la calle] Iguazú, por el borde, por San Blas, que técnicamente sería como lo más fácil, porque empezás por el costado, y empezar por el medio es un quilombo. Nosotros como equipo le re dábamos lugar a eso, nos parecía… También esa cosa logística la hacés cuando no estás yendo al barrio, cuando estás en el barrio y ves que las casas se terminan cayendo al Riachuelo de verdad te empieza a pasar otra cosa. Y la primera relocalización fueron 48 familias de la 21-24, o sea que fueron veintitrés casos prioritarios, y el resto se fueron familias que estaban en las peores condiciones habitacionales.
Imagen 4. Demolición de viviendas durante la primera relocalización en la Villa 21-24

Fuente: IVC. Los contenidos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento 2.5 Argentina License.

Como recuerda Romina, finalmente las necesidades técnicas de la obra y prioridades logísticas del ivc acabaron reemplazándose por las dos demandas de los vecinos: que la primera relocalización fuera resultado de la combinación de casos y zonas prioritarias. Sin embargo, el futuro no se mostraba promisorio para esas familias en situación de urgencia, pues el complejo Padre Mugica los recibiría con serios déficits en materia de infraestructura, conflictos por el uso de los espacios comunes y numerosos problemas en materia de transporte, vacantes escolares, seguridad y atención sanitaria, entre otros. Como vimos en el capítulo anterior, las experiencias de los primeros vecinos relocalizados alimentaron las sospechas, el descreimiento y la conflictividad entre la inmensa mayoría de afectados que todavía aguardaban en la Villa 21-24 su turno de ser trasladados. Y, como veremos a lo largo de las próximas secciones, el caso de Padre Mugica dio lugar a múltiples denuncias por el estado del complejo y la vulneración de derechos que el mismo acarreaba, así como a una sonora demanda que acabaría por generar un parteaguas en el proceso de relocalizaciones: que se respetase la zona de residencia de los afectados como punto de partida para la definición de la ubicación de sus nuevas viviendas.

El Complejo Urbano “Padre Mugica”: riesgo y demandas por la calidad de las nuevas viviendas

El Complejo Urbano Padre Mugica nació como producto de un acuerdo firmado en 2008 entre la Fundación Madres de Plaza de Mayo, el Gobierno Nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Este convenio, que tenía como finalidad la construcción de 780 viviendas sociales, respaldaba con financiamiento nacional las tareas de construcción, las cuales serían llevadas a cabo por el programa “Misión Sueños Compartidos” de la antedicha organización de derechos humanos. El gobierno porteño, por su parte, tendría la responsabilidad de adjudicar las viviendas a la población destinataria una vez que fueran finalizadas las obras. No obstante, a raíz de un escándalo de corrupción desatado en 2012, los derechos y obligaciones en torno a la ejecución del proyecto fueron transferidos a una empresa constructora privada, quedando la supervisión del contrato a cargo del ivc (Najman, 2017: 133).

En sintonía con las anécdotas vecinales que retratábamos en el capítulo anterior, múltiples denuncias sobre la calidad constructiva –así como otras deficiencias– comenzaron a cobrar estado público una vez que las acusaciones de corrupción pusieron al complejo de viviendas en el centro de la agenda mediática. En el caso de los adjudicatarios provenientes de la Villa 21-24, la Defensoría General de la Ciudad realizó numerosas presentaciones ante el juez Rodríguez, advirtiendo sobre la sustancial vulneración de derechos que implicaba la vida en ese complejo. De este modo, colocaba sobre la mesa que dicha situación desvirtuaba el espíritu del fallo de la Corte Suprema, que se había propuesto “mejorar la calidad de vida” de la población expuesta a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.

En un informe técnico realizado por un arquitecto del propio organismo y presentado ante el juzgado en septiembre de 2012, se advertía que la construcción del complejo Padre Mugica presentaba insuficiencias y riesgos como: 1) problemas habituales con el servicio de agua a raíz de fallas en el sistema de bombeo; 2) fisuras en los muros interiores y en los balcones; 3) desplome de cielorraso en los baños de muchos departamentos, producto de filtraciones de agua de los baños del piso superior; 4) humedad en los cielorrasos de algunos dormitorios, producto de las mismas filtraciones; 5) generación de hongos en los bordes de los marcos de las ventanas; 6) inconvenientes en las instalaciones de electricidad, agua y gas; 7) filtraciones de agua de lluvia y de aire en la unión de la cubierta con el muro en numerosos departamentos (Defensoría General de la Ciudad, 2012a).

En otro escrito presentado en el año 2015, la Defensoría reiteraba sus denuncias reclamándole al juez que “intime a que con urgencia se arbitren los medios necesarios para reparar las falencias”. A continuación, señalaba que 1) existía un peligro en “el 100% de los departamentos” de que los vidrios se desprendieran y cayeran, “genera[ndo] un peligro cierto para la integridad de las personas”; 2) en gran parte de los departamentos se detectaron pérdidas en las griferías de las cocinas; 3) los pisos de todos los baños de discapacitados estaban en contrapendiente, conllevando que el agua escurriera hacia los pasillos y dormitorios en lugar de la rejilla; 4) no se cumplía con disposiciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad con relación a los requisitos para la conexión de instalaciones domiciliares. Como decía en una entrevista Cuca –una de las afectadas–, “en [Padre Mugica], cuando vos hacés ambas necesidades biológicas, si vas a hacer pis y tirás la cadena, meás al otro [de abajo]. Si vas a garcar, cagás al otro. Y continuamente no vas a estar peleando todos los días, avisándole ‘¡eh, vecino, voy al baño, tratá de no estar en tu baño!’. Es una vergüenza, papá”.

Mención aparte recibía en la presentación del organismo el problema de la seguridad, brevemente abordado en el capítulo anterior. Según la Defensoría, en el sector del complejo donde residían los relocalizados se habían advertido situaciones como el hurto de luminarias en espacios comunes, intentos de forzamiento de puertas de inmuebles, robos a vecinos en camino a sus trabajos, y otras situaciones de “riesgo cierto para la integridad física” de las personas. Asimismo, otro apartado estaba reservado a la problemática relativa a la limpieza de los espacios comunes y de la recolección de residuos. De acuerdo con el escrito, se habían detectado “serios problemas” de acumulación de basura y materiales reciclables –producto de la actividad de cartoneros–, así como la presencia de basura con desechos orgánicos “diseminada por las calles y veredas internas”.

En su presentación, la Defensoría afirmaba que la obligación estatal no culminaba con la mera relocalización –entendida como el acto de alojar a las personas afectadas en una nueva vivienda–, sino que resultaba imperioso que “tanto esa vivienda como su entorno (hábitat) sean adecuados para, precisamente, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de estos grupos familiares y el desarrollo de una vida digna”. Relocalizar, en última instancia, no sería simplemente “mudar, trasladar a una familia de un barrio a otro, de una vivienda a otra”, sino que implicaría atender a múltiples situaciones que hacen al desarrollo de una “vida en plenitud”.

Así, un proceso de relocalización planificado deberá abarcar cuestiones relacionadas con: el acceso de los vecinos a medios de transporte, cercanía de escuelas y centros de salud (con capacidad, y recursos humanos y materiales suficientes), espacios para el desarrollo de actividades productivas, espacios verdes suficientes, espacios de recreación, recolección de residuos, seguridad, y estudios del impacto económico que significará la vida en la nueva vivienda para los grupos familiares (como mayores gastos por transporte, pago de servicios, etc.). Muchas de estas cuestiones, como surge de los informes, parecen que no han sido resueltas por las autoridades administrativas.

En consecuencia, según la Defensoría, una vivienda es “más que cuatro paredes y un techo”: es un derecho que debe cumplir con, como mínimo, siete criterios:

1) Seguridad de la tenencia: la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la te­nencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas;

2) Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraes­tructura: sus ocupantes deben contar con acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, conservación de alimen­tos y eliminación de residuos;

3) Asequibilidad: el costo de la vivienda no debe poner en peligro o dificultar el disfrute de otros derechos humanos por sus ocupantes;

4) Habitabilidad: la vivienda debe garantizar seguri­dad física y proporcionar espacio suficiente, así como protec­ción contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia u otros riesgos para la salud y peligros estructurales;

5) Accesibilidad: la vivienda no es adecuada si no se toman en con­sideración las necesidades específicas de quienes se alojan en ella;

6) Ubicación: se debe ofrecer acceso a opor­tunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, y otros servicios e instalaciones sociales; y

7) Adecuación cultural: la vivienda no es adecuada si no toma en cuenta y respeta la expresión de la identidad cultural (Defensoría General de la Ciudad, 2015: 5).

Como se desprende de estos documentos, el deterioro de Padre Mugica comportaba un serio riesgo para la población, y comenzó rápidamente a ser rechazado por la gran mayoría que aún no había sido relocalizada. Pero sus reclamos en materia de infraestructura no se ciñeron a este complejo, sino que se generalizaron hacia su método constructivo en sí: el royal building, un sistema a menudo adoptado en las obras de viviendas sociales debido a su bajo costo y menores tiempos de fabricación. Así lo explicaba Paula:

Es un encofrado perdido: se arma un encofrado de PVC y se le cuela el hormigón adentro. Después las paredes quedan de plástico. En principio, técnicamente no está mal. Es una pared que no tenés ni que pintar, le pasás un trapo y la lavás […]. [Pero] el barrio es un barrio de constructores, son casos sobre las que no podés hacer ninguna modificación porque son de plástico, clavás un clavo y te queda el clavo para siempre, no podés hacer una puerta, no podés hacer nada.

En contraposición, los afectados comenzaron a sostener una demanda por que se utilizara en los futuros complejos el “método tradicional”. Según Jorge, uno de los delegados,

nosotros cuestionamos las calidades constructivas del sistema industrial. El gobierno de la ciudad históricamente –lo que era la Dirección Municipal de la Vivienda, hoy el ivc– tiene un equipo de arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, técnicos, impresionante. Ellos hicieron sistemas constructivos de vivienda social de mucha mayor calidad de lo que por ejemplo ves.

Y por eso, su compañero Raúl afirmaba que

si el Estado quiere gastar dinero en nosotros, que ese dinero gastado sea gastado bien, y que las viviendas sean para toda la vida, y que las familias puedan realmente vivir en dignidad, y no que se arrepientan al poco tiempo y pretendan vender esa casa de mierda, ese departamento de mierda.

Debe recordarse que la causa Mendoza había sido concebida como puntapié para una recomposición de la cuenca Matanza-Riachuelo en su carácter de hábitat de millones de habitantes, entre los cuales la población del camino de sirga era una de las más perjudicadas por el estado de deterioro del ambiente. En este marco, su relocalización era entendida como una medida que permitiría el reordenamiento territorial de la ribera y al mismo tiempo una mejora de su calidad de vida. Pero este último objetivo distaba de estar siendo cumplido. A las malas condiciones con las que se habían encontrado los relocalizados se sumaba una creciente incertidumbre, producto de los bajos niveles de reacción del juzgado y el ivc a los reclamos de los defensores, así como de una incesante postergación de los plazos de mudanza previstos. Hacia 2013, año para el que se había estipulado inicialmente la total liberación de la ribera en la Villa 21-24, tan sólo 108 familias habían sido trasladadas. Por fuera del caso de Padre Mugica, la única construcción en curso destinada a los afectados –un complejo denominado “Mundo Grúa”– se hallaba frenada por un conflicto gremial y burocrático. Mientras tanto, todas las otras obras requeridas para completar el total de 1334 viviendas se hallaban en etapas preliminares, previas inclusive a su licitación. La conjunción de los retrasos, la falta de certezas y las malas condiciones de vida de quienes se hallaban en el meollo de una causa que los señalaba como beneficiarios pero ponía en riesgo sus derechos, generaría las condiciones propicias para una profundización del conflicto.

La ralentización de la causa

Si bien excede al objetivo de este libro un análisis pormenorizado de la cuestión, es preciso realizar algunas observaciones provisorias respecto de la progresiva pérdida de dinamismo que sufrió la causa por las relocalizaciones del camino de sirga con el correr de los años. Este proceso se evidencia no sólo en las sucesivas postergaciones en la planificación, licitación y construcción de los complejos habitacionales necesarios para efectivizar el traslado de los habitantes de la ribera, sino también en la falta de iniciativa del juzgado para controlar el cumplimiento de la sentencia por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, e incluso dar curso efectivo a demandas como las relativas al estado de las viviendas del complejo Padre Mugica.

En términos generales, podrían proponerse tres grandes grupos de motivos para explicar la ralentización del proceso. En primer lugar, el cambio de perfil político que supuso la progresiva recomposición de la Corte Suprema respecto de sus integrantes al mando al momento de dictarse sentencia. Esto estuvo acompañado a su vez por un relegamiento de la causa Mendoza de la cúspide de su agenda, que pasó a estar ocupada por otros conflictos de alta resonancia política –como los vinculados a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y un paquete de leyes de reforma del Poder Judicial, ambos casos arribados al máximo tribunal para su control constitucional–.

En segundo lugar, el cambio del juzgado a cargo de la ejecución de la sentencia de las manos del juez Luis Armella hacia las de Jorge Rodríguez. Podría afirmarse que la impronta ejecutiva de aquél (que, recordemos, llegaba a imponer multas diarias a los funcionarios incumplidores) conseguía mayores resultados que la política “consensualista” que caracteriza a éste.

En tercer lugar –y acaso sea una impresión o hipótesis aventurada–, podría mencionarse la preponderancia de determinadas inercias burocráticas frente a la falta de iniciativa (y motivación) política por parte del gobierno de la ciudad, el cual, hallándose sin presiones judiciales ineludibles, relegó a circuitos administrativos extraordinariamente prolongados los trámites relativos al cumplimiento de la sentencia.

La siguiente conversación que mantuve con Luciana, una de las abogadas de la Defensoría General de la Ciudad abocadas a las relocalizaciones del camino de sirga, ilustra algunas de estas nociones respecto de la falta de avances y respuestas:

Luciana: [Armella] por lo menos los ponía [al ivc] en un brete […]. Hubo un momento en que le impuso una multa a [el Secretario de Ambiente] Bibiloni, y eso marcó un antes y un después en la causa para que se pusieran las pilas […]. Pero ahora el juzgado agarra, los sienta, y les dicen […] “A ver, Andy, ¿qué trajiste para hoy?”. “Bueno, sí, voy a hacer tres casitas”. Hablan todo así. Entonces dicen “bueno, ¿y cuándo las vas a tener listas?”. “En diciembre”. “bueno, che, ponete media pila”. Así son las audiencias. Como que ellos quieren que les lleven algo, y ese algo siempre es suficiente para el juzgado, porque no quieren conflicto.

Andrés: ¿Es una cuestión de connivencia entre el juzgado y los distintos gobiernos involucrados?

L: No sé si decir connivencia. Pero que no los aprietan, no los aprietan […]. También hay que manejar ese monstruo, porque vos al mismo tipo que lo sentás por 60 casas de la Villa 21-24 –que le importa a Andrés, a Adrián, a Luciana, Luis, Paula, la gente que vive ahí, y no mucha más gente– es el mismo tipo que tenés que sentar para que firme el contrato del crédito con el Banco Mundial más grande de [su] historia [para una obra medioambiental].

A: Sí, 1000 millones de dólares. Es mucho.

L: ¿Entendés lo que digo? No es que estoy justificando al juzgado. Para mí va muy lento, les dejan pasar todo, no sancionan, todo es diálogo, todo es despacio. Aunque les [lleves] algo, es como que se conforman con el algo.

Alternativas políticas en un conflicto judicializado: los defensores públicos como abogados anfibios

Un puente cognitivo: la enseñanza de las reglas del derecho

Como hemos visto en estas páginas, la adopción de un enfoque territorial ha sido un principio estructurador de la política de la Defensoría General de la Ciudad. La misma se basa en la evaluación de que una de las principales dificultades para acceder a la justicia es de tipo material: al estar físicamente alejada de las personas que más la requieren, las posibilidades objetivas de acudir a ella serían bajas y por ende las probabilidades de que se considere el litigio como una opción para la tramitación de los conflictos se vería dificultada. Como consecuencia, la presencia en los barrios sería la mayor garantía de que el servicio de justicia sea un derecho alcanzable, y no sólo un poder con el que los pobres urbanos se topan –como de costumbre– desde un banquillo de acusados (Arcidiácono y Gamallo, 2011).

Por este motivo, desde que asumieron el patrocinio de los afectados por la orden de relocalización, los defensores públicos no se limitaron a ejercer su tarea exclusivamente desde las oficinas del organismo, sino que participaron sostenidamente de las propias asambleas de vecinos del camino de sirga, un espacio de reunión semanal de los implicados en las futuras mudanzas. Más aún, desempeñaron desde un comienzo un rol coordinador de dichos encuentros, en los que transmitían las novedades de la causa con una vocación pedagógica, explayándose sobre los diversos actores judiciales y gubernamentales involucrados y discutiendo los alcances y limitaciones de cada potencial decisión sobre el expediente. En efecto, permitir la comprensión de las complejidades jurídicas del proceso de relocalizaciones, lejos de darse por sentado, era una tarea de primer orden para los abogados de los afectados.

Debe recordarse que el conflicto catalizado por la orden del juez Armella estaba signado por una primacía del lenguaje jurídico y de las reglas procedimentales del Poder Judicial. Por un lado, los habitantes de la ribera del Riachuelo se habían vuelto parte de una trama altamente compleja, una causa estructural conducida desde la Corte Suprema que los volvía parte de una vasta red de actores (entre ellos, el máximo tribunal, el juzgado de ejecución, la Acumar, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo y los organismos de defensa pública). Por otro lado, la noción de “camino de sirga” juridificaba hasta su propio sentido de pertenencia territorial, transformando su arraigo al barrio y sentando nuevos términos bajo los cuales deberían encuadrar sus reivindicaciones. A diferencia de lo que refleja la mayor parte de los estudios sobre judicialización de los conflictos urbano-ambientales (en los que son los actores territoriales quienes deciden apelar a la justicia para dar curso a sus demandas), aquí ellos se veían coercitivamente insertos en un proceso judicial y por ende debían, en primera instancia, hacerse de las herramientas para comprenderlo y actuar frente a él.

Claro está, la nueva realidad en la que se hallaban los afectados no podía sino dar lugar a confusiones y requerir un aprendizaje de los códigos y entramados que determinaban su porvenir. Así explicaba Paula, de la Fundación Temas, su papel formativo con los habitantes de la Villa 21-24:

Cada uno que se incorporaba al cuerpo de delegados, [había que] volver a explicar el camino de sirga. Una vez, como a cuatro años de asambleas, viene uno y me dice por atrás ‘pará, ¿te puedo preguntar una cosa antes de irnos? ¿Qué era la sirga?’. Hijo de puta, ¡fueron cuatro años! Pero bueno. Había que poder explicar eso que a mí me había costado tanto entender, las jurisdicciones, lo federal, un juzgado penal, la Corte Suprema, dónde estaba cada organismo, por qué uno no podía hacer esto, por qué otro sí podía hacer esto, por qué no éramos parte de la causa, por qué cosas sí teníamos que salir a luchar e instalar en la agenda política.

Como advierte Melé (2011), debe reconocerse la dimensión cognitiva del derecho, no sólo en cuanto a cómo instaura categorías y formas de pensar, sino también con relación al modo en que recoge demandas y las traduce a los marcos, modos de acción e instrumentos específicos del mundo jurídico. En otras palabras, el derecho opera en los conflictos como recurso pero también como cuadro cognitivo; cuenta con una faceta contenciosa pero también contribuye a construir expectativas, determina posiciones y constituye un recurso argumentativo (Azuela, Melé y Ugalde, 2015). En este sentido, aunque contando con roles diferenciados –como veremos más adelante–, tanto la Fundación Temas como los abogados de la Defensoría General de la Ciudad ejercieron con los afectados un papel pedagógico de intermediación entre el barrio y los tribunales.

Los profesionales del derecho de la Defensoría General de la Ciudad, especialistas en la conducción de demandas judiciales contra organismos estatales, cuentan con un saber experto que les permite interpretar el campo jurídico –un ámbito gobernado por un lenguaje de acceso restringido– y, en base a ello, hacerse de estrategias para disputar en él. Por tal motivo, en la medida en que los expedientes, los tribunales, las resoluciones de jueces y los corpus de leyes son la indispensable moneda de cambio con la que se tramitaba el judicializado conflicto por las relocalizaciones, los representantes legales de los vecinos hacían las veces de correa de transmisión entre los valores, códigos y esquemas de percepción de los afectados de la villa y aquellos de las agencias del Estado. Se podría, en este sentido, llamarlos abogados anfibios, ya que, con un pie en los despachos y los tribunales y otro en los barrios que habitan los afectados por la orden de relocalización, jugaban un rol mediador entre dos mundos el territorial y el jurídico en un sentido amplio, operando como puente que hacía inteligible a la experiencia cognitiva de sus patrocinados un proceso ajeno a los marcos de significación que regían sus vidas cotidianas. En otras palabras, al traducir lo desconocido e inaccesible en familiar y posible, administraban los significados según los términos con los que los afectados conducían sus relaciones políticas y cotidianas habituales (Cohen y Comaroff, 1976; Silverman, 1977).

Asimismo, como pudimos ver hasta aquí, los abogados de la Defensoría se caracterizan por ser agentes del campo jurídico que, al patrocinar a grupos social y económicamente frágiles, ejercen el derecho con una fuerte carga moral y política[16]. Estas cualidades y modos de práctica de la profesión han sido analizados en algunos estudios sobre los denominados abogados “alternativos” o “activistas”, que se involucran en la defensa de los intereses de organizaciones o movimientos sociales y hacen un “uso estratégico del derecho” como forma de alcanzar objetivos políticos (Manzo, 2016). Centrándose en el trabajo de Santos (2009), se han referido a ellos como “abogados populares” y han analizado el carácter “contra hegemónico” de sus prácticas jurídicas (Carlet, 2015). Se trata de operadores jurídicos que “[enfatizan] la transformación social a partir de una actividad profesional que humaniza al cliente, politiza la demanda jurídica […], crea estrategias de lucha y de resistencia y, además, anima a la organización colectiva de la clientela” (Trubek, 1992: 5, citado en Manzo, 2016). En otras palabras, consiste en una práctica que une la expertise jurídica con el compromiso militante a favor de determinadas causas colectivas que implican la defensa de los derechos humanos (Carlet, 2015: 379).

Trabajos de este tipo han demostrado a partir de la investigación empírica cómo el derecho, aunque para las teorías dominantes es un sistema de normas autónomo, coherente, neutral y ajeno a lo político, abre un campo tenso y a la vez productivo cuando lo utilizan “estratégicamente” actores sociales en lucha (Villegas Guzmán, 2016: 124). Y difícil sería comprender las condiciones de posibilidad de la actuación de estos abogados sin atender a la creciente moralización de la práctica jurídica. Según Manzo (2016: 186), la fuerza de los valores se presenta en ellos como constitutiva y orientadora de su ejercicio, y a partir de ella confrontan con los presupuestos formalistas y neutralistas propios del positivismo jurídico.

En su intervención en el conflicto por las relocalizaciones, los integrantes de la Defensoría General de la Ciudad –tal como en el caso de los “abogados alternativos” que describe Manzo (2016)– adoptaban estrategias y técnicas heterodoxas con las cuales apuntaban a evitar la reproducción acrítica de las jerarquías y prácticas dominantes de la profesión. Entre ellas se destacaban: a) la reproducción de un vínculo tradicional de abogado-cliente, en el cual el primero se presenta como el ostentador del lenguaje técnico del derecho frente al segundo, quien desconoce el derecho y las reglas formales del campo jurídico; b) los rituales, formalismos, procesos, reglas y tiempos característicos del derecho; y c) la adopción de un lenguaje jurídico potencialmente totalizador que corre el riesgo de monopolizar y traducir el conflicto político sólo al lenguaje y tiempos jurídicos. La recurrente puesta en cuestión de los “tiempos” de la justicia, la crítica a los mecanismos burocráticos que acababan entorpeciendo la protección de derechos y la paciente explicación de reglas procesales eran la norma en las interacciones entre los abogados y los afectados de la Villa 21-24.

Las asambleas de afectados del camino de sirga, un ámbito de legitimación jurídica

[Somos] abogados de Jorge, de Pancho, de Marta, de Graciela, o sea […], nosotros no es que vamos y decimos “hola qué tal, yo soy el abogado de fulano”. Nosotros tenemos carpetas de personas de toda la villa, miles, que nos otorgan el patrocinio […]. [Pero] vos también tenés esta representación como más colectiva, entonces podés decir que nosotros, la Defensa Pública, representamos a todo el barrio, ¿entendés? […]. Porque están todos los delegados de sirga, y todos nos otorgaron la firma, y somos sus patrocinantes. Entonces nosotros representamos a todos porque los delegados representan a sus vecinos (Luciana, Defensoría General de la Ciudad).

Para los abogados de la Defensoría General de la Ciudad, las asambleas del camino de sirga resultan una instancia necesaria de legitimación de su estrategia jurídica, en tanto y en cuanto les permite actuar no como representantes de un grupo reducido de vecinos sino de los miles de afectados por las relocalizaciones. Si a los efectos de la causa judicial los afectados por las relocalizaciones no son de por sí un grupo constituido como tal, sino una sumatoria de familias a las que se les debe proveer una solución habitacional, el desafío de los abogados consiste en trascender la defensa de intereses individuales, pasando a constituir política y jurídicamente a los afectados como colectivo. Pero en la medida en que los defensores realizan un “acompañamiento jurídico” y sus acciones, como las de todo abogado, están supeditadas a las decisiones de los defendidos, la necesidad que se desprende es la creación de consensos entre los vecinos (e instancias donde alcanzarlos), sin los cuales difícilmente la estrategia jurídica podría ser más que la suma de casos particulares. En vías de la construcción de una voluntad común, las asambleas del camino de sirga cumplen un papel indispensable; sin ellas, difícil sería la construcción de tal estrategia legal.

Las asambleas son clave porque vos lo que vas a presentar en el expediente es lo que quieren los vecinos. Vos podés decirme a mí “me parece que no, me parece que sí, jurídicamente lo que mejor conviene es esto, o es presentar otro, en estos términos y no en tales otros”, pero de última la decisión la toman los vecinos, no la toma el abogado que firma. Porque vos sos el abogado […]. Es como que contratás un abogado privado, que pusiera mil mangos cada delegado, y le pagasen todos los meses a un abogado, es lo mismo. El abogado va y acompaña jurídicamente. Por supuesto que si vos tenés clientes, o asistidos, o patrocinados, y se matan entre ellos y no pueden llegar a un acuerdo, obvio que te complican el trabajo, pero bueno, el laburo territorial tiene esos matices (Luciana, Defensoría General de la Ciudad).

Las asambleas se constituyen entonces como una instancia de legitimación que centraliza la voz y voluntad de los afectados y habilita a los abogados a hablar en nombre del conjunto, mientras, a su vez, atienden casos individuales que no son de por sí compatibles con lo colectivo. En otras palabras, cuentan con un foco de trabajo general –la relocalización del camino de sirga como un todo– y una multiplicidad de situaciones particulares: como señalaba Luciana, una por “cada familia que se acerque”. Eso, según esta abogada, “en las asambleas queda bien dividido […], no se habla de cosas particulares, quien quiera hacerlo nos dice antes o al final, pero no durante”. Por ese motivo, el tratamiento de los casos específicos a cada familia era abordado de modo separado, como “manera de armonizar las cuestiones individuales con las colectivas”.

Por lo tanto, para que la facultad implícita de la Defensoría General de la Ciudad de representar a todos los vecinos fuera efectiva –es decir, para que pudiera sintetizar en una unívoca estrategia jurídica la pluralidad de casos individuales– el cuerpo de delegados debía guardar su legitimidad tanto adentro como afuera del barrio como ámbito de representación de los miles de afectados. Y dado que entre los delegados había objetivos comunes pero también sospechas mutuas y rencillas políticas y personales[17], los defensores debían inclusive mediar en las relaciones interpersonales –encauzándolas– y realizar esfuerzos para el sostenimiento de marcos de unidad. Esto implicaba, en definitiva, a la organicidad misma de los afectados y su perdurabilidad como colectivo en representación del cual los abogados pudieran actuar jurídicamente.

La confrontación política como modo de afrontar la obturación de las vías jurídicas

Somos conscientes de que no podemos suplir la organización de los afectados, pero sí podemos alertarlos que delegar el conflicto en “los abogados” es una alternativa insuficiente e ineficaz, por lo cual se necesita un colectivo organizado que protagonice el conflicto al cual nosotros podamos asesorar […]. Pensar que el partido se juega solo en el expediente judicial es una perspectiva miope del conflicto. (Chellillo et al., 2014b: 44-49).

Para la Defensoría General de la Ciudad, la construcción del conflicto era un complemento necesario para la conducción de una estrategia jurídica que tenía como escollo la dificultad de hacer oír y valer la voz de los afectados. En el contexto de una causa judicial que desde sus inicios no reconoció el derecho a la participación de la población sino por intermediación de un Cuerpo Colegiado y que en los últimos años había perdido dinamismo y dado pocas señales de avances, la movilización de los vecinos era entendida como esencial para lograr atención del juzgado y presionar a los organismos intervinientes, que no hallaban en las resoluciones de los magistrados suficiente motivación para actuar. En un proceso de relocalización que ponía en juego cuantiosos derechos fundamentales –a la salud, a la vivienda y al ambiente sano, por citar algunos–, la imposibilidad de formar parte del expediente judicial angostaba la potencialidad de los recursos jurídicos y hacía más urgente la exploración de vías alternativas.

En este sentido, ante las dificultades para incidir en la implementación de las relocalizaciones, la Defensoría General de la Ciudad pergeñó junto a los vecinos acciones tendientes a la visibilización de sus demandas. Así, instancias propias del campo del derecho, como la presentación de escritos al juzgado o la asistencia a audiencias convocadas por el juez a cargo de la causa, eran acompañadas por medidas comúnmente asociadas a la actividad política, como las manifestaciones públicas, la realización de campañas y la difusión mediática. Las asambleas del cuerpo de delegados transcurrían, precisamente, en la intersección de esos dos planos: la discusión de la estrategia jurídica y la organización del activismo político. Las siguientes notas de campo, tomadas a propósito de mi asistencia a dichas reuniones en la Villa 21-24, ilustran esta articulación[18].

Notas de campo

2 de marzo de 2015

Adrián [abogado de la Defensoría General de la Ciudad] propuso que un grupo de vecinos se movilice [al juzgado de] Morón mientras otros tendrían una reunión con el juez para pedirle que haga acelerar las cosas […]. Algunos mostraron reparos respecto de que Morón es lejos y para que se movilicen cinco es mejor nada. Quedó en veremos; quizás sea la semana que viene.

También Adrián hizo circular un borrador de volante para repartir donde consta el pliego de reivindicaciones de los vecinos. Se discutió un poco el texto, Adrián tomó nota de los comentarios, y quedó en llevar una versión definitiva para la próxima. Por último, casi de la nada, tiró la idea de ir mañana a la apertura del año judicial que hace en Tribunales el presidente de la Corte, Lorenzetti, y acercarse a hablar con él, o hacer como en la apertura de las sesiones legislativas: en vez de ir con carteles que dijeran “AMIA” [19], llevar carteles que digan “Riachuelo”.

9 de marzo de 2015

Hubo algo muy particular en esta reunión, que siguió la línea de la reunión pasada: una búsqueda de agudizar el reclamo y la confrontación con todos los actores responsables de la relocalización. Ya Adrián me lo había contado la semana pasada: quiere llevar adelante una estrategia “de pinzas”, apretando a los responsables por todos los costados

1 de junio de 2015

Adrián […] volvió a insistir con la idea de que “la estrategia judicial es necesaria pero no suficiente”, y que “hay que pensar cómo acompañar desde otras instancias, como movilizaciones o formas de influir en la opinión pública”. En este sentido, se tiró la idea de pedirle a los candidatos a jefe de gobierno que se comprometan con las obras de “la sirga”, o buscarlo a [Mariano] Recalde. [uno de los candidatos] que va a estar visitando la villa esta semana, y pedirle que en cada canal de televisión al que vaya diga que el macrismo está incumpliendo con […] los “afectados por el Riachuelo”.

Acto seguido, se empezó a discutir con qué se podía avanzar en concreto, en medio de un clima en que había conciencia de que está todo bastante empantanado. Salieron un par de ideas. La primera, que de acá en adelante y por un año vaya un vecino semanalmente a la Corte Suprema dejando un pedido de audiencia, de modo de poder volver más adelante con todas esas constancias reclamando que nunca se los quiso atender. La segunda surgió a partir de la noticia que trajo Jorge de que el 19 de junio [el candidato a jefe de gobierno y en ese entonces jefe de gabinete] Rodríguez Larreta va a ir a la villa a inaugurar la cancha de fútbol que está frente a Vanulén. La idea sería hacer una suerte de reclamo/escrache, llenando la zona de banderas […]. Paula tiró la idea de manguerear a los funcionarios con agua bombeada del Riachuelo.

15 de junio de 2015

Se discutió un poco acerca de la cuestión de la Corte Suprema y la entrega semanal de pedidos de audiencia, que ya empezó […]. Ante algunas dudas sobre la efectividad de esa estrategia, Adrián dijo “hay que generar las condiciones para hacer una marcha a la Corte Suprema”, resaltando que hoy por hoy, con el nivel de organización que hay en el barrio, eso no es posible todavía.

“Si hay algo que hemos aprendido” –me decía Adrián, abogado de la Defensoría– “es que no se gana una causa judicial si antes no se politiza”. Según él, lo primero que debe hacerse si se pretende ganar un caso es politizarlo, ya que recién “después de que lo politizás viene una victoria judicial”. La politización, según él, consiste en la construcción de “correlación de fuerzas”, es decir, generar “poder de movilización”, pero también “capitales culturales, simbólicos” con los cuales hacerse de legitimidad para disputar el conflicto en otros planos: en los medios de comunicación, en la opinión pública o entre los partidos políticos, entre otros.

En definitiva, el triunfo en la esfera judicial tiene como condición de posibilidad la construcción de conflicto en la esfera política. Como señala Abramovich (2005) a propósito del “activismo judicial”, sería equivocado concebir las estrategias legales como excluyentes de otras de tipo político, es decir, plantear una disyuntiva entre la acción en los tribunales y la intervención en la esfera pública política. En general, afirma el autor, las estrategias legales exitosas son las que van acompañadas de movilización y activismo en el ámbito público por parte de los protagonistas del conflicto. Desde otro punto de vista, podría afirmarse que los logros por las vías legales resguardarían o harían efectivas las “conquistas” obtenidas en el plano político.

En principio, toda estrategia de reclamo de derechos en especial en casos que expresan conflictos colectivos […] tiene un claro sentido político. Además, en el marco de las acciones de exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, una clave de éxito es la posibilidad de articular los diferentes campos, de modo que la resolución del caso legal contribuya a transformar las deficiencias institucionales, las políticas de Estado o las situaciones sociales que están en la raíz del conflicto (Abramovich, 2005: 26).

En otros términos, la “posibilidad de articular los diferentes campos” refiere a la transformación del conflicto en un asunto de preocupación y deliberación pública. Según Melé, para convertir una determinada cuestión en un problema público un grupo debe movilizarse y demostrar socialmente su existencia, se deben generar definiciones acerca de los asuntos comunes en juego y debe alcanzarse la atención y acción de las autoridades. Este proceso implica la traducción del problema en el lenguaje de los poderes públicos, o bien en el vocabulario de las políticas públicas y el derecho (Melé, 2008). Para ello, sugiere Cefaï, suele haber un trabajo de construcción y encuadre del conflicto a través de movilizaciones, intervenciones de los protagonistas ante la prensa, y el involucramiento de militantes, políticos y abogados u otros expertos. Es decir que el problema comienza a circular por los medios de comunicación, los tribunales, el campo político y la calle, entre otros espacios (1996: 58).

En sintonía con esta propuesta teórica de Cefaï, y como se infiere de las notas de campo transcriptas más arriba –pero también del resto del análisis hasta aquí desarrollado–, no puede sino remarcarse cómo las relocalizaciones se volvieron un conflicto mucho más allá de la Villa 21-24: los afectados se manifestaron frente a la Corte Suprema durante la convocatoria a audiencias públicas, trasladaron sus demandas a la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, realizaron movilizaciones al ivc bloqueando el tránsito de importantes avenidas, y lograron la atención de la prensa gráfica y audiovisual en numerosas ocasiones[20].

Aunque no es el objetivo de estas líneas realizar un racconto pormenorizado de las medidas emprendidas por los habitantes del camino de sirga, sí resulta pertinente detenerse en ellas en un sentido general, desde el punto de vista de sus vasos comunicantes con la tramitación judicial del conflicto. ¿Qué relaciones se establecían entre modos de acción colectiva como los aquí mencionados –característicos de los repertorios de protesta de las organizaciones villeras– y la apuesta a incidir en el curso del expediente? Y sobre todo, ¿qué tensiones generaba la complementariedad de estas dos vías –llámeselas la “política” y la “jurídica”– en el bloque conformado por los afectados, sus defensores y la Fundación Temas?

Según resaltaba Luciana, una de las abogadas, “en un montón de cosas ellos [los afectados] dicen ‘vamos a prender fuego el juzgado, vamos a hacer una movilización’. [Pero] yo no puedo ir a movilizarme con los vecinos. Porque no puedo. No puedo ir a prender fuego el ivc. Y a continuación aclaraba:

Yo me muero de ganas de ir con ellos en lo personal, pero institucionalmente no se puede. Viste que cada vez que hay que ir al Juzgado, decimos ‘bueno, si ustedes quieren, podemos presentar una nota, que ustedes la firman, y después ustedes van y hacen lo que quieran hacer’. Nosotros no podemos participar de eso, porque después tenemos que ir a firmar un escrito. 

Sin embargo, como se desprende de las notas de campo, además de fungir como representantes legales de los habitantes del camino de sirga, los integrantes de la Defensoría se desempeñaban informalmente como propulsores de las medidas de acción directa, aquellas que sostendrían e impulsarían el proceso que transcurría por vía judicial. Así, ante sucesos como audiencias convocadas por el juez de ejecución, los defensores señalaban la importancia de que en simultáneo se llevase adelante una concentración en las puertas del juzgado; o ante los sucesivos incumplimientos del ivc, formaban parte de la planificación de movilizaciones. En definitiva, si bien en la esfera pública evitaban formar parte de estas medidas de protesta, ejercían un rol dinamizador del cuerpo de delegados fomentando el desarrollo del conflicto por vías extrajurídicas. Así lo dejaba entrever Jorge, uno de los afectados de mayor liderazgo, cuando decía que “nosotros no tenemos el conocimiento legal, necesitamos de su ayuda. Pero no sólo por lo profesional, [sino] por todo lo que nos vienen acompañando”.

Claro está, este ejercicio anfibio de las tareas de defensa –en un doble sentido político y jurídico– no estaba exento de matices y dificultades. Según Adrián,

Todos vamos al territorio […], hablamos desde el conocimiento del territorio, podemos equivocarnos pero estamos en eso. Pero […] te expone mucho trabajar en el territorio […], y te expone porque en un punto sos el Estado, y nosotros no podemos renegar de eso. Si querés, la forma en que hacemos nuestro laburo es muy particular, pero somos el Estado. Nosotros le hemos dado un montón a la causa, poder organizar ese proceso, trabajar con los compañeros, darle una impronta totalmente distinta a la que estaba planeada, a la que el Poder Judicial le quiere dar, pero siendo del mismo Poder Judicial.

Esta contradicción, producto del ejercicio activista del derecho desde un organismo estatal, podría identificarse acaso como una de las principales diferencias de la abogacía “anfibia” respecto de la abogacía “activista” o “alternativa” (Manzo, 2016; Villegas Guzmán, 2016; Carlet, 2015). Sin embargo, para los defensores se trataba de una limitación parcial. Según Paula, de la Fundación Temas, existía una división de tareas entre aquello que podía ser dicho y hecho por los abogados y lo que sería más viable desde las libertades de pertenecer a una organización no gubernamental. “Hay algunas [cosas] implícitas y otras muy charladas […]. A mí me toca a veces la cosa más confrontativa […]. La Defensoría no lo puede hacer porque es un organismo de defensa que tiene que cumplir con ciertas cuestiones muy básicas de vinculación institucional y formalidades. Yo, con la espalda de Temas, soy como inimputable”.

Andrés: ¿Qué cosas pueden hacer ustedes?

Paula: Decirles que vamos a movilizar. La Defensoría no puede decir “mire, si ustedes no lo hacen, el barrio va a movilizar”. La Defensoría no puede organizar una movilización. Aunque esté de acuerdo. Y obviamente también ahí hay un acuerdo, de que si la Defensoría considera que no es el momento de movilizar, o no es el momento de, no sé, por ejemplo […], la Defensoría no puede sentarse en una mesa [a] amenazar con que va a denunciar en el Banco Mundial la forma de ejecución de [una] obra. Yo sí. Y se lo dije al señor del Banco Mundial. “Tengo acá lleno el formulario para el panel de inspección. [Lo firmo] y les hago caer el financiamiento. ¿Y saben por qué no lo hago? Porque la Defensoría me está pidiendo que seamos cautelosos para no perder el financiamiento para obras futuras” […]. Saben que no nos tiembla el pulso, porque no tenemos nada para perder […]. Entonces eso [la Defensoría] no lo puede decir, y al barrio no se lo creen […].

P: Y a veces le pasa a Adrián, que es un tipo que tiene sus posicionamientos y militancia […], que no está muy de acuerdo con algunas decisiones en términos de organización política del barrio, y mucho impedimento para decirlo, porque cuestionar algunas cosas desde la Defensoría General es raro. No sé, que el barrio resuelva si le damos participación a tal movimiento político y el barrio toma una decisión y por ahí algún funcionario de la Defensa no está de acuerdo, no lo puede decir. En ese encuadre no lo puede decir, porque no está ahí para eso.

La práctica jurídica desplegada en la Villa 21-24, como hemos visto hasta aquí, no subordinaba a las formas políticas de protesta, pero tampoco era subsidiaria de ellas. Más bien, el avance de posiciones en el plano judicial requería el impulso de la organización colectiva y la acción directa, pero a su vez el activismo de los afectados precisaba anclarse en estrategias jurídicas, pues era esta esfera la que sentaba las reglas generales del conflicto. En esta imbricación los defensores llevaron adelante la representación legal a la vez que contribuyeron a la conducción de la organización política, aunque actuando a la par de la Fundación Temas en la tarea de lidiar con las tensiones inherentes a la adopción de una perspectiva activista desde el propio Poder Judicial.

“¿No se ganan más problemas que otra cosa involucrándose tan profundamente en el conflicto?”, le preguntaba en una entrevista a Adrián. “Es que tomarse en serio la defensa de derechos implica también eso”. El activismo judicial ejercido desde la Defensoría, al radicalizar los principios inherentes a la tarea de garantizar el “acceso a la justicia”, conllevó en el conflicto por las relocalizaciones a un complejo entrelazamiento entre estrategias legales y otras de tipo estrictamente político. En otras palabras, la construcción conjunta del conflicto por parte de la Fundación Temas, los defensores y los afectados no planteó una disyuntiva entre dos formas de acción sino que dio a luz a una relación de mutua necesidad entre la estrategia jurídica y el activismo político.


Este capítulo examinó algunos de los principales conflictos desatados durante el proceso de relocalización así como las estrategias y modos de intervención de los distintos actores que conformaron un bloque en defensa de los afectados. La hipótesis que orientó a estas páginas fue que la orden del juez Armella implicó la construcción de una nueva territorialidad en la ribera del Riachuelo, y que los nuevos significados que ésta adquirió se delinearon conforme se desarrolló el conflicto y se crearon nuevas redes y relaciones entre actores. Según vimos, la transformación del territorio abrió una serie de tensiones que, al devenir en conflictos y acción colectiva, condicionaron los cambios territoriales.

A partir del caso de los conflictos por el trazado de la línea de demolición, la definición de criterios para la sustanciación de las primeras relocalizaciones y el estado del Complejo Urbano “Padre Mugica”, hicimos particular hincapié en los modos de protesta de los que se valieron los afectados, y cuáles fueron las modalidades de acción de la Defensoría General de la Ciudad en tanto coordinadora de la estrategia de defensa. El enfoque territorial adoptado por este organismo dio cuenta de las formas de imbricación entre la acción directa y la utilización de las herramientas del campo del derecho. Según vimos, la construcción del conflicto fue una condición necesaria para la elaboración de una intervención en el plano jurídico, especialmente dado el hecho de que las reglas procesales limitaban la capacidad de incidencia de los afectados y sus defensores en el expediente.


  1. En 2015, a partir de la iniciativa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denominada “Caminos de la Villa”, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reconoció por primera vez a las villas en sus mapas oficiales, incorporando sus trazados a donde antes aparecían meros espacios vacíos. Las divisiones barriales locales (como La Laguna o San Blas, en el caso de la Villa 21-24) no forman parte de ellos, pero sí las calles y pasajes internos.
  2. Aunque los vecinos activistas constituían apenas un grupo minoritario entre la totalidad de los afectados, comenzaron a cumplir un papel relevante en la definición del tono de los asuntos públicos y la impronta de la vida social de esa parte del barrio. Siguiendo a Bourgois (2010: 10), dado que su capacidad de dinamización del conflicto los torna actores significativos para el devenir del conjunto de los vecinos afectados, resultan de particular importancia para la tarea de conocer los efectos socioterritoriales del fallo de la justicia.
  3. La Comisión Municipal de la Vivienda es el organismo que precedió al ivc hasta la creación de este último en el año 2003.
  4. Las citas atribuidas a Chellillo et al. refieren a un artículo que forma parte de la revista oficial de la Defensoría General de la Ciudad y fue escrito por integrantes vinculados a la causa Riachuelo.
  5. Esta crisis se acentuó en el año 2013, cuando venció el mandato del hasta entonces Defensor Adjunto y el organismo se halló formal y totalmente sin autoridades políticas.
  6. Aun así, más adelante se verá que el CELS intervino como organización veedora del censo de habitantes del camino de sirga en la Villa 21-24.
  7. No obstante las dificultades del Cuerpo Colegiado para insertarse en los barrios y defender a los afectados por las relocalizaciones, las organizaciones que lo integran –sobre todo las dos arriba citadas– han tenido continuas intervenciones en la causa Riachuelo en otros ejes no necesariamente vinculados con las relocalizaciones.
  8. A pesar de que formalmente los delegados representaban a los afectados de sus respectivas manzanas, en la práctica la participación en las asambleas se hallaba abierta también a los no delegados. Más aún, salvo que lo preguntase explícitamente, durante mi trabajo de campo resultaba difícil discernir quiénes lo eran y quiénes no, razón por la cual a lo largo de este libro se usan en buena medida de modo indistinto los términos “vecino” y “delegado”.
  9. Debe hacerse hincapié en que, sin embargo, las insuficiencias que develó el censo con el paso del tiempo se convirtieron en un factor de conflicto y por lo tanto en una de las principales demandas de los afectados.
  10. Más precisamente, las familias fueron concebidas como unidades domésticas, es decir “grupos de personas que interactúan en forma cotidiana, regular y permanentemente, a fin de asegurar mancomunadamente el logro de uno o varios de los siguientes objetivos: i) su reproducción biológica; ii) la preservación de la vida; iii) el cumplimiento de todas aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables para la optimización de sus condiciones materiales y no materiales de existencia” (Torrado, 1981: 11). Esta decisión –entendida como progresiva por la mayoría de los actores, especialmente la Asesoría Tutelar en su Informe de Veeduría del censo– implicó que se censasen de forma separada a diversas unidades domésticas que al momento del relevamiento estuviesen habitando en la misma vivienda (correspondiéndoles, por lo tanto, viviendas independientes a la hora de ser relocalizados). Así lo señalaba en una entrevista Gastón Sánchez: “fue el primer censo que se hizo por unidad doméstica. Antes se hacían por familia y vivienda. [Ahora] en este censo se registraron [varias] unidades domésticas dentro de una misma vivienda, y se tomó como unidad doméstica no a la propia familia sino como unidad doméstica muchas veces a una persona sola, que es una unidad doméstica independiente. El tío, que vive solo y que vino de Paraguay, es una unidad doméstica independiente”.
  11. Claro está, si tanto “A” como “B” estuviesen dispuestos a ser relocalizados, a ambos les correspondería una vivienda nueva.
  12. El problema de los tiempos y grados de cumplimiento de la orden de relocalización serán abordados con mayor detenimiento en el próximo capítulo.
  13. Recordemos que, según vimos en el capítulo 3, el desalojo de los “sueltitos” se había realizado de modo violento y sin que se adjudicasen viviendas de reemplazo, y que a partir de la intervención de la Defensoría General de la Ciudad el ivc les reconoció el derecho a ser relocalizadas a viviendas nuevas.
  14. En “La raison humanitaire : une histoire morale du temps présent”, Didier Fassin (2010) realiza un novedoso análisis acerca del lugar del sufrimiento en el universo moral contemporáneo, y cómo la condición de víctima se inserta en una economía moral denominada “razón humanitaria”. Este trabajo abre un campo fértil para el análisis de las tensiones y disyuntivas en los procesos de implementación de políticas sociales en la actualidad.
  15. Los mismos motivos por los cuales el ivc encuentra necesaria la inmediata demolición y custodia de los terrenos a la par de su progresiva desocupación son los que explican por qué no pueden realizar todas las relocalizaciones de la Villa 21-24 en simultáneo y evitar las complejidades que implica la mudanza por etapas. En la medida en que la construcción de los complejos habitacionales destinados a los habitantes del camino de sirga iba siendo terminada, desde el punto de vista del organismo se corría el riesgo de que si no eran rápidamente entregados, éstos serían reclamados u ocupados ilegalmente por otras personas, cuyo desalojo implicaba costos económicos y políticos. Lejos de ser una mera especulación, esto sucedió en el año 2011 cuando un grupo de 140 familias ocupó un complejo del barrio de Flores destinado a habitantes del camino de sirga afectados por la causa Riachuelo.
  16. Según Smulovitz (2008), fue durante la dictadura militar (1976-1983) que esta generación de abogados integrantes de los organismos de defensa adquirió experiencia en el uso de estrategias legales para alcanzar objetivos políticos y sociales. Pero el compromiso político de estos profesionales y numerosas organizaciones de derechos humanos de la época, que consistía sobre todo en la presentación de recursos de amparo ante las desapariciones y las detenciones políticas –en un intento de hallar hendijas en el deteriorado sistema legal– puede remontarse incluso a años anteriores. Según Chama (2006), desde la década de 1960 puede observarse una “peronización” y “radicalización” de grupos de abogados que se abocaban a la defensa de presos sociales y políticos, en línea con el acelerado vuelco de jóvenes de clase media a la militancia en organizaciones peronistas y guerrillas urbanas. Así, indica el autor, nació la figura del “abogado orgánico”, que, parafraseando la expresión de Gramsci, remite a la dilución de toda tensión entre la práctica profesional y el compromiso político.
  17. El trabajo etnográfico en el barrio permitió hallar que existían latentes sospechas entre los vecinos acerca de supuestos intereses individuales ocultos. Entre ellas, se hallaba la posibilidad de que la relocalización fuese para algunos un modo de concretar negocios personales a partir del hecho de ser secretamente propietarios de varias casas sobre el camino de sirga, o de contar con más personas censadas que a las que efectivamente les correspondería una vivienda nueva. Uno de los afectados me diría sobre otro “además de su casa en la sirga tiene otra, enorme, de tres pisos”, mientras que otros me dirían “este Luis habla, habla, pero tiene alto rancho él, y tiene censadas quince personas en su casa”.
  18. Las notas de campo transcriptas en este libro fueron tomadas in situ o a posteriori, cuando no en una combinación de ambos tiempos (y modalidades), y han cumplido un papel de suma importancia para capturar impresiones y detalles de lo que sucedía a mí alrededor durante la etnografía. Buena parte del contenido de estos escritos eventualmente fue descartado a la hora de tomar determinadas decisiones sobre el rumbo de la investigación, pero otros aspectos cumplieron un rol fundamental en reintroducirme en momentos y aristas que entonces habían pasado desapercibidas pero que, reinterpretadas a la luz de mis avances, otorgaban importantes señales sobre las vías a seguir. Por eso, las notas de campo que se verán en estos capítulos son también una forma de introducir al lector en el proceso de inmersión etnográfica.
  19. En alusión a los eventos del 1 de marzo de 2015, cuando mientras la presidenta abría las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación, diversos diputados exhibieron carteles con el nombre de la mutual judía AMIA en reclamo por las investigaciones del atentado sufrido en 1994.
  20. Esta cuestión será retomada en el próximo capítulo.


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