Los autores y los trabajos que contribuyeron a esta investigación

Muchas son las miradas teóricas desde las cuales se pensó y se investigó la última dictadura militar en la Argentina y las relaciones entre quienes se consolidarían como integrantes de los organismos de derechos humanos. Nuestro trabajo dispone de una serie de conceptos y dialoga con varios autores que, en gran medida, provienen del campo del activismo legal transnacional.

Organizaciones de derechos humanos: construirse desde la represión

Diferentes autores, desde distintas disciplinas, abordaron tanto la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la manera en que se involucraron los organismos de derechos humanos en esta coyuntura. En general, los estudios de historia reciente que problematizan este período se han detenido a analizar este acontecimiento desde diversos ángulos, ya que constituyó un momento de rearticulación de las tendencias hegemónicas y las de resistencia.

El estudio de la historiadora Débora D’Antonio (2011) sobre la prisión política y el sistema penitenciario en la Argentina entre 1974 y 1983 y su exhaustiva recopilación y análisis sobre las diversas legislaciones destinadas a la represión durante este período nos permiten situar el régimen represivo que se inicia en 1976 como un “reordenamiento efectivo”, basado en lo que la autora denomina como una “acumulación primitiva de la violencia”.

En 1981, Augusto Conte Mac Donell y Emilio Mignone presentaron, en París, la ponencia “El caso argentino: desapariciones forzadas como instrumento básico y generalizado de una política. La doctrina del paralelismo global”, donde explican analíticamente el funcionamiento represivo que las Fuerzas Armadas pusieron en práctica desde el golpe de Estado de 1976. El estudio expone de qué modo el Estado terrorista diseñó una maquinaria represiva superponiendo el orden estatal, normativo y excepcional a un orden clandestino, sistemático y masivo. La detención y desaparición forzada adquirió, en el marco de esta doctrina, un lugar privilegiado como dispositivo represivo.

D’Antonio da continuidad a este análisis y enfoca su investigación no tanto en los aspectos clandestinos de la represión sino en el marco jurídico represivo sobre el cual fundó su accionar. En este sentido, su investigación nos permite comprender la dictadura en el marco de un ciclo más amplio, que se inicia con el golpe de 1955 y que comprende una lógica en donde los conflictos sociales fueron procesados desde y por el Estado en un sentido cada vez más represivo. Este enfoque nos permite comprender la continuidad de numerosas prácticas represivas que, con diferencias, ya habían comenzado a ser desplegadas en los períodos previos.

El estudio destaca cómo la visita de la Comisión modificó la ambivalente utilización de la violencia visible e invisible por parte de las Fuerzas Armadas en la última dictadura, revelándose cada vez más lo que hasta entonces estaba oculto. La resistencia, las prédicas y demandas de los familiares, las desapariciones, así como las disputas entre las distintas facciones militares adquirieron visibilidad en la esfera pública, y provocaron diversos reacomodamientos. Por esto, desde la perspectiva de la autora, la visita puede ser entendida como una síntesis de un proceso de transformaciones políticas que se produjeron a nivel nacional e internacional, entre las que se encuentran la decisión de la OEA de enviar a la Comisión y las distintas intervenciones de las fuerzas sociales locales que apostaron a aprovechar políticamente este evento.

Nuestro trabajo pertenece a ese grupo de estudios que proponen examinar las vinculaciones entre el movimiento de derechos humanos local, surgido al calor de la lucha contra el terrorismo de Estado, y las organizaciones internacionales de derechos humanos con las que se tejieron alianzas y estrategias (Memoria Abierta, 2010; Vecchioli, 2008). Comparte algunos puntos de partida con el de Memoria Abierta, que sitúa su análisis desde la perspectiva jurídica y describe a través del trabajo de memoria oral los ámbitos internacionales en los que se expandió el activismo en clave de derechos humanos desde el exterior. En este estudio queda claro cómo el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas estuvo motorizado, principalmente, por aquellos abogados defensores de presos políticos y militantes de las organizaciones armadas y políticas que muy tempranamente se vieron forzados a exiliarse. Al radicarse en Ginebra, comenzaron a conocer y entablar relaciones con organizaciones experimentadas en el trabajo ante este sistema^[1], que requería un tipo de acción muy particular. Por su parte, en la investigación de Memoria Abierta quedan menos descriptas las redes y alianzas tejidas en torno al sistema de protección de la OEA. En este sentido, nuestro trabajo apunta a contribuir a esa perspectiva recuperando algunas fuentes orales con las que cuenta el Archivo Oral de esa institución.

Durante los 80, algunos investigadores iniciaron los primeros análisis sobre la conformación y acción de las organizaciones que integran el movimiento de derechos humanos en la Argentina (Veiga, 1985; Leis, 1989; Jelin, 1989). Estos estudios realizaron grandes aportes para comprender la novedad que representó, para la tradición política local, la identidad política entendida en términos de derechos humanos, e interpretaron esta emergencia como un producto natural o necesario de la represión ilegal sin precedentes. Describieron y presentaron los orígenes y características de varias de las organizaciones. Desde entonces se ha profundizado el análisis de las intervenciones y participaciones de este movimiento en el debate público, a partir de perspectivas jurídicas, políticas, socio-antropológicas, otras han dirigido el análisis a partir de un enfoque de género o tomando un recorte territorial.

Trabajos más recientes pusieron en cuestión el surgimiento de estas organizaciones subestimando la violencia del terrorismo de Estado. A diferencia de esos primeros estudios que otorgaron centralidad a las organizaciones que se construyeron apelando a lazos de sangre^[2], la investigación doctoral de Virginia Vecchioli (2007) dirigió su atención a aquellas organizaciones que hicieron del derecho un principio de reconocimiento público, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). A través del análisis de trayectorias sociales y políticas de algunos de los integrantes de estas dos organizaciones les otorgó centralidad a fenómenos como la profesionalización de los abogados y la inserción en la esfera estatal, para explicar sus inicios. En contraste con la reconstrucción que en nuestro trabajo pudimos realizar, a partir de la investigación documental, en su interés por desnaturalizar las condiciones que dan origen a esta particular forma de activismo, el trabajo no reconoce la importancia central de la violencia que el terrorismo de Estado ejerció sobre familiares y activistas (Tiscornia y Besse, 2007).

Por otra parte, la contraposición que plantea en su trabajo entre el CELS y la APDH también se verá sujeta a discusión, no sólo por las fuentes documentales analizadas a partir del archivo del CELS, sino también por el contacto con los miembros de la APDH que a través de sus documentos y de sus propios recuerdos nos permiten recoger relatos, memorias e historias diferentes.

Otras investigaciones que indagan sobre las condiciones de posibilidad que dieron origen a este movimiento explican la emergencia de estas nuevas formas de identificación política a partir de un quiebre de sentidos que produjo, sobre los familiares y víctimas, la feroz represión ilegal, junto con la parálisis generalizada de las fuerzas políticas y sociales (Barros, 2010). Este punto de vista coincide con otros aportes teóricos que, muy tempranamente, abordaron la cuestión desde una perspectiva del poder. Villarreal señala que este régimen militar impuso un vasto proceso de reestructuración social tendiente a fortalecer las bases de dominación, fragmentar las clases subalternas, individualizar las conductas sociales y rearticular las formas constitutivas de la sociedad civil. La aplicación autocrática del poder, profundamente relacionado con los modos de producción de la sociedad, produjo dos tipos de efectos. Por un lado represivos, porque destruyó la organización política de la sociedad, aplicando la fuerza sobre grupos. Por otro lado, produjo también efectos productivos, porque generó consenso para la restauración basado en el individualismo y el disciplinamiento (Villarreal, 1985).

El trabajo de Barros también cuestiona las concepciones que sitúan la emergencia de este movimiento como una respuesta natural, como si el lenguaje de los derechos humanos ya se encontrara presente o disponible en la sociedad al momento de la dictadura, porque –sostiene– constituye un anacronismo. Entonces, al situar el discurso de los derechos humanos como un discurso presente en la sociedad, los principales estudios que han abordado el análisis del movimiento de derechos humanos en la última dictadura no pueden mostrar cómo y cuándo ese movimiento de familiares se transformó en un movimiento de derechos humanos.

Según esta autora, este movimiento se fue creando a partir de las vinculaciones entre familiares que compartían una experiencia repetida de rechazos y negaciones en el transcurso de las búsquedas de sus familiares detenidos y/o desaparecidos. La investigación destaca que la falta de respuesta institucional fue inicialmente el rasgo central para unir a los familiares entre sí. Esa experiencia colectiva de demanda de información y respuesta insatisfecha produjo un creciente acercamiento entre ellos para buscar soluciones posibles. El trabajo destaca cómo en las primeras acciones conjuntas, los grupos de familiares comenzaron a articular una forma de reclamo apropiándose y convirtiendo en disponible un lenguaje de derechos, garantías y deberes. En este contexto de frustración y rechazo, muchos familiares comenzaron a encontrar en el lenguaje de los derechos humanos una nueva forma de expresión para articular sus reclamos y descontentos dentro del país. Desafiando el silencio y la ambigüedad del régimen, iniciaron un proceso de movilización y acción colectiva, con la progresiva adquisición y conformación de un nuevo lenguaje y sus significados locales, lo que dio lugar a una novedosa identidad política.

Esta perspectiva permite desnaturalizar el derecho como una forma social prefigurada de clasificar las relaciones y entenderlo como producto de relaciones de fuerza entre distintos sectores sociales que establecen diferentes formas de clasificar los conflictos y las relaciones a través de esa específica construcción que es el derecho. Siguiendo su análisis, sostendremos que la visita de la Comisión organizó y fijó todo este movimiento de oposición alrededor del significante de derechos humanos que ya había comenzado a articularse. En ese contexto, el discurso de derechos humanos habilitó un medio para representar y simbolizar sus reclamos como una “demanda por la defensa de los derechos individuales fundamentales”.

Por último, como sintetiza Sofía Tiscornia, afirmaremos que hay una “particular situación de varios organismos de derechos humanos, que no se ‘fundan’ ni se ‘crean’, sino que es a través de la singular acción política que llevan adelante una identidad propia” (Tiscornia, 2008: 157). En este sentido, tomando el trabajo de Valeria Barbuto (2009), prestaremos especial atención a los procesos de producción de información, así como al conocimiento de los mecanismos de la burocracia estatal por parte de los activistas, en un particular contexto histórico, para caracterizar esa “singular acción política”.

Acerca del activismo legal trasnacional

Distintos autores abordaron también cómo se articularon los movimientos locales y las organizaciones internacionales de derechos humanos. Analizan la dimensión transnacional de los movimientos sociales, la emergencia de estos vínculos, las prácticas que los caracterizan y los principios que los unen. En nuestro trabajo, aportan elementos significativos para caracterizar las relaciones (de alianza, cooperación, enfrentamiento) que el CELS estableció con organizaciones internacionales y con actores estatales norteamericanos, en el marco de la visita de la Comisión.

Boaventura de Sousa Santos reflexiona sobre la posibilidad de que los derechos humanos puedan constituir un lenguaje, una práctica emancipatoria en el contexto de la globalización^[3]. En ese marco, distingue cuatro procesos que caracterizan los modos en que esta se produce: los localismos globalizados, cuando un fenómeno se globaliza exitosamente; los globalismos localizados, que consiste en el impacto de prácticas transnacionales sobre experiencias locales; el cosmopolitismo, que se refiere a las alianzas entre grupos subalternos en defensa de sus intereses comunes y la utilización de las interacciones transnacionales creadas por el sistema mundial; y finalmente, la herencia común de la humanidad, que concierne a la defensa de intereses de la vida humana en el planeta Tierra.

Esta clasificación es útil porque no fija las estrategias contrahegemónicas de los sectores populares, que involucran relaciones transnacionales a formas de exportación o importación de experiencias locales. Destaca el tratamiento que propone para los procesos de interacción y alianza entre organizaciones de distintos países, que define como cosmopolitismo. Esta perspectiva permite situar el debate en torno a si los derechos humanos “pueden ser concebidos como una modalidad de localismo globalizado o como una forma de cosmopolitismo, en otras palabras, como una globalización desde arriba o desde abajo” (Santos, 1997: 5). Nuestra investigación se propone dar cuenta de que la naturaleza de las relaciones entre las organizaciones de derechos humanos locales y las organizaciones norteamericanas constituyeron una forma de cosmopolitismo que tendió a erosionar la hegemonía del régimen militar, utilizando para ello los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por otra parte, también pretende mostrar cómo estas redes de activistas utilizaron ese globalismo localizado que constituyó la política exterior de derechos humanos de la administración del presidente Carter en los Estados Unidos, para fortalecer sus estrategias y defender los intereses colectivos.

La noción elaborada por Keck y Sikkink (1998) para definir este tipo de activismo en términos de “redes de apoyo transnacional” pone el énfasis en las relaciones horizontales, voluntarias, recíprocas y de intercambio, sobre las cuales se fundan esas alianzas. Las autoras se proponen encontrar los puntos en común entre distintos tipos de activismos que ponen en práctica ese modo de organización. En el libro examinan casos históricos, como el movimiento por el sufragio femenino y el movimiento antiesclavista, así como ejemplos contemporáneos, por ejemplo, el movimiento de derechos humanos, las redes de organizaciones ambientales y las de organizaciones que promueven los derechos de las mujeres. Para las autoras, las redes de apoyo transnacional involucran a todos esos actores relevantes que trabajan juntos en torno a un determinado tema, y que se encuentran unidos a partir de valores y discursos comunes.

El concepto de red hace hincapié en las relaciones fluidas y abiertas entre actores comprometidos y con conocimiento, que trabajan en áreas especializadas de problemas. El poder de la información es, por lo tanto, central para la construcción de legitimidad. Por otra parte, señalan como elemento clave para las acciones de estas redes la utilización estratégica de los contextos y de las coyunturas para poder incidir eficazmente sobre un determinado tema. Esta estructura de organización permite construir canales de comunicación y de producción de información alternativos, que redefinen las formas de construir poder en el sistema político. Al mismo tiempo, reformulan las prácticas de construcción de la soberanía nacional. Las redes de apoyo transnacional permiten a las organizaciones domésticas utilizar la influencia transnacional para incidir sobre el propio Estado cuando los canales de diálogo se encuentran bloqueados.

Todos estos elementos resultan claves para comprender las acciones que dieron forma a las estrategias políticas y jurídicas del CELS, así como del resto de las organizaciones de derechos humanos, en el marco de la visita. Cecilia MacDowell Santos (2007), en su estudio sobre la utilización de instancias de litigio transnacional por parte de organizaciones de derechos humanos brasileras, afina esta definición destacando un aspecto importante para la experiencia que nos proponemos analizar. Se trata del aspecto “legal” de las prácticas de los defensores y activistas. Tal como describe la autora, su enfoque se enmarca dentro de lo que Boaventura de Sousa Santos define como “política y legalidad subalterna cosmopolita”; sin embargo, la investigadora prefiere definir su fenómeno de estudio como “activismo legal transnacional”, para destacar este carácter de la movilización.

En nuestro caso, el trabajo de incidencia del CELS –a través de alianzas con otras organizaciones, así como de sus propias acciones sobre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y sobre la CIDH– permitió visibilizar los crímenes y presionar al gobierno militar para evitar que los negara. Este trabajo de incidencia se caracterizó por una multiplicidad de estrategias: reuniones y viajes, informes colectivos y presentación de casos individuales, conocimiento de las burocracias y las diferencias internas entre las distintas oficinas estatales e interamericanas. A través de estas acciones, se fue configurando lo que MacDowell denomina un activismo legal transnacional; es decir

un tipo de activismo que prioriza la acción jurídica ante tribunales internacionales u organismos cuasi-judiciales para fortalecer las demandas de movimientos sociales; para realizar cambios políticos y legales internos (…) El activismo legal transnacional puede verse como un intento no sólo para remediar abusos individuales, sino también para repolitizar el derecho y relegalizar las políticas de derechos humanos, recurriendo a las cortes internacionales y a los sistemas cuasi-judiciales de derechos humanos y haciendo que éstos actúen sobre los ámbitos jurídico-políticos locales y nacionales (MacDowell Santos, 2007: 30).

Esta definición permite caracterizar bien esa multiplicidad de estrategias desplegadas por el CELS en la experiencia de la visita de la CIDH a la Argentina. Pero también abarca las estrategias que fueron profundizadas en los años siguientes, hasta el fin de la dictadura militar. La forma en que los abogados y activistas del CELS se apropiaron de los textos y procedimientos del sistema interamericano los dotó de un sentido emancipatorio. Tomaron esos principios formales de derechos humanos y los alimentaron de experiencias concretas, representativas de una situación colectiva subalterna.

Este enfoque permite reflexionar sobre si el derecho puede ser utilizado como un instrumento de emancipación social a través del análisis de las prácticas de los movimientos sociales y de su interacción con organizaciones legales estatales e internacionales.

La investigación de Sofía Tiscornia en el litigio del caso “Bulacio” constituye un análisis fundamental para pensar el activismo local e internacional de los derechos humanos, sus alianzas, relaciones y estrategias. En el libro Activismo de los derechos humanos y burocracias estatales (2008), la antropóloga ilustra la manera en que el CELS construyó este tipo de activismo transnacional de derechos humanos a través del litigio, tomando como caso testigo la causa judicial iniciada tras la muerte de Walter Bulacio, para intervenir sobre la forma que adquiere el poder de policía en nuestro país.

Para el análisis del activismo en ese caso, la antropóloga propone retomar el estudio de Gellner (1997) sobre los juicios por juramento. En estos juicios no se discute la verdad sobre el conflicto sucedido, sino la capacidad que demuestra cada grupo para movilizar adhesiones en su favor. El trabajo de Tiscornia retoma ese análisis clásico sobre las formas de resolución de conflictos porque ayudan a explicar la naturaleza del activismo trasnacional: para conseguir esos apoyos, en el lenguaje de los derechos humanos, fue necesario tejer una gran cantidad de negociaciones, acuerdos y reuniones, pero también elaborar informes respaldados en un riguroso trabajo de documentación. Esta perspectiva nos permite complejizar las caracterizaciones que otros estudios han realizado hasta el momento sobre la construcción de estas redes de movilización internacional, poniéndolas en relación con las formas de disputar localmente la verdad sobre lo que estaba sucediendo. En este sentido, nuestro trabajo analizará las estrategias de movilización internacional de un pequeño clan^[4] que, a través de una política cosmopolita, intentó erosionar la hegemonía del régimen militar. Para enfrentarla, este pequeño grupo de activistas estableció alianzas con organizaciones internacionales de derechos humanos y organismos norteamericanos, movilizándolos a su favor.

Sumergirse en los archivos, un trabajo etnográfico

Foto: Archivo del CELS.

Este trabajo tiene sus raíces un poco antes de 2008, año en que efectivamente comencé a investigar sobre la visita de la Comisión. Un año antes, tras cursar el seminario que dicta anualmente el Equipo de Antropología Política y Jurídica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, interesada en sus investigaciones, me acerqué para intentar aprender más sobre esos temas. A principios de 2007, el CELS decidió ordenar sus archivos y tuve la oportunidad de incorporarme definitivamente al equipo del Área de Investigación que dirigía Sofía Tiscornia. Entre 2007 y 2011, participé en el ordenamiento de los archivos institucionales, coordinado por Valeria Barbuto, proceso que me hizo conocer las dinámicas de una institución tan compleja.

Durante esos años, Valeria Barbuto me inició en el mundo de los archivos de derechos humanos, que fue creciendo y extendiéndose al mismo tiempo que lo conocía. Este mundo fue construyendo su legitimidad académica por la rigurosidad del trabajo de sus historiadores, archivistas e investigadores, pero también al calor de las políticas estatales de memoria, verdad y justicia durante el ciclo de gobiernos kirchneristas que brindaron recursos y abrieron archivos que documentaban prácticas burocráticas del terrorismo de Estado.

Distintas agencias estatales y organizaciones forman parte de este campo y las fui conociendo mientras aprendía sobre el CELS, las personas que lo integraron y sus documentos, sus historias internas y externas. Los encuentros regionales e internacionales organizados por Memoria Abierta fueron espacios claves para debatir sobre algunas de las principales problemáticas que atraviesan el trabajo en estos archivos: las formas de clasificar, su accesibilidad, sus aportes a la historia y a la memoria. El intercambio de experiencias con otras organizaciones del país, así como con organizaciones de Brasil, Uruguay y Chile, nutrieron esas discusiones y me aportaron herramientas al momento de realizar esta investigación para explicar y comprender los documentos.

Durante tres años me dediqué a ordenar los papeles del Archivo del CELS, que se refieren a su larga trayectoria y a la compleja trama de relaciones que guía su organización interna. El proyecto no sólo aspiró a ordenar papeles sino que fue pensado para contribuir, a partir del trabajo de memoria institucional, a la identidad de la organización de cara a los 30 años de su fundación, que se cumplieron en 2009.

Muchos temas y subtemas se me presentaron como posibles líneas de investigación al trabajar con estos documentos. Desde cuestiones más internas, propias de las transformaciones sufridas en la dinámica institucional, hasta acontecimientos paradigmáticos de la historia reciente, donde el CELS tuvo posiciones distintivas. En 2009, con motivo de la conmemoración de los 30 años de la visita de la Comisión al país, realizamos una pequeña investigación sobre rol del CELS en ese acontecimiento. Conocíamos, por los testimonios y los documentos que ya habíamos ordenado, el lugar central que había cumplido la institución y, especialmente, Emilio F. Mignone. Sin embargo, contábamos con poca información sistematizada de nuestros propios documentos y de otras fuentes que habían surgido a partir de las políticas de patrimonio documental en las organizaciones. La idea original fue realizar una pequeña síntesis de prensa, aprovechando el enorme archivo de recortes periodísticos de la organización, y poder contextualizarla con otros documentos del Archivo del CELS que hablan de esta visita.

En ese proceso de relevamiento de documentación, la visita no sólo fue tomando forma como el acontecimiento paradigmático que, por los testimonios de los organismos, sabíamos que había sido. También mostró que este acontecimiento sintetizó rupturas y continuidades, que tuvieron lugar cuando nació el CELS. Es por eso que se me presentó como un tema de investigación que reunía mi interés en las dinámicas de la institución, pero también el de reconstruir y analizar el lugar público de la institución en un acontecimiento clave de la historia reciente.

El proceso de investigación que se inició en el archivo institucional fue requiriendo la consulta a otros acervos, exigió completar y contrastar la información con otras fuentes asociadas. En un primer momento, se presentó la necesidad de recuperar las memorias de los protagonistas de ese proceso, de esa construcción. En ese marco, la entrevista con Carmen Aguiar de Lapacó, una de las fundadoras del CELS, resultó clave para valorar y analizar los documentos en su contexto.

La necesidad de comprender las relaciones que dieron lugar a los documentos, es decir, de comprender los documentos en las relaciones que les dieron origen, generó la necesidad de consultar los archivos de otros organismos de derechos humanos, que estaban íntimamente vinculados al trabajo del CELS, como por ejemplo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La documentación allí reunida permitió poner en contexto el material inicial, ampliar las voces sobre el proceso de preparación de la visita de la CIDH y el trabajo que el pequeño grupo de abogados realizó en ese momento. También habilitó la realización de la entrevista a Bella Friszman, integrante de la APDH y directora de su archivo, quien por sus memorias, como por su trabajo, nos permitió poner sentido a esos documentos. Este proceso fue acompañado de la consulta de otras entrevistas que ya habían sido realizadas por Memoria Abierta, que recogen la experiencia de un enorme conjunto de militantes y activistas de derechos humanos.

La consulta a los archivos de los organismos amplió las preguntas de investigación hacia las consecuencias que produjo en las burocracias estatales este activismo. En este sentido, realicé la consulta a dos archivos estatales, el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación.

Por otro lado, uno de los objetivos que se hizo necesario en el proceso de investigación fue la identificación y descripción del campo de relaciones con instituciones del Departamento de Estado y de las organizaciones de derechos humanos de los Estados Unidos. Para ello, una fuente clave fueron los documentos desclasificados por ese país, a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS, en 2001. Ese conjunto documental, en diálogo con los demás documentos, permitió reconstruir gran parte de las reuniones, actividades, intercambios internacionales del pequeño grupo con funcionarios y activistas de ese país.

A continuación, realizaré una breve explicación de qué contenidos y recaudos metodológicos se involucraron al trabajar con cada uno de estos materiales y a la vez cómo fuimos construyendo un diálogo entre ellos.

Los archivos de los organismos

Los archivos del movimiento de derechos humanos son fondos que hablan de las prácticas políticas a través de las cuales tomaron forma los organismos. Algunos se crearon a partir de la necesidad de algunas personas de organizarse; otros, se consolidaron a medida que generaban diversas acciones. Esos documentos nos muestran la perspectiva de los actores que resistieron y se organizaron colectivamente para enfrentar a la dictadura.

Los documentos que contienen los archivos de los organismos no son sólo de resistencia. Como todos los acervos, nos cuentan distintas cosas según el modo en que preguntemos. En rigor, estas organizaciones no sólo comenzaron para generar documentación. Algunas de ellas, como la APDH y más tarde el CELS, se fundaron con la misión de documentar las formas que adoptaba la represión para denunciar lo que ocurría y demandar justicia, a través de estrategias jurídicas específicas. En particular, el CELS se fundó con la misión de producir información precisa, a través de la recopilación exhaustiva de distinto tipo de datos, para dar cuenta del sistema de represión, sus responsables, víctimas y metodologías utilizadas.

Los archivos de estas organizaciones permiten reconstruir ese orden estatal hermético a partir de lo que se descartaba, a partir de esos restos de información que eran desechados por el gobierno militar por irrelevantes, marginales o fragmentarios (producto de la mecánica imperceptible pero constante que regula las prácticas sociales a través del orden burocrático estatal). Los organismos protegieron, recuperaron y se apropiaron de esas huellas, de esos detalles ínfimos, secundarios. Les restituyeron un orden, una serie, y poco a poco lograron configurar el funcionamiento burocrático subyacente a esa violencia estatal inédita. Gracias a esta tarea, pudieron elaborar eficaces diagnósticos de situación sobre los cuales diseñar su propia acción institucional.

Finalmente, durante los tiempos de represión estos archivos sufrieron allanamientos, destrucciones, incautaciones. Esto obligó a los organismos a hacer copias y distribuirlas entre sus integrantes para proteger esos documentos y engañar a las fuerzas represivas. Las iniciativas de recuperación y puesta en valor del patrimonio documental en algunos de estos organismos significan, en este marco, un enorme aporte a la verdad histórica.

El Archivo del CELS se origina en los inicios de la organización: uno de sus objetivos fue la creación de un archivo institucional donde reunir sistemáticamente información sobre las metodologías represivas, las víctimas y los responsables. Durante la democracia, la organización siguió trabajando y acrecentando su archivo sobre las violaciones cometidas en esta forma de gobierno, más relacionadas con el ejercicio de la violencia institucional y las violaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Para esta investigación, he consultado el Archivo del CELS al mismo tiempo que fui parte de su ordenamiento. Por supuesto, esta circunstancia me proporcionó una relación con la documentación mucho más estrecha que la que se produce al consultar externamente cualquier archivo. Utilicé principalmente cinco conjuntos documentales que integran la colección de documentos institucionales: recortes periodísticos, correspondencia institucional, reconstrucción del terrorismo de Estado, memorándums institucionales y proyectos.

Analizar los documentos institucionales exigió completar y contrastar la información con otras fuentes asociadas. Los archivos de los organismos tienen una composición heterogénea, ya que la documentación de violaciones a los derechos humanos se realizó a partir de diversas fuentes (información pública, testimonios, documentos judiciales). Además, se articulan entre sí, porque la mayoría de las acciones se realizaban de manera conjunta y se organizaban horizontalmente, pero también porque muchas de las personas integraban más de una organización, lo que reforzaba el trabajo colectivo. Es por eso que fue necesario cruzar y poner en diálogo el material relevado en el CELS con documentos de otras organizaciones de derechos humanos, en particular con el archivo de la APDH.

Los archivos orales

Además de los archivos documentales, para la investigación hemos entrevistado a algunas de las protagonistas de esta historia y consultamos un conjunto de entrevistas ya realizadas por distintas instituciones. Durante las últimas décadas, distintas iniciativas se han enfocado en crear archivos orales del movimiento de derechos humanos. Estos acervos tienen la particularidad de conservar el testimonio de muchos de los protagonistas del campo de los derechos humanos, por lo que resultaron un espacio fundamental de información.

El Archivo Oral de Memoria Abierta^[5] reúne testimonios audiovisuales de referentes de los organismos de derechos humanos, así como personalidades y actores políticos de la sociedad en general que resistieron al terrorismo de Estado en la Argentina. De este archivo, fueron consultadas entrevistas a nueve de los fundadores e integrantes del CELS. Son entrevistas elaboradas con el objetivo de recuperar y producir contenidos sobre las acciones impulsadas por la búsqueda de verdad y justicia, en nuestra historia reciente. Por lo tanto, tienen preguntas preestablecidas destinadas a profundizar sobre ciertos ejes que se consideraron claves de acuerdo al tipo de entrevistado.

Otro archivo consultado fue el de la Red de Archivos Orales de la Argentina Contemporánea. Este proyecto constituye un programa universitario destinado a producir contenidos sobre la historia argentina contemporánea. Cuenta con más de 200 testimonios audiovisuales, de consulta pública, que también se puede acceder por tema, de acuerdo a las clasificaciones con las que se organiza el proyecto (Cultura y Medios, Empresarios, Fuerzas Armadas, Violencia política y derechos humanos, entre otros). Tomando en cuenta esos recortes, revisamos las entrevistas a Patt Derian, Blanca Vollenweider y Robert Cox.

Como en toda fuente que no es producida por el mismo investigador, en ocasiones las preguntas y los ejes seleccionados en esas entrevistas no necesariamente coincidieron con los intereses de nuestro trabajo^[6]. Sin embargo, resultaron significativas fuentes de información para comprender, desde el punto de vista de los activistas, las formas en que se articularon ciertas prácticas de resistencia (como el litigio y la documentación) así como para analizar la formación de las redes de solidaridad internacional con organizaciones norteamericanas.

Los archivos estatales

Como señalamos, la falta de documentación estatal impone significativas limitaciones al análisis. El Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación (AGN) fue creado en 1979 con el objetivo de contar con una instancia mediadora donde reunir la documentación de guarda permanente de los organismos de la Administración Pública Nacional. Tiene como funciones la organización y clasificación de este material para su transferencia y posterior consulta pública en los Departamentos correspondientes del AGN, según el tipo documental o soporte físico.

La falta de recursos y espacios disponibles para trasladar la documentación al AGN produjo que este Archivo Intermedio mantuviera los fondos permanentemente, convirtiéndose en una sede del AGN. De hecho, la documentación que hoy alberga representa la mitad de su patrimonio documental (Memoria Abierta, sin fecha). Para esta investigación, hemos revisado los inventarios de este archivo, especialmente aquellos que pudieran referirse a la acción del Ministerio del Interior durante el período. Sin embargo, no hemos hallado documentos relevantes vinculados.

También consultamos el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREyC). Como se trata de un Archivo en medio de un proceso de ordenamiento y clasificación del material, gran parte de la documentación aún no está inventariada y, por lo tanto, es inaccesible. Además, de acuerdo a la legislación vigente, también se encuentra restringido el acceso a la documentación con carácter reservado o secreto. Por último, con el objetivo de obtener información sobre las prácticas burocráticas de la Cancillería Argentina en relación con las denuncias ante la CIDH hemos realizado dos consultas. Una fue en sala, sobre el período se encuentran sólo cinco notas que representan la respuesta del gobierno militar a la CIDH ante solicitudes de información enviadas por este organismo previamente a su visita a la Argentina. También se han consultado las carpetas elaboradas desde la Cancillería con las copias de las denuncias relevadas por el organismo interamericano durante su visita en septiembre de 1979, así como la respuesta que dio el gobierno militar a cada uno de estos casos. Al relacionar esta documentación con el resto de las fuentes relevadas, se realizó una breve exploración sobre las estrategias burocráticas puestas en práctica por el Estado terrorista para responder a las denuncias ante la OEA.

Los archivos de la represión

La necesidad de comprender en contexto los documentos consultados en los organismos hizo necesario mirar de qué manera las fuerzas represivas atendieron las estrategias de los activistas. Si bien la dictadura militar dictó reglamentaciones que tendían a eliminar la documentación que pudiera respaldar la responsabilidad que tuvieron en los crímenes cometidos, no todo fue destruido. En las últimas décadas, en algunas provincias, se recuperaron archivos estatales que proveen acceso público a documentación producida por las Fuerzas Armadas y de seguridad. El archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires (DIPBA), el de la Policía de la Provincia de Córdoba (ex D-2) y el del Departamento de Informaciones de la Policía de Santa Fe (ex D-2) son fondos excepcionales, que fueron encontrados fortuitamente, ordenados y abiertos a la consulta^[7].

El archivo de la DIPBA reúne los documentos producidos por este departamento de inteligencia entre 1956 y 1998. Para esta investigación, tomé como referencia su colección de documentos sobre la visita de la CIDH a la Argentina, que fueron utilizados con un doble objetivo. Por un lado, para analizar las estrategias de monitoreo y espionaje que el gobierno militar puso en práctica durante el proceso de organización de la visita. Por otro, como fuente de información de las actividades realizadas por los organismos. Sin embargo, este segundo aspecto no fue central para nuestra investigación dado que se trata de documentos de una dirección provincial y nuestro trabajo se focaliza en acciones organizadas desde Capital Federal.

Los archivos desclasificados

Durante el largo ciclo de impunidad que se instauró a partir del dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los organismos de derechos humanos desplegaron un conjunto de estrategias para avanzar en la verdad sobre lo sucedido, a pesar de las barreras jurídicas. Más allá de las políticas de ocultamiento y eliminación de documentación en nuestro país, los organismos apelaron a las huellas que podrían encontrarse en los procesos estatales de intercambio con otros Estados y les pidieron acceso a la información a otros países, que podían contar con datos sobre lo sucedido durante la última dictadura. Esta acción se basaba en la convicción de que la escritura ocupa un lugar central en la conformación de los procedimientos burocráticos estatales y además tenía la inteligencia de interpelar al propio Estado en materia de acceso a la información.

Diversos autores han contribuido al análisis de los documentos escritos como dispositivos de poder dentro del sistema burocrático. Tal como señala Barrera: “(…) promovieron el nivel de separación (de los individuos, por un lado, y sus puestos, por el otro; o bien la separación de la institución de la persona) que caracterizaba las instituciones del tipo que Weber describía (…)” (Barrera, 2009: 3). En el abordaje de los expedientes judiciales como tecnologías, la autora establece algunas características que son homólogas a las que adquieren los documentos en el Poder Ejecutivo: “(…) dan cuenta de eventos, registran procedimientos, y dan lugar a numerosas relaciones de conocimiento que operan dentro del aparato legal” (Barrera, 2009: 4).

Distintas organizaciones y operadores judiciales solicitaron a la Secretaría de Estado de los Estados Unidos la desclasificación masiva de documentos referidos a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la Argentina. Entre ellos, el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo, que realizaron un pedido conjunto en 2001.

El Estado norteamericano cuenta con un sistema de ordenamiento y puesta al acceso de los archivos estatales notablemente diferente al nuestro. En 2001 fue autorizada una desclasificación masiva de documentos secretos que, sin embargo, excluían aquellos producidos por la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento de Defensa de Inteligencia y algunos ministerios. Esta iniciativa, que fue reiterada en 2002, permitió el acceso público a más de 4000 documentos que habían sido producidos en el marco de las funciones estatales de diversos organismos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los cables desclasificados estadounidenses fueron una fuente importante de información para comprender de qué modo eran informadas las reuniones que los activistas mantenían en el exterior y, a su vez, para analizar las prácticas e informaciones que circulaban rutinariamente en el marco de estas burocracias. En esta investigación, utilizamos los intercambios entre la embajada estadounidense en la Argentina y el Departamento de Estado norteamericano entre 1975 y 1984.

Estos documentos secretos consisten en cables elaborados por diplomáticos norteamericanos, con el objetivo de transmitir distinto tipo de información: sus impresiones y evaluaciones sobre nuestro país, las gestiones realizadas, las reuniones que mantuvieron, informes sobre la situación de derechos humanos, sobre las posturas políticas de distintos dirigentes, sobre política económica, etc. Como fueron elaborados para ser leídos en el interior de la administración norteamericana, se exponen opiniones con detalle y cierta informalidad. En muchos casos, reflejan el monitoreo que realizaban los funcionarios norteamericanos sobre los militares argentinos, pero también sobre las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos y los gremios, entre otras agrupaciones.

En general, las oficinas gubernamentales de los Estados Unidos focalizaron su atención sobre aquellos casos de víctimas que tenían alguna vinculación significativa para el país, como ciudadanos norteamericanos, personas que tenían un alto perfil político en su país o que eran consideradas una amenaza a la seguridad nacional^[8].

El análisis de estos documentos permite no sólo estudiar en profundidad la política de los Estados Unidos hacia la Argentina en 1976 desde las prácticas cotidianas, sino además relevar información a la que de otra manera sería imposible acceder, como informes sobre reuniones realizadas entre funcionarios y otros dirigentes políticos; o bien, documentos elaborados por la Junta Militar que acercaban a estos funcionarios con la intención de incidir sobre ellos. En ocasiones, también hace posible recuperar documentos de los organismos de derechos humanos que, obligados por el acuciante contexto represivo a desarrollar sus actividades en la más cuidadosa clandestinidad, no han podido ser preservados. En esta investigación, resultaron de gran ayuda para confirmar algunos encuentros que habíamos relevado a través de otras fuentes, pero también para comprender la imagen que el Estado norteamericano se creaba sobre el Estado represivo y comprender algunas de sus acciones en ese contexto.

Pensar los documentos de archivo desde una perspectiva antropológica exige situarlos y situarse. La unión de un conjunto de documentos en un archivo impone siempre significados precisos, a través del modo en que fueron seleccionados, ordenados y clasificados. En otras palabras, el archivo sólo contiene y da cierta forma a los documentos porque ha habido una intervención sobre estos materiales, a partir de la cual se transformaron en “archivables”. Se trata entonces de un proceso de producción, un proceso de selección, de inclusión y exclusión que define un universo de significaciones (Pitaluga, 2006-2007).

En su reflexión en torno a los archivos judiciales franceses, la historiadora Arlette Farge señala que, al analizar un documento,

por mucho que lo parece estar ahí, visible y aprehensible, nunca dice nada más que a sí mismo, y es una ingenuidad creer que aquí se ha reducido a la esencia. (…) lo importante está en otro lugar. Reside en la difícil interpretación de su presencia, en la búsqueda de su significación, en la ubicación de su “realidad” en medio de sistemas de signos cuya historia puede intentar ser la gramática. (…) Su historia no existe hasta el momento en que se les plantea cierto tipo de preguntas… (Farge, 1991: 14).

De este modo, en esta investigación nos proponemos abordar estos documentos no sólo pensando en los acontecimientos que narran sino también considerándolos en sí mismos como acontecimientos, en el sentido que propone Sahlins (1988). Es decir, pensamos estos documentos como producto de tramas de relaciones que estructuran su forma de producción, como la realización práctica de las categorías culturales en un determinado contexto histórico^[9].

A continuación, presentaremos las relaciones que los distintos actores fueron forjando entre sí, a través de las acciones y estrategias que este pequeño grupo de familiares desplegó en el contexto de la visita.

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