Las primeras acciones de movilización y litigio internacional

Este apartado se centra en los primeros movimientos que puso en práctica el pequeño grupo de familiares para lograr que la CIDH visitara la Argentina y presentara ante la comunidad internacional un informe de lo que sucedía en el país. Para ello, en primer lugar, describimos brevemente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y analizamos cómo fue utilizado como instrumento para la denuncia y para la construcción de vínculos con sus funcionarios. En segundo lugar, reconstruimos las relaciones con distintos sectores de la administración estadounidense. Y, por último, explicamos la coordinación con organizaciones estadounidenses y con organizaciones de exiliados en el exterior, que respondieron a las denuncias de las organizaciones argentinas.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) involucra sistemas normativos y sistemas de protección. Un sistema normativo se compone de normas específicas que consagran derechos protegidos, enuncian su contenido y alcance, así como los criterios para su restricción y suspensión. Un sistema de protección establece instancias internacionales de control sobre cómo las partes o los miembros de una organización respetan un tratado en relación con las obligaciones asumidas. Existen distintos sistemas de protección: el sistema universal o de Naciones Unidas (ONU) y los sistemas de protección regional (para África, Europa, Asia y América). Durante la última dictadura, la Argentina ya pertenecía al primero por haber adherido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en diciembre de 1948 y también formaba parte del Sistema Interamericano dependiente de la OEA (con 27 naciones en 1979), que tenía competencia sobre los países de América que habían firmado la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en abril de 1948. El Estado argentino contaba con un representante ante ambos sistemas, a través de embajadores permanentes encargados de realizar las gestiones regulares administrativas y políticas. Sus sedes estaban en Washington D.C. y en Ginebra, respectivamente.

El sistema universal o de Naciones Unidas se componía de una subcomisión que evaluaba las presentaciones sobre situaciones globales de violaciones sistemáticas en cada país (no casos individuales) y las enviaba a la Comisión de Derechos Humanos que era el órgano examinador, compuesto por representantes de los Estados. La diplomacia militar argentina, con el apoyo del bloque socialista, bloqueó durante toda la dictadura las denuncias a través de procedimientos que le permitieron el tratamiento secreto de los casos presentados. Pese a esto, con el apoyo de organizaciones solidarias, un grupo de abogados exiliados trabajaron desde los primeros años de la dictadura en Ginebra para denunciar las violaciones que se cometían. En 1980 lograron establecer una forma de trabajo que fue el tratamiento por temas y crearon el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre Desapariciones Forzadas de Personas. Este mecanismo permitió empezar a trabajar sobre casos individuales y, a la vez, saltear el filtro diplomático.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos —cuyo mandato surge de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos— estaba compuesto por un único órgano autónomo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH fue creada en 1959 como un órgano de promoción, es decir, sin muchas funciones específicas más que el monitoreo. En 1965, en la Conferencia de Río de Janeiro, los Estados la autorizaron a recibir quejas individuales. De esta manera, se transformó en un órgano de protección, lo que la facultó a supervisar situaciones generales y a examinar casos individuales. Dos años más tarde, a través del llamado Protocolo de Buenos Aires de 1967, se constituyó en órgano principal de la OEA. Su tarea se multiplicó a partir de la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), que entró en vigencia en 1978 y fue aprobada por la Argentina en 1984. Un segundo órgano de control que existe en la actualidad es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se constituyó en 1979. A diferencia de la CIDH, la Corte es un organismo jurisdiccional para aquellos países que ratificaron su competencia reconociendo sus decisiones como vinculantes.

La CIDH fue conformada como un órgano colegiado, compuesta por siete miembros que debían aportar desde su capacidad individual y no como representantes de gobierno alguno. Los dispositivos de gobierno y vigilancia más importantes de la CIDH incluían las visitas al país (visitas in loco), la tramitación de casos individuales (peticiones individuales) y los informes anuales ante la Asamblea General de la OEA. Cada una de estas actividades involucraba técnicas, rutinas, procedimientos y conocimientos muy distintos. Estos dispositivos regulaban la conducta estatal a través de la participación de un conjunto extendido de agencias e instituciones que se veían involucradas en la tramitación de la denuncia, la verificación, la búsqueda de información y la elaboración de los informes.

Si bien cuenta con competencias amplias, este sistema no tenía entonces, ni tiene actualmente, la capacidad de funcionar como una instancia superior a los tribunales de justicia nacional. Sus recomendaciones no son vinculantes, no imponen órdenes sobre los Estados, es decir que el organismo no cuenta con ningún mecanismo de coacción para hacer ejecutar la decisión por la fuerza, en caso de que el país se oponga a su decisión. En este sentido, su forma de operar puede ser comprendida a través de los principios que Gellner recuperó de los juicios por juramento en las sociedades tribales. Tal como señaló la antropóloga Sofía Tiscornia en su valioso análisis del activismo judicial en el caso Bulacio (2008), en esos procedimientos, donde la autoridad soberana no puede imponer su veredicto por la fuerza, la forma de resolución del conflicto requiere de la capacidad que demuestra cada grupo para movilizar adhesiones y lealtades en su favor. La efectividad de este tipo de sistemas de derechos depende fundamentalmente del nivel de incidencia política que los actores involucrados pueden movilizar, de la presión que pueden ejercer a partir de la exposición internacional, del costo político que pueden generarles a los Estados (Abramovich, 2009). Es decir, es la capacidad de movilizar influencias y de ejercer presión lo que garantiza la posibilidad de hacer valer los derechos en este tipo de sistemas de protección.

En 1961, la CIDH había comenzado a realizar visitas in loco para observar la situación general de los derechos humanos en un país, o para investigar una situación particular. Desde entonces había visitado República Dominicana (1961), Panamá (1977), El Salvador, Haití y Nicaragua (1978). Tras las observaciones de tipo general sobre la situación en un país, el organismo publicaba informes especiales para la discusión regional que eran presentados en las sesiones de la Asamblea General de la OEA. Por otra parte, desde 1965 contaba con capacidad para recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos humanos (Abramovich, 2009).

A su vez, el organismo se dedicaba a la supervisión de las situaciones de los países a través de casos concretos que se litigaban a partir de denuncias recibidas de acuerdo a los reglamentos y estatutos acordados para su funcionamiento. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión era el órgano que se encargaba de recibir las denuncias y verificar que cumplieran con los requisitos para ser tramitadas. Se trataba de casos de violaciones a los derechos contenidos en algunos de los instrumentos internacionales (pactos, tratados, convenciones) que hubieran agotado la vía interna (es decir que todas las vías de la justicia local se hubieran cerrado).

La Comisión contaba con un proceso de recepción de casos: básicamente las denuncias debían indicar los datos personales solicitados, los datos necesarios para comprender los hechos en que se producía la violación, contra qué Estado se hacía la petición y acreditar cuáles habían sido los recursos internos agotados.

Cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida, aun sin ser la víctima directa, podía presentar a la CIDH peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, que refirieran a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, según el caso. El peticionario podría designar en la misma petición, o en otro escrito, a un abogado u a otra persona para representarlo ante la Comisión.

Una vez recibida la denuncia, se iniciaba un proceso de consulta al demandante y al Estado demandado que estaba obligado a aportar la información pertinente para que la Comisión pudiera dar un dictamen adecuado. Si el análisis sobre el agotamiento de las instancias internas era positivo, entonces el caso pasaba a la categoría de “admitido”. Una vez admitido un caso, pasaba a formar parte de los informes públicos de admisión que eran publicados por la Comisión en el Informe Anual, es decir, expuestos internacionalmente.

Finalmente se producía una nueva ronda de consulta a los peticionarios y al Estado denunciado para realizar observaciones adicionales y hacer un chequeo entre las partes, tras lo cual la Comisión emitía su dictamen sobre el caso en cuestión.

Los familiares, en contacto con la CIDH

En ese entonces, las bases institucionales de la CIDH eran muy endebles, su carta fuerte consistía en el respaldo político del gobierno de los Estados Unidos. Excepto por algunos casos puntuales, como los casos Mignone (Caso N° 2209), Forti (Caso N° 2271)^[1] o Timerman^[2] (caso Nº 2502), hasta fines de 1977, el tema argentino ­—a pesar de la gravedad que tenía— no había sido prioritario en su gestión. La movilización de algunos argentinos, como Emilio Mignone y Alfredo Forti, que conocían mejor el sistema o a algunos de sus integrantes, junto a la ayuda de organizaciones legales y de derechos humanos solidarias con el caso argentino y de exiliados que se encontraban viviendo en los Estados Unidos, permitió revertir el desconocimiento que primaba sobre la situación del país en los foros americanos de derechos humanos. Este trabajo de comunicación y registro de los crímenes permitió que, hacia mediados de 1978, cuando a través de las denuncias habían logrado visibilizar un cuadro muy claro de la gravedad de la situación, la Secretaría Ejecutiva comenzara a preparar un informe sobre la situación de la Argentina.

El problema prioritario que identificaban era el de las personas detenidas desaparecidas. Sobre este fenómeno comenzó a trabajar Guillermo Fernández de Soto, uno de los asistentes técnicos de la comisión especial de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. Para ello, analizó las denuncias recibidas, recopiló datos adicionales y realizó informes. Además, la Comisión decidió trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos en temas de derechos laborales, de libertad de expresión, de derechos políticos, de administración de justicia y de detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Esta tarea estuvo a cargo del Dr. Edgardo Paz Barnica, asesor jurídico de la Secretaría Ejecutiva CIDH, que estaba a cargo de Edmundo Vargas Carreño.

Es decir que, durante 1978, el organismo ya había recopilado y organizado suficiente información para realizar un informe contundente: registraba miles de denuncias, que comprendían un arco amplio de violaciones a los derechos humanos, entre las que se destacaba la desaparición forzada de personas. Sin embargo, la posibilidad de hacer una presentación que resultara de la experiencia de una visita in loco permitiría darle un impacto mayor ante la comunidad internacional^[3].

Los funcionarios de la CIDH consideraban que una visita al país, además de los informes de situación, sería clave para incidir en la situación. Así lo explica el entonces comisionado Tom Farer:

Nosotros podíamos hacer un informe, teníamos un montón de información, pero el Informe es más potente si se puede entrar al país. Y teníamos todos esos casos para investigar y también pensábamos que si realmente conseguíamos entrar al país podríamos mejorar la situación inmediatamente. Así que (…) informamos al gobierno, al Embajador en Washington que deseábamos ser invitados, porque ese era el mensaje, le decíamos al gobierno confidencialmente que habíamos decidido hacer un Informe, y le dábamos la oportunidad de pretender “espontáneamente” invitarnos. Si no nos invitaban entonces anunciaríamos públicamente que haríamos un Informe y pediríamos públicamente la “anuencia”. El gobierno argentino respondió críticamente, dijeron que no había justificación (…) Nosotros explicamos que su cooperación era sustancial y que teníamos la fuerte convicción de que era necesario realizar el Informe, e insistimos en la anuencia (Entrevista a Thomas Farer, Memoria Abierta, 2010).

Este trabajo de documentación y sistematización de información fue un primer paso para que la visita de la CIDH tuviera lugar en la Argentina. Esta invitación se fue constituyendo como un requisito indispensable para destrabar los créditos militares que el Congreso estadounidense rechazaba a causa de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Farer recuerda que en ese año se iniciaron las negociaciones con el gobierno militar para acordar una visita.

El período de 1978 y 1979 fue la etapa de mayor tensión entre ambos gobiernos. El Senado estadounidense y el Departamento de Estado habían aumentado la presión sobre el gobierno militar para aplicar sanciones a la Argentina, a partir de las denuncias que habían recibido. El gobierno estadounidense decidió reformular la relación con algunas áreas y ofrecerles asistencia, a cambio de que el gobierno militar aceptara una visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se comprometiera a invitarla.

La invitación del gobierno militar a la Comisión fue resultado de numerosas negociaciones. Así como en la administración norteamericana, también en el seno de la Junta y del gobierno militar había disputas y diferencias. Estas eran entre un sector supuestamente más “blando” (Videla, Viola), preocupado por mantener una buena imagen internacional, y el más “duro” (Suárez Mason, Menéndez).

En mayo de 1978, en una reunión mantenida entre el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, David Newson, y el presidente de la Junta Militar, Gral. Jorge Rafael Videla, el gobierno militar propuso una invitación que solo le permitiría a la delegación de la CIDH reunirse con funcionarios del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Esta propuesta fue rechazada por el gobierno norteamericano que, en consecuencia, denegó los créditos del Eximbank.

Finalmente, en un encuentro entre el Gral. Jorge Rafael Videla y el vicepresidente norteamericano, Walter Mondale, en Roma, con ocasión de la asunción del Papa Juan Pablo II, el gobierno militar argentino aceptó una visita de la CIDH, a cambio de que Estados Unidos destrabase la garantía del Eximbank^[4] (Rodríguez Caillava, 2005: 11; Mignone, 1991; Novaro y Palermo, 2003). El gobierno argentino consiguió demorar la invitación hasta diciembre de 1978 cuando, tras dos años de negociaciones, finalmente invitó a la CIDH a visitar el país.

La administración de los Estados Unidos

En este apartado realizaremos una descripción de las oficinas del gobierno de los Estados Unidos que, de acuerdo con los análisis realizados hasta el momento y a las fuentes consultadas, fueron relevantes en la política exterior de este país hacia la Argentina, especialmente en materia de derechos humanos. Por el lugar hegemónico de los Estados Unidos en el continente, y en el mundo, resultaba un aliado clave para el gobierno militar, en materia económica y política, sobre todo en el plano internacional. Si bien este país brindó apoyo al golpe militar en la Argentina y en otros países de América Latina, ofreciendo entrenamiento, asistencia militar y suministrando equipamiento, durante la presidencia de Carter (1977-1980), se produjo una reformulación de la política internacional de ese país en materia de derechos humanos.

A diferencia de las corrientes teóricas que consideran al Estado como una voluntad unificada de la clase gobernante, Stuart Hall lo analiza como una formación contradictoria, que tiene tendencias muy claras y dominantes, pero en donde se condensan también prácticas de diferentes tipos, discursos políticos y prácticas sociales que están involucrados en la transmisión y transformación del poder. Para Hall, el Estado cumple un rol central que consiste en articular las diferencias, conectarlas y vincularlas en una unidad conceptual (Hall, 1985). La política exterior de los Estados Unidos en materia de derechos humanos durante este período puede comprenderse mejor tomando en cuenta esta conceptualización. Para ello, consideraremos las diferencias entre las presidencias norteamericanas de este período. En la medida de la información consultada, también haremos hincapié en la descripción de las distintas políticas practicadas por las oficinas gubernamentales al interior de la gestión estadounidense ya que, si bien constituían formalmente una unidad, llevaban adelante políticas contradictorias entre sí. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios y la de Asuntos Interamericanos, así como el Congreso de los Estados Unidos resultaron oficinas claves para la visibilidad de los crímenes y la incidencia sobre el gobierno militar argentino.

La desclasificación de documentos secretos del Departamento de Estado de los Estados Unidos que se refieren a las dictaduras del Cono Sur de la década del setenta ha generado la producción de un conjunto de estudios que permiten repensar estos procesos con mayor complejidad, porque analizan las políticas estatales desde las prácticas cotidianas de distintos sectores del gobierno al mismo tiempo (Arnson, 2003; CELS, 2004; Rodríguez Caivalla, 2005).

Uno de estos estudios, realizado con base en la desclasificación de documentos que se refieren a la dictadura argentina y que se entregó en 2002, es el de Rodríguez Caillava, que analiza el peso otorgado a los derechos humanos en la política exterior de los Estados Unidos hacia la Argentina durante la dictadura militar, a partir del análisis de la documentación desclasificada. El trabajo observa comparativamente tres administraciones estadounidenses diferentes: la presidencia de Gerald Ford (1974-1977), la de Jimmy Carter (1977-1980) y la de Ronald Reagan (1981-1988). Al hacer referencia a las políticas de derechos humanos, la autora destaca las contradicciones que dieron forma a cada una de las gestiones. Para explicar tal fenómeno, señala: “Las distintas posiciones fueron el resultado de un complejo entramado de presiones de distintos sectores del gobierno norteamericano; y que no existió una posición unívoca, clara y coherente de parte de Estados Unidos ante el caso argentino” (Rodríguez Caillava, 2005: 2).

Para explicarlo resumidamente, la administración de Ford continuó la política exterior de Nixon, a través de dos vías separadas y contradictorias: avaló el golpe y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a través del secretario de Estado Henry Kissinger, y manifestó preocupación por el agravamiento de las denuncias, a través del embajador Robert Hill. Por otra parte, el Congreso comenzó a tener más relevancia para discutir y presionar al Ejecutivo por la política exterior. Una de las medidas más importantes que lograron los senadores Edgard Kennedy y Don Fraser fue que el Congreso creara una oficina con rango de Secretaría dependiente del Departamento de Estado. Su misión era monitorear la situación en materia de derechos humanos a través de informes y que de los resultados de ese monitoreo dependiera la ayuda militar hacia los países que lideraran graves violaciones (Keck y Sikkink, 1998: 102).

Desde la asunción del presidente Carter en 1977, la cuestión de los derechos humanos en el continente se volvió política de gobierno. Durante esta gestión, el gobierno estadounidense pretendió definir sus relaciones internacionales de acuerdo a cómo cada país practicaba sus políticas de derechos humanos. Para ello, en el contexto de las dictaduras latinoamericanas, fue necesario que las embajadas se comprometieran a evaluar a los países, a monitorear las denuncias de organizaciones no gubernamentales y a relevar información con distintos dirigentes políticos. Además, Estados Unidos promovió la evaluación por parte de organismos gubernamentales, como el Inter-Agency Committee on Human Rights and Foreign Assistance, y de organismos interamericanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Esta política exterior, que no necesariamente tuvo su correlato al interior del país, se aplicó especialmente en los países de bajo interés estratégico o económico para Estados Unidos. La Argentina fue ejemplo de ello, ya que fue el país al que se le aplicaron las sanciones militares y económicas más duras.

A la cabeza de esta política, que tenía por objeto sancionar a los países que realizaban graves violaciones a los derechos humanos, el presidente Carter designó a la dirigente Patricia Derian como subsecretaria de Derechos Humanos, quien le reportaba directamente. La funcionaria ya contaba con una trayectoria significativa en materia de derechos humanos, por haber formado parte de American Civil Liberties Union, donde había liderado campañas para promover la igualdad racial (Neier, 2003). Derian era la encargada de relevar la situación en materia de derechos humanos para evaluar sanciones para aquellos países que contaban con graves violaciones a los derechos humanos. En conjunto con el secretario de Estado, Cyrus Vance, y el subsecretario, Warren Christopher, lideraron la política de presión sobre el gobierno militar argentino, promoviendo sanciones, declaraciones públicas y viajes al país, guiados por la idea de que la ayuda militar o económica no debía consentir las violaciones a los derechos humanos.

La implementación de esta política internacional del presidente Carter no fue homogénea al interior de la administración norteamericana. Las denuncias que recogía y trasmitía Derian confrontaban con las declaraciones del subsecretario de Asuntos Interamericanos, Terence Todman. Desde esta oficina, ese funcionario aseguraba a las autoridades militares argentinas su interés por tener una buena relación con nuestro país, más allá de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos (Rodríguez Caillava, 2011). Estas posturas antagónicas eran expresión de una política no definida en instrucciones operativas. Incluso, en su reunión con Videla en septiembre de 1977, Jimmy Carter parece haber prometido asistencia a cambio de que tomara ciertas medidas a favor de los derechos humanos (Rodríguez Caillava, 2005).

Estas diferencias respondían no sólo a la discrepancia de los objetivos que perseguían las distintas oficinas. También eran expresión de dos enfoques diferentes respecto de cómo ejecutar una política exterior, acordes a sus respectivos objetivos (Taiana, 2007). La Subsecretaría de Asuntos Interamericanos, encargada de mantener relaciones con los países latinoamericanos independientemente de si violaban o no derechos humanos, prefería el uso de la llamada “diplomacia privada” (quiet diplomacy): una diplomacia silenciosa, tradicional, que actuaba a través de negociaciones privadas. La Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, en cambio, prefería el uso de la llamada “diplomacia pública” (public diplomacy), enérgica y activa en la denuncia de violaciones a los derechos humanos y en la utilización de sanciones para condenar a los países violadores de esos derechos (Cohen, 1982; Mignone, 1991; Novaro y Palermo, 2003; Rodríguez Caillava, 2005; Taiana, 2007).

La incidencia en la administración estadounidense

En uno de los tres viajes que Derian realizó a nuestro país, conoció a Emilio Mignone, que era vicepresidente de la APDH^[5]. Como resultado de ese encuentro, Emilio Mignone viajó, en enero de 1977, a Washington D.C. y se reunió con Fernando Rondon, un integrante de la Subsecretaría. El reporte de esa reunión, informado a través de un memorándum secreto, refleja cómo en poco tiempo Mignone se había constituido en un referente para la administración norteamericana; Rondon lo presenta como ex consultor de la OEA y del BID, funcionario del Ministerio de Educación durante el gobierno del general Onganía y rector de la Universidad de Luján hasta que el gobierno militar le exigió su renuncia. Durante dos horas, Emilio Mignone expuso las principales características del gobierno militar, describiendo la persecución a los militantes religiosos, entre ellos, el caso de su propia hija. También orientó a los funcionarios sobre las diferencias con la dictadura chilena, en donde la Iglesia había asumido un rol tan predominante en la defensa de los derechos humanos. En relación a las políticas norteamericanas, Mignone recomendó cortar la asistencia militar, asegurando que esto no fortalecería las relaciones con la URSS, por la resistencia que el gobierno militar tenía al comunismo^[6].

En 1978, los informes del Departamento de Estado dan cuenta de que Mignone durante sus viajes también se reunió con el subsecretario del Departamento de Estado, David Newsom. Estas reuniones muestran el contacto con funcionarios de alta jerarquía y la constitución de Emilio Mignone como una fuente de información para la administración norteamericana a la hora de evaluar la situación en materia de derechos humanos en la Argentina^[7].

Por otro lado, la tensión sobre la política exterior que existía en el interior de la administración estadounidense también se replicó en el interior de la embajada en la Argentina. Subordinados a Raúl Castro, el embajador a cargo de la sede y estrecho colaborador de la Junta Militar, dos funcionarios definían la política de la embajada. Maxwell Chaplin, alineado con Castro, reproducía la política de la Subsecretaría de Asuntos Interamericanos, promoviendo buenas relaciones con el gobierno militar.

Tex Harris, al mismo tiempo, implementaba una “diplomacia persona a persona” que consistía, entre otras cosas, en recibir a los familiares de detenidos desaparecidos y presos políticos. También concurría a la Plaza de Mayo y elaboraba y difundía, a través de los canales institucionales, información sobre las denuncias y un relevamiento de casos (Harris, 2007). Los memorándums eran uno de los procedimientos para circular esta información regularmente entre las autoridades del Departamento de Estado. Uno de ellos, elaborado en 1979, muestra que a partir de esa información Harris había confeccionado un registro estadístico de las denuncias. Ese registro le permitió establecer un panorama preciso del proceso, y constatar e informar que las personas eran reprimidas por lo que pensaban^[8]. Además, el documento muestra el esfuerzo por reflejar esa información en contexto, para que pudiese ser comprendida la realidad social en la que se inscribían las prácticas represivas. Frente a la feroz campaña de descrédito que montó el gobierno militar, esta actividad fue muy importante para comunicar y a la vez legitimar las denuncias que protagonizaban los familiares ante las autoridades estadounidenses, así como ante la prensa internacional. Estas acciones le costaron a Harris no sólo fuertes enfrentamientos con el embajador Castro, a quien reportaba, sino también posteriores sanciones durante el gobierno de Reagan que afectaron su carrera diplomática.

Ejemplo de un documento desclasificado.

El vínculo entre Tex Harris, Emilio Mignone y Augusto Conte se fue consolidando durante 1978 y fue importante para la preparación de actividades con organismos norteamericanos, así como para fortalecer la relación con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Las reuniones eran habituales, tal como lo demuestran sus reportes semanales enviados al Departamento de Estado. Los documentos desclasificados reflejan este contacto permanente, que consistía en el intercambio de información, cooperación y articulación de actividades conjuntas^[9].

Las organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos

Durante el siglo XX, en los Estados Unidos emergieron distintos movimientos sociales dirigidos a cuestionar la situación de algunos grupos y mejorar sus condiciones de vida, sobre todo en términos de igualdad y acceso a oportunidades. Se destacan, por ejemplo, las luchas vinculadas a los derechos y reivindicaciones de minorías y sectores segregados. En ese marco, a mediados de la década del setenta, emergió un conjunto de organizaciones de derechos humanos, movilizadas por las libertades civiles, que se constituyeron en un actor importante en la escena política norteamericana (Neier, 2003). Se fundaron como organizaciones dedicadas a enfrentar las violaciones a los derechos humanos e interpelaban y denunciaban los poderes que cometían los abusos basándose en tres principios. En primer lugar, defendían de manera general a cualquier persona que fuera objeto de graves violaciones sin representar a un grupo de víctimas en particular. En segundo lugar, resaltaban la ausencia de vínculos con sectores o partidos políticos, hacían públicas sus contabilidades y, en algunos casos, rechazaban otra forma de financiamiento que no fueran las contribuciones individuales, para mantener completa independencia y así anular las críticas a las que usualmente apelaban los gobiernos. Por último, llevaban adelante una labor con estrictos estándares probatorios de los crímenes que también abonaba la legitimidad frente a las denuncias y las demandas (Barbuto y Basualdo, 2009).

Las relaciones entre el movimiento argentino de derechos humanos y organizaciones norteamericanas se fueron construyendo a partir de acciones concretas de solidaridad y articulación. Se formaron vínculos con diferentes tipos de organizaciones: de derechos humanos, como Amnesty y Washington Office on Latin America; legales, como Lawyers Committee for International Human Rights; científicas, como American Association for the Advancement of Sciencie, y religiosas, como la United States Catholic Conference o la Inter-Church Committee on Human Rights in Latin America de Canadá^[10].

Desde los primeros años de la dictadura, distintos grupos de exiliados argentinos que se encontraban viviendo en ciudades de Estados Unidos y Canadá comenzaron a reunirse y articular sus acciones, para trabajar en favor por los presos políticos y detenidos desaparecidos. Constituían pequeños grupos ubicados en múltiples ciudades (Washington, New York, Boston, San Francisco, Seattle, Chicago, Delaware, Toronto, Montreal) que alimentaban las tareas realizadas por las organizaciones norteamericanas solidarias con el movimiento argentino, como Amnesty o WOLA. A través de correspondencia o de integrantes de grupos, mantenían contacto mensual con los organismos locales de derechos humanos, con los que articulaban las actividades que emprendían. En muchos casos, se ocuparon de recibir y acompañar a los familiares y organismos que viajaban a Washington, de organizar sus citas u orientarlos acerca de con quiénes tenían que hablar.

Esta solidaridad fue muy importante para incidir sobre grupos de decisión o de gestión, para entablar nuevos contactos y realizar gestiones en Ginebra, Washington y New York. Entre los principales organismos a los que se orientaron las acciones de denuncia se encontraban la CIDH, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Congreso norteamericano y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Dado que muchos de los exiliados integraban laboralmente algunos de organismos internacionales (como el BID o la OEA), su labor no podía ser visible, pocas veces se expresaban a través de los medios de prensa.

Juan Méndez fue uno de los protagonistas de esta experiencia. Abogado, de la localidad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, había integrado la Juventud Peronista. Tras una breve gestión como interventor de la Facultad de Economía de la Universidad de Mar del Plata durante la gobernación de Oscar Bidegain, se dedicó a la defensa de presos políticos perseguidos por el aparato estatal y paraestatal (Triple A), tras lo cual se exilió. En su entrevista a Memoria Abierta, relata parte del trabajo de incidencia que realizaban:

un congresista que le interesaba lo que estaba pasando en la Argentina, otro que no le interesaba pero que estaba por ir y al que había que darle información. También sabíamos cómo contrarrestar información favorable al gobierno que sabíamos que sectores norteamericanos manejaban también. (…) no era fácil, por supuesto, pero con buena información, como la teníamos, se hacía más fácil y yo creo que por lo menos neutralizamos los efectos de una propaganda así valuada en un millón de dólares. Y lo cierto es que los hechos nos daban la razón a nosotros y no a ellos. Lamentablemente no había necesidad de exagerar nada y se demostraba la tragedia de la represión en la Argentina, especialmente el fenómeno de la desaparición forzada. Nadie lo entendía muy cabalmente porque no les entraba en la cabeza a los norteamericanos que alguien pudiese ser detenido por fuerzas oficiales y desaparecer del mapa. Pero con testimonios frecuentes y categóricos, con documentación como resultados de hábeas corpus, etc., se iban convenciendo^[11].

Visitas, informes e intervenciones de las organizaciones de los Estados Unidos

A partir de los documentos institucionales guardados en el archivo del CELS fue posible reconstruir algunas de las acciones de las organizaciones norteamericanas en los primeros años de la dictadura con el objetivo de documentar, informar y difundir las denuncias que el movimiento de derechos humanos local empezaba a realizar. Hicieron visitas y elaboraron duros informes sobre la situación de científicos, abogados y trabajadores en materia de violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Esos informes fueron presentados y discutidos en el congreso de los Estados Unidos, ante organismos de la administración norteamericana, con el objetivo de incidir sobre los casos concretos, así como sobre la actuación de los grupos de poder en el Estado norteamericano que favorecían al régimen militar.

Aunque no contaba con una oficina en Washington, una de las más importantes de los Estados Unidos fue Amnistía Internacional (Amnesty), fundada en 1961 con la misión de combatir la pena de muerte, tomando casos de personas que habían sido detenidas por sus ideas políticas, religiosas, culturales o por su condición étnica, en distintos países, a las que denominaban “presos de conciencia”. La organización excluía de su acción a aquellas personas que realizaban actos violatorios de la ley penal, para quienes exigía el debido proceso y condiciones humanas de trato. Una vez aceptado el caso, las distintas secciones nacionales de Amnesty lo promovían a través de campañas, realizando publicaciones, protestas y gestiones para obtener su liberación. La organización había realizado una visita al país en septiembre de 1976, durante la cual se entrevistó con autoridades militares, relevó información sobre detenidos políticos y estableció vinculaciones con algunos dirigentes de las organizaciones de derechos humanos, entre los que estaban los miembros que luego fundarían el CELS.

La política cosmopolita permitió garantizar acciones en el ámbito argentino a través de la movilización de organizaciones internacionales. Este es el caso del apoyo expresado por la Washington Office on Latin America (WOLA), que dirigía el reverendo Joseph T. Eldrige. En una nota enviada al presidente de la CIDH, Dr. Andrés Aguilar, el 21 de junio de 1979, el dirigente expresó la necesidad de realizar una visita in situ, dada la degradación sistemática a la que era sometido el pueblo argentino, que no podía explicarse sólo como “excesos” cometidos por la Junta Militar. Del mismo modo, se ofrece a colaborar para su realización y finalmente destaca la necesidad de un informe de la CIDH para que pueda ser discutido en la siguiente Asamblea de la OEA.

Carta de WOLA a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 21 de junio de 1979. Fondo Archivo Institucional del CELS, Serie Correspondencia.

También fue importante el aporte de The Lawyers Committee for International Human Rights (LCIHR), una organización jurídica creada por la International League for Human Rights y el Council of New York Law Associates. Estaba compuesta por reconocidos abogados como Robert Berenstein, Marvin E. Frankel, Orville H. Schell, Michael Posner, William O’Neill y Arthur Helton. A través del trabajo voluntario llevó adelante diversos proyectos y estudios sobre violaciones a los derechos humanos.

En abril de 1979, por el volumen y la gravedad de las denuncias que hicieron llegar familiares y organizaciones locales, la Association of the Bar of the City of New York que integraba el LCIHR realizó una visita a la Argentina. Tenía el objetivo de recabar información sobre violaciones a los derechos humanos y realizar un informe sobre la situación que vivía el país. La delegación se reunió con autoridades militares, dirigentes políticos y funcionarios judiciales, e intentó investigar especialmente sobre la situación de cientos de abogados desaparecidos o detenidos en cárceles. El informe final de esta institución^[12] da cuenta de un tipo de solidaridad que no se detiene en lo puramente humanitario, sino que pretende descubrir cómo y por qué opera la represión. El informe fue fuertemente cuestionado por el conservador Colegio de Abogados de Buenos Aires^[13], que acusó a la organización de no entender las razones por las cuales fue necesario que el gobierno argentino tomara drásticas decisiones. Según ese Colegio, los abogados ejercían su profesión libremente, sin temer represalias del gobierno, así como afirmaban que aquellos abogados que el Colegio de Abogados de Nueva York catalogó como desaparecidos eran probablemente subversivos, y así justificaban los secuestros^[14].

En septiembre de 1979, el mismo mes de la visita in loco de la CIDH, los resultados de este informe fueron expuestos por los principales dirigentes de la organización en el Congreso de los Estados Unidos. Al tiempo que culminaba la visita, dos organizaciones presentaban significativos testimonios. Las audiencias del Subcomité de Derechos Humanos y Organizaciones Internacionales y del Subcomité de Asuntos Interamericanos –del Comité de Relaciones Exteriores en la Cámara de los Representantes– tenían por objetivo reunir información para que los senadores norteamericanos decidieran una política exterior de financiamiento militar respetuosa de los derechos humanos. Para ello convocaban a algunos miembros de organizaciones, así como sumaban informes y documentos relevantes para el debate. En las audiencias celebradas el mismo mes, fueron convocadas tres organizaciones, que dieron testimonio a través de sus dirigentes. Jerome J. Shestack, presidente de la International League for Human Rights, denunció explícitamente la participación de las Fuerzas Armadas en la detención y desaparición masiva de personas^[15]. Thomas Quigley, de la United States Catholic Conference (USCC), se circunscribió al tema de desaparición forzada tomando especialmente los casos de Chile y de la Argentina^[16]. Marvin E. Frankel y Orville H. Schell del LCIHR expusieron los resultados del informe publicado^[17]. Las tres perspectivas fundamentaron sus informes con datos que fueron relevados a través de las visitas realizadas y de los contactos que mantenían con organizaciones vinculadas en estos países, y señalaron que la situación argentina presentaba un orden diferente al de cualquier otro país. Allí la estimación de desapariciones ascendía a 30.000.

La American Association for the Advancement of Sciencie (AAAS) era una organización que nucleaba distintas instituciones científicas en los Estados Unidos y tenía un enorme peso en la comunidad científica internacional. Tanto la AAAS como la National Academy of Sciences (NSA) contaban con grupos de trabajo específicos en materia de derechos humanos, encargados de llevar adelante acciones sobre gobiernos de otros países que atentaban contra la libertad científica^[18]. Desde 1976 reconocidos científicos argentinos, como José Federico Westerkamp (fundador del CELS) y Federico Álvarez Rojas, apelaron a ellos para denunciar la situación de su país.

La AAAS hizo propias estas denuncias ante diversos foros científicos, elaboró informes para difundirlas^[19] y emprendió gestiones por la liberación de los detenidos y la búsqueda de los detenidos desaparecidos.

En diciembre de 1977, el presidente del AAAS Committee on Scientific Freedom and Responsibility realizó una visita de diez días al país donde se entrevistó con autoridades nacionales. En su informe destacó que las reparticiones científicas seguían funcionando normalmente a pesar de los evidentes ataques contra los científicos, que el clima de terror y represión del cual habían sido informados antes del viaje no era para nada exagerado y evaluó que, en ese contexto, la política de derechos humanos del gobierno de Carter como soporte para los organismos locales y los familiares resultaba fundamental^[20].

Por su parte, el Committee on Human Rights de la NAS también visitó el país en abril de 1978, disconforme con las reuniones mantenidas con el embajador de la Argentina en Washington. Entrevistaron a científicos, autoridades oficiales, ministros y familiares. En su informe aseguraron que la situación de los científicos era adversa y que existían prácticas arbitrarias de desaparición, fueron muy críticos respecto a la suspensión de derechos que se vivía y a la falta de registro oficial sobre las desapariciones.

Aunque pertenecían a esferas muy diferentes, con estas acciones las organizaciones legales y científicas norteamericanas intercambiaban la información que recolectaban y producían. Por otra parte, organizaban acciones para presentar formalmente la información ante organismos de la administración estadounidense, con el objetivo de incidir tanto sobre los casos concretos como sobre la actuación de los grupos de poder en el Estado norteamericano que favorecían al régimen militar.

El activismo se profundiza y prepara la visita

Las relaciones construidas en los primeros años de la dictadura crearon un campo de relaciones que posibilitó que, en los meses previos a la visita de la CIDH, los miembros integrantes del CELS desplegaran un intenso trabajo de incidencia internacional y a nivel local en conjunto con otros organismos. En este apartado, a través del análisis de los documentos del archivo del CELS y de la APDH, y los desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reconstruimos las acciones que dieron forma a la estrategia de incidencia de este pequeño clan sobre integrantes del gobierno estadounidense y de la CIDH. Este trabajo de incidencia se caracterizó por una multiplicidad de estrategias que incluyeron reuniones y viajes, la realización de informes colectivos y presentación de casos individuales y el conocimiento de las burocracias y de las disputas estatales e interamericanas. En ese marco, los integrantes del CELS elaboraron información confiable, que pudiera ser utilizada por las diferentes oficinas y organizaciones, de acuerdo a los objetivos que perseguía cada una de ellas, pero fundamentalmente para favorecer las acciones de los organismos locales de derechos humanos.

La preparación de la visita también involucró una enorme cantidad de acciones por parte del movimiento de derechos humanos local. Aquí recuperamos ese trabajo, fundamentalmente el de documentación de los crímenes, la comunicación, la movilización de familiares para el momento de la visita y la publicación de solicitadas. La actividad del incipiente CELS fue parte de las acciones colectivas y cooperativas que desplegó el movimiento de derechos humanos. La estrategia creada por el movimiento de derechos humanos local permitió que, a través de los casos individuales, se pudiera denunciar una situación de conjunto, una violación estructural, al tiempo que permitió identificar responsabilidades individuales. De este modo, los derechos humanos no estaban siendo concebidos como universales y abstractos, sino como un lenguaje cosmopolita que permitía hacer inteligible y traducible el sistema represivo impuesto por el Estado militar.

Finalmente, en este apartado retratamos cómo, en el marco de estas acciones, el pequeño grupo fue adquiriendo su propia identidad, hasta conformarse como una organización independiente de la APDH y fundar el CELS. En el marco de esta reconstrucción también se muestra cómo al mismo tiempo que puso en práctica esta compleja trama de acciones, relaciones y alianzas, fue dando forma y fundando la organización.

Emilio Mignone y la CIDH

El trabajo de sistematización de documentación orientado a la visita de la CIDH fue clave en las primeras acciones del grupo que fundaría el CELS. Emilio Mignone cumplía un lugar protagónico. Su experiencia de trabajo en la OEA como asesor legal para el desarrollo universitario, entre 1962 y 1967, le había permitido conocer América Latina y los principales países europeos. Y, sobre todo, le permitió conocer la administración norteamericana, lo que resultó fundamental durante el gobierno de Carter.

Mignone presentó tempranamente la denuncia por el caso de su hija y colaboró en la gestión de otros casos de detenidos desaparecidos y presos políticos. En febrero de 1979, una vez anunciada la invitación del gobierno argentino a la CIDH, viajó a Washington con el objetivo de aportar a la agenda de la futura misión. Este viaje fue al margen de la APDH, que se oponía a esta relación (Mignone, 1991). En su estadía, mantuvo reuniones durante varios días con el presidente de la CIDH, Andrés Aguilar, con el secretario ejecutivo, Edmundo Vargas Carreño, con Charles Moyer y Edgardo Paz Barnica. Les brindó información sobre el sistema legal argentino y las operaciones represivas de la dictadura.

Un informe del Batallón de Inteligencia 601 de marzo de 1979 informa sobre el viaje de Mignone a Washington y espía su encuentro con miembros de la OEA. El documento sintetiza parte del trabajo que había ido a realizar el abogado a la CIDH:

Sobre la organización de la nutrida y documentada información referida a transgresiones que realizan autoridades de nuestro país que hay en la Asamblea, la labor se viene centrando en la recopilación de antecedentes, sobre personas detenidas, secuestradas, desaparecidas, que han sido objeto de apremios, por las propias víctimas o sus familiares y son instrumentalizados en actas ante escribano público, con lo que adquieren valor testimonial. En dichos documentos no sólo consignan los nombres de los damnificados, sino además todas las circunstancias que rodean el episodio, poniendo especial énfasis en detalles que puedan tener alguna significación, marcas, modelos, color y patente de vehículos intervinientes, uniformes de personal interviniente, nombres que pudieran haberse oído y/o proporcionado de dicho personal, identificación de lugares de detención, nombres de personal que haya atendido a posteriori los reclamos de familiares de las víctimas, expresiones por ellos vertidas. Presentando este material ante la OEA, con esta modalidad, se espera dar valor testimonial que supere lo que se ha hecho hasta ahora, es decir la presentación de listas de nombres que tienen menos fuerza o son desvirtuadas por las autoridades ^[21].

Como señalamos anteriormente, la CIDH había comenzado a recibir numerosos informes de familiares de detenidos desaparecidos y hasta entonces sólo tenían registrados alrededor de 1.500 casos, aunque la APDH ya contaba con más de 4.500. Tras el anuncio de la visita, las denuncias comenzaron a ser periódicas, y se llegaron a recibir entre 50 y 60 cartas por día. La Comisión estaba especialmente interesada en ayudar a los organismos de derechos humanos a identificar los casos que presentaban evidencia sustancial de la participación de las Fuerzas Armadas o de seguridad en la desaparición de personas y otras violaciones a los derechos humanos^[22].

Las reuniones y conversaciones también fueron acompañadas por presentaciones formales ante el organismo. El 12 de marzo, los abogados del GAAAP decidieron presentar un caso ante la CIDH relacionado con la situación de personas desaparecidas en la Argentina desde 1975 a 1978 inclusive. En rigor, constituía la denuncia en el plano internacional del listado de desaparecidos que se contabilizaba en la APDH y que para entonces ascendía a 4.381 personas^[23]. La denuncia, tramitada por Emilio Mignone, Augusto Conte Mac Donell, Alfredo Galetti y Boris Pasik, sostenía que la detención y desaparición de estas personas, de las que nada se volvió a saber desde el momento de su detención, había sido ejecutada por grupos armados que invocaron representar a la autoridad pública. Estas prácticas de registro y documentación de las víctimas fueron acciones iniciales y fundamentales para respaldar las prácticas políticas de las organizaciones de derechos humanos. Esta presentación traducía esa estrategia de documentación a los procedimientos internacionales, dotándolos de argumentos jurídicos. El procedimiento del caso constituía una manera de formalizar los intercambios que venían sosteniendo. En abril, la CIDH les comunicó la admisión de esa denuncia bajo el número de caso 3790 (Argentina), les informó que había solicitado al gobierno argentino que ampliara la información y, a su vez, les pidió cualquier nuevo dato complementario.

Pocos días después, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Washington Pastor, anunció que la visita, que estaba prevista para el 22 de mayo al 6 de junio de 1979, había sido postergada, ya que en esa fecha se realizarían las elecciones de los nuevos miembros de la CIDH y de la recién creada Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La noticia causó alarma entre los argentinos comprometidos con las denuncias, no sólo porque dilataba el trabajo que venían realizando sino además porque esa postergación producía serias limitaciones para que la CIDH pudiera elaborar el informe de esa visita a tiempo para ser presentado en la asamblea anual, a fines de 1979. Es por eso que, en respuesta a la CIDH, los abogados señalaron su preocupación por el anuncio de la nueva fecha y demandaron al organismo reprogramarla en un plazo no mayor a 30 días desde su constitución. Ese período permitiría elaborar un informe de la visita, con tiempo suficiente para presentarlo ante la Asamblea Ordinaria de la OEA en octubre de 1979. Afirman: “Si esto no ocurriera la confianza en ese organismo, por parte del pueblo argentino, que sufre la más dramática y sangrienta violación de los derechos humanos de toda su historia, se vería gravemente disminuida”^[24]. En un contexto de violaciones masivas y sistemáticas desde la clandestinidad, la intervención de la CIDH, seguida del informe, servía básicamente para documentar esas violaciones y exponerlas ante la comunidad internacional.

El relato de estas acciones permite mostrar cómo se fue configurando lo que MacDowell denomina un activismo legal transnacional, es decir “un tipo de activismo que prioriza la acción jurídica ante tribunales internacionales u organismos cuasi-judiciales para fortalecer las demandas de movimientos sociales; para realizar cambios políticos y legales internos”. Teniendo en cuenta los alcances y limitaciones que plantearon las circunstancias, los abogados del CELS intentaron articular un trabajo político, de supervisión, vinculado al rol tutelar del organismo panamericano, para poder incidir sobre la situación interna. En el corto plazo, y en consonancia con la demanda explicitada en las denuncias, se intentaba obtener información oficial sobre el destino de los desaparecidos, interrumpir los secuestros, garantizar la liberación o la acusación de los detenidos por el Poder Ejecutivo Nacional. A mediano plazo y con una perspectiva estratégica, se buscó demostrar la responsabilidad de las fuerzas armadas y la masividad y sistematicidad de las violaciones.

Entre el 18 y el 22 de junio, Mignone volvió a viajar para reunirse con miembros de la CIDH. Trabajó especialmente con Vargas Carreño, con su principal asesor, el doctor Paz Barnica, y con el asesor local, Charles Moyer. Hasta entonces, la CIDH había recibido 2.900 denuncias que involucraban a 7.000 detenidos desaparecidos. Para adelantar la investigación preliminar, había comenzado a solicitar al gobierno argentino los nombres de las denuncias con las que contaba el Ministerio del Interior y el número de recursos de hábeas corpus presentados en los tribunales^[25].

A su vez, los comisionados también realizaron viajes al país, con el objetivo de preparar la misión y las actividades que iban a realizar. Vargas Carreño realizó un viaje preparatorio entre el 22 y el 27 de julio, llevó a cabo encuentros con distintos organismos e instituciones, que le entregaron propuestas y sugerencias de actividades y reuniones que podrían resultar de interés para la CIDH en el momento de su visita. Los integrantes del recién constituido CELS también planificaron las posibles actividades que realizarían los organismos en los días previos a la llegada de los comisionados, como la publicación de solicitadas de los organismos de derechos humanos locales donde se especificarían los días y horarios de recepción de denuncias^[26].

Los organismos de derechos humanos: un trabajo coordinado

La preparación de la visita de la CIDH también puede ser vista como el primer esfuerzo coordinado de documentación entre distintas organizaciones de derechos humanos, tal como sucedería años después, de manera más extendida y consolidada, en los meses previos al retorno de la democracia^[27]. Al mismo tiempo que se desplegaron esas acciones tendientes a movilizar apoyos internacionales, en el país se llevaron adelante un conjunto de actividades de documentación y movilización en torno a la CIDH.

Desde inicios de 1979 los organismos acordaron un conjunto de prioridades sobre las cuales trabajar coordinadamente. Colocaron el foco sobre la situación de los presos políticos y los detenidos en centros clandestinos. En ese momento, muchos creían que la mayoría de los detenidos desaparecidos se encontraba en establecimientos militares. Por ello, consideraban que la presencia de la CIDH en algunos de los establecimientos penitenciarios implicaría una gran exposición para el régimen, lo cual generaría condiciones favorables para que las autoridades militares reconocieran la existencia de esos detenidos o los liberaran ^[28].

A su vez, la aceptación pública de las organizaciones de derechos humanos se había incrementado. Esto permitió que, a lo largo de 1979, muchas familias se mostraran menos resistentes para reportar las desapariciones en la APDH, y cada día llegaban más denuncias. La publicación en el diario La Prensa de una solicitada con 2.500 personas desaparecidas fue una de las acciones más importantes de 1978 y, según Mignone, este evento produjo una actitud más abierta en la prensa al tema de los derechos humanos, que a partir de entonces comenzó a publicar pequeños artículos sobre las actividades de los organismos o las decisiones judiciales vinculadas a algunos de los casos^[29].

Frente a la negación de los crímenes por parte del gobierno militar y la negativa del Poder Judicial a investigar las denuncias, la visita de la CIDH se configuró como una oportunidad de legibilidad y visibilidad de los registros de denuncias que habían comenzado a elaborar los propios organismos. De esta manera, fueron construyendo con esos documentos escritos sus propias “tecnologías de poder” (Corrigan y Sayer, 1985), es decir, mecanismos para lograr la identificación y a partir de ésta el reconocimiento de las denuncias. Tal como señala Gordillo, la identificación y el reconocimiento son prerrequisitos para presentar demandas ante las agencias estatales (Gordillo, 2006). Este proceso puede incrementar el poder relativo de poblaciones subalternas. Al negar los crímenes, el gobierno militar pretendía obturar y deslegitimar las demandas de información y de justicia. Sin embargo, a través de la tarea de documentación de lo que estaba sucediendo, las organizaciones movilizaban el reconocimiento internacional y con ello las relegitimaban.

La APDH había decidido crear una comisión ad hoc para ordenar la información sobre los casos, integrada por Augusto Conte Mac Donell y Noemí Fiorito de Labrune, entre otros. Buscaban identificar y documentar cierto tipo de casos para la CIDH. En ese trabajo confluyó, por un lado, el interés de la APDH de reunir y ordenar la información con la que contaba y, por el otro, el de los miembros del grupo que se fundaría como CELS de seleccionar casos testigos y grupos de afectados por la represión, para trabajarlos estratégicamente. Tenían en cuenta que de los 15.000 desaparecidos estimados para entonces, sólo una fracción podría ser tratada por el organismo interamericano. Por eso, el esfuerzo se concentró en garantizar que los casos más representativos y significativos pudieran ser conocidos por la CIDH.

Analizaron y sistematizaron los registros de la Asamblea y seleccionaron 300 casos de desapariciones en función de presentar el mayor número de pruebas para acreditar la forma y las características de tales hechos; es decir, la participación de fuerzas de seguridad, el secuestro, la tortura y desaparición como método privilegiado de represión. Buscaban situaciones a partir de las cuales se pudiera hacer una presentación colectiva, pasando del caso individual a caracterizar una situación estructural. Seleccionaron los casos teniendo en cuenta las condiciones que ofrecían para determinar responsabilidades y para obtener fallos que establecieran jurisprudencia. También buscaron caracterizar situaciones que afectaban a un conjunto o colectivo, pasando del caso individual a la identificación de situaciones estructurales.

Recuerda Graciela Fernández Meijide, integrante de la APDH:

Durante los tres meses del verano del 79 nos dedicamos doce horas por día a leer todos los testimonios que había y los clasificábamos en grados de acuerdo al nivel de prueba. Después hicimos clasificaciones bastante elementales: soldados conscriptos desaparecidos, adolescentes, grupos familiares, sindicalistas, religiosos, y demás categorías. Y cada uno de los que estábamos en esto tomamos una categoría, la estudiamos, pusimos fechas y demás datos y sacamos conclusiones que eran comunes. Eso fue llevado por Emilio Mignone y Augusto Conte Mac Donell a Washington antes de la visita de la CIDH (Díaz: 4).

Esta tarea implicó preparar y mantener reuniones con familias de todo el país. Se estudiaron las distintas situaciones y se elaboraron informes que contemplaban las características fundamentales del conjunto de los casos y de varias situaciones de conjunto como menores de edad, mujeres embarazadas, soldados conscriptos, aparición de cadáveres en lugares públicos, análisis de las denominadas “muertes en enfrentamientos”, entre otras. Este trabajo fue finalmente presentado ante la CIDH: incluía un breve resumen sobre cada situación y un anexo con el listado de los casos seleccionados y el resumen de cada uno de ellos.

Al mismo tiempo, la APDH comunicó a los familiares la visita y la posibilidad de presentar o ratificar su denuncia ante la CIDH, antes o durante la visita. Para ello socializaron modelos de formularios, explicaron los requisitos que solicitarían y la documentación que sería relevante acercar. La organización también consultó a los familiares si estarían dispuestos o no a denunciar ante la OEA y si tendrían problemas para viajar hasta la Ciudad de Buenos Aires, donde se establecería una oficina de la CIDH. En una carta posterior, seguramente dirigida a quienes respondieron afirmativamente, solicitaron el envío del certificado de hábeas corpus y/o testimonio^[30]. Una semana antes de la visita, los organismos previeron la realización de solicitadas en los diarios, donde difundieron los días, horarios y lugares donde se recibirían las denuncias, para socializar la información y convocar con cierta anticipación a los familiares e interesados en realizar denuncias^[31]. El 2 de septiembre de 1979, se publicó la solicitada “Una plena actividad de la opinión pública nacional y una sustancial aproximación al Estado de derecho”, donde numerosos dirigentes celebraron la llegada de la CIDH y señalaron los puntos que consideraban centrales para la actividad del organismo^[32].

Una plena actividad de la opinión pública nacional y una aproximación al Estado de derecho, 2 de septiembre de 1979. Fondo Archivo Institucional del CELS, Serie Recortes Periodísticos.

Los presos y presas políticas también se organizaron. Eran conscientes de que esta visita ayudaría a limitar los crímenes que se seguían cometiendo y que permitiría denunciar una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. El foco de las denuncias, sostiene Jorge Taiana, uno de los detenidos en la unidad N° 9 de La Plata, fue puesto en

lo que nosotros habíamos sido testigo, y habíamos sido testigo en conjunto de muchas cosas, de ejecuciones extrajudiciales de la gente que se sacaba de las cárceles, pero muchos además habían sido sobrevivientes de ejecuciones, testigo de desapariciones forzadas, etc. Y esto era lo que era nuestra obligación de poder transmitir y para eso nos preparamos, con las limitaciones propias de las cárceles, con aislamiento continuo, sin papeles para escribir, con imposibilidad de tomar contacto entre unos y otros en distintos pabellones. Para brindar ese testimonio y garantizar que el mismo fuera público.

Por otro lado, denunciaron las

condiciones de detención que eran regímenes que por supuesto no cumplían estándares mínimos de condiciones de detención pero que eran, en ese momento, lo menos importante, (…) las violaciones a las situaciones a la garantía judicial o la posibilidad de derecho a la defensa, o la permanencia de imposición de penas por parte del Poder Ejecutivo a través de los mecanismos del Estado de sitio o los tribunales militares^[33].

La APDH, la LADH y el MEDH sistematizaron sus datos para elaborar un listado unificado de desaparecidos. En mayo lo editaron y lo enviaron al presidente Videla: contenía 5.465 nombres, la mayoría contaba con un hábeas corpus o algún tipo de documentación como respaldo. En menos de un mes, fueron denunciados 100 casos más^[34].

Entre los familiares e integrantes de los organismos recolectaron el dinero para poder publicar ese listado como un solicitada. Pero los periódicos se negaron a imprimirla, así que encargaron 30.000 copias comerciales en la imprenta Aleman^[35]. El folleto se titulaba “Donde están: 5.581 desaparecidos” y contaba con la firma de 400 personas. En una entrevista, Mignone señala las dificultades y escenarios que debían crear para que aceptaran imprimirles los folletos:

Me acuerdo que yo fui, para que lo imprimiera, al Buenos Aires Herald; Cox lo hubiera hecho, pero era el director del diario, no su dueño y el dueño de la empresa no se atrevió, nadie se atrevía. Entonces me dice ¿por qué no van a la imprenta Aleman? Fui y hablé… yo hacía esas cosas en la Asamblea, buscaba para hacer cosas más enérgicas; entré, traté con el gerente que era un suizo alemán: nos mandan del Buenos Aires Herald para imprimir esto; ¡ah! muy bien, bueno ¿cuánto es? Tanto, tanto, tanto, hicimos la cuenta, pagamos, todos contentos. Lo imprimen, teníamos que retirarlo, me acuerdo, un miércoles. El sábado recibimos unos llamados angustiosos de este señor, la policía había allanado la imprenta, había secuestrado el folleto que todavía no estaba distribuido, había secuestrado todo y había demorado durante cuatro horas a los redactores (…) Si no hubiera sido la imprenta Aleman la incendian. Al día siguiente, voy a hablar con el gerente y me dice “¡pero qué me ha hecho! Vino la policía y me llamó el doctor Aleman, diciéndome que cómo yo había impreso eso, que eso no se podía imprimir”, me dice el hombre, un suizo alemán así, muy cuadrado… le digo “pero el gobierno dice que no hay censura”. Entonces el gerente reaccionó tarde y dice: “yo debí haberme dado cuenta, porque si el Buenos Aires Herald que tiene una imprenta, no lo hace y me lo manda a mí, yo debí haber sospechado que era por algo…”^[36].

La noche del 29 de julio la imprenta fue allanada y confiscaron 3.500 copias, máquinas impresoras y otros materiales^[37].

El Departamento Juvenil Nacional de la LADH elaboró un informe donde trazaba estadísticamente el cuadro de situación de los jóvenes ciudadanos desaparecidos en la Argentina, tomando como fuente este listado. Sólo el 60 por ciento de las denuncias (4.566 casos) tenían la edad especificada, y de éstas, el 70 por ciento (2.082 casos) involucraba a menores de 30 años.

Estas acciones fueron respondidas con amenazas, hostigamientos, secuestros y detenciones. La APDH registró 9 desapariciones del Partido Socialista de los Trabajadores durante enero. Dirigentes del Partido Comunista y la organización “Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas”, desde septiembre de 1978, sufrieron el secuestro de 21 personas de las cuales 14 reaparecieron, 6 quedaron detenidas bajo PEN y una fue asesinada. El 28 de marzo pusieron una bomba en la casa y destruyeron el auto de Daniel Zapp, secretario de la filial de Rosario de la LADH. El 8 de marzo dos bombas incendiaron el auto de Lucas Orfano, presidente de Familiares^[38].

Pocos días antes de la llegada del organismo internacional a nuestro país, el 10 de agosto de 1979, el juez Anzoátegui ordenó el allanamiento de las sedes del MEDH, la LADH y la APDH^[39], durante el cual se secuestraron numerosos archivos, listas, legajos y copias de formularios para presentación de hábeas corpus. Eficazmente comunicada a través de medios nacionales, esta intervención estuvo directamente vinculada con la intensa actividad que venían desarrollando con motivo de la visita del organismo interamericano y se dirigía a amedrentar y hostigar a sus integrantes. Las entidades fueron denunciadas, primero ante medios de prensa, por supuestos actos ilícitos como instigación al falso testimonio, fraude procesal organizado y asociación ilícita.

Investigación relacionada con un recurso de hábeas corpus, La Prensa, 11 de agosto de 1979. Fondo Archivo Institucional del CELS, Serie Recortes Periodísticos.

La fundación del CELS: surge una nueva identidad

Hay muchas maneras de contar los inicios del CELS. Como vimos en el capítulo anterior, un grupo de integrantes de la APDH necesitaron crear un nuevo espacio para desarrollar algunas líneas de trabajo que podían desplegar en ella. Como refiere Sofía Tiscornia, la creación del CELS constituyó un largo proceso de gestación, no se creó de un día para el otro, sino que un conjunto de decisiones y contextos se fueron encadenando para dar lugar a esta organización.

La idea de crear una organización específica fue tomando forma. El diagnóstico que realizaron entonces fue el siguiente:

(…) frente a la cerrada actitud de los poderes políticos y militares, se hacía indispensable un accionar tenaz y urgentemente en el área judicial como vía esencial para el logro de las soluciones posibles respecto de las violaciones ya sucedidas, así como para evitar su continuidad y alcanzar umbrales básicos de restauración del Estado de derecho en el país^[40].

En su libro Derechos humanos y sociedad, Mignone señala que las visitas de la comisión designada por la Bar Association de la ciudad de Nueva York y de Leonard Carpenter Meeker, director del Center for Law and Social Policy, a inicios de 1979, fueron centrales para la elaboración de ese diagnóstico.

Entonces, si bien no hay una fecha exacta que podemos recuperar para el inicio del funcionamiento institucional, hay diversos documentos en el archivo institucional que se refieren a la creación del CELS en julio de 1979, que se instaló en una pequeña oficina, ubicada en la calle Viamonte, a una cuadra del local de la APDH y del Palacio de Justicia. Sus fundadores fueron Emilio y Chela Mignone, Carmen Aguiar de Lapacó, Augusto Conte Mac Donell, Boris Pasik, Alfredo y Élida Galetti, Ángela y Jose Westerkamp y Noemí Fiorito de Labrune. Entre todos reunían un conjunto de trayectorias y experiencias tan diversas como la socialista, la peronista y la demócrata cristiana. También otras familias se sumarían rápidamente como Matilde y Santiago Mellibovsky, Graciela y Agustín Colombo.

El primer memorándum institucional, del 3 de julio de 1979, titulado “Formación del CELS”, registra la primera reunión de la organización. Allí se decide la creación del CELS como asociación civil (aunque no podrá obtener la personería jurídica hasta después de la dictadura), se establece un día fijo de reunión y se reparten tareas como la realización de estatutos y la comunicación a la asamblea del CELS. Por otra parte, se informa una donación recibida por parte de CEBEMO y la elaboración de nuevos proyectos de financiamiento. En la serie que reúne los proyectos de financiamiento de la institución se encuentra la rendición de esa primera donación y explica las actividades que se realizaron con ese dinero, entre julio y septiembre de 1979. Entre otras, se menciona la organización de la estructura, las actividades previas a la visita de la CIDH como la selección de casos, la elaboración de informes, el estudio de la Ley 22.068 y la actualización de estadísticas.

Para preparar informes para suministrar a la CIDH, los integrantes del CELS analizaron 200 casos a partir de la documentación entregada y se reunieron con un número similar de familias. Seleccionaron casos que permitían horizontes jurisprudenciales, proyectaron la creación de un centro de documentación que permitiera centralizar, ordenar y clasificar los materiales disponibles, y elaboraron un programa de publicaciones que difundiera estudios y trabajos para informar a la opinión pública nacional y extranjera.

También un listado del Área Jurídica del CELS reseña los casos llevados adelante entre el 1 de julio y el 22 de noviembre de 1979. Finalmente, una carta enviada el 1 de febrero de 1980 a la Fundación Ford también menciona la constitución del CELS hacia mediados de 1979. En el segundo semestre de 1979, tomando como modelo los sistemas de trabajo adoptados por el Center for Law and Social Policy, la organización conformó un equipo compuesto por una comisión directiva, designó como secretaria rentada a Carmen Aguiar de Lapacó y a dos jóvenes abogados, Marcelo Parrilli y Luis Zamora (uno rentado y otro voluntario). Poco tiempo después se integraría Alicia Martín, quien construyó el Centro de Documentación.

Sin embargo, es posible observar a través de la prensa y de materiales de diversos organismos que, aun en medio de agudos incidentes, la organización no dispone de presencia pública. Incluso las acciones y actividades que protagoniza todavía no son públicamente firmadas como CELS. Un informe publicado en noviembre de 1979, a propósito de la Ley 22.068 (presunción de fallecimiento)^[41], todavía llevaba la firma de la primera experiencia de centro de documentación que habían conformado, el Centro de documentación e información de los derechos humanos en Argentina (CEDIHA). Por otra parte, en el mismo documento, al enumerar los organismos de derechos humanos de la Argentina, el CELS no está incluido.

Durante estos primeros meses, entonces, la estrategia consistió en consolidar una estructura de trabajo que permitiera abordar las líneas que se habían propuesto: el trabajo jurídico y de documentación, las alianzas con organizaciones internacionales y la publicación de informes. La institución se proponía construir una legitimidad fundada en el trabajo jurídico y profesional, que produjera y proporcionara información confiable, de manera de incidir en los ámbitos de toma de decisión a través de la asistencia legal gratuita.

El CELS reforzó la intención del CEDIHA de mantener relaciones orgánicas con instituciones similares de otros países. Esta estrategia de alianza abarcó dos aspectos: por un lado, la necesidad de establecer redes de acción conjunta en el plano internacional para incidir sobre la situación argentina. Por otro lado, ante la imposibilidad de constituirse como asociación civil durante la dictadura, en marzo de 1980 el CELS realizó un “Acta de Protocolización” como forma de institucionalizar la organización. Tras la recuperación de la democracia, en 1985 se inscribió como asociación civil. Durante ese período, la vinculación con organizaciones internacionales también sirvió como un respaldo colectivo que permitía dotar de institucionalidad a sus acciones. Por ello, se afiliaron a la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra) y a la Liga Internacional de Derechos Humanos (Nueva York). La colaboración en las visitas de las misiones internacionales tenía como objetivo “conectar el reclamo interno con la denuncia internacional, romper el aislamiento en que la dictadura había colocado a sus víctimas, pensar en una futura acción judicial que procurara el castigo de los responsables”^[42].

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