A lo largo de estos capítulos analizamos de qué manera, en un contexto represivo, un pequeño grupo de familiares de personas detenidas y desaparecidas se organizaron y llevaron adelante una serie de acciones legales y políticas para visibilizar la situación que se vivía en el país y para lograr el apoyo internacional. Las trayectorias de movilización de algunos de ellos nos permitieron ver cómo esas prácticas fueron confluyendo y construyendo un activismo en derechos humanos, a partir de la falta de respuesta estatal y de otras instituciones centrales para nuestra sociedad, como la Iglesia católica. En ese contexto, por la clandestinidad de la represión, así como por la masividad de los crímenes, se fue gestando y organizando un movimiento de familiares que integraron las organizaciones existentes y también crearon nuevas. Establecimos cómo la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) brindó un marco favorable para gestar determinadas alianzas y para desplegar un trabajo de incidencia sobre organismos internacionales, y expusimos las principales características de la estrategia de movilización legal internacional de este grupo. Estrategia que culminó en la formación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Nuestra investigación implicó también un profundo trabajo con diferentes tipos de archivos. Ordenar los archivos institucionales de los organismos de derechos humanos nos permitió analizar prácticas concretas sobre las que antes era muy difícil reflexionar, ya que sólo se contaba con los testimonios y relatos de quienes participaban en ellos. Los procesos de ordenamiento de archivos institucionales abrieron la posibilidad de explorar estas formas de activismo, a través del análisis de las prácticas documentadas por las propias organizaciones, así como por otros actores, y ponerlas en relación con las memorias de los activistas que fue posible recoger a través de testimonios y relatos de quienes participaron en esta lucha. Por otro lado, el trabajo sobre los archivos estatales desafía las políticas de ocultamiento y de falta de acceso que puso en práctica el Estado terrorista. Estos archivos pueden ser considerados dispositivos burocráticos que dan cuenta de un orden estatal específico.
Durante la dictadura, la dimensión central del poder estatal estuvo fundada en la violencia despótica, orquestada por la institución de las Fuerzas Armadas, que pretendía el monopolio del uso autoritario de la fuerza física sobre la sociedad. Sin embargo, al estar integrada en una comunidad internacional, la formación estatal debía apelar, necesariamente, a la ilusión de un Estado burgués que representa a una comunidad nacional.
Los familiares, ya como activistas, se apoyaron sobre estos principios de formación estatal para desligitimar el orden represivo. Apelaron a su reconocimiento como ciudadanos, reclamaron por los derechos violados y presentaron sus denuncias ante la CIDH. El Estado terrorista no estaba dispuesto a rendir cuentas ante ellos —ya que no los consideraba sujetos de derecho— ni a otorgar entidad a sus denuncias para discutirlas públicamente. Sin embargo, como integrante de la comunidad interamericana, debía al menos representar un comportamiento respetuoso de esos derechos.
El gobierno militar fue entonces confrontado y forzado a dar alguna discusión sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Gracias al uso estratégico de la política exterior de los Estados Unidos que realizaron los organismos de derechos humanos y a la movilización de organizaciones interamericanas, la CIDH obtuvo el respaldo necesario y su visita al país constituyó una síntesis de ese proceso de lucha.
También pretendimos dar cuenta de las estrategias cosmopolitas que desplegó el CELS en el marco de la visita. Los activistas de esta organización construyeron y fueron dando forma a las acciones de los organismos internacionales, incidiendo en su perspectiva, en sus formas de trabajo y en las actividades. Por lo tanto, la forma en que los integrantes del CELS se apropiaron del discurso y de los instrumentos que proporcionaban los organismos internacionales de derechos humanos no puede ser explicado como resultado de un localismo globalizado (es decir, como resultado del fenómeno de los derechos humanos que ha sido exitosamente globalizado), ni tampoco como un globalismo localizado (como resultado del impacto de prácticas transnacionales sobre la experiencia local).
Este pequeño grupo de activistas logró traducir la masividad y la sistematicidad de los secuestros y las detenciones al lenguaje del derecho internacional, en términos de violaciones a los derechos humanos. Y lo hizo a través de prácticas concretas. En primer lugar, al documentar los crímenes permitió relatar algunos de los casos y difundir el testimonio de sobrevivientes y familiares. Esos informes también presentan análisis comparativos que expresan en términos cuantitativos la masividad de los crímenes y exponen microscópicamente las estrategias represivas. En segundo lugar, al presentar denuncias individuales y colectivas en los tribunales locales e internacionales, respaldó esos análisis. Esta institucionalización de las denuncias quebró la impunidad del régimen militar, ya que se debía apelar a la comunidad internacional como árbitro para evaluar las violaciones que se estaban cometiendo. A su vez, las relaciones con organizaciones internacionales de derechos humanos garantizaron formas de movilizar ciertos apoyos políticos.
En este contexto, la CIDH demandó la respuesta del gobierno militar. Analizamos entonces los dispositivos que utilizaron los funcionarios del Estado terrorista para responder a estas demandas internacionales como parte de una disputa burocrática. Activistas y organizaciones de derechos humanos apelaron al organismo internacional nutriendo de experiencias concretas los instrumentos de derechos humanos. En cambio, el gobierno militar —que fundamentaba sus acciones en la doctrina de seguridad nacional— usó diferentes criterios para caracterizar la desaparición y las arbitrarias detenciones, y para crear una realidad jurídica opuesta.
Desde este punto de vista, es posible observar cómo la construcción del derecho internacional de los derechos humanos es resultado de la lucha que un pequeño grupo libró contra el poderoso régimen militar. Intentamos demostrar que el derecho internacional de los derechos humanos puede ser utilizado por grupos subalternos de manera emancipatoria, de acuerdo a las relaciones de fuerza en la que se inscriben en determinados contextos históricos. En este caso, los familiares como activistas configuraron un escenario propicio para este uso emancipatorio a través de las prácticas políticas y de las relaciones de alianza que construyeron.
Por último, con nuestra investigación intentamos contribuir a aquellos estudios que apuntan a explicar cómo se construyó el movimiento de derechos humanos en la Argentina, a partir de experiencias concretas.
