Los familiares: surge un nuevo actor social

La última dictadura militar en la Argentina impuso un clima de terror en la sociedad al mismo tiempo que aplicó una política represiva clandestina desde un orden paralelo al estatal. El ocultamiento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos fue clave para sostener ese régimen. En este contexto, en un primer momento, los familiares de los presos y de los detenidos desaparecidos recurrieron a diferentes instancias legales para obtener alguna información sobres sus allegados y garantizar sus derechos. También apelaron a contactos que pertenecían a ciertos ámbitos de poder para conseguir datos. Sin embargo, frente a la total falta de respuesta (o a respuestas intimidatorias), comenzaron a organizarse, identificados por sus experiencias similares.

El terrorismo de Estado

El golpe de Estado de 1976 se inscribe en el marco de una tradición de más de cuarenta años en los que las Fuerzas Armadas irrumpieron en el sistema político argentino quebrando el régimen constitucional. Si bien durante este período se desplegaron distintas prácticas represivas, la última dictadura militar produjo un “reordenamiento efectivo”, adoptando una normatividad doble. Por un lado, se sustentó la política represiva en un conjunto de legislaciones de excepción, que dieron continuidad a prácticas previas de persecución política, por otro lado, extendieron la capacidad represiva y otorgaron un poder absoluto a las Fuerzas Armadas. Se estableció la pena de muerte, se incrementaron las sanciones de ciertas figuras delictivas y se crearon nuevas, se centralizaron todas las estructuras de seguridad bajo dichas fuerzas, se constituyeron tribunales militares propios de una etapa de guerra. Además, con el fin de controlar su actividad, se intervinieron establecimientos educativos, fábricas, sindicatos y medios de comunicación.

A pesar de contar con este respaldo normativo, la mayor parte de la política represiva se sustentó sobre un orden paralelo al orden estatal. Se trató de una política clandestina pero implementada por unidades oficiales dependientes de las máximas autoridades militares, que incluía como elemento estructural la desaparición forzada de personas de manera masiva (Mignone y Conte, 1982). El país fue dividido en cinco zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el Ejército, organizadas a su vez en subzonas y áreas. Superpuesta a esa estructura, la dictadura creó Grupos de Tareas: equipos operativos integrados por miembros de las distintas fuerzas encargados de los Centros Clandestinos de Detención (en adelante CCD) desde donde se planificó y llevó a cabo, de manera extendida y sistemática, una política de exterminio basada en el secuestro masivo de personas, violaciones, torturas, apropiación de menores y robo de bienes. Más de 30.000 personas fueron detenidas desaparecidas y, en la mayoría de los casos, nunca se obtuvo información sobre su destino. Cuatrocientos niños fueron apropiados, muchos de ellos nacidos en cautiverio y hasta el día de hoy se desconoce la identidad de la mayoría. Miles de personas fueron detenidas en las cárceles de todo el territorio nacional, sometidas a un régimen de tortura y degradación humana.

Jurisdicción de zonas y cabeceras de subzonas, tomado del libro Terrorismo de Estado, 692 responsables, publicado por el CELS en 1986.

El ocultamiento de esta política represiva fue clave para sostener el régimen, de allí la negativa a reconocer la responsabilidad de los organismos que intervinieron en la detención y desaparición de personas. El Estado terrorista alentó una utilización ambivalente de la violencia visible e invisible, que resultó estructurante de la legitimidad conseguida (D’Antonio, 2011).

El régimen impuesto durante la última dictadura militar produjo un vasto proceso de reestructuración económica y social. El gobierno se enfrentó a una activa movilización popular y, a diferencia de dictaduras anteriores, pretendió construir un modelo fundacional de sociedad no participativa, con regresiva distribución del ingreso y con posteriores alianzas con el capitalismo internacional.

La dictadura tendió a fortalecer las bases de dominación, a fragmentar las clases subalternas, a individualizar las conductas sociales y a rearticular las formas constitutivas de la sociedad civil. La aplicación autocrática del poder, profundamente relacionada con los modos de producción de la sociedad, produjo dos tipos de efectos. Por un lado represivos, porque destruyó la organización política de la sociedad, reprimiendo a distintos sectores y grupos sociales. Al iniciarse el régimen, el primer objetivo fue desactivar y desmantelar cualquier vestigio del sistema sociopolítico anterior. Se trató de una fase estrictamente militar ya que no había consenso social sobre el objetivo final del golpe. Para ello, a través de la doctrina de Seguridad Nacional, se definió la situación como un estado de guerra.

La magnitud de la represión impuesta por la dictadura, además de disciplinar a la sociedad a través del aniquilamiento de sus organizaciones populares, revirtió las bases económicas instaurando un nuevo patrón de acumulación basado en la valorización financiera, que terminó forzadamente con el proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones. El nuevo patrón, en sintonía con la hegemonía neoliberal, produjo un endeudamiento externo y una fuga de capitales sin precedentes. Este proceso económico instaló una matriz distributiva profundamente regresiva para los trabajadores, a partir del proceso de desindustrialización y privatización de los servicios públicos (Basualdo, 2006).

El terror invadió a toda la sociedad. Desde la retórica oficial, se promovió el miedo al señalar lo cercana que estaba la catástrofe y se estimuló la denuncia para acabar con los promotores del caos. Por otro lado, la irracionalidad y desproporción de los operativos represivos tuvo efectos productivos, ya que establecieron un clima de terror que generó el disciplinamiento de la sociedad basado en el individualismo y debilitó la solidaridad social (Villarreal, 1985). Trabajadores, estudiantes, militantes de organizaciones sociales y políticas e intelectuales perseguidos vivieron el terror de ver y temer la incertidumbre de las detenciones y secuestros que las Fuerzas Armadas al mismo tiempo desinformaban y ocultaban. En este contexto, intentaron enfrentar el miedo de manera individual y atomizada (Garretón, 1992).

Estos elementos resultan centrales para comprender las experiencias de los familiares que, en los primeros años del régimen dictatorial, protagonizaron nuevas formas de organización que luego se configuraron como movimiento de derechos humanos.

El peregrinaje de los familiares

La investigadora Ludmila da Silva Catela, desde una perspectiva antropológica, ha estudiado la acción política de aquellas personas que, habiendo sufrido la tortura y desaparición de sus familiares, se organizaron de manera no violenta en demanda de verdad y justicia. Su trabajo ilumina de qué modo se fueron configurando identidades sociales individuales y colectivas, a partir del mundo cotidiano, cultural, político y religioso, que dieron forma a las relaciones entre los familiares en esa situación límite que es la desaparición forzada.

En su análisis de las entrevistas a familiares, la autora identifica que el golpe de Estado es representado como el momento a partir del cual comenzaron a deconstruir su mundo conocido hasta entonces. Esto invirtió las representaciones en torno a las fuerzas armadas y a las instituciones que habían servido de respuesta, refugio o contención hasta entonces, como el Estado, la Iglesia o los partidos políticos. Por lo tanto, los familiares se desplazaron hacia actitudes desconocidas, desconcertantes, para muchos de ellos. “En los primeros tiempos actuaron en función de las creencias e instituciones tradicionales, mediante formas y comportamientos ‘civilizados’” (Da Silva Catela, 2001: 68). La autora transcribe diversos fragmentos de testimonios donde se retrata esa experiencia fragmentaria, hoy conocida como el peregrinaje de los familiares. Fueron a comisarías y dependencias de las Fuerzas Armadas, a los juzgados para presentar hábeas corpus, al Ministerio del Interior, donde eran obligados a asistir cada cuarenta días para actualizar el pedido, y a las múltiples oficinas estatales a las que acudieron miles de ellos a partir de contactos personales para solicitar ayuda. Las parroquias, y especialmente el Episcopado, nunca entregaron información, aun en los casos en los que contaban con ella. Señala un familiar:

(…) yo creo que debo haber escrito más de 100 cartas, telegramas al principio, más o menos 30, no importaba nada lo que costaba, nada de nada y cartas a todos lados. (…) Hasta el Papa, a todos los eclesiásticos, a los militares, a las esposas de los militares, a la esposa de Videla, a la esposa de Harguindeguy, a todos (Da Silva Catela, 2001: 54).

Tal como concluye la antropóloga en su investigación,

(…) los agentes de la dictadura preservaron elementos e instituciones del sistema democrático que inicialmente fueron percibidos como referentes primarios por los familiares. El Ministerio del Interior y la Justicia mantuvieron estratégicamente sus engranajes en marcha, recibían a las personas, les solicitaban documentos, escuchaban sus reclamos. También estaban las propias fuerzas de seguridad, los hospitales, manicomios, sanatorios, donde en situaciones “normales” las personas acuden para buscar “desaparecidos”. Dentro de este sistema de referencias de “urgencia”, había otras instituciones y agentes como la Iglesia y los Partidos Políticos tradicionales, que históricamente constituyeron referentes de intervención e intermediación con el Estado. En la lógica y en la dinámica social y política conocidas, dichas instituciones aparecían, inicial y potencialmente, como espacios “intermediarios” eficaces (Da Silva Catela, 2001: 66).

Por otra parte, el golpe contó con el apoyo de distintos sectores de la sociedad, especialmente de los sectores empresarios, de la jerarquía católica y de sectores políticos (Novaro y Palermo, 2003: 23). La metodología represiva, masiva, sistemática y clandestina no tenía precedentes. Durante años, la sociedad se explicó lo sucedido ─incluso al interior de los organismos de derechos humanos— como resultado de “excesos”, la acción de grupos paramilitares (que nunca existieron) o la consecuencia del “terrorismo de ambos signos”, expresión que se utilizó durante mucho tiempo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos” (Mignone, 1991: 57). De hecho, una primera explicación de lo sucedido fue la que propuso Conte en el documento “El paralelismo global”, que fue reelaborado por Emilio Mignone y presentado en febrero de 1981 en el Coloquio de París “La política de desapariciones forzadas de personas”. Fue entonces cuando se solicitó a las Naciones Unidas que adoptaran medidas contra el gobierno argentino (Mignone, 1991: 55).

Si bien había organismos de derechos humanos desde antes del golpe militar, la conceptualización de los conflictos políticos en términos de derechos humanos no existía o no tenía la relevancia que adquirió luego, en función de la acción de los familiares. Por ello, señala la antropóloga, no resultaron en un primer momento aglutinantes de las masivas demandas de los familiares. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre había sido fundada en 1937 por el Partido Comunista; el Servicio de Paz y Justicia, en 1974, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a fines de 1975. Todas ellas, aunque reunían diferentes posturas políticas frente al golpe militar, fueron expandiendo su participación en la arena política en la medida en que se extendía la intensa represión y a lo largo de los años cumplieron un rol clave como articuladores de las demandas de los familiares de los detenidos políticos o desaparecidos. Sin embargo, no fueron las primeras instancias a las que ellos recurrieron. Tal como ha registrado la investigadora, la acción de los organismos se fue construyendo a partir de las prácticas políticas que aportaron los familiares.

Todos los familiares experimentaron la desesperación, la humillación y la negación en el transcurso de la búsqueda de información sobre sus seres queridos. Incluso los pedidos de aquellos que poseían contacto social con funcionarios, eclesiásticos o diplomáticos fueron rechazados y, en no pocos casos, utilizados como medio de extorsión económica. Un breve relato sobre los casos de Emilio Mignone y Carmen Lapacó, fundadores del CELS, permite dar cuenta de este peregrinaje y de la respuesta que recibieron miles de familiares ante las distintas instancias.

Mónica, Emilio y Chela

Tras la desaparición de su hija Mónica, sus padres Emilio F. Mignone y Angélica “Chela” Sosa de Mignone emprendieron un intenso camino para buscar información sobre su paradero y apoyo para encontrarla.

Mónica fue secuestrada en la madrugada del 14 de mayo de 1976, en el departamento de la Avenida Santa Fe, donde vivía junto a sus padres y sus hermanos. Los oficiales se presentaron como miembros del Ejército, dijeron que la llevarían para hacer algunas averiguaciones y que volvería en unas horas. Emilio intentó seguirlos en su auto pero las gomas habían sido tajeadas. El operativo tenía como objetivo a todo el grupo que hacía trabajo social en el Bajo Flores, como parte del movimiento villero peronista. Esa misma noche, fueron secuestrados de sus casas sus compañeros y compañeras, Horacio Pérez Weiss, María Marta Vázques, César Lugones, Beatriz Carbonell, Mónica Quinteiro y María Ester Lorusso. El 28 de mayo fueron secuestrados en la villa ocho catequistas y los sacerdotes jesuitas Francisco Jalics y Orlando Iorio, quienes vivían allí y participaban también de la organización barrial. Los catequistas fueron liberados rápidamente, mientras que los sacerdotes permanecieron detenidos. Cinco meses después, los sacerdotes fueron liberados y, cuando brindaron testimonio de su cautiverio, declararon haber estado en la ESMA. Por este motivo, se presume que tanto Mónica como el resto del grupo también habrían sido trasladados a ese CCD.

Desde el secuestro de su hija, Emilio y Chela realizaron gestiones privadas y públicas para obtener información sobre su detención. Acudieron a todo tipo de autoridades oficiales: a la Policía Federal^[1], al Servicio Penitenciario y al Poder Judicial. Interpusieron hábeas corpus y ante la falta de respuesta apelaron a sus contactos personales para solicitar audiencias con integrantes del gobierno militar, del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas. Ambos contaban con muchos contactos entre eclesiásticos y militares por su propia historia de militancia en la Acción Católica Argentina, y por la participación de Emilio como funcionario del Ministerio de Educación durante el gobierno militar del general Juan Carlos Onganía (1966-1970)^[2].

Los primeros contactos a los que apelaron fueron a los de la jerarquía eclesiástica, ya que a muchos de ellos los conocían personalmente y confiaban en que podrían contenerlos y en su influencia sobre las Fuerzas Armadas. Algunos sacerdotes y obispos los acompañaron y se movilizaron para buscar información. Sin embargo, la mayoría de las máximas autoridades no respaldaron ni institucional ni personalmente la búsqueda de Mónica ni denunciaron las atrocidades que se estaban cometiendo, a pesar de que la cantidad de información que circulaba dentro de la Iglesia era mucha.

Carta de Emilio Fermín Mignone a Jorge Rafael Videla, 25 de mayo de 1976. Fondo Archivo Emilio Fermín Mignone. Archivo del CELS. 

Uno de los primeros contactos a los que acudieron fue monseñor Tortolo, en aquel momento arzobispo de Paraná, vicario de las Fuerzas Armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). A pesar de que Emilio y su esposa Chela sabían que tenía un pensamiento preconciliar, distante a sus creencias, se presentaron ante él en esos primeros días de la desaparición de Mónica y, junto con otros padres desesperados, lo abordaron en el ingreso de la Conferencia Episcopal. En su libro Iglesia y Dictadura, publicado en los primeros años de democracia, Mignone declara que asumió como deber denunciar la complicidad institucional que había soldado a la Iglesia con la dictadura, a través de la información que él había reunido a partir de su propio caso y de muchos otros por el predominio ideológico del nacional-catolicismo con que el Episcopado dio sustento al régimen militar (Mignone, 1986). Allí, sobre su encuentro con Tortolo, relata: “Ante mi afirmación de que él estaba en condiciones de obtener su libertad y de impedir que se siguieran utilizando procedimientos clandestinos, cerró toda posibilidad de entrevistas posteriores” (Mignone, 1987: 22). También intentaron reunirse con el provicario del Ejército, monseñor Victorio Bonamín, a través de la mediación de un ex alumno del monseñor. Tras indicar el motivo de la entrevista se negó a recibirlos. “La respuesta fue muy clara. Entre sus deberes como sacerdote de la Iglesia de Cristo y su condición de militar, Bonamín optaba por lo segundo” (Mignone, 1987: 24). Junto con otros de los padres de los jóvenes desaparecidos, enviaron informes solicitando la intervención de las máximas autoridades de la Iglesia^[3].

Tras once días de incertidumbre, habiendo agotado las gestiones ante autoridades oficiales, enviaron una carta al presidente de facto, el general Jorge Rafael Videla. El mensaje respondía a las declaraciones que había pronunciado días antes en los medios de comunicación: “la enérgica protección de los derechos humanos de todos los miembros de la comunidad”. La carta describía el secuestro y solicitaba con preocupación:

pido algo elemental en una sociedad civilizada: conocer dónde se halla; qué autoridad ha dispuesto su detención; cuál es su estado de salud (dado que posee un problema congénito de salud); y, si es posible, de qué se la acusa^[4].

Chela y Emilio hicieron pública esta carta como una forma de dar a conocer el secuestro de su hija. Tradujeron el texto al inglés y se la hicieron llegar a amigos, parientes, funcionarios y autoridades.

Enviaron cartas al presidente de la CEA, cardenal Raúl Primatesta, y a sus vicepresidentes, Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires, y Vicente Zazpe, arzobispo de Santa Fe. También tomaron contacto con la nunciatura: a través del obispo Carlos Galán y del primer secretario Kevin Mullen solicitaron reunirse con el nuncio, Pío Laghi, con quien tuvieron tres encuentros durante ese año. A través del cardenal Eduardo Pironio y de Fiorello Cavalli, funcionario jesuita encargado de la Argentina en el Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia en Roma, intentaron movilizar la palabra del Papa sobre el caso de Mónica. No lo lograron.

Durante 1976 consiguieron diversas reuniones con autoridades militares, como el general de Brigada Jorge Carlos Olivera Róvere, jefe de Área Capital Federal, con el almirante Emilio Massera, integrante de la Junta Militar, y el general de Brigada Díaz Bessone, comandante del Cuerpo II^[5]. Si bien no aportaron información sobre Mónica, algunas de estas reuniones les sirvieron para visualizar varias de las principales características de la estrategia represiva, de la clandestinidad y de la masividad, así como la negación de los crímenes que las Fuerzas Armadas estaban cometiendo. También presentaron la denuncia formal ante la OEA^[6] y el Departamento de Estado^[7].

A principios de septiembre fueron secuestradas tres primas de Mónica y liberadas a las semanas. Poco tiempo después, en una conversación con Mignone, el almirante Oscar Montes, jefe de Operaciones Navales, reconoció que los sacerdotes que trabajaban con Mónica estaban vivos: Orlando Yorio y Francisco Jalics habían sido liberados después de permanecer secuestrados durante cinco meses. Estas reapariciones reavivaron la esperanza de los Mignone, quienes acudieron nuevamente a las autoridades de la Iglesia a las que tenían acceso –Laghi, Aramburu y Pironio– para solicitar que intercedieran ante el comandante de la Armada, Eduardo Massera. No obtuvieron respuestas.

Alejandra, Marcelo y Carmen

La noche del 16 de marzo de 1977, Carmen Aguiar de Lapacó estaba cenando con su madre, con su sobrino Alejandro, con su hija Alejandra y con el novio de su hija, Marcelo, cuando un operativo de las Fuerzas Armadas entró violentamente al departamento situado en un barrio céntrico de la Ciudad de Buenos Aires. Durante dos horas registraron y destruyeron cosas en las habitaciones, robaron libros, dinero y objetos de valor. Excepto la madre de Carmen, todos fueron secuestrados y trasladados a un sótano que más tarde se identificaría como el Centro Clandestino de Detención “Atlético”. Fueron muy pocos los secuestrados que sobrevivieron a este CCD, Carmen fue una de ellas^[8]. La detención en el Atlético fue monstruosa, por las torturas permanentes y por las condiciones de detención. Tras varios días allí, ella y Alejandro fueron liberados. Al salir, les dijeron que Alejandra y Marcelo serían liberados al poco tiempo, y amenazaron con matarlos si contaban algo de lo que habían vivido.

A los pocos días, Carmen se presentó ante un juzgado para iniciar un recurso de hábeas corpus. Al trasmitir lo que había vivido, la empleada del juzgado le señaló la conveniencia de ocultar aquellos “detalles” relativos a maltratos y torturas para facilitar que las fuerzas represivas ubicaran a Alejandra y Marcelo. Los dispositivos del terror actuaban eficazmente sobre todos los rincones del Estado. Con el patrocinio de Mignone, interpuso una denuncia ante la CIDH, mucho antes de la visita al país. A través de ese procedimiento se enteró de que el gobierno argentino había utilizado en su contra la declaración testimonial que ella había brindado, en la causa iniciada por la privación ilegítima de la libertad de Alejandra. Para negar cualquier información, el gobierno militar tomaba como argumentos justificativos que Carmen, en su declaración testimonial, inicialmente había omitido detallada información como el tipo de automóviles utilizados en el secuestro, el modo y lugar al que fueron conducidos, el uso de torturas y grilletes, etc. Al responder a la CIDH, Carmen explicó que, en efecto, en el testimonio dictado en el marco de la causa por privación ilegítima de la libertad, no relató las torturas y los vejámenes que presenció y que sufrió. En ese entonces, tal como le había indicado el operador judicial, confiaba en que el ocultamiento de su detención podía favorecer las gestiones oficiales, por la convicción de que el poder judicial no era independiente.

Entre marzo y octubre de 1978, presentó ocho hábeas corpus ante tribunales federales y todos fueron rechazados. En el último de ellos, el juez añadió: “pudieron constituir delito los hechos señalados”, por lo que dos meses más tarde fue citada a declarar, así como el encargado de su edificio que presenció el operativo y tuvo el coraje de acompañar la denuncia.

Además, presentó cartas ante el presidente, ante el Ministerio del Interior, ante diversos jefes militares, así como ante autoridades eclesiásticas, solicitando su ayuda para acceder a alguna información sobre la detención de Alejandra y Marcelo. La respuesta de la Conferencia Episcopal Argentina del 13 de mayo de 1977 es representativa: le indicaron que “las autoridades eclesiásticas hacen todo lo que está a su alcance, pero no tienen la solución para estos problemas”. Los trámites ante el Ministerio del Interior, iniciados en julio de 1977, no sólo fueron infructuosos, sino que además los plazos para las respuestas se extendieron a 45 días. Unos meses después, un compañero de Alejandra que también había estado secuestrado se acercó para contarle que había estado con Alejandra, que estaba viva y había sido trasladada a un campo de concentración.

Carta de monseñor Carlos Galán a Carmen Aguiar de Lapacó, 13 de mayo de 1977. Fondo Archivo Institucional del CELS, Serie Correspondencia.

A medida que fueron encontrándose con otros en la misma situación, y que las búsquedas y denuncias individuales no obtenían respuesta, los familiares comenzaron a nuclearse y documentar cada paso que daban. Así surge la Asociación Madres de Plaza de Mayo en 1977 y luego, Abuelas de Plaza de Mayo. Este proceso de documentación fue clave en el movimiento, no sólo como una forma de expresión y denuncia pública de lo que estaba sucediendo, sino también para comprender el alcance, la metodología y los objetivos a los que apuntó la represión. Las solicitadas, petitorios, cartas a las “autoridades” y especialmente los hábeas corpus fueron algunas de las estrategias utilizadas durante esos años.

Tal como ha analizado Mercedes Barros (2008), la represión ilegal de la última dictadura produjo efectos dislocatorios tan profundos que provocó una suspensión temporal de sentidos. Es en ese contexto que el discurso de los derechos humanos se convierte en un discurso disponible en la lucha política, que se distingue de las formas anteriores adquiridas durante el siglo veinte en la Argentina. Este nuevo discurso presupone la independencia de los derechos de la esfera del poder y privilegia la libertad individual por sobre la voluntad del líder. Siguiendo a esta autora, el temor de los familiares, la necesidad de diferenciarse de grupos políticamente organizados, así como la creciente solidaridad fundada en sus infructuosas búsquedas fueron el marco en el que se configuraron estas nuevas identidades políticas. La defensa de los derechos humanos como nueva identidad política fue posible gracias a la mutua identificación que los familiares realizaron de sus experiencias individuales.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Meses antes del último golpe de Estado, un conjunto de dirigentes religiosos, políticos y sociales se reunían para crear la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Preocupados por la creciente escalada de violencia de Estado, se agruparon para crear un espacio desde donde promover colectivamente “el cese de esas violaciones, su investigación y el enjuiciamiento de los culpables”^[9]. Como explica Díaz en su artículo sobre la fundación de la APDH (Díaz, sf: 2): “Los sucesivos encuentros fueron dando forma a un proyecto que se consolidó de manera definitiva en una reunión realizada el 18 de diciembre de 1975. Ese día, en la Casa de Nazareth, se fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”.

Esta casa, ubicada en el barrio de San Cristóbal de la Capital Federal, era el centro de actividades comunitarias y espirituales de la Iglesia Santa Cruz, donde reside la orden de los sacerdotes pasionistas que, como otros, adoptaron los principios del Concilio Vaticano II de Medellín (1968). Fue punto de encuentro y refugio para múltiples personas y organizaciones: allí nació la APDH (1975) y el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH) en 1976, y años más tarde, también la Asociación de Trabajadores del Estado nacería allí. Para las Madres de Plaza de Mayo constituyó el primer espacio de encuentro durante la dictadura hasta que en 1977 fueron infiltradas por Astiz, quien garantizó el secuestro y la desaparición de doce personas.

La APDH estaba constituida por una alianza entre diversos sectores políticos y religiosos que acordaron en defender, a través de la acción legal colectiva y de posicionamientos públicos, los principios fundamentales de los derechos humanos (como el derecho a la vida), pero no a confrontar abiertamente con el régimen militar. En parte constituía un posicionamiento estratégico, lo que permitió que no fuera inmediatamente desmantelada y pudiera seguir existiendo y realizando acciones. Sin embargo, también en ese acuerdo político se plasmaban ciertas limitaciones, por ejemplo, distintos sectores que integraban la Asamblea se negaban a acusar abiertamente al gobierno militar de los crímenes que se estaban cometiendo.

Tal como señala Virginia Vecchioli, en el “contexto de proscripción de la vida político-partidaria y de persecución a los opositores, la APDH pretendía fundamentar su legitimidad convocando al espectro más incluyente posible de ‘dirigentes políticos’, ‘líderes religiosos’, ‘figuras académicas’ y ‘juristas’” (Vecchioli, 2006: 228). En efecto, entre sus fundadores se encuentran reconocidos dirigentes políticos como Alicia Moreau de Justo y Alfredo Bravo, dirigentes del Partido Socialista, Raúl Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), Oscar Alende, fundador del Partido Intransigente; religiosos como monseñor Jaime de Nevares, obispo de la Iglesia Católica en Neuquén, el padre Enzo Giustozzi, sacerdote de la Iglesia Católica, monseñor Jorge Novak, obispo de la Iglesia Católica, Carlos Gattinoni, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Central, el pastor José Miguez Bonino, pastor de la Iglesia Metodista, Aldo Etchegoyen, obispo de la Iglesia Metodista, el rabino Marshall T. Meyer y abogados y políticos de distintas corrientes políticas como Emilio F. Mignone, dirigente católico y peronista, Augusto Conte Mac Donell, dirigente de la democracia cristiana, Jaime Schmirgeld, abogado del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (asociada al Partido Comunista). Esta pluralidad de integrantes permitía garantizar un mayor respaldo político a las acciones y, por tanto, mejor incidencia dentro del poder estatal.

Los integrantes que dieron forma al trabajo en la Asamblea lo hicieron de manera voluntaria, al mismo tiempo que atendían sus propias responsabilidades. Es decir, a pesar de las precarias condiciones políticas, la organización refleja una estructura muy compleja. Esto sólo pudo ser posible porque todos sus integrantes contaban con trayectorias políticas que les permitían definir mejor los objetivos comunes y hacer más eficaces las formas de llevarlos a cabo.

La organización se estructuró formalmente a partir de órganos colegiados: una Asamblea General que se realizaba anualmente con todos los integrantes y adherentes, un Consejo de Presidencia que era el órgano de conducción, una Mesa Directiva que se constituyó como órgano decisorio y que se reunía quincenalmente, y un Secretariado (actualmente, Mesa Ejecutiva), sin facultades de decisión, que se reunía semanalmente y que sugería actividades a la Mesa Directiva, además de realizar lo que esta decidía.

La Asamblea desde sus inicios adoptó una perspectiva que le permitiera abordar una amplia diversidad de derechos vulnerados. Por eso en su interior se dividía en comisiones temáticas, que le permitieron trabajar desde la óptica de la educación, la salud, los jóvenes, etc.

A partir de la consulta de los documentos institucionales de la APDH y gracias a la amabilidad de Bella Frizman, fue posible acceder a las actas de la organización. Bella participa en ella desde 1976, año en que secuestraron a su hija. Se acercó a la institución, a través de Emilio Mignone, para realizar la denuncia y para colaborar voluntariamente con los casos de otras personas que se acercaban por los mismos motivos. Desde entonces trabaja en la APDH y hoy dirige su Archivo.

Las actas constituyen un valioso registro de algunos de los debates y temas de trabajo que se abordaron en el transcurso de la institución. Son documentos públicos que deben elaborar las instituciones una vez que son reconocidas legalmente, por ejemplo, como asociación civil. Y son un requisito obligatorio para presentar anualmente ante la Inspección General de Justicia. En estos documentos, se registran las reuniones mantenidas por el órgano de conducción de la organización, en este caso, el Consejo de Presidencia, los que participaron en cada una de ellas y los contenidos discutidos. Estos documentos, aun teniendo en cuenta que han sido elaborados por la exigencia de control estatal, constituyen una importante fuente de información para los investigadores y para la propia institución. En el Archivo de la APDH no existe otro conjunto documental similar que haya registrado esa información. La primera acta está fechada el 10 de diciembre de 1976, un año después de haber comenzado a funcionar, porque es el momento en que la APDH consigue su personería jurídica y comienza a llevar un registro oficial de sus reuniones. Esto se explica por la precariedad de las condiciones legales vigentes que impedían la libre asociación y organización. Lo mismo sucederá con los demás organismos de derechos humanos.

Las primeras resoluciones fundacionales definieron el campo de acción y algunas de las actividades que emprendieron sus miembros. En el Acta Constitutiva, declararon como objetivo instalar el tema en la opinión pública y, sobre todo, dirigir las acciones a los tres poderes del Estado, especialmente para impedir la implantación de la pena de muerte, para reclamar por la libertad de los presos sin causa ni proceso, para agilizar las causas abiertas y para normalizar el régimen y el trato carcelario. También insistieron en la necesidad de cuidar el trato a los familiares de asesinados, presos y desaparecidos y establecieron el objetivo de promover la constitución de una Comisión Investigadora y una Comisión Legislativa Permanente por los Derechos Humanos^[10].

En una entrevista, Bella Friszman^[11] destacaba que, si bien los integrantes de la Asamblea formalmente pertenecían de forma individual a la organización, en los hechos y en las discusiones, ellos representaban a cada una de esas instituciones. Una discusión clave en la que se sintetizaba esta tensión se presentaba al momento de redactar los documentos institucionales: cartas públicas a las autoridades, boletines, solicitadas, declaraciones en general. Los términos para describir lo que estaba ocurriendo, así como las fórmulas elegidas para dirigirse a las autoridades, resultan muy significativos para este análisis. Por ejemplo, en una carta de diciembre de 1976, la APDH se dirige al “Excelentísimo Señor Presidente de la Nación Argentina, Teniente General Jorge Rafael Videla” para trasmitir las conclusiones de las Jornadas sobre Derechos Humanos. Allí mismo agradecen: “Su amable respuesta de entonces, señor Presidente, confirmaba su interés y preocupación, frecuentemente reiterados, por este tema de trascendental importancia, pues no hay duda que el reconocimiento y la vigencia de los derechos de la persona marca el nivel de desarrollo humano e institucional de un país”^[12]. Más adelante señalan:

Advertimos que el propósito que su Excelencia ha reiterado de restaurar la paz y la convivencia democrática, tropieza con graves resistencias, no sólo por las dificultades inherentes a la lucha misma contra el terrorismo, sino por la acción de quienes hacen y harán todo lo imposible por impedir o confundir el diálogo.

La cortesía no era sólo discursiva, también incluía la invitación a las autoridades militares a las reuniones de la organización, así como el acceso a sus archivos. El mismo Videla había sido invitado a la primera reunión con la que se inician las actas de la APDH en diciembre de 1976. Esta delicada estrategia permitiría hablarle al Estado en sus propios términos, señalando límites con las prácticas terroristas, sin situarse en un discurso de confrontación o de oposición, lo que en ese contexto garantizaba la sobrevivencia de la organización.

La información pública y las cartas que llegan diariamente a la Asamblea para su información —y que ponemos a vuestra disposición— hablan de personas desaparecidas, de sometidos a torturas, de saqueos que se efectúan en domicilios allanados por fuerzas que se presentan como fuerzas de seguridad (Carta, 1976).

La APDH fue una organización central a donde acudieron miles de familiares de presos y detenidos desaparecidos para solicitar ayuda o denunciar su caso. Años más tarde su archivo de denuncias constituyó, junto con los de otros organismos, un insumo fundamental para la CONADEP, al momento de su creación en 1983. Los familiares se acercaban a la Asamblea generalmente luego de un largo periplo por diferentes oficinas, comisarías, Ministerio del Interior, parroquias, Episcopado y juzgados donde habían realizado averiguaciones y denuncias para encontrar alguna información sobre sus familiares presos o detenidos desaparecidos.

A medida que la represión se extendía, se crearon nuevas delegaciones por todo el país.

El trabajo de recepción de denuncias de desaparición de personas, el asesoramiento a familiares para la presentación de hábeas corpus y la conformación de ficheros con datos sobre las desapariciones, fueron las tareas más importantes de la Asamblea desde que se instaló la dictadura militar (Díaz, sf: 3).

La Comisión 1 fue el corazón de la organización y estaba dividida en dos partes: Vigencia y la Comisión de Abogados. Vigencia estaba integrada por un equipo que atendía a los familiares, tomaba sus denuncias, elaboraba listas, ordenaba y clasificaba ese material y escribía los testimonios. Bella relata sobre su trabajo en este equipo:

Yo recibía las denuncias. En un departamento de un ambiente, en la calle Paraguay, con una kitchenette [que] era una puerta corrediza y ahí teníamos una cocinita y un baño, es todo. Y me acuerdo, porque cuando venía un periodista y teníamos que grabar era imposible, porque trabajábamos tres o cuatro comisiones en ese lugar. Entonces en el baño, viste en el inodoro, con la tapa bajada, ahí se hacían las entrevistas. Yo me acuerdo a Mignone sentado ahí. Es anecdótico, pero bueno. No había otra cosa. Y la gente estaba en cola en los pasillos, porque no entraba adentro, entraban pocos. Y los vecinos nos volvían locos. Te podés imaginar lo que les gustaba cuando subían con la gente haciendo cola. Eran días terribles.

Una vez ordenada y elaborada la información que recibían, se enviaba la documentación a la Comisión de Juristas, compuesta por un conjunto de reconocidos abogados que revisaban las denuncias recolectadas, debatían y decidían qué acciones legales se podían llevar adelante. El trabajo de documentación era central para que el material les llegase de manera inteligible y para poder orientar a los abogados en la búsqueda de los casos más “interesantes”. Como explica Bella:

¿Interesantes, desde qué punto de vista? Todos eran importantes. Pero que tuvieran algún dato un poco más preciso como para poder desovillar esa maraña. (…) Y las reuniones eran por la noche. Nosotros asistíamos a esas reuniones, porque eran discusiones fenomenales, cómo, qué, qué se puede hacer, de qué manera. El que podía se quedaba. Pero esos días eran tan… estábamos todo el día. Y no sólo nosotros, venía gente de otros organismos, no solamente de la Asamblea, familiares, de otros lados.

Las reuniones del Consejo de Presidencia no eran periódicas, a veces se hacía una por mes, a veces dos; hay algún mes en que no se registra ninguna. En ellas, los oradores eran los integrantes del órgano colegiado y algunos de la Mesa Directiva. Además de la memoria formal, allí se presentaba un documento político, se revisaba el trabajo realizado y se discutía el rumbo a seguir. Para los que dirigían esta organización, estas instancias eran la ocasión más importante para presentar algún tema que consideraban prioritario y que pretendían que formara parte de la agenda de trabajo de la Asamblea. Por eso los dirigentes realizaban usualmente presentaciones muy elaboradas que contenían un diagnóstico de situación y las propuestas para actuar.

En la primera reunión anotada en las actas, son mencionados dos de los miembros que luego formarían el CELS: Emilio F. Mignone, como vicepresidente de la Mesa Ejecutiva, y José Westerkamp, como cosecretario general de la Mesa Ejecutiva. Sin embargo, para entonces también Augusto Conte Mac Donell, Alfredo N. Galletti, Boris G. Pasik, Carmen Aguiar de Lapacó y Noemí Fiorito de Labrune integraban la APDH desde sus respectivas tareas.

Son pocas las ocasiones en que las diferencias de posturas quedan claramente expresadas en las actas y documentos, especialmente porque se trata de un registro para ser presentado ante las autoridades militares. Por eso no se incluye la totalidad de lo discutido en las reuniones, sino sólo un resumen. Sin embargo, en algunos fragmentos de esos documentos leídos desde hoy y a través de los relatos y testimonios que brindaron algunos de sus integrantes, es posible notar que los abogados que luego formarían el CELS mantenían una discusión continua dentro de la APDH, especialmente por el lenguaje utilizado y por el tipo de acciones que debían realizarse, ya que pretendían que ésta asumiera una postura más confrontativa y directa en relación al fenómeno de las desapariciones.

Según Bella, tal como lo indican distintos documentos, la perspectiva de trabajo de la APDH se proponía como horizonte trabajar con un amplio abanico de derechos vulnerados. Las jornadas de Educación y Jóvenes realizadas pueden entenderse como parte de ese objetivo. Señala: “(…) la Asamblea desde el vamos estuvo trabajando con todos los derechos, todos los derechos vulnerados, no era solamente esto”. Sin embargo, en los años de la dictadura, ante las devastadoras desapariciones en masa y la prisión política, la agenda estuvo puesta al servicio de estos problemas. Para los integrantes del CELS, resultaba imperiosa la necesidad de dirigir las acciones más centralmente a estos problemas. En ese sentido, llevaban adelante distintas discusiones para que la Asamblea asumiera una serie de actividades más precisas.

Hacia un nuevo organismo

A partir de la investigación sobre los archivos institucionales del CELS, los relatos enfatizan que desde 1978, los abogados Emilio Mignone, Augusto Conte Mac Donnell, Boris G. Pasik, Alfredo y Élida Galleti, José y Ángela Westerkamp y Noemí Fiorito de Labrune llevaron adelante diferentes acciones que tendían a profundizar las denuncias contra el régimen militar. Como integrantes de la APDH, intentaron transformar su práctica política, y proponían una confrontación más directa con el gobierno militar en torno al tema que consideraban pilar del funcionamiento represivo: la desaparición forzada de personas. En este sentido, protagonizaron distintos debates a lo largo de esos años, con el objetivo de introducir algunas estrategias. Luego, vieron la necesidad de crear un espacio donde desplegar un conjunto de estrategias que no podían desarrollar dentro del marco de la APDH.

Bella explica la fundación del CELS de la siguiente manera:

Ellos querían poner el acento solamente en el tema de desapariciones y terrorismo de Estado y no era solamente esto. Esto era, claro algo que fue, ahora se dice tsunami, ¿no? Era una cosa así que nos cayó, las desapariciones en masa. Nadie se lo esperaba, lo que se venía.

En el acta de octubre de 1978, se revisan los resultados de la última acción que había elaborado la Comisión de Juristas. Se trataba del recurso extraordinario “Perez de Smith y otros”. El caso se había iniciado en abril de 1977, cuando un grupo de familiares presentó, con el patrocinio del equipo jurídico de la APDH, un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) donde solicitaba su intervención frente a la falta de resultados en cientos de hábeas corpus interpuestos a favor de personas desaparecidas. En esta acta,

El Dr. Conte Mac Donell invita a analizar todo el proceso desde su comienzo y dentro de su contexto, para así obtener información objetiva. Recuerda que la iniciativa lanzada por la APDH produjo grandes expectativas. El trámite para llegar a su materialización es muy dificultoso (…) Considera que el debate sobre el documento no debió haber sido tan prolongado porque de ese modo se afectó al objetivo. Varias entidades pedían un texto más firme.

Inicialmente el recurso no tuvo grandes repercusiones, por lo que Augusto Conte Mac Donell sostenía en esas reuniones que el documento había perdido firmeza, por lo tanto no habían alcanzado una reacción de la Corte ^[13].

Había dos grandes cuestiones que los diferenciaba. Por un lado, la conceptualización y utilización del lenguaje adoptado para definir las prácticas represivas del gobierno. Como la acción política de la Asamblea se realizaba a través de sus declaraciones públicas (cartas al presidente, solicitadas, boletines), este punto era central, puesto que lo que se expresaba y de qué modo se expresaba configuraban la práctica política de la organización. Por el otro, el litigio de casos individuales y la conformación de redes de apoyo internacional.

Noemí Fiorito de Labrune, secretaria de la delegación de Neuquén, en una de las reuniones de junio de 1979, expresó: “(…) si bien la Asamblea condena la violencia venga de donde venga, la palabra terrorismo ha adquirido otro significado en la actualidad sobre todo a la luz de los últimos documentos producidos, entre ellos el de Puebla. Y considera que debería adecuarse al lenguaje del cambio señalado”. Noemí aludía al documento de la III Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), que se realizó en enero de 1979, en Puebla, México, con la participación de las Conferencias Episcopales de América Latina. Allí los obispos expusieron claramente que los regímenes represivos resultantes de las ideologías de la seguridad nacional reforzaron el totalitarismo, y que se caracterizaron por el abuso del poder y la violación de los derechos humanos. En ese marco, aun cuando el documento también condenaba la violencia guerrillera, la palabra “terrorismo” aludía a las prácticas de los Estados represores que se extendían por el continente.

La tortura física y sicológica, los secuestros, la persecución de disidentes políticos o de sospechosos y la exclusión de la vida pública por causas de las ideas, son siempre condenables. Si dichos crímenes son realizados por la autoridad encargada de tutelar el bien común, envilecen a quienes los practican, independientemente de las razones aducidas,

señalaba el documento. Ya transcurridos tres años de iniciada la dictadura y con fuertes pronunciamientos de sectores como la Iglesia latinoamericana, Noemí cuestionaba que la APDH todavía no incorporara esos términos para denominar la represión ilegal. Tal como nos señalaba Bella en la entrevista: “(…) Era una mala palabra, terrorista o terrorismo, precisamente por eso, porque había gente de distintas vertientes y no aceptaban esto”. Noemí planteaba que esto debía modificarse, que las características y metodologías desplegadas en la represión militar habían sido lo suficientemente registradas y analizadas como para denominarlas sistemáticas, ilegales y clandestinas, y que por lo tanto la Asamblea debía adoptar un término acorde que aglutinara esos sentidos. Para ello proponía “terrorismo de Estado”. Muchos sectores políticos que conformaban la Asamblea se negaban a asumir la confrontación y antagonismo que expresaba ese lenguaje; otros entendían que asumir ese rol tan tajante de oposición tácticamente podría limitar la actividad de la organización. El lenguaje de los documentos era tan discutido porque había un compromiso de la gente con sus respectivas instituciones, que prevalecía por sobre las posiciones individuales.

Por otra parte, algunos de los abogados que luego formarían el CELS proponían presentar casos individuales. Bella recuerda: “(…) la Asamblea hacía siempre casos colectivos y ellos tenían ya algunos casos que podían ser trabajados, con los riesgos del caso, porque en ese momento era todavía muy riesgoso, en forma individual”. Estas estrategias no tenían lugar en la APDH por la forma en que estaba compuesta políticamente, lo que los llevó a crear un nuevo espacio desde donde desarrollar esta línea de trabajo jurídico a partir de casos individuales. Sin embargo, los integrantes del CELS no dejaron de formar parte y aportar desde su propio trabajo a las actividades de la APDH.

El Grupo de Abogados de Apoyo a la Asamblea

En un proyecto que elaboraron en 1978 con el fin de conseguir financiamiento para desarrollar actividades jurídicas, quienes formaron el CELS describían los límites que encontraban en esa organización de esta manera:

La actividad referida está limitada, sin embargo, por su propia naturaleza y las características de su labor, que, por otra parte, no puede ni debe ser modificada por cuando supondría el fin de la institución y la pérdida del campo de lucha que actualmente cubre. Esas limitaciones son, entre otras, las siguientes: la dificultad para mantener vinculaciones con organismos internacionales o ubicados en países extranjeros para evitar la reacción oficial en su contra; la imposibilidad de atender casos de individuales, tanto en lo que se refiere al apoyo financiero a las familias más necesitadas como a la asistencia jurídica; la necesidad de arribar a constantes compromisos entre las distintas corrientes que integran la Asamblea Permanente respecto a la relación con las autoridades y las publicaciones dirigidas a la opinión pública, lo cual debilita sus pronunciamientos^[14].

En este contexto, a fines de 1978, fundaron el Grupo de Abogados de Apoyo a la Asamblea (GAAAP). Se definieron como un grupo

(…) externo, espontáneo, voluntario y complementario a los propósitos y a la labor de la Asamblea Permanente, pero no pertenece a ésta; no está sujeta a sus órganos de conducción y las relaciones con la misma se realizan de manera personal y no institucional por sus miembros. La Asamblea Permanente, por las razones antedichas, no está en condiciones de oficializar ni tratar en sus deliberaciones la existencia y labor del grupo^[15].

Es decir, pretendían contribuir y colaborar a los propósitos y objetivos de la APDH, aunque también establecieron autonomía para incorporar nuevos objetivos que no estaban siendo contemplados por aquella organización e independencia de ésta para la toma de decisiones. También, desde estos inicios, el pequeño grupo expresó la preocupación por registrar los objetivos por escrito y llevar una contabilidad que pudiera dar cuenta de la utilización correcta de los fondos que recibía.

Los primeros documentos institucionales que retratan los objetivos que perseguían y de qué modo concebían su forma de organización son dos proyectos elaborados en octubre de 1978 para financiar sus actividades. Uno de los proyectos —dirigido a la Fundación CEBEMO, una agencia católica que administraba fondos del gobierno holandés para el financiamiento de programas de desarrollo— solicitaba recursos para crear un Centro de Documentación e Información sobre Derechos Humanos en Argentina (CEDIHA). El objetivo era acrecentar el trabajo de documentación y divulgación que venían realizando. En septiembre el equipo había publicado su primer informe: “Situación argentina en materia de derechos humanos”, y lo había traducido al inglés para favorecer su circulación a nivel internacional también. En esa presentación se definen como un “(…) grupo de ciudadanos argentinos, vinculados a las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, de distintas posiciones políticas pero unidos en la creencia en común en los principios y valores del sistema democrático de gobierno y en el respeto a la persona humana (…)”^[16]. Y se proponen “(…) actuar con absoluta independencia de los partidos políticos, confesiones religiosas o tendencias, manteniendo un adecuado pluralismo, con la sola exclusión de quienes no acepten los principios antes mencionados”^[17]. El GAAAP se conformó a través de una estructura informal, de funcionamiento flexible, y contó con la colaboración de una decena de profesionales.

En la línea de trabajo orientada a la documentación, el grupo se propuso los siguientes objetivos: recopilar información y documentación sobre derechos humanos en la Argentina en forma sistemática y objetiva. Sobre la base de esa actividad de documentación, se proponía elaborar un Informativo, citando en la medida de lo posible las fuentes y responsabilidades, de manera mensual y otra publicación anual de carácter general sobre la situación nacional. La propuesta incluía la traducción al inglés, para alcanzar una distribución más amplia. También buscaba elaborar o encargar la redacción de estudios, ensayos o análisis de las informaciones, que se publicarían en la medida de lo posible en dicho Informativo o en folletos aparte. Este trabajo estaba fundado en la preocupación por producir información confiable. El grupo detectaba que en diversas ocasiones había circulado información incorrecta, distorsionada o imprecisa y que eso desacreditaba el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y tendía a restar credibilidad a “los hechos que acaecen diariamente, suficientes en su horror e irracionalidad –sin necesidad de exageración alguna– para condenar ante la conciencia universal al régimen militar argentino y a sus corifeos civiles” ^[18].

Durante 1978 editaron, además del informe, un boletín informativo, y en noviembre de 1979 publicaron el tercer y último documento “The Law concerning disappeared persons (22.068). Modification of the law of adoption”. Las publicaciones fueron distribuidas dentro del país y enviadas a organizaciones extranjeras, funcionarios y profesionales. El GAAAP apuntaba a elaborar información que pudiera incidir en personas o instituciones que hasta entonces no habían tomado posición frente a las violaciones a los derechos humanos, o las habían aceptado tácitamente. Esta producción tuvo significativa repercusión, tal como puede verse al consultar los archivos de los documentos desclasificados de distintos Estados, como los Estados Unidos y el Vaticano, en donde se puede hallar cómo circulaban estos informes entre diversas autoridades.

Informe sobre la situación argentina en materia de derechos humanos, septiembre 1978. Fondo Archivo Institucional del CELS, Serie Reconstrucción del Terrorismo de Estado.

El segundo proyecto presentado, también ante la Fundación CEBEMO, resume los objetivos de trabajo jurídico y político. Entre ellos, señalaron, en primer lugar, atender y otorgar asistencia jurídica individual, de forma gratuita y voluntaria a los casos que llegaban a la Asamblea. Por otra parte, señalaban la necesidad de trabajar en los lazos con organizaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos como Amnesty Internacional, el Lawyers Committee for Internacional Human Rights, la Comisión Internacional de Juristas y la Internacional League for Human Rights, y también organismos de la ONU y OEA, además de organizaciones científicas, como la Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias. Proponían hacerlo a través de informes de situación (dossiers), elaborados a partir de rigurosas investigaciones, el estudio y contrastación de casos.

Ante la visita de la CIDH, los integrantes del GAAAP fueron presionando para que la Asamblea efectivizara su apoyo y movilizara sus recursos. En el acta de diciembre de 1978, Augusto Conte Mac Donell solicitó ante el Consejo de la APDH que se difundiera un comunicado en apoyo a la venida de la CIDH, propuesta que finalmente se resolvió positivamente. Esto fue muy importante porque no sólo constituía una expresión pública de apoyo, sino que logró poner en agenda de la APDH la visita de la Comisión. Es decir, promoverla ante entidades y fuerzas gremiales, políticas, confesionales, para evitar que la misión de la CIDH se acotara al contacto con los organismos de derechos humanos. En esa misma reunión, Conte Mac Donell propuso que se designaran responsables concretos para cada tarea, que quedaría a cargo del Secretariado. Finalmente, también se designaron “responsables de cada área de las comisiones de la Asamblea, para efectuar los estudios pertinentes de todos los aspectos, así como la documentación respectiva que se relacione con el estado general de los derechos humanos en el país”.

Tras el anuncio de la invitación oficial a la CIDH, el GAAAP se planteó la necesidad de recaudar fondos para llevar adelante las actividades propuestas en relación a la visita, como la recopilación de documentación y testimonios, entre otras. Tal como veremos a continuación, las acciones de este pequeño grupo se dirigirían, por un lado, a la presentación de denuncias individuales y colectivas y, por otro, a la sistematización de información sobre los casos que contaban con mayor información para probar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en las violaciones que se estaban cometiendo.

En febrero de 1979, Augusto Conte Mac Donell propuso que facultaran al Secretariado para crear una comisión ad hoc a fin de mediar las relaciones con la CIDH. Esto permitiría trabajar focalizadamente sobre el tema, que era lo que demandaban los abogados. Para entonces era muy poco el tiempo que quedaba, ya que la visita estaba prevista para mayo. En esa ocasión también se decidió publicar una solicitada y hacer el seguimiento de los trabajos que iban a presentarse al momento de la visita de la CIDH. Por otra parte, también se trató el tema del ordenamiento de los casos y la elaboración de copias del material reunido^[19].

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