La transformación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en un plan de saneamiento ambiental conllevó, como vimos en el capítulo anterior, un reordenamiento territorial de las costas del Riachuelo^[1]. Arguyendo la necesidad de “mejorar la calidad de vida” de la población de la cuenca, y aduciendo que el máximo tribunal había requerido la reconversión de la ribera en un “área parquizada” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2008), el juez Armella dispuso la creación de una vía de libre circulación a lo largo de los márgenes del río.

En la ciudad de Buenos Aires, la conducción judicial del proceso de apertura del camino de sirga contó –según se analizó hasta aquí– con dos etapas. En un primer momento, se intimó al gobierno porteño a “eliminar obstáculos” de los bordes del Riachuelo sin mayores precisiones: el cómo lidiar con los basurales, fábricas y casas allí presentes dependía de su libre arbitrio. En el caso de las viviendas –que constituye el objeto de atención de este libro–, tendió a adoptarse como modalidad el mero desalojo; y aunque eventualmente se otorgaron subsidios habitacionales, a menudo se trató de actos inconsultos con dosis de violencia en mayor o menor medida.

Sin embargo, a partir de la intervención de la Defensoría General de la Ciudad y sus denuncias contra la vulneración de derechos de los habitantes ribereños, tuvo inicio un segundo momento, signado por el reconocimiento –por parte de Armella– de que las personas que residían en la costa tenían tanto la obligación como el derecho a ser relocalizadas^[2]. Como se vio en el capítulo anterior, esto no implicó per se la construcción de mayores consensos (basta recordar los traslados forzosos con el “calzón a medio poner”) pero sí consolidó el argumento judicial de que la ribera era ambientalmente riesgosa y que no podía ser habitada. El traslado de la población a otras viviendas –fueran cuales fueran– era, en este sentido, una forma de apartarlas de la contaminación.

Desde 2010, las resoluciones de Armella ya alertaban sobre la necesidad de “[alejar] a los sectores vulnerables del foco infeccioso que provoca la delicada situación sanitaria ocasionada por la actual contaminación ambiental que afecta al Riachuelo” (Res. 08/09/2010). Y, en efecto, durante una entrevista que mantuvimos en 2017, el juez Armella me reafirmaría que: “[en los bordes del río] no se puede vivir […]. La gente tira basura ganándole terreno al río y construye sus casas sobre tierras inestables y contaminadas. Ahí no pueden estar, donde sea van a vivir mejor”.

Para los gobiernos condenados, el camino de sirga era una figura jurídica a la que debía otorgársele entidad territorial con el fin de llevar a cabo un saneamiento del territorio. Para el juez de ejecución, la relocalización de la población costera era un modo de facilitar la circulación y las tareas de limpieza y control, así como de mejorar las condiciones de vida. Pero ¿qué significados e implicancias tenía para los “beneficiarios” (Res. 22/02/2011) de esta medida? El camino de sirga era una noción desconocida, apenas un concepto que, al materializarse, sacudiría su arraigo a la ciudad y suscitaría lecturas y reacciones dispares. En otras palabras, desde el punto de vista estatal la orden constituía una de las vías hacia la recomposición de la cuenca; pero desde la óptica de los afectados, se convertiría más en un problema en sí mismo que en una solución.

Si en el capítulo anterior nos detuvimos en la emergencia jurídica de la orden de apertura del camino de sirga –haciendo hincapié en algunos de los debates y controversias catalizadas en ese proceso–, en las páginas que siguen se analizarán los significados que este problema judicial adquirió desde el punto de vista social: ¿cómo se representaron los habitantes ribereños esta resolución que los obligaba a ser relocalizados? ¿Qué idearios suscitó y de qué modos alteró su cotidianeidad? ¿Qué sentidos sobre la “calidad de vida” imperaban entre ellos y qué relación guardaban con la forma en que la concebía la justicia? Se trata, en definitiva, de visibilizar una dimensión opacada por la orden que argüía la necesidad de “eliminar obstáculos” de los márgenes del río: aquella que se funda en la perspectiva de las personas afectadas por la sentencia.

Como veremos a continuación, mientras el juez Armella los identificaba como población en riesgo ambiental y ordenaba su traslado a otra zona de la ciudad, sus propias percepciones no parecían indicar que esta alternativa fuera una lisa y llana solución a sus problemas. Más bien, entre ellos se impusieron sospechas y descreimientos en las autoridades, y un clima de angustia e incertidumbre en sus vidas cotidianas. Es que, como veremos, habitar en la villa –y ser villero– significa para los habitantes del camino de sirga muchas cosas en simultáneo, y el escenario que ofrecía la orden de relocalización se volvía motivo de preocupación más que de esperanza. Si bien el Poder Judicial y los brazos ejecutantes del fallo operaban bajo una argumentación ambiental y una racionalidad jurídico-instrumental orientada a sanear la cuenca, en los vecinos esto colisionaría con un complejo mundo de temores y expectativas suscitadas –y sacudidas– por la propia sentencia.

La atención, por lo tanto, estará puesta en la relación entre el sentimiento de arraigo y la implementación de políticas de desarraigo, o bien en la intersección entre la justicia impartida por el fallo y los sentidos de justicia que reinan al interior del principal barrio sobre el cual aquel repercute. Como me diría uno de los afectados, “[la sentencia] tiene que estar cargada de justicia y no lo [está]. No hay decisión de un juez que tenga 100% de justicia. En general, un fallo te da un 70% de justicia, si es que te da, y un 30% de injusticia, o te da un 50 y 50, o te da menos de justicia que de injusticia”.

En particular, de aquí en más el principal eje de análisis estará colocado en el caso de la Villa 21-24, la más grande de las ubicadas en la cuenca y asimismo aquella con mayor cantidad de viviendas sobre los bordes del Riachuelo^[3]. Al arribar allí la orden de relocalización, múltiples sensaciones y preocupaciones se despertaron entre los habitantes ribereños, quienes transitaron desde la esperanza, el descreimiento y la indiferencia hasta la intranquilidad, la sospecha y el rechazo.

En la medida en que fueron tomando conocimiento de los alcances de la resolución que exigía la apertura del camino de sirga –o “la sirga”, como se la empezó a llamar coloquialmente en el barrio–, los vecinos se sumieron en un sinfín de interrogantes. Por un lado, se presentaba la dificultad de saber el punto a partir del cual se medirían los 35 metros que indicaba el Código Civil: ¿sería el borde del río cuando el caudal es bajo? ¿O su punto máximo, en lo más alto de los taludes luego de una tormenta o una sudestada? ¿Se tendría en cuenta el cauce original o el cauce actual, luego de haberse volcado a lo largo de los años tanto material para relleno? Pero en última instancia subyacían una serie de interrogantes fundamentales: ¿cuándo, cómo y a dónde se irían los relocalizados?

En el marco del argumento de este libro, que propone recorrer el proceso de transformación del fallo judicial en un problema de política pública, las preguntas de estas páginas son también subsidiarias a los objetivos de los próximos dos capítulos. Si en aquellos (el quinto y el sexto) se analizará la conflictividad catalizada por la resolución de Armella –desde un punto de vista socioterritorial y político-institucional respectivamente–, en éste se contribuirá a la comprensión de por qué la misma dio lugar a resistencias, tensiones y controversias. Lejos de dar por sentado que el carácter involuntario de la relocalización sea en sí mismo fuente de disconformidad, aquí se examinarán fragmentos del universo simbólico que catalizó el conflicto social.

Este capítulo se divide a partir de aquí en cuatro secciones. En primer lugar, se recorrerá brevemente la historia de las villas de la ciudad de Buenos Aires y la oscilación entre las políticas de erradicación y de integración urbana de las que han sido objeto. Asimismo, se destacará el veloz crecimiento poblacional que han atravesado en los últimos años dando cuenta, de ese modo, del proceso de expansión en el marco del cual hizo aparición la orden de relocalización de los habitantes de las zonas ribereñas. Según veremos, el significado que adquirió la resolución del juez Armella para los afectados es inescindible del derrotero de los barrios informales como objeto de intervención estatal así como de la reciente evolución de la problemática habitacional.

Asimismo, como se verá en segundo lugar, las representaciones en torno a la orden de relocalización están íntimamente ligadas a las trayectorias de los habitantes del camino de sirga. A este respecto, se retratarán historias de vida de los afectados por la relocalización en la Villa 21-24, mostrando sus vínculos con el barrio y sus modos de subsistencia, pero subrayando también las heterogeneidades sociales presentes en el territorio.

En tercera instancia, se examinarán las motivaciones que los habitantes de la ribera le atribuyen a la orden judicial, y con ello se explorará cómo ésta les presenta una amenaza y al mismo tiempo una oportunidad. Se sostendrá que mientras la relocalización se representa como fundada en una voluntad de consumar negocios inmobiliarios y desplazar a la población villera de zonas potencialmente valorizables, aparece también como un posible camino para la mejora de la calidad de vida y, en términos políticos, para apuntalar las demandas por la urbanización del barrio en su totalidad.

Finalmente, se analizarán las representaciones de los afectados respecto de la mudanza al complejo habitacional que los aguardaba. Se expondrá cómo la razón instrumental bajo la cual operaban el gobierno y la justicia al justificar su relocalización colisiona con los sentidos sociales sobre el arraigo a la villa, los conocimientos acerca de la contaminación y las nociones acerca de la justicia. Y, según se destacará, la pérdida de la vivienda propia genera sentimientos encontrados que alimentan la especulación y la contemplación de escenarios futuros: ¿sería acaso posible que entre una cerrada resistencia y una abierta aceptación se generase una vía de conflicto para incidir en los términos de la relocalización?

Las políticas pendulares hacia las villas de la ciudad: erradicación, integración y boom demográfico

En consonancia con la mayoría de las villas de Buenos Aires, la 21-24 comenzó a formarse paulatinamente a partir de la década de 1940 cuando, en un contexto de incipiente desarrollo de la industrialización sustitutiva de importaciones, miles de habitantes del interior del país comenzaban a trasladarse a la Capital en busca de prometedoras oportunidades laborales. Más que originarse en tomas de tierra organizadas –modalidad propia de los asentamientos–, su crecimiento fue producto de desperdigadas construcciones informales de migrantes recién llegados que, con la expectativa de abaratar los tiempos y costos de transporte al lugar de trabajo, optaban por instalarse en terrenos próximos a las áreas fabriles (Oszlak, 1991: 149). Así, en terrenos del industrial barrio de Barracas inició la conformación de un fenómeno urbano que, a diferencia del modo en que se lo representaban sus primeros habitantes, distó de ser transitorio (Castañeda et al., 2012). Aunque para la mayoría se trataba de una provisoria puerta de entrada a la vida urbana –un “trampolín” hacia el progreso (Oszlak, 1991)–, acabó por constituir un pozo hacia la segregación espacial y la marginación social sostenida. Pocos fueron los que tuvieron la oportunidad de mudarse a barrios formales o de ver su entorno transformarse en pos de alcanzar las condiciones vigentes en otras áreas de la ciudad, como la existencia de cloacas, redes de agua potable, asfalto, e incluso centros de salud, educación y recreación.

Sería impreciso, sin embargo, inferir que las villas de Buenos Aires no han atravesado transformaciones a lo largo de las décadas, o que su informalidad sea sinónimo de ausencia de estatalidad. Antes bien, sería acertado afirmar que, tal como se las conoce hoy, son producto de un conflictivo entrelazamiento de múltiples agencias estatales con las demandas, expectativas y destinos de sus habitantes. Mientras que éstos adoptaron formas organizacionales por medio de las cuales han reclamado mejores habitacionales y de infraestructura, aquellas han desarrollado diversas acciones orientadas a la modificación del estado de estos barrios, las cuales, en su heterogeneidad, pueden englobarse bajo el nombre de “política de villas” (Delamata, 2016: 571).

Algunas de las primeras villas de la ciudad, como las que albergaban a inmigrantes recién llegados en la década de 1930 en la zona portuaria del barrio de Retiro, fueron, en efecto, promovidas por el gobierno local por medio de la provisión de materiales y cesión de galpones para la construcción de viviendas (Abduca, 2008). Pero el hecho de que pocos años más tarde fueran desalojadas por acusaciones de saqueos y otros delitos muestra cómo desde los inicios la relación entre el Estado y esta novedosa forma de hábitat popular fue tensa y contradictoria antes que armónica y monocorde.

El caso de la propia Villa 21-24 es elocuente en este sentido. Uno de sus sectores se denomina NHT Zavaleta, por “Núcleo Habitacional Transitorio”. Concebido en el marco del Plan de Erradicación de Villas de Emergencia de 1964, fue construido en 1969 como barrio temporal para los habitantes de la villa, pero al frustrarse su ejecución plena finalmente acabó siendo un ámbito de residencia definitivo para cientos de personas. Los NHT, que habían nacido en el contexto del período dictatorial denominado “Revolución Argentina”, tenían un doble objetivo: alojar provisoriamente a erradicados de villas de emergencia y afectados por inundaciones y obras públicas, y al mismo tiempo disciplinarlos:

Los Núcleos Habitacionales Transitorios fueron creados para enseñar las ‘formas correctas de vida’ que consideraba el gobierno militar de ese entonces todo ciudadano tenía que tener, retomando la vieja dicotomía sarmientina de ‘civilización y barbarie’. Para ello se ejercía un excesivo control […]. Estos núcleos se crearon para disciplinar e imponer un modo de vida a la población, la cual debía adaptarse y adquirir un ‘sentido de propiedad’ antes de trasladarse a la vivienda definitiva (Castañeda et al., 2012: 12).

Si en 1962 la Villa 21-24 contaba con cerca de 350 pobladores, y hacia mediados de los años 1970 se alcanzó a contabilizar 12 mil, el plan de erradicación de villas llevado a cabo por la dictadura iniciada en 1976 diezmó su población a apenas un puñado de cientos (Castañeda et al., 2012; Cravino, 2006; Guber, 2007). Mientras que en el plan de erradicación de 1966 primaba el reemplazo de las viviendas de las villas por nuevos complejos habitacionales^[4], fue habitual en este segundo programa –promulgado como Ordenanza Municipal nº 33.652/1977– la demolición de barrios enteros (incluso algunos que habían sido construidos por el propio Estado local) y el traslado de personas de forma violenta y sin destino, así como la tortura y desaparición sistemática de los considerados “subversivos”.

Las publicaciones de la CMV [Comisión Municipal de Vivienda] de la época detallaban los pasos: congelar, desalentar y erradicar. De este modo se dejaba de proveer asistencia social, se prohibía la construcción de nuevas viviendas así como la mejora de las existentes, se clausuraban negocios y se cortaban servicios. El congelamiento y el desaliento precedían a la erradicación, cuyo fin era operar, a través del Estado, sobre toda la población que habitaba de forma precaria la Capital Federal […]. Según el testimonio de una sobreviviente, los desalojos comenzaron a sentirse en la villa en 1977: “A los extranjeros [los mandaban] de vuelta a sus países y a nosotros como trastos viejos nos tiraban en las provincias. Eso es lo que hacían […]. Venían con topadoras. A ellos no les interesaba si había enfermos, o una parturienta. Acá fue muy fuerte. En el ’77 ya empezaron a voltear las casas” (Castañeda et al., 2012: 34).

A partir del fin de la dictadura, el persistente déficit habitacional hizo retomar a la Villa 21-24 su cauce de veloz crecimiento y comenzó un proceso de reconstrucción de las redes políticas y de sociabilidad vecinal que habían sido resquebrajadas. Asimismo, se redoblaron los esfuerzos para la provisión de infraestructura que mejorase el acceso a los servicios característicos de las áreas más integradas de la ciudad. Como indica Auyero (2001: 69), estas luchas han sido usualmente producto de disputas entre los gobiernos y los movimientos villeros, que comenzaron a conformarse en pos de reivindicaciones habitacionales. Como muestra la historia de las villas de Buenos Aires, han sido pocos los casos de políticas de integración urbana implementadas por mera iniciativa gubernamental sin la mediación de reclamos o presiones vecinales.

Desde el punto de vista estatal, el regreso a la democracia marcó una nueva etapa para las villas. Si en décadas anteriores habían primado políticas erradicatorias –que, si no eran directamente expulsivas, fomentaban el traslado a complejos de vivienda que reproducían la segregación urbana–, los años 1980 (y más acentuadamente los 1990) dieron lugar a la aparición de iniciativas tendientes a la radicación. Estas políticas, que reconocían el derecho a la permanencia, promovían la regularización dominial e impulsaban la urbanización. Según diversos autores (Jauri, 2011; Cravino, 2012; Arqueros et al., 2011), este viraje fue fruto de las históricas demandas de los movimientos villeros, pero también obedeció a balances negativos por parte de los sucesivos gobiernos acerca de la producción en masa de viviendas “llave en mano”. Asimismo, respondió a nuevos enfoques fomentados desde organismos internacionales, que hacían propio el impulso de los derechos económicos, sociales y culturales –entre los cuales se hallaba el derecho a la vivienda–. Sin embargo, este giro hacia la integración no sólo convivió con políticas y discursos erradicatorios, sino que difícilmente logró trascender el plano normativo y apenas logró traducirse en transformaciones palpables para los habitantes de los barrios informales.

Mientras tanto, aún si los destinos de las villas han oscilado al ritmo de los ciclos gubernamentales, las luchas sociales y las cambiantes políticas de vivienda (Rodríguez et al., 2007), su expansión como forma de hábitat popular ha ido en franco ascenso desde el regreso de la democracia. En la ciudad de Buenos Aires se han multiplicado los habitantes de barrios informales, se ha incrementado la población no propietaria, han aumentado los desalojos forzosos y ha crecido la precariedad habitacional (Rodríguez et al., 2011; Zapata, 2012; Di Virgilio y Rodríguez, 2013). Precisamente, se estima que actualmente son 600.000 las personas que residen en villas, asentamientos, inquilinatos y pensiones, además de las que se encuentran en situación de calle o hacinamiento (Marcus, 2011; Mazzeo y Roggi, 2012).

En paralelo, se ha expandido la superficie construida hacia niveles sin precedentes, en especial a partir de la salida de la crisis económica que hizo eclosión en los años 2001-2002. En el período 2003-2013 se autorizó la construcción de un promedio de 1.774.129 m2 anuales, generándose inéditos niveles de oferta; de hecho, más de un 80% de ellos se destinaron a uso residencial (Baer y Kauw, 2016: 14).

La relación entre estos dos fenómenos –el aumento de la población en situación de precariedad habitacional y la ampliación de la superficie construida– es más causal que azarosa. En estos años, el mercado inmobiliario se ha destacado por su desregulación, y las políticas de gestión del suelo urbano han brillado por su virtual ausencia; en consecuencia, se ha evidenciado un aumento extraordinario de los precios del suelo, los cuales superaron con amplitud los precios relativos del resto de los bienes y servicios de la economía (Baer y Kauw, 2016)^[5]. De este modo, el crecimiento de la oferta de viviendas –para una población que ha permanecido estable en alrededor de 2.900.000 habitantes desde la década de 1960– no ha redundado en un apaciguamiento de la crisis habitacional. Más aún, mientras que entre 2001 y 2010 la población en villas crecía un 52,3% –según los cálculos más conservadores– (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010), aumentaba significativamente la cantidad de viviendas ociosas (Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, 2015; Rodríguez, 2015). La zona sur, que históricamente había permanecido rezagada de los procesos de valorización y resultaba por lo tanto más accesible que la zona norte, no quedó exenta de este proceso. A partir de 2003, comenzó una lenta convergencia de los precios del suelo entre ésta y aquella, reduciéndose las opciones para la población de menores recursos y dificultándose la permanencia entre quienes veían encarecerse los precios de sus viviendas. Así, se comenzaron a evidenciar procesos de “gentrificación”^[6] en el mismísimo sur, bajo un decidido impulso gubernamental de “revalorizar” las áreas en cuestión. Los alrededores del Paseo de las Artes, en La Boca, y el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, son algunos de los ejemplos más paradigmáticos a este respecto (Baer y Kauw, 2016; Jajamovich y Menazzi, 2013; Salinas Arreortua, 2013).

En el marco de este déficit habitacional, las crecientes dificultades para el acceso a la vivienda en zonas formales dieron lugar a que barrios como éstos se expandiesen a lo largo de los años hasta las barrancas mismas del Riachuelo. Así, en la actualidad, pueden encontrarse precarias casillas cuyo único sostén contra la fuerza de gravedad de los taludes del río son pilares de madera desvencijada que, en más de una ocasión, han cedido y provocado el desplome de viviendas enteras en las oscuras aguas contaminadas.

Las trayectorias de los habitantes del camino de sirga: militancia y supervivencia en los bordes del Riachuelo

Los habitantes de la periferia no sólo comparten una posición espacial y social desventajosa, sino también una experiencia común […] vinculada con habitar la periferia: la migración hacia la ciudad, el sueño de un lugar propio, las múltiples dificultades vinculadas con la ausencia de infraestructura, los servicios deficientes, las largas distancias por cubrir para acceder al trabajo, la salud y la educación, y la historia del barrio como un paulatino progreso en el acceso a dichos bienes y servicios, constituyen referencias compartidas en los relatos de los habitantes de la periferia, independientemente del momento y de las condiciones en que arribaron. Se mira y se vive la ciudad desde una posición social y espacial (Segura, 2013).

Los establecidos

Raúl vive en la Villa 21-24 hace 35 años, pero nació y se crio en Misiones, de donde son originarios sus padres, hijos de paraguayos. Pasó su infancia en esa provincia, sumido en la más profunda miseria: “fuimos pobres de toda pobreza, absolutamente pobres, no teníamos vivienda, no teníamos nada, dormíamos en un rancho. La verdad es que esto es una pequeña mansioncita al lado de la casita que teníamos allá”. Su casa actual, hecha de ladrillos y cemento, es efectivamente una pequeña “mansión” para los estándares del camino de sirga. Además de su calidad constructiva, tiene el privilegio de dar a uno de los pasajes principales, que cuenta con asfalto. Aunque el pasto del vecino, claro, siempre es más verde: “ese señor que está ahí en frente tiene una casa impresionante, de loza, es maestro mayor de obra, así que imaginate cómo es la casa de él, una fortaleza. Todo de columnas, loza, impresionante”.

Histórico referente del barrio, Raúl llegó a vivir allí tras el fin de la dictadura en 1983, luego de que en el marco de una política sistemática y coercitiva de erradicación fuera expulsado de otra villa donde residía. Actualmente, pertenece a la minoría que ha contado durante las últimas décadas con un trabajo estable y formal, desempeñándose como empleado estatal. Su labor, guardián de plaza, evoca imágenes románticas y anacrónicas que remiten a otra época de Buenos Aires, pero a su vez recuerda paradójicamente a otro lugar, pues la propia realidad topográfica de la villa donde vive hace largos años lejos está de contar con plazas; más bien, se compone de un sinfín de retorcidos pasadizos estrechos que sólo se suelen ensanchar para dar lugar a basurales infestados de ratas y metales tóxicos.

En la vida de Raúl siempre ha estado presente la política, actividad que practicó generalmente en pos de reivindicaciones barriales y en contra de las autoridades villeras establecidas: “yo […] acá fui siempre un contrera, contra lo institucional del barrio, contra los que manejaban la mutual. Yo siempre estuve en contra porque exigí para mi barrio la democracia”.

El fallo del juez Gallardo que en 2009 ordenó la realización de comicios para conformar juntas vecinales en las villas de la ciudad de Buenos Aires fue vivido por gente como él como una victoria y a su vez un punto de inflexión. Pasó de volantear como un contrera a armar listas con las que se presentó sucesivamente a elecciones, en las que siempre salió derrotado. Pero aclara: “nosotros no pusimos un peso, no le ofrecimos empleo a nadie”. Su plataforma, aunque no victoriosa, es muy representativa de los problemas que siempre han aquejado a la Villa 21-24 y a la mayoría de las villas porteñas:

El programa consistía en hacer todo lo que podamos hacer desde la política para que mejore la salud dentro del barrio. Tener centros de salud […], que haya una ambulancia las veinticuatro horas del día […], seguir exigiéndole al Estado la construcción de más escuelas, jardín de infantes, jardines maternales […], e incluso [luchar] contra la violencia que hay en el barrio […]. Estoy hablando de la violencia, estoy hablando de la droga, estoy hablando de todo eso. Yo soy un absoluto convencido de que hay que luchar contra quienes venden la droga, y hay que luchar contra quienes están metidos en la corrupción, como la policía, los funcionarios […]. Luchar para que se respete lo que plantea la ley de urbanización de todas las villas.

A fin de cuentas, apelando a las ideas del poeta y cineasta Pier Paolo Pasolini –algunas de cuyas frases célebres tenía pegadas en la pared de su casa–, la política para él es “una gran herramienta de transformación”, “desagradable” y “sucia” pero “necesaria” y “poderosa”.

Jorge es otro de los vecinos históricos del área de la villa que repentinamente se dio a llamar “camino de sirga”. Y tal como en el caso de Raúl, sus condiciones materiales de vida se distinguen respecto de la mayoría de los habitantes ribereños, que suelen ser más nuevos en el barrio y contar con una mayor vulnerabilidad económica. Distante de aquellas casillas de chapa que tambalean sobre los taludes del Riachuelo, la vivienda de Jorge –construida por él mismo a lo largo de las décadas– está hecha de material (como suelen denominar los vecinos a los ladrillos, la cal y la arena) y se encuentra enclavada en un ancho pasaje inusualmente arbolado y recluido. Su trabajo como administrativo en un estudio jurídico –estable, registrado y mejor remunerado que el promedio– también resulta una relativa rareza en un ámbito de suma precariedad como es la Villa 21-24, exponente por antonomasia de la creciente crisis habitacional y reducto ejemplar de la pauperización de las condiciones de vida en la ciudad.

A diferencia de Raúl, Jorge es uno de los pocos vecinos que atravesaron el proceso de erradicaciones llevadas adelante durante la última dictadura (1976-1983) y lograron permanecer. “Vos que estudiaste sociología”, me decía en una conversación en su casa, “dicen que hay dos cosas en la vida que traumatizan: una es la mujer en el parto, y otra es una mudanza”. Aquellas no se trataron, sin embargo, de mudanzas comunes y corrientes, sino de desalojos forzosos llevados adelante a sangre y fuego contra quienes no eran pasibles de “merecer la ciudad” (Oszlak, 1991). Como corolario –según vimos hace algunas páginas–, luego de esos años las villas quedaron diezmadas y algunas sencillamente desaparecieron, hasta que al calor del reverdecer democrático retomaron su cauce de veloz y precario crecimiento.

A partir de esta etapa, la expansión poblacional de las villas fue acompañada de un intenso trabajo militante por parte de residentes como Jorge que lucharon para que los nuevos y viejos habitantes contasen con prestaciones que los propios organismos estatales no garantizaban. “Yo puedo decir, con un pequeño dejo de orgullo, que trabajé socialmente muchísimo en el barrio. Soy uno de los pioneros en el tendido de luz, cloacas y agua. Y no solamente en el sector que me atañe a mí, trabajamos en toda la villa”. Su entrega personal por el bienestar barrial acabó por convertirlo en un referente entre los vecinos, quienes lo detienen cotidianamente para saludarlo a cada paso. Al igual que Raúl, sus experiencias políticas lo hallaron alejado de los sectores que dominan la vida política institucional local. La Junta Vecinal, dice, es una estructura piramidal que “no sirve para un carajo”, y acusa a su presidente de actuar por “fines políticos” para obtener “réditos”.

Las outsiders

Lejos de cualquier homogeneidad a su interior, la Villa 21-24 –y la zona ribereña en particular– cuenta con habitantes de diversas antigüedades, niveles socioeconómicos, trayectorias ocupacionales y procedencias geográficas. Más que tratarse de una vecindad con un tipo de vida comunitaria y uniforme, existen allí redes de sociabilidad dispares y formas e intensidades de integración a la vida del barrio distintas (Fainstein, 2015). Siguiendo a The established and the outsiders, de Elias y Scotson (1994), se observa allí una vinculación entre el tiempo de residencia y el carácter que adquiere la experiencia de habitar. En la Villa 21-24, a su vez, se evidencia una relación estrecha entre la antigüedad y las condiciones de vida, que se expresa en un desmejoramiento de las condiciones habitacionales a medida que uno se aproxima a los márgenes del río –un fenómeno que Segura (2013) llamaría degradé urbano–. Las historias de Cuca y de Concepción resultan en este sentido significativas respecto de lo disímiles que eran las vidas en el camino de sirga cuando hizo aparición la orden de relocalización.

Con Cuca pude conocer hasta el más escondido de los rincones de la ribera del Riachuelo, que un día me llevó a recorrer con mucho entusiasmo. “Traé tu cámara de fotos”, me había adelantado, aunque también me advertiría: “para salir yo te acompaño, que si los pibes en los pasillos te ven solo, te roban todo lo que tenés”. Con veinticinco años en el barrio –casi la mitad de sus 55 de vida–, conoce todo –y a todos– como la palma de la mano, incluso a las incontables jaurías que al giro de cada esquina nos empezaban a seguir sin mucha decisión. Con la autoridad de quien se siente en casa, les gritaba desatadamente para que se alejasen: “rajá o te hundo las costillas, animal de porquería”. Sus órdenes a los perros sólo eran interrumpidas cuando nos cruzábamos con pedazos de cable tirados en la calle. “Agarralo que es cobre”, le indicaba a la nieta que venía con nosotros, por más pequeños que fuesen aquellos.

Antes de vivir allí, Cuca supo llevar una vida más nómade. Nació en un pueblo en Chile, vivió hasta la adolescencia en la ciudad de Viña del Mar, y a los dieciocho años se fue a vivir a Chipre. Me resultó difícil creerle hasta que empezó entre risas a recitar unas frases en griego: “la que más me acuerdo es ‘por favor, ¿me das una cerveza?’. Pero no iba a vivir toda la vida pidiendo cerveza”. Luego trabajó en Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú, hasta que llegó a Buenos Aires a los veinticinco años. Pero aclara: “yo siempre voy a ser chilena porque nací en Chile. Igual para mí este es mi país, me gané este documento y ser una más de ustedes”.

Tras pasar los primeros años viviendo en el centro de la ciudad y en el barrio de San Telmo –donde formó una familia y tuvo hijos–, se separó de su esposo y se mudó a la Villa 21-24. Allí fue inquilina al principio y luego, hace quince años, logró comprarse su propia casa. Un verdadero acontecimiento, especialmente para alguien que pasó buena parte de su vida de país en país y de barrio en barrio.

Si la orden de relocalización no fue un evento enteramente novedoso para la vida de vecinos como Raúl y Jorge, que sufrieron las políticas de erradicación de la dictadura, ni para la de Cuca, que transcurrió décadas de múltiples mudanzas –más o menos ajenas a su voluntad–, tampoco lo fue para pobladoras más recientes como Concepción, quien llegó a la Villa 21-24 producto de un exilio económico. Concepción creció y formó su familia en Pedro Juan Caballero, una pequeña ciudad paraguaya fronteriza con Brasil donde vivió hasta que su primera hija cumplió cinco años y se mudaron a Asunción. Allí tuvo dos hijos más y permaneció quince años antes de que, por dificultades económicas, tuviese que decidir venir a la Argentina.

En Paraguay, Concepción se dedicaba a vender ropa, pero la falta de trabajo la obligaba a hacer todo tipo de changas; su marido, chofer de camiones nacional e internacional, no corría un mejor pasar. Hace doce años, la opción de probar suerte en otras tierras se les apareció como plausible y decidieron explorar esa posibilidad: primero viajó el marido con su hija mayor, luego se mudó la otra hija, y al cabo de pocos meses se trasladó ella con su hijo menor. Se instalaron sin escalas en la zona ribereña de la Villa 21-24, que para ellos significó un angustiante encuentro con una realidad que los hizo debatirse acerca de la propia permanencia en el país. Así lo refleja el siguiente diálogo en el que Concepción da cuenta de la mezcla de sensaciones que la atravesaron:

Concepción: Cuando me llegué me asusté porque el barrio era un desastre. Me decepcioné un poco, me quedé tan triste. Me entristeció porque veías… Dios mío, desesperante.

Andrés: ¿Qué era lo desesperante?

C: Y, la villa, por ejemplo, los pasillos, que allá en Paraguay no hay eso […]. Pero después me adapté, qué voy a hacer […]. Dije “Dios mío, Dios es grande y no me va a abandonar”, y “vamos a luchar”, le dije a mi marido. Ahora gracias a Dios estoy tan tranquila, mi hija y mi marido trabajan bien, conocemos ya muchas partes, tenemos muchas amistades.

Haber conseguido trabajo le significó una gran tranquilidad, ya que había viajado con la incertidumbre de no tener garantizada ninguna fuente de manutención de antemano. Mientras que el marido se empleó como obrero de la construcción, Concepción comenzó a improvisar como cocinera y vendedora de comida: “cuando vine, miré y dije, bueno, primerito hice bizcochuelos para vender, todas las tardes salía a vender bizcochuelo. Luego vino el calor en el verano y hacía ensalada de fruta. Y vendía y vendía y vendía. Y después averiguaba, averiguaba acá, averiguaba allá cómo se hacía. Ahora hago tortas, lo que se presente”.

Además de tener trabajo y haberse hecho de amigos, para Concepción fue un cambio radical haber logrado comprar su propia vivienda, a escasos metros de la que la albergó como inquilina durante los primeros cinco años. “De tanto luchar allá en Paraguay, la diferencia acá es que por lo menos, a pesar de que es la villa, ya tenemos nuestra casa. Vemos la diferencia. Acá hay más vida, uno trabaja y hay vida, pero allá trabajás y no hay vida”.

No obstante, hasta el día de hoy no está segura de qué tan suyo es su hogar: “soy dueña, supuestamente. Pero es como si invadiera, como si fuera que no pagás el impuesto y no es tuyo”. Su preocupación de tener como prueba de su titularidad apenas “un papel que él [el dueño anterior] hizo en su máquina de escribir”, que refleja los opacos y grises regímenes de propiedad que imperan en las villas, en ella acaba por tomar la forma de sentimientos de incertidumbre acerca de su relación y enraizamiento en el barrio. Como señala Merklen (1995: 108), “la tierra posee entre los ocupantes una significación muy especial que generalmente está asociada al concepto de propiedad, en tanto ambos son percibidos como punto de anclaje y de reaseguro social contra vendavales de diverso tipo”. Como contracara, “la posibilidad de acceder a la tierra posee siempre una significación idealizada en el sentido de que parece surgir como un hito a partir del cual mejorará la situación”. Si la tierra y la vivienda operaban como un anclaje de certezas en el marco de una vida frágil y precaria, la orden de relocalización llegaría, precisamente, como un vendaval.

La orden judicial, motivo de sospechas, temores y expectativas

El camino de sirga como puntapié de negocios expulsivos

Cuando se vinculó la orden de “limpieza de márgenes” del río con el viejo concepto de “camino de sirga”, disponiéndose la relocalización de toda la población ribereña, el Poder Judicial apuntaba a la doble meta de reordenar el territorio y morigerar el riesgo ambiental de la población más expuesta. No se trataba solamente de facilitar las labores de control de basurales y efluentes o de mejorar la circulación, sino, a su vez, de detectar y trasladar a las personas que vivían más próximas a la fuente de peligro por excelencia: el Riachuelo.

Pero habitar un mismo sitio y ser objeto de una misma política no fueron elementos suficientes para que los afectados por las relocalizaciones signifiquen de modo similar el proceso. De hecho, las interpretaciones que los diversos actores le otorgaron a la relocalización –y en particular los afectados directos– fueron más bien variadas y dispersas. Es que, siguiendo a Olejarczyk (2015a), el proceso de mudanza –lo que Jorge llamaba “lo más traumático en la vida”– suele ser más que un simple traslado geográfico de un sitio a otro; en otras palabras, la vivienda y el barrio significan para sus habitantes mucho más que el espacio físico sobre el que pasan sus días. En consecuencia, el habitar se vincula con un conjunto de sentidos subjetivos que hacen que el espacio –vacío y abstracto– se vuelva un lugar –concreto y significativo– (Segura, 2013; Girola, 2007). Podría afirmarse, parafraseando a Segura (2013: 60), que la Villa 21-24 constituye un palimpsesto, pues se superponen allí capas sedimentarias de ocupaciones, usos, relaciones y sentidos diversos. Es decir que según la historia, trayectoria y posición social de los vecinos afectados, la orden de relocalización puede significar muchas cosas distintas y contrapuestas.

Como veíamos anteriormente, la causa Mendoza, en tanto pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en pos del saneamiento ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, estableció una serie de objetivos que debían ser traducidos en políticas públicas por parte de los condenados: la recuperación ambiental, la prevención del daño futuro y la “mejora de la calidad de vida” de la población. Sin embargo, para Concepción, lejos estaba el fallo de apuntar en esa dirección. Más bien, como se ve en el siguiente diálogo en el que habla acerca del entonces jefe de gobierno de la ciudad –con quien identifica la orden de relocalización–, se deja entrever cómo ella asocia la apertura del camino de sirga con su condición de extranjera cuyo destino es potencialmente volátil (y cuya garantía de propiedad como habitante de la villa es, recordemos, apenas “un papel hecho en máquina de escribir”).

Concepción: Pero Macri no quiere a la gente de la villa. 

Andrés: ¿Vos pensás que no?

C: Yo, una vez, escuché que él estaba hablando en la tele, y dijo que cada uno tiene que ir a su lugar. Por ejemplo, la gente acá adentro de la Argentina, cada uno tiene que ir a su lugar de nacimiento a hacerse su vida, dice. ¿Y cómo va a ser así, si acá en la Capital sólo quedan los capitalinos? La gente de la Capital sólo trabaja en los papeles, son secretarios… Y las empleadas domésticas… En la gente de la Capital no hay empleadas domésticas. ¿Cómo van a vivir entonces? Y otra cosa dice, que el de Córdoba lo va a mandar a Córdoba, que el de Salta va a ir a Salta, porque viste que acá también hay mucho argentino que viene de la provincia a vivir acá […]. Y los extranjeros cada uno en su país. Y con las villas él va a terminar, dice. Entonces quiere hacer acá Estados Unidos.

A: ¿Hacer qué?

C: Hacer una ciudad de Estados Unidos.

Las causas y alcances de la orden de relocalización, sin embargo, no fueron interpretados por todos del mismo modo; más aún, dentro de una misma persona podían convivir explicaciones a primera vista contradictorias. La propia Concepción, por ejemplo, vincula la apertura del camino de sirga a un objetivo que, aunque podría implicar su expulsión de la ciudad, tiene motivaciones técnicas y justificables: un reordenamiento del tránsito.

Yo pienso que es, a lo mejor, para convenir más a la ciudad. Porque viste que la ciudad cada día crece más y no hay tanto espacio para que pasen los camiones grandes, por ejemplo. Y la idea de ellos es abrir una ruta como la que está en Pompeya, yo pienso, como la Avenida Vélez Sarsfield […], para que la gente llegue más rápido a donde tiene que ir. Sólo que a veces los pobres no entienden eso. Es lindo el proyecto, es hermoso.

Siempre suspicaz de quienes llama los políticos, Cuca asocia las relocalizaciones con la búsqueda de ganancias económicas por parte del gobierno de la ciudad. “Porque viene la autopista, y la autopista al Gobierno le está pagando. ¡Esto es un negociazo!”. Estos negocios se extenderían, a su vez, al armado de un paseo turístico: “van a hacer como una bahía de recreación […], va a venir gente con turistas, sacar plata, llevarlos en el bote, mostrar fotos de cómo era antes, decir que acá hay gente que vivía, y van a decir que les dieron unas tremendas casas, que todo es mentira”.

Si bien no se conocen proyectos oficiales del armado de un paseo turístico en el barrio de Barracas, los intentos de erradicación de la villa Rodrigo Bueno en el barrio de Puerto Madero, los desalojos en La Boca y el “boom” inmobiliario de este cordón sureño de la ciudad enmarcan las más variadas explicaciones de los vecinos sobre el porqué de la orden de ser relocalizados:

Cuca: Vos sabés que no es sólo esto nomás, quieren sacar la villa, y la villa va a ser muy difícil sacarla.

Andrés: ¿Entera la villa?

C: Acordate lo que te digo: cuando empiecen a hacerlo, van a querer ampliar más y más y más, ¿entendés?

A: Corriéndola más para atrás.

C: Claro, pero ahí van a tener que empezar a darle plata a la gente.

A diferencia de la gran mayoría de las villas de la ciudad, que están ubicadas en las áreas más lejanas, peor conectadas y en mayor condición de desigualdad respecto de los servicios y derechos predominantes en el norte, la Villa 21-24 se encuentra en una zona céntrica, relativamente cercana a los núcleos de la vida económica urbana y a las escuelas y hospitales públicos. Como veremos más adelante, los vecinos perciben estas características referentes a la localización de su barrio como una ventaja relativa de la que no quieren desprenderse; pero además, hay entre ellos sospechas –y certezas– de que la orden de trasladarlos se funda, en última instancia, en motivaciones ocultas o no explicitadas de políticos o empresarios. Para Cuca, el telón de fondo de las relocalizaciones es el alto valor de las tierras donde se asienta la villa, que está muy cerca “del pleno centro, de la Casa de Gobierno”, por lo cual si el jefe de gobierno de la ciudad se hiciera presidente, “la villa desaparece, porque esto [vale] una fortuna. Esto te lo digo yo y te lo va a asegurar cualquier compañero […]. Esto es una mina de oro para hacer lo que se les cante […], edificios, complejos, un shopping…”.

La relocalización como oportunidad y como amenaza

“Somos el jamón del medio”, me decía en una ocasión Jorge refiriéndose a cómo los vecinos de la zona ribereña de la villa se descubrieron como habitantes de un “camino de sirga” que deberían abandonar para dar cumplimiento a un fallo judicial. Pero al desanudar la madeja de representaciones que se hacen de las razones que los colocaron en dicha situación, se halla que se interpretan como el “jamón del medio” de, en definitiva, grandes proyectos para los cuales ellos representan un obstáculo. Así, las tierras sobre las que se encuentran los vecinos, pero también sus amistades, familias y (en muchos casos) trabajos, valen “una fortuna” porque son una oportunidad para hacer negocios, sean torres, centros comerciales o “bahías de recreación” para “sacar plata”; en todos los casos, horizontes para ellos inaccesibles. Por eso, como su barrio estaría asentado sobre una “mina de oro”, la apertura del camino de sirga sería sólo el primer paso de un proceso de erradicación de la villa en su conjunto.

Estas explicaciones, no obstante, conviven con otras como la de Concepción, que aluden a que la relocalización obedece al futuro paso de una ruta que agilizará el tránsito para “convenir a la ciudad”. Para ella, un proyecto como éste es positivo, en la medida en que lo asocia con los temores que le genera la topografía de la villa: “para mí sería lindo abrir todo. Por ejemplo, que no haya más esos huequitos que los chorros se esconden”.

Jorge, por su parte, también se muestra esperanzado, porque habiendo dado largas luchas por la urbanización durante buena parte de su vida, el traslado de los habitantes del camino de sirga implica un cambio cualitativo de escenario. “Va a haber un antes y un después”, dice, “porque todo este espacio” –refiriéndose a los márgenes del río atiborrado de basurales y casas tambaleantes– “se va a ver transformado en una avenida, en un paseo”. Lo motiva, además, que la relocalización pueda ser el puntapié para revivir los reclamos por la urbanización del barrio en su totalidad, una reivindicación de larga data para activistas como él.

A la hora de explicarse el fallo, entonces, coexisten explicaciones múltiples e incluso contradictorias. Así, mientras que para vecinos como Jorge la orden de relocalización se inserta en el extenso derrotero de demandas vecinales por la mejora de las condiciones de vida de los villeros, para otros como Cuca o Concepción, con lazos más débiles con el barrio, la disposición judicial despierta sospechas sobre motivaciones políticas y económicas no explicitadas, esperanzas sobre el mejoramiento de un hábitat al que nunca se acostumbraron, e inseguridades acerca de cuáles son los derechos de los que pueden sujetarse como sujetos de derecho que se perciben en posiciones legal y simbólicamente frágiles.

Fuera la creación de shoppings, la construcción de torres o la implementación de derecho de admisión a la ciudad, las motivaciones que le atribuyen los vecinos del camino de sirga al proyecto de relocalización distan de los fundamentos oficiales, tan múltiples como la cantidad de voces estatales desde las cuales fluyen argumentos y explicaciones. Si para la Corte Suprema se trata de “recomponer el ambiente”, “prevenir el daño futuro” y “mejorar la calidad de vida”, para el juez federal a cargo del seguimiento de la causa la tarea es relocalizar, en tanto esa es la resultante de la necesidad de “eliminar obstáculos” de los márgenes del Riachuelo y dar lugar a la exigencia de “urbanizar villas y asentamientos”. Mientras tanto, para el ivc, responsable de llevar adelante las relocalizaciones,

Es una causa ambiental, y entonces si no estás viviendo en este momento en el camino de sirga, el juzgado entiende que vos no estás viviendo un problema ambiental […]. En esta operatoria yo no vengo a darte una vivienda, yo vengo a sacarte de la contaminación […]. No estamos entregando viviendas por la carencia habitacional, entregamos viviendas para no dejar en la calle a los que tienen que liberar el camino de sirga (Romina, ivc).

Si las agencias estatales operan sobre las vidas de los vecinos en función de una razón ambiental pero en la práctica acaban entrecruzando este argumento con la problemática habitacional, ¿por qué los afectados no percibirían confusamente los fundamentos de una orden judicial que impacta de raíz sobre sus vidas? Si el gobierno de la ciudad viene a sacarlos de la contaminación pero al mismo tiempo corre la voz de que amenaza con restringir derechos a los extranjeros, ¿por qué éstos no sospecharían que el objetivo en última instancia es su expulsión del medio urbano? Si se vive en la ciudad un proceso generalizado de desplazamiento de la población más pobre a las zonas más sureñas producto de la creciente valorización inmobiliaria de las tierras que habitan, ¿por qué los vecinos de la Villa 21-24 –ubicada cerca “del pleno centro, de la Casa de Gobierno”– no creerían que detrás de la orden de “mejorar la calidad de vida” se esconden grandes negocios? ¿Acaso no sospecharían de los poderes públicos que con su mano derecha les prometen la recuperación ambiental y con la izquierda les retacean algunos de los más elementales derechos? Al desagregar la noción de Estado como un conjunto de agencias relativamente autónomas y permeables a la imbricación de distintos actores sociales, puede comprenderse la confusión como producto del entrelazamiento de las contradictorias prácticas de gobierno que operan sobre la vida de los habitantes de la traza del camino de sirga.

Los claroscuros de una mudanza con rumbo incierto

El complejo habitacional al que fueron relocalizados los primeros vecinos del camino de sirga de la Villa 21-24, conocido como “Padre Mugica”, se ubica en el extremo sur de la ciudad, en el barrio de Villa Lugano. Caracterizada por contar con los índices socioeconómicos más degradados de Buenos Aires, así como por reunir el mayor número de asentamientos informales (Parea y Vitale, 2011), esta zona es la que más crecimiento poblacional ha experimentado en la última década, en gran medida de la mano de un progresivo desplazamiento de población proveniente de los barrios formales. La desregulación del mercado inmobiliario, en cuanto desencadenante de un proceso de gentrificación, ha tendido a consolidar el sur de la ciudad como área de residencia de la población más económicamente vulnerable y rezagada por el Estado en la implementación de políticas de integración al tejido urbano e igualación a los servicios y derechos vigentes en el norte (Bañuelos, Mera y Rodríguez, 2008).

El barrio de Villa Lugano presenta numerosas desventajas en materia de acceso a derechos en comparación con la Villa 21-24, tanto en lo que refiere a la movilidad (paradas de colectivo a largas cuadras de distancia de los complejos), los servicios de salud (ausencia de hospitales en áreas cercanas), la educación (insuficientes vacantes escolares) o la seguridad. Para los pobres de la ciudad, la distancia (y calidad) del viaje de la casa al trabajo, la atención médica en tiempos y formas compatibles con las responsabilidades laborales y necesidades vitales, la obtención de vacantes en escuelas públicas y la garantía de habitar calles donde reine la calma y paz social nunca fueron realidades dadas por sentado. Más bien, estas tensas faltas son definitorias de la posición de marginación urbana y subordinación social de los villeros, y resultan constitutivas de la propia experiencia de habitar estos barrios populares. Por estos motivos, para los afectados del camino de sirga la orden de relocalización fue mucho más que un mero traslado geográfico; de hecho, los fundamentos ambientales oficiales se entrecruzaron con la compleja trama de significados que tiene para ellos la vida en la villa, que incluyen –pero trascienden– su exposición a la contaminación.

Andrés: ¿Vos tenés vecinos que se fueron ahí? ¿Los ves, hablás con ellos?

Concepción: Sí, los veo y les hablo. Vienen de visita.

A: ¿Y qué te cuentan?

C: Me dicen que se arrepintieron de mudarse allá, que preferían vivir acá que allá, porque allá no hay muchos colectivos, no hay hospital, no hay escuela […]. Preferían vivir acá que irse allá.

Este diálogo con Concepción, en el que cuenta sobre sus conversaciones con exvecinos, es representativo de la amplitud de preocupaciones que cundieron entre los habitantes del camino de sirga a partir de la primera relocalización. En la medida en que comenzaron a circular relatos provenientes de los ya relocalizados, la perspectiva de trasladarse lejos de su barrio despertó cuestionamientos y resistencias que ponen de relieve lo divergente que resulta para los villeros la noción de “mejora de la calidad de vida” respecto de la racionalidad instrumental de “sacarlos de la contaminación”.

“Acá la gente ya sabe quién es quién”

Si bien la Villa 21-24 es una de las áreas de la ciudad donde se registra mayor número de homicidios y casos de violencia institucional, de género e interpersonal –e incluso habiendo atestiguado regularmente a lo largo de mi trabajo de campo recurrentes relatos de los vecinos acerca de asesinatos, asaltos y diversos peligros presentes en el barrio–, los habitantes del camino de sirga se muestran cautelosos ante la posibilidad de mudarse a complejos habitacionales que perciben como potencialmente más riesgosos. Como me lo graficaba Jorge, “algunos prefieren malo conocido que malo por conocer”.

La siguiente conversación con Raúl –citada in extenso– muestra cómo los relatos provenientes de los habitantes del complejo Padre Mugica hacen aparecer a la inseguridad de allí como series de hechos tan azarosos como impredecibles, en contraposición a los marcos de convivencia conocidos que engloban la experiencia de la inseguridad en la villa:

Andrés: Vos decías también este tema de que el complejo tiene tres villas alrededor…

Raúl: Y eso implica inseguridad. Porque, ¿sabés qué? Hay varias experiencias negativas, absolutamente negativas. Yo no las pude ir a corroborar allá, no pude ir a corroborar esto, pero en sí la historia está de que se va la gente a trabajar, se van los chicos a estudiar, y queda un niño menor en la casa. Entraban tipos, gente armada, echaban a la criatura que estaba, la sacaban afuera…

A: Y le copaban la casa.

R: Le copaban la casa, vendían la casa a una familia nueva, la familia venía, se instalaba, y cuando llegaba la madre o padre o familia de su trabajo, no podían sacar nada de ahí adentro del departamento, porque ya había una familia nueva viviendo […].

A: ¿Y cuando hablás de inseguridad hablás de esto o también de inseguridad cotidiana?

R: También cotidiana porque es robada la gente, la gente cuando se va a trabajar o a estudiar es robada. Cuando vuelve también. Tanto cuando va como cuando vuelve.

A: ¿Acá es más seguro que ahí?

R: Acá en ese aspecto es más seguro porque la gente ya conoce, ya sabe quién es quién, y acá es muy difícil para el chorro zafar si va a robarle a alguien conocido […]. ¿Sabés lo que pasa? Que, a ver, cuando el mismo que roba, roba a su vecino, ya está rompiendo un código, un código que no está escrito en ningún lado.

A: ¿Cómo es eso?

R: Sí, sí, códigos que no están escritos pero se tienen que valorar.

La generalidad de los casos de Padre Mugica que “no se pueden corroborar, pero…”, que afectan a “la gente” cuando “va a trabajar o a estudiar” resultan contrastantes en el relato de Raúl con respecto a la inseguridad local, que estaría regida por ciertos “códigos” que “se tienen que valorar” ya que “la gente conoce” y “sabe quién es quién”. La peligrosidad de la Villa 21-24, lejos de haber roto los intensos vínculos sociales característicos del barrio (visibles en la proliferación de asociaciones vecinales y activismo político, pero también en el paisaje cotidiano de niños jugando en las calles y las puertas de las casas abiertas de par en par), coexiste con un saber práctico que le permite a sus habitantes conducirse por la cotidianeidad del barrio con la familiaridad propia de lo esperable (aquello con lo que no contaba la recién llegada Concepción, asustada por los “huequitos” donde “los chorros se esconden”). En este sentido, el sentimiento de arraigo –acaso ese “moverse como pez en el agua” del que hablaba Bourdieu (2008) al explicar la correspondencia entre las condiciones de existencia y las formas de actuar, pensar y percibir la realidad– se vuelve un factor de suma importancia para comprender los reparos (cuando no temores) frente a la relocalización a un barrio tan lejano como ajeno, así como las implicancias que tiene una mudanza en cuanto resquebrajante de sus “redes de intercambio” (Olejarczyk, 2015b), aquellos lazos trabajosamente construidos por los vecinos a lo largo de los años.

“Ya estoy jugado. ¡Qué me importa la contaminación!”

Jimena vive en la zona del camino de sirga conocida como “La Laguna”. Algunos meses antes de conocerla en una asamblea, una casa vecina a la suya se había derrumbado sobre el Riachuelo, lo cual dio un nuevo impulso para que los vecinos de allí se convirtieran en prioritarios de la etapa de relocalizaciones por venir. En efecto, una nueva sección del complejo de Villa Lugano estaba cerca de terminarse y el ivc se prestaba a retomar sus recorridas por el barrio con el fin de conversar con los vecinos para determinar cuáles serían las próximas sesenta familias en mudarse.

Pero Jimena, una de las visitadas por el organismo, no tomó el golpe a su puerta como un hálito de esperanza ante su riesgo habitacional. Si bien temía por la estabilidad de su casa, y también estaban al frente de sus preocupaciones su salud y en particular la de sus hijos, la inquietaba tener que irse al lejano sur de la ciudad:

Yo no me quiero ir a Padre Mugica […]. Mis hijos están enfermos, llenos de ronchas, pero yo ya tengo un médico que los conoce y me los atiende, y están en tratamiento en el [Hospital] Penna y ahí puedo ir caminando. ¿Cómo hago en Lugano? Me tendría que tomar dos colectivos, ahí no hay nada cerca, yo acá ya tengo mi hospital. Total contaminados ya están, pero al menos acá tengo a dónde llevarlos.

Raúl, por su parte, reconoce el carácter riesgoso de la contaminación, pero como su suerte ya estaría echada le resta importancia al impacto que puede tener en él. Para él, la necesidad de irse, en cambio, se encontraría en mujeres como Jimena, todavía a tiempo de mejorar su situación:

Mirá, yo tengo 63 años. Ya estoy jugado. ¡Qué me importa la contaminación! ¡Qué me importa, si yo tengo mi buen vino para tomar, mi buen pedazo de carne, que me da el cuero tenerlo cada tanto en mi mesa! Por lo menos una vez por semana comerme un buen asado con un buen vino. ¡Por favor! ¿Qué me importa el resto? […] Hay gente que sí, familias que sí necesitan. Por ejemplo, esta piba que pasó recién […], que tiene cinco hijos, que el hijo mayor tiene siete, ocho años. El mayor tiene ocho y la menor menos de un año. Entonces, tiene cinco hijos entre ocho y menos de un año. Esa persona necesita sí o sí vivir en un lugar limpio, en un lugar donde ella no viva como vive, realmente. Toda su vida vivió mal.

“Justicia sería que las viviendas sean dignas”

Para los que aún vivían sobre la traza del camino de sirga luego de que se relocalizasen las primeras familias a Villa Lugano, el problema con el complejo Padre Mugica no se circunscribía a la seguridad, el acceso a servicios de salud o a la ubicación, sino que llegaba a implicar a la infraestructura de las viviendas en sí mismas, como cuenta Raúl:

Resulta que, digamos, la gente va y allá descubre todas las falencias que hay en la construcción. Allá descubre que, por ejemplo, cuando llueve, se chorrea todo en distintos lugares. Allá descubren que pasan tres o cuatro meses y empiezan a levantarse todos los cerámicos de la cocina, del lavadero, del pasillo, y ahí descubre que, desde su baño, el agua que cae cuando se bañan cae en el piso de abajo, y a su vez en el de más abajo, y más abajo, y más abajo. O sea, todos los problemas que tienen que ver con la construcción, con la mala construcción de la vivienda […]. Y nosotros nos enteramos después de que se mudaron ellos.

A diferencia de lo que hizo “históricamente”, cuando usaba “sistemas constructivos de vivienda social de mucha mayor calidad”, para el complejo Padre Mugica el ivc utilizó lo que entre los vecinos se conoce como sistema industrial: un método constructivo caracterizado por ser más rápido y económico que su contraparte, el sistema tradicional, pero que conllevó en este caso serios problemas de calidad. Pancho, el protagonista de una nota publicada en un diario de tirada nacional que llevó por título “El cartonero que vive al lado del Riachuelo pero se niega a ser reubicado”, resumía del siguiente modo cómo se representaba el estado de los departamentos a los que se los pretendía mudar: “caída de durlock, levantamiento de pisos, electrificación de paredes, cloacas tapadas, el espacio reciclado lleno de basura, calles no terminadas, seguridad cero. ¿Saben lo que pasó el viernes? Se quemaron cuatro departamentos. Dicen que es un sistema de Austria. ¡Mentira! Eso se quema”.

La calidad de las futuras viviendas, entonces, no constituyó un aspecto menor de las preocupaciones de los vecinos de cara a las relocalizaciones, más aún si se tiene en cuenta que una gran parte de ellos tienen el oficio de albañiles (razón por la cual “no nos pueden vender gato por liebre”). Por eso, mientras los vecinos de la Villa 21-24 aguardaban el momento de su mudanza y veían reflejados en los relatos sombríos de los ya relocalizados su posible porvenir, la idea de que las viviendas debían durar “cientos de años” cobró una significativa centralidad en su abanico de preocupaciones y reclamos de cara a las futuras etapas de relocalización.

[Justicia sería] que las viviendas sean absolutamente dignas, que duren cientos de años. Yo no soy peronista, pero no se puede negar la calidad de las viviendas que se hacían cuando Perón era gobierno […]. Las viviendas que hacían en esa época son impresionantes […], se hacían con todo, o sea, se hacían con lozas, con columnas, con ladrillos, eran chalets, todas con posibilidad de modificarlas, hacerlas más grandes, porque las familias crecen […]. Y en cada lugar donde hay viviendas hechas por el peronismo, la verdad, siguen estando. Siguen estando en pie. Y todas las viviendas que se hicieron después, del ’82 en adelante, todas son una mierda, incluyendo Lugano 1 y 2, incluyendo las de Soldati, incluyendo todo. Hoy hay edificios que tienen treinta años y ya no sirven más, hay que tirarlos abajo y hacer de nuevo si se quiere mejorar. Por eso es esta lucha sin cuartel que nosotros estamos emprendiendo para tratar de que la calidad de nuestras viviendas sea digna (Raúl).

Para vecinos como los de la Villa 21-24, para quienes la vivienda siempre constituyó un aspecto problemático de sus vidas, el reclamo por la dignidad de las futuras viviendas a construir estaba indudablemente asociado al significado que tenían las suyas propias. Para muchos de ellos, que levantaron, ampliaron y mejoraron ladrillo por ladrillo su propia casa a lo largo de los años, la carga simbólica de abandonarla y dejarla demoler cobró un peso particular.

“Si me dan un departamento de calidad, no lo pienso… Me voy a la mierda”

Escuchame, [es] un lugar que te costó materiales, te costó hierro y sudor, como se dice. De comprar de poco a poco para construir, para vos, para tu hijo… Porque hay casos donde ves tres o cuatro pisos, también está la hija que se juntó, está el hijo, el viejo, la misma familia. Donde estuviste cinco años, siete años rompiéndote el lomo, y que venga el gobierno hijo de puta y te diga “también te vas”, a un dormitorio, un departamento donde, por decirte, cinco familias caen, por decirte la madre, padre y los chicos. ¿Y los grandes a dónde los pone? ¿Colgados arriba del techo? (Cuca).

“Vamos a ganar muchas cosas”, me contaba Cuca cuando explicaba el porqué de su participación en el cuerpo de delegados. “Que la vivienda sea más rápida, que sea como nosotros la queremos, que sea… ¿Cómo se llama? Tradicional, con ladrillo tradicional, bien estructurada, con todas las bases que tiene que tener, con todo lo que tenemos que tener”. Recordando historias de vida de algunos vecinos suyos, decía visiblemente emocionada:

Nos sacan de un lugar donde tanto costó, donde yo me enteré hace poco que en este barrio murió gente, extranjera también, luchando por este espacio, que ahora nos vuelven a pasar. En esa época eran las topadoras. Ahora la injusticia de un señor que tiene todo el poder del mundo –acá en la Capital, por supuesto–, y no se puede bajar de la montura, sino siempre arriba del caballo dando látigo al pobre. Y dando falsas esperanzas, falsos criterios, absurdos.

Al absurdo, por definición inexplicable u opuesto a la razón, Cuca le opone una acusación: “[con] Macri^[7] [es] ‘en todo estás vos’. El refrán que te vengo repitiendo hace rato: ‘en todo estás vos’^[8]. No, mentira, en ningún lado estamos nosotros. Los pobres, con él, no estamos. El rico que necesita los terrenos sí”.

A sus ojos, la orden de relocalización no sólo esconde un “negociazo”, sino que pone en juego el sacrificio que le implicó a ella convertirse en dueña de su techo: “vos me sacás de un lugar donde yo construí tantos años y me costó tanto, y no me das un centavo papá de cada uno que puse. Vos mi casa la ves intacta, no hice ninguna cosa extra, pero el Gobierno me tiene que recompensar en algo, porque por este terreno están ganando fortunas. ¡Dejémonos de joder!”. De hecho, desde que se enteró de que su casa debía ser demolida para dar paso a la apertura del camino de sirga, Cuca dejó de hacerle “cosas extra”.

Cuca: No tengo cerámica y ni siquiera la pinto. Mis hijos me dicen “no podés ser tan miserable”. Miserable las pelotas, yo pintura no. 

Andrés: ¿Le toca el mismo tipo de vivienda al que tiene una casa de material, en buen estado, y al que tiene una muy precaria?

C: La misma mierda. Por eso dicen bien claro “no seguir construyendo”, porque no se valora nada.

Distinta resulta la situación de Concepción, cuya llegada a la Argentina, veíamos antes, fue vivida como culturalmente brusca pero económicamente provechosa. Haber logrado convertirse en dueña de su propia casa fue, acaso, el sello distintivo que engloba el porqué de su decisión de quedarse en el país. Y aunque su vivienda es sumamente humilde –a punto tal que, a diferencia de Cuca, no ve alternativa a seguir construyéndola mientras espera la relocalización–, es símbolo del esfuerzo invertido y del sacrificio transitado.

Concepción: Yo estoy también por el camino de sirga. Yo estoy también, tengo que salir, mi casa tiene que salir. 

Andrés: ¿Y vos querés salir?

C: Yo no. Si fuera por mí yo no querría salir por el sacrificio inmenso que ya estoy pasando, levantando mi casa a pesar que soy pobre. Yo sé el sacrificio, lo que yo estoy pasando, de dinero, poco a poco, a pesar que somos pobres, ¿verdad? Estoy levantando piedra sobre piedra con mi marido. Y a veces miro, así, pienso que va a salir todo, van a echar todos los tractores, cuando yo veo que echan a la… Y digo, Dios mío, ¿qué zona va a ser?

A: ¿Y vos seguís levantando tu casa a pesar de que sabés que en algún momento te vas a tener que ir?

C: ¿Y qué querés que haga si voy a pasar frío? Y si no limpiás, o si no cuidás, te van a atacar los ratones.

Menos probable resulta que a Raúl o a Jorge los ataquen los ratones, ya que sus viviendas, hechas de material, tienen los cerramientos completos. “Esto es una pequeña mansioncita al lado del rancho donde vivía”, decía Raúl. “Esto es pared, esto es material, acá hay material, yo tengo agua corriente, tengo tanque, termotanque, agua potable, todos los servicios consolidados. Pero hay muchísima gente que no tiene eso”, reconocía Jorge cuando me mostraba su casa. La relocalización, para ellos, implica una amenaza al valor material de sus viviendas en dos sentidos conexos. En primer lugar, por la relación entre sus viviendas actuales y las nuevas viviendas que les tocarían, cuya baja calidad las hace presentarse como un retroceso. Y en segundo lugar, por la relación entre sus viviendas actuales y aquellas de sus vecinos, pues la mudanza supone una homogeneización de las condiciones habitacionales del conjunto de los habitantes del camino de sirga.

Sin embargo, al trasladarse al homogeneizante complejo habitacional, no sólo perderían sus viviendas –relativamente distinguidas al interior de la villa–, sino que además abandonarían el barrio donde durante décadas se construyeron como referentes entre sus vecinos. Por eso, la orden de “liberación” del camino de sirga no sólo pone en juego el valor material y esfuerzo invertido sobre sus viviendas sino también un valor intangible: su reconocimiento social en la villa, un capital simbólico que hoy se sostiene en la proximidad vecinal y que se degradaría con la diáspora de los miles de familias de la ribera y el desmembramiento de las redes de relaciones sociales existentes.

En definitiva, la realidad actual no es la misma para los que alquilan que para los propietarios, para los que tienen casas de cartón respecto de los que tienen casas de material, o para los recién llegados respecto de los asentados. Así, la relativa igualación que implicaría relocalizar a familias de viviendas tan disímiles a complejos de departamentos tan homogéneos enmarca decisiones como la de Cuca de no seguir construyendo “porque no se valora nada”.

Cuca: Yo te planteé que si tuviera la oportunidad de no irme, no me iría. Porque me costó tanto mi casa. Me costó cinco años, papá. Me hizo cagar de hambre hasta a mis hijos, y de repente a mí no me van a valorar nada, no me reconocen el gasto de plata que hice y toda esa vaina, ¿entendés? […]. Pero si a mí me dan un departamento de construcción, no de ese ladrillo [el del “método industrial”], sino de este ladrillo [el del “método tradicional”], bien hecho…

Andrés: Ahí lo pensás de nuevo.

C: No, no lo pienso… Me voy a la mierda.

A pesar del tinte personal de la afirmación de Cuca, para la mayoría –incluso para ella– la decisión de irse o quedarse estuvo atravesada por instancias colectivas de acción y discusión. Los afectados no sólo se volvieron adjudicatarios de viviendas nuevas luego de un complejo procedimiento censal, sino que para influir en el destino que les depararía formar parte de la nómina convocaron a defensores públicos que surtieron un efecto en el mismísimo modo en que concebirían su situación y sus capacidades de transformarla.

En este capítulo hemos analizado las representaciones de los habitantes del camino de sirga acerca de la orden judicial que sacudiría su arraigo en esas mismas tierras. A partir del caso de la Villa 21-24, hemos visto que sus percepciones acerca de la cuestión discrepaban respecto de los términos planteados por las autoridades. En otras palabras, los significados que ellos le atribuían a la vida en el barrio y a las decisiones judiciales en sí mismas distaban de equivaler a los diagnósticos de la justicia, que exigía su traslado bajo el argumento de la mejora de la calidad de vida. Allí, en esa brecha entre los intereses y el universo simbólico de los afectados y los modos de intervención de la justicia y el gobierno, se sitúa un punto de partida ineludible para la comprensión de las tensiones y resistencias que abriría el proceso de relocalizaciones.